Año 19
número 849
abril 7
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Vacaciones: un problema de salud pública
Economía Desaceleración económica y sistema financiero
Sociedad Cambios en el sector agrícola salvadoreño (1970-1990)
Economía Los costos monetarios de la violencia
Regional Alemán juega "bola recia"
Vacaciones: un problema de salud pública
El número de fallecidos durante las vacaciones de semana santa fue ligeramente menor que el del año pasado, pero todavía sigue siendo muy elevado. De acuerdo al registro oficial, el número de muertos se eleva a 278 —22 menos que el año pasado. La mayoría de ellos fueron víctimas de las armas de fuego y los accidentes de tránsito, aunque las víctimas de las armas blancas y los ahogados no son pocas. Las estadísticas mortales son un fiel reflejo de la violencia que asuela a El Salvador. Si la vida cotidiana está cargada de actos violentos mortales, hasta cierto punto es normal que la primera semana de vacaciones del año sea un reflejo de lo que sucede todos los días. Sin embargo, el impacto en la conciencia colectiva es mayor porque una cantidad elevada de muertes se concentra en una semana y porque la cobertura que los grandes medios de comunicación les dan es intensa, a falta de otra clase de noticias. Con todo, el impacto no parece conseguir una disminución importante en las muertes violentas, en el siguiente periodo de vacación.
Este elevado número de víctimas no se puede atribuir a la falta de previsión, pues la ha habido bastante. El esfuerzo del Comité de Emergencia Nacional, del Seguro Social, de la Policía Nacional Civil, del Viceministerio de Transporte y de las instituciones de socorro ha sido encomiable. Su esfuerzo, sin duda, ha evitado, de alguna manera, que el número de víctimas haya sido mayor. Sin embargo, no han podido disminuir las estadísticas de la muerte, lo cual querría decir que el problema está más allá de sus capacidades y de su meritoria labor.
El problema no se solucionaría evitando que la población concurra a las playas y a los centros turísticos, permaneciendo en sus casas durante esta semana de vacación. La alternativa no es acudir a los servicios religiosos que tienen lugar en los templos y en las calles de las ciudades en vez de visitar la playa, los ríos y los centros de recreación. El culto no debiera oponerse al deseo de aprovechar bien uno de los tres períodos de vacación del país. No hay que olvidar que el único tiempo del cual la mayoría de la población salvadoreña dispone para tomarse vacaciones es el de la semana santa, la primera semana de agosto y las fiestas de fin de año ni que en El Salvador existen muy pocos sitios para descansar y divertirse sanamente en familia y entre amigos. La población necesita espacios y tiempos para el ocio y la recreación. En consecuencia, el problema se repite de una forma inexorable en cada vacación nacional.
Tampoco hay que sacar las cosas de su contexto. En la mayoría de países, las víctimas por accidente aumentan durante los períodos de vacaciones nacionales, pero sin alcanzar cotas tan elevadas. La mera movilización masiva de la población hacia los sitios de descanso suele ocasionar situaciones propensas a los accidentes. Pero hay algunas diferencias entre países. La primera es que el número de víctimas es menor ahí donde hay más educación y donde el Estado cuenta con estructuras fuertes que facilitan la movilización masiva de la población. La segunda es que ahí donde la violencia no es un problema nacional, los períodos de vacación dejan muchas menos víctimas. La tercera es que la mayor parte de las víctimas registradas en El Salvador se debieron a armas de fuego y accidentes de tránsito.
La libre circulación, portación y uso de armas de fuego es una de las causas de la violencia en El Salvador. Los resultados fatales de la semana santa no hacen sino confirmarlo. Es como si quienes usan armas de fuego no conocieran las vacaciones. En realidad, aquéllas forman parte de ellos mismos todo el tiempo. Por eso es contradictorio que mientras algunos organismos e instituciones estatales y privadas luchan por disminuir el número de víctimas, bastantes diputados se hayan pronunciado por permitir el uso de armas de fuego de tipo militar y no se hayan pronunciado por restringir su circulación, portación y uso. Asimismo, habría que endurecer las penas a aquellos que causen la muerte de otra persona con arma de fuego. El comercio en expansión de estas armas, el cual se ha vuelto muy lucrativo en los últimos años, ha generado un nuevo interés.
Los accidentes de tránsito y su secuela de víctimas mortales obedecen a otras causas, aunque siempre relacionadas a la violencia. Una buena parte de los accidentes se producen por irresponsabilidad de los conductores del transporte público y de los vehículos pesados. Una irresponsabilidad que tiene mucho que ver con la falta de educación. Otra parte de los accidentes fatales se debe al alcohol y las drogas. Ahora bien, esta clase de accidentes no disminuirán hasta que las autoridades no pongan orden en el tráfico vehicular y, para ello, deberían comenzar por el transporte público y el pesado. Este es el punto más débil y la causa principal de esta clase de accidentes.
Las instituciones que tan meritoriamente se esfuerzan por intentar que las vacaciones de la población salvadoreña sean seguras enfrentan un desafío que está por encima de sus capacidades, porque tiene mucho que ver con la violencia. Las vacaciones no serán seguras mientras éstas no sean enfocadas desde la perspectiva de la salud pública. El concepto de salud que las autoridades ministeriales manejan, aunque importante, es bastante limitado. No sólo debieran dedicarse a prevenir epidemias como el cólera o la polio, sino que también debieran considerar la violencia como una de las epidemias más mortales que asuelan a El Salvador. Esto supone, por otro lado, cambiar la perspectiva. No se debiera insistir tanto en la dimensión delictiva implícita de estos hechos violentos, sino en considerarlos como síntomas de una grave enfermedad pública. No se trata tanto de si los borrachos o los drogados violan la ley, sino de que son evidencia palpable de algo mucho más complejo y profundo como lo es la cultura de la violencia, la cual no sólo destruye a las víctimas, sino también a los victimarios.
