Año 19
número 852
abril 28
1999
ISSN 0259-9864
Editorial El proceso de democratización en El Salvador
Economía Desarrollo económico, ciencia y tecnología
Sociedad Un examen para la educación en valores
Sociedad La discusión sobre la normativa penal
Regional La contraloría y la corrupción, ¿qué opina Managua? (II)
Derechos Humanos ¿Qué esperan para enderezar la PDDH?
El proceso de democratización en El Salvador
El proceso político nacional está dando señales alentadoras acerca del cambio de marcha que la administración de Francisco Flores parece estar dispuesta a impulsar en la gestión gubernamental —redefiniendo las relaciones entre el partido ARENA, el Estado y la élite empresarial—, una vez llegado el momento de tomar las riendas del gobierno. Si este cambio de marcha llegara a concretarse —en principio, no hay porqué suponer lo contrario—, el país entraría en una situación de recambio institucional que sería clave para avanzar hacia un modelo de sociedad más estable y menos conflictivo. Pero los cambios que se puedan impulsar desde el gobierno no deben dejar de interpretarse desde un marco más amplio —la transición-consolidación democrática— que es el que les dará su sentido más cabal.
En otras palabras, los reajustes gubernamentales, por muy llamativos o polémicos que puedan ser, sólo serán verdaderamente importantes si potencian e impulsan hacia adelante la democratización de El Salvador. Volver, pues, sobre la situación de la democratización del país, sus principales logros y sus límites, nunca estará demás, y bien harían en reflexionar permanentemente sobre ello quienes, desde los círculos de poder político y económico, dicen estar dispuestos a trabajar por un nuevo El Salvador.
Ante todo, hay que dejar en claro qué es lo que se entiende en la actualidad por democracia: se trata de un régimen político basado en elecciones periódicas, diversidad de ofertas políticas e ideológicas y participación organizada de la sociedad civil en el quehacer político nacional. Ciertamente, el ideal democrático no se reduce a estos tres elementos, pero sin ellos poco o nada se puede decir acerca de la vigencia de la democracia como régimen político.
Por otra parte, hablar de democracia en El Salvador supone remitirse a los Acuerdos de Paz, pues es a partir de ellos que el espacio político se abrió al FMLN, el cual pudo, desde ese momento, competir electoralmente con los demás partidos legalmente inscritos (especialmente con ARENA). El proceso de democratización en nuestro país no arranca con la firma de la paz —hay buenos y consistentes argumentos para sostener que dicho proceso se inició a principios de la década de 1980—, pero es en ese momento que la democratización obtiene su impulso definitivo. Con la incorporación del FMLN a la vida política legal se alcanzó un requisito básico de la democracia: el pluralismo ideológico y político; es decir, un escenario político con ofertas de izquierda, centro y derecha entre las cuales los ciudadanos —sin presiones o coerciones externas— podían elegir.
Otro requisito se había alcanzado antes: las elecciones periódicas, que desde 1982 hasta 1999 se han realizado sin mayores obstáculos. Elecciones periódicas y pluralismo ideológico: dos señales claras de que algo importante —en relación a un pasado caracterizado por el autoritarismo militar y la intolerancia ideológica y política— ha pasado en nuestra historia contemporánea.
Sin embargo, no basta con elecciones periódicas y pluralismo para hablar de un nivel de democratización satisfactorio, pues aquí solamente hemos logrado los aspectos básicos de la transición democrática. Para avanzar en la consolidación democrática se requiere de un componente importante, y que en nuestro país no se ha cumplido a cabalidad: la participación organizada de la sociedad civil. Por un lado, sus niveles de organización son sumamente débiles (no todos los ciudadanos quieren comprometerse colectivamente); por otro, las organizaciones sociales existentes no han logrado establecer una relación fructífera para sus propios intereses con los partidos políticos.
Lo anterior ha dado lugar a un divorcio entre la sociedad civil y el sistema de partidos. La primera no se siente representada por este último e incluso desconfía de su capacidad para responder a sus intereses. Varias cosas motivan esta "desconfianza social" en los partidos políticos: su corrupción; la incompetencia de sus miembros; la escasa (o nula) proyección social de su labor; y la retórica, vacía de contenidos, del discurso político. Sin duda, uno de los males más preocupantes de la consolidación democrática en nuestro país es justamente la desconfianza social ante la política y los políticos. Esa desconfianza refuerza las motivaciones hacia la no participación en los asuntos públicos, aumentando la apatía y el desgano ciudadanos.
Queda en pie el problema de las tendencias de la democratización en el país; es decir, la pregunta de hacia dónde vamos en materia de democracia. Todo apunta, en primer lugar, a que los males que se atribuyen a los partidos y sus miembros continuarán presentes, al menos hasta que haya un cambio generacional. Esto es, hasta que emerja una generación de líderes políticos con nuevas ideas y nuevos comportamientos. En segundo lugar, mientras no haya una drástica renovación de la clase política, el malestar social hacia la política y los políticos continuará profundizándose, con lo cual seguirán acentuándose las resistencias sociales a participar organizadamente en la solución de los problemas nacionales.
En definitiva, logradas las elecciones periódicas y el pluralismo ideológico y político, el avance de la democratización en El Salvador se juega en la organización y participación de la sociedad civil y en la renovación de la clase política. Si no se avanza en estos dos aspectos, en el futuro inmediato tendremos más de lo mismo. El fortalecimiento del primero de los ejes —organización y participación de la sociedad civil— requiere de un trabajo de educación cívica orientado a alentar las prácticas y los valores democráticos.
Se trata, en suma, de un trabajo cuyos resultados sólo se verán en el mediano o largo plazo. El avance en el segundo de los ejes —la renovación de la clase política— depende de al menos dos factores: a) el agotamiento vital de la actual élite política; y/o b) el retiro de sus miembros más cansados y su reemplazo por líderes más jóvenes, con metas y ambiciones distintas a las del mero vivir de la política.
