Año 19

número 856

mayo 26

1999

ISSN 0259-9864

 

Editorial ARENA: la difícil conciliación de lo económico y lo social

Economía Balance económico del gobierno Calderón Sol

Opinión Pública Los salvadoreños evalúan el gobierno de Calderón Sol y formulan expectativas hacia el nuevo gobierno

Derechos Humanos PDDH y PNC: al borde de la muerte

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Una nueva administración de ARENA se prepara para asumir el mando del ejecutivo el próximo primero de junio. Los mejores augurios indican que, con el arribo de Francisco Flores a la Presidencia de la República, se podría iniciar un proceso de cambio en las relaciones entre el Estado, los empresarios y el partido ARENA. Obviamente, nadie puede asegurar el éxito de esa iniciativa, pero ello abriría nuevas perspectivas a la dinámica socio-política nacional, concretamente al nuevo sentido que podrían adoptar la formulación y ejecución de las políticas económicas y sociales. Por lo demás, una forma interesante de iniciar el seguimiento del nuevo gobierno es verlo a contraluz de lo que ofrecieron sus dos predecesores, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, cuando iniciaron sus respectivos mandatos.

Ante todo, conviene recordar que, bajo la administración Cristiani, el marco englobante de las políticas económicas —tal como están planteadas en el Plan de desarrollo económico y social 1989-1994— fue el esfuerzo por reorientar la economía con el objeto de "establecer un sistema de economía social de mercado, ya que esta ofrecía las mejores expectativas para alcanzar los objetivos globales del Plan de Desarrollo Económico y Social: obtener un crecimiento robusto y sostenido en el tiempo y elevar las condiciones de vida de toda la población, con énfasis en los grupos desposeídos". Tal como se formuló en el documento citado, lo que se buscaba era implementar un modelo de desarrollo económico que contribuyera a: i) crear las condiciones para la erradicación paulatina de la extrema pobreza; ii) lograr que el crecimiento económico fuera sostenido en el tiempo; iii) reducir el rol protagónico del Estado; y iv) estimular el pleno y eficiente uso de los recursos del país.

Por su parte, la administración Calderón Sol tuvo una preocupación económica fundamental, expresada en el Plan de gobierno de la república de El Salvador 1994-1999: "mantener un crecimiento enérgico y sostenido, mediante la modernización tecnológica, la continua capacitación de los trabajadores y la inserción del país a las cadenas de producción mundial. Este proceso tiene como finalidad generar más y mejores recursos, tanto para retroalimentar el proceso económico y mejorar la infraestructura, como para financiar la inversión en la persona humana y ampliar la calidad y cobertura de los servicios sociales. Consecuentemente, la generación de recursos financieros se concibe como un medio para la materialización de una política social sólida y dinámica". Precisamente, el "Plan de Desarrollo Económico tiene como objetivo facilitar la inserción del país en el proceso de modernización y globalización, para entrar con decisión por el camino del desarrollo integral, sostenido y sustentable (...). Esto demanda la creación de mecanismos y de una institucionalidad en el área económica que sea compatible con los fundamentos de una sociedad libre, democrática y participativa, que sustente un sistema que brinde igualdad de oportunidades para competir, que permita equidad en el goce de los beneficios del progreso y ofrezca múltiples opciones para que haya movilidad social".

Como puede verse, ni a Cristiani ni a Calderón Sol puede achacárseles que en sus propuesta de gobierno pasaran de largo sobre problemas como la pobreza, la exclusión social y la marginalidad. Lo que sí puede y tiene que cuestionárseles es que hicieran tan poco para hacer frente a problemas que ellos mismos pusieron como ejes socioeconómicos relevantes del quehacer gubernamental. Y es que, en el fondo, ninguna de las dos administraciones pudo conciliar el modelo de desarrollo económico impulsado a la luz de los preceptos neoliberales con los propósitos de equidad social con los que decían estar comprometidos. ¿Intentará Francisco Flores esa conciliación? Y, de intentarlo, ¿lo logrará?

Balance económico del gobierno Calderón Sol

Después de una década de gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lo que más destaca al examinar el comportamiento de la economía es que el objetivo principal de su modelo económico no ha sido logrado. La diversificación de las exportaciones y su conversión en la principal fuente de divisas del país aún está muy lejos. Además, la estabilidad económica y el crecimiento se deben principalmente a la afluencia de divisas del exterior (remesas y empréstitos).

El segundo gobierno de ARENA, encabezado por Armando Calderón Sol, aunque al principio no presentó ningún plan de desarrollo, planteó ofertas concretas en su "Plataforma económica para el desarrollo social", su "Plan de Desarrollo Social" y otros planes con los cuales se pretendía la reactivación del sector agropecuario. Una vez finalizada la gestión del gobierno de Calderón Sol, es oportuno evaluar sus resultados, para lo cual los dos primeros planes citados y los resultados macroeconómicos obtenidos en el período sirven de referente.