Esta tesis no es nueva, pero el gobierno de Calderón Sol no la ha asumido aún. Le costó aceptar que El Salvador era uno de los países más violentos del continente, porque ello echaba por tierra su visión idílica del país, pero, al final, se rindió ante la evidencia. Ahora toca dar el siguiente paso: diagnosticar la violencia como un problema de salud pública y tratarla como tal. Es la sociedad entera, sin distinción de clases sociales, la que es víctima de la violencia. Su remedio requiere no sólo de políticas de seguridad, criminalidad y prisiones, sino también de una política de salud pública, entendida en sentido amplio.
El sector financiero levanta con bastante frecuencia variadas polémicas, ya sea por los desfalcos financieros que se han verificado en algunas instituciones, por sus elevadas tasas de interés activo y comisiones o por el limitado acceso al crédito que otorga a los sectores productivos. En la actualidad, y a juzgar por los estados financieros de los bancos, a estas problemáticas parece estarse agregando una pérdida de dinamismo en este sector, la cual se hace evidente en una reducción en el volumen de ganancias de los principales bancos y en un incremento inusual de los activos extraordinarios debido a la ejecución de embargos de bienes a clientes morosos.
Estas señales son reflejo de la marcada reducción de las tasas de crecimiento económico experimentada durante los últimos años y, en especial, durante los últimos meses de 1999 (Proceso, 847). Sin embargo, también guardan relación con la incoherencia de las políticas económicas, las estrategias de funcionamiento de la banca privada y los objetivos de promover la inversión productiva. A final de cuentas, la desaceleración económica también obedece a que no hay una visión estratégica sobre los sectores económicos que podrían generar tasas elevadas de crecimiento sostenible en el tiempo y que, por tanto, deberían ser apoyados financieramente.
La política económica promueve medidas que afectan la competitividad de las empresas. Los criterios de asignación del crédito de la banca han provocado una virtual marginación de los sectores agropecuario e industrial y una clara inclinación del crédito a favor del sector comercial. Las políticas de disminución de aranceles, liberalización del comercio y mantenimiento del tipo de cambio afectan negativamente las ventas y competitividad de las empresas nacionales.
El sector financiero también ha resentido los efectos de la desaceleración económica actual. Aunque los niveles de utilidades de algunos bancos se han incrementado, lo cierto es que el sistema bancario ha visto decaer sus utilidades, incrementar su cartera morosa e, incluso, se ha visto obligado a incrementar su patrimonio, en muchos casos como resultado de requerimientos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Las utilidades del sistema financiero disminuyeron considerablemente entre 1997 y 1998, pasando desde cerca de 666 a 617 millones de colones, lo cual implica una reducción de aproximadamente 8%. Sin embargo, no todos los bancos experimentaron reducciones en sus utilidades, pues algunos lograron incrementarlas considerablemente, especialmente en los casos del Banco Cuscatlán y el Banco Capital. Otros, en cambio, presentan marcadas reducciones, como los bancos Atlacatl y Ahorromet, cuyas utilidades cayeron cerca de 97% y 60%, respectivamente, entre 1997 y 1998.
Esta situación se explica en parte debido a un incremento de los créditos vencidos del sistema financiero por un monto total de 302.4 millones de colones, lo cual supuso un incremento de casi un 33% solamente entre los años 1997 y 1998. Los bancos más afectados son los bancos Proamérica, Salvadoreño y de Comercio, aunque sólo el incremento en la mora del primero de los mencionados explica cerca de la tercera parte del incremento de la mora de todo el sistema. Cabe mencionar que la mayoría de los bancos experimentaron incrementos significativos en sus montos de créditos vencidos, excepto el Cuscatlán que logró mantener casi estable su monto de créditos vencidos, el cual se incrementó en sólo 1 millón de colones, es decir cerca de 0.5%, entre 1997 y 1998. Como resultado de ello, los bancos han tenido que recurrir a la recuperación de créditos a través del embargo de bienes muebles e inmuebles de los clientes morosos, al grado que el monto de activos extraordinarios, que es la cuenta donde se contabilizan estos embargos, reflejó un incremento de 358 millones de colones en 1998, lo cual equivale a un crecimiento de cerca de un 200%.
En sintonía con el comportamiento de los créditos vencidos, nueve bancos tuvieron que incrementar su capital social para fortalecer sus fondos patrimoniales y lograr cumplir con los requisitos legales para funcionar. Los incrementos en el capital social variaron entre 9 y 68 millones de colones y bastantes fueron resultado de auditorías practicadas por la SSF.
Frente a estos resultados financieros, representantes de la banca han expresado sus valoraciones sobre las causas de la contracción de las utilidades de los bancos. Estas valoraciones tienen como factor común el que identifican a la desaceleración económica como la principal causa del problema, ya que ésta habría afectado a prácticamente todos los sectores económicos del país que contratan créditos con la banca. En el caso del Banco Salvadoreño, por ejemplo, se señala que la reducción en las ventas de las distribuidoras de automóviles habría sido la causa de que se incrementara la cartera de créditos vencidos; en el caso de los bancos Cuscatlán y Atlacatl, se argumenta que la mayor parte del incremento en los créditos vencidos obedece a la reducción de las ventas de viviendas y al estancamiento de proyectos de construcción; por su parte, Bancasa habría experimentado problemas por la incapacidad de pago de muchos clientes con créditos para consumo de viviendas; finalmente, el banco Multivalores habría experimentado problemas de incremento de la cartera vencida debido a la reducción de la capacidad de pago de sus clientes de créditos al consumo.
