Año 19
número 859
junio 16
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Evaluar y elegir
Política La nueva dirigencia del PDC: ¿cambio o continuismo?
Economía ¿Hacia la recesión económica?
Regional Nicaragua: fantasías y falsas imágenes sobre Estocolmo
Derechos Humanos Se apagó el "Sol"; ¿qué sigue? (II)
Evaluar y elegir
La Asamblea Legislativa se dispone para elegir a los funcionarios que ocuparán dos cargos de gran importancia para el bienestar de la población: el Fiscal General y el Procurador General. Como es usual en estos casos, el debate y las presiones tienden a concentrarse alrededor de unos cuantos nombres. Como se necesitan 56 votos, la elección no puede ser decidida por ARENA y sus aliados, sino que es necesario el concurso del FMLN. Entonces, de acuerdo al patrón tradicional, una probabilidad es que los dos partidos grandes se enzarcen en una discusión interminable, que tiene como objetivo primordial descalificar al candidato propuesto por el adversario, dejando de lado el bien del país y el de las instituciones mismas. Al final, cansados, suelen optar por una mala solución que consiste en descartar por igual a los candidatos del uno y del otro para elegir a un tercero que ninguno de los dos considere del otro. Por lo general, el nombramiento recae sobre personas no idóneas para el cargo. Así fue como eligieron al actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, al parecer la elección del presidente de la Corte de Cuentas y sus magistrados tiene otra lógica.
ARENA reconoce que los cargos directivos de la Corte de Cuentas fueron repartidos entre él y sus dos aliados incondicionales, el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Según la versión de ARENA, este reparto obedeció a poco menos que razones de Estado, relacionadas con el presupuesto. Aparentemente, la aprobación de éste fue condicionada por sus aliados a la repartición de los cargos de la Corte de Cuentas. Otra versión agrega que los aliados, además, exigieron una fuerte cantidad de dinero. Por lo tanto, el retraso en la aprobación del presupuesto no se debería únicamente a las objeciones puestas por el FMLN a sus inconsistencias y desequilibrios. Este es otro procedimiento practicado y admitido por la política salvadoreña en las elecciones de segundo grado. Lo incomprensible es que el FMLN haya aceptado impasible toda la responsabilidad de un atraso que obedecía a otros intereses menos legítimos.
Para sorpresa de muchos, parece que ARENA estaría dispuesto a cambiar esta metodología tradicional, que responde a una concepción patrimonialista del Estado. La innovación consistiría en evaluar el desempeño de los funcionarios actuales con vistas a considerar su reelección. Aunque todavía no está muy claro el mecanismo y aunque la motivación no es limpia, pues ARENA ya se ha pronunciado de antemano por la reelección de ambos funcionarios, la introducción del concepto de evaluación no debiera dejarse pasar. Aun cuando ARENA pretenda utilizar la evaluación para justificar ambas reelecciones, es necesario introducir la idea en esta clase de elecciones y en general en toda la actividad pública.
En el caso de las elecciones de segundo grado, lo primero que debiera evaluarse es el estado del ámbito público del que se trata, en este caso, del ministerio público, señalando no sólo sus fortalezas, sino también sus debilidades y sus peligros. En un segundo momento, es preciso evaluar el desempeño del funcionario en el cargo, partiendo de la realidad que encontró al asumirlo, especificando dónde la deja y señalando cuánto le falta para alcanzar el óptimo deseable. No se trata únicamente de señalar actividades y logros que, sin duda, siempre hay en abundancia, sino de contrastarlos con lo que había antes, con lo que hay ahora y con lo que debiera haber. Junto a esto habría que plantearse qué tipo de Fiscalía General y de Procuraduría General necesita El Salvador en la actualidad. En consecuencia, debieran establecerse metas de corto, mediano y largo plazo. El mismo proceso evaluativo deberá ir perfilando el tipo de funcionario idóneo así como la misión que se le debe dar al asumir el cargo. Una vez encontrado, el candidato debe ser advertido que se le pedirán cuentas a partir de las metas propuestas y, por lo tanto, debe disponerse a asumirlas como propias ante la Asamblea Legislativa.
¿Quiénes deben evaluar? Sin duda, los partidos políticos, los diputados, la Comisión Política y el plenario de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el proceso de evaluación debiera hacerse de cara a la opinión pública y a las organizaciones sociales y en constante diálogo con ellas, abriéndoles el espacio necesario para que tomen parte y escuchando lo que tengan que decir sin prejuicios. Lo que no se puede hacer es evaluar ni elegir de espaldas a las fuerzas sociales, tal como se hace ahora.
