Año 19
número 854
mayo 12
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Perspectivas del FMLN
Política FMLN: ideología vrs. práctica política
Economía Planes de reconstrucción y prevención de desastres
Regional Nicaragua: violencia, ¿un ciclo interminable?
Derechos Humanos "Directo" a otro fracaso (II)
Perspectivas del FMLN
Los resultados de la última convención del FMLN han puesto de manifiesto las enormes dificultades que tendrá que sortear el partido de izquierda para relanzarse como una opción viable de poder. Tras el fracaso electoral de marzo, tanto "ortodoxos" como "renovadores" comenzaron a prepararse para encarar y sacar el mejor provecho de la convención: los primeros, tras cargar sobre las espaldas de la fórmula electoral la derrota en las elecciones, tenían claro que se les había presentado la oportunidad ideal de hacerse de las riendas del partido; los segundos, pese a la renuncia de Facundo Guardado a la coordinación del Frente, no ocultaban sus intenciones de capitalizar a su favor la desidia con la que, según ellos, los ortodoxos asumieron el compromiso electoral. Unos y otros se acusaban mutuamente del fracaso electoral; unos y otros querían sacar ventaja a costa del rival.
Por supuesto, los "ortodoxos" eran los que estaban mejor posicionados, puesto que, al fin y al cabo, la fórmula electoral Facundo Guardado-Nidia Díaz no había contado desde el principio con su aprobación. Una cosa estaba más que clara: los "ortodoxos" iban a la convención a pasarle la factura Guardado y los suyos. Por su parte, los "renovadores" estaban dispuestos a defenderse usando la mejor arma a su alcance: las elecciones se perdieron porque "el Frente derrotó al Frente".
Siendo así las cosas, no es de extrañar que en la convención efemelenista del domingo 9 de mayo la crisis del FMLN no se haya resuelto, sino más bien lo contrario: se ha prolongado por más tiempo, sin que se atisben señales claras de cómo se podrá solucionar. No podía ser para menos, pues las dos principales facciones enfrentadas fueron al evento animadas con un propósito: doblegar a la facción rival, haciéndola aceptar tanto su concepción de partido como sus reglas de juego. Los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, han dado su dictamen: los "ortodoxos" doblegaron a los "renovadores". Un indicio, entre otros, de que ello es así es la reafirmación del FMLN como un partido "socialista" y "revolucionario". Quizá sea cierto este dictamen; quizás es cierto que los "ortodoxos" se salieron con la suya y retomaron las riendas del partido para encauzarlo por el camino "correcto" del socialismo y la revolución.
Pero de eso no se sigue que los problemas en el FMLN han terminado. Y eso, en lo fundamental, por tres razones. En primer lugar, porque los facundistas no se van a quedar con los brazos cruzados —al igual que no lo hicieron en su momento los "ortodoxos"— mientras ven cómo sus rivales los desplazan del control de un partido a cuya dirección se creen con el derecho inalienable de pertenecer. Los facundistas no van a consentir fácilmente que el partido se desvíe de lo que ellos consideran su "misión histórica"; tampoco van a renunciar fácilmente a la cuota de poder que les permita hacer que el partido cumpla con esa "misión". En segundo lugar, los "renovadores", seguros como están de que el fracaso de su proyecto obedeció al boicot de los "ortodoxos", van a esperar su turno para pagarles con la misma moneda. Al fin y al cabo, la conspiración y la traición son tan connaturales a la izquierda latinoamericana como lo son para la derecha la prepotencia y el chantaje. En tercer lugar, porque no se puede asumir sin más y simplistamente que el FMLN es un partido socialista y revolucionario; se tiene que discutir a fondo qué es lo que se entiende en la actualidad por socialismo y por revolución, con lo cual es casi ineludible que salgan a flote las pasiones y los dogmas más arraigados, tanto en el bando de los "renovadores" como en el de los "ortodoxos". Y es que mientras los primeros seguramente defenderán con ardor que la esencia de la revolución y el socialismo pasan por la democracia política y el mercado, los segundos de seguro se adscribirán a la tesis de que la revolución y el socialismo pasan por una suerte de luchas de clases y por una reestructuración del aparato productivo a favor de los sectores mayoritarios de la sociedad.
En un escenario como el descrito, la situación interna del FMLN, lejos de normalizarse, se ha vuelto sumamente inestable. Con la convención recién celebrada es poco lo que se ha abonado para la solución de los problemas; el abordaje de los mismos nada más ha sido pospuesto hasta que los "ortodoxos" —a menos que los "renovadores" reviertan la tendencia actual— puedan dar el golpe definitivo que fuerce a sus rivales a someterse a sus designios o a abandonar las filas del partido.
En este sentido, en los próximos meses los "renovadores", a la defensiva como están, tendrán que ingeniárselas para revertir una dinámica que amenaza con dejarlos fuera del equipo de dirección del FMLN. Los "ortodoxos", sabedores de que tienen ante sí a un grupo que antes quiso marginarlos del control del Frente, tendrán que ser contundentes en su ofensiva, a modo de sacudirse de una buena vez las molestias que les han venido ocasionando los "renovadores". Antes de la convención del domingo 9, las disputas en el FMLN se solaparon con un manto de "debate democrático interno"; ahora ese manto se ha roto: se trata de pugnas abiertas por el poder entre dos facciones —las otras que presuntamente existen no cuentan en la disputa—, ninguna de las cuales está dispuesta a ceder en sus pretensiones de hegemonizar al conjunto del FMLN. Se trata de dos facciones fogueadas en las batallas de la conspiración y las jugadas audaces; se trata de dos facciones dispuestas a todo con tal de conservar eso que consideran su patrimonio. Así las cosas, lo más probable es que ambos grupos continúen enzarzados en la disputa que los ha ocupado por lo menos en los dos últimos años.
¿Perspectivas del FMLN? Sombrías, en tanto que se desintegra estrepitosamente y en tanto que pierde a pasos agigantados la credibilidad social que ganó tras largos años de lucha. Por más que se le de vueltas al asunto no se ve cómo el Frente pueda salir fortalecido de la actual fractura interna que lo sacude. Incluso ya no se ve tan claro cómo el FMLN puede ser la alternativa para hacer contrapeso a la maquinaria de ARENA. No estaría demás pensar en una nueva opción de izquierda, a la cual el FMLN pudiera aportar, más que sus siglas, lo mejor de la experiencia y sabiduría política de la que hizo gala durante la guerra civil.