El panorama que presenta el sistema financiero no es nada alentador, especialmente si consideramos que otros datos recientes también muestran que el auge de este sector parece estar llegando a su límite debido a que la inversión que ha generado no ha sido lo suficientemente productiva como para generar el valor agregado necesario para cubrir los costos financieros. La reciente quiebra del banco CREDISA mostró que algunas instituciones financieras, aparentemente sólidas, en realidad podrían encontrarse en una situación precaria debido a la pérdida de solidez financiera. Los datos recién presentados confirman esta percepción, pues prácticamente todos los bancos tuvieron que incrementar su capital social para compensar las pérdidas provocadas por el incremento de los créditos vencidos, algunos de ellos de forma obligatoria.
De hecho, el Superintendente del Sistema Financiero, Francisco Bertrand Galindo, expresó a la prensa que "existe un potencial riesgo de crisis con el otorgamiento de créditos relacionados, los cuales no siempre son notificados a la Superintendencia", lo cual implica que, además de la reducción de utilidades y crecimiento de créditos vencidos, existe la posibilidad de que los bancos resulten afectados debido a la presencia de una importante proporción de créditos relacionados; es decir, otorgados a los mismos accionistas del banco. De acuerdo a datos de la Superintentendencia del Sistema Financiero, la mayor parte de bancos posee créditos relacionados en proporciones muy cercanas al límite máximo establecido por la Ley de Bancos (15%). Así, cerca de la mitad de los 12 bancos del sistema presentan porcentajes de créditos relacionados bastante cercanos al límite, aunque son los bancos Salvadoreño y Ahorromet los que presentan los porcentajes más altos (13.63% y 13.46%, respectivamente).
Es importante mencionar aquí que, entre 1997 y 1998, algunos bancos fueron obligados a reducir drásticamente sus créditos relacionados, ya que el requerimiento legal de porcentajes de dichos créditos se redujo desde 25% a 15%, en parte como resultado de las diferentes crisis y desfalcos financieros experimentados durante 1997 en las instituciones FINSEPRO-INSEPRO y Crediclub. En ese momento, al menos cuatro bancos superaban el 15% en créditos relacionados y los bancos Unibanco y Desarrollo poseían créditos relacionados en porcentajes de 23.5% y 18.23%, respectivamente. De acuerdo a sus estados financieros, para 1998 se encuentran en niveles permitidos por la ley.
La coyuntura del sector financiero está reflejando la dinámica de desaceleración que ya anteriormente había venido evidenciado el resto de la economía, con síntomas como reducción de las utilidades e incremento de los créditos morosos y ejecución de embargos. Ello debe mover a pensar, nuevamente, en la necesidad de articular al sector financiero con el sector productivo a través de proyectos viables que promuevan la producción, el empleo y las exportaciones. De otra forma, la viabilidad de la economía se verá cada vez más comprometida por estar orientando el ahorro hacia sujetos de crédito que invierten en proyectos sin viabilidad de mediano o largo plazo o que consumen más de lo que reciben de ingreso.
La superación de estos cuellos de botella para el crecimiento necesariamente pasa por que el Estado adopte una política más clara en los temas de definición de los ejes prioritarios de crecimiento, la armonización de las diferentes políticas económicas y el apoyo del sector financiero a los proyectos que se definan como estratégicos.
Al cierre de la década de 1970, cambios importantes se comenzaron a operar en el sector agrícola. La primera Junta Revolucionaria de Gobierno decretó una reforma agraria, la cual fue continuada por las juntas de gobierno posteriores y por la administración presidencial de José Napoleón Duarte (1984-1989). Aunque la reforma agraria tuvo un impacto político que no se puede obviar —se convirtió, en la década de los 80, en un componente de la estrategia de contrainsurgencia diseñada por el gobierno de EEUU para El Salvador—, su impacto económico fue significativo: a) movilizó una abundante mano de obra campesina hacia el sector cooperativo en detrimento de los cultivos tradicionales de exportación; y b) permitió al Estado asumir la responsabilidad en la comercialización externa del café, el algodón y la caña de azúcar, restando protagonismo a los grupos oligárquicos tradicionales.
En los años 80, la reforma agraria mostró sus debilidades más profundas: era llevada adelante por motivos políticos y, además, no contaba con una base tecnológica y financiera que permitiera una modernización a fondo del sector agrícola. Asimismo, en el marco de la guerra civil, se gestó un proceso de migración de la población campesina no sólo hacia las principales ciudades del país o hacia la región centroamericana, sino hacia EEUU, Canadá y Australia. El resultado de esto fue una "despoblación" del campo, con la consiguiente escasez de mano de obra.
El conjunto de estos desplazamientos de población cambiaron la fisonomía del campo salvadoreño. Su resultado más notorio fue la reducción del porcentaje de campesinos respecto de la población total: según datos oficiales (tomando en consideración únicamente los cantones), en 1971 la población rural era del 60.4%; según el sociólogo Segundo Montes, al considerar los criterios de dependencia de actividades agrícolas para subsistir y los patrones de conducta típicamente campesina, para ese año la población rural excedía la cifra oficial, pues habían quedado de lado los municipios en los que residía una parte importante de la población con patrones de vida campesinos.