La "Plataforma económica para el desarrollo social", divulgada a principios de 1995, se planteaba como principales objetivos: el establecimiento de la libre convertibilidad del dólar y la fijación del tipo de cambio, la reducción de los aranceles, la modernización del sector público y el mantenimiento de la disciplina fiscal. En la práctica, puede detectarse que el tipo de cambio se ha mantenido inalterado, pese a que no se ha establecido la libre convertibilidad y a que el déficit fiscal aumentó a pesar del incremento de 30% experimentado en la tasa del impuesto al valor agregado (IVA). Los únicos cambios en la política económica son la desgravación arancelaria y la privatización de empresas de servicios básicos y del sistema previsional.

Lamentablemente, estas medidas no se han traducido en ninguna mejoría para las perspectivas de desarrollo del país. La estabilidad del tipo de cambio, la reducción de los aranceles y el incremento del IVA, para el caso, no han impedido que la economía salvadoreña se vuelva cada vez más dependiente de las divisas externas para su funcionamiento, tal como lo revela la evolución de las principales variables macroeconómicas entre 1994 y 1998. Por otra parte, las privatizaciones de las empresas de servicios básicos, como el teléfono y la distribución de energía eléctrica, han conllevado incrementos en las tarifas de los servicios, sin mejoras sustanciales en el suministro de los mismos.

Durante el gobierno Calderón Sol se ha acentuado la tendencia a que el crecimiento económico se concentre cada vez más en el sector terciario, con una evidente reducción de la participación del sector agropecuario y un eventual estancamiento del sector industrial. Esto a despecho de los ofrecimientos gubernamentales de medidas sectoriales para la reactivación del agro. No es extraño, entonces, que durante el período 1994-1998 la proporción de inversión pasara de un 19.8% a un 16.6% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que el consumo se haya mantenido en niveles elevados, superiores al 95% del PIB.

Consecuentemente con el limitado crecimiento de la producción exportable, el sector externo ha mostrado una clara dependencia de las transferencias privadas para equilibrarse y permitir incrementos en las reservas internacionales netas. Prueba de ello es que el déficit de la balanza comercial en 1994 fue de 1,325 millones de dólares, pero para 1998 ya se había incrementado hasta los 1,506.8 millones de dólares. A la base de este comportamiento se encuentra, evidentemente, un incremento de las importaciones muy superior al experimentado por las exportaciones. De hecho, las exportaciones crecieron en cerca de 1,220 millones de dólares entre 1994 y 1998, pero las importaciones —alentadas por la desgravación arancelaria— lo hicieron en cerca de 1,388 millones de dólares.

En este contexto, lo que cabría haber esperado es un deterioro de la posición externa de El Salvador, pero, muy por el contrario, el saldo de la balanza de pagos entre 1994 y 1998 pasó de 143.1 millones de dólares a 308.5 millones de dólares. Este incremento se explica, fundamentalmente, por el incremento de las transferencias privadas, las cuales pasaron de 1,001.1 millones de dólares a 1,483 millones de dólares entre 1994 y 1998. Es decir, la política comercial del gobierno no ha contribuido a la estabilización del sector externo, pues no ha podido combatir el creciente déficit de la balanza comercial y, por el contrario, parece haberlo estimulado.

En el área fiscal el gobierno saliente tampoco tuvo una gestión exitosa, ya que no fomentó la "disciplina fiscal", tal como se lo propuso inicialmente. De hecho, entre 1994 y 1998, el déficit fiscal pasó de representar un 0.7% del PIB a representar un 2.1%, pese a que, como se mencionó antes, en este período se incrementó el IVA en un 30%.

La privatización, por su parte, abarcó las telecomunicaciones y la distribución de energía eléctrica y supuso incrementos en las tarifas. A tal grado que el presidente Calderón Sol se vio obligado a continuar subsidiándolas para evitar incrementos aun mayores. Paralelamente, las tarifas telefónicas se incrementan periódicamente de acuerdo al aumento del nivel general de precios. Asimismo, la privatización del sistema previsional ha significado introducir descuentos por comisiones a las Administradores de Fondos de Pensiones (AFPs) que llegan a superar el monto que los trabajadores ahorran en las mismas.

En el tema social, los ofrecimientos del gobierno de Calderón Sol se plasmaron en el "Plan de Desarrollo Social", en el cual se proponían medidas en las áreas de educación, salud, vivienda, reforma del sistema previsional y promoción humana. Se afirmaba, además, que "para dar vida a los programas sociales y ratificar nuestro compromiso, hemos decidido duplicar el gasto público del área social en los próximos cuatro años, hasta alcanzar un 50% del presupuesto en 1999".

Al examinar la evolución del gasto social se constata que este ofrecimiento no fue cumplido y, por el contrario, inclusive se llegó a reducir el porcentaje del presupuesto asignado para gasto social. Para 1998, el gasto social fue de 24.5%, después de que en 1995 representara un 25.6%; para 1999 se espera incrementar el gasto social hasta un 26.6%, pero evidentemente éste todavía se encuentra muy lejos de la propuesta oficial.

El gobierno de Calderón Sol, aunque pudo gozar de estabilidad cambiaria e implementar medidas como la desgravación arancelaria y el incremento del IVA, no ha logrado estimular la actividad productiva ni sentar las bases para disminuir sostenidamente los déficits del sector externo y del sector público. En el área social no se implementaron todos los programas de compensación que se prometieron porque no se asignaron mayores recursos financieros para ello. Tampoco se lograron cambios sustanciales en las condiciones de vida de la población más vulnerable, especialmente de las zonas rurales.