El 9 de mayo el FMLN se dio cita para tratar de resolver definitivamente sus graves diferencias internas, las cuales han socavando paulatinamente su posición como el segundo partido político del país. Los confusos resultados de este último round entre las tendencias que componen a un Frente convertido hoy en arena de combate no son nada alentadores. En este marco, ARENA emerge como un partido remozado que parece tener todos los elementos necesarios para mantenerse en el poder casi indefinidamente. Voluntad de poder, hermetismo y el favor de los grandes medios son los ingredientes que parecen hacer de ARENA un contrincante político imbatible. Analizar estos elementos es importante para intentar comprender, por comparación, el porqué de la debacle del FMLN.
Que ARENA es el partido con mayor grado de institucionalización no cabe la menor duda. Su unidad partidaria no sólo ha resistido y ha logrado salir avante de situaciones tan explosivas como la generada por los magros resultados electorales que obtuvo en 1997 o los frecuentes choques de interés entre los grupos que la integran (el financiero vrs. el agropecuario, por ejemplo), sino que ha dado tanto de sí como para permitir la autonomía y singularidad de un Francisco Flores. Como ya hemos dicho antes (ver Proceso, 850), mucho de esta institucionalidad, mucha de la férrea disciplina partidaria de la que ha hecho gala, se debe a la total aceptación y apego a una voluntad de poder que está por encima de cualquier diferencia individual o de grupo. En otras palabras, en ARENA no hay interés individual o iniciativa de grupo que, llegado el momento, no se subordine a las exigencias de una institución definida por su afán de eternizarse en el poder.
Esto, por supuesto, se traduce en un pragmatismo radical. Un pragmatismo que posibilita estudiar y/o escoger cualquier ruta —por muy heterodoxa que pueda parecer— para mantener al partido a la cabeza de la competencia política. Por todo esto es posible que hasta la fecha sean pocos los casos en los que un miembro de ARENA critique abiertamente a su partido o a alguno de sus pares, o divulgue abiertamente que sus intereses no coinciden con los de la entidad. Cualquier miembro o grupo al interior de ARENA sabe que sus opiniones particulares pueden y deben quedar en un segundo plano frente a la necesidad imperiosa de mantenerse en el poder. Así pues, la única fidelidad, la fidelidad que está por encima de cualquier otra, es la que se le debe a la voluntad de dominio político y gubernamental; todas las otras son perfectamente supeditables y postergables.
Si la institucionalidad arenera se alimenta en su interior de esta voluntad de poder, a nivel externo, de cara a la opinión pública, se nutre, por un lado, del hermetismo partidario y, por otro, de la ductilidad de los grandes medios de comunicación frente a los requerimientos y necesidades del partido. El hermetismo ha hecho posible que, aun cuando las tensiones y discusiones al interior de ARENA han alcanzado su mayor intensidad, hacia fuera el partido haya proyectado una imagen de relativa serenidad que hace difícil para sus detractores la tarea de señalar con tino los orígenes y causas de sus resquebrajaduras. Lo que pasa al interior de ARENA se queda en ARENA; sus desavenencias y luchas intestinas casi nunca salen a la luz pública.
Por su parte, los grandes medios de comunicación no sólo respetan este hermetismo (sus reportajes y notas nunca van más allá de las declaraciones escuetas y poco reveladoras de sus miembros), sino que están rendidos frente a los intereses del partido (los cuales, la mayoría de las veces, coinciden con los propios). Al margen de las críticas que se limitan a ciertas personalidades de ARENA, los grandes medios robustecen la institucionalidad del partido al no cuestionar las estructuras y mecanismos de la entidad en su conjunto. Desde la versión de los medios es siempre un arenero y no ARENA el que tiene un desempeño mediocre o el que se conduce anómalamente. Así, las actitudes y comportamientos individuales aparecen siempre desconectados de las dinámicas institucionales del partido.
¿Qué pasa con el FMLN? Si en ARENA la jerarquía de prioridades está dominada por la voluntad de poder, en el Frente la cúspide de la pirámide la ocupa la fidelidad a los principios ideológicos. Así, si en el primero es posible resolver las diferencias de grupo recurriendo al afán común de alcanzar el poder, en el segundo la práctica política concreta queda supeditada a una cuestión de identidad (fidelidad ideológica). Si hace crisis la cuestión ideológica, hace crisis la práctica política. Por ello, lo que se ha tratado de resolver en las múltiples convenciones del Frente no es quién y qué es más adecuado para realizar una práctica política eficaz y competitiva, sino más bien quiénes y qué principios se adecuan más a la identidad ideológica efemelenista —si es que acaso existe alguna.
Para un arenero, supeditar sus intereses a la voluntad de poder que define a su partido es ganancia; por el contrario, para un efemelenista poner en entredicho sus principios es atentar contra el partido y la identidad que le da sentido. Es por ello que palabras como "traición" o "dogmatismo" están omnipresentes en cualquier discusión entre los miembros del FMLN. En el Frente, un líder es siempre un sacerdote de las ideas (enfrascado en difundirlas y preservar su pureza); en ARENA, por el contrario, el líder es el pragmático sin más ideal que la consecución del poder. De esta manera, para el Frente es siempre fundamentalmente problemática la diversidad, pues el principio rector es la fidelidad a una identidad ideológica incuestionable que da las pautas para interpretar y moverse en la realidad.
Por otro lado, es este apego fanático a las ideas lo que en gran parte ha impedido que el FMLN pueda mantener sus pugnas internas en el marco de la discreción y el control. El hermetismo que impide el desgaste político fue imposible cuando los miembros del partido, imbuidos en sus gestas ideológicas, se vieron impelidos a manifestar públicamente quién era o quién no era un verdadero efemelenista (la devoción a una identidad ideológica implica siempre purgar en plaza pública a los que transgreden el orden de la comunidad). Fue demasiado tarde cuando el FMLN, en un atisbo de racionalidad política, decidió clausurar su comidilla a los ojos de la opinión pública. El silencio que se pretendió imponer antes y después de la última convención fue inútil, pues todo lo que los miembros del FMLN podían decir unos de otros para dañar la institucionalidad del partido ya estaba dicho.