El fomento de la ciencia y tecnología ha sido uno de los aspectos más subestimados dentro de las prioridades de los gobiernos de las últimas tres décadas. Aunque es posible encontrar el tema dentro de los diferentes programas de gobierno, en la mayoría de casos ello no ha pasado de ser más que una declaratoria de buenas intenciones. De hecho, el desarrollo tecnológico en El Salvador es prácticamente inexistente debido a que, por un lado, se ha dependido de tecnología importada para impulsar la producción y a que, por otro, el Estado no ha vinculado sus políticas económicas con el fomento de la ciencia y tecnología.
La realidad muestra que el desarrollo y transferencia de la ciencia y tecnología sigue siendo una tarea pendiente en el país: la agricultura continúa utilizando métodos ancestrales, la mayoría de cultivos presentes perjudican el medio ambiente, la industria se mantiene con los niveles tecnológicos de hace cinco décadas, la generación eléctrica utiliza recursos naturales de forma insostenible, no existen programas de tratamiento de los desechos de la mayoría de las empresas industriales, la tecnología de construcción aún no se ha adaptado a los requerimientos medio ambientales (sismicidad, escasez de terreno) y económicos de la zona, los niveles educativos todavía son bajos, existe baja tecnificación de la mano de obra y la atención de la salud aún no ha logrado masificar todas las ventajas de las nuevas tecnologías.
Los resultados de esta situación se evidencian meridianamente en la reducción de la importancia de la producción agropecuaria e industrial y en la proliferación de otras formas de acumulación que requieren menores inversiones en ciencia y tecnología, tales como: el comercio, la construcción, los servicios y la industria maquiladora, la cual recibe la mayor parte de la inversión extranjera en la actualidad. Esto último se debe en gran parte a que la mano de obra del país no está lo suficientemente calificada para laborar en otro tipo de industrias con mayor valor agregado. El panorama se ensombrece aún más si consideramos las nuevas tendencias mundiales en el desarrollo de las tecnologías, en las cuales está presente un elevado componente científico que se encuentra fuera del alcance de los países subdesarrollados. Industrias como la microelectrónica, la biotecnología, las industrias de los nuevos materiales y las telecomunicaciones, por ejemplo, dependen principalmente del desarrollo de la capacidad intelectual.
En El Salvador aún no se ha logrado superar los niveles tecnológicos y educativos existentes desde mediados de siglo, y por ello las oportunidades de una inserción exitosa en el mercado internacional, donde la ventaja comparativa será el conocimiento científico y tecnológico, se reducen considerablemente. La educación es una de las áreas que mayor atención merece para promover la ciencia y la tecnología, especialmente porque los indicadores reflejan que, pese a los efectos de dos reformas educativas, los niveles educativos de la población se encuentran entre los más bajos del mundo. Datos oficiales dan cuenta de que sólo un 67.3% de los niños en edad escolar estudian —de ellos, sólo 3 de cada 10 completan la educación primaria—, la escolaridad promedio entre la población mayor de 6 años es de sólo cinco años y el analfabetismo entre los jefes de hogar es del 28.6%.
La necesidad de una reforma educativa que mejore la capacidad intelectual de la fuerza de trabajo es evidente, pero también es importante reparar en el papel que ha tenido el rezago en materia de ciencia y tecnología sobre las actuales condiciones de terciarización de la economía y de incremento descomunal de inversiones en la maquila de textiles. La baja calificación de la mano de obra es una explicación de porqué este tipo de inversiones se radican en México, Centroamérica y el Caribe, lugares donde no existe capacidad de proveer obreros calificados para industrias que generan mayor valor agregado.
En buena medida, esto se debe a que las políticas agropecuaria, industrial, comercial y tecnológica han sido gestionadas de forma independiente y hasta excluyente, con lo cual se han perdido oportunidades de desarrollar sectores que podrían permitir una inserción favorable en la economía mundial. Así, se ha procedido, por ejemplo, a fomentar la inversión extranjera de forma casi irrestricta sin considerar el potencial aporte tecnológico que podría obtenerse de estas inversiones y, por supuesto, los efectos negativos sobre las ventas de las empresas nacionales.
Hasta ahora, las tendencias hacia la internacionalización de la producción no han acarreado beneficios en términos de transferencia de tecnologías para El Salvador, pues ésta se encuentra limitada al ensamblaje de ropa fundamentalmente. Peor aún, la agresiva política de desgravación arancelaria practicada por los dos últimos gobiernos ha mostrado que la apertura de los mercados puede incluso afectar la producción nacional si ésta no es lo suficientemente competitiva frente a la oferta importada. Ello implica que las políticas de apertura comercial, lejos de fomentar la producción y el empleo, en realidad estarían atentando contra la capacidad instalada de la industria y el agro.
Frente a ello se requiere que las políticas económicas y sociales contemplen cuando menos cuatro aspectos fundamentales en lo que respecta a la promoción de la ciencia y tecnología: una política de incentivos fiscales, revisión del programa de desgravación arancelaria, incremento de la inversión pública y condicionamiento de la inversión extranjera. Los incentivos fiscales podrían resultar útiles para fomentar la productividad, reducir los precios y, principalmente, incrementar las exportaciones, siempre y cuando se definan adecuadamente sus características y los sectores estratégicos a los que estarán dirigidos.
Los peligros que para los sectores productivos domésticos supone la desgravación arancelaria pueden mitigarse o incluso eliminarse con un correspondiente programa de reconversión industrial y de fomento de las agro-exportaciones. De ser necesario, debe brindarse protección a los sectores sensibles a la apertura de mercados, la cual debe dejar de entenderse como un fin en sí misma y como sinónimo de crecimiento o desarrollo.
