Año 19

número 853

mayo 5

1999

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Incapacidad de las autoridades

Economía Desarrollo económico y dolarización

Sociedad Delincuencia y medios

Sociedad San Salvador: ¿grandes cambios para quién?

Regional Nicaragua: la lucha es por la transparencia

Derechos Humanos "Directo" a otro fracaso (I)

Noticias

La fuga de varios menores de un improvisado centro de readaptación, entre ellos uno convicto de varios asesinatos, proporcionó el argumento ideal para que el Ministro de Seguridad y su corte volvieran a la carga contra los códigos y para atemorizar a una población ya de por sí atemorizada. Las autoridades de seguridad y justicia no han dudado en atribuir a los códigos la huida del menor asesino. El hecho sirvió para que el Ministro de Seguridad volviera a sentenciar, sin inmutarse, que los códigos protegen a los delincuentes. Los grandes medios de comunicación social también contribuyeron lo suyo al insistir en las mismas afirmaciones, recordando la peligrosidad del menor y señalando el riesgo que corrían los testigos que en el juicio dieron testimonio en su contra. En suma, si se cambiaran los códigos endureciéndolos, en la línea exigida por el Ministro de Seguridad, la gran empresa privada y los grandes medios de prensa, la fuga no hubiera tenido lugar. El que los fugados no hayan podido ir muy lejos y ya se encuentren bajo la custodia de las autoridades de nuevo no ha restado fuerza a quienes así argumentan.

Comparten esta visión reduccionista, por represiva y legalista, quienes se rebelan contra la disposición que prohibe dar a conocer la identidad de los menores. Es escandaloso que la misma directora del instituto encargado de protegerlos haya afirmado que por tratarse de un caso que se sale de todo contexto legal, la identidad del joven fugado puede ser difundida. Cosa que la prensa ya ha hecho, haciendo alarde de su compromiso con la seguridad de la población y la libertad. Es la misma prensa la que lo ha convertido en el enemigo público número uno y la que escribió que "pudo ser un joven como cualquier otro, pero su desprecio por la vida ajena y su deseo de venganza lo convirtieron en el hombre más temido y peligroso del país". Estos no son más que juicios temerarios, que carecen de toda objetividad, pues la redacción del diario no ha hablado con él. El joven no es peor que otros criminales, algunos de los cuales ni siquiera están en la cárcel. Mientras no haya otra respuesta que la represiva y la legal, como si ellas agotaran toda la realidad delictiva, la delincuencia seguirá desbordando a las autoridades. Esta postura tiene mucho de revanchismo social e impotencia, pero muy poco de solución verdadera a un problema social complejo de gran envergadura.

Desarrollo económico y dolarización

Al igual que en 1994, el tema de la dolarización ha sido colocado en el tapete de discusión como una de las medidas que el gobierno, a través del Ministro de Hacienda, habría propuesto para mejorar el clima de negocios en el país. De acuerdo al titular de hacienda, Manuel Enrique Hinds, con esta medida lo que se pretende "no es la estabilidad de precios [ni] tampoco sólo bajar las tasas de interés. Lo que se quiere lograr es la credibilidad en el largo plazo de manera que no se tenga la incertidumbre de que se va a devaluar. Con esto se cambian los plazos para hacer negocios, y se crean mejores condiciones sociales".

Una vez transcurridas varias semanas desde que se relanzó la propuesta, parece ser que ésta tiene muchos más detractores que defensores, a excepción del mismo Ministro de Hacienda y empresarios vinculados al sector financiero o a las importaciones. Las principales gremiales empresariales y parte del sector académico del país han señalado que la dolarización no es conveniente para el sector productivo. A nivel internacional, también se han generado algunas opiniones contrarias a la medida, provenientes incluso de las mismas autoridades monetarias de los Estados Unidos. Por lo anterior, resulta de interés recoger algunas de las principales valoraciones en torno a este tema, para valorar las implicaciones de la dolarización sobre las posibilidades de desarrollo en el país.

Después de un período inicial en el que la empresa privada se mostró cautelosa frente a esta propuesta, a principios de mayo varias gremiales se han declarado abiertamente en contra de la misma. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) no está de acuerdo con la medida debido a que considera que los costos de la misma serían mayores que los beneficios. La Cámara Agropecuaria de El Salvador no la apoya por razones muy similares: la considera de poco beneficio para el sector agropecuario porque afectaría negativamente su competitividad.

Aparentemente, los únicos que se han mostrado a favor de la dolarización han sido el sector financiero y una pequeña parte de las empresas importadoras. El presidente del Banco Cuscatlán —catalogado como el banco más grande del país— se habría expresado en similares términos que el Ministro de Hacienda al señalar que, con la adopción del dólar, disminuirían los riesgos potenciales de la inversión en el país, se incrementarían las inversiones y también bajarían los costos de capital y las tasas de interés con el consecuente incremento de la actividad económica. Por otra parte, representantes de una gremial de distribuidores de materiales de construcción también consideran beneficiosa la dolarización, porque se podría importar a un menor precio.

A nivel internacional, las intentonas de dolarización tampoco han sido recibidas con mucho entusiasmo. La idea ha sido rechazada por el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y, más recientemente, por representantes del Banco Mundial, para quienes la dolarización de una economía en desarrollo es "arriesgada, pues carece de la suficiente solidez macroeconómica" para sostener semejante cambio monetario. Según la misma fuente, ante las perspectivas de profundización de la crisis financiera internacional, no es conveniente adoptar la moneda de un país desarrollado.

El mosaico de valoraciones sobre la dolarización muestra que no parece ser la opción más viable para lograr mayor estabilidad macroeconómica y crecimiento. De hecho, el peligro de la devaluación parece mucho más lejano ahora que hace 8 ó 10 años y el crecimiento de los precios se ha llevado a cifras de un sólo dígito desde el año 1998. Ante ello, surge la pregunta sobre cuáles serían en realidad los beneficios de la dolarización. De aceptar la postura del Ministro de Hacienda (lo que se busca es eliminar el riesgo de devaluación), cabe preguntarse si este riesgo es el más grave problema económico actual o si existen otros.