Del 60% o más de la población a principios de la década de los 70, el campesinado pasó a representar el 48% en los años 90. Y ello sólo se explica por la dinámica de las migraciones antes señalada. En fin, algo importante ha sucedido en el agro salvadoreño en los últimos 20 años; sus repercusiones en términos de oferta de granos básicos y escasez de mano de obra agrícola ya se hacen sentir en la economía nacional, pues se añaden a la crisis generalizada del agro que tiene en jaque a las autoridades del país.
En el agro salvadoreño se ha operado un proceso de descampesinización, el cual se asocia a otro fenómeno importante: la urbanización de la vida campesina. El campo salvadoreño no sólo se ha despoblado significativamente, sino que muchas de las familias que actualmente lo habitan han mezclado sus patrones de vida campesinos —costumbres religiosas, falta de energía eléctrica y agua potable, viviendas de adobe— con patrones de vida urbanos, alentados estos últimos por los bienes (aparatos estéreos, refrigeradoras, vídeos), los ingresos en dólares provenientes de las remesas de familiares residentes en Estados Unidos (con la modificación de los patrones de consumo que ello implica) y los valores surgidos de la interacción de las familias campesinas con sus parientes en el extranjero (modas, aspiraciones de viajar, desapego de la tierra).
En fin, el declive del sector agrícola inicia aceleradamente en la década de 1980. Como indica O. Melhado: "la década de los años ochenta es un periodo oscuro para la producción. Se experimentó un clima permanente de violencia e inestabilidad en todo el país, pero el sector que cargó con el mayor costo fue, sin duda alguna, el agrícola. Si en algún momento se puede trazar un corte histórico de cuándo El Salvador dejó de ser un país agrícola, es, precisamente, en los años del conflicto. La agricultura había reducido durante tres décadas su proporción en el PIB. La tendencia a la disminución de la importancia de la agricultura frente a la industria, el comercio y los servicios en general se venía perfilando desde los sesenta. La guerra le coloca el sello de despedida a la importancia de la agricultura en el país" (Melhado,. O., El Salvador. Retos económicos de fin de siglo. San Salvador, UCA/Ed., 1997, pp. 23-24).
El quiebre de la agricultura como eje principal de la economía nacional trajo aparejado el fortalecimiento del comercio y las finanzas, a un grado tal que, desde finales de la década pasada, se inició un proceso de "terciarización" de la economía nacional; es decir, un proceso en el cual el sector terciario se ha convertido en el mayor movilizador de capitales, con el subsecuente desarrollo de la infraestructura asociada al sector —imponentes centros financieros y grandes complejos comerciales.
El crecimiento del sector terciario no ha sido ajeno a los reacomodos experimentados por el Estado salvadoreño, no sólo en su estructura interna —modernización estatal—, sino en su relación con la economía —reprivatización de los bienes estatizados por las juntas de gobierno en la década de los 80 y privatización de servicios que desde su creación fueron servidos por el Estado, como la energía eléctrica y las pensiones de retiro. Primero la administración del ex presidente Alfredo Cristiani y, después, la del presidente Armando Calderón Sol han contribuido decisivamente a afianzar el giro hacia la terciarización de la economía nacional, al asumir, cada una con matices y énfasis distintos, elementos del programa de reformas neoliberales —como la apertura externa, la reducción del Estado y la privatización de servicios públicos—, orientando los beneficios de esas reformas hacia el sector financiero.
En el marco de esos propósitos, ambas administraciones han impulsado una reforma del Estado con miras no sólo a hacerlo más eficiente —mediante su modernización—, sino a reducir sus presencia en la economía. Este segundo objetivo ha sido logrado, primero, reprivatizando los recursos que fueron expropiados por las juntas revolucionarias de gobierno de los años 80: la banca y el comercio exterior. En segundo lugar, ambas administraciones han promovido la privatización de servicios como las telecomunicaciones y las pensiones de retiro, que desde su creación estuvieron en manos del Estado. De este modo, de un Estado grande, ineficiente e "intervencionista" se pretende pasar a un Estado fuerte, eficiente y garante del libre juego de las fuerzas del mercado. La reforma estatal todavía está en marcha, por lo que es imposible hacer evaluaciones definitivas sobre su éxito o fracaso, o acerca de hacia dónde nos llevará.
Ante el crecimiento de la violencia a todo lo largo del continente en los últimos años, se han desarrollado nuevos planteamientos metodológicos para calcular de la forma más precisa posible sus costos económicos. Como resultado de esfuerzos estimulados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OPS, se ha avanzado en el conocimiento de algunos componentes de los costos de la violencia.
Partiendo de la usual definición de costos directos e indirectos podrían establecerse al menos siete rubros para clasificar la información relacionada con los costos de la violencia. Entre los costos directos se cuentan: costos personales o en el hogar, costos de la atención institucional, costos de rehabilitación, costos asociados con la prevención y costos legales. Por otra parte, los costos indirectos incluyen las pérdidas de producción y/o ingreso y las pérdidas materiales.
Los costos directos
La metodología del BID incluye dentro de los costos directos los referidos al sector salud y al sector seguridad. Además, pueden dividirse de acuerdo a los agentes que afecta, los cuales pueden ser tanto personas como instituciones.
Se asume que las víctimas de la violencia deben incurrir en gastos para su recuperación y que las instituciones de salud del Estado también deben dedicar parte de sus actividades y presupuestos para la atención de las víctimas de la violencia. Esto es especialmente cierto para el caso del Ministerio de Salud.
Por otra parte, en el campo de la seguridad, también se asume que el Estado debe destinar cuantiosos recursos para el control de la violencia, tanto en lo que respecta a los costos asociados con la prevención y su tratamiento, como en lo relacionado con lo judicial, policial y carcelario. Por otra parte, también las personas particulares incurren en gastos para instalar mecanismos de seguridad y/o para pago de servicios de vigilancia.