Existe el peligro de que la evaluación sea subjetiva o se ideologice o se utilice como instrumento para encubrir intereses inconfesables. Aunque todos estos peligros son reales, dadas la polarización, el subjetivismo y la poca cultura política democrática existentes, vale la pena comenzar a poner en práctica esta clase de ejercicios democratizadores. Las ventajas son mayores que los peligros y, en cualquier caso, la elección no estaría más viciada que si se recurriera al mecanismo tradicional. La repetición frecuente de esta clase de prácticas tiene un potencial enorme para acumular experiencia democratizadora y contribuir, seguramente, a la madurez social y política del país.
Pareciera incluso que ARENA pretende introducir el concepto de evaluación en los informes que el poder ejecutivo debe presentar cada año a la Asamblea Legislativa. Si en lugar de entregar una larga lista de actividades y logros, cada ministerio y ente autónomo explicara a los diputados y al país en general cuál es el estado de cada una de las áreas bajo su responsabilidad, los avances conseguidos en el año de gestión, las dificultades encontradas, lo que aún falta por hacer para alcanzar las metas propuestas y la cantidad de recursos necesaria, se observaría con mucha mayor fidelidad el espíritu de la ley y, por primera vez, los funcionarios tendrían que dar cuentas de su administración.
La Asamblea Legislativa y en particular los dos partidos grandes, ARENA y el FMLN, tienen ante sí una buena oportunidad para comenzar a cambiar la práctica política, transformándola en una posibilidad para la democratización real, el reforzamiento de las instituciones claves para el bienestar de la población y la composición de una nueva imagen que pueda ir sustituyendo la ya desgastada de la actualidad. Ellos tienen la palabra y de ellos depende, en gran medida, que el proceso se convierta en una experiencia positiva.
Lo que hasta hace poco parecía casi un imposible sucedió el pasado 13 de junio: Ronal Umaña tuvo que abandonar la Secretaría General del Partido Demócrata Cristiano (PDC). A la Convención Nacional, llevada a cabo ese día con el objeto de elegir una nueva dirigencia, se presentaron tres candidatos con intenciones de ocupar la dirección del partido. El primero fue el mismo Ronal Umaña, quien, aunque semanas antes había manifestado estar dispuesto a renunciar a su cargo, acudió muy resuelto a luchar por lo que a lo largo de cinco años funcionó como su productivo centro de operaciones. El segundo, Rosalío Tóchez, proveniente de la "vieja guardia" pedecista y acérrimo contrincante de Umaña, representaba una vez más los intentos de ese grupo por sustituirlo y apoderarse del mando del partido. El tercero había pasado de simpatizante de Umaña a próspero rival suyo y fue quien finalmente venció en las elecciones primarias; se trata de René Aguiluz.
El evento se realizó en medio del más airado desparpajo. Golpes, insultos y gritos reprodujeron lo que —para desgracia del PDC y, más aún, para la transición democrática misma— se ha convertido en nota característica de esa institución: el divisionismo y la grosería. Si bien es cierto que El Salvador ha dejado atrás la época en la que la muerte era la única salida ante las diferencias políticas, también lo es que la falta de seriedad y serenidad —de la cual los dirigentes pedecistas han dado muestras palmarias en innumerables ocasiones— con la que éstas se asumen ahora constituyen una de las múltiples trabas con las que actualmente se enfrenta la institucionalización de la democracia.
Pero más allá de los vergonzosos avatares de la Convención, importa aquí aventurar una respuesta a la pregunta por el significado de la elección de una nueva dirigencia en el PDC. ¿Cabe esperar cambios de fondo en los modos de conducción del partido? ¿O no se trata de nada más que de un relevo efectuado en el marco de una estructura con pocas posibilidades de modificarse? Todo parece indicar que esta coyuntura no expresa más que una nueva pugna de poder. A lo largo de toda la administración de Umaña los conflictos se han dado entre la "vieja guardia" y la "nueva clase política".