El gobierno Calderón Sol se dedicó a administrar la bonanza posibilitada por la afluencia de divisas, con ello perdió cinco años que pudieron aprovecharse para construir un aparato productivo autosostenible. Junto con el incremento del gasto social, esto último será parte de los retos del tercer gobierno de ARENA.

Los salvadoreños evalúan el gobierno de Calderón Sol y formulan expectativas hacia el nuevo gobierno

Los salvadoreños adjudicaron una calificación promedio de 5.89 a la gestión completa del gobierno de Armando Calderón Sol sobre una escala de 0 a 10, según revela la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. La pesquisa, realizada con el objeto de conocer lo que piensan los salvadoreños sobre los cinco años de gestión del segundo gobierno de ARENA, se llevó a cabo entre el 15 y el 18 de mayo del año en curso, con una muestra nacional de 1,266 adultos de los catorce departamentos del país y con un error muestral del 4 por ciento. El sondeo revela, en términos generales, que el gobierno de Armando Calderón Sol alcanzó a mejorar su imagen frente a los ciudadanos en el final de su mandato y de hecho se retira con la calificación más alta desde la evaluación de los 100 primeros días, pero no logró obtener la aprobación de la mayoría de los salvadoreños a causa de la persistencia de los problemas fundamentales del país: la delincuencia y la economía.

Como es habitual en los sondeos del IUDOP sobre evaluación gubernamental, se preguntó a los salvadoreños sobre los aspectos positivos y negativos de la administración gubernamental que está por terminar. El 61.1 por ciento de los ciudadanos percibió cambios positivos en el país desde que entró el gobierno de Calderón Sol, mientras que el 37.5 por ciento no percibió cambios positivos en la sociedad salvadoreña. En el otro lado de la moneda, un poco más de la mitad de los salvadoreños, el 52 por ciento, dijo haber percibido cambios negativos en el país en estos cinco años de trabajo gubernamental, en tanto que casi la otra mitad no percibió cambios negativos.

En términos generales, se pidió a los salvadoreños que comparasen la situación del país con las condiciones de hace cinco años, antes de que entrara el actual gobierno. Las opiniones son muy divididas al respecto. El 36.6 por ciento piensa que el país está peor que hace un quinquenio, el 33.7 por ciento considera que el país está igual —es decir, que no han habido cambios—; mientras que el 28.1 por ciento considera que el país está mejor.

La encuesta de la UCA revela que un poco más de la tercera parte de la población identifica la construcción de infraestructura vial y general en el país como uno de los principales logros del gobierno de Calderón Sol. El resto de los ciudadanos se divide en señalar otros aspectos como la educación (9.7 por ciento), las medidas económicas (6.2 por ciento) y el mejoramiento de los servicios públicos (3.4 por ciento), entre otras cosas. Sin embargo, cerca del 35 por ciento no supo o no pudo identificar logros de la gestión gubernamental.

Por el lado de los fracasos, el sondeo sugiere que los salvadoreños no logran ponerse de acuerdo sobre un fracaso particular, aunque se suelen decantar más por los problemas del país. Un poco más de la quinta parte de los consultados, el 22.2 por ciento, identificó el incremento de la criminalidad como el principal fracaso de la segunda gestión arenera, seguido de una serie de aspectos relacionados con la economía: la situación económica del país (9.4 por ciento), el desempleo (6.2 por ciento), la preferencia hacia los más ricos (7.8 por ciento), entre otras respuestas. Cerca del 38 por ciento tampoco supo o pudo identificar algún fracaso.

Junto con la delincuencia, la economía se constituyó en el principal punto débil de Calderón Sol hasta el final de su mandato. El 40 por ciento de los ciudadanos piensa que la situación económica del país empeoró con el gobierno que finaliza, frente a sólo un 19.4 por ciento que dice que mejoró. A nivel de economía familiar, la mayoría de opiniones se concentran en decir que sus condiciones se mantuvieron igual.

Interrogados directamente por el grupo más beneficiado por el gobierno de Calderón Sol, el 40.8 por ciento dijo que éste se preocupó sólo por los ricos, en tanto que el 19.5 por ciento dijo que se preocupó por todos los ciudadanos y el 18.2 por ciento señaló que el gobierno sólo se preocupó por sí mismo.

Además se preguntó a los ciudadanos sobre qué tanto el gobierno había escuchado las demandas de la población. El 10.1 por ciento dijo que mucho, el 23.7 por ciento dijo que algo, mientras que el 62.6 por ciento dijo que poco o nada.

La encuesta de la UCA pidió a los ciudadanos que evaluaran el trabajo de algunos ministerios y secretarías del gobierno de Armando Calderón Sol usando una escala de calificación de 0 a 10. Las dependencias mejor evaluadas fueron la Secretaría Nacional de la Familia y el Ministerio de Educación con notas promedio de 7.38 y 7.27 respectivamente. El Ministerio de Salud fue calificado con una nota de 6.89, seguido del Ministerio de Obras Públicas con 6.84, el Ministerio de Seguridad Pública con 6.12 y el Ministerio de Hacienda con 6.01. Las instancias calificadas con las notas más bajas son: el Ministerio del Interior (5.99), el Ministerio de Medio Ambiente (5.91) y el Ministerio de Economía (5.41). El resto de secretarías gubernamentales no fueron evaluadas por considerarse que su trabajo no ha sido muy visible a los ojos de la población.