Los costos indirectos
Dentro de estos se cuentan los costos producidos por la interrupción de la vida productiva de las víctimas mortales de la violencia, así como la pérdida de ingreso resultante de la discapacitación de víctimas no mortales.
Los costos indirectos comprenden también los gastos resultantes de la menor disponibilidad de recursos para la inversión; menor disponibilidad producto de la asignación de recursos, tanto del Estado como de agentes privados, para el control de la violencia y la atención de sus efectos.
Finalmente, se consideran los costos que resultan de las pérdidas de bienes y valores asociados a los delitos contra el patrimonio. Así, a mayor número de delitos contra el patrimonio mayores serán las pérdidas materiales y los costos totales de la violencia.
Los costos totales
Cada uno de estos rubros tiene sus propios subcomponentes. Para el caso de El Salvador, éstos fueron cuantificados como resultado de una investigación promovida por el BID. Con ella se logró avanzar en el conocimiento de los costos de la violencia para 1995. Los rubros señalados arrojaron los resultados que ya hemos presentado anteriormente en este semanario (ver Proceso, 820). Según los datos de la investigación, los costos totales de la violencia para 1995 habrían superado los 777 millones de dólares, de los cuales los costos directos aportaron el 47.04% y los indirectos un 52.94%.
Cabe mencionar que los rubros con mayor participación dentro del total fueron los costos legales y las pérdidas materiales, que llegaron a representar un 36.14% y un 29.61%, respectivamente. En tercer lugar se ubicaron los ingresos perdidos, los cuales representaron un 21.8% de los costos totales de la violencia. En relación porcentual con el Producto Interno Bruto (PIB), los costos totales alcanzaron un 13.46% del PIB de 1995, suficiente como para ser considerado un serio problema económico y social.
Los costos legales para 1996-1998 y su posible comportamiento para 1999
El único rubro que presenta posibilidades de permitir un cálculo aproximado a partir de la información disponible es el de los costos legales. Estos comprenden, principalmente, los costos judiciales y policiales que resultan de actos violentos que requieren de intervención policial, procesos judiciales y hasta encarcelamiento del agresor.
Cabe mencionar que los cálculos que a continuación se presentan parten de la premisa de que los gastos en los ramos de Seguridad Pública, Organo Judicial, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la República son dedicados en su totalidad a la atención de la violencia. Adicionalmente, el presupuesto del Ministerio de Defensa, aunque no se dedica íntegramente al control de la violencia, supone también que se mantiene un aparato de respuesta para casos "extremos" de violencia.
De acuerdo al Presupuesto General de la Nación para 1996, los rubros mencionados absorbieron un 21.3% del presupuesto total. Esta cifra puede dar una idea de los costos de la violencia, especialmente si se considera que se trata sólo de uno de siete componentes en total.
La situación no cambia mucho cuando se examina el comportamiento reciente del Presupuesto General de la Nación. En el cuadro 2 se presentan los porcentajes asignados a los rubros relacionados con la violencia,
De acuerdo al Presupuesto para el año 1998, los ramos que incrementaron apreciablemente su participación en el presupuesto fueron: educación, servicio de la deuda pública externa, órgano judicial, justicia, órgano legislativo y, finalmente, gobiernos municipales.
Llama la atención el hecho de que dos de las ramas relacionadas con el control de la violencia se contaron entre las más favorecidas con incrementos, mientras que en el área social únicamente resultó beneficiado el ramo de educación.
El cuadro 2 revela la composición de los rubros sociales y de los demás rubros relacionados con el control y atención de la violencia. Es notable que estos dos rubros consuman proporciones bastantes similares del presupuesto. Para 1999, se espera que el gasto social alcance un 26.4% de aquél, mientras que los rubros relacionados con la violencia alcanzarían un 21.7% del mismo total. Los costos institucionales de atención de la violencia estarían creciendo cerca del 9%, muy por encima del 5% en que se estima crecerá el PIB en 1998. La situación empeora al considerar que una importante proporción del presupuesto del Ministerio de Salud se dedica para la atención de las víctimas de la violencia.
No existen mediciones recientes de los costos totales de la violencia para 1997, pero la evidencia disponible muestra que los costos institucionales y legales así como las pérdidas materiales y a la economía han continuado creciendo a tasas mayores que las del PIB.
Puede afirmarse, empero, que los costos totales de la violencia están cercanos a un 13% del PIB y afectan tanto las finanzas del Estado como las de las familias, a través de costos de prevención y atención de la violencia, salud, pérdidas materiales, reducción de los ingresos futuros y reducción de la inversión.
El 25 de febrero, la Contraloría General de la República (CGR) hizo públicas las tres declaraciones de probidad del presidente Arnoldo Alemán que obran en poder de esa institución: la de 1990, cuando Alemán resultó electo Alcalde de Managua; la de 1995, cuando dejó la Alcaldía para lanzarse como candidato presidencial por la ya desaparecida Alianza Liberal; y la de 1996, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República. La comparación de estas tres declaraciones demuestra que en esos años el patrimonio declarado del Presidente se incrementó en 900%. En 1997 tenía como patrimonio propiedades por valor de 26 mil dólares. En 1995 eran ya de 309 mil y en 1997 habían llegado a un millón de dólares. La CGR informó también de una sociedad anónima, GENINSA, que compra tierras para el presidente y para su familia.