Pues bien, de lo que se trataría esta vez es de una división más, ahora dentro la "nueva clase política" misma. No sería nada raro que, cansados de que fuera Umaña quien acaparara más poder y recibiera más favores en virtud de su dudoso proceder político, sus aliados decidieran sublevarse y aspirar para sí la dirección de la cúpula democristiana. Tal hipótesis, además de no parecer ni novedosa ni descabellada en lo absoluto, podría explicar el porqué del repentino cambio de actitud de ciertos pedecistas que habían permanecido cercanos a Umaña.
Para la muestra: Aristides Alvarenga, el veterano "pescado" que decía ver en Umaña la solución a los problemas del PDC, de repente decidió darse cuenta de lo nefasta que la gestión de su amigo había resultado para el partido y empezó a apoyar su remoción de la Secretaría. Sobra aclarar que Alvarenga tenía aspiraciones de reemplazar a Umaña. Otro caso paradigmático es, justamente, el del actual secretario René Aguiluz. Resulta que, poco antes de este nuevo conflicto, Aguiluz era uno de los hombres de confianza de Umaña. En el momento de la Convención, en cambio, era tan arduo contrincante suyo como el más beligerante miembro de la "vieja guardia".
A estas alturas de la situación de ese instituto político y teniendo en cuenta la tan cuestionable conducta de Umaña, sería demasiado ingenuo pensar que ni Aguiluz ni Alvarenga estaban al tanto de los turbios movimientos de Umaña al interior del partido. Que de un día para otro hayan optado por ofrecerle resistencia no puede más que despertar muchas dudas con respecto a las verdaderas intenciones de los recientes antiumañistas. Lo que hoy sale a la luz es el mismo problema de siempre: la crisis de credibilidad que atraviesa y hunde cada vez más al PDC. Como están las cosas —y como vienen estando desde hace años— confiar en la palabra de alguno de los líderes pedecistas en este momento sería poco menos que un disparate. Los eternos detractores de Umaña no cesaron nunca de hacerle la guerra y de intentar suplantarlo, sin considerar los estragos que con ello podían ocasionar al partido. ¿Cómo puede pensarse certeramente de ellos que lo que realmente buscaban era recuperar el "espíritu" del PDC y salvarlo de la ignominia a la que Umaña lo tenía sometido?
Por su parte, los ex aliados del cuestionado vicepresidente de la Asamblea Legislativa ofrecen todavía más sospechas. ¿Pretenden hacer creer que sólo hasta ahora se percataron de las irregularidades en el manejo del partido? ¿Sólo cuando Umaña es acusado directamente de corrupción por la Fiscalía ellos se dan cuenta de la falta de transparencia en el manejo de los fondos pedecistas? ¿Sólo ahora que su imagen ante la opinión pública está por los suelos deciden enfrentársele? Las evidentes contradicciones en las que estos dirigentes democristianos han incurrido, justo a la víspera de una Convención Nacional destinada a renovar la dirigencia, convierten en mera retórica sus declaradas intenciones de unificar al partido, manejarlo transparentemente y convertirlo en una oposición real.
Todo parece indicar que, aunque la salida de Umaña de la Secretaría General es un triunfo —más que para Aguiluz o para el PDC para el país mismo—, nada nuevo va ocurrir al interior de las negras aguas de "la pecera". Los dirigentes pedecistas continúan sin hacer más que deambular por la cúpula del PDC a la espera de la mínima oportunidad para intentar hacerse de la Secretaría General, continúan conspirando, negando lealtades, uniéndose y desuniéndose a conveniencia, echándose la culpa unos a otros de todo lo que pasa y deja de pasar en el partido sin que nadie termine de asumir la responsabilidad de nada, persistiendo en las luchas intestinas y alimentando con ello la lenta agonía de su instituto político.
Más que políticos al servicio de las necesidades de la población o que Demócratas Cristianos interesados en fortalecer la democracia y los valores del cristianismo, los pedecistas parecen aves de rapiña merodeando la presa jugosa del poder del partido. A ellos se ha sumado el ex candidato presidencial Rodolfo Parker, quien, sin haber hecho méritos nunca para poder ser considerado un democristiano, ahora pertenece a la comisión política del PDC y, por supuesto, también tenía intenciones de suplantar a su antiguo mentor.
Así las cosas, nada indica que este cambio de dirigencia vaya a significar un cambio de actitud por parte de los líderes del PDC. Una transformación verdadera sólo podría venir acompañada de un cambio generacional, pero sobre todo de una toma de conciencia y un deseo genuino de aportar a la transformación de la realidad salvadoreña. No queda más que repetir lo mismo de siempre: mientras los pedecistas continúen anteponiendo sus intereses personales al interés institucional de su partido —y ya no digamos al de la sociedad— la confianza en la clase política continuará minándose y con ello la institucionalización democrática seguirá corriendo el riesgo de estancarse.