Sumado a esto, el FMLN se ha enfrentado a unos medios de comunicación ansiosos de mostrar la ineptitud y desorientación del partido y sus miembros. Unos medios que han magnificado los errores, han espoleado las diferencias y han utilizado a cada líder efemelenista que se prestó al juego como pasto para alumbrar la lucidez, serenidad y aplomo de Francisco Flores y su partido. De nuevo tarde, el FMLN comprendió que debía ser prudente con la prensa y que debía diseñar una estrategia eficaz para no caer en las provocaciones de entrevistadores y periodistas.
En junio, el FMLN tendrá una nueva cita consigo mismo; en ella intentará, tal vez por última ocasión, encontrar los mecanismos para reintegrarse a la carrera política con un mínimo de estabilidad interna. Con lo que se ha visto hasta ahora, es difícil no vaticinar que lo que en la próxima convención se acuerde no será nada más que los términos del acta de defunción de un partido que tuvo posibilidades de llegar al ejecutivo y el acta de nacimiento de un instituto político destinado a la irrelevancia y la continúa fragmentación.
Un aspecto de la pobreza al que se le presta poca atención es que ésta genera una elevada vulnerabilidad ante amenazas naturales. No es casual que fenómenos naturales de similar intensidad afecten en mucha mayor cuantía a los países en desarrollo. Por ello, se ha llegado a plantear que los desastres son en realidad evidencia de severos déficits en el desarrollo de los países. En este contexto, los efectos de la depresión tropical "Mitch" sobre el ámbito nacional llamaron nuevamente la atención sobre el tema y han generado una discusión sobre la necesidad de incorporar la prevención de los desastres en los planes y programas de desarrollo.
En realidad esta no es ninguna idea nueva, los estudios históricos y sociales de los desastres vienen señalándolo desde hace por lo menos dos décadas. Incluso las Naciones Unidas declararon la década de 1990 como el "Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres" para llamar la atención de los gobiernos sobre la importancia de la gestión de los desastres para minimizar su impacto.
"Mitch" vino a colocar la temática en perspectiva para el área centroamericana por la devastación sin precedentes que provocó, lo cual reafirmó la necesidad de la prevención de desastres y generó mayor apertura hacia el tema en los organismos financieros internacionales, en especial en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto ha motivado la formulación de planes de reconstrucción de los países del istmo más afectados (Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador), cuyas versiones preliminares se conocieron en la primera reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, creado a iniciativa del BID.
A esta dinámica se ha venido a sumar el esfuerzo del Sistema Operacional de las Naciones Unidas en El Salvador por promover la incorporación de la sociedad civil en la formulación de las estrategias de estos planes de desarrollo. Esta incorporación, al menos en el caso de El Salvador, ha generado un notable proceso de consulta que ha involucrado a diversos sectores sociales. En este contexto, vale la pena reflexionar sobre el contenido del Plan de Reconstrucción que el gobierno presentó en la primera reunión del Grupo Consultivo, así como sobre los primeros resultados del proceso de consulta.
Para empezar, el Plan, aunque fue elaborado explícitamente para abordar la problemática de la reconstrucción, no refleja casi ninguna preocupación por mejorar la forma en la que el Estado atiende la problemática de los desastres y, en general, las necesidades de desarrollo. De hecho, se ha podido constatar que la mayor parte de las propuestas contenidas dentro del Plan tienen poco o nada que ver con la atención de los efectos de "Mitch" o con la prevención de los desastres.
Resulta claro que en este proyecto el plan de prevención de desastres para el año 2000 está centrado en la rehabilitación de la red vial y de los sistemas de agua y saneamiento básico, mientras que la protección y restauración de los recursos naturales —uno de los factores que generan mayor vulnerabilidad— recibe únicamente una parte ínfima del presupuesto (aproximadamente un 15% del total), tal como lo refleja el Plan de reconstrucción y modernización productiva de El Salvador 1999-2020, presentado por el gobierno en la primera reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, en diciembre de 1998.
Otro dato importante es que la mayor parte de los fondos del rubro protección y restauración ambiental están destinados al desarrollo agrícola integrado (riego, drenaje y control de inundaciones, dragado, excavación, construcción de bordas, control de la erosión, deslizamientos e inundaciones). Además, la propuesta gubernamental de reconstrucción contempla implementar planes de restauración de caminos vecinales en zonas que no resultaron afectadas por "Mitch".
En este contexto, el Sistema Operacional de las Naciones Unidas en El Salvador se planteó la necesidad de desarrollar una propuesta alternativa, la cual contaba entre sus principales premisas el que "la emergencia puede convertirse en oportunidad para propiciar espacios en que las decisiones estratégicas de la reconstrucción preparen un futuro de mayor integración social".
Cabe señalar aquí que este esfuerzo ha tomado cuerpo cuando ya casi finaliza el denominado Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y solamente después del impacto de un desastre de grandes proporciones, especialmente en el caso de Honduras y Nicaragua. Con todo y su retraso, aún llega en buen momento para incorporar el tema de la prevención dentro de las futuras estrategias de desarrollo y dentro de las agendas de las agencias de cooperación y organismos financieros.
De esta manera, se ha desarrollando un proceso de consulta entre diferentes organizaciones de la sociedad civil y del gobierno a través de la cual se pretende formular una propuesta de reconstrucción que contemple la ejecución de políticas que reduzcan la vulnerabilidad social en diferentes ámbitos: sistemas de prevención de desastres y programas de vivienda, salud, educación, reconstrucción y ampliación de infraestructura, pequeña empresa rural y medio ambiente. Lo valioso de este documento radica en que ha surgido a partir de la incorporación de las observaciones de organizaciones de la sociedad civil y que, además, puede servir de aporte para que el gobierno se presente a la segunda reunión del Grupo Consultivo con un documento más coherente y con un enfoque de reconstrucción basado en la prevención de los desastres y la promoción de desarrollo sostenible.