Ante la evidente precariedad de las condiciones de desarrollo humano en el país, es esencial que el Estado incremente fuertemente la inversión pública en educación, salud, desarrollo energético, vivienda, transporte y comunicaciones como una forma de crear la infraestructura y capital humano necesarios para el desarrollo. Evidentemente, esto tiene implicaciones sobre la política tributaria, ya que, necesariamente, pasa por el diseño de una reforma tributaria que incremente los ingresos a niveles adecuados para financiar los mayores montos de inversión, por una redistribución de las asignaciones presupuestarias o por ambas. Finalmente, el condicionamiento de la inversión extranjera a la transferencia de ciencia y tecnología podría servir de base para iniciar un proceso de acumulación de conocimientos que mejore las perspectivas de la reconversión industrial e incremento de la competitividad.
Estas medidas son, en realidad, sólo parte de una estrategia mayor que debe abordarse de cara a la necesidad de reorientar el crecimiento económico hacia sectores modernos y competitivos con potencialidad de mejorar la inserción internacional de la economía salvadoreña y, con ello, sus posibilidades de desarrollo.
A nivel individual y de relaciones interpersonales, uno de los principios que fundamentan la convivencia en un sistema democrático es el respeto a la autonomía y la autodeterminación. Es decir, la democracia en la vida pública cobra vida cuando se dan las condiciones —institucionales y personales— para que los individuos puedan tomar posesión sobre sus propias vidas, manifiesten abiertamente sus preferencias e inquietudes y puedan escoger libremente —por muy heterodoxos que puedan parecer sus gustos. Ello, por supuesto, en el marco del respeto a la legalidad —la cual, por principio, es siempre discutible y susceptible de ser reformada— y a los derechos de los otros.
Como es obvio en una sociedad como la nuestra, en la cual se están empezando a dar los pasos necesarios para la consolidación de la democracia, el esfuerzo de pasar de un modo de convivencia en el que se negaba la diferencia, la crítica y la autodeterminación a uno en el que se pretende respetar la pluralidad, la libertad de opiniones y la construcción conjunta de criterios racionales, supone —entre otros cambios— poner en marcha un esfuerzo educativo que instruya a los individuos en los nuevos valores y actitudes necesarios para alcanzar con éxito el diálogo y la concertación, principios rectores de la actuación al interior un marco democrático.
En este sentido, aunque con los errores y confusiones que cabe esperar en un esfuerzo de tal magnitud y trascendencia, en El Salvador se ha asumido el reto y se ha emprendido la tarea de reformar el anacrónico sistema educativo nacional. La educación en valores, la educación para la democracia, ha pasado a ser punto ineludible en la discusión sobre la educación que se pretende potenciar. Tanto el Estado como los diversos sectores de la sociedad parecen coincidir en la suprema importancia de que a los niños y jóvenes se les eduque en el respeto y la tolerancia.
No son pocos los espacios y recursos que el Ministerio de Educación ha destinado y sigue destinando para reforzar —y publicitar— los cambios que supuestamente se estarían verificando en la nueva generación de salvadoreños; una generación que, gracias al esfuerzo y la lucidez de las instancias educativas, estaría preparándose para dejar atrás el autoritarismo, la prepotencia y el irrespeto que caracteriza a sus mayores. Ahora bien, qué es lo que se está entendiendo cuando se habla de educación en valores.
Al margen de los diversos matices que en los centros educativos —privados y públicos— se le da a la cuestión, todos, en apariencia, coinciden —o quieren coincidir para no quedar rezagados frente a los nuevos enfoques educativos— en que la educación en valores supone "potenciar la capacidad de orientarse con autonomía, racionalidad y cooperación en situaciones que suponen conflicto de valores" ("La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales y democráticas", Miguel Martínez Martín, teórico español de la educación y colaborador de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Así, la educación en valores no es "una práctica reproductora, no pude asociarse con prácticas inculcadoras de determinados valores, sino que debe entenderse como un espacio de cambio y transformación personal y colectiva, como un lugar de emancipación y de autodeterminación". La educación en valores, entonces, no es ni educación religiosa ni educación política ni educación cívica y social, sino un modelo de educación que hace posible la convivencia justa, que respeta la autonomía personal y que potencia la construcción de criterios racionales, con lo cual se distancia, por un lado, de las posiciones autoritarias que pretenden decidir lo que está bien y lo que está mal, y, por otro, de las que, ante conflictos de valores, santifican la elección individual de criterios subjetivos y estrictamente personales.
Combatiendo las posturas extremas —el relativismo y la imposición de valores absolutos—, la educación en valores pretendería dar las herramientas para que los individuos, a través del diálogo y la racionalidad, pudieran determinar los principios de valores que guiarían sus conductas en situaciones que impliquen conflictos éticos. De esta manera, los jóvenes podrían escapar a la presión colectiva que manda obediencia frente a ciertos valores preestablecidos (ganancia en autonomía) y frente a la decisión individualista que no contempla la posibilidad de diálogo (ganancia en racionalidad).
Con lo que se ha dicho en este breve resumen, es obvio que los alcances de la reforma educativa, que tiene como pieza fundamental la educación en valores, sólo se pueden medir en relación a las actitudes que presenten los individuos, las instituciones educativas y el gobierno frente a situaciones de conflicto, en las cuales debería salir a relucir lo que en teoría se estaría aprendiendo en las aulas de clase. Un examen práctico de lo aprehendido —no el único, sino el más actual— se está dando en el manejo de la problemática de los casinos. La evaluación ante ello no puede ser más decepcionante: azuzadas por reportajes de dudosa objetividad y secundadas por ciertos sectores del gobierno, algunas de las instituciones educativas del país han emprendido una guerra frontal contra la creación de casas de juego, bajo el argumento de que ellas se transformarían en centros de perversión y corrupción de menores.
Los principales supuestos de este argumentos son: primero, que los menores son individuos incontaminados que sucumbirían automáticamente ante las tentaciones —casi diabólicas— de su medio externo; segundo, que los estudiantes no poseen las herramientas básicas para decidir —con autonomía y racionalidad— lo más acertado en una situación conflictiva; tercero, que lo más apropiado para resolver la situación es anularla sin discusión, pues atenta contra unos valores preestablecidos, ante los cuales los estudiantes sólo pueden reaccionar con obediencia; finalmente, que es siempre la institución educativa la única que puede y debe decidir sobre lo que le conviene a una masa informe y sin racionalidad propia.
