Año 19

número 858

junio 9

1999

ISSN 0259-9864

 

Editorial Perspectivas del nuevo gobierno

Política Mensaje presidencial: de la crítica a la autocrítica

Economía Reactivación del sector agropecuario

Economía Nuevo gobierno hereda economía débil

Sociedad Cambio de actitud: uno de los retos para ordenar San Salvador

Sociedad ¿Solucionará Francisco Flores los problemas de género?

Noticias

El 1 de junio, Francisco Flores tomó posesión de la presidencia de la República, con lo cual el partido ARENA inició su tercer periodo consecutivo al frente del Ejecutivo. Evidentemente, Flores no parte de la nada, sino de un contexto económico-social y político cuyas dinámicas más importantes se han fraguado en el marco de las dos administraciones gubernamentales previas a su arribo al poder.

En este marco, habrá que cuidarse de las interpretaciones precipitadas; lo mejor será estar atentos a las dinámicas que se vayan gestando, sin valorarlas a priori como expresión de un cambio político sin precedentes —es decir, como una "profundización" de la democracia— o como la continuación de un esquema de ejercicio del poder heredado del pasado inmediato —es decir, como expresión de un "estancamiento" en la transición-consolidación democrática. La tesis de la "reversión autoritaria", aunque interesante y merecedora de la mayor atención, tiene que ser discutida en profundidad, para no caer en simplificaciones burdas del proceso político nacional.

Mensaje presidencial: de la crítica a la autocrítica

Uno de los puntos que levantó espuma en el discurso presidencial fue el boomerang que lanzó "a nuestra oposición política: El debate es estéril si no edifica. La crítica, si no propone y garantiza propuesta mejor es inútil". La frase recibió un largo aplauso que resonó como un eco triunfalista de vencedores sobre vencidos. Una vez pasado el evento, hay que decir que la frase del señor Presidente no fue muy afortunada. Es cierto que los partidos políticos, los de la oposición y los de la imposición, han perdido credibilidad ante el electorado (esto se manifestó claramente con un elevado abstencionismo). En este sentido, el boomerang debía ir dirigido a todo el abanico de partidos contendientes y hubiéramos aplaudido quienes seguíamos el acto por radio y televisión.

La frase fue poco afortunada por varios motivos. Quien realiza una crítica, en su sentido etimológico griego (krino= juzgar, evaluar), está emitiendo un juicio de valor, una ponderación, está buscando una explicación de la realidad. Un componente de la democracia activa es reaccionar frente a la realidad política, económica y social. Así se acababa de expresar el señor Presidente en el cuarto párrafo de su discurso: "Las libertades de pensamiento y expresión parlamentaria, y la de su crítica y análisis en los medios de comunicación, son cotidiana garantía, refrendo y espejo de nuestra convivencia recíprocamente respetada". Parecería que hubo dos manos distintas en la preparación de este discurso.

El derecho a la crítica no se reduce a la expresión parlamentaria, sino a toda la ciudadanía, como lo expresó la Mesa Multidisciplinar de Washington (Temas claves para el Plan de Nación): "Es por lo anterior que, en la etapa en que se encuentra la democracia salvadoreña, se requieren mecanismos que incluyan en la reflexión sobre el país a sectores amplios, especialmente los que no tienen filiación política. Son también necesarios esquemas firmes que garanticen al ciudadano el ejercicio de pedirle cuentas a sus gobernantes y no solamente de elegirlos. Y finalmente, se precisa un consenso básico y amplio sobre el destino del país, sancionado por el conjunto de la ciudadanía, que sirva de marco al juego de las fuerzas políticas y sociales". Desde la altura de Washington ven razones concretas para que la ciudadanía ejerza este derecho: "La impunidad, la corrupción, los enfrentamientos irresolubles, las negociaciones cupulares cerradas y otros vicios de la política van generando un distanciamiento de grandes sectores poblacionales del quehacer político, aun en democracias relativamente jóvenes"(p. 357-358).

Desde esta perspectiva y sin ser miembro de la oposición, el P. José María Tojeira le devuelve el boomerang al señor Presidente, en el artículo "La ética presidencial". "No toda crítica sin propuesta es mala. Al contrario, si un ministro o un funcionario actúa mal es necesario que el hecho se denuncie. Y a la hora de denunciar, el denunciante (crítico) no está obligado a proponer soluciones concretas. El que tiene que construir frente a esa crítica es el gobernante, no el gobernado. Y es más, un gobernante que no escucha este tipo de crítica se convertiría inmediatamente en un gobierno autoritario y carente de ética y política... La ampliación de la democracia pasa por escuchar todo tipo de crítica, y no sólo la que uno considere que tiene propuestas mejores que la propia. El autoritarismo político consiste en encerrarse en lo que uno considera mejor, sin atender a críticas y sin responderlas cuando se dan..." (CoLatino, jueves 3 de junio 1999; p. 12)

Un paso fundamental para trascender a la crítica constructiva es que el gobierno, su comité ejecutivo, sea el primero en hacer su autocrítica, su autoevaluación. Para ello es necesario que el gobierno haga una seria crítica de la realidad nacional y que se deje ayudar para hacer esta evaluación de la realidad nacional. En este sentido, tampoco son muy afortunadas algunas frases del discurso: "Gracias al esfuerzo continuado de los dos gobiernos anteriores, mientras otros países pueden encontrarse en un entorno de inestabilidad, los salvadoreños hemos consolidado unos fundamentos macroeconómicos estables y disciplinados. A pesar de que vaivenes de la economía internacional han reducido nuestras perspectivas de crecimiento en el corto plazo, el sistema robusto que heredamos nos permitirá enfrentar esta situación y volver en el futuro a índices de crecimiento mayor".