Sin embargo, aún falta incorporar otros aspectos dentro de la propuesta de reconstrucción que contribuirían a optimizar su posible aporte para los esfuerzos de desarrollo. Por ejemplo, es necesario profundizar en la forma en que se articularán los esfuerzos por la reconstrucción con la dinámica propia del sector financiero o con las diferentes políticas económicas y sociales. Además, el hecho de que los resultados de la consulta convocada por Naciones Unidas se centren en propuestas que buscan reducir la vulnerabilidad de los sectores afectados recurrentemente por inundaciones, provoca que se descuide la incidencia de otro tipo de desastres que ya tienen historial en el país o que son amenazas potenciales (terremotos, erupciones volcánicas, explosiones, derrames de químicos, etc.).
Lo interesante de estas dinámicas es que muestran cambios importantes tanto a nivel internacional como nacional; especialmente porque abren la oportunidad de acceder a recursos financieros para superar los cuellos de botella propios de los procesos económicos salvadoreños, entre los cuales destacan el estancamiento de la producción agropecuaria y el deterioro del medio ambiente.
Estos primeros esfuerzos por incorporar la prevención de los desastres en los planes de desarrollo de el país constituyen un reconocimiento de la necesidad de revisar los efectos de los modelos de desarrollo para corregir o al menos mitigar los elevados niveles de vulnerabilidad social que han generado. El gobierno debería aprovechar el momento para acceder a la cooperación internacional en términos más favorables, reducir la vulnerabilidad social y evitar que en el futuro se tengan que sufrir nuevos desastres.
Mientras la gente de buena voluntad de todo el mundo asiste perpleja a la tragedia de Kosovo y al poderío con que Estados Unidos y la OTAN imponen la guerra y la violencia en el corazón de Europa, en Nicaragua estalló de nuevo una violencia que refleja el drama político de nuestra pequeña nación. Cuando los damnificados del "Mitch", muy lejos de la convulsionada Managua, continuaban esperando promesas y sufrían los desastres que las primeras lluvias causaron en lo ya "reconstruido", y cuando el gobierno preparaba su viaje a Estocolmo para "representarlos" ante la comunidad internacional, una violencia, tan explicable como insensata, se adueñó de la capital del país, Managua.
Las protestas iniciaron el 9 de abril a manos de grupos de estudiantes universitarios que reclamaban al gobierno entregar a las universidades estatales el 6% del presupuesto nacional, según manda la Constitución. Los alrededores de la Asamblea Nacional —escenario de la protesta— se convirtieron en un campo de batalla entre policías antimotines que lanzaban gases lacrimógenos y balines y manifestantes que tiraban piedras y hacían estallar morteros. La protesta de ese día marcó la pauta de las de los días siguientes: mezclados con los manifestantes, actuaban elementos que buscaban provocar incidentes con la policía.
El 14 de abril, unos 400 estudiantes se tomaron el edificio de la Cancillería durante dos horas. El 19, los estudiantes irrumpieron en el Banco Central. Ese día, la policía hizo un uso desproporcionado de su fuerza y un antimotín mató a un estudiante de derecho, Roberto González, atravesándole el corazón con una bala de goma que le disparó a escasa distancia. Tres policías resultaron heridos, setenta universitarios fueron detenidos y tres vehículos ardieron. El entierro del estudiante asesinado fue masivo. Siguieron las protestas. Las manifestaciones aparecían sembradas artificialmente de una creciente violencia.
Los reclamos por el 6% se hicieron con el tradicional disparo de morteros que acompaña siempre a las movilizaciones callejeras, pero incluyeron, a partir de un momento, y en creciente cantidad, las destructivas bombas de contacto de fabricación artesanal que no se habían vuelto a ver desde los tiempos de la insurrección contra Somoza. El 25 de abril, una de esas bombas, abandonada en los jardines de la Universidad Centroamericana, UCA, hirió a cuatro niños, mutilando el brazo y cegando de un ojo a uno de ellos. Los niños la encontraron y, sin saber lo que era, jugaron con ella.
El 29 de abril, sin resolverse el problema universitario, los trabajadores del transporte público iniciaron una huelga indefinida que anunciaron desde inicios de abril, reclamando al gobierno que bajara el precio del diesel, el más caro de Centroamérica. En los tranques que los huelguistas hicieron en distintos puntos de Managua buscando afectar la circulación vial, comenzaron a actuar las pandillas juveniles más activas de la capital. Distraían a las fuerzas policiales, apoyaban a los huelguistas o los atacaban, se enzarzaban en pleitos unas con otras. Hay indicios de que el FSLN buscó pandilleros y que los liberales hicieron lo mismo. El FSLN para "respaldar la lucha popular", el oficial Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para desprestigiar a los huelguistas y actuar contra ellos.
Fueron días inciertos. Por rachas, los barrios más pobres de la capital quedaron a merced de la violencia de las pandillas. Piedras, puñales y armas de fuego se unieron a los morteros y bombas de contacto. Delincuentes, manifestantes, huelguistas, pandilleros, francotiradores y curiosos aparecían mezclados en las calles de Managua, en una explosiva mezcla de intereses en la que era difícil mediar, negociar o imponer el orden. A la vez, la policía empezó a capturar de forma ilegal en sus casas a decenas de dirigentes barriales de un sector del FSLN, acusándolos ante los tribunales sin el debido proceso,
El 28 de abril, el presidente Alemán le ordenó al ejército unirse a la policía para enfrentar "una sincronizada escalada de la violencia" y "actos provocativos detrás de los que podrían haber intereses exógenos". El ejército actuó con gran disimulo y apenas se hizo visible.
El 30 de abril, la dirigencia estudiantil firmó un acuerdo con el gobierno y cesaron las protestas universitarias. Ese mismo día, el gobierno —intentando detener el serio desgaste económico causado por la huelga del transporte— firmó un acuerdo con una fabricada minoría de transportistas. La huelga continuó. El 4 de mayo, el gobierno tuvo que llegar a un acuerdo con el cohesionado gremio de los transportistas. Tras tres semanas y media de tensiones, incertidumbre y violencia, la calma volvió a Managua. Sólo la calma, no la paz.
Desde 1991, y año tras año, ninguna lucha reivindicativa ha tenido más persistencia y organización que la de los universitarios, que reclaman la partida del presupuesto que la Constitución ordena entregarles. Otros sectores, para quienes la Constitución establece también partidas fijas —que el gobierno incumple y no entrega—, son conscientes de esta ilegalidad, pero no pueden —o no logran— luchar de la misma forma por su derecho. Los estudiantes han hecho de esta lucha casi un mito, un ritual político movilizador que cada año convoca a un sector de la juventud.