Lo que aquí importa traer a la discusión no es si los casinos representan o no un peligro para la juventud, ni si el Estado cuenta con los mecanismos legales para regularlos, sino más bien que en la lucha contra ellos se están echando por la borda todos los ideales y objetivos de una reforma educativa que pretende educarnos para la democracia. Las instituciones educativas y el Estado se enfrentan contra las salas de juego porque, a su modo de ver, per se son dañinas, porque atentan desde un principio contra las buenas costumbres —las cuales, por supuesto, son incuestionables. El diálogo racional y la promoción de la autonomía individual son aquí simples frases hechas.
La mayor manifestación de esto es la radical oposición contra el plebiscito que pretende llevar a cabo la Alcaldía de San Salvador para que la ciudadanía decida si se regulariza o no el establecimiento de las salas de juego. Desde este extremismo, el mensaje que se manda a la juventud es: "no tocar, no pensar, no decidir; los educadores y el Estado lo harán por ti, pues sólo ellos saben lo que es bueno para el bienestar de los ciudadanos". Así pues, impulsar una educación en valores en las aulas de clase carece de sentido cuando se aborda una situación de conflicto como una justa entre las fuerzas del mal y del bien, cuando se cierran los espacios de discusión y se boicotean los mecanismos institucionales para que los habitantes de una ciudad tomen partido sobre lo que les acontece.
La normativa penal vuelve a ser motivo de debate y contradicciones, aunque nunca ha dejado de serlo totalmente. Los que siempre la han desaprobado, ahora, con mucha mayor razón luego de un año de vigencia, exigen reformas inmediatas. Y no es para menos, pues grandes son los vacíos, defectos e insuficiencias que han salido a relucir en los Códigos Penal y Procesal Penal. Contraria a esta afirmación ha sido la evaluación que cinco funcionarios del sector de justicia hicieron al tema en cuestión. Después de un análisis supuestamente objetivo y puntual, los juristas calificaron el funcionamiento de las leyes penales como "positivo". Además, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, ha sido tajante al afirmar que "la percepción que tienen del sistema de justicia [aquellos que lo critican] es equivocada cuando se señala que el mismo no ha funcionado".
No obstante, las evidencias y pruebas de deficiente funcionamiento que a lo largo del año han ido surgiendo hacen comprensible y necesaria la exigencia de las reformas a los Códigos. Los primeros en señalarlo han sido las autoridades de Seguridad Pública. Según éstas, el índice delincuencial ha aumentado alarmantemente desde que la normativa penal empezó a funcionar, en abril de 1998. Los titulares y trabajadores del ramo han dicho incansablemente que tal normativa favorece a los delincuentes y limita el accionar de la Policía Nacional Civil (PNC). No ha sido diferente la reacción del presidente Calderón Sol, quien ha exigido el análisis y aprobación urgente de las reformas, las cuales están pendientes desde septiembre del año pasado. Lo mismo exigen la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La necesidad de la reforma parece ser categórica e indiscutible. Sin embargo, las quejas que dichas instituciones plantean son caprichosas, pues parten de culpabilizar al sistema de justicia sin antes haber llevado a cabo una autoevaluación de su trabajo (tal es el caso de la PNC) o el de las otras instituciones que se ven implicadas en el asunto. Asimismo, limitan la solución a un conjunto de reformas, sin tomar en cuenta que de las instituciones y personas ligadas a la aplicación y funcionamiento del derecho penal depende gran parte de la cura.
No siendo esto suficiente, exponen como principal deficiencia de los Códigos: "el aumento incesante de la delincuencia". Fácilmente, se evidencia aquí la pobreza del argumento. Retomando las palabras del Ministro de Justicia, Rubén Mejía Peña, los Códigos "no son para combatir la delincuencia", sino para "castigar las conductas antisociales después de cometidas".
Sin embargo, no puede descartarse que algunas de las disposiciones de los Códigos han influido en el aumento de la delincuencia. Nada menos durante el primer año de vigencia de la legislación, más de dos mil reos fueron favorecidos por ella al quedar liberados; otros han quedado exentos por conciliación o, simplemente, han sido eximidos de responsabilidad penal por la decisión del juez. De cualquier modo, esto no justifica que sobre la legislación penal recaiga toda la culpa del alto índice delincuencial.
Ahora bien, hay mucho más que el aumento de la delincuencia en la necesidad de reorganizar el sistema judicial. Por ende, hay otros elementos que han obstaculizado su funcionamiento. Primero, hay que aceptar que algunos de los preceptos que los Códigos contemplan no son aplicables a la realidad del país. Segundo, la existencia de vacíos se hace evidente al momento de aplicar la ley; muchas situaciones tienen que ser resueltas —en ocasiones mal resueltas— por el juez. Esto, a su vez, acarrea un tercer factor que complica la normativa: el que la interpretación de la ley esté a cargo de los funcionarios del Organo Judicial (los jueces), quienes en no pocas ocasiones se apoyan en su autonomía para tomar decisiones arbitrarias, injustas o corruptas. Las generalizaciones son peligrosas, pero los factores apuntados existen.
En teoría, toda resolución judicial debe estar justificada, apegada a la ley, pero no es un secreto que la ética profesional falla constantemente en el sector público o que, sencillamente, "es de humanos cometer errores" —en este caso, tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo controlar esto último? Pues dándole continuidad a las evaluaciones que realiza la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios bajo su cargo. Sólo así se lograrán eliminar los elementos negativos que acompañan (y empañan) la aplicación de la justicia.
Para seguir enumerando, una cuarta causa que ha provocado la deficiencia de la normativa es la falta de coordinación entre las cuatro instituciones comprometidas con la problemática: el sistema judicial, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la República. El trabajo en conjunto es básico, pero mientras cada una de las instituciones defienda su posición y no enfrente sus imperfecciones la unificación no se logrará a plenitud.