La encuesta de la UCA dedicó una de sus partes a la recolección de expectativas de los ciudadanos hacia el nuevo gobierno de Francisco Flores. Preguntados sobre el principal reto que deberá enfrentar y resolver el nuevo presidente, el 44.7 por ciento dijo que combatir y erradicar la delincuencia, el 17.7 por ciento afirmó que deberá eliminar la pobreza y el 12.3 por ciento mencionó erradicar el desempleo entre otras propuestas. Estas respuestas enfatizan el deseo de la población de que los principales problemas del país sean finalmente resueltos.

El 84.1 por ciento se pronunció porque el nuevo gobierno cambie la política económica que implementó la administración Calderón Sol y el 79 por ciento sostuvo la misma opinión con respecto a la política de seguridad pública.

A los consultados se les preguntó por la propuesta o plan que debería guiar a la próxima administración para gobernar el país: el 30.3 por ciento afirmó que debería seguir la Nueva Alianza, es decir el plan de campaña de ARENA; el 19.4 por ciento mencionó como guía al Plan de Nación de la Comisión Nacional de Desarrollo; mientras que el 11.9 por ciento hizo referencia a "Crecimiento con participación" de FUSADES. El resto no supo responder a la pregunta.

Finalmente, la encuesta de la UCA reveló que buena parte de la población, el 65.5 por ciento, piensa que Francisco Flores representa un cambio positivo en la política del país, frente a un 24 por ciento que afirmó lo contrario y un 10.5 por ciento que no quiso dar su opinión.

El sondeo del IUDOP para evaluar los cinco años de gobierno de Armando Calderón Sol mostró que éste finaliza su mandato con una opinión dividida con respecto a su gestión, aunque con un porcentaje importante de aprobación y apoyo. A pesar de que estos niveles de aprobación no parecen llegar a los del primer gobierno de ARENA, la tendencia de las evaluaciones a lo largo de su administración indica que el segundo gobierno de ARENA logró recuperar ciertos niveles de aprobación al final de su período, no obstante haber sido bastante impopular en buena parte del mismo y del hecho que la tercera parte de la población lo acusa de haber entregado un país peor que el que recibió.

Desde la opinión pública, lo positivo se explica por la realización de considerables y palpables obras de infraestructura y por el perceptible y publicitado trabajo de la Secretaría de la Familia y de la cartera de educación. Sin embargo y según los salvadoreños, las fallas fundamentales del gobierno se siguieron concentrando hasta el final de su mandato en la incapacidad para solucionar los problemas de delincuencia y de economía que sufre la mayor parte de la población. Desde esta perspectiva buena parte de los salvadoreños sintió que el gobierno no se preocupó por ellos y que muy pocas veces fueron escuchados por el aparato gubernamental.

De ahí que esperan que el nuevo gobierno se preocupe efectivamente por cambiar el rumbo del país escuchando a los ciudadanos, promoviendo la seguridad pública y mejorando las condiciones de vida de la mayoría de la población.

PDDH Y PNC: al borde de la muerte

Hace más de siete años, la sociedad salvadoreña recibió con alegría e ilusión el acuerdo final firmado entre el gobierno y el FMLN. Con ello, se pretendía poner fin a más de doce años de guerra que ocasionaron —entre los costos más elevados— alrededor de 75 mil muertes y más de ocho mil desapariciones forzadas. Para evitar la repetición de este tipo de hechos, se planteó la creación de dos instituciones cuya misión fundamental estaría enmarcada en el ámbito del respeto irrestricto y la promoción de los derechos humanos. Así, dentro del documento suscrito en Chapultepec el 16 de enero de 1992, las partes dejaron establecidas las condiciones para el nacimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Desde el inicio y hasta aproximadamente sus tres años de vida, ambas contaron con el apoyo y la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); ésta, a través de su misión de observadores, evaluaba constantemente su actuación y hacía recomendaciones al gobierno salvadoreño con el propósito de corregir los errores y superar las dificultades que se iban presentando en el camino. De 1996 en adelante, quedó en manos salvadoreñas el rumbo y destino de ellas.

Para la PNC, el reto era enorme: constituirse como algo nuevo en lo relativo a su organización, personal, mecanismos de formación, adiestramiento y doctrina. Todo ello debía proyectarse a través de una imagen distinta a la de los anteriores cuerpos de seguridad que, en la práctica, llegaron a convertirse en instrumentos privilegiados para el desarrollo de una política autoritaria y represiva; debía, la PNC, desarrollar y aplicar sus mejores capacidades para ganarse la confianza de una población que —en el pasado reciente— había sido víctima de acciones ilegales realizadas o dirigidas por agentes estatales. En cuanto a la PDDH, ésta nacía sin ningún antecedente en el país más que la violación grave y sistemática de los derechos humanos; su misión estaba orientada a garantizar la promoción y defensa de los mismos a partir de una actividad encaminada fundamentalmente a: denunciar las violaciones, educar a la sociedad entera sobre el tema, tender puentes entre las personas particulares y sus servidores, y proponer mecanismos para mejorar.