Este panegírico de los pasados gobiernos de ARENA desentona, en primer lugar, con otras fallas estructurales resaltadas en el mismo discurso: serios problemas de trabajo-empleo, educación , salud, agua, micro-pequeña empresa, sector agropecuario y "crecimiento de aquellos sectores productivos que, a pesar de su importancia estratégica, todavía se encuentran debilitados". ¿Dónde está el sistema robusto que heredamos? Desentona sobre todo con la realidad, y los nuevos ministros comienzan a hacer filigranas económicas para escamotear la sensible recesión económica abiertamente declarada por las gremiales empresariales y confirmada en reciente encuesta trimestral de FUSADES. Hay un problema estructural, la pérdida del poder de compra que se manifiesta en la liquidación de inventarios empresariales. Hay razones coyunturales: las elevadas tasas de interés, los encajes legales, los CAMs y los CEMs, la restricción del crédito, factores sobre los que discrepan las gremiales empresariales, la presidencia del BCR y los directivos del sistema bancario. Se pueden discutir las causales coyunturales, pero el efecto final es claro: no tenemos una economía robusta.

Con el cambio de gobierno era de esperar que se hiciera una nueva lectura de la realidad económica más de acuerdo con los análisis realizados en Temas claves para el Plan de Nación, Estado de la Nación en Desarrollo Humano y el Desafío Social presentado en el programa de FUSADES, que son críticas con propuestas. Ya es hora de que el gobierno transcienda la "alianza macroeconómica", como se le recomienda en reciente publicación de FUNDE: "La política macroeconómica predominante suele hacer de las cifras y estadísticas un fetiche. Los incrementos del PIB, las tasas de inflación, los déficit comercial o fiscal han llegado a tener ‘vida propia’ y han logrado sustituir la realidad a la que simplemente representan. El desarrollo se ha llegado a convertir en el desarrollo de las series estadísticas, mientras el bienestar de los pueblos se logra confundir con el bienestar de las variables macroeconómicas". Si el nuevo gobierno no entra en un proceso de autocrítica nos obliga a seguir con un interminable proceso de crítica, que nos ayude a darle al gobierno explicaciones de la realidad que éste se niega a reconocer.

Reactivación del sector agropecuario

El comportamiento del sector agropecuario es uno de los que más revela los resultados negativos de las políticas económicas implementadas durante las dos últimas décadas, así como el desfavorable contexto internacional para los precios de las exportaciones de café prevaleciente desde 1989, con la disolución de la Organización Internacional del Café y la consecuente caída de los precios internacionales del grano.

Los dos últimos gobiernos de ARENA no han sido ajenos a esta problemática, y ya el gobierno de Calderón Sol (1994-1999) proponía la adopción de un "Plan de Desarrollo Agropecuario". El nuevo gobierno de ARENA, encabezado por Francisco Flores, también ha ofrecido implementar políticas tendientes a la reactivación del sector agropecuario, las cuales interesa examinar rápidamente en las siguientes líneas.

De acuerdo al Presidente, los problemas del sector agropecuario "se pueden resumir en una palabra: rentabilidad", y para superarlos propone medidas en los terrenos de la infraestructura física, la asociatividad, el microcrédito rural y la promoción de canales de información. En ese sentido, las obras de infraestructura física pretenderían desarrollar la red de caminos rurales, incrementar las áreas bajo riego y promover el almacenamiento poscosecha de los productos. La asociatividad persigue que los productores actúen asociados para aprovechar "economías de escala en algunas fases del ciclo agropecuario" y sería —según Flores— "el principal objetivo del extensionismo agrícola". La política crediticia pretendería reorientar la política del Banco de Fomento Agropecuario para la atención del pequeño productor o comerciante. La difusión de la información, finalmente, buscaría desarrollar centros de información y la bolsa de productos agropecuarios para que la información que "estos provean, eleve la eficiencia de los mercados, y permita a los productores y comercializadores la justa recompensa por su inversión y trabajo".

No cabe duda de que la rentabilidad es un problema del agro, pero no todas las medidas propuestas por el Presidente necesariamente apuntan hacia el restablecimiento de aquélla. En el caso de la obras de infraestructura sí existe una relación directa con la rentabilidad, pues promovería una reducción de los costos de transporte y un incremento de la productividad a través de las propuestas de mejoramiento de la red de caminos rurales e incremento de las áreas con sistemas de riego.

En cambio, la asociatividad, el programa microcrédito rural y la instalación de centros de información no son medidas de promoción de la rentabilidad por sí mismas. De hecho, la rentabilidad podría fomentarse si se dieran cambios en las formas de producción que abaraten los costos, incrementen los precios de los productos agropecuarios o una combinación de ambos factores, pero ninguna de las tres medidas propuestas por Flores están diseñadas explícitamente para ello. La asociatividad podría llegar a abaratar los costos sólo si se cumpliera el supuesto presidencial de que "permitirá aprovechar economías de escala".