La CGR dio un plazo al presidente para que aclarara contradicciones y vacíos en sus declaraciones de probidad y para que informara sobre compras o ventas de bienes con posterioridad a su llegada a la Presidencia. También anunció que la investigación continuaría para determinar si las instituciones públicas habían sido utilizadas para habilitar servicios en las propiedades presidenciales. Además, informó que si el presidente no presenta lo que se le solicita se iniciará un proceso sumario en su contra.
Desde mucho antes de la inesperada llegada del "Mitch" se hablaba de que el presidente Alemán estaba comprando tierras en varias zonas del país. Decenas de cooperativas entregadas a ex-militares a partir del año 90, arruinadas después por falta de créditos y apoyo, y parcelas sin titular de campesinos pobres eran compradas a precios ridículos. Se sabía también que entre quienes compran a los pobres rurales no sólo estaba el presidente con sus familiares y allegados en el gobierno. Dirigentes —altos y medios— del FSLN y de sus organizaciones afines también estaban comprando, junto a antiguos terratenientes y capitalistas centroamericanos y estadounidenses cercanos al entorno presidencial.
El escándalo creció al saberse que el director del estatal Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Eduardo Mena, aparecía como administrador de las fincas presidenciales y que era el Subprocurador de Justicia quien hacía los trámites de compraventa de nuevas tierras. Una confusión Estado-presidente intolerable. Las múltiples informaciones brindadas a diario por los medios escritos, hablados y televisados confirmaban la realidad del Estado-finca. Como si el reloj del tiempo regresara hacia atrás, hacia los tiempos en que Nicaragua era conocida en todo el mundo como la hacienda de la familia Somoza.
Desmentido y cuestionado a diario por prácticamente todos los medios, el 8 de febrero, el Presidente estrenó un método de propaganda que nunca había usado hasta ese momento: pagó un espacio de casi una hora en todos los canales de TV para aclarar que él y su familia, como todos los nicaragüenses, tenían "derecho a adquirir los bienes que podamos adquirir". Brindó su interpretación de lo que estaba ocurriendo: habló de "una malévola campaña" orquestada por los medios de comunicación, por los partidos "microbio" —así calificó días después a quienes no son ni PLC ni FSLN— y por un sector del sandinismo que, "acostumbrado a vivir en la incertidumbre y en las orillas de la violencia", se niega al diálogo que él sostiene con Ortega.
El mensaje cayó en el vacío. No cesaban las informaciones que regresaban a la opinión pública a la otra interpretación: la de la "geofagia" presidencial —mucho se usó este término. Estando ausente del país Daniel Ortega, el dirigente y diputado del FSLN Víctor Hugo Tinoco aprovechó para solicitar a la CGR una investigación sobre las propiedades del presidente. Cuando funcionarios de la CGR investigaban in situ una de las propiedades presidenciales, La Chinampa, dotada de las mejores infraestructuras, ocurrió el incidente de "la bola recia". De forma impulsiva, el presidente Alemán insultó telefónicamente al Contralor Jarquín, diciéndole que si quería "guerra" la tendría y que jugaría con él "a la bola recia".
Ambas metáforas —la bélica y la beisbolera— y el tono en el que fueron expresadas llevaron a Jarquín a pedir a Alemán una "explícita aclaración" y a la vez a denunciar las amenazas presidenciales ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Este elevó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo medidas cautelares para proteger al Contralor. La CIDH solicitó información al gobierno de Nicaragua e inició el proceso para establecer esas medidas.
A su regreso de un rápido viaje a Estados Unidos, el presidente exclamó en un improvisado mitin político en el aeropuerto: "No nos dejaremos intimidar. Es inadmisible hoy, como lo fue ayer, y lo será siempre, el uso de procedimientos totalitarios, abusivos y propios del pasado". Calificó de esta forma el derecho que asiste a la Contraloría para fiscalizar los bienes públicos. El mensaje era claro: a mí no me toca nadie.
Estando así las cosas, la CGR decidió finalmente dar a conocer las 3 declaraciones de probidad de Alemán que prueban el escandaloso aumento de su capital privado. Un día después, el 26 de febrero, ostensiblemente tranquilizado con sedantes, el Presidente, acompañado del gabinete ministerial, de funcionarios amigos y de toda su familia, compareció para responder al informe de la Contraloría.
Contradiciendo las declaraciones hechas a lo largo de todo el mes, el Presidente insistió en que no había comprado una sola pulgada de tierra desde que llegó al gobierno, atribuyó a la herencia de sus abuelos la mayoría de sus extensas propiedades actuales, justificó con "la plusvalía" el aparente incremento de su patrimonio y dejó en manos de "un Dios que está allá arriba" el futuro del Contralor Jarquín. Añadió que no entregaría a la Contraloría ninguna información porque la Ley de Integridad de los Funcionarios Públicos, invocada por la CGR, estaba —a su arbitrario juicio— ya derogada, sabiendo todos que está vigente. Días después, visitó al Cardenal Obando y Bravo para poner en sus manos toda la documentación sobre su patrimonio y el de sus hermanos. El Cardenal se manifestó complacido por el gesto del mandatario.
El Contralor, por su parte, puso en las manos de los diputados de la Asamblea Nacional el informe sobre el patrimonio presidencial como primer fruto de una serie de investigaciones de la CGR. No sin perplejidad, la ciudadanía escuchó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por los liberales, y a varios directivos de la bancada de diputados del FSLN —incluido Tinoco, quien había solicitado la investigación— afirmar que no darían trámite al informe de la CGR por estar "inconcluso" y "sin los requisitos de ley". Así, el FSLN abandonaba una vez más su papel de oposición responsable, mientras dirigentes de otros partidos pedían la supresión del fuero y la destitución del presidente.