Ciertamente, en la actualidad no existe riesgo de devaluación, pese a la continua profundización del déficit de la balanza comercial, debido, fundamentalmente, a la abundante afluencia de divisas en concepto de remesas familiares. En todo caso, el riesgo de devaluación afectaría mucho más a aquellos sectores que han contratado créditos externos en dólares, ya sean bancos o empresas importadoras. En este contexto, es importante tener en cuenta los resultados de un estudio sobre el sistema financiero encargado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el cual señala que, entre 1993 y 1998, los préstamos contraídos por la banca comercial en moneda extranjera se han incrementado en casi un 1000%, hasta alcanzar montos cercanos a los 500 millones de dólares.

Una eventual devaluación del colón podría colocar en situación de insolvencia financiera a la banca, incrementar las tasas de interés y paralizar la inversión y la generación de empleo. En cambio, la dolarización podría beneficiar a las instituciones bancarias, porque los bancos extranjeros podrían cobrar menores tasas de interés a los créditos contratados; de igual forma podría esperarse que las tasas de interés domésticas también se redujeran, con lo cual se fomentaría la inversión y el empleo.

Sin embargo, en el actual contexto de políticas económicas, debe tenerse en cuenta que de poco serviría la eliminación del riesgo cambiario o la reducción de las tasas de interés si no se cuenta con sectores económicos en los cuales la inversión sea rentable. Los resultados de las reformas neoliberales implementadas durante la década de 1990 han conducido a la contracción de la actividad agropecuaria y al estancamiento del sector industrial. La perspectiva se ensombrece aún más al considerar las intenciones de profundizar en la política de desgravación arancelaria, sin que ésta sea acompañada por una correspondiente política de modernización agropecuaria o de reconversión industrial.

Por ello, la dolarización en sí misma no representa la solución para la problemática de cómo incrementar las tasas de crecimiento económico; por el contrario, podría tener implicaciones negativas sobre las exportaciones en la medida en que eliminaría la posibilidad de mejorar su competitividad a través de procesos de devaluación. Por lo demás, es importante destacar que, desde 1992, el tipo de cambio se mantiene fijo, por lo cual la dolarización prácticamente no cambiaría nada en el mediano plazo, excepto en el caso del sector financiero, el cual se vería ampliamente beneficiado.

Un argumento fuerte en contra de la dolarización radica en que no se cuenta con un aparato productivo que, por un lado, genere los suficientes bienes transables para garantizar un incremento sostenido de las reservas internacionales netas y que, por otro, proporcione los dólares para la circulación de mercancías y servicios en la economía. Las reservas internacionales netas que se han alcanzado hasta la fecha, y que han dado el respaldo para promover la dolarización, no dependen de las dinámicas económicas endógenas del país, sino más bien del envío de remesas familiares desde el exterior. Cambiar el colón por el dólar sobre la base de las remesas implica no contar con la certeza de que en el futuro cercano se contará con los recursos para garantizar las suficientes divisas para el funcionamiento de la economía. Por lo anterior, antes de pensar en dolarizar, es mucho más sensato tratar de armonizar las políticas monetarias, cambiarias, arancelarias y fiscales con el objetivo de mejorar la competitividad de los sectores productivos e incrementar la producción de exportaciones.

Delincuencia y medios

Hace dos semanas se publicó en Proceso (Nº 851) una nota bajo el título "¿Enfermedades sociales o patologías individuales?". El planteamiento allí expuesto pretendía llamar la atención sobre la fuerte tendencia de la opinión pública y de ciertas instituciones del Estado a asumir los hechos violentos como casos aislados, contribuyendo así a soslayar que la violencia en El Salvador responde a un problema estructural más que remitirse sólo a casos particulares. Interesaba en el texto aquel resaltar otras "violencias", distintas de la violencia delincuencial. Pero ello no significaba que el análisis no pudiera contemplar a esta última. Muestra de ello es la presente coyuntura, marcada por la atención que el país entero ha volcado sobre el delincuente juvenil conocido como "El Directo".

También los hechos delincuenciales padecen de la simplificación que la marcada tendencia a particularizarlos conlleva. Ciertamente, y contrario a lo que sucede con otras manifestaciones de violencia, la delincuencia es por todos reconocida como un problema social; pero sólo en cuanto afecta a la mayor parte de la población y no en tanto es la estructura social misma la que facilita el surgimiento de personas que delinquen. Es decir, en el discurso oficial, la delincuencia ha alcanzado el status de "problema social" porque es predominantemente considerada desde el punto de vista de las víctimas y no del de los victimarios. Para los medios de comunicación y para los entes encargados de impartir justicia no suele existir más que un sujeto —el delincuente— que asesina o viola y que, por ende —y ay de quienes se atrevan a cuestionar esa obviedad—, merece ser castigado con las más duras penas.

Ese es justamente el caso de Gustavo Adolfo Parada Morales, alias "El Directo". Con él ha quedado demostrado, una vez más y de manera contundente, el poder que tienen los medios para manipular la opinión de toda una nación. Nadie podría negar que el hecho de que un delincuente juvenil de alta peligrosidad se fugue de su centro de rehabilitación es grave y amerita cobertura periodística. Lo que si puede ponerse en duda es que la manera en la que el caso ha sido tratado haya sido la más adecuada. Desde el inicio, la polémica empezó a girar alrededor del aspecto legal. La mayor parte de los comentaristas y redactores están de acuerdo en que la Ley del Menor Infractor es demasiado blanda y, por consiguiente, está poco ajustada a la realidad de una sociedad en donde los menores infringen continuamente la ley.

Amparados en lo inadecuado que, según su criterio, resulta dicho precepto, prensa, radio y televisión se dieron a la tarea de publicar la mayor cantidad posible de fotos del imputado y de crear un aspaviento pocas veces visto antes. Ahora la controversia se centra en el interés de las jueces que atienden el caso en demandar a los medios, pues éstos, al hacer público el rostro de "El Directo", habrían violado la normativa. Ante tal posibilidad, los medios han puesto el grito en el cielo argumentando que, ante los peligros que corre la ciudadanía con jóvenes asesinos como este, pretender que la Ley garantice la "intimidad personal" del menor es un sin sentido.

