Año 19
número 851
abril 21
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Presupuesto entrampado
Economía La propuesta económica de FUSADES
Sociedad ¿Enfermedades sociales o patologías individuales?
Regional La contraloría y la corrupción, ¿qué opina Managua? (I)
Sociedad El debate sobre el absentismo: falacias e incorrecciones
Derechos Humanos Los casos Vilanova y García Prieto (II)
Presupuesto entrampado
El presupuesto nacional de 1999 se encuentra entrampado en la Asamblea Legislativa. Su Comisión de Hacienda lleva meses dándole vuelta al proyecto de presupuesto sin ponerse de acuerdo sobre el mismo. Los tres problemas fundamentales que, aparentemente, entorpecen su aprobación son el incremento del déficit fiscal, algunas partidas cuyas abultadas asignaciones no tienen explicación lógica y algunas aparentes contradicciones del proyecto presentado con la Constitución. A esto se agrega una cuarta dificultad: el déficit fiscal de 1999 pretende ser cubierto con una emisión de bonos. El entrampamiento, sin embargo, no ha impedido el funcionamiento del gobierno, el cual incluso ha gastado mucho más en estos meses que en los correspondientes al año pasado, como si ya estuviera aprobado el presupuesto.
Si ARENA quisiera, podría aprobar el presupuesto tal como fue presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, pues tiene los votos necesarios para ello; pero se ha empeñado, por razones no del todo claras, en aprobarlo por unanimidad. Algunas versiones no confirmadas aseguran que ARENA no estaría de acuerdo con el proyecto presentado por su Ministro de Hacienda, pero en lugar de afrontar las consecuencias, prefiere que sea el FMLN el que dé la batalla y se desgaste. Si la primera parte de la afirmación fuera cierta, entonces, ambos partidos hubieran podido negociar el presupuesto sin estridencias y éste habría sido aprobado hace ya tiempo. La situación sería diferente si ARENA no tuviera alternativa al proyecto presentado por su Ministro. Sea lo que sea, el espectáculo de los diputados inculpándose mutuamente de algo que es responsabilidad primaria del poder ejecutivo y sin ofrecer ninguna explicación creíble o alternativa viable es lamentable.
El responsable principal del presupuesto nacional es el Ministro de Hacienda, quien ha presentado un proyecto deficitario e inconsistente y, como si esto fuera poco, ha reabierto un viejo frente al colocar en la agenda del debate público la dolarización del país. En realidad, el entrampamiento del presupuesto es responsabilidad de este ministro, porque si hubiera presentado un proyecto equilibrado, si el contenido del mismo fuese consistente y si hubiese prestado una mayor colaboración a la Comisión de Hacienda, las discusiones de los diputados hubiesen sido más fluidas y, tal vez, el país hubiese contado con el presupuesto de 1999 desde hace tiempo. Discutir en estas circunstancias la dolarización, propuesta como un nuevo remedio cuasi mágico para los males de la economía, es distraer la atención de la discusión del déficit fiscal.
Las maniobras del Ministerio de Hacienda y de ARENA alrededor de la aprobación del presupuesto han sido perversas. No se puede calificar de otra manera los intentos de ambos, magnificados por una prensa muy poco crítica, por atribuir el déficit fiscal al Organo Judicial. Es cierto que éste ha incrementado su presupuesto, pero también es igualmente cierto que el déficit fiscal tiene otras razones no explicadas aún con claridad. Llamar la atención sobre el incremento del Organo Judicial fue otra maniobra distractiva de ARENA y su ministro. Puede ser muy discutible la forma como este órgano estatal gasta su presupuesto, pero lo mismo puede afirmarse de los otros dos y de todas las instituciones gubernamentales que los conforman.
Las instancias gubernamentales no planifican con un mínimo de rigor sus presupuestos. La austeridad o el ahorro les son completamente desconocidos. Al contrario, tienden a inflar sus gastos, los cuales, una vez aprobados, se gastan en su totalidad, sin prestar atención alguna a su pertinencia o necesidad. El resultado inevitable es el despilfarro. Todo esto es posible porque, pese a las repetidas promesas de transparencia, el gobierno no proporciona información sobre el gasto público; porque, pese a la existencia de una Oficina de Modernización del Estado, ésta sólo se ocupa de vender los activos públicos; porque, pese al discurso de la eficiencia y la competitividad, el gobierno no evalúa su desempeño. El presidente y sus ministros informan a la Asamblea de una lista más o menos larga —y muy aburrida— de lo que han hecho durante el año, pero sin atreverse a evaluar su gestión. Los diputados tampoco se atreven a pedirles cuentas. Hasta ahora, los gobiernos de ARENA han administrado los recursos públicos de los últimos diez años con una liberalidad inaceptable políticamente y condenable desde una perspectiva ética.
Un país con la escasez de recursos públicos y con los ingentes problemas sociales como El Salvador debiera poner más cuidado en la administración de la cosa pública. El entrampamiento del presupuesto de 1999 es una prueba del fracaso de la modernización del Estado impulsada tanto por ARENA como por la gran empresa privada. Su cortedad de visión, al entender por modernización la privatización de los activos públicos, ha limitado peligrosamente sus posibilidades. En la práctica, ninguno de los dos ha podido presentar un plan coherente para modernizar una administración pública ineficiente y muy cara.
Los diputados y los partidos políticos también tienen mucha responsabilidad en el problema, porque no le han dedicado a la aprobación del presupuesto ni las energías ni el tiempo que este complicado asunto demanda, aparte que no cuentan con la información indispensable por parte del gobierno de Calderón Sol ni con la asesoría de técnicos propios. El retraso en la aprobación del presupuesto supone pérdida de tiempo, de dinero y de oportunidades. La incapacidad del gobierno de Calderón Sol y de los políticos le cuesta muy cara al país que todos ellos aseguran querer desarrollar y volver próspero.
Los repetidos llamados de los diferentes ministros e incluso del mismo presidente Calderón Sol para que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto pronto, caen en el vacío, porque no son correspondidos diligentemente por el Ministerio de Hacienda ni por los diputados de ARENA. En consecuencia, los proyectos que los ministros dicen tener detenidos por falta de fondos no pueden interpretarse más que como propaganda, ante la cual la opinión pública responde con indiferencia. Mientras el gobierno y los diputados siguen enfrascados en una discusión que no parece conducir a ninguna parte, el año 2000 y su nuevo presupuesto se les echan encima.