La tendencia económica más comentada por el sector empresarial durante las últimas semanas ha sido la reducción del crecimiento económico y de la tasas de inflación. Mientras los miembros del comité económico del gobierno se apresuran a señalar que estas son señales de la sanidad de la economía, miembros de la empresa privada sugieren que en la actualidad existen evidencias de que la economía podría conducirse hacia la recesión y la deflación de precios.
Ante estas interpretaciones diametralmente opuestas, surgen importantes interrogantes sobre la verdadera situación de la economía, pero resulta claro que su desempeño ya no es tan solvente como lo era, por ejemplo, hace cuatro años. El menor crecimiento de la producción, la ampliación del déficit comercial y el incremento del déficit fiscal son algunas de las dinámicas más preocupantes, pero también lo es el hecho de que hasta el sector financiero —anteriormente el sector más dinámico— esté experimentando problemas con la recuperación de sus créditos y la reducción de sus ganancias. El comportamiento de los precios y de la producción debería convertirse, para algunos, en señal de alerta para el gobierno.
Durante los últimos meses las tasas de inflación han venido decreciendo consistentemente a tal grado que, durante los últimos meses, han estado muy cerca del 0%: concretamente, en febrero y marzo la inflación fue de 0.2% y en abril de 0.1%. Según el Banco Central de Reserva (BCR), esta es la inflación más baja de los últimos 27 años y "está influenciada por una disminución de precios del grupo alimentos y la normalización de precios de los productos agropecuarios". Aunque no se trata del primer período en que se reportan bajas significativas en las tasas de inflación, sí es la primera vez que las tasas de inflación están rondando el 0%. Durante la década de 1990, la inflación ha pasado de tasas de inflación cercanas al 19%, en 1991, a tasas de sólo 4%, para 1998, y, de seguir las tendencias del primer cuatrimestre, de menos de 1% para 1999.
Para el presidente del BCR, Rafael Barraza, este comportamiento de los precios muestra que existe una inflación negativa que provoca que "los consumidores se beneficien de los bajos precios", especialmente de los productos agrícolas cuyos precios han disminuido una vez la oferta se ha recuperado de las pérdidas provocadas por la depresión tropical "Mitch". Sin embargo, para representantes de la empresa privada, la situación actual no es tan bonancible, pues dicen estar experimentado reducciones en sus ventas, caídas en los precios y hasta insolvencia financiera. Según el director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán, las bajas tasas de inflación actuales son reflejo de un proceso deflacionario que, a su juicio, podría convertirse luego en una recesión.
En lo que respecta al crecimiento económico, tanto el gobierno como la empresa privada coinciden en señalar que la producción se encuentra en una fase de lento crecimiento, notable especialmente en la reducción de las tasas de crecimiento anual que se experimentan desde 1995. Paradójicamente, a partir de los datos del BCR se desprenderían interpretaciones distintas, pues al menos no muestran reducciones de las tasas de crecimiento entre 1998 y 1999. Ateniéndose al Indice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), elaborado por el BCR, la producción incluso estaría creciendo a mayores tasas que en 1998. Durante el primer trimestre de 1999 la producción habría crecido a tasas de entre 4% y 5%, mientras que en el mismo período de 1998 el crecimiento de las tasas sería de entre 2% y 4%.
Las gremiales empresariales, empero, enfatizan en que el crecimiento económico es cada vez menor, al grado que en la actualidad muchas empresas se encuentran en mora con el sistema financiero, por lo cual éste ha experimentado reducciones de sus ganancias y, en la mayoría de casos, los bancos se han visto obligados a incrementar su capital para hacer frente al incremento de los créditos vencidos.
Este incremento es una muestra inequívoca de un deterioro de la microeconomía de las empresas, especialmente debido a una contracción de sus ventas, ingresos y utilidades. La cartera de créditos vencidos aumentó en más de 496 millones de colones entre el primer trimestre de 1998 y el primer trimestre de 1999, lo cual implica un incremento de 54.5%. Concomitantemente, entre los mismos períodos los bancos habrían experimentado reducciones en sus utilidades por un monto superior a los 37 millones de colones, lo cual implica una reducción de 20.2%, mientras que también debieron incrementar sus reservas de saneamiento para hacer frente a la gigantesca mora bancaria.