Una primera pregunta salta a la vista: ¿interesa realmente a los medios "el bienestar de la ciudadanía"? Difícilmente se podría dar un "sí" a esta pregunta. En primer lugar, ¿en dónde estaba ese interés por la ciudadanía cuando, durante los crudos años de la década pasada, asesinos y torturadores hacían de las suyas a lo largo y ancho del territorio salvadoreño sin que ninguno de los medios de comunicación se pronunciara al respecto? Eran otros tiempos, dirán muchos para contrarrestar este cuestionamiento. Tiempos que, según parece, justificaban el hecho de que los mismos directores de cadenas de radio, prensa y televisión que ahora claman a los cuatro vientos el derecho de la ciudadanía a estar informada, se callaran deliberadamente los nombres de los responsables de horrendas masacres, el paradero de los niños desaparecidos y todo tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En segundo lugar, no se ve nada claro que a los mass media les importe proteger a la ciudadanía cuando, sin ningún escrúpulo, publican a diario imágenes de niños maltratados completamente desnudos o preguntan a una mujer que acaba de ser víctima de una violación cosas tan absurdas como "¿cómo se siente?". De la misma manera, la preocupación de los medios por el bien común resulta dudosa cuando a crímenes tan condenables como los que se le atribuyen a "El Directo" no se le dan la misma cobertura, debido a que personalidades influyentes se hallan involucradas en ellos. Si los rotativos y demás medios de difusión están tan interesados en defender los derechos de la población ¿no deberían dar igual cobertura a todos los hechos delictivos? ¿Por qué unos parecen tener para ellos más relevancia que otros?

La respuesta a esta última interrogante es sencilla: sensacionalismo. Antes que la bienintencionada preocupación por la ciudadanía está el interés impostergable de ensanchar las arcas. En el caso concreto en cuestión, que la población debía identificar el rostro del joven delincuente para tomar precauciones y contribuir a su captura es un argumento válido y sostenible, pero para ello hubiera bastado una foto de tamaño regular o una exposición de algunos segundos en televisión. No era necesario llenar las primeras páginas de los diarios con fotografías del acusado desde todos los ángulos posibles durante tres días. Por otra parte, que la fuga de "El Directo" y los crímenes que se le atribuyen causen aspaviento es lógico; no puede ser menos que alarmante que una persona tan joven haya cometido diecisiete asesinatos y que, además, la probabilidad de que sus delitos queden impunes sea tan grande.

Pero ¿no sería más propio de alguien que dice estar interesado por el bienestar de los salvadoreños indagar sobre las motivaciones de los delincuentes juveniles o realizar investigaciones que permitan ir vislumbrando modos de prevenir y enfrentar este tipo de casos, más que dedicarse a explotar el morbo de la audiencia con el único fin de no quedarse atrás en la competencia en la que los medios se hayan insertos?

No es satanizando a cada delincuente como los medios de comunicación van a contribuir a mejorar la crítica situación de la seguridad pública en El Salvador. No es explotando la tendencia general de la gente a quedarse en el lado superficial y llamativo de las cosas como esas entidades encargadas de informar van a cumplir la función pedagógica que les es inherente y que debería ser anterior a sus intereses económicos. No es tratando los hechos como casos aislados como los periodistas van a encarnar el rol crítico y comprometido que su oficio les demanda.

Mientras los mass media continúen cayendo en la superficialidad y el sensacionalismo que cada vez les es más característico difícilmente podrán aportar algo a la democratización del país y al bien común. No se trata aquí de justificar a quienes delinquen apelando a la cuota de responsabilidad que todos tenemos en la situación del país. Quien comete un crimen tiene que sufrir las consecuencias de haberlo hecho. Pero la realidad nunca es tan sencilla. Vivimos en una sociedad cuya configuración produce diariamente decenas de "directos". Sacudirnos de la pasividad y el individualismo que nos impide comprometernos más a fondo con los problemas del país es una tarea en la que los medios podrían jugar un papel decisivo, si los colones importaran menos que el bienestar de la mayoría.

San Salvador: ¿grandes cambios para quién?

Según un sondeo de opinión realizado en mayo de 1998, con motivo del primer año de labores de los gobiernos municipales del país, electos en 1997, el problema de la recolección y tratamiento de la basura en el área metropolitana de San Salvador era una de las más grandes preocupaciones de la población capitalina. Recordemos que, cuando la administración arenera encabezada por Mario Valiente estaba por finalizar su trabajo en la alcaldía capitalina, dicha problemática se convirtió en centro de atención de propios y extraños, por el estado en el que se encontraban los recursos existentes para darle respuesta y mantenerla bajo control. Para entonces, en el basurero ubicado en Mariona se había rebasado en mucho la capacidad de recepción de basura, reduciendo unas cuatro o cinco veces su tiempo de vida.

Ante esta situación, el concejo municipal entrante estaba en la obligación no sólo de presentar un proyecto que ofreciera un nuevo lugar hacia el cual enviar los desperdicios de los trece municipios que conforman el Gran San Salvador, sino también de establecer un mecanismo que hiciera frente a los elevados niveles de producción de basura y a su progresiva e indeseable acumulación dentro de un espacio municipal reducido. Así, Héctor Silva empezó su trabajo como alcalde con la mirada de los ciudadanos puesta en un problema muy concreto e ineludible: la basura que estos producían.

No sin dificultades, se emprendió entonces el ambicioso proyecto de Manejo Integral de los Desechos Sólidos, en el cual estaba incluida la construcción de un relleno sanitario en Nejapa, a través del cual buena parte del volumen de desperdicios producidos en el área metropolitana podría ser dispuesto físicamente de mejor manera y, además, procesado para su posterior utilización. Sin duda alguna, este era un proyecto novedoso. Con él se le cambiaba radicalmente la faz a los tradicionales procesos de tratamiento de basura, enmarcándolo dentro de modernos esquemas administrativos e incorporando en él novedosas tecnologías.

El proyecto de Silva, aunque produjo una aireada oposición de parte de organizaciones protectoras del medio ambiente y de alcaldías administradas por representantes de partidos de derecha, mantuvo expectantes a los pobladores del Gran San Salvador, quienes parecieron brindarle el beneficio de la duda al edil. Ante un proyecto del cual no se tenían referentes significativos, era preferible ser paciente y esperar los frutos que traería, antes de sentar posición al respecto. Pues bien, hace pocos días el esperado relleno fue inaugurado en medio de las protestas de quienes se vieron más afectados por su apertura: los "pepenadores" (personas que se dedican a escarbar en la basura para luego comerciar con objetos reutilizables). La historia volvió a pasarle la factura a Silva: esta vez, trabajadores en iguales condiciones que los vendedores ambulantes del centro de San Salvador le salían al paso para exigir su inclusión dentro de los planes de la alcaldía.