Desde hace una década, las propuestas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) han perseguido influenciar a los nuevos gobiernos en torno a la política económica que deberían adoptar para la promoción del desarrollo. De hecho, la institución influyó notablemente en la formulación de la política del primer gobierno de ARENA, el cual adoptó sin mayores consideraciones medidas como la reprivatización de la banca, la liberación del comercio exterior, liberalización de precios, etc. Las propuestas de FUSADES no tuvieron mucha influencia en el gobierno de Calderón Sol, pero existieron muchas similitudes entre ellas y la política seguida por este gobierno en el campo de la privatización de servicios básicos y del sistema de pensiones.
Recientemente, y a menos de dos meses para la toma de posesión del tercer gobierno de ARENA, se hizo pública una nueva propuesta de políticas económicas elaborada por FUSADES, la cual propone cuatro grandes objetivos macroeconómicos: mantener una inflación baja, implementar una política fiscal sana, establecer un tipo de cambio que no penalice las exportaciones y mantener estables las tasas de interés. Para ello propone medidas relacionadas con el sector bancario, el mercado financiero no bancario, el tipo de cambio y la política fiscal.
Por el momento, el presidente electo Francisco Flores ha señalado que cuenta con su propio plan de gobierno y que las propuestas de FUSADES no necesariamente formarán parte de éste, aunque "serían estudiadas". La iniciativa presidencial denominada "La Nueva Alianza" no tiene el mismo contenido técnico que la propuesta de FUSADES: se diferencia de ésta porque considera de forma explícita la necesidad de implementar medidas que mejoren las condiciones de vida de la población más desfavorecida, mientras que la segunda se centra en la ejecución de medidas de política económica y especialmente fiscal, que se supone contribuirán a satisfacer paulatinamente las necesidades básicas de la población a través de mayores tasas de crecimiento.
En las siguientes líneas se examinan los principales planteamientos de la propuesta de FUSADES en lo que respecta a la política fiscal, teniendo en cuenta las posibles implicaciones de estas medidas sobre la población más desfavorecida del país. En concreto, interesa examinar los efectos de medidas tales como el congelamiento de las pensiones mínimas, las reformas al impuesto sobre la renta, la eliminación del subsidio al diesel (así como la aplicación de impuestos a este combustible) y el gas licuado y la eliminación de las exenciones de IVA para granos básicos, frutas, verduras y leche.
Aunque se aceptara que varias de las medidas propuestas por FUSADES podrían contribuir a reducir el déficit fiscal, no puede dejar de señalarse que, en su mayoría, tendrán fuertes implicaciones sobre el incremento de los precios, el deterioro de los salarios e ingresos reales de los trabajadores y el alza de los impuestos para sectores de bajos ingresos. Así, la propuesta de congelar las pensiones mínimas implicaría condenar a todos los pensionados a subsistir permanentemente con niveles de pensiones que ya resultan insuficientes para adquirir la canasta básica, con el agravante de que la medida estaría acompañada de la imposición de mayores obstáculos para la jubilación, tales como: incremento de la edad mínima y exigencia de un mínimo de años de aporte para jubilarse.
Las reformas más importantes al impuesto sobre la renta propuestas por FUSADES consisten en: reducción del mínimo no imponible, eliminación del límite de exenciones de impuestos a las personas jurídicas, eliminación de las deducciones por gastos de educación y salud, introducción de impuestos a los intereses pagados por las empresas por nuevos créditos, eliminación de la amortización acelerada de las inversiones e imposición de un tope a las deducciones por donaciones. Estas medidas afectan tanto a los sectores asalariados como a los empresarios, pues mientras las dos primeras provocarían que se incrementen los impuestos en base a contribuyentes de bajos ingresos y la micro y pequeña empresa, las siguientes afectarían también a las grandes empresas y a los contribuyentes de ingresos elevados.
La propuesta de eliminar los subsidios al diesel y al gas licuado también tendrán implicaciones negativas sobre la población, ya que aumentarían el costo de la canasta básica. La eliminación del subsidio al diesel supone colocar mayores presiones para el incremento de las tarifas del transporte público. Este tema, por cierto, en diversas ocasiones ha sido objeto de polémica entre las gremiales de transporte de pasajeros y las autoridades correspondientes por sus efectos sobre el consumidor. Adicionalmente, también incrementaría los costos de los transportistas de mercaderías, quienes seguramente aumentarán las tarifas de sus servicios y con ello provocarán un incremento generalizado en los precios de los productos. En esta misma línea, la imposición de impuestos a la venta del diesel supondría —entre otras implicaciones— presiones hacia el aumento de los pasajes para el transporte público, de las tarifas de carga y del índice general de precios. Por su parte, la eliminación del subsidio al gas licuado también implicaría un incremento en el precio de éste, lo cual también impactaría sobre la economía familiar, en la medida en que se incrementarían los costos de cocción de los alimentos.
La eliminación de las exenciones del IVA a los granos básicos, leche y medicamentos también es una medida inflacionaria, porque implicaría que el precio al consumidor de estos productos se incrementaría en un 13%, correspondiente a la tasa de IVA vigente a este momento. Esto, evidentemente, provocaría más presiones hacia el incremento de los precios.
El trasfondo de las políticas propuestas por FUSADES es, en lo fundamental, el equilibrio de las finanzas públicas. La importancia asignada a las medidas dirigidas al sector financiero, bolsa de valores y mercado de divisas es mayor que la que se le da a las medidas de política fiscal. El crecimiento de la producción, empleo, ingresos y la satisfacción de las necesidades básicas de la población parecen depender, entonces, de la eliminación de algunos subsidios y exenciones que, aunque están dirigidos a favorecer a los sectores de menores ingresos, se supone estarían obstaculizando el camino hacia el crecimiento, la estabilidad, la creación de empleo y la reducción de la pobreza.
La verdad es que el programa que se plantea, aunque tiene mayor coherencia y consistencia que el contenido económico de "La Nueva Alianza", adolece al menos de una contradicción intrínseca: cómo evitar que las medidas de política fiscal atenten contra los objetivos de reducción de la inflación y combate de la pobreza. Especialmente, porque el programa proyecta medidas que elevarán los precios de bienes básicos que pueden provocar incrementos en el ritmo inflacionario, en el costo de la canasta básica y en la pobreza (transporte público, gas licuado, granos básicos, frutas, verduras, etc.).