En este contexto, los empresarios tienen su propia interpretación de las medidas que debería implementar el gobierno, entre las que destacan la reducción de las tasas de interés, la eliminación del sesgo antiexportador de la economía y la protección contra la competencia desleal del exterior. Hasta ahora, el nuevo gobierno no ha ofrecido una respuesta concreta a las expectativas de los empresarios, pero sí ha anunciado que próximamente dará a conocer el contenido de su estrategia económica y ha mostrado disposición de reunirse con gremiales de la empresa privada para discutir posibles medidas emergentes.
Frente a esta realidad llama la atención el hecho de que hasta el mismo sector empresarial esté mostrando su descontento con los resultados económicos obtenidos hasta ahora, después de una década de gobiernos de ARENA a los cuales ha dado siempre su apoyo. Esto muestra que, pese a la estabilidad y el crecimiento económico, no se ha logrado una inserción favorable en la economía internacional y que las empresas no se están adaptando al nuevo contexto económico que han creado las políticas de ARENA.
De hecho, se continúa dependiendo en gran medida de los productos tradicionales de exportación como el café y el azúcar para la generación endógena de divisas. El verdadero equilibrante del sector externo y dinamizador de la demanda agregada es el flujo de remesas familiares; sólo ello explica que sea posible incrementar las reservas internacionales netas en un contexto de ampliación del déficit de la balanza comercial y caída de las tasas de crecimiento económico.
Los principales problemas de las empresas no radican en que la inflación sea cero o en que la producción esté creciendo menos que antes, sino más bien en que no han podido reconvertirse para hacer frente a la apertura externa y/o porque las inversiones privadas se han dirigido sin ningún control hacia actividades terciarias que casi no generan valor agregado. No sólo el gobierno es culpable de su situación actual, pero sí se requiere de su intervención para reorientar a las empresas y a la economía.
Diferentes señales económicas sugieren que no se está haciendo lo necesario para cimentar bases endógenas para el crecimiento económico y para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Esto en realidad no es un problema nuevo, pues se evidenció casi desde la primera mitad de la década de 1990 con la terciarización de la economía. Sin embargo, el hecho de que hasta el sector financiero, uno de los más prósperos en la última década, esté experimentado reducciones en sus utilidades muestra que el modelo económico está mostrando ya sus límites y requiere de una redefinición.
La coyuntura actual de menor crecimiento y estabilización de precios no es el único elemento que debería guiar esta redefinición, pues desde el principio las políticas de ARENA arrojaron como resultado la marginación de los sectores agropecuario e industrial, con lo cual se redujeron las posibilidades de incrementar las exportaciones, generar empleo productivo y volver autosostenible la economía. Por ello, el objetivo principal de un plan de desarrollo debería ser estimular la inversión, la competitividad, el crecimiento y el empleo en actividades productivas con capacidad de generar exportaciones competitivas.
La reunión en Estocolmo entre los gobiernos centroamericanos y los representantes de los países que integran el Grupo Consultivo, celebrada del 25 al 28 de mayo, mantuvo interesado a un sector de la opinión pública nicaragüense desde hace meses. El gobierno del presidente Arnoldo Alemán trabajó activamente, a través de una costosa campaña de propaganda, tratando de interesar al resto de la población, buscando recubrir la reunión de Estocolmo de oropel político y de unas expectativas desmesuradas y fuera de lugar. Alguien habló de un "gigantesco proceso de desinformación oficial", lo que llevó a muchos a jugar con el nombre de la sobriamente bella capital de Suecia: "esto colmó", "esto es el colmo"...
No obstante, una encuesta realizada por la CID-Gallup a fines de abril reveló que el 71% de los nicaragüenses consultados dijo no saber absolutamente nada sobre el significado de la reunión de Estocolmo. Este resultado cuestionaba la costosa publicidad planificada por el gobierno para capitalizar el encuentro a favor de la muy desgastada figura del presidente Alemán. El plan publicitario llegó a su clímax el 14 de mayo, con una misa campal vespertina organizada por el gobierno. Esta fue presidida por el Cardenal Miguel Obando, que concelebró con todos los obispos. El fin del acto litúrgico era orar por el éxito de la delegación gubernamental en Estocolmo. El gobierno llenó la plaza con empleados públicos, alumnos de colegios estatales y con jóvenes de los barrios más pobres de Managua a quienes regaló diez córdobas (menos de 1 dólar) y el viaje en bus.