¿Qué lectura podemos hacer del trabajo de la comuna capitalina frente a este tipo de situaciones? Bueno, salta a la vista que dentro de la "nueva organización" que se ha adoptado para dar respuesta a los problemas de San Salvador subyace la noción de que, para hacer grandes cambios en la capital, algunos de sus habitantes deben hacer grandes sacrificios, en concordancia con la consecución de objetivos de interés general. Y no es que esta noción sea negativa en sí misma; de hecho, la democracia supone la consecución de acuerdos que se generan gracias, por una parte, a la flexibilización de posturas disímiles y, por otra, a la necesaria definición consensuada de unos intereses más prioritarios que otros para la sociedad en general. El problema para la administración municipal de Silva toma forma cuando observamos las consecuencias directas de la implementación de esos proyectos de interés general: quienes han tenido que "hacer de lado" sus intereses pertenecen a los sectores más desprotegidos de la capital.

Estas consecuencias, para todos evidentes, alimentan otras interpretaciones que se podrían hacer del trabajo de la municipalidad. Pareciera, por ejemplo, que en el fondo se cree que las ocupaciones de esos sectores no casan dentro de los planes que se tienen para la capital y que, por consiguiente, lo mejor sería procurar su desaparición. De esta forma, en honor a la modernización metropolitana y a su embellecimiento, se esperaría que quienes ahora se dedican a ese tipo de labores "marginales" buscaran otras alternativas de subsistencia mucho más beneficiosas para su propio desarrollo y para el de la comunidad. En este sentido, se podría asegurar que el trabajo que actualmente ejecuta el concejo de San Salvador se aproxima, más que al de una institución debida al pueblo y consagrada a servirle, al de una empresa que, habiendo determinado los beneficios a corto, mediano y largo plazo que le ofrecen ciertos proyectos, se apresta a encauzar todos los esfuerzos necesarios para su consecución.

Es este esquema organizativo el que le habría ganado a la comuna capitalina el visto bueno de varios grupos de profesionales, académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, quienes ven en los procedimientos de la alcaldía el ejemplo palpable de una administración transparente, moderna y decidida. Sin embargo, este mismo esquema es el que, en más de una ocasión, ha desconcertado a los sectores más desprotegidos de la capital, que no ven satisfechas las expectativas que depositaron en la figura de Silva y que lo colocaron como alcalde en las elecciones de 1997. Además, ya se ha hecho notar en repetidas ocasiones que la decisión del edil para impulsar sus proyectos no mantiene el mismo temple en todos los casos. Recordemos los improductivos intentos de llevar a buen término —o, al menos, a la conclusión más favorable para Silva— la discusión sobre la modificación de la tasa de arbitrios municipales, en la que la empresa privada ha mantenido maniatado al concejo municipal durante tres largos y penosos años.

Desgraciadamente, son situaciones como las que se han dado en torno al proyecto del relleno sanitario las que ponen en duda la orientación de los mega proyectos con los que Silva se presentó como candidato a la alcaldía de San Salvador. Y no se trata tanto de la idea que tienen los beneficiarios finales de su implementación, puesto que a largo plazo —y sobre la base de cambios radicales en la forma de administrar la cosa pública en nuestro país— bien podríamos decir que todos gozaremos un día de una ciudad más limpia, ordenada y segura; más bien, hay que cuestionar la concepción que se tiene de la capital con sus habitantes, con sus problemas, con sus causas y con sus manifestaciones sociales. Si esos "grandes cambios" que se desean para la metrópoli logran incorporar a aquellos que, atrapados en un laberinto de presiones sociales, deforman la convivencia urbana, entonces podríamos dilucidar un futuro distinto para todos por igual.

Nicaragua: la lucha es por la transparencia

Tras la investigación iniciada por la Contraloría General de la República (CGR) de Nicaragua a mediados de febrero sobre el patrimonio del presidente Arnoldo Alemán —que demostró un incremento del mismo en un 900%—, la CGR solicitó al Presidente nuevas informaciones y aclaraciones sobre sus bienes patrimoniales, tanto personales como familiares, ya que él ha declarado que lo que es propiedad de sus hermanos es de él y viceversa. El Presidente, sin embargo, se negó a cualquier aclaración con variados argumentos evasivos.

El 16 de marzo, en la noche, y en un clima de creciente expectativa de la opinión pública, se iba a producir un encuentro entre el Presidente y el contralor Agustín Jarquín. Tres eran los temas a tratar entre la CGR y la presidencia, según el Contralor: el presupuesto 99, el patrimonio presidencial y el proyecto centroamericano destinado a fiscalizar la ayuda que la comunidad internacional concrete en Estocolmo.

Los tres asuntos eran polémicos: la presidencia insiste en mantener en el presupuesto partidas millonarias para usarlas a su entera discreción, el Presidente se niega a informar a la CGR sobre su patrimonio y acababa de crear días antes una nueva instancia fiscalizadora de la ayuda internacional para presentarla en Estocolmo, en un nuevo intento de disponer de "otra" Contraloría.

Pero la reunión entre Jarquín y Alemán no se produjo. El Presidente esperaba a Jarquín con los funcionarios de su entorno más cercano, pero quería que el contralor entrara a la reunión solo, sin su equipo. Jarquín no aceptó y abandonó el lugar. Todo indica que era uno sólo el tema que pondría sobre la mesa el Presidente: la trama que minutos después de que se marchara Jarquín develó ante la opinión pública el asesor presidencial y padrino de Alemán, Jaime Morales Carazo. Este informó sobre un "descubrimiento" hecho por la presidencia: contratos por múltiples y variados servicios que la CGR había firmado con personas y empresas durante todo el año 1998. Entre ellos, uno con una persona ficticia y, por lo tanto, la CGR habría cometido una ilegalidad.

La historia no fue presentada así, escuetamente, sino cuidadosamente distorsionada: la CGR, que decía luchar contra la corrupción y que solicitaba aumento de presupuesto para esta lucha, había derrochado nada menos que unos 1.6 millones de dólares pagando a "fantasmas" y a profesionales de dudosa reputación, por lo tanto el contralor no podía acusar a nadie, y como "se olió" lo que le habían descubierto, tuvo miedo de entrar solo a la reunión con el presidente...