En resumen, la propuesta de FUSADES no representa una opción económica viable, pues, aun cuando lograra elevar las tasas de crecimiento, lo estaría haciendo a costa de mayores impuestos para los sectores de menores ingresos y de un incremento en el costo de la canasta básica. La realidad de la pobreza en el país requiere de propuestas que no hagan recaer la mayor parte de sus costos sobre los sectores más desfavorecidos y que, por el contrario, contemplen la necesidad de captar la mayor parte de los recursos de los sectores de mayores ingresos.
El debate actual en torno al problema de la violencia pasa necesariamente por una tipificación. Es harto sabido ya que para una comprensión más cabal del fenómeno conviene diferenciar la violencia política de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Así, los analistas sociales han establecido una serie de modos en los que las conductas violentas tienden a manifestarse. Esta discusión toca de manera directa a El Salvador en tanto éste se disputa con Colombia el primer lugar en niveles de violencia. Las últimas dos décadas de la historia salvadoreña han estado marcadas por dos formas exteriorizadas de violencia: la violencia política y la violencia delincuencial. Si durante los años 80 el acontecer nacional se hallaba determinado por el conflicto bélico, los años 90 han estado marcados por los problemas de seguridad pública.
Esta es la tesis que anima a las investigaciones que continuamente se realizan en el país sobre violencia y las políticas que, mal que bien, se implementan —o intentan implementarse— para contrarrestarla. La idea parece ser que una vez superado el flagelo de la guerra, el nuevo enemigo a combatir —en materia de violencia— es la delincuencia. Ahora bien, eso es cierto, pero sólo relativamente. Que luchar por encontrar formas de minimizar la criminalidad debe ser prioridad de cientistas sociales y funcionarios gubernamentales es algo que difícilmente podría ser puesto en duda. El problema es que el énfasis que se ha hecho en el fenómeno delincuencial ha dejado de lado el interés y tratamiento de otras manifestaciones de violencia de igual o mayor importancia.
Nos referimos aquí a la violencia al interior de la familia, en primer lugar. Pero no se pueden dejar de señalar en esta consideración al menos dos tipos más de violencia: una violencia "de la calle", que vuelve vulnerable a cualquiera cada vez que sale de su casa (balas perdidas, accidentes de tránsito); y otra violencia "de la cárcel", a la que cualquiera que ingrese a un centro penal —por el motivo que fuere— está expuesto. Noticias truculentas sobre madres asesinas o torturadoras, padrastros u otros familiares pederastas, niños afectados de por vida por balas perdidas, muertos en accidentes de tránsito, casos de muerte, tortura y violación entre reos aparecen con alarmante frecuencia en los medios de comunicación y en las conversaciones casuales de los conocidos.
Lo preocupante aquí, más allá de los hechos en sí mismos, es el manejo que de ellos están haciendo la opinión pública y las autoridades. Cada vez que un menor es víctima de abuso o que un inocente muere atropellado por un conductor irresponsable, el hecho es inmediatamente particularizado. Detalles de lo ocurrido, fotos, nombres y apellidos de los involucrados acuden rápidamente a la prensa, la radio o la televisión para resaltar que fue una persona concreta quien padeció una situación también concreta. Ningún camino más fácil que este para aislar los casos unos de otros, para contribuir a cimentar la idea de que son sólo ciertos desafortunados que no corrieron con suerte quienes se vieron envueltos en tragedias tales.
Afirmar que existe una política establecida deliberadamente para hacer parecer como casos aislados tragedias de este tipo sería descabellado. Lo que no lo es tanto es señalar que para los grupos en los que recae gran parte de la responsabilidad en el manejo de estos modos "secundarios" de violencia resulta bastante conveniente darles este carácter particular.
En primer lugar, está el gobierno, siempre preocupado por vender al país como el más próspero de Centroamérica. Recordemos cuán difícil fue que Calderón Sol reconociera a la delincuencia como uno de los problemas más graves del país; aun hoy las medidas que se han tomado para hacerle frente hacen dudar de qué tan sensible es esta administración ante lo mucho que el flagelo afecta a la población.
Aceptar que la violencia intrafamiliar y esos otros tipos de violencia, que en consideraciones serias sobre el fenómeno son continuamente soslayados, lejos de ser casos particulares, son, al igual que la delincuencia, problemas sociales implicaría: por un lado, tener un punto más en contra de la visión utópica de El Salvador que el actual presidente ha querido transmitir; y por otro, aceptar que existe un grave problema más por resolver.
En segundo lugar, está la sociedad civil. Empezar a observar las conductas patológicas de las familias, la forma psicópata en la que aquí se conduce y las costumbres que configuran el modus vivendi en las cárceles como comportamientos que responden a patrones sociales traería consigo la obligación de empezar a aceptar que vivimos en una sociedad enferma. Y eso es algo que no muchos están dispuestos a reconocer. Si es la sociedad la que se encuentra enferma, entonces resulta que somos todos los que participamos en menor o mayor medida de esa enfermedad. Ya no se trataría de ciertas personas perturbadas, drogadas o alcoholizadas que andan por ahí convirtiendo en víctimas a otras que por desgracia corrieron con muy mala suerte. Se trataría de que tanto en los actos de esos "perturbados", como en los daños que causen a sus víctimas, todos tendríamos una cuota de responsabilidad.
Siglos atrás, las sociedades acostumbran recluir en centros especiales a aquellos individuos cuya conducta les impedía relacionarse con otros "normalmente". En determinadas circunstancias es indiscutible que tomar tal medida es necesario. Pero en una sociedad como la salvadoreña, en donde más de un individuo de conducta "anormal" es arrestado a diario, resulta cada vez más difícil seguir pensando en los hechos violentos como cuestión de individualidades. ¿Cuáles son los rasgos de nuestra sociedad que contribuyen a generar conductas tan aberrantes o irresponsables? Es la pregunta que deberíamos empezar a hacernos, antes de pensar en la posibilidad de la pena de muerte u otras medidas coercitivas destinadas a aplacar los impulsos destructores de los "enfermos".
Es harto sabido que el antecedente psicológico de un pederasta es haber sido abusado durante su infancia, del mismo modo que los padres torturadores suelen haber sido torturados en su niñez. Cuando esas patologías degeneran en atrocidades como el ímpetu de una madre de asesinar a su hijo, es claro que esta madre padece de un trastorno mental. ¿Pero no existirán acaso condiciones sociales que potencian su patología? ¿Será encarcelarla la forma correcta de darle respuesta a su enfermedad? Con seguridad, una buena parte de los salvadoreños daría un sí a esa última interrogante. Se pierde de vista con mucha facilidad que la violencia es un espiral ascendente en cuyo dinamismo participamos todos de algún modo u otro.