La mayoría de los jóvenes nicaragüenses necesita una universidad subsidiada para convertirse en profesionales, a pesar de que el "modelo" ha ido cambiando bastante el panorama de comienzos de los años 90. Mientras 50 mil muchachos y muchachas estudian en las 10 universidades que se benefician del subsidio estatal, del 6%, las 22 nuevas universidades privadas —que han florecido estos años en todo el país, como hongos tras el diluvio neoliberal— acogen ya a 30 mil estudiantes.
La lucha por el subsidio estatal a las universidades es legal —más aún, es constitucional—, es legítima y es uno de los muchos esfuerzos por construir una sociedad más equitativa, donde todos puedan acceder a una educación superior de calidad si ésa es su vocación. Para un gobierno basado en un modelo no equitativo, y obligado por sus compromisos internacionales a recortar gastos, el mandato constitucional del 6% se ha convertido en una pesadilla recurrente.
Con una clara tendencia a no cumplir las leyes, el gobierno no entrega a las universidades el 6%, sino bastante menos. Lo mismo ocurrió durante los años del gobierno de Violeta Chamorro, cuyos funcionarios argumentaban que el 6% constitucional debía calcularse sobre el presupuesto de ingresos ordinarios —los impuestos— y no sobre el de ingresos extraordinarios —el que incluye las donaciones y los proyectos financiados por la comunidad internacional. Aunque se trata de una falacia, porque en el país sólo existe y se ejecuta un único presupuesto, este argumento lo ha seguido esgrimiendo el gobierno liberal.
El gobierno tendría de donde sacar recursos financieros para cumplir con el 6% constitucional. Lo que no tiene es voluntad política para orientar recursos en esa dirección. Para los "tecnócratas" del gobierno, el monto del 6% es exagerado e irreal, dadas las condiciones del país, y resulta desproporcionado en relación al gasto estatal en la justamente priorizada educación primaria, secundaria y técnica. Según el gobierno, a quienes se está subsidiando desmesuradamente con el 6% no es precisamente a los sectores más pobres, sino a los sectores medios urbanos. Además, así lo afirman, existen claros índices de ineficiencia y derroche en las universidades subsidiadas y al gobierno le es imposible ejercer controles sobre los recursos que les entrega, por el freno que le impone la autonomía universitaria.
Para los "políticos" del gobierno liberal, el 6% es uno de los rubros del gasto público más cuestionado, porque no obtienen de él ningún rédito político, no construyen con estos recursos ninguna clientela partidaria. Peor aún, ese subsidio fortalece la clientela rival: las universidades son siempre cantera de opositores, y ellos ven en los actuales claustros de profesores a influyentes remanentes del sandinismo.
Por su parte, la protesta de los transportistas de carga y del transporte público, que culminó en una huelga nacional de seis días —y que coincidió en el tiempo con la protesta de los universitarios—, tiene un contexto económico y político diferente al de la lucha por el 6%. El reclamo de los transportistas era más difícil de resolver para el gobierno. No se trataba de reasignar unos fondos u otros en el presupuesto. El reclamo tocaba uno de los terrenos más sensibles para el gobierno: los ingresos fiscales.
Desde hace meses, los transportistas se movían entre dos presiones del gobierno. Por un lado, el alza de los precios internacionales del petróleo disparó el precio nacional de los combustibles. Por otro lado, el gobierno se negaba a subir el precio del pasaje a los usuarios. Asfixiados entre ambas presiones, los transportistas exigieron al gobierno compartir los costos del alza del petróleo sin tener que subir el pasaje a la población. Una razonable reivindicación.
Al comienzo, la reacción del gobierno fue drástica, con una mezcla explosiva de autoritarismo provocador y neoliberalismo a ultranza. No sólo no se bajaría el diesel, sino que se liberalizaría totalmente el sector transporte, hoy regulado estatalmente. Este es el riesgoso estilo del gobierno. La toma de decisiones en política económica, con formas prepotentes, sin sondear, sin explorar posibilidades, sin consensuar, genera violencia.
Algunos creen que el presidente Alemán amenazó con la liberalización del transporte porque su margen de maniobra para reducir el precio del diesel era muy poco. Tocar la política impositiva de los combustibles —central en la recaudación total de impuestos— es prácticamente poner en cuestión todo el esquema macroeconómico de la actual política gubernamental. Tocar los ingresos fiscales es tocar el ESAF. Estos "toques" son hoy más graves porque con el huracán "Mitch" se desplomaron todas las proyecciones del gobierno en cuanto a ingresos fiscales, poniendo en cuestión la posibilidad de reducir el déficit fiscal, piedra angular de los compromisos del ESAF.
Provocación o no, los tecnócratas del gobierno buscan la liberalización del transporte porque "creen" en ella. Piensan que los transportistas reciben demasiados excedentes, a los que no accederían si el mercado fuera totalmente libre, sin ninguna regulación. Y a eso aspiran. Analizar de esta manera el mercado del transporte supone tener una posición neoliberal a ultranza, porque ni en los países más desarrollados se liberaliza totalmente el sector del transporte colectivo, en el que históricamente ha existido una firme intervención del Estado.
Pero los transportistas detuvieron —¿de momento?— la liberalización, consiguieron una modesta rebaja en el precio del diesel para su sector, lograron defender el modelo cooperativo con el que trabajan mayoritariamente, alcanzaron un compromiso del Banco Central con el sistema financiero que les permitiría facilidades en créditos para capitalizarse y mejorar el pésimo parque vehicular con el que funcionan. Hicieron retroceder al Presidente, tanto en sus formas autoritarias como en el fondo de las propuestas en las que se acantonó para no negociar.
Logro especialmente valioso de esta huelga fue la unidad alcanzada por el gremio, la capacidad negociadora que demostraron y la autonomía con la que lograron distanciarse de las manipulaciones de la cúpula del FSLN. Después de la huelga de los médicos en 1998, esta huelga es la segunda que consigue independizarse de la ambigüedad manipuladora con la que el FSLN se ha apropiado o ha fabricado luchas populares o brotes de luchas desde 1990.