Mientras tanto, argumentos van, argumentos vienen y el precio de esta lucha es alto. Hacia la cabeza del Contralor Agustín Jarquín apuntan las "bolas recias". Las acusaciones infundadas fabricadas en octubre de 1998 por el Procurador General de Justicia —quien depende directamente del Presidente— podrían llevar al Contralor a los tribunales acusado de una larga lista de "delitos". Como con esta "bola recia" no bastaba, en vísperas de que la CGR hiciera público su patrimonio, Alemán anunció que a las acusaciones formuladas por el Procurador, él mismo añadiría otra: trató de presentar un simple arreglo de pago por unos 100 mil dólares, realizado en septiembre de 1996 entre la CGR y el instituto de seguridad social, para resolver atrasos en las cotizaciones al seguro de los empleados de la CGR, acumulados durante su anterior administración, como un abusivo préstamo favorable que Jarquín habría exigido, usando en provecho propio sagrados fondos de los jubilados.
Golpes bajos. Golpes altos. Documentos apócrifos con sellos oficiales, amenazas, filtraciones. Vale todo. El objetivo final de Alemán es destituir al Contralor, desacreditándolo en el camino lo más posible. En el actual contexto de pacto Gobierno-FSLN la única piedra en el zapato de su proyecto es la Contraloría y su actual titular.
No dejando de reconocer otros móviles en los acosos personales e institucionales de todo tipo que está sufriendo, Jarquín declaró a Envío que la campaña presidencial busca especialmente desviar la atención del tema central en el que se juega la transparencia en el primer trimestre del año: el Presupuesto para 1999, retrasado en su elaboración y en su debate por el "Mitch".
El Presupuesto fue presentado a la Asamblea por el Ejecutivo sin atender los señalamientos que había hecho la CGR. La Contraloría pidió al Ejecutivo explicaciones y especificaciones sobre los más de 62 millones de dólares que aparecen en el Presupuesto destinados a la Presidencia para "imprevistos" y sobre los 56 millones que se destinan al Banco Central de Nicaragua (BCN) para "política económica". En 1997, el BCN recibió 47 millones de dólares bajo este mismo rubro, y en 1998 esa partida llegó a ser de unos 87 millones de dólares.
Jarquín dijo a Envío que hasta la fecha no se sabe en qué se utilizaron estas cantidades, y afirmó que con estos montos sin destino detallado el Ejecutivo crea "una especie de caja chica, que en realidad es muy grande". Considera aún más grave que el presupuesto ni siquiera refleje las transferencias que anualmente las empresas estatales envían al Ejecutivo y que la CGR calcula, para 1999, en unos 17 millones de dólares. "Ahí es total la discrecionalidad —dice Jarquín—, y el Ejecutivo maneja con estos fondos una economía por debajo de la mesa".
Al interpretar como "malévola campaña" de algunos medios la publicación de las noticias que han creado fundadas sospechas sobre su falta de probidad, el presidente afirmó que esa campaña tenía tres objetivos: impedir la condonación de la deuda externa, detener las "obras de progreso" y el desarrollo que lleva adelante su gobierno, y entorpecer sus diálogos con el FSLN.
No existe ninguna relación entre una eventual "mala imagen" del gobierno de Nicaragua ante la comunidad internacional y el ingreso de Nicaragua en la iniciativa HIPC, diseñada por el FMI para condonar parcialmente y renegociar la deuda externa de los países muy pobres y muy endeudados. Sin embargo, la falta de credibilidad del gobierno sí podría afectar la cooperación externa, ya que para las fuentes de financiamiento bilateral (gobierno a gobierno) es fundamental la transparencia de los gobiernos contrapartes. Especialmente lo es para los países de la Unión Europea —que son mayoría entre los países donantes que se reúnen en mayo en Estocolmo— y muy particularmente lo es para el gobierno de Suecia, anfitrión de la reunión del Grupo Consultivo que decidirá los montos de la cooperación de los países ricos para la devastada Centroamérica.
A pesar de la "mala imagen" que ha dado el gobierno y sobre todo de la pésima realidad que ella refleja, es posible que, en Estocolmo, Nicaragua consiga más de lo previsto, aunque será siempre con límites que no dependen de la imagen, sino de la realidad. El gobierno de Nicaragua no sólo podrá ser cuestionado por su falta de transparencia, sino también por su probada ineficiencia. Ni las fuentes multilaterales de cooperación ni las bilaterales suelen dar más ayuda que la que creen que puede ser ejecutada. Los países donantes saben cuál es la capacidad de ejecución de este gobierno: sólo un 70% de lo proyectado se ejecuta, según muestran las cifras de 1997 y 1998 sobre proyectos por valor de unos 400 millones de dólares.
El 30% de la ayuda se pierde por ineficiencia. No sólo se pierde ayuda por corrupción. Se pierde por incapacidad, ineptitud gerencial, falta de profesionalismo. Además, el ajuste estructural ha debilitado la capacidad operativa de todo el Estado, acentuando su inoperancia, como lo demostró el paso del "Mitch". En este marco, Costa Rica podría recibir más ayuda en Estocolmo no porque tenga más daños o damnificados por causa del huracán, sino simplemente porque tiene mayor capacidad de presentar proyectos y de ejecutarlos
En todo caso, la lamentable exhibición presidencial y la nueva y ejemplar actuación del Contralor Jarquín y del equipo de la Contraloría a favor de la transparencia no sólo han generado polémicas políticas y jurídicas. Han dado lugar a una tensa batalla ideológica, cuyos resultados sólo podrán verse en el largo plazo. Han sido muchos los argumentos y contrargumentos esgrimidos. Alemán insiste en crear en la opinión pública la impresión de que se trata de un conflicto personal entre el Contralor y él, motivado porque Jarquín quiso ser Alcalde de Managua y no lo consiguió y ahora aspira a ser presidente y lo quiere conseguir a como dé lugar.