En ambos casos, las bisoñas instituciones tuvieron que enfrentar serios y abundantes obstáculos como resultado de un liderazgo político muy falto de visión de país y, por ende, encerrado en sus miserias de grupos partidaristas cuyo horizonte no va más allá de las elecciones que siempre tienen frente a sí. El cuerpo policial, desde el principio, fue el que recibió más críticas y señalamientos debido a la participación de algunos de sus miembros en actos delictivos y graves violaciones a los derechos humanos. Ojalá alguna gente todavía recuerde las ejecuciones en serie de "mareros" y presuntos delincuentes, sobre todo en el oriente del territorio nacional, cuya responsabilidad fue atribuida a grupos de exterminio como la "Sombra Negra" allá por 1994; tras varias denuncias se logró capturar a ciertos individuos y, entre ellos, aparecieron miembros de la PNC señalados hasta por una integrante del cuerpo como partícipes de las acciones ilegales de este grupo.

Estos y otros graves hechos de violencia se vieron reflejados en los informes de la misión internacional de observación y verificación. Según la versión oficial, fue a petición del gobierno encabezado por el ya casi ex presidente Armando Calderón Sol que, en 1995, dicha misión elaboró un documento acerca del estado en que se encontraba la seguridad pública. En el mismo, la observación de la ONU recalcó la necesidad de "efectuar correctivos, algunos de ellos de fondo, que transformen a la PNC en un eficaz instrumento de seguridad pública, y que eviten corra el riesgo de perder su condición de institución al servicio de la comunidad, convirtiéndose en una nueva estructura de poder, cerrada y con crecientes rasgos de autoritarismo".

Esos y otros señalamientos de similar calibre, no eran más que el reflejo de algo que el pueblo salvadoreño estaba viviendo y sufriendo en carne propia al ser —a la vez— testigo y víctima de las transformaciones y deformaciones al interior del cuerpo. Las advertencias de la ONU no habían surgido de la nada; eran producto de un sinnúmero de hechos graves y preocupantes que amenazaban con desnaturalizar la institución. En ese marco, las dos principales causas que pudimos detectar y denunciar —independientemente de que muchos nos miraran y calificaran como pesimistas— fueron: una deficiente conducción al más alto nivel y el mal funcionamiento de los mecanismos de fiscalización y control disciplinarios internos. Con estos antecedentes, poco a poco, la población fue retirando la confianza depositada en la institución.

Pero eso no era todo. Para colmo de males y quizás como consecuencia de lo anterior, se comenzó a revelar una cada vez mayor incapacidad por parte de la PNC en el combate a la delincuencia común y el crimen organizado; este último, sobre todo, se ha ido posicionando poco a poco en el país, minando estructuras conocidas antes como "respetables" y llenando de luto a la población. Todo ese cuadro era más que suficiente para hacer reaccionar a quienes debían cambiarle el rumbo al cuerpo. En este sentido, en reiteradas ocasiones, el IDHUCA se pronunció por la urgente realización de los cambios necesarios dentro del ámbito gubernamental encargado de manejar la seguridad pública; en otras palabras: la depuración que se requería debía comenzar por la cúpula ministerial y no al interior del cuerpo, independientemente de que también había que barrer lo sucio dentro de la PNC.

Contrario a este caso, la PDDH —sobre todo bajo la administración de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés— logró ubicarse como la institución nacional que generaba mayor credibilidad y confianza entre la gente. Y es que siendo justos, desde cualquier óptica que se quiera enfocar —pese a las amenazas a muerte y las presiones constantes a las que se vio sometida— la ex procuradora tuvo la valentía suficiente para hacer lo que nunca antes se había visto en la historia del país: señalar desde una instancia del Estado a quienes, ocupando un cargo en la administración pública, cometían o toleraban violaciones a los derechos humanos.

No obstante su gran esfuerzo y valioso trabajo, la doctora de Avilés fue objeto de críticas y ataques por parte de aquellos sectores —oficiales o no— cuya mentalidad no alcanza a sintonizarse con la letra pero sobre todo con espíritu de los acuerdos que pusieron fin a la guerra. Pese a ello, no lograron opacar la imagen que ésta había generado tanto a nivel nacional como en el extranjero; por eso, hicieron uso de su poder para obstaculizar el trabajo de la institución que, como resultado, desarrolló su valiosa labor con grandes limitaciones. A pesar de todo, en 1996 —dentro de su informe ante la Asamblea General— el entonces secretario general de la ONU, Boutros Boutros Ghali, se refirió así del trabajo de la PDDH y su titular: "La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se fue consolidando paulatinamente el año pasado (1995), proceso al cual contribuyó considerablemente la propia procuradora gracias a su dinámica labor".