El reclamo de los universitarios es justo, el de los transportistas también. Los universitarios tienen energías para ocupar las calles, los transportistas supieron organizarse para reclamar lo suyo. Igualmente, no faltan en la empobrecida Nicaragua de hoy problemas sociales gravísimos que puedan alzarse como banderas de protesta para los más diversos sectores; pero la crisis encuentra a los pobres desorganizados. Hay hambre y desempleo. La pobreza se ha transformado en miseria por todo el país. En las ciudades, los jóvenes sin oportunidades de estudiar, de trabajar o de dirigir sus energías al deporte, al ocio sano o a un compromiso colectivo, se convierten en pandilleros.
En este mar de tan extrema pobreza, las islas de extrema riqueza de una minoría, que no tiene pudor en ostentarla, convocan a la violencia. Un gobierno que sólo gobierna para un grupo dedicado a acumular riquezas, también lo hace. Una oposición controlada por quienes sólo aspiran a "darle la vuelta a la tortilla" para pasar a gobernar ellos genera violencia. Una violencia que, lamentablemente, tiene más de descomposición social y anarquía que de respuesta organizada.
La violencia, pues, de estos días hunde sus raíces más profundas en una histórica injusticia social, en las desigualdades crecientes, en la extrema inequidad que siguió a la extrema violencia de la guerra de los 80 y en la insolidaridad que caracteriza al actual sistema político y económico de Nicaragua. Por eso es importante insistir en que las raíces de esta violencia no las erradicarán montos de ayuda internacional, por colosales que sean. Tampoco las podrá erradicar un grupo nacional, por buena voluntad que tenga o por más justo que sea el programa que defienda. Son muchas, en definitiva, las razones de la violencia en Nicaragua. Y son muchas y diarias las tareas para quienes se decidan a parar los ciclos de las violencias. Sólo se detendrán con sacrificio y ejemplaridad personal, virtudes ausentes de la cultura neoliberal.
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Colaboración Equipo Envío, Nicaragua
De cara a los comicios recién pasados, todavía se escucharon algunas voces dentro del gobierno y el partido oficial reclamando la aplicación de la pena de muerte para los responsables de ciertos delitos. Lo que vino a bajarle el tono a esas "demandas", introducidas siempre en la discusión de manera antojadiza —principalmente al acercarse la realización de algún evento electoral—, fue la situación de dos salvadoreños procesados en Cuba por actos de terrorismo que posteriormente fueron condenados a morir fusilados y que, en la actualidad, esperan el resultado de los recursos utilizados para evitar que esa medida extrema se consume.
Al respecto, nuestra posición ha sido clara: la ejecución de delincuentes no es la solución para fenómenos que afectan a una sociedad determinada y cuyas causas son bastante profundas. Frente a la realización de un acto contrario a la ley, nuestra perspectiva invariable ha sido: establecimiento de la verdad, aplicación de la justicia, sanción de los responsables y reparación para las víctimas. Pero de manera pareja, igual para todas las personas y no partiendo de criterios discrecionales en los que ocupan un sitio privilegiado el rango militar, la capacidad económica o la posición social por encima de los elementos antes mencionados. Frente a la situación de los dos salvadoreños condenados en la isla caribeña, el IDHUCA ha mantenido una postura coherente: si cometieron un delito deben ser sancionados, pero no con la pena de muerte pues ésta no es la solución para los problemas de fondo que aquejan esa sociedad y que generan la realización de este y otro tipo de hechos.
Acostumbrados como estamos a esa "doble moral" que por regla general caracteriza a quienes ejercen el poder en El Salvador, observamos sin sorpresa cómo se rasgan las vestiduras aquellos que hace unos días pedían a gritos la pena de muerte para sus compatriotas acá y ahora se oponen a que ésta se aplique a dos salvadoreños en Cuba. Recientemente, tras escuchar al diputado "arenero" Walter Araujo sosteniendo que su partido ya no apoyaría la pena de muerte, un miembro del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país recordó irónicamente aquel baile de hace casi tres décadas —"La Yenka"— que en parte de su letra decía algo tan simple como lo siguiente: "Izquierda, izquierda... derecha, derecha... adelante, atrás... un dos tres..."
Más allá de ese simpático y sencillo símil, lo que se advierte es que el gobierno que está por salir y el partido oficial, no han sido capaces de estructurar una política de seguridad pública en el marco de una política global de Estado para enfrentar el fenómeno de la criminalidad en todos sus aspectos. Se ha ofrecido de todo: la ya citada e inútil Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, ampliar la aplicación de la pena capital, utilización de la Fuerza Armada, planes "Caminante" y "Guardianes", Grupos de Tarea Conjuntos, reforma de leyes, juntas de vecinos... ¿Qué más podemos esperar? Pues, desde nuestro punto de vista, lo que no se ha hecho hasta ahora: analizar seriamente el fenómeno, estableciendo cuáles son sus causas y efectos para plantearse las medidas de solución a adoptar en el corto, mediano y largo plazo tomando en cuenta aspectos tales como el económico y social, el jurídico y legal, el cultural y educativo, y el del funcionamiento institucional.
Vistas así las cosas, cabe volver al tema de la juventud salvadoreña que incurre en la realización de actos delictivos y de violencia. Al respecto, existen diversas alternativas que se pueden impulsar retomar; sin embargo, desde los círculos oficiales y algunos medios de difusión masiva se prefieren ignorar esas posibilidades, optando mejor por ofrecer "remedios rápidos" para esos males y por exacerbar los ánimos de una población angustiada a fin de obtener su apoyo ciego a nuevas formas de autoritarismo.
A nivel internacional, los esfuerzos encaminados a brindar un tratamiento orientado más a la guarda de estos jóvenes que a su represión comenzaron en 1985, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); posteriormente, en 1990, el organismo aprobó otros dos instrumentos para interpretar el contenido de éstas: las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad.
Los principios de tales directrices se fundamentan en la prevención de la delincuencia juvenil: si las y los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, si se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterios humanistas, pueden adquirir actitudes no criminógenas; asimismo, para poder prevenir la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de las y los adolescentes, respetando y cultivando su personalidad a partir de la primera infancia.