En quinto lugar se encuentra lo que tal vez haya sido el error inicial: el Organo Judicial no estaba del todo preparado cuando la ley entró en vigencia. Esto está en la base de muchas fallas que se cometen al analizar y realizar la aplicación de los Códigos.
Estas cinco causas son sólo las más relevantes de un conjunto de factores que entorpecen la administración de justicia en el país. Sin embargo, no es del todo correcto afirmar que la nueva normativa penal es fuente de todos los males. No hay que perder de vista que ésta es más ágil, contempla delitos que antes no existían, permite la conciliación entre el reo y la víctima, lo cual es un punto positivo si es bien utilizado, entre otras ventajas. Sus creadores la han calificado como "positiva". Han dicho que con la aplicación de los Códigos se ha alcanzado "celeridad, eficiencia en el manejo de cada caso, coordinación interinstitucional y accesibilidad de la ciudadanía". Ciertamente, algunas de estas situaciones se han dado. Por ello, la legislación penal no necesitaría ser derogada ni nada parecido, pero sí urge de modificaciones, de un control constante y de evaluaciones habituales.
Por último, hay un exigencia especial para que esto último ocurra de una manera correcta: es necesario que los legisladores, miembros del sector justicia y funcionarios en general, encargados de tomar "las riendas del país", se sacudan la costumbre de abordar los problemas con tanta ligereza. Lamentablemente, las decisiones en esta nación se toman, con demasiada frecuencia, al azar, por casualidad o por presión de tiempo. Tal como lo señaló hace pocos días el diputado Arturo Argumedo en relación a la aprobación de las reformas a los Códigos Penales "hay que aprobarlas para ver si es cierto que son necesarias". No es posible que se sigan tomando decisiones "para ver qué pasa". Se requiere imperiosamente de un estudio y análisis serio, profundo y coordinado de los asuntos que afectan o afectarán la vida nacional.
Por el momento, las reuniones para ratificar o no las reformas a los Códigos Penales ya dieron inicio. Falta esperar que esta vez las conclusiones y cambios sean acertados, pero no por casualidad, sino por un profundo y serio análisis que tome en cuenta actuales y futuras necesidades y, sobre todo, que no descarte la experiencia, más de fracasos que de éxitos, ya adquirida.
Desde hace más de un año el Presidente de la República viene repitiendo que la actividad de la Contraloría responde a un afán de protagonismo político del Contralor. La pregunta para abordar la percepción de los habitantes de Managua ante esta reiterada consigna oficial se formuló así: "¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: La actividad de la Contraloría es pura campaña política del Contralor?"
Un 44.7% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con esa afirmación tantas veces escuchada, frente a un ajustado 41.5% que no está de acuerdo. Un significativo 12.2% de entrevistados prefirió reservarse la respuesta. Los resultados indican que la campaña que disemina esta percepción ha tenido efectos. ¿Sobre qué grupo especialmente? Entre los simpatizantes del FSLN, el 40% expresa acuerdo con esta afirmación, mientras el 53.3% no está de acuerdo. Entre los simpatizantes liberales, el 50% está de acuerdo con la afirmación y un sector muy significativo (33.7%) no la respalda.
De igual manera, con los vientos del pacto entre el PLC y el FSLN —los dos partidos con mayor caudal de votos en las últimas elecciones— y con los fuertes rumores de una reforma constitucional acordada entre ambas fuerzas políticas, surgió el tema de la inhibición para la candidatura presidencial de determinadas personas. Concretamente, se mencionó la posibilidad de inhibir al Contralor Agustín Jarquín para evitar que aspire a la Presidencia en las elecciones del año 2001. ¿Qué opina la gente de esta inhibición? La pregunta se formuló así: "¿Está usted de acuerdo con que al Contralor se le prohiba ser candidato a la Presidencia?"
La respuesta es contundente. Un 65.1% no está de acuerdo con que el Contralor sea inhibido. Un 24.5% sí estaría de acuerdo con esta inhibición. El 8.4% prefirió reservarse su respuesta. Un 19% de los simpatizantes sandinistas está de acuerdo con la inhibición al Contralor y el 74.4% no está de acuerdo. En el caso de los simpatizantes liberales, un 37.1% respalda la inhibición, mientras una mayoría del 57.1% se manifiesta en contra de ella.
Sin embargo, el Contralor ha negado que su meta sea lanzarse como candidato a la presidencia, insistiendo en que aspira y espera continuar al frente de la Contraloría hasta abril de 2002, cuando concluye su mandato. A pesar de esto, hicimos una pregunta sobre la intención de voto por el Contralor, porque esta pregunta mide también la credibilidad de la goza esta figura. La pregunta fue: "Si fueran hoy las elecciones a presidente, ¿votaría usted por el Contralor?"
Un 30.2% de los entrevistados respondió afirmativamente. El 50.6% dijo que no votaría por el Contralor. Un 14.7% no supo responder a esta pregunta y el 4.3% se manifestó indiferente. La intención de voto por el Contralor es hoy notablemente mayor que en la encuesta de IDESO publicada en Envío de diciembre de 1998, cuando sólo un 7.9% expresó que votaría por Jarquín para la presidencia. ¿A quién está perjudicando el conflicto Presidente-Contralor? La respuesta es obvia.
Entre quienes dicen que votarían por Agustín Jarquín hay gente con partido y también la hay sin afinidad política específica. El 61.7% de quienes afirman que votarían por Jarquín es gente sin partido y el 37.6% es gente con simpatías hacia alguna organización política. Entre quienes tienen simpatía partidaria, un 36.5% afirma que votaría por Jarquín y un 53.6% dice que no votaría por él. Entre la gente sin partido, un 28.2% votaría por el Contralor, mientras un 48.9% no lo haría. En este grupo, el porcentaje que "no sabe, no responde" asciende al 17.6%.