Los programas de microcrédito, por su parte, al implementarse en la situación actual, podrían conducir a un mayor endeudamiento del sector campesino, tal como ha sucedido con los programas crediticios otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario; y la creación de centros de información podría ser de utilidad para incrementar la rentabilidad, aunque en un contexto diferente. La rentabilidad no se incrementa por el sólo hecho de que el productor conozca los precios vigentes en el mercado, sobre todo si éstos no son suficientes para cubrir los costos de producción y generar rentabilidad.

Enfrentar el problema de la falta de rentabilidad del agro y de la profundización de la pobreza rural requiere de medidas más ambiciosas que las recién anunciadas por el Presidente Flores, no sólo por la sempiterna marginación económica y social del sector campesino, sino también por el sombrío panorama internacional que enfrentan las agroexportaciones y la grandes empresas agropecuarias, lo cual ha cambiado notablemente la situación del agro. En el pasado reciente, uno de los principales problemas que enfrentaba el sector agropecuario era su heterogeneidad, notable en la coexistencia de explotaciones capitalistas con formas campesinas de explotación de la tierra, lo cual se traducía en notables diferencias en términos de producción, productividad e ingresos. De hecho, la economía campesina ha sido siempre sinónimo de pobreza rural, mientras que la producción capitalista lo ha sido de productos de exportación (café, azúcar, algodón, etc.) y fuertes ingresos y utilidades.

En la actualidad, la crisis de la agricultura es tal que hasta los cultivos de exportación han dejado de ser tan rentables como lo eran en el pasado. Esto obedece, principalmente, a la caída de los precios internacionales del café, lo cual ha provocado una reducción de su importancia en el Producto Interno Bruto, exportaciones e ingresos tributarios. Cabe señalar que los precios del azúcar, otra de las principales exportaciones del país, también han experimentado reducciones importantes durante la presente década, aunque no de la magnitud que el café. Considérese, por ejemplo, que en 1988 el café representó un 6% del PIB total, un 58.8% de las exportaciones y un 21.5% de los ingresos tributarios, mientras que para 1998 apenas fue de un 3% del PIB, un 18% de las exportaciones y fue eximido del pago de impuestos a las exportaciones a partir de 1991.

El problema del agro ya no sólo se plantea en términos de estimular la microempresa rural o la economía campesina, sino en relación a cómo enfrentar el nuevo escenario internacional de bajos precios para las agroexportaciones. En las condiciones actuales parece claro que las explotaciones agropecuarias sólo podrán subsistir en la medida que se reoriente la producción hacia productos de mayor precio o que se capten ingresos que no necesariamente provengan de la explotación de la tierra.

La promoción de las exportaciones no tradicionales fue uno de los principales objetivos de política externa del primer gobierno de ARENA; sin embargo, hasta la fecha, poco se ha logrado para diversificar las exportaciones de origen agropecuario que consisten principalmente en café y azúcar, con la presencia de otros productos que apenas alcanzan el 4% del total de exportaciones de vegetales (sésamo, bálsamo, legumbres, flores). En cambio, la estrategia de reactivación del agro presentada en el discurso presidencial no sugiere que se esté contemplando la diversificación de la producción agropecuaria.

La generación de ingresos fuera de las explotaciones agrícolas, pese a no ser una política dirigida directamente a la reactivación de la producción agropecuaria, es lo que en la práctica explica que en los países desarrollados la agricultura no haya colapsado y que los niveles de bienestar en el área rural sean aceptables. En la mayoría de casos esto ha supuesto el otorgamiento de subsidios a la producción, pero también ha sido posible por el otorgamiento del crédito y los ingresos exógenos que provienen de los salarios que los agricultores pueden obtener de otros sectores económicos.

La inviabilidad microeconómica de las actividades agropecuarias hace difícil pensar que medidas como las anunciadas por el gobierno puedan solucionar el problema del agro, pues, bajo las condiciones actuales, ni siquiera la producción de agroexportaciones resulta rentable, mucho menos la producción de granos básicos. Por ello debe considerarse la necesidad de que las políticas públicas, cuando menos, induzcan cambios tecnológicos drásticos en la producción agropecuaria en general y fomenten cultivos más rentables.

Nuevo gobierno hereda economía débil

Nuestra economía-1999 tiene cierta similitud con el paso a nivel del "hermano lejano": liso y elegante el tercer nivel, pero un primer temblor le sacude sus bases. El señor Presidente habló del "sistema económico robusto que hemos heredado", pero antes y después de ese día los diarios matutinos no avalaban tal afirmación: "Empresarios dicen que economía empeora"; "FUSADES confirma que economía creció menos" (12 de mayo) "¿Hacia dónde va nuestra economía?"; "Situación económica preocupa a empresarios"; "La herencia económica que recibe el nuevo gobierno"; "Sincerémonos" (8 de junio); "Caen ganancias de bancos"; "ANEP pide salvar compañías" (9 de junio).

Junto con la preocupación que genera esta secuencia de titulares hay una enseñanza positiva: dejemos de una vez por todas de hacer análisis económicos sesgados y parciales, el repetido estribillo macroeconómico, y descendamos a las bases estructurales de la economía. Con toda razón, Luis Membreño titula su columna de El Financiero: "Sincerémonos". En la misma página William Pleitez, con otro título, dice lo mismo. Seguramente, nos veremos libres por un tiempo de aconsejarnos la dolarización. El dólar está bien y lo que está mal son nuestras bases económicas. No es el tiempo oportuno para hacer el matrimonio de una economía débil con una moneda fuerte. Más aún, nuestro sistema monetario-financiero da signos de seria debilidad, porque hace tiempo que nuestro sector real entró en una desaceleración, convertida hoy en recesión.