Para que eso se cumpla, la ONU establece que es necesario formular en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que, entre otras cosas, incluyan lo siguiente: análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y recursos; funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes que se ocupan de actividades preventivas; mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales; métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil; participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas.
Elemento importante de ese esfuerzo lo constituye la estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes. Asimismo, se debe considerar la participación de las y los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios, así como la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas.
Al tener en cuenta todo lo anterior, se debe analizar si el gobierno está cumpliendo realmente con tales directrices. De lo contrario, es válido preguntar: ¿qué tipo de protección a la niñez y la juventud brinda el gobierno para evitar que las y los jóvenes de hoy realicen actos contrarios a la ley y se conviertan en peligrosos delincuentes el día de mañana? De existir un verdadero compromiso gubernamental para el cumplimiento de lo establecido en estos instrumentos internacionales y en la Convención sobre los Derechos del Niño —suscrita y ratificada por el Estado salvadoreño— se estaría impulsando una política social dentro de la cual los planes y programas dedicados a las y los jóvenes sería una de sus prioridades.
Sin embargo, la realidad es otra: los jóvenes viven en un ambiente de hostilidad y violencia en el que predominan las armas y las drogas, careciendo de oportunidades para poder educarse y de espacios para su recreación. De ahí que el perfil de Gustavo Adolfo no sea más que la radiografía de la sociedad salvadoreña y de los múltiples males que la aquejan, al punto de tenerla al borde del precipicio: exclusión, violencia, impunidad, deterioro de las instituciones y desintegración familiar, por mencionar quizás los más acuciantes. Sin embargo, mientras la posición correcta sólo es sustentada por un reducido sector y formulada dentro de la discusión en un tono cada vez más bajo, la mayoría se empeña en buscar explicaciones cada vez más superficiales y, por tanto, distraer la atención de las verdaderas responsabilidades.
La segunda de esas posturas se encuentra condicionada por intereses particulares o de grupo; ella revela, además, la poca solidez y seriedad de su planteamiento al dejar de lado un hecho fundamental: las diversas transformaciones ocurridas durante los últimos años a nivel mundial y sus enormes costos sociales, sobre todo en los países del sur y que eufemísticamente son llamados "en vías de desarrollo". De estas, da cuenta un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).
Denominado "Estados de Desorden. Los efectos sociales de la globalización" y publicado en 1995, el mencionado documento destaca lo siguiente entre las principales tendencias a las mutaciones institucionales de los últimos años: la propagación de la democracia liberal, el dominio que ejercen las fuerzas del mercado, la integración de la economía global, la transformación de los sistemas de producción y los mercados de trabajo, la velocidad del cambio tecnológico y la revolución en los medios de comunicación de masas y el consumismo.
Innegable es que estos procesos han tenido algunos efectos positivos, pero hay que observar —para el análisis de los problemas y la búsqueda de sus posibles soluciones— los efectos negativos de los mismos. Dentro de ellos, resaltan: nuevas divisiones sociales generadoras de conflictos; notable incremento del poder de reducidos grupos élites nacionales e internacionales, sobre la base de un mayor sacrificio "de los grupos y países más pobres"; una competencia internacional mucho más feroz; un debilitamiento notorio en el potencial del sector laboral para organizarse; disminución de la capacidad estatal para la aplicación de las normas destinadas a la protección de dicho sector, para recaudar impuestos y para financiar programas sociales; eliminación de empleos; y erosión de las culturas nacionales y de los valores tradicionales. Todo esto no es fruto inevitable de la "evolución", aunque haya quienes así lo vean; es, más bien, una realidad "fuertemente influida por la agenda económica y política de los países industriales más avanzados".
Dentro de tal dinámica, los problemas de las mayorías excluidas no aparecen considerados como puntos prioritarios de los gobiernos. Sin embargo, cuando la ola de violencia que se registra en países como los nuestros aleja la inversión extranjera y ocasiona pérdidas económicas a los inversionistas locales, entonces sí se encienden las señales de alarma y se comienzan a buscar con urgencia "las soluciones más convenientes a sus intereses". En ese marco debe entenderse el por qué de las campañas tendientes a generar condiciones para que la población salvadoreña apoye medidas más drásticas en el combate a la delincuencia, especialmente cuando de ella se responsabiliza a jóvenes.
Nadie apuesta por tocar las raíces del fenómeno delincuencial como la desigualdad social que —entre otras cosas— restringe el acceso a la educación, vivienda, salud y trabajo digno. En toda esta polémica, aún no se ha escuchado la posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y eso tiene una sola explicación: no tenemos procurador. Eduardo Peñate Polanco, por ser una persona incapaz para cumplir con el mandato de éste, no ha opinado y con ello confirma la extendida preocupación sobre la situación de esta institución que —al igual que en otros temas— debería orientar la discusión en torno a la violencia, la inseguridad, la impunidad y el incumplimiento de sus deberes por parte del Estado. De no corregir el rumbo que lleva nuestro país en lo relativo al funcionamiento de las instituciones y a la democratización de las decisiones trascendentales, vamos directo a otro fracaso.
PRESUPUESTO. La Asamblea Legislativa aprobó, el 06.05, el Presupuesto General de la Nación para 1999, por un monto de 17 mil 79 millones de colones. Las negociaciones políticas lograron sumar apenas 45 votos. Es decir, dos más que los 43 necesarios para aprobar el plan de gastos del Estado. Los votos correspondían a los diputados de ARENA, PDC y PCN. Los técnicos del Ministerio de Hacienda decidieron reducir el ajuste a las partidas de Casa Presidencial y al Viceministerio de Transporte, a quienes recortarán 18 millones y 1.6 millones, respectivamente. A la Corte Suprema de Justicia se le recortaron 241 millones, con lo que su presupuesto quedó de 857.6 millones de colones. ARENA aprobó los bonos que servirán para financiar parte del gasto, así como la Ley especial de los recursos provenientes de la privatización de ANTEL, que también servirán para el mismo fin. Dichos bonos suman 2 mil 200 millones de colones, que serán colocados en los mercados financieros internacionales. Esto originó debates en el pleno legislativo, entre los diputados del FMLN, PLD, USC y CDU, quienes aseguraron que, al aprobar las fuentes de financiamiento casi al mismo tiempo, se ha violado la Constitución, que establece que el presupuesto debe estar basado en las leyes vigentes al momento de su aprobación (LPG 07.05 p.20).