En cuestión de horas se supo quién era la persona ficticia contratada por la CGR, en el único de los actos realmente cuestionables de la "revelación" hecha por el padrino presidencial. Nada menos que Danilo Lacayo, el popular presentador del programa de opinión Buenos días, transmitido por el Canal 2 de televisión; sin duda, el programa con más televidentes y con más consistente influencia entre los sectores de clase media y alta del país. Durante un año, Lacayo había realizado trabajos de propaganda y de publicidad —también de investigación— muy bien pagados por la CGR. En respuesta, Canal 2, cercano a Alemán, clausuró en 48 horas un programa que tenía cinco años de éxito sostenido.

La inesperada alianza CGR-Lacayo, la irregularidad que supuso la filtración de documentos de la CGR a la presidencia, y el justamente indignado reclamo de los periodistas y no periodistas que aparecieron en la lista "revelada" por el padrino hicieron que la trama presidencial escapara enseguida del control de quienes la armaron. Tres procesos judiciales se pusieron en marcha. La CGR acusando a Morales Carazo, a Lacayo y a Néstor Abaunza —quien firmó el contrato a nombre de la CGR. La Procuraduría de Justicia —dependiente de la presidencia— acusando al Contralor y a su equipo más cercano por asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos, fraude, etc. Y la Policía —que hizo su propia investigación— acusando a Danilo Lacayo y a Abaunza por uso indebido del nombre y usurpación de funciones.

Pero el objetivo de esta nueva trama presidencial era el mismo de las más recientes: desviar la atención del debate sobre el presupuesto para 1999. Más específicamente, esta vez se trataba de "colar un mosquito para tragarse un camello". Airear la ilegalidad del contrato con Lacayo buscaba cortar de raíz la investigación iniciada por la CGR sobre el notable incremento del patrimonio de Alemán, echarla al olvido.

En el caso del presupuesto, retrasadísimo en su aprobación, aparecen —según ha denunciado reiteradamente la CGR— unos 150 millones de dólares —nada menos que el 20% del total del presupuesto— como partidas no especificadas, para ser manejadas a entera discreción de la presidencia y del Banco Central.

El objetivo de la enredada trama presidencial —inflada en torno a un solo hecho: el contrato "con el fantasma"— era también crear una colosal confusión en torno al trabajo de la Contraloría y a la figura del Contralor, sembrando así en la opinión pública dudas y sospechas que abonen el terreno para la destitución de Jarquín, para su sustitución, o para reformar la Ley Orgánica de la CGR. Esta reforma permitiría no tener que destituir al Contralor —lo que ha ido teniendo cada día mayor costo político—, sino sólo diluir su liderazgo dentro de una institución con nuevos "contralores" liberales y sandinistas que ya no realizarían un trabajo de fiscalización profesional y apartidista. De esta forma, la "institucionalidad" quedaría a salvo, pero con otras personas en la institución ésta resultaría totalmente inoperante.

El Presidente quiere "resolver" este caso antes de la reunión de Estocolmo, donde los temas de transparencia y gobernabilidad pueden pesar sobre la cantidad y los tipos de ayuda que reciba Nicaragua, y cuenta para la "solución" con la complicidad del sector pactista del FSLN.

La prisa por resolver un "problema" puede explicar lo poco cuidado y burdo de la "trama del fantasma", características que no pasaron desapercibidas a la comunidad internacional, aunque el gobierno insistió en negarlo, afirmando que "no pasa nada" y "la confianza de los gobiernos amigos se mantiene". No es cierto. Los representantes de la comunidad internacional saben bien lo que pasa y defienden las funciones del ente fiscalizador. El comportamiento presidencial ha dañado seriamente al gobierno de Nicaragua ante los embajadores de los países europeos que estarán en Estocolmo e incluso ante el BID, siempre sólido aliado del gobierno liberal. Y no sólo hay costos internacionales. Los resultados en la opinión pública nacional de la guerra presidencial contra la Contraloría han contribuido también a cargar mucho el ambiente en los ámbitos gubernamentales, donde crece el temor por los resultados de las elecciones municipales del 2000.

El gobierno de Arnoldo Alemán nunca previó que el trabajo que desplegaría la CGR en la fiscalización de los recursos del Estado sería tan consistente. Desde su llegada al poder, el Presidente no ha dejado un solo momento de tratar de obstaculizarlo, mediatizarlo, desprestigiarlo y neutralizarlo a través de otras instituciones del Estado que controla o soborna. Se trata de una guerra librada con empeño por el Presidente en todos los frentes.

La Contraloría, por su parte, ha trabajado cercada y bajo acecho. La sociedad ha asistido a todas estas complejas escaramuzas y batallas políticas —siempre revestidas de muy difícilmente comprensibles ropajes jurídicos—, informada a diario por los medios de comunicación, indignada, incómoda, indiferente, según los sectores. Sin una cultura política que asuma el valor de leyes y de instituciones, poco fogueada en la defensa de los derechos por medios cívicos, en la sociedad han predominado la pasividad y la impotencia.

Por esto, y por muchas razones más, la marcha de 15 mil nicaragüenses en la tarde del 25 de marzo por las calles de Managua en repudio a la corrupción gubernamental y en apoyo al Contralor y al trabajo que ha desarrollado con el equipo de la Contraloría establece una variable muy significativa en la correlación de fuerzas del país. Por fin, un grupo de espectadores saltó al escenario.

Fue la radio La Primerísima —su director, William Grigsby, y los oyentes de su programa nocturno Sin fronteras— quienes convocaron la marcha. Bastó una semana para hacer realidad la idea, que surgió colectivamente a través de la emisora. En estos últimos años —incluidos los años de revolución, tan plagados de manifestaciones callejeras— han sido escasísimas las movilizaciones que surgen y cuajan realmente en la base, no dependiendo para su realización y orientación de ninguna maquinaria partidaria. En este caso, funcionó la autoconvocación y en unos días "pasó la voz" y se reunieron miles. Esto es un claro índice del desgaste de las formas tradicionales de organización, de la crisis de los liderazgos tradicionales y de la necesidad de hallar nuevas formas de expresión política colectiva.