Un niño maltratado difícilmente dejará de ser maltratador. Si en su vida adulta su conducta lo lleva a la cárcel ¿qué posibilidades reales tiene allí de reinsertarse a la sociedad? ¿No es más bien más factible que su patología lo conduzca a la muerte? Ahora bien, si casos como este marcan la vida de un número de familias aún indeterminado pero sin duda escandaloso, ¿no estamos hablando de una sociedad enferma más que de enfermos aislados que es necesario marginar? Soslayar este hecho conviene a la buena salud de la conciencia colectiva y a las intenciones políticas del partido en el gobierno, ¿pero no será a larga, o no está siendo ya, contraproducente?
¿Existe corrupción en Nicaragua? ¿Quiénes la protagonizan, quiénes la enfrentan, cómo se está luchando contra ella? Hablan los políticos, hablan los medios. Aunque la ciudadanía habla menos, tiene sus propias opiniones sobre la crisis que ha involucrado a la Presidencia de la República y a la Contraloría General de la República (CGR), institución que, por mandato constitucional, tiene el deber de velar por el buen uso de los bienes públicos.
Para recoger estas opiniones, el 27 y 28 de marzo IDESO, Instituto de Encuestas y Sondeos de Opinión de la revista Envío, volvió a tocar las puertas de los hogares de potenciales votantes, en busca de una voz bastante desoída por los gobernantes y no siempre oída por la "oposición". Se tomó una muestra representativa de 980 personas de la población urbana de Managua (esta última representa el 41.8% de toda la población urbana del país y el 21% del total de la población nacional). El margen de error de esta encuesta es del 5%.
Corrupción y corruptos
Los señalamientos sobre casos de corrupción han estado presentes en los titulares de los medios de comunicación desde hace meses. Y el tema de la corrupción y de las formas de enfrentarla se ha convertido en un asunto que ocupa el centro de la política nacional. La pregunta que se formuló a los entrevistados fue: "¿En qué época cree que ha habido más corrupción?", ofreciéndoles una lista de posibilidades, según varios períodos históricos.
La conclusión es contundente: un 45.2% cree que la corrupción ha sido mayor durante el actual gobierno. Un distante 26.5% afirma que "en todos los gobiernos ha sido igual", un 16.8% sitúa en el gobierno sandinista la época de mayor corrupción y para un 3.4% la mayor corrupción se dio durante el gobierno de Somoza. El gobierno de Chamorro es el que sale mejor valorado: sólo un 1.8% opina que su mandato fue el período de mayor corrupción.
Entre los ciudadanos que opinan de modo tan desfavorable hacia el actual gobierno, el 62.8% es gente sin partido y el 34.9% tiene alguna simpatía partidaria. Un 80% de ellos se identifica con el FSLN, y un 12.8% son simpatizantes del liberalismo en el poder.
Al preguntar sobre la honestidad de las principales personalidades políticas del país, se obtuvieron los siguientes resultados: la considerada como más honesta es la ex presidenta Violeta de Chamorro, seguida a una distancia de 10.9 y de 17.4 puntos por el Contralor de la República, Agustín Jarquín, y el diputado conservador Noel Vidaurre, respectivamente. La calificación más negativa la recibe Arnoldo Alemán, siguiéndole a 3.5 puntos Daniel Ortega.
Tener o no tener simpatía partidaria no representa una gran diferencia a la hora de juzgar favorablemente a doña Violeta. El 41.9% de la gente sin partido y el 42% de los que tienen alguna simpatía partidaria coinciden en darle una puntuación que la califica como "muy honesta". Algo similar ocurre en el extremo de la calificación: como "poco honesta" la califica el 23% de quienes tienen alguna simpatía partidaria y el 20.4% de quienes no simpatizan con ningún partido.
Agustín Jarquín genera opiniones favorables entre quienes tienen alguna simpatía partidaria: en este grupo, un 38% opina favorablemente del Contralor. Entre los entrevistados sin preferencias partidarias, un 28.7% le asigna opiniones muy favorables y otro 25.6% lo califica como "medianamente honesto". Sumando ambas categorías, el Contralor acumula un 54.3% de opiniones favorables entre el grupo de entrevistados sin simpatía política específica, y un 57.7% entre los que tienen alguna simpatía partidaria.
Arnoldo Alemán encabeza la lista de los más desfavorecidos por las calificaciones del público. Acumula el 56% de las puntuaciones que lo califican como "muy poco honesto". Un 77.6% de las opiniones desfavorables viene de simpatizantes del FSLN y un 15.5% de simpatizantes liberales, lo que muestra la erosión de la imagen del Presidente aun entre las bases del PLC.
La investigación iniciada en febrero por la Contraloría General de la República sobre la adquisición de propiedades hecha por el Presidente y sobre vacíos en su declaración patrimonial, generó una polémica pública y una controversia legal entre ambas instituciones del Estado. ¿Cuándo deben de informar sobre su patrimonio personal quienes tienen responsabilidades públicas? Según el Presidente, él sólo debe informar antes y después de asumir el cargo. La Contraloría sostiene que, según la Ley, debe hacerlo cuando el patrimonio aumente o disminuya y cuando la Contraloría lo solicite. ¿Qué piensa la ciudadanía? La pregunta se formuló así: "En su opinión, ¿cuándo el Presidente y los demás funcionarios deben declarar los bienes materiales que poseen?" .
La mayoría de los entrevistados (63.5%) opina que la información sobre el patrimonio de los funcionarios no debe darse sólo al inicio y al fin de su gestión. Una minoría relativa (27.8%) está de acuerdo con que sea sólo en esos dos momentos. El 5.1% de los entrevistados no respondió a la pregunta y el 3.5% se manifestó indiferente.
En general, tanto entre la gente sin partido como entre quienes se declaran afines a algún partido, resulta mayoritaria la opinión de que el Presidente y los funcionarios declaren el incremento de bienes y propiedades si así lo requiere la Contraloría. Sin embargo, hay pequeñas diferencias. Entre la gente sin partido, un 29.9% se identifica con la afirmación "sólo antes y después de desempeñar su cargo", mientras un 61.3% piensa que lo correcto es declarar "cada vez que la Contraloría lo solicite". Entre la gente con simpatía partidaria, opina a favor de la primera afirmación el 24.7%, mientras que un 69.4% dice que, si la Contraloría lo solicita, el funcionario debe dar información.