Así, mientras la PNC hacía esfuerzos por levantar su imagen, la PDDH —contra viento y marea— trataba de cumplir a cabalidad su misión. Producto de ello, El Salvador comenzaba a mostrar algunos avances en materia de derechos humanos, al menos en lo relativo a contar con una institución nacional en capacidad de prevenir hechos violatorios o de señalar a los responsables y sancionarlos moralmente cuando ocurrían. Pero en lugar de tomar las medidas necesarias para afianzar la buena imagen que proyectaba la PDDH y superar los serios problemas al interior de la PNC, la "clase política" nacional se ha encargado de poner en tela de juicio la sostenibilidad de ambas instituciones, desde la perspectiva de su eficacia para cumplir su misión constitucional; nuevamente, las componendas políticas generadas en los altos círculos del poder conspiran contra los logros más importantes que se alcanzaron en las negociaciones que pusieron fin a la guerra, que quedaron establecidos en el acuerdo de Chapultepec y que se convirtieron en una realidad cuando se aprobaron las respectivas reformas constitucionales que dieron paso a su creación.

Revisemos qué ha ocurrido con estas instituciones en los últimos meses. En el caso de la PDDH, al terminar el mandato de la doctora de Avilés se nombró al infinidad de veces cuestionado Eduardo Peñate Polanco; a la fuerza, los politiqueros de la Asamblea lo metieron en el despacho del procurador. De sobra hemos comentado los elementos que nos sirven de base para sostener una lucha declarada en defensa de esta institución. Diversos sectores han afirmado que no hay pruebas para demostrar los señalamientos que se hacen alrededor del nombramiento de Peñate Polanco; sin embargo, el IDHUCA acaba de entregar un resumen dentro del cual aparecen registrados 36 expedientes que se abrieron en distintos ámbitos estatales por su mala actuación como funcionario judicial. La mayoría de dichos expedientes tienen que ver con violaciones al debido proceso y retardación de justicia. Asimismo, se incluyen los resultados y las recomendaciones del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); "malo", "no satisfactorio", "suspensión de 3 a 15 días" y "suspensión de 15 a 60 días" son algunas de las cosas que se leen en el documento del CNJ.

Lo anterior tiene un nombre: reparto del poder. Algo similar ocurre ahora con la PNC; pese a que al momento de escribir estas líneas aún no se conocía oficialmente en manos de quién quedará la dirección del cuerpo policial, los rumores —cada vez más fuertes— apuntan hacia la figura Mauricio Sandoval, actual director del Organismo de Inteligencia del Estado, más conocido como OIE. Pero, ¿quién es realmente Mauricio Sandoval? En el pasado este oscuro personaje se desempeñó como secretario de comunicaciones de la administración encabezada por Alfredo Cristiani; fue, en esa época, el encargado de dirigir la cadena nacional encabezada por Radio Cuscatlán durante la ofensiva de noviembre de 1989. Precisamente, a través de este medio y del "micrófono abierto" que instaló la "población" pedía la muerte de los jesuitas, del arzobispo metropolitano y de su auxiliar, entre otros. Al conocer esta parte de la trayectoria de Sandoval, no es aventurado decir que —al igual que Peñate Polanco— no es la persona idónea para dirigir una institución cuyo fundamento es el respeto a los derechos humanos. Si así es como pretende integrar su gabinete de gobierno, el señor Francisco Flores comenzará bastante mal; porque poner al frente de la PNC a una persona como Sandoval podría provocar graves retrocesos en esta institución, ideologizándola y politizándola aún más para alejarla aún más de su misión. ¿Acaso Flores pretende convertir a la PNC en un nido de espías, como hicieron en el pasado con los antiguos cuerpos de seguridad? ¿se están preparando para cuando existan "enemigos políticos" como en el pasado, producto del modelo económico social excluyente que se está imponiendo?

Todo parece indicar que en la búsqueda del poder, los políticos están conduciendo a la PNC y la PDDH hacia el fracaso, reduciendo su papel a tal grado que no representen ningún peligro ni sean estorbo para sus intereses; por lo que se observa, están convirtiéndolas en otras instituciones a su servicio. Si esto es lo que pretenden, ya están bastante avanzados; sin embargo, semejantes desatinos están provocando graves daños a la población que cada vez se encuentra más indefensa ante las violaciones a sus derechos fundamentales, la inseguridad, la violencia y la impunidad.

González: El problema de la violencia no se debe ocultar

Luis Armando González, profesor de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, participó en el estudio La violencia en El Salvador en los noventa, el cual fue patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una investigación similar efectúa en Guatemala el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). González habla sobre lo que los guatemaltecos pueden aprender la experiencia salvadoreña.

Manolo Acabal (MA): Según su experiencia ¿cuál es la causa de la violencia y sus efectos en la economía?

Luis Armando González (LAG): En El Salvador, la causa inmediata fue la guerra y sus secuelas. Con el enfrentamiento armado mucha gente aprendió a manejar armas, a combatir y a utilizar tácticas militares. Excombatientes de ambos bandos, así como civiles, se dedicaron a cometer crímenes; por venganza o para ejecutar actos delictivos. También tiene que ver la cultura que se incubó durante el conflicto. La prepotencia, la agresividad y el irrespeto a la vida fomentó el comportamiento violento.

MA: ¿Qué porcentaje de la delincuencia corresponde efectivamente a los desmovilizados?