La marcha congregó a un muy variado espectro de opositores al gobierno, de varios partidos y tendencias. La indignación contra la corrupción del gobierno, contra su ostentación e insensibilidad, fue lo que permitió reunir a un amplísimo espectro de vigores dispersos. Por esto, a juicio de muy diversos analistas, la marcha prefiguró la necesaria alianza nacional de oposición que debe enfrentar, por todas las formas cívicas, la corrupción del gobierno.

La marcha aglutinó también a una variada gama de sandinistas que representaban al sandinismo de base, al movimiento sandinista, no siempre identificable ya con el FSLN. Principalmente, marcharon los descontentos con el pacto FSLN-gobierno y los que anhelan una alternativa política y económica diferente a la que hoy se les ofrece. Nadie en el FSLN pudo impedir la movilización de miles de sandinistas de base, que mezclados con miles de no sandinistas repudiaron al gobierno y aplaudieron a Agustín Jarquín.

El gobierno ha entendido, equivocadamente, que "gobernabilidad" es cero organización social y cero protesta, y el presidente Alemán ha tratado de cosechar esta "gobernabilidad" pactando con Ortega y un sector de la cúpula del FSLN. Pero la gobernabilidad es mucho más de lo que el gobierno quiere creer, y hacer creer. La corrupción puede ir creando una creciente ingobernabilidad y la bandera de la lucha por la transparencia —que el 25 de marzo movilizó a tantos a las calles— puede gestar nuevas marchas cívicas y otras muchas iniciativas ciudadanas no violentas. Es una bandera que se está estrenando, y que congrega y unifica.

La marcha ciudadana del 25 de marzo representa el despertar de un factor político decisivo que puede ir alterando la actual correlación de fuerzas. Lo ocurrido en Paraguay, sólo unos días después de la marcha de Managua, y lo que había sucedido en Ecuador unos meses antes —países donde escándalos por la corrupción oficial, crisis institucionales y movilizaciones sociales se combinaron para derrocar Presidentes electos en las urnas—, planea en la atmósfera política latinoamericana.

"Vemos que hay un crecimiento del enseñoreo ciudadano": comentó así Agustín Jarquín los sucesos de Paraguay y los más cercanos, de Managua. Enseñorearse: versión castellana y sugerente del anglicismo empoderarse. Ambas expresiones expresan una novedad histórica, una coordenada en la que va inscribiéndose la realidad de nuestro tiempo, tanto en el poderoso Norte como en el debilitado Sur. Los vientos de esta nueva realidad empiezan a llegar hasta este pequeño rincón del continente, empujándonos a una larga marcha.

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Colaboración, Equipo "Envío", Nicaragua

"Directo" a otro fracaso (I)

Tiene tatuajes en varias partes de su cuerpo y cara, viste ropa holgada y hace señales indescifrables con sus manos; además se le imputan diecisiete asesinatos y judicialmente ya fue declarado culpable por siete de ellos. Con esas características y después de la enorme campaña publicitaria desplegada durante los últimos días, la "gente bien" de El Salvador ha asumido que una buena cantidad de jóvenes dentro de nuestro país son sus principales enemigos: seres desalmados y violentos, incapaces de aceptar las "reglas" de una sociedad cuya economía crece —dejándolos al margen— y cuyo sistema educativo recibe elogios internacionales, sin que logre incidir significativamente en el cambio o la erradicación de ciertas conductas inaceptables. Un solo individuo que ahora tiene ya dieciocho años de edad ha sido el más reciente centro de atención nacional y su figura ha llegado a rozar, para bien o para mal, niveles míticos tras los cuales se pretende ocultar elementos olvidados, evadidos o ubicados en un lugar secundario dentro de una polémica que —demasiado ligera y peligrosamente— ha colocado en el "banquillo de los acusados" al tema de los derechos humanos.

Gustavo Adolfo P., alias "El Directo", creció en una comunidad marginal de la ciudad de San Miguel que paradójicamente lleva por nombre "El Milagro de la Paz". Por este sitio, conocido popularmente como "La Curruncha", se paseó hace un par de años aquel "escuadrón de la muerte" o "grupo armado ilegal de exterminio" —como le quieran llamar— sembrándolo de cadáveres; su accionar impune llegó a ser alabado hasta por algunas autoridades gubernamentales y de sus integrantes ninguno se encuentra purgando ante la ley por los delitos cometidos. Al igual que otros numerosos lugares en el país, "La Curruncha" fue, es y seguirá siendo —de no actuar de forma inteligente e integral— un territorio dominado por la miseria y la violencia en sus más diversas y condenables expresiones.

Ese ambiente fue más que propicio para que Gustavo Adolfo se convirtiera en el líder de la "Mara Salvatrucha" o la "MS". El 30 de abril, este ya casi legendario personaje y ocho jóvenes más —que al igual que él permanecían internados— burlaron el frágil dispositivo de seguridad y se escaparon del Centro de Readaptación ubicado en San Francisco Gotera, departamento de Morazán. Según algunos declaraciones brindadas por otros internos, Gustavo Adolfo permanecía siempre aislado del resto de jóvenes; sin embargo, "casualmente" el día de su fuga se encontraba con todos los demás.

Consumada la evasión, sólo bastaron unas pocas horas para lograr de nuevo la detención de varios de los jóvenes que habían escapado. Pero la peligrosa leyenda debía continuar creciendo y, por ende, el temor de la ciudadanía honrada incrementándose. Durante tres días, Gustavo Adolfo mantuvo en intenso movimiento a más de 150 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que —armados hasta los dientes— habían desplegado una impresionante operación de cerco y rastreo, en el marco de una cobertura noticiosa también significativa. Se dice que fue una denuncia de la población la que orientó los pasos de los miembros del cuerpo policial hasta una iglesia evangélica; ahí estaba Gustavo Adolfo y otro de los fugados. A diferencia de lo que se esperaba, el considerado "enemigo público número uno de El Salvador" no opuso resistencia alguna.