Entre los simpatizantes del FSLN, un 78.8% opina que la información debe darse siempre que se solicite y un 16.5% opina que sólo al asumir y al abandonar el cargo. Entre los simpatizantes liberales, un muy significativo 55.2% está a favor de informar si así lo solicita la Contraloría, mientras que el 37.1% cree que sólo hay que informar antes y después de asumir el cargo.
Desde el inicio de su gestión, el Presidente ha incluido en el Presupuesto nacional grandes montos para "imprevistos" y transferencias con destinos no identificados específicamente, con el fin de manejar esas cantidades de forma discrecional. En el presupuesto de 1999 estas cantidades, según los informes de la Contraloría, ascienden a unos 1,500 millones de córdobas, nada menos que una quinta parte del total del presupuesto. Se preguntó a los ciudadanos: "¿Está usted de acuerdo con que el Presidente de la República pueda hacer uso del presupuesto de la nación según él estime conveniente y sin control de ningún tipo?".
Es otra de las respuestas de resultados contundentes: el 87.6% de los entrevistados dijo no estar de acuerdo con un manejo de este tipo, y sólo un 7.3% está de acuerdo. Un 3.9% no respondió a la pregunta, y el 1.2% se mostró indiferente. En general, tanto los entrevistados con simpatía partidaria como los que manifestaron no tenerla expresaron desacuerdo con un manejo discrecional del presupuesto. La gente con simpatía partidaria se inclina, aunque ligeramente, a una posición menos crítica: un 11.9% está de acuerdo con el manejo discrecional del presupuesto, mientras que una mayoría del 85.5% está en desacuerdo. En el caso de la gente sin partido, un 5.1% está de acuerdo con este modo de manejar el presupuesto y el 89.3% no lo está.
Entre los simpatizantes del FSLN un altísimo 95.9% está en desacuerdo. En el caso de los simpatizantes con el partido de gobierno, un importante 65.7% se manifiesta en desacuerdo con el manejo discrecional del presupuesto, aunque un significativo 25.7% está de acuerdo con que el Presidente maneje el presupuesto de esa manera. De todos los entrevistados con simpatías partidarias que se manifiestan en desacuerdo con el manejo discrecional del presupuesto nacional, el 64.7% simpatiza con el FSLN; el 27.4% con el partido de gobierno; el 3.2% con el Partido Conservador; un 1.2% con el PSC; un 2% con el PRN y el 4% con Camino Cristiano.
Evaluando a la Contraloría y al Contralor
Las motivaciones del trabajo de la Contraloría han sido cuestionadas por la Presidencia de la República. En gran medida, el que esta institución del Estado apenas esté estrenándose como institución autónoma e independiente del poder Ejecutivo favorece las dudas. Desde hace un año y medio, las investigaciones y resoluciones emanadas de la Contraloría General de la República vienen generando polémica. Se formuló a los entrevistados esta pregunta: "¿Cree usted que el trabajo que hace la Contraloría es imparcial y parejo?" .
Una mayoría de los entrevistados (47.3%) respondió que le parecía imparcial y parejo, y un 36% afirmó que no lo era. El 15.2%, un porcentaje relativamente alto —en relación con esta categoría en otras respuestas—, dijo que "no sabe" o no respondió. Entre quienes no responden pesa especialmente la opinión de los desempleados (61%), en contraste con la de quienes tienen empleo (39%).
El 45.6% de los entrevistados que no tienen simpatía partidaria piensa que el trabajo de la Contraloría es imparcial, frente a un 35.3% que piensa que no lo es. En este grupo, un 17.4% de entrevistados se reservó su opinión. En el caso de los entrevistados con alguna simpatía partidaria, un 52.2% afirma que el trabajo que se hace desde esta institución es imparcial, frente a un 37.1% que no lo considera así. Un 9.7% prefirió no opinar.
El tema de la imparcialidad del trabajo de la Contraloría divide las opiniones de los entrevistados con simpatía partidaria. En el caso de los simpatizantes del FSLN, un 59.5% afirma que el trabajo es imparcial, pero un 33.3% afirma que no lo es. En el caso de los simpatizantes del partido de gobierno es notorio —a pesar de la tenaz campaña que en sentido contrario dirige desde hace meses la Presidencia— que un 38.8% considere imparcial el trabajo de la Contraloría. Un 44.7% de los liberales piensa que no es parejo, y un alto porcentaje (15.5%) no quiso responder a la pregunta.
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Colaboración de Equipo Envío, Nicaragua
"Déjà vu all over again"
Yogi Berra
Hace poco más de dos años, en las semanas anteriores a las elecciones del 16 de marzo de 1997, el discurso de los medios de comunicación salvadoreños era bastante democrático. La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy estaban llenos de editoriales y columnas de opinión sobre la importancia de las elecciones, el deber cívico de los salvadoreños, la importancia de que los salvadoreños fueran a votar el día de las elecciones. La televisión estaba llena de anuncios al servicio público del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los mismos temas. Pero esta campaña fue un fracaso: de hecho sólo un 36% de la población en edad de votar acudió a las urnas el día de las elecciones. En los días posteriores a las elecciones, los medios de comunicación estaban igualmente llenos de comentarios de preocupación sobre el hecho de que la mayoría de los salvadoreños no fue a votar. De repente el abstencionismo de los votantes se convirtió en el tema de discusión de todos.
Ahora, en las elecciones de marzo de 1999, todo parece estar igual, y las mismas falacias están siendo transmitidas por algunos analistas y políticos, incluyendo al señor Cristiani en la conferencia de prensa llevada a cabo durante la noche de la elección. En las palabras del famoso jugador de los Yanquis de Nueva York, Yogi Berra: "déjà vu all over again" (déjà vu una vez más).
El primer punto que se ha de enfatizar es el error fundamental que se comete al hablar del absentismo como un porcentaje del padrón. La razón de esto es bien conocida por todos: existen muchas personas que figuran en la lista del padrón y que no pueden votar, ya sea porque viven permanentemente fuera del país o porque están fallecidas. Sin embargo, casi todos los analistas pasan por alto otra razón para ser precavidos con respecto al padrón electoral: miles de salvadoreños residentes en el país y en edad de votar nunca han aplicado para obtener un carné electoral, por lo cual no se encuentran enlistados en el padrón. Por otro lado, muchos otros han comenzado este proceso sin haberlo concluido al no haber ido a recoger su carné.