LAG: No hay números concretos, pero se puede determinar que gran parte de las personas vinculadas a la violencia son exmilitares, paramilitares o expatrulleros civiles que se han convertido en delincuentes. Muchos de ellos son excombatientes de la base del FMLN en las áreas rurales.

MA: ¿Cuál es el costo económico para la sociedad?

LAG: Se calcula un poco más de US $700 millones al año, según los datos de 1996 y 1997. Esto representa un 13.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador. En realidad, los datos aún se están depurando.

MA: ¿Cómo han respondido las instituciones para detener la ola de violencia?

LAG: Nuestras instituciones de seguridad y justicia sufrieron pérdidas de recursos y credibilidad durante la guerra. Ello las debilita y las vuelve incapaces de prevenir y atacar la delincuencia organizada, intrafamiliar y otros delitos complicados que hay en mi país.

MA: ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del estudio que hizo la UCA con apoyo del BID?

LAG: Lo más importante no fueron los datos, sino haber puesto en evidencia las dificultades para recabar información. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General pusieron muchas barreras para lograr el acceso a sus registros. Durante cinco meses estuvimos luchando para que se nos permitiera revisar los archivos y cuando al fin nos dieron la información los datos eran incoherentes, sin continuidad o inconclusos. Esto obstaculizó mucho el trabajo.

MA: ¿Había interés gubernamental en ocultar los datos?

LAG: Así es. Nos dimos cuenta cuando las autoridades quisieron ejercer presión sobre el BID para que no se publicara el informe. En ese momento, el gobierno de Calderón Sol quería hacer creer a la población que en El Salvador no había problemas, que una vez firmada la paz se vivía una etapa de tranquilidad. El informe se veía como una amenaza y hubo que demostrar que no era eso. El BID no cedió a las presiones porque no había ninguna intención política de favorecer o perjudicar a ningún sector a la hora de publicar el documento.

MA: ¿Qué papel ha jugado la empresa privada en la solución del problema?

LAG: En el Salvador, la iniciativa privada fue muy renuente a tomar en serio el problema, hasta que le afectó con fuerza. Llevó tiempo convencer a los empresarios que el impacto económico de la violencia les perjudica directamente. Las inversiones no llegan y aumentan las pérdidas por robos de vehículos, asaltos y secuestros. También suben los gastos en seguridad y contratación de seguros. En Guatemala, este sector debe colaborar aportando recursos económicos.

MA: ¿Ha dado resultados la difusión del estudio en El Salvador?

LAG: Nuestra contribución más importante fue haber despertado un debate público acerca de la violencia. En lo que se refiere a la disponibilidad de registros, para establecer una clasificación mínima y homogénea, todavía no hay avances importantes. Por lo menos se ha aceptado que la violencia es un problema que urge atender. Además, la iniciativa privada y el gobierno han creado un comité para buscar soluciones.

MA: ¿Qué recomendaciones puede dar a los guatemaltecos después de la experiencia salvadoreña?

LAG: Que no se debe ocultar el problema de la violencia. Hay que hacer registros coherentes para saber cuál es la situación del país; es necesario que el sector privado participe en la solución del problema y las autoridades deben mostrar voluntad política para agilizar los sistemas de información relacionados con este tema.

Conclusiones del seminario "La violencia en Guatemala"

· La violencia es uno de los problemas que más afectan a los guatemaltecos. Las demandas de la población por mayor seguridad y justicia se expresan en todas las encuestas de opinión y estudios de percepción.

· La violencia es un problema complejo, multicausal, ligado a problemas intrafamiliares, alcoholismo, drogas y una cultura de violencia que impide el desarrollo del capital social.

· Las estadísticas sobre la violencia son escasas, dispersas, poco oportunas, no comparables a lo largo del tiempo ni entre las distintas fuentes. Por ello la información disponible no es suficiente para dar seguimiento y analizar en profundidad la evolución del problema.

· La violencia es un fenómeno social que afecta a todos los países, especialmente a los latinoamericanos. Los costos económicos de la violencia son enormes en América Latina, pero se desconoce su verdadera magnitud en Guatemala.

· La percepción de las personas en las áreas urbanas pobres revela que la violencia tiene diversas manifestaciones y causas. Se trata de un hecho muy complejo que no se ha estudiado suficientemente en nuestro país.

· Pareciera que la violencia se relaciona directamente con las áreas urbanas de población mayoritariamente ladina. Las víctimas y los victimarios son hombres jóvenes en la mayor parte de los casos de violencia social.

· Las maras, el alcoholismo, la drogadicción y la desintegración familiar son algunas de las principales causas generadoras de la violencia.

· La violencia doméstica es un problema nacional.

· Hay que reformar al Ministerio Público, ya que existe mucha corrupción y también cuenta con personal poco calificado.

· Hay esfuerzos y logros positivos en la Policía Nacional Civil, y el Organismo Judicial está en proceso de modernización.

· Para lograr la confianza en las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad se necesita que se coordinen entre sí y que den a conocer a los ciudadanos los resultados concretos de su gestión.

· Si el Estado, como ente regulador y normador, es violento, la sociedad tendrá que ser violenta.