Valga repetir la advertencia que, desde 1997, el recordado economista Salvador O. Brand hacía a "un sistema financiero orientado a sus propios fines: claro que eso no es criticable, al contrario, es la lógica del libre mercado; pero en las actuales circunstancias de desaceleración económica el sistema debería efectuar una revisión de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y reflexionar hasta cuándo podrá llegar la "luna de miel" del predominio de las operaciones especulativas sobre las operaciones de apoyo a la producción nacional" (ECA, 1997; p. 542).

Con ocasión del cambio presidencial, se ha solicitado dar un tiempo de espera —los famosos 100 días— para comenzar a evaluar el comportamiento del nuevo gobierno. Tal vez 100 días basten para apreciar si las nuevas tácticas antidelincuenciales reducen porcentualmente la inseguridad ciudadana. Pero no podemos aplicar el baremo de los 100 días para medir si la economía ha mejorado. Si no lo ha hecho en los cinco últimos años, no lo puede hacer en 100 días en un entorno recesivo centroamericano e incluso mundial para nuestras exportaciones tradicionales. Lo que sí podemos evaluar en 100 días es si el nuevo gabinete reconoce abiertamente que tenemos fallas estructurales que no pueden corregirse sólo con el juego del mercado. Incluso, aunque parezca un apéndice inoportuno, si reconoce la necesidad, con este u otro nombre, de instituir un Ministerio de Planeación y Coordinación del Desarrollo, recomendado por FUNDE, aconsejado por FUSADES como Ministerio o como Secretaría adjunta a la presidencia de la República. La pertinencia de este Ministerio parecía deducirse de las cláusulas presentadas en el primer informe de Bases para un Plan de Nación (Realidad, 1998; p. 233).

Lo importante es reconocer, cuando menos, que tenemos fallas estructurales al doble nivel macro y microeconómico. La desaceleración económica 1995-1999, unida a un deterioro ecológico equivalente al 5% del PIB, nos obliga a hablar de una verdadera recesión. La inflación cercana a "cero" pone de manifiesto la grave situación de demanda deficiente, o pobreza acumulada, tanto más irritante frente al consumismo importador. Inquieta el creciente déficit fiscal, junto con la baja recaudación de impuestos, porque ello entorpece la requerida inversión social y la urgente creación de empleo desde el sector público. Se suma la rumorada situación de algunos bancos salvadoreños, cuya mora ronda el 6%, las elevadas tasas de interés, el impacto de los encajes legales y la reducción del crédito al sector privado: 200 millones de colones por debajo de lo programado.

Pobreza, desempleo y delincuencia son otros de los rasgos estructurales. También inquieta que la proyección del déficit de la balanza comercial 1999 pueda alcanzar los $1,727 millones (según fuentes del BCR). Si a esto se le agrega que, por razones no del todo desconocidas, nuestra Asamblea Legislativa mantiene el presupuesto estatal en el dique seco de las reparaciones, deducimos que ni el sector privado ni el sector público están en las mejores condiciones para que amanezca la anunciada recuperación económica.

Como dice Luis Membreño: "Sincerémonos", dejemos de hablar de inflación negativa o de crecimiento positivo (El Financiero, 7 de junio de 1999). Por supuesto que el "Mitch" y la caída de los precios del café, azúcar... agregan nuevos peldaños a la recesión; pero quienes están en mora con el sistema bancario no son sólo los sectores exportadores (la construcción no es un bien transable), sino el conjunto de las ramas productivas, sin hablar de quienes tradicionalmente no son sujetos de crédito de corto, mediano y largo plazo. En todos los documentos públicos y privados se hace mención especial de la micro-pequeña empresa y del sector agropecuario.

Puesto que se recomienda hacer propuestas positivas, estamos en el tiempo oportuno para volver a actualizar nuestras matrices insumo-producto por dos razones. Primero, para descubrir, dentro del estancamiento generalizado, qué sectores de nuestra economía pueden ser relativamente más dinamizantes como demandantes y oferentes de insumos. Y segundo, como dijera el señor Presidente, para que "se abra la economía hacia dentro". Trabajaríamos así sobre el doble catalizador de la economía hacia-dentro y hacia-fuera. La segunda propuesta es razonable: en una situación de estancamiento generalizado es necesario imponer una economía de la sobriedad, incluso de austeridad pública y privada. Esto significa serias restricciones a innecesarias importaciones suntuarias en el sector privado (efecto imitación) y drásticos recortes de prebendas y de gastos públicos emparentados con la corrupción y con el derroche, tan comentados al momento de analizar el presupuesto estatal 1999.

Cambio de actitud: uno de los retos para ordenar San Salvador

Ordenar una ciudad como San Salvador no es un reto fácil por varias razones. En primer lugar, sus habitantes, acostumbrados al caos y a la ley del más fuerte, carecen de los esquemas mínimos para orientar su conducta respetando la legalidad y los derechos del otro. El caos y el desorden se producen cuando, a nivel individual, los ciudadanos no disponen de los principios mínimos para ejecutar una actuación civilizada. Actitudes tan básicas como no botar la basura en la calle, respetar las leyes de tránsito aun cuando no exista peligro de ser sancionado o utilizar las zonas estipuladas para la circulación peatonal, en San Salvador y el resto de ciudades del país son más bien excepcionales.