Así, los puntos relevantes para este debate son los siguientes: a) población total de El Salvador: 6.1 millones; b) población en edad de votar (18 años y más) que vive en El Salvador: 3.4 millones; c) personas vivas y residentes en el país que han comenzado el proceso de aplicar para un carnet electoral: 2.6-2.8 millones; d) personas vivas y residentes en el país que tienen un carné electoral: 2.4-2.6 millones; e) personas que fueron a las urnas el 7 de marzo: 1,223,215; f) porcentaje de población en edad de votar que fue a las urnas: 35.7 %
En otras palabras, entre los absentistas hay personas en edad de votar que nunca han solicitado un carné electoral; además, hay ciudadanos que han aplicado pero nunca han obtenido un carnet electoral y son más aquellos que tienen un carnet electoral pero no fueron a las urnas el 7 de marzo. El total de éstos representa el 60% de la población en edad de votar.
La mayoría de políticos, y el señor Cristiani en particular, han ignorado completamente estos hechos. En la conferencia de prensa llevada a cabo la noche del 7 de marzo, el señor Cristiani cometió otros errores al comparar con otros países, los Estados Unidos en particular. El hecho es que en Europa (excepto en Suiza, un caso especial), la gente vota en altos niveles, usualmente más de 80% de la población en edad de votar. Los Estados Unidos tienen un alto nivel de abstencionismo en comparación con casi todos los países democráticos, pero en los años recientes el 50% de la población en edad de votar (y el 80% de los inscritos en padrón) ha votado en las elecciones presidenciales de ese país. En El Salvador, solamente en las elecciones de 1984 el porcentaje de participación superó al 60 por ciento de la población en edad de votar. En el hemisferio occidental, solamente Guatemala y Colombia tienen historias de un absentismo tan alto como el de El Salvador. Los políticos también están equivocados cuando dicen que nadie en los Estados Unidos está preocupado sobre el abstencionismo.
Si se desea apreciar la realidad sobre el abstencionismo en El Salvador, sólo se necesita ver la diferencia existente entre las personas que se encontraban votando respecto a las que estaban vendiendo comida o bebida en los alrededores. Lo que se observó fue una poca cantidad de vendedores de este tipo y una mucho menor suma de personas severamente empobrecidas dentro de los lugares de votación. La mayoría de salvadoreños, los más desaventajados socialmente, estaba fuera, tratando de continuar con su vida de la forma en que lo hacen todos los domingos: trabajando o pensando en el futuro de sus hijos.
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Colaboración de William Barnes y José Miguel Cruz. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la UCA
Al denunciar ante las autoridades competentes y la prensa nacional el atentado del que fue víctima "Eva", la versión que ha empezado a circular dentro de la corporación y lanzada desde ahí hacia la opinión pública no nos debe extrañar, pues para eso se había venido trabajando: fue un "mal sueño" de la pobre "loca". "Mal sueño" éste, como mala experiencia fue también la que sufrió otra valerosa miembro de la PNC —Mabel Quintanilla— quien denunció la existencia de un grupo de exterminio o "escuadrón de la muerte" al interior de la institución. ¿Le dice algo al lector el nombre de la "Sombra Negra"? Pues precisamente eso fue lo que descubrió Mabel, quien por su "atrevimiento" y para salvarse vive fuera del país; "Eva", a diferencia de su colega, continúa en peligro de muerte dentro de nuestro territorio.
Queremos creer que estos actos intimidatorios, la agresión y la campaña publicitaria no provienen de la dirección general de la PNC; pensamos que tenemos algunas razones para ello y no quisiéramos resultar defraudados otra vez. Pero convencidos sí estamos de algo: existen personas interesadas en revertir el justo fallo emitido en octubre de 1998 y en garantizar que "Eva" no vuelva a declarar si llega a darse una desventurada repetición del jurado o cuando se continúe la investigación del encubrimiento. Con toda seguridad, hay quienes le han prometido a los policías condenados que van a salir como antes ha ocurrido en nuestra lamentable historia de impunidad nacional; y, por lo que se observa, están tratando de cumplirles porque sólo así o eliminándolos físicamente pueden asegurar que nunca revelarán la verdad.
Como la familia Vilanova, también la de los García Prieto ha luchado y sigue luchando diariamente contra la impunidad en relación al asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, sabedora y consiente del riesgo que eso implica pero también necesitada de alcanzar una legítima justicia. Una justicia que ya no es identificada por sus miembros como personal sino, más bien, como una aspiración aún no cumplida del pueblo salvadoreño que —en todo momento— ha seguido con sumo interés el caso, identificándose plenamente con los derechos reclamados. Esto último porque, precisamente, en la tragedia completa de esta familia —el asesinato de su ser querido, la falta de justicia, los hechos intimidatorios y las acciones desinformativas— la población de nuestro país observa que se repiten los mismos sufrimientos de tanta gente anónima víctima de la impunidad.
Los esfuerzos por profundizar en la investigación y llegar hasta la autoría intelectual en este caso han recibido, desde el principio, respuestas directamente proporcionales por parte de quienes —acostumbrados a actuar impunemente— ahora se sienten atemorizados; ciertamente, nunca antes habían visto tan cerca la "amenaza" del esclarecimiento pleno de la verdad en relación a sus actos delictivos y la aplicación de la justicia. Así, se han dedicado a actuar no sólo contra la familia García Prieto sino hasta contra algunas de las personas que —como asesoras o en el ejercicio de su función pública— están intentado lograr que se avance en la dirección correcta.
Un hecho significativo es la reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual el organismo decidió admitir el caso García Prieto. Sin lugar a dudas, entre otras cosas, eso significa un reconocimiento de credibilidad a lo expuesto por la parte peticionaria —la familia, el IDHUCA y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)— y un llamado al Estado para se realice una investigación completa. En esa misma resolución, la CIDH pone a disposición de ambas partes sus buenos oficios para alcanzar una "solución amistosa" del caso, "fundada en el respeto de los derechos humanos"; es más: invitó a que las víctimas y el Estado se pronunciaran "sobre tal posibilidad".
Tras el conocimiento público de esta resolución apareció un "testigo" —¿coincidencia?— que se presentó a declarar "voluntariamente" al juzgado en el cual se instruye proceso judicial contra uno de los autores materiales del crimen. En su exposición, este individuo ofreció información tan descabellada, perversa y sin fundamento que no cumplió con su propósito si éste era el de causar un daño intencional a la familia y restarle credibilidad; lo que logró, únicamente, fue reforzar la tesis del poderoso y marcado interés por encubrir a los autores intelectuales mediante una manipulación inescrupulosa del caso. Así, el efecto en la ciudadanía fue contrario a lo que se pretendía.