Aunque la relevancia del encuentro de Estocolmo era obvia, prácticamente todo lo que iba a ocurrir en él se sabía de antemano. No existía ninguna incertidumbre o temor que ameritara clamores espectaculares y oraciones públicas. Estocolmo era un guión escrito, ensayado y conocido hasta en sus mínimos detalles. Fue claro que el gobierno buscó manipular la fe y las esperanzas de la gente. Dada la ocasión y el motivo de la "Misa Franquista" —así calificada por un medio nacional—, no dejó de resultar curioso escuchar al Presidente de la República declamar, en la lectura de la misa, esas palabras del profeta Isaías que dicen: "Nos alegramos con la alegría de quienes se reparten el botín..."
El encuentro de Estocolmo fue un foro multilateral, en el que participaron más de 50 representantes de los países que integran el Grupo Consultivo —financiadores de proyectos en los países menos desarrollados— y representantes de los países centroamericanos. La comunidad internacional acudió al foro sólo a conocer proyectos, no a aprobarlos, mucho menos a entregar el dinero necesario para ejecutarlos. La aprobación de los proyectos que viajaron a Suecia corresponde a un proceso posterior que supone foros bilaterales, bien sea el de un diálogo in situ entre cada uno de los gobiernos de los países cooperantes con los gobiernos de cada uno de los países centroamericanos, o bien sea el de los poderes legislativos de cada país donante, pues son los Parlamentos nacionales los que finalmente deben aprobar los montos de ayuda internacional comprometidos en Suecia, teniendo en cuenta sus estrategias de cooperación para los próximos años.
Nicaragua asistió por primera vez a una reunión del Grupo Consultivo en 1995, en París, durante el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro. Pudo hacerlo porque había iniciado desde 1991, aunque con resultados llenos de altibajos, un programa de ajuste estructural, condición que imponen los países que integran el Grupo Consultivo para financiar proyectos en los países del Sur. En Washington, en 1996, y antes de terminar el gobierno Chamorro, Nicaragua acudió a otro encuentro de este tipo. En abril de 1998 el nuevo gobierno liberal participó en Ginebra en un nuevo encuentro con el Grupo Consultivo. Al regreso de aquella reunión el gobierno anunció, con pompa y circunstancia, que había recibido 1 mil 800 millones de dólares de la comunidad internacional. También entonces se habló eufóricamente de "antes de Ginebra" y "después de Ginebra". La realidad mostró muy pronto que el reloj nacional se para a menudo y necesita de mucha y paciente cuerda...
Ahora Nicaragua llegó a la reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo con un listado de 300 proyectos para los que solicitaba 1 mil 300 millones de dólares. El 77% de esa cantidad la solicitaba para proyectos destinados a reconstruir la red vial destruida por el "Mitch". No dejó el gobierno de incluir en la lista proyectos que mejorarán otras vías útiles para el desarrollo de los grupos económicos en el poder.
Ya en vísperas de la reunión, el gobierno nunca dejó claro si los 1 mil 300 millones que iba a solicitar eran una parte aún no aprobada o aún no desembolsada de los 1 mil 800 millones de dólares que dijo haber conseguido en Ginebra. Según todos los economistas, ambos montos estaban traslapados, teniendo en cuenta los calendarios y la voluntad de los donantes de extenderlos de una administración a otra para así facilitar la transición y la consolidación del Estado. Sólo al regreso de Estocolmo, y con una seriedad desconocida, muy alejada de la alegre irresponsabilidad mostrada a la ida, el gobierno declaró que el 52% de los montos prometidos en Estocolmo no eran "nuevos", sino que estaban ya definidos hace más de un año en Ginebra.
Pero a pesar de las confusiones o de las manipulaciones oficiales con las cifras, en Estocolmo la comunidad internacional dio a Nicaragua un apoyo relativamente adicional sobre lo solicitado. El apoyo global fue de 2 mil 500 millones de dólares para los próximos 3-4 años en créditos concesionales y en donaciones: unos $300 millones para alivio del pago de intereses de la deuda externa (tanto de la deuda multilateral como de la deuda con los países del Club de París); $500 millones del Banco Mundial para proyectos de reconstrucción; unos $500-600 millones del BID para proyectos y unos $400 millones para financiar la condonación parcial de la deuda externa de Nicaragua; y apoyo bilateral de países amigos para diversos proyectos por algo más de $700 millones.