En segundo lugar —complementariamente a esta falta de cultura cívica—, por un lado, el conjunto de normativas legales que establecen los derechos y deberes de los ciudadanos o no es del conocimiento público o es más bien difuso, y, por otro, las instancias gubernamentales encargadas de su cumplimiento poseen poca credibilidad entre la población, ejecutan su labor de manera ocasional (no existe una vigilancia estricta y permanente de la legalidad) y, en no pocas ocasiones, transgreden ellas mismas lo que se le has encomendado vigilar. En otras palabras, el ciudadano ni conoce las leyes ni encuentra en las instituciones gubernamentales un modelo de apego y respeto a la ley.

En tercer lugar, uno de los mayores obstáculos para ordenar la ciudad se origina en su distribución física. Por ausencia de una planificación urbana mínima y la excesiva concentración de la vida económica y social del país en una solo punto geográfico, San Salvador es una ciudad laberíntica y estrecha, desbordada por el número de automotores y habitantes que circulan diariamente por ella. A tal grado ha llegado el caos urbano de San Salvador y la catástrofe ambiental que lo acompaña que la pregunta sobre su futuro como espacio de convivencia debe formularse ya más en el sentido de su viabilidad a mediano plazo que en el de la posibilidad de infundirle algún orden, por mínimo que éste sea.

Finalmente, en cuarto lugar, ordenar San Salvador implica que intereses de los sectores que componen su vida social, política y económica puedan hacerse confluir hacia un objetivo común; es decir, orden implica capacidad de concertación. Y esto, como ha quedado en evidencia en una infinidad de problemáticas nacionales, no es un rasgo que caracteriza a las dinámicas sociales del país. Así pues, el reto de ordenar la ciudad implica: infundir en sus habitantes un espíritu cívico que oriente su acción; un sistema legal claro y conocido, en el que las instancias encargadas de vigilar su cumplimiento sean coherentes y creíbles en su labor; una planificación mínima del crecimiento físico de la ciudad, orientada a paliar el desorden urbanístico existente y a sentar las bases para un desarrollo razonable; y una estrategia para que los diversos sectores de la sociedad contribuyan desde su esfera de acción al propósito común de crear un espacio de convivencia armónico y viable.

¿Qué se ha logrado hasta ahora? El avance más importante se ha dado en el ámbito de la concertación y ha estado relacionado con el ordenamiento del tráfico vehicular: las autoridades municipales, el Ejecutivo y el Viceministerio de Transporte llegaron al acuerdo de unir esfuerzos para sacar hacia la periferia de la ciudad las terminales de buses y reformar el sistema de las líneas de transporte colectivo, pasando de un modelo convergente hacia uno lineal o de relevos. Esto se da en el marco de una incipiente campaña de educación vial y de un endurecimiento en la vigilancia del cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Transporte, ambas medidas llevadas a cabo por el Viceministerio de Transporte.

De estos puntos ha sido el último, las sanciones estrictas a los conductores que transgreden las regulaciones de transporte, el que más reacciones ha causado entre la población, especialmente en el sector de los empresarios de transporte colectivo. Un sector que ha llegado a ver en la sanción a los infractores una medida dedicada en contra suya y un obstáculo serio para la operación de su empresa. A tal punto ha llegado el enfrentamiento entre los transportistas y las autoridades del ramo en relación a las multas (según datos del Ministerio de Hacienda, los empresarios de buses y microbuses le adeudan al Estado cerca de ¢100 millones en concepto de infracciones en mora) que la Alianza Intergremial del Transporte (AIT) convocó y llevó a cabo un paro de labores, el 3 de junio, como medida de presión para que las multas fueran condonadas.

El paro de transporte de este mes es importante no como nueva manifestación de la prepotencia e irracionalidad de un sector de suyo anárquico, sino más bien porque en él es posible observar algunas de las actitudes que continúan siendo obstáculo para el ordenamiento de la ciudad. Por un lado, la medida de los empresarios de transporte público responde a una mentalidad en la cual la ley está en plena contraposición con sus intereses particulares. En este sentido, los transportistas no protestan por el monto de las sanciones o porque los intereses en concepto de mora sean elevados o porque las infracciones sean justas o no, sino más bien por el simple hecho de que no están de acuerdo con que se les apliquen sanciones económicas por manejar su empresa del modo en el que tradicionalmente lo han venido haciendo.

Así, la actitud de los empresarios ante las multas no se debe a una situación coyuntural, sino a su particular manera de entenderse frente a la ley. Basta ver cómo los transportistas se han opuesto y han entrampado cada una de las regulaciones que el Viceministerio de Transporte ha pretendido implementar para ordenar al sector. Para los buseros y microbuseros medidas como el seguro obligatorio para daños a terceros, la renovación obligada de la flota vehicular y el control de la emisión de contaminantes sólo son ataques contra sus intereses económicos. De esta manera, los transportistas se entienden y actúan como anteriores a las leyes.

Por otro, el paro del transporte dice mucho de la actitud de las instancias encargadas de vigilar al sector y del estado del cuerpo de leyes destinado para normarlo. Si en algo tenían razón los transportistas para llevar a cabo el paro era en relación a lo poco clara y ambigua que es la reglamentación de transporte, para lo cual ellos mismos mucho han contribuido. Por ejemplo, aún no es del todo claro sobre quién recae la responsabilidad económica (el dueño de la unidad o el conductor) por los daños causados en los accidentes de tránsito. Esto se debe a que no están normadas por ley las obligaciones que contrae el empresario de transporte al contratar al sujeto que conduce la unidad. Como este, hay muchos vacíos en la ley (no debe de perderse de vista que el sistema legal permitió que los empresarios renovaran anualmente sus permisos de circulación pese a no haber cancelado las multas).