La supuesta prueba que aportó dicho individuo era una cinta de audio grabada subrepticiamente en un centro penal, lo que descalifica tal elemento como una prueba; además, el relato contenido dentro de ella se dice que es el de uno de los ejecutores materiales del asesinato de Ramón Mauricio, lo que podría interpretarse más como un acto de venganza que como un verdadero indicio en la investigación. No es aventurado pensar que mientras más se cierra el cerco sobre los autores intelectuales, sus acciones son más desesperadas; paralelamente a la aparición del " testigo voluntario", se han intensificado las amenazas a la familia: hace unos días tres tipos desconocidos llegaron a buscar a la esposa de la víctima al lugar donde trabajó, en un vehículo cuyas características no coinciden con el registro del mismo según el número de sus placas; asimismo, se han recibido varias llamadas telefónicas asegurando que en una semana asesinarán al padre de la víctima.
Los casos Vilanova y García Prieto son ejemplos que proyectan, después del fin de la guerra, el lado oscuro de la situación actual de los derechos humanos en el país. No obstante la imagen que se intenta proyectar hacia el exterior, ese es el verdadero presente: con graves violaciones a los derechos humanos y con la gangrena de la impunidad que está, justamente, dentro de los ojos y las mentes de la población salvadoreña; ésta esperaba que tales males fuesen erradicados y, sin embargo, siguen vigentes enviándole constantemente un mensaje desalentador. Sería refrescante para ella comenzar a escribir una nueva historia, la cual debería iniciar con el estricto cumplimiento de la ley; así, se empezarían a ver personajes de verde olivo o cuello blanco —por hechos del pasado y del presente— sentados en el banquillo de los acusados y listos para ser juzgados, igual que cualquier ciudadano.
Debido al curso que han seguido los acontecimientos más recientes relacionados con sus casos, las familias García Prieto y Vilanova hacen del conocimiento público lo siguiente:
I) En nuestro país, tras siete años de haber finalizado la guerra y seis después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, continúa vigente una situación de impunidad que encubre a los principales responsables de graves hechos de violencia ejecutados por estructuras que —pese a todo lo ocurrido durante estos años— continúan cometiendo atropellos contra la vida y la integridad de personas honestas.
II) a diferencia de lo ocurrido en los años del conflicto armado y la violencia política generalizada, la mayor parte de estos repudiables actos en la actualidad no obedecen a razones políticas y eso hace más complicada su denuncia. No obstante, existen familias dolientes que se atreven a reclamar justicia.
III) Por lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a considerar la situación salvadoreña y ha comenzado ha pronunciarse sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos relacionados con hechos del pasado y del presente. Así, en enero del año en curso, emitió una resolución condenatoria para el Estado salvadoreño por la violación a determinados derechos humanos en perjuicio de seis salvadoreños durante la época del conflicto armado, ocasión que aprovechó para pronunciarse nuevamente contra la ley de amnistía decretada en marzo de 1993. Asimismo se encuentra tramitando los casos de arzobispo Óscar Arnulfo Romero y de las ocho personas asesinadas dentro de la UCA en noviembre de 1989.
Es en ese marco dentro del cual se deben analizar el estado en que se encuentran ahora los casos Vilanova y García Prieto.
Caso Vilanova
a) En éste se realizó una vista pública transparente, ejemplar para la administración de justicia en El Salvador, como resultado del esfuerzo desarrollado por un tribunal de conciencia integrado por ciudadanos que —tras escuchar los debates y analizar la presentación de las pruebas que establecieron la participación de los hechores materiales en el asesinato del joven Manuel Adriano Vilanova Velver— asumió una participación activa en el desarrollo del jurado, condenando a los indiciados. No obstante lo anterior, ahora, por razones de forma, se pretende anular el veredicto y con ello colocarle una mancha más a la justicia en El Salvador para favorecer la impunidad, a pesar que el pueblo salvadoreño ya emitió su veredicto y se ha hecho solidario con la familia Vilanova.
b) Para el esclarecimiento de este caso, fue clave la participación de la testigo cuyo indicativo dentro de la Policía Nacional Civil es "EVA". El testimonio de esta valiente ciudadana fue determinante para la justa decisión del jurado. Por la encomiable actitud de "EVA", debería haberse reconocido públicamente su coraje, patriotismo y disposición para enfrentar los riesgos a los que se iba a enfrentar, sobre todo por haber decidido reintegrarse a su trabajo dentro de la institución policial. Sin embargo, quizás por un mal entendido espíritu de cuerpo o por complicidad con los condenados, ella ha sido sometida a presiones de todo tipo por parte de miembros de la Policía —incluidas amenazas— que lógicamente le han causado un grave daño moral.
Caso García Prieto
a) En su resolución reciente del 11 de marzo de 1999, la Comisión Interamericana admitió el presente caso bajo el número 11.697. Dicha decisión se emitió frente a la petición expresa del Estado salvadoreño para que el mismo fuese archivado. Pese a ello, la Comisión Interamericana no sólo decidió continuar impulsando su trámite sino que también pidió al Estado salvadoreño que "continúe con el análisis de fondo de la cuestión". Eso significa: 1) Que se investiguen los hechos y se establezca la verdad de los mismos; y, 2) Que se sancione a los responsables. Además, la Comisión decidió publicar íntegramente esta resolución en su informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
b) Por lo anterior, el encubrimiento en el presente caso se ha intensificado mediante intentos desesperados por desinformar y manipular a la opinión pública. Así, el pasado miércoles 24 de marzo apareció un testigo "clave" cuya trayectoria lo desautoriza y descalifica en su credibilidad. Este hecho no sorprende a nadie, ya que era de esperar que al profundizarse la investigación por la presión internacional se siguiese recurriendo a este tipo de subterfugios y artimañas. Más aún: esta repudiable acción revela la clase de personas contra las que la familia García Prieto está luchando y confirma la legitimidad de su búsqueda de justicia.
Conclusión
Con estos casos queda demostrado que cuando las instituciones y personas o agrupaciones con poder son las grandes violadoras de los derechos humanos, la justicia se vuelve inaccesible para las víctimas y parcial a favor de los responsables.
Frente a la ausencia de voluntad para resolver estos graves hechos, las personas afectadas nuevamente se ven obligadas —al igual que los tiempos de la violencia política y la guerra— a recurrir a los organismos internacionales para ser escuchadas, volviendo nuevamente éstos organismos a cuestionar al Estado salvadoreño por el ineficaz funcionamiento de las instituciones nacionales, pese a los acuerdos de paz.