Entre los simpatizantes del FSLN, un 44.7% afirma que votaría por el Contralor. Entre los liberales, nada menos que el 21.9% dice que votaría por él. Un 45.9% del total de sandinistas entrevistados y el 69.5% del total de liberales manifestaron que no votarían por Agustín Jarquín para Presidente de la República.
Otra pieza fundamental en el engranaje del pacto Gobierno-FSLN es la destitución de Agustín Jarquín como Contralor General de la República. La destitución tendría que pasar, de previo, por la desaforación (pérdida de la inmunidad) de Jarquín, para la que son necesarios los votos de 48 de los 93 diputados de la Asamblea Nacional. Aun juntándolos, esto no bastaría para destituir al actual Contralor. ¿Qué piensan los ciudadanos sobre este objetivo, de curso político tan complejo y aún incierto legalmente?
El 61.2% de los entrevistados no está de acuerdo con que Agustín Jarquín sea destituido de su cargo. Un 24.3% sí lo está. El 11.7% no respondió a la pregunta. Tomando como referencia el nivel de educación formal, entrevistados de todos los niveles de instrucción también se manifiestan de manera mayoritaria en contra de la destitución del Contralor, variando algo las proporciones en relación a cada nivel. Entre los simpatizantes del FSLN, sólo un 17.8% está de acuerdo con la destitución. Un 76.9% está en desacuerdo. Un 5.3% no respondió a la pregunta. En el caso de los simpatizantes del partido de gobierno, las opiniones están muy divididas: el 47.6% está en desacuerdo y el 41.9% está de acuerdo. Un dato que resulta especialmente relevante cuando es el propio presidente Alemán, líder indiscutible del liberalismo, quien está personalmente empeñado en la destitución de Jarquín.
Lucha contra la corrupción
Nicaragua es una escuela y estamos en tiempo de nuevas lecciones. O de asignaturas pendientes. La ciudadanía está identificando al gobierno actual como la época de mayor corrupción. ¿Estaban claras en períodos anteriores las nefastas consecuencias de la corrupción?
La controversia Presidencia-Contraloría ha desgastado principalmente al Presidente de la República. ¿Qué consecuencias debe sacar la Presidencia: insistir en la misma política o rectificarla? Las iniciativas tomadas por el presidente para atacar a la Contraloría no son respaldadas por la mayoría de la población y es bastante alto el porcentaje de liberales que tampoco las aprueba. ¿El gobierno escucha a la opinión pública o lo único que tiene en cuenta son los resultados en las urnas?
La apatía política va en aumento, la actitud de los políticos no parece atraer sino alejar y desencantar. La actuación de los políticos en este dramático post-"Mitch" y la prolongada controversia de la Presidencia con la Contraloría parecen haber sumado apáticos a los muchos que ya existían. Si la política continúa enfocándose únicamente en la lucha por cargos y por resultados electorales, ¿podrá superarse esta apatía?
Están en crisis los liderazgos políticos tradicionales y, a la par, crece la conciencia de los males que carga en sus albardas la corrupción. ¿No indica esto que serán los candidatos con una reserva estratégica de capital ético quienes lograrán atraer las más importantes cuotas de respaldo en los próximos comicios?
Y, finalmente, ¿qué tipo de respaldo estarán dispuestos a otorgar en la reunión de Estocolmo los países donantes y los organismos multilaterales (FMI, BM, BID, etc.) al trabajo de la Contraloría y a las iniciativas de la sociedad civil nicaragüense en favor de un manejo honesto y transparente de la cosa pública?
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Colaboración del "Equipo Envío", Nicaragua
A medida que pasa el tiempo, más personas se unen a la petición para que Eduardo Peñate Polanco abandone —de una vez por todas— el despacho del procurador para la defensa de los derechos humanos. Desde julio del año pasado, diversas personas y organizaciones han impulsado una gran cantidad de iniciativas en ese sentido; destacan, entre ellas, las piezas de piezas de correspondencias presentadas en la Asamblea Legislativa solicitando su destitución. Los principales argumentos para ello: las numerosas denuncias sobre su actuación como funcionario judicial y su nulo conocimiento en materia de derechos humanos.
Sin embargo, hasta la fecha, ese Organo ha rechazado todas las solicitudes pues —como era de esperarse— no está dispuesto a aceptar el craso error que cometió al nombrar, de manera poco responsable, a un personaje tan cuestionado para ocupar la titularidad de un sitio sumamente importante dentro del aparato estatal.
Pero el tiempo siempre da la razón a quien la tiene; solamente hay que luchar para lograrlo. En ese marco, hace unos días se sumó al reclamo de la población la Unión Social Cristiana (USC); este partido se pronunció por la inmediata destitución de Peñate y para ello envió, el pasado jueves 8 de abril, una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa. En ese documento se habla de las irregularidades en las que ha incurrido Peñate durante el período ocupando inmerecidamente la "magistratura de conciencia"; y de los ejemplos mencionados recordamos dos: el uso indebido de los vehículos oficiales y el despido injusto de empleados. Este es el primer paso concreto de los políticos en el camino para tratar de remediar, en parte, el grave desatino que cometieron; sin duda, tamaña falla puede ser superada si el resto de los partidos apoyan la petición de la USC. Porque ahora ya no se trata de los intereses particulares de determinada fracción o de medir entre ellas sus fuerzas; lo que toca hoy es, más bien, rescatar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por lo que vale y representa: nació como resultado del mayor sacrificio en la historia de nuestro país y por ella se pagó una alta factura de sangre y dolor.
Desde que se introdujo al despacho del procurador, Peñate dio muestras de su incapacidad para conducir la institución. Eso era de esperarse por sus antecedentes; lo que nunca imaginamos es el papel tan ridículo que se ha encargado de hacer en el extranjero, durante los foros donde —en su afán por aprovecharse al máximo del cargo—se atreve a participar. Y acá, dentro de El Salvador brilla por su ausencia; o ¿acaso dijo algo sobre la preocupante situación de la testigo clave en el caso Vilanova? se pronunció y nos "iluminó" sobre el debate relacionado con las reformas a los códigos penal y procesal penal? ¿asumió una posición clara y valiente respecto a la denuncia hecha por el padre del muchacho muerto recientemente, durante la visita del presidente William Clinton, en un supuesto "accidente de tránsito" del cual responsabiliza al Grupo de Reacción Policial?