· La profesionalización, tecnificación y modernización de las instituciones encargadas del control de la criminalidad son tareas urgentes del Estado, pero dicha mejora no sólo debe manifestarse cuantitativamente, sino también, y sobre todo, cualitativamente.

· Las políticas públicas sobre la violencia y sus manifestaciones deben basarse en estudios interdisciplinarios.

· La violencia es en definitiva un problema de grandes dimensiones, frente al cual el Estado debe asumir de manera decisiva el papel que le corresponde, tomando siempre en cuenta la participación de todos los ciudadanos.

· La violencia es un problema grave cuya solución urge. Para ello se requiere una estrategia integral de largo plazo que involucre a todos los guatemaltecos.

· Es necesario promover en Guatemala una cultura de paz, respeto y tolerancia.

· Las políticas y soluciones deben proyectarse a todos los niveles: individual, familiar, comunitario e institucional.

· El Estado debe dar preeminencia a los programas de prevención, erradicación y sanción de la violencia intrafamiliar.

· El Estado debe poner en marcha programas de salud mental para lograr la armonía individual y, como consecuencia, la convivencia pacífica a nivel de la familia, la comunidad, la sociedad y la nación.

· Es necesario involucrar a los gobiernos locales para encontrar estrategias que garanticen efectivamente la seguridad de los vecinos.

RESIDENCIA. Cerca de 180 mil salvadoreños y algunos de sus familiares que califican para la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA) podrán optar a la residencia permanente en Estados Unidos. La comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), Doris Meissner, dio a conocer, el 20.05, el reglamento de la sección 203 que se refiere a salvadoreños, guatemaltecos y ciudadanos del ex bloque soviético. El ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Ramón Gonzáles Giner, expresó su satisfacción por el anuncio de Meissner. "Todo es positivo para los salvadoreños, estamos muy contentos por la gestión del presidente Clinton. Este es el resultado de una larga gestión del gobierno salvadoreño", expresó el ministro. Los compatriotas que pueden optar a la residencia permanente están incluidos en varios programas. Extraoficialmente se supo que uno de los requisitos más difíciles (la demostración de sufrimiento extremo en caso de deportación) ha sido flexibilizado para permitir el beneficio al mayor número posible de personas. A principios del año, Meissner aseguró que al considerar el sufrimiento extremo "tendremos en cuenta la capacidad del país para absorber el regreso de personas, las dificultades que la familia puede encontrar al salir de Estados Unidos y las condiciones ambientales del país de origen (LPG 20.05 p.12).

MERINO. Los diputados de la Comisión Política, formada por representantes del PDC, PCN y ARENA, lograron emitir un dictamen para ratificar en su cargo a Francisco Merino, del PDC, como presidente de la Corte de Cuentas. El segundo magistrado de la institución será Adbón Martínez, propuesto por el arenero Walter Araujo. La tercera magistratura le corresponderá al magistrado del Tribunal Supremo Electoral Arnoldo Marín, propuesto por Ronal Umaña. Francisco Merino fue reelecto y juramentado, el 20.05, para continuar en el cargo hasta el 2002. Esto a pesar de que la oposición del FMLN, Convergencia Democrática (CD) y Unión Social Cristiana ofreció sus mejores argumentos. Jorge Villacorta, de CD, pidió un espacio para que se diera un mínimo de discusión antes de reelegir al funcionario. Por su parte, Shafick Hándal, del FMLN, sentenció que era incorrecto el mecanismo que se estaba siguiendo. "No hay expediente, no hay dictamen de la Comisión Política, si ya tienen los votos, por lo menos háganlo legalmente", afirmó el efemelenista. Antes de finalizar su intervención, Hándal mostró palabras de resignación: "ya sabemos que nada va a cambiar, pero el pueblo tiene que saber que no todos los diputados somos iguales". El hecho de que los currículos de los aspirantes no fueron revisados también se utilizó como argumentó en contra de la reelección (LPG 20.05 p.20 y EDH 21.05 p.10).

PERIODISTAS. La Asamblea Legislativa estrenó la tercera semana de mayo su nuevo edificio de comisiones de trabajo, y a la vez inauguró una polémica dinámica de relaciones con los medios informativos. El centro de la discusión es el diseño del nuevo edificio, que sitúa a los periodistas fuera de las salas de sesiones de las comisiones. Incluso se restringe el acceso a los pasillos de las comisiones, mientras que en las antiguas instalaciones los informadores podían entrar a los sitios de las sesiones en todo momento. A esto se le suma un sistema de sonido que no cumple los requisitos mínimos para el trabajo de los medios informativos. Empero, el problema no es simplemente técnico. Para el periodista William Meléndez, de TV Doce, "ha habido una improvisación de colmos por parte de los diputados...se trasladan a un edificio sin que la prensa tuviera las condiciones mínimas para poder trabajar". "Es una bofetada a la opinión pública...si a los periodistas se nos restringe el derecho a la información, se restringe el derecho a la información que tiene todo ciudadano", agregó Meléndez. La periodista Ana Giralt, de El Diario de Hoy, dijo que los diputados "están actuando con soberbia: lo de poner guardias en las puertas es arbitrario, son decisiones absurdas que no hacen si no entorpecer el trabajo" (LPG 22.05 p.17).