Además, aunque las autoridades de transporte han empezado a ser estrictas en la aplicación de multas a los infractores, la vacilación y excesiva flexibilidad que han mostrado para tratar con el gremio en conjunto ha potenciado la idea de los empresarios de que al final siempre se saldrán con la suya. Por su parte, el que la comisión de la Asamblea Legislativa encargada de tratar el asunto de la condonación de las multas esté dando señales de que a los empresarios se les perdonarán los intereses (aunque elevados, razonables después de tres años de mora) manda una peligrosa señal para la ciudadanía: la aplicación de la ley es inversamente proporcional a la fuerza y la influencia que ostentan aquellos que la transgreden.

El paro de transporte y las acciones que éste ha generado ponen serias cortapisas a la posibilidad de que la ciudad pueda ordenarse. Por un lado, no dejan claro ante la población que a conductas irracionales que atentan contra los derechos de los demás les corresponda una sanción clara e irrevocable (en este sentido, la coyuntura posee un importante capital simbólico). Por otro, promueven la actitud de un sector que opera al margen de las más elementales normas de conducta civilizada.

¿Solucionará Francisco Flores los problemas de género?

El Salvador estrena gobierno y, como es costumbre, el telón se ha abierto para mostrar, como primer paso, una serie de promesas y compromisos a cumplir para los próximos cinco años. El gobierno de Francisco Flores se ha planteado un objetivo y una responsabilidad con aquellos sectores que más demandas tienen. Doce fueron los puntos básicos que Flores mencionó en su discurso de toma de posesión: "los hermanos lejanos", el agua, la agricultura, la economía, el trabajo, los pequeños empresarios, la seguridad pública, la oposición política, la educación, la salud, la cultura y los medios de comunicación. Temas en los que, prioritarios o no, todos tiene algo que reclamar o que pedir.

En este momento, el nuevo gobierno debe reforzar y recordar las propuestas que planteó durante los meses de propaganda política, en la pasada campaña electoral. Pero, además, debe presentar detalles, estrategias concretas sobre lo que se piensa hacer para llevar a cabo todo lo redactado en la "Nueva Alianza". Muchos de los que le otorgaron su voto a ARENA lo hicieron exigiendo tácitamente una retribución, esperando a cambio, si no las respuestas definitivas a sus problemas, por lo menos una notoria mejoría en ellos. Y esperando también ser tomados en cuenta desde el principio de la gestión.

La idea es que ninguno de los sectores se quede en segundo plano o, lo que es peor, caiga en el "repentino" olvido. Es por eso que lo que ahora preocupa es el privilegio del que pueden gozar ciertas esferas de la sociedad, impidiendo el desarrollo y la atención de otras. No se niega que hay problemas en la sociedad que no pueden seguir esperando y ante los cuales hay que tomar medidas inmediatas. No obstante, esto no es excusa para olvidar otros asuntos que también necesitan pronta solución y ayuda. El problema del sector femenino es uno de ellos. Pero antes de abordar el tema, hay que aclarar qué se entiende por el problema del sector femenino.

Mucho se ha hablado sobre esto, por lo que no se desarrollará aquí una tesis sobre el asunto. Básicamente, se trata del aún existente abuso contra las mujeres (en el ámbito sexual, psicológico, laboral, etc.), la discriminación, la desigualdad en la aplicación de las leyes, el analfabetismo, la pobreza —a la que son más propensas que los hombres— la mortalidad materna, la violencia doméstica y otro considerable número de aspectos que requieren una atención especializada.

Esta compleja problemática de las mujeres es relegada a segundo o tercer plano, o simplemente ha sido dejada de lado por los gobiernos salvadoreños. Las mujeres no son un sector débil ni "vulnerable" en la sociedad en virtud de una ley natural que las haya hecho inferiores. Sin embargo, su situación no está dotada de las mejores ventajas ni oportunidades en ninguna de las esferas sociales y eso es un hecho irrebatible. Por lo tanto, es indispensable hacer un recordatorio al nuevo gobierno de las necesidades de esta porción de habitantes del país: las salvadoreñas. Difícilmente se podría esperar una solución definitiva a la crítica situación de la mujer, pues sólo con verdadera dedicación, esfuerzos, disposición de recursos y voluntad política podría lograrse y, por lo que se augura en base al discurso presidencial de Flores, esto no sucederá durante su mandato. No obstante, es legítimo aspirar a la reducción y el control de los males que aquejan a las mujeres.

No hay que olvidar que, aunque muy escasa y superficialmente, la plataforma de gobierno del partido oficial plantea ciertos compromisos en torno al tema de género que ahora, con justa causa, exigen no ser olvidados: "redefinir el rol del Estado en la atención a la mujer", "aumentar y promover la transparencia de recursos a entidades y organizaciones que atienden a los grupos vulnerables", "descentralizar la atención de la mujer", "crear condiciones que faciliten el desarrollo y el bienestar de la mujer", son algunas de las tareas a realizar que ahí se mencionan. Se puede decir, pues, que el compromiso ha sido aceptado y que el nuevo gobierno debe actuar en consecuencia.