En una de sus escasas y siempre poco atinadas declaraciones públicas, recién nombrado dijo que él "vivía los derechos humanos" y que por eso no perdería tiempo participando en eventos. Quizás por la manera desarticulada e incoherente mediante la cual intenta expresarse, no se entendió bien lo que dijo. Pensamos que —tal como lo demuestra la realidad— lo que seguramente debió decir era que el viviría durante tres años DE los derechos humanos y que no se dedicaría a participar en eventos DENTRO DEL PAÍS, sino que sólo fuera de éste.
Funcionarios de organismos intergubernamentales, miembros de organizaciones no gubernamentales internacionales y otras personas conocedoras de los derechos humanos que lo han encontrado en actividades realizadas en el extranjero, coinciden en algo: es impresentable. Menudo favor, entonces, el que le ha hecho la Asamblea Legislativa a la imagen de El Salvador metiendo y manteniendo a Peñate en el despacho del Ombudsman.
Por si lo anterior no bastara, en los últimos días nos enteramos de nuevos señalamientos relacionados con su incorrecto proceder los cuales se agregan a la lista de críticas —abundante, por cierto— que pesan sobre sus espaldas. El representante de la PDDH en San Miguel, Juan Yánez, lo denunció hace unas semanas. Según este funcionario, Peñate quiere sustituirlo porque en esa delegación se han recibido alrededor de diez denuncias en su contra; una de ellas, precisamente, es la que se resolvió estableciendo su responsabilidad por violación a uno de los derechos fundamentales de toda persona: a un debido proceso legal.
Y cuando todo parecía indicar que el viento soplaba a favor de la destitución, las y los diputados salieron contra de las suyas. El 16 de abril, la Asamblea Legislativa envió su respuesta a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para que brindara información sobre el nombramiento de Peñate. El contenido del informe no debió sorprender a nadie: pretendía ser una justificación del mismo. Tampoco nadie debe haber quedado satisfecho y mucho menos convencido con tan pobres razones: los llamados "Padres de la Patria" —quién sabe por qué, sobre todo en El Salvador— dijeron que Peñate conocía sobre derechos humanos, por haber sido funcionario judicial; de ello, concluían automáticamente que "impartía justicia". Olvido o con intención, pero el caso es que no consideraron que las denuncias contra él son, precisamente, producto de su mala actuación como juez y magistrado.
En su afán por defender lo indefendible, el Órgano Legislativo sólo está contribuyendo a complicar aún más la ya de por sí difícil situación en la que se encuentran actualmente la PDDH. Porque, además, Peñate tiene una enorme capacidad para meterse en problemas. Recordemos que en febrero de este año, publicó en la prensa escrita un comunicado acusando a varias personas e instituciones de fraguar un plan en su contra con la —según él—intención de dañar la institución.
Con ello, pensó que callaría a sus detractores y que nadie más se atrevería a cuestionar su trabajo; pero una vez más se equivocó: los señalamientos y las críticas continuaron en un nivel mayor. Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, presentó el pasado viernes 23 de abril a la Asamblea Legislativa una solicitud de antejuicio en su contra. Las razones: dañar el honor y la reputación del demandante.
En su escrito, Cuéllar solicitó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que admitiera la denuncia contra Peñate por el delito de difamación, tipificado en el Código Penal vigente, y que le diera trámite de ley al proceso de antejuicio para que se declare que hay lugar a formación de causa. La decisión ahora está en manos de esta Comisión, la cual decidirá si acepta o no la petición hecha por el director del IDHUCA.
No obstante lo fundamentado de tal solicitud y sin haberla leído seguramente, un representante del partido ARENA se pronunció casi de inmediato en contra de esta iniciativa —que es un derecho constitucional de cualquier ciudadano— porque, según él, detrás de ella hay intereses políticos y sectoriales que pretenden desprestigiar al país. No podía esperarse menos de quienes son responsables del nombramiento de Peñate y que siempre tratan de ligar la crisis de la Procuraduría con otro tipo de intereses. ¿Acaso estarán esperando una señal divina que los obligue, de una vez por todas, a sacar a este señor de la institución?
En El Salvador de hoy, para nuestra desgracia, los que ostentan el poder siguen acostumbrados a ejercerlo de manera autoritaria, caprichosa e impune. En el pasado reciente y doloroso, fue necesaria la presión internacional para que cedieran un poco; parece ser que ahora, lamentablemente, tendrá que ser igual. Enorme desafío se le presenta presidente electo: armonizar su discurso relativo a una nueva forma de hacer política con las barbaridades que comete su partido y los "satélites" que lo acompañan en la Asamblea.
Estimados amigos(as) de los medios de difusión:
Como es de su conocimiento, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador citó a declarar al director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, en relación a las investigaciones que en ese tribunal se realizan sobre el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Al respecto, queremos aclarar lo siguiente:
1. Fue hasta el día miércoles 21 de abril, a las 10:30 de la mañana, que el señor Cuéllar recibió el citatorio; es decir, a menos de 24 horas para presentarse a declarar.
2. Nos extrañó sobremanera que los medios de difusión conocieran del mencionado citatorio, a través de un boletín del departamento de prensa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dos días antes que el principal interesado. Así, en la prensa escrita y televisiva se dio a conocer el hecho sin que el director del IDHUCA hubiese sido notificado.
3. Debido a que la convocatoria fue hecha con tan poco tiempo de anticipación y por haber adquirido compromisos previamente, los cuales no pudieron ser cancelados, el señor Cuéllar se vio imposibilitado a presentarse a declarar ante el tribunal en la fecha y hora señaladas.