Al ser abordado por los medios de difusión masiva, el joven negó ser el autor de las muertes por las cuales había sido sentenciado ni de las otras que se le achacaban; a la vez, lanzó las siguientes sencillas pero profundas interrogantes: "¿por qué no me dan trabajo? ¿por qué no me enseñan un oficio?" Este reclamo sonará absurdo a los oídos de muchas personas, sobre todo en el marco del manejo publicitario alrededor de todo lo ocurrido: "¿Trabajo para un individuo perteneciente a las "maras", que constituye una amenaza para la sociedad? —dirán— ¿por qué? ¿para qué?; sin embargo, los cuestionamientos directos de Gustavo Adolfo son —por encima de cualquier otra cosa— una denuncia frontal que descubre una realidad que afecta a cientos de miles de personas en nuestro país, sobre todo jóvenes, quienes no ven oportunidades para sí y para sus familias ni en el corto ni en el mediano plazo.

Llena de angustia por conocer sobre el estado de su hijo, la madre del tristemente célebre Gustavo Adolfo acudió al lugar donde se encontraba el joven en las bartolinas de la PNC en San Miguel. No dejaron que lo viera; "Tavo" —como ella lo llama— estaba confinado en una celda de "máxima seguridad". En medio de su dolor, esta madre dijo conocer la identidad de los verdaderos responsables de los asesinatos y manifestó que si la primera dama de la República le garantizaba su seguridad y la de su familia, ella revelaría esos nombres. Parece ser que nadie reparo en sus palabras. Y es que la suerte estaba echada: para esta madre, los medios de difusión masiva se encargaron de crear alrededor de su hijo la figura de un monstruo.

Ciertamente, los medios —con la justificación de contribuir a mantener alerta a la colectividad "amenazada" por este joven— violaron el artículo 5 de la Ley del Menor Infractor en lo que respecta a la prohibición de hacer pública su identidad. Eso es un hecho. Pero más allá de ello, lo que se percibió en el manejo de la situación es que —además de cumplir con su función de informar— en esta coyuntura los medios hicieron gala de sensacionalismo y buscaron llenar espacios, en un afán desmedido por elevar sus niveles de circulación. Lo anterior es el menos malo de los escenarios posibles para explicar la conducta de las empresas de difusión e información; porque hay quienes ven con recelo muchos de los detalles relacionados con el caso y, dentro de eso, se incluye la actuación de ciertos medios de prensa. Pensamos que esta otra manera de ver las cosas debería ser considerada. Veamos.

Conociendo el alto grado de peligrosidad de Gustavo Adolfo y habiéndolo mantenido antes en otro lugar, ¿por qué el día de su fuga se encontraba junto a los demás reclusos? ¿por qué se informó de que se había escapado hasta casi una hora después de ocurrido el hecho? Por otro lado, nunca antes, ni siquiera con los peores criminales adultos, se había visto un despliegue policial tan inmenso e intenso —al menos así lo presentó la prensa— como el que generó esta "persecución"; ¿a qué obedeció eso?

Todas las piezas parecen ser parte de un mismo rompecabezas. Al principio, fueron los Códigos Penal y Procesal Penal los que estuvieron colocados en el "ojo de la tormenta" porque, según altas autoridades como el ministro de Seguridad Pública, lo único que ha propiciado su vigencia es la "defensa de los delincuentes". Casi un centenar de reformas a estas normativas ya habían sido introducidas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en diciembre del año pasado, pero su aprobación no avanzaba al ritmo que algunos deseaban; la población, pese a los esfuerzos de la gremial, no terminaba de "sintonizarse" con ellas y la Asamblea Legislativa les daba largas. Pecando de alcanzativas, quizás, existen opiniones atrevidas que apuntan hacia el diseño de una estrategia encaminada a salir de ese letargo y generar una acción de apoyo ciego a una "causa nacional": la reforma de "toda la legislación que favorezca a los delincuentes". Ello, sobre la base de un temor exacerbado por una coyuntura como la que ahora nos ocupa.

Había que buscar, pues, un ejemplo —dentro de la inmensa cantidad de hechos de delincuencia juvenil que ocurren— para poner en duda la efectividad de la ley minoril y así preparar el camino para dar marcha atrás, sin discusión ni miramientos, a los verdaderos avances en el esfuerzo por modernizar la legislación nacional penal, procesal penal y probablemente hasta la penitenciaria. Fácil: el caso de Gustavo Adolfo; un joven cuyo perfil presentado corresponde al de un "resentido e inadaptado, con una gran sed de venganza y que representa un estorbo para la sociedad". Así, directa o indirectamente, las condiciones —poco a poco— se fueron creando para que la mayoría de la sociedad salvadoreña ahora se pronuncie contra esta ley y exija reformarla, creyendo que con eso garantizará su seguridad y la de sus familias; lo que suceda después, no interesa.

Los primeros en tirar la piedra y rasgar sus vestiduras solicitando reformas a la ley fueron los titulares del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM) y del Ministerio de Seguridad Pública. Obviando cualquier tipo de responsabilidad derivada de su cargo, dichas personas propusieron aumentar las penas y trasladar a Gustavo Adolfo a una penitenciaría de adultos. Otros van más allá, pidiendo que se reduzca la edad límite que establece la Ley del Menor Infractor como sujetos a la protección de este régimen. Qué fácil resulta ahora sacudirse el problema y dejar en manos de la Asamblea Legislativa —en manos de ¡esta Asamblea!— la decisión de reformar o no esta ley. ¿Acaso estas y estos funcionarios no tienen mejores alternativas que endurecer las penas o utilizar mayores formas de represión?

Toda la atención se concentra en llevar hasta las últimas consecuencias estas propuestas; pero, ¿por qué no se habla de las deficiencias que presenta el ISPM en materia de rehabilitación y de la poca capacidad de la PNC para investigar a quienes venden las armas que utilizan muchos menores infractores para cometer los delitos? No. Para qué entrar en detalles, pensarán algunos; ahora que contamos con un "caso ejemplarizante" lo que toca es actuar drásticamente, antes que más jóvenes como él terminen con nuestra sociedad. De esa manera, se pretende curar al enfermo sin darle la medicina correspondiente; se quiere ocultar las causas que generan la delincuencia juvenil, sin trabajar para crear las condiciones mínimas que las erradiquen o reduzcan al mínimo sus efectos.