Queda, pues, sobre el tapete un gran desafío para el nuevo gobierno: derrotar la impunidad. Y para ello, cuenta con dos familias dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias.
San Salvador, 26 de marzo de 1999.
BONOS. Los diputados de las fracciones de ARENA, PCN, PDC y PLD dieron su voto para apoyar la emisión de 225 millones de dólares en títulos valores, que servirán para financiar el presupuesto de 1999. Los 47 votos se convirtieron en el primer paso concreto para aprobar el proyecto de gastos del Estado, presentado a la Asamblea Legislativa hace 7 meses. Gerson Martínez, del FMLN, aseguró que su instituto político no apoyó la aprobación porque considera que violaba el espíritu de la Constitución, "ya que originalmente eran dos mil 189 millones de colones en bonos y se están aprobando 36 millones de colones más, cuyo destino real se desconoce". Con el decreto legislativo se faculta al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, para que inicie las negociaciones de los bonos que permitirán, según la ley aprobada, "complementar el ahorro corriente a fin de dar cobertura a los distintos compromisos del gobierno". Por ahora, debe esperarse la ratificación que permita emitir los bonos. Esta se logrará con la mayoría calificada, es decir, con el apoyo de 56 de los 84 diputados (LPG 16.04 p.4).
CODIGOS. A un año de funcionamiento de la reforma que se hizo, el 20.04.98, a los Códigos Penal y Procesal Penal, cinco funcionarios del sector de justicia presentaron, el 19.04, los resultados oficiales de la aplicación de dichos códigos. Los representantes de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, en la cual paradójicamente no están incluidas las autoridades de Seguridad Pública, concluyeron que el balance es positivo. La Comisión está formada por el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General, el Ministro de Justicia, el residente del Consejo Nacional de la Judicatura y por el Procurador General. El presidente de la Corte Suprema, Eduardo Tenorio, es de la firme convicción que la percepción que se tiene del sistema de justicia es equivocada cuando se señala que el mismo no ha funcionado. Agregó que con la aplicación de las normativas procesales se ha logrado celeridad, eficiencia en el manejo de cada caso, coordinación interinstitucional y accesibilidad de la ciudadanía a la justicia. Aunque la evaluación efectuada por la Comisión les hace sentirse "satisfechos por el esfuerzo" realizado desde la aplicación de las reformas, también existen diferencias entre sus miembros. El Fiscal General, Manuel Córdova Castellanos, dijo al respecto que "a veces tienen diferencias, pero lo importante es que todos hablan el mismo idioma" en el tema del combate contra la delincuencia (LPG 20.04 p.4).
REFORMAS. Armando Calderón Sol y las autoridades policiales no comparten los resultados oficiales de la aplicación de los códigos penales, que los funcionarios del sector justicia califican como "satisfactorios". Por el contrario, han pedido a la Asamblea Legislativa que reforme los Códigos. "Hemos estado presentando reformas... Pasado un año de estar vigentes, es necesario hacer una evaluación de cómo se han aplicado. En este sentido, opinamos que es necesario hacerles una serie de reformas", opinó Calderón Sol. A la vez, lamentó que dichas modificaciones se hayan estancado en la Asamblea. "No ha habido voluntad política de aprobar estas reformas ni de enfrentar el problema de la delincuencia, ni de la seguridad ciudadana", agregó. La legislación ha sido duramente criticada por los titulares de Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, quienes la consideran "garantista de los delincuentes". El director de la PNC, Rodrigo Avila, sostiene que el crimen aumentó al entrar en vigencia la nueva normativa penal, debido a que ésta limita el trabajo policial. Agregó que un 40% de los crímenes que se cometen se debe a las prebendas que otorga la ley. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) abandera el ataque a las reformas, pues atribuye el aumento del crimen a la aplicación de esta legislación (DH 20.04 p.2).
FLORES. El presidente electo, Francisco Flores, declaró, el 20.04, que las comisiones de Conformación del Gabinete y Traspaso de Administración tienen facultad para hacer propuestas, pero señaló que la toma de decisiones es de su exclusividad. Asimismo, Flores presentó públicamente los equipos de trabajo que preparan el arranque de su gobierno y presentó el plan de trabajo "Transición 99", el cual estipula los mecanismos para asumir el poder. En el caso de quienes revisan los currículos de los aspirantes a ocupar sillas ministeriales, Flores indicó que con ello se busca ampliar el universo de candidatos, "pero la decisión de escogerlas con los mínimos errores posibles recae sobre mis hombros". El presidente electo espera lograr un traspaso de administración "ordenado y eficiente" y transformar la oferta electoral en un programa de gobierno. Según el plan de actividades, la selección de candidatos estará concluida entre el 10 y el 17 de mayo, e incluye un diálogo de Flores con las ternas propuestas. Además, planteó que únicamente existen dos caminos en la conformación del gabinete: que al buscar los perfiles de los cargos se piense en un individuo ideal; y el de preguntarse qué necesita el país y qué hará el funcionario en el cargo a desempeñar (LPG 21.04 p.6 y DH 21.04 p.6).
OPOSICION. Los partidos políticos de oposición han comenzado a diseñar sus estrategias para fiscalizar cada movimiento del futuro presidente de la república, Francisco Flores. El FMLN continúa en la discusión sobre las posturas a tomar ante la llegada del nuevo mandatario. La conformación del gabinete, sin embargo, no preocupa demasiado a los efemelenistas. El diputado del Frente, Raúl Mijanjo, aseguró que los planteamientos de Flores sobre el gabinete no son algo nuevo, pero sí denota un intento de independencia de la cúpula arenera. La políticas opositoras del FMLN continuarán como en el gobierno de Calderón Sol. Se augura una relación de vigilancia, con intercambios de puntos de vista sobre los problemas del país. La vigilancia, según dicen, será el ingrediente mayoritario dentro de la oposición política. Ileana Rogel, del FMLN, indica que, por ejemplo, la Comisión de Transición de Flores está compuesta por figuras nuevas y antiguas, asociadas con grupos de confianza del ex presidente Alfredo Cristiani. Las nuevas tendencias sugieren un cambio hacia las proposiciones, pues los partidos de izquierda dicen que, antes de oponerse a una situación, propondrán cambios. "Cuando nosotros critiquemos, vamos a presentar propuestas concretas", dijo Jorge Villacorta, de Convergencia (LPG 22.04 p.14).