FMLN. El 09.05, el FMLN realizó su IX Convención extraordinaria en la que aprobó la renovación de la dirigencia. En este sentido, se acordó que la Comisión Política, máximo organismo de dirección, así como el resto de directivas departamentales y municipales concluyan sus funciones en julio próximo. Los estatutos del FMLN señalan que cada dos años deben buscarse nuevas figuras para los organismos de conducción. Este año corresponde elegir autoridades; no obstante, el proceso se adelantó luego de que la línea "ortodoxa" (a la que se vincula Shafik Handal) introdujera una propuesta en la cual se solicitó la renuncia inmediata de quienes ocupan los puestos claves. La tendencia "renovadora" (a la que se adscribe Facundo Guardado) le apostó a un cambio gradual que culminaría con la elección definitiva de autoridades hasta octubre, pero no consiguió los suficientes votos para su propuesta, pues sólo obtuvo 347 votos, contra 391 de sus rivales. Francisco Lorenzana, de la tendencia ortodoxa, expresó que "los que hemos ganado en esta convención somos los que estamos más obligados en este momento a tirarle puentes a todos los compañeros, a reconocer que hay virtudes en las minorías". Por otra parte, se estableció que el último día de julio se realizará otra Convención efemelenista para elegir a los nuevos cuadros de dirección (LPG 10.05 p.4 y 5).
RETROCESO. Los partidos políticos coinciden al afirmar que los acuerdos logrados en la última Convención del FMLN, el 09.05, son un retroceso en el proceso democrático de ese instituto político. Según René Figueroa, de ARENA, el hecho de que los "ortodoxos" del Frente hayan retomado el poder significa que el proceso democrático se quedará en las palabras. Opinó que la línea dura del partido manipuló y aplastó a sus oponentes internos. El diputado arenero Julio Gamero expresó que con eso resultados "el pueblo no puede esperar adelantos, seguimos retrocediendo y siempre tendremos un FMLN que se opone, sólo por oponerse". Para ARENA, esta división entre las dos tendencias podría causar que los reformistas del Frente se ampararan en otro partido o formaran el suyo propio para las próximas elecciones. Asimismo, Rubén Zamora, de Convergencia Democrática, sostuvo que las tácitas rencillas del Frente acarrearían divisiones posteriores y que, además, los problemas en el FMLN no son de reglamentos sino de criterios políticos. El diputado del PLD, Kirio Waldo Salgado, fue de la opinión que los "renovadores" no tienen cabida dentro del Frente, por lo cual los problemas en este partido no podrán solventarse tan fácilmente (DH 11.05 p. 14).
MEDIOS. Unos 98 medios de comunicación podrían ser sancionados por identificar públicamente al delincuente juvenil Gustavo Adolfo Morales, alias "El directo". Medios de prensa escrita, radio, televisión y agencias de difusión internacional dieron a conocer el nombre y el rostro del menor delincuente. La jueza de Ejecución de Medidas al Menor Infractor, Berta Nohemí Reyes, aseguró que estudiaba la posibilidad de "sancionar a los medios de comunicación", apelando al cumplimiento de la Ley del Menor Infractor, la cual prohibe dar a conocer la identidad de un menor que está siendo procesado. Según la ley, a los funcionarios públicos (policías, jueces, fiscales, etc.) que identifiquen al imputado se les sancionará con un máximo de diez días de salario como multa; mientras que a los medios de comunicación (propietarios y/o periodistas) con un máximo de 100 días de salario. La funcionaria no especificó cuándo iniciará el proceso, pero reiteró que proceden las sanciones. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, sostuvo que la Ley del Menor Infractor no es aplicable a los medios, pues en ninguna parte de ella se establece que puede sancionarse a los periodistas (LPG 05.05 p.4 y DH 08.05 p.8).
OPINIONES. Ante la situación que actualmente enfrentan los medios de comunicación, luego de que la Jueza de Ejecución de Medidas al Menor Infractor manifestara la posibilidad de sancionarlos por identificar públicamente a Gustavo Adolfo Morales ("El Directo"), ha habido quienes defienden la posición de los medios. La Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) expresó su apoyo a la labor realizada por los periodistas. "Nuestra gremial apoya en forma incondicional a los medios de comunicación social y los exhortamos a continuar en su labor periodística, a pesar de las amenazas de la jueza [Berta Nohemí Reyes] y de la Fiscalía de procesar a los medios". Según la SCIS, la decisión de los medios de obviar el artículo que impide la publicación de fotos y nombres de menores fue acertada, ya que estaban brindando un servicio a la población. Para sostener la tesis, la gremial se apoya en el artículo 2 de la Constitución que establece que "toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la seguridad". El presidente Calderón Sol, por su parte, opinó que si los administradores de justicia "aplican la sana critica, no habrá juez que pueda condenar a los medios". Asimismo, confió en que, tanto la Asamblea Legislativa como la Corte Suprema de Justicia, utilizarán los canales correspondientes para que el caso no pase a más (LPG 06.05 p.4 y DH 11.05 p.10).
REFORMAS. El próximo 17.05, la Comisión de Legislación de la Asamblea deberá emitir un dictamen transitorio sobre las 91 reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal. Con esto, los diputados estarán a un paso de aprobar los cambios propuestos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Policía Nacional Civil (PNC). Por más de cinco meses, las reformas fueron engavetadas y sólo hasta hace dos semanas la Comisión inició su estudio con la ayuda de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE). El dictamen le permitirá a los legisladores determinar cuáles reformas son viables y cuáles necesitan ser revisadas, esta vez con la asesoría de un miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Procurador General de la República y un representante de los jueces. Antes de finalizar mayo, se espera que las reformas entren a la sesión plenaria para su aprobación. El FMLN ha dicho que apoya el documento provisional, pero que no firmará en el dictamen final si antes no se define el futuro de algunos artículos que contradicen la Constitución. "Hay puntos que riñen con la Constitución, por ejemplo, la propuesta de garantizar la defensa sólo cuando el individuo esté detenido y no desde el momento que tiene calidad de imputado", dijo Benito Lara, del FMLN (DH 12.05 p.6).