En las cantidades destinadas a proyectos, el 65% deberá aplicarse a programas sociales (salud, educación y vivienda popular) y sólo el 35% a proyectos de infraestructura. El apoyo global para Centroamérica fue de 9 mil millones, casi el 30% de esa cantidad la recibirá Nicaragua. España fue el país que se comprometió a mayores aportes bilaterales. Para los próximos tres años, España ofreció a Nicaragua 243.5 millones de dólares para diversos proyectos.
Con todo, en Estocolmo no sólo se habló de dinero para proyectos. Grandes temas políticos, sociales e institucionales atravesaron toda la reunión. Especial atención mereció a la comunidad cooperante garantizar un uso transparente de la ayuda internacional destinada a la reconstrucción post-"Mitch". "Es el tema que más preocupa a los donantes", remarcó la ex-embajadora de Suecia en Nicaragua. En esta atmósfera, todos los participantes en el foro —donantes y donados, probos y sospechosos de falta de probidad— incluyeron la palabra "transparencia" en sus discursos.
También habló de transparencia el Presidente de Nicaragua. Tenía que hacerlo. Pero el récord con que Alemán llegaba a la reunión no era el más presentable. No tanto porque en la ayuda de emergencia enviada desde el extranjero en los primeros meses post-"Mitch" se hubieran comprobado casos de corrupción de los que pudiera responsabilizarse a su gobierno. De hecho, con estas ayudas —parte de las cuales permanece inexplicablemente aún embodegada— parecen haber sido mucho mayores las ineficiencias y las descoordinaciones que los actos de corrupción.
Los antecedentes poco presentables del presidente Alemán en Estocolmo tenían que ver, fundamentalmente, con sucesos escandalosos ocurridos en Nicaragua desde mucho antes de la reunión: las pruebas aportadas por la Contraloría General de la República (CGR) sobre su enriquecimiento vertiginoso y desmesurado desde que ocupa cargos públicos —hecho por el que tiene pendiente un proceso sumario—, y la campaña de descrédito y de desacato que ha venido dirigiendo contra la CGR.
Caso tras caso, ataque tras ataque, escándalo tras escándalo: de este avergonzante cúmulo parecían estar suficientemente informados los gobiernos de la comunidad donante. Tanto que algunos países amenazaron con retirar definitivamente todos sus aportes económicos si reciben alguna nueva noticia de irregularidades del gobierno en el uso de la ayuda internacional. Los países más críticos con el gobierno de Nicaragua parecen haber sido Alemania y Canadá.
A pesar de su lamentable expediente, el Presidente propuso en la tribuna de Estocolmo la creación de una nueva superestructura centroamericana destinada a fiscalizar la ayuda internacional post-"Mitch", que dejaba por fuera a las instituciones fiscalizadoras nacionales ya existentes. Pero la iniciativa de Alemán no tuvo eco. Aunque la presentó como regional, no estaba acordada con la legislación de cada país. Era imprecisa en su formulación. Y, sobre todo, era sospechosa por quien la promovía. La opinión prevaleciente entre los representantes de la comunidad internacional fue fortalecer, con independencia financiera y administrativa, las instancias fiscalizadoras de cada uno de los países. En Nicaragua, fortalecer a la CGR.
Como resultado de la reunión se crearon varios mecanismos para controlar el uso eficaz y transparente de la ayuda. Nicaragua tendrá un trato específico, y el uso de la ayuda será monitoreado por una instancia en la que deben participar representantes de la sociedad civil nicaragüense y en la que se integrarán representantes de cinco de los países cooperantes: España, Canadá, Estados Unidos, Alemania y Suecia.
El contralor general de la República, Agustín Jarquín —presente también en Estocolmo en representación de la organización que agrupa a las entidades fiscalizadoras de Centroamérica y el Caribe—, comparó el encuentro de Estocolmo 99 con la reunión de Esquipulas 87, en el sentido de que la comunidad internacional se unió para respaldar el esfuerzo conjunto de los centroamericanos: "En Esquipulas, la comunidad internacional nos respaldó para que consiguiéramos la paz, en Estocolmo para que alcancemos el desarrollo". Jarquín consideró que Estocolmo es una especie de "última oportunidad" que la comunidad internacional nos da, y señaló las cuatro prioridades que el mundo espera de Centroamérica —y de Nicaragua— al ayudarla: que en nuestros países se fomente la participación ciudadana, el poder municipal, la transparencia y los enfoques regionales.