Sólo por citar un ejemplo: durante los primeros tres meses del año, la PNC capturó 467 menores infractores; de igual forma, en el mismo período, el cuerpo policial realizó el decomiso de 2,158 armas de fuego, 57 de las cuales eran de uso privativo de la Fuerza Armada. Ante semejante cuadro, fácilmente surgen preguntas tan elementales como las siguientes: ¿estará el ISPM realmente capacitado para dar un tratamiento adecuado a estos jóvenes? ¿qué resultados puede tener ampliar las penas cuando existe un arsenal bélico disponible para casi todas las personas, incluidas las menores de edad?

El combate al tráfico de armas, el narcotráfico, el crimen organizado y otras lacras que mantienen intranquila a la sociedad entera —lacras entre las cuales se enreda y pierde mucha de nuestra juventud, hasta de los ambientes más "rosas"— es una tarea que fundamentalmente le corresponde a las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, hasta ahora, lo más destacado que ha hecho el señor ministro a lo largo de sus cinco años en el cargo ha sido: echarle la culpa de la situación a otras instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos —cuando había procuradora—, a la Fiscalía General de la República y al Órgano Judicial, sin considerar que deberían haber sido sus principales aliadas; atacar sin distingo las normas que protegen los derechos humanos y las garantías judiciales de todas las personas, incluidas las de él mismo cuando —por ejemplo— alguien lo mencionó, con o sin razón, en uno de los crímenes más sonados atribuidos a elementos de la PNC; o denunciar "contubernios" en su contra, cuando se señalan deficiencias en la materia.

En ese marco, este funcionario fue uno de los que más contribuyeron para que el 19 de marzo de 1996 —a raíz del fenómeno de violencia y la inseguridad generaliza— la Asamblea Legislativa aprobara la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado. Inútil intento éste cuyos resultados fueron anunciados con anticipación por quienes, para el señor ministro de seguridad pública, simplemente somos "defensores de delincuentes". Como se advirtió, tal ley —presentada como la tabla de salvación— no condujo a ningún resultado positivo: los hechos de violencia continuaron en ascenso. Este nuevo fracaso, sin embargo, caldeó más los ánimos y llevó a exigir que se ampliara la aplicación de la pena de muerte. Al respecto, la UCA sostuvo que se trataba de "un castigo bárbaro, ineficaz e indigno de un Estado moderno y democrático". "Restablecer la pena de muerte —se afirmó entonces— implica reconocer que la ley de emergencia ha fracasado en cuanto a reducir la incidencia de la criminalidad por medio del endurecimiento de las penas. Si la pena capital fuese restablecida y no arrojara los resultados esperados, ¿a qué medida recurrirá el gobierno?"

PRORROGA. La Asamblea Legislativa aprobó, el 29.04, una prórroga de 60 días para la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que está incompleto desde hace más de un año. Los diputados argumentaron que la mayoría de los candidatos no cumple con todos los requisitos que establece la Ley, por lo que el dictamen que contenía la moción de prorrogar el plazo fue adoptado por consenso al interior de la Comisión Política. Al problema anterior se suma el supuesto desinterés de dos abogados que se rehusaron a integrar el CNJ. En este sentido, la Asamblea decidió aprobar la prórroga y se reunió con la Federación de Abogados para analizar conjuntamente el problema de la elección bajo dos posibilidades: solicitar a los candidatos que complementen los requisitos que aún están pendientes, como la solvencia de la Procuraduría General de la República, el finiquito de la Corte de Cuentas y al solvencia de la Fiscalía General. De acuerdo con los legisladores, los candidatos únicamente han presentado sus currículos profesionales. La otra posibilidad es que se lleve a cabo una nueva elección y se envíe una nueva terna para el análisis de la Comisión Legislativa. La decisión de los diputados significa que sólo hasta mediados de junio se podrá conocer si habrá elección de los tres concejales de la CNJ (LPG 30.04 p.8).

VETO. El veto presidencial al decreto 580, que permitía la emisión de títulos valores, fue descalificado, el 30.04, por los partidos opositores, quienes opinaron que el mismo confrontará aún más a las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa. Rubén Zamora, del Centro Democrático Unido (CDU), recordó que al autorizar la emisión de los bonos para financiar el presupuesto nacional se dejó claramente establecida la necesidad de ratificar la aprobación con los dos tercios de los votos (56). Contrario a esto, el veto presidencial dice que sólo se necesita la mayoría simple, es decir, 43 votos a favor. Zamora asegura que, de aprobarse los bonos con 43 votos, "inmediatamente acudiremos a la Corte Suprema de Justicia, a pedir la inconstitucionalidad del decreto", lo cual, según el diputado, entramparía la negociación de los bonos. "De qué les sirve colocar unos bonos que tendrán un problema jurídico pendiente en el país, sencillamente no los van a vender, así de fácil", expresó Zamora. Para Shafick Handal, del FMLN, la fundamentación jurídica del veto "es una interpretación interesada de abogados malabaristas, que están atentando contra la democracia". Por su parte, Kirio Waldo Salgado, del PLD, manifestó que "esta leguleyada del Ejecutivo no tiene precedentes, es absurda", a la vez que amenazó a la presidencia con recurrir a organismos internacionales (LPG 01.05 p.12).

REFORMAS. La fuga del delincuente juvenil Gustavo Adolfo Parada, "El Directo" (quien ya ha sido recapturado), acusado de 17 muertes, ha ocasionado que la Ley del Menor Infractor enfrente cuestionamientos por parte de los funcionarios y ciudadanos del país. Las reacciones de diversos sectores señalan al unísono la necesidad de ejecutar una serie de reformas tendientes a aplicar con mayor rigidez la ley en contra de los menores. Específicamente, en los casos donde los menores dejan de ser simples infractores y se convierten en delincuentes. El presidente Calderón Sol, señaló, el 03.05, que existe una diferencia sustancial entre un menor infractor y un delincuente. "El hecho de que ‘El Directo’ tenga 17 asesinatos, dice mucho de que en el país las cosas no están bien y tenemos que tomar muchas medidas y hacer un replanteamiento [de las leyes]", expresó. Agregó que "se debe hacer una distinción y hay que hacerlo muy claro en la Ley [de menores] y a la mayor brevedad se podrán ver estos resultados". El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Leonel Mejilla, indicó que "no es la edad la que determina el tratamiento a un delincuente, sino son los hechos y la repetición de actos delictivos". La PNC coincide en la necesidad de reformar la Ley, a la vez que reclama apertura para combatir a delincuentes juveniles (LPG 04.05 p.5).