Ahora bien, para ello, la presidencia debe tomar conciencia de que el sector femenino no se limita a las "mujeres jefas de hogar", como parece ser expuesto por el plan de gobierno. Hay mucho más en que ahondar al respecto, pues todos los problemas de la sociedad afectan directamente y de manera especial a las mujeres. Esto incluye lo referente a agricultura, micro y pequeña empresa, educación, salud, participación político-social, etc. Cada uno de estos temas requiere urgentemente el establecimiento de una visión de género. El beneficio que pueda acarrear el desarrollo de estos sectores será más cercano a las mujeres si se piensa y se trabaja tomándolas en consideración.

La mejor forma en la que el gobierno puede dar beneficios a esta población es, en primer lugar, reforzando las iniciativas del gobierno anterior, como, por ejemplo, fortaleciendo el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que se creó "con el reconocimiento de que existen obstáculos para que la mujer alcance su pleno desarrollo". Asimismo, impulsando acciones concretas para que la "Política Nacional de la Mujer", creada en septiembre de 1997, llegue a ser más que un documento lleno de buenas intenciones. Por otra parte, se hace necesario dar más apoyo a las instituciones gubernamentales encargadas de velar por el bienestar de las mujeres jefas de hogar, por las víctimas (mujeres y niñas) de violencia doméstica y sexual, las víctimas de discriminación, etc.

Por otro lado, dando nuevos pasos, un estudio profundo sobre el problema de género abriría posibilidades de generar modernas y mejores iniciativas. Sólo el Estado tiene la capacidad de intervenir dentro de las instituciones o empresas en las que se pueda estar dando discriminación sexual, explotación y abuso de poder, entre otros atropellos. Sólo el Estado puede regular y modificar las leyes, de tal forma que las mujeres se puedan amparar en ellas para defender sus derechos. Un típico gobierno que se acomoda a las circunstancias no podrá cambiar la costumbre de dejar para después los problemas de género. Con un nuevo gobierno se presenta otra oportunidad de hacer significativos cambios en el rumbo de las cosas. Pero sólo con una visión más amplia y un impulso renovador las mujeres conseguirán ser tomadas en cuenta.

Ha sido muy cómodo hasta ahora para los gobiernos salvadoreños decir que se está alcanzando "el desarrollo democrático, que exige la promoción del bienestar de la persona humana y el goce de sus derechos", pero la concreción de esta frase ha sido insuficiente durante los anteriores cinco años de administración arenera. La situación de las mujeres es una muestra palmaria de ello. Ahora Francisco Flores propone "crear una sociedad justa, generar esperanza, abrir horizontes y dar oportunidad a la igualdad", pero mientras la condición de las campesinas, madres solteras, desempleadas y demás mujeres en situación marginal, continúe como hasta hoy; mientras el gobierno de Flores participe en el error de desplazar el asunto de género como se ha venido haciendo, su compromiso con la igualdad, la justicia y democracia será vana retórica.

SEGURIDAD. El presidente Francisco Flores y las autoridades de Seguridad Pública presentaron, el 03.06, un nuevo modelo de seguridad pública, el cual impulsa los patrullajes preventivos durante las 24 horas del día en las zonas de mayor persistencia delincuencial. Además, contempla vigilancia policial en los buses del servicio colectivo, a partir de la segunda semana de junio. Asimismo, dentro de las medidas de corto plazo, se contempla un refuerzo y aumento de los turnos de servicio para los agentes. Flores señaló que el proyecto está basado en la participación ciudadana, en el involucramiento de las "fuerzas vivas" y la coordinación interinstitucional para enfrentar en un solo bloque el problema delincuencial. Al respecto, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, aseguró que el incremento en las horas laborales de los policías es una medida temporal, que no implica acuartelarlos. Según él, únicamente se busca mantener activos a un número de agentes mayor que el que permite los turnos actuales. Su idea es clara: mientras se toman las medidas de fondo para enfrentar la delincuencia, es necesario recurrir a una cuota de sacrificio policial. No obstante, explicó que, aunque se piensa compensar el sacrificio de los agentes mediante descansos o licencias, no está contemplado un aumento salarial o el pago de horas extras (EDH 06.06 p.3 y LPG 04.06 p.12).

DESACUERDOS. El FMLN ha dicho que el plan de seguridad propuesto por el gobierno —con el que pretende reducir el 60% de la criminalidad— tiene como objetivo "regresar a prácticas antiguas". El diputado Manuel Melgar opinó que pasar de 8 a 12 horas de trabajo "se traduce en acuartelamiento, que viaja en dirección contraria al concepto de policía comunitaria". El plan puede funcionar siempre y cuando "se encuentre y se entregue a la justicia a los cabecillas del crimen organizado", pues, de lo contrario, no pasará de ser un esfuerzo que más se acerca a "una campaña publicitaria". Kirio Waldo Salgado ha propuesto que "el acuartelamiento" sea por 72 horas; es decir, parcial y no total: que la mitad de la semana los agentes estén adentro y la otra semana estén afuera de las delegaciones. Sin embargo, la fracción de ARENA prefiere defender las ideas del nuevo gobierno. "Démosle 100 días. Démosle la presunción de buena fe", dijo el diputado Guillermo Wellman. "Es demasiado pronto para estar efectuando críticas a un plan de trabajo, cuando ni siquiera ha comenzado de lleno a ser impulsado a nivel operativo", argumentó. Algunos sectores han señalado que el plan contempla en su mayor parte aspectos que desarrolló la administración de Calderón Sol. Otros sostienen que el mismo podría quedarse en "letra muerta" (LPG 05.06 p.4 y EDH 05.06 p.12).