La cultura política nacional, excesivamente centrada en las personas y desconocedora de proyectos, leyes e instituciones, abre campo a esta falacia. Lo que plantea esta crisis es, primero, la necesidad de empezar a ejercer control sobre los funcionarios públicos; segundo, que la institución del Estado que tiene el derecho y el deber de realizar esta tarea es la Contraloría; y, tercero, que, por primera vez en la historia nacional, está determinada a hacerlo, mientras que los funcionarios públicos, empezando por el de más alto rango, se resisten a ser controlados.
Desde varios sectores —económicos, políticos, eclesiásticos, sociales, de los medios— se ha planteado también con insistencia que el presidente y el Contralor deben sentarse a dialogar para llegar a un entendimiento y convenir en una solución armónica que ponga fin a un conflicto que perjudica al país.
La cultura política nacional, acostumbrada a arreglos, pactos o amarres que se hacen debajo de la mesa y que pasan por encima de leyes e instituciones, da espacio a este discurso. Invocar la armonía para cerrar una crisis, cuando de lo que en ella se trata es de abrir el camino que lleva a la responsabilidad de los funcionarios con el bien común y no con sus bolsillos, significa el mayor de los perjuicios para nuestro país. Alguna vez hay que empezar a abrir brecha en este camino. Y todo indica que ahora es la hora, que no es tiempo de armonía, sino de aceptar el reto histórico que esconde este conflicto.
ARENA. El Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) iniciará, en los primeros días de abril, reuniones en las que definirá el procedimiento que utilizará para escoger a los candidatos a alcaldes y diputados que representarán al partido de gobierno en las elecciones de marzo del próximo año, según informó el presidente de dicho instituto político, Alfredo Cristiani. "Es obligación del COENA someter a consideración de la Asamblea General del partido, prevista para septiembre próximo, la nómina de candidatos a alcaldes y diputados", dijo Cristiani. "Diseñaremos todo un plan para proceder a su ejecución, es decir, definir el perfil y la forma de cómo vamos a escoger a los candidatos a nivel nacional", declaró Cristiani. Otro acuerdo que deberá alcanzar el COENA es si renueva o releva del cargo de presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a Jorge Díaz, quien termina su período el último día de mayo. Para el 1º de junio, ARENA ya debe haber designado al presidente del Tribunal, cargo que le corresponde gracias a haber obtenido la mayoría en la votación presidencial recién pasada. Por otra parte, el presidente de ARENA no descartó una renovación de la actual fracción legislativa, pero no mencionó el porcentaje de la bancada que podría sufrir reestructuración (LPG 05.04 p.22).
CDU. El Centro Democrático Unido (CDU), tercera fuerza política del país tras las elecciones presidenciales pasadas, atraviesa por un período de análisis interno con el fin de determinar la ruta a seguir en el año próximo. Los resultados obtenidos en las elecciones permitieron al CDU colocar un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral y ahora pretende cobrar una mayor presencia en la Asamblea Legislativa y competir por algunos municipios; sin embargo, su plan de acción aún no está definido. Por ahora, la Comisión Política ha elaborado una encuesta que, según Rubén Zamora, coordinador del partido, servirá para llegar a un consenso en cuanto a posiciones. Asimismo, deberán acordar el proceso de afiliación. Por ahora, la Comisión Política planea seguir cosechando experiencias antes de tomar la decisión de disolver las cinco organizaciones que lo conforman para formar un solo partido. El CDU pretende alcanzar para las próximas elecciones —al menos— diez diputaciones. El pastel aún no se reparte y la comisión no ha querido dar a conocer los nombres de los posibles candidatos que están dispuestos a luchar por las alcaldías. No obstante, Zamora ha dicho que "antes de cosechar los frutos, se debe incrementar la inversión". Por ello, buscarán invertir políticamente, para acercarse a los votantes que tienen desconfianza en los partidos políticos (DH 05.04 p.18).
FMLN. La tendencia revolucionaria del FMLN hizo pública, el 05.04, la propuesta de establecer un acuerdo interno para superar la crisis que salió a relucir después de la pasadas elecciones presidenciales. La propuesta está contenida en el documento titulado "Ideas para el debate", el cual detalla la crisis por la que atraviesa el partido de izquierda. Entre otras cosas, expone que el FMLN carece de un instrumento científico y de identidad para analizar la realidad, además de que no hay un liderazgo que unifique al partido. Según David Pereira, dirigente del ala revolucionaria del partido, las tendencias deben llegar a un pacto político mínimo, el cual incluye formalizar las dirigencias de cada una de ellas y asignarles un papel en la vida política del FMLN. La propuesta de debate de la tendencia revolucionaria será presentada ante la comisión política del FMLN próximamente. Se pretende que las crisis teórica, programática, de identidad, orgánica y ética planteadas en el documento se resuelvan en el corto y mediano plazo, a través de mecanismos de discusión. Asimismo, se ha programado que, para la convención que se realizará en mayo próximo, los grupos de dirección del partido elijan una nueva dirigencia nacional. Ante todo, enfatizó Pereira, las tendencias deben dejar claro que tienen interés de seguir conformando al FMLN (DH 06.04 p.6).