Ya se mencionó que en Estocolmo ningún país iba a recibir dinero en efectivo (recursos líquidos), sino promesas de dinero para proyectos (recursos atados). Sin embargo, el gobierno de Alemán trató de inducir en la opinión pública que viajaba para recoger "ayuda" y que, regresando con esa ayuda, las cosas iban a mejorar sensiblemente para el país y para los pobres, inmensa mayoría.
Para aumentar la confusión, y por irresponsabilidad o desinformación, el Presidente y varios de sus altos funcionarios buscaron también hacer creer a los nicaragüenses que la reunión de Estocolmo era el espacio donde se le iba a perdonar totalmente a Nicaragua la deuda externa. Políticamente, la popularidad del gobierno liberal estaba en un punto tan bajo que crear estas fantasías parecía urgente. Era como una medida de emergencia y rehabilitación tras el huracán de la corrupción gubernamental que se había ido descubriendo en los meses que siguieron a "Mitch".
Estos espejismos, creados a la fuerza, pueden revertirse contra el gobierno, y relativamente pronto. La ayuda prometida no comenzará a llegar hasta el próximo año y los proyectos de construcción no podrán comenzar a realizarse con lluvias previstas ya como abundantes y destructivas. Así, lo más seguro es que 1999 cierre con una mayor profundización de la crisis económica, lo que diluirá, en los bolsillos y en los estómagos de la mayoría, cualquier espejismo.
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Colaboración Equipo Envío, Nicaragua
Para colmo de males y pese a que se habló de cientos de "curriculums" recibidos, Flores prefirió reciclar gente de la administración anterior en algunos puestos como el Ministerio de Hacienda, el del Interior y el Banco Central de Reserva, por mencionar los más relevantes. Pero, a fin de cuentas, lo anterior se queda corto frente a otras señales realmente preocupantes que el hoy titular del Ejecutivo ha lanzado al anunciar las personas que conducirán —durante el quinquenio— la seguridad pública del país. Estamos hablando del tema que más preocupa a la población; del tema que —digan lo que digan— cuestiona un mal llamado "modelo salvadoreño", el cual también se está desmoronando a causa de otros dos grandes males estructurales: la inadecuada distribución de los bienes y la impunidad.
Baste saber que el señor Mauricio Sandoval dirigirá la Policía Nacional Civil (PNC), para comenzar a poner en tela de juicio las intenciones de Flores o su capacidad para imponerse sobre el poder real al interior de su partido. Se ha dicho mucho sobre la trayectoria de Sandoval; en primer término se habló de su papel durante la ofensiva de 1989 como director de la cadena nacional de radio y televisión, siendo secretario de información de Cristiani; sobre ello, el informe de la Comisión de la Verdad afirmó lo siguiente: "También se estableció una cadena nacional de radio cuya emisora piloto era la Radio Cuscatlán de la Fuerza Armada. A través de un «micrófono abierto» se difundieron llamadas telefónicas a esa emisora. En ellas se hacían acusaciones contra el padre Ellacuría".
"Durante las primeras horas de la ofensiva, —afirma Martha Dogget en su libro "Crónica de una muerte anunciada"— las emisoras salvadoreñas cubrieron de forma excelente las incidencias de los combates por toda la ciudad. Los periodistas y los particulares telefoneaban y daban informes «en vivo y en directo» desde las barriadas en las que se estaba combatiendo. Los radioyentes podían constatar el alcance y la gravedad de la ofensiva. Pero, aproximadamente hacia las 11 de la noche, todas las emisoras recibieron la orden de conectarse a una «cadena nacional» que no era otra que Radio Cuscatlán, la emisora de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Dos emisoras, que al principio se negaron a conectar, fueron obligadas a hacerlo poco más tarde".
Y sigue el relato: "Ya bajo el control de las Fuerzas Armadas, la programación cambió radicalmente y se cortó la información directa sobre los combates. Los repetidos mensajes del Centro de Información Nacional (CIN), afirmaban que la lucha estaba muy localizada y que pronto toda la situación estaría bajo control. También cambiaron los contenidos de las llamadas de los ciudadanos particulares. Dejaron de pedir información sobre parientes o de transmitir mensajes a