TRANSPORTISTAS. La población y los diputados lograron, el 03.04, un consenso: rechazo al perdón de multas a los buseros y condena al paro parcial de transporte realizado ese día. Dicho paro fue organizado por la Alianza Intergremial de Transporte, pero no fue apoyado por el Consejo Nacional del Transporte. El viceministro del ramo, Julio Valdivieso, rechazó la decisión de paralizar el servicio y criticó las medidas confrontativas de los empresarios. "Si las cosas se normalizan podemos sentarnos a buscar una alternativa, dentro del marco de la ley", afirmó. "La infracción está dada y hay que pagarla. Lo que podemos ver [es] que la misma ley [de Transporte y su reglamento] permite el mecanismo de apelación. No estamos hablando de una condonación total", reiteró. El Viceministro admitió que los agentes de la División de Tránsito podrían haber aplicado arbitrariamente algunas esquelas. "Yo no estoy cerrado. Pueden existir discrecionalidades en el procedimiento. Si es así tienen todo el derecho, pero pruébenlo", dijo el funcionario. No obstante, los motoristas del transporte colectivo figuran como los principales causantes de accidentes de tránsito, según datos oficiales del Departamento de Investigación de Accidentes de la PNC. Durante los primeros tres meses de 1999, éstos estuvieron involucrados en 420 accidentes (83% del total) (LPG 04.06 p.4 y 05.06 p.12).

PDC. Al parecer los mandos medios del PDC están decididos a remover de su puesto al secretario general del partido, Ronal Umaña. Quien se perfila como el más fuerte candidato a desplazar a Umaña es el actual jefe de fracción legislativa, René Aguiluz. El diputado pedecista Carlos Escobar reveló que la Comisión Política del partido acordó pedir la renuncia al secretario en la próxima Convención Nacional, a realizarse el 13.06. Si Umaña no opta por la renuncia, los pedecistas pedirán públicamente a los convencionistas que voten a favor de la destitución. El PDC atraviesa por una crisis que se evidenció durante las elecciones de marzo pasado. "Queremos un cambio", resume el diputado Escobar . Quince cargos serán renovados entre los 175 convencionistas. Personas como Rodolfo Parker y Arístides Alvarenga son los posibles designados para un cargo que quien lo ostenta debe tener excedentes económicos de 15 mil colones mensuales para mantener la sede partidaria. Según expresaron los miembros del partido, la falta de comunicación con las bases "echó al traste a un partido que tuvo cinco años de gloria". Los cabezas del partido no han sabido dirigir, se dice, y esa falta de visión les impidió acercarse a las bases (LPG 04.06 p.22 y EDH 09.06 p.22).

FRONTERA. El presidente de Honduras, Carlos Flores, pidió al presidente Francisco Flores acelerar la demarcación de la frontera común entre ambos países. Carlos Flores formuló el llamado después de que el Congreso hondureño ratificara, el 03.06, un tratado con El Salvador dirigido a resolver disputas de propiedad y nacionalidad de unas 15 mil personas de ambos países que habitan en la frontera común. "Significa que la demarcación tiene que hacerse lo antes posible. Ya no hay ningún tipo de obstáculo para el amojonamiento de la frontera", expresó el presidente hondureño. El tratado garantiza los derechos de propiedad y nacionalidad de unos 12 mil salvadoreños que habitan en áreas hondureñas y de 3 mil hondureños asentados en zonas salvadoreñas. Al respecto, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, María Eugenia Brizuela, señaló que ambos países iniciarán a corto plazo la demarcación de la frontera. "Para nosotros es muy importante que se aplique todo lo acordado en la Convención de Derechos Adquiridos, pues la seguridad y el respeto entre los habitantes es lo esencial", expresó la funcionaria. Agregó que existe voluntad por parte de Honduras para dar cumplimiento al documento que brinda los derechos de posesión, tenencia de la tierra y demás derechos adquiridos. (LPG 04.06 p.10 y 08.06 p.14).

CNJ. Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa resolvieron, el 09.06, después de más de ocho meses, elegir a los cuatro miembros propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Además, escogieron a los correspondientes suplentes del organismo encargado de evaluar, sancionar y promover a los jueces. Los cuatro propietarios son Francisco Díaz, Oscar Humberto Luna, Gladys de Borjas y Amadeo Artiga Alas. Los primeros tres miembros propietarios y suplentes se eligieron de la lista de 18 candidatos presentada por los abogados. El cuarto propietario y suplente fueron propuestos por el Ministerio Público. Todos los partidos políticos de la Asamblea estuvieron de acuerdo con las designaciones y se espera que los nuevos funcionarios sean ratificados y juramentados el 10.06 en la sesión plenaria. La prórroga para elegir a los cuatro miembros del CNJ vence dentro de 21 días. Sin embargo, la ley orgánica de la institución establece que los funcionarios deben ser electos al menos quince días antes de la fecha límite. Por otra parte, la Comisión inició el proceso para elegir a los nuevos Fiscal y Procurador General de la República. Los diputados evaluarán la gestión de los actuales funcionarios Manuel Córdova y Miguel Cardoza, de la Fiscalía y la Procuraduría respectivamente, para estudiar su reelección (EDH 10.06 p.10 y LPG 10.06 p.4).