4. Esa misma tarde, el departamento de prensa de la CSJ emitió otro boletín comunicando que el director del IDHUCA no se había presentado a declarar.
5. Esperamos que este último hecho sea parte de un sano interés por informar a la población y no contribuya a confundir a la opinión pública ni sirva a quienes —tal como lo muestran diversas situaciones relacionadas con el caso a lo largo de casi cinco años — han utilizado parte del aparato estatal, incluido el Órgano Judicial, para impedir el esclarecimiento pleno de la verdad y la correcta aplicación de la justicia.
6. Cabe aclarar que desde que el IDHUCA conoció el caso del asesinato de Ramón Mauricio, hemos trabajado intensamente asesorando a la familia de la víctima tanto a nivel nacional como internacional; ello, con el fin de establecer las responsabilidades materiales e intelectuales en lo referente a este condenable crimen, a las amenazas contra las personas interesadas y a las violaciones al debido proceso legal.
7. En ese esfuerzo, hemos colaborado sin ninguna reserva con las autoridades competentes. Ejemplo de ello es que, a raíz de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) sobre el caso, emitida en enero de este año, junto con la familia García Prieto expresamos ya a la Cancillería salvadoreña —por medio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)— nuestra disposición para buscar una solución amistosa fundada en el respeto a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por todo lo anterior:
a. Les rogamos tomar nota de esta información y les solicitamos aclarar públicamente la razón por la cual el director del IDHUCA no acudió, el día de ayer, al tribunal correspondiente. Asimismo, les pedimos consignen la disposición del señor Cuéllar y de la familia García Prieto a colaborar con el Órgano Judicial y el resto de instituciones estatales involucradas, a fin de alcanzar justicia.
b. Exhortamos a las autoridades judiciales a tener un mejor control en los trámites administrativos en este y otro tipo de casos, para evitar interpretaciones erradas o situaciones anómalas que puedan ser utilizadas en favor de la impunidad que tanto daño le ha hecho y le continúa haciendo a nuestra sociedad.
San Salvador, 23 de abril de 1999
REFORMAS. Ante las presiones que se han ejercido en torno a las enmiendas a los Códigos Penal y Procesal Penal, la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa inició el estudio de las 90 reformas que se mantenían archivadas. Luego de cuatro meses de no llegar a ningún acuerdo, los diputados se reunieron y analizaron las reformas planteadas por el Movimiento Patriótico contra la Delincuencia (MPCD). El trabajo de la Comisión se centró en conocer los argumentos que apoyan las reformas a los códigos, planteadas por el sector privado. Los diputados decidirán si las apoyan y cambian el articulado. Algunos de los artículos más discutidos son el 3, referente a los delitos que puede cometer un policía al investigar un hecho, cuando trabaja como agente encubierto; el 32, relacionado con los responsables penalmente; y el 35, que condena el papel del instigador, aunque los diputados lograron estudiar 64 artículos del Código Penal. Los primeros días de mayo serán dedicados a estudiar las reformas a la ley Procesal Penal. Al respecto, el diputado Arturo Argumedo aseguró que "hay que aprobarlas [las reformas], para ver si es cierto que son tan necesarias". Por su parte, Benito Lara, del FMLN, opinó que las reformas merecen ser estudiadas profundamente y que esta primera fase de trabajo ha sido positiva (DH 27.04 p.10).
FUNCIONARIOS. La Asamblea Legislativa tiene que llenar, entre junio y agosto, ocho puestos claves en el funcionamiento del gobierno. Según explicaron los diputados, el mecanismo de elección no existe o está "viciado" y es "obsoleto". Los funcionarios a elegir son el fiscal general, el procurador general, el presidente de la Corte de Cuentas y cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El artículo 131, numeral 19, de la Constitución de la República, señala la facultad que tienen los diputados para designar a los funcionarios que ocuparán los puestos claves de estas oficinas públicas. Además de esto, no hay nada más que oriente a los diputados sobre cómo elegir y llegar a los nombramientos. No obstante, Walter Araujo, de ARENA, Ileana Rogel, del FMLN, y Rubén Zamora, de Convergencia, han expuesto diferentes mecanismos posibles para la elección. Araujo propuso reformar la Constitución y llegar, por lo menos, a los 56 votos válidos en las elecciones. Rogel aseguró que tenía que darse "un proceso de conciencia de todos los dirigentes de los partidos respecto a que no se trata de un negocio", para luego depurar los mecanismos vigentes para entidades oficiales y no gubernamentales que colaboran con propuestas de candidatos. Finalmente, Zamora sostuvo que el problema no está en la Constitución, sino en el reglamento interno de la Asamblea (LPG 26.04 p.10 y 12).
FMLN. La elección del nuevo fiscal general y del procurador general y otros 6 funcionarios públicos podría enfrentar retrasos. Ante ello, el FMLN ha empezado a sentar posición frente a posibles candidatos a ocupar los cargos. El diputado Eugenio Chicas, del FMLN, manifestó que su partido adversa la reelección del actual fiscal general, Manuel Córdova Castellanos, y la de Francisco Merino, al frente de la Corte de Cuentas. Según Chicas, ambos funcionarios habrían desempeñado una gestión poco aceptable. En cambio, el FMLN estaría dispuesto a respaldar a Miguel Ángel Cardoza para que continúe fungiendo como procurador general de la república. El efemelenista reconoció que su partido ya inició la etapa de preselección de candidatos a funcionarios públicos, pero también admitió que se vislumbra un atraso en la elección de éstos. Aclaró que el Frente prefiere no mencionar nombres para evitar que sean quemados antes de tiempo. ARENA, por su parte, apenas ha tocado el asunto. El diputado de este partido René Figueroa afirmó que hasta ahora no se tiene ninguna figura en estudio para los ocho cargos que deben llenarse. Asimismo, consideró que el tema del presupuesto está ligado a los procesos de elección. "Es intencional que no exista mecanismo de elección de funcionarios. Los partidos pretenden negociar a la par del presupuesto", expresó (LPG 27.04 p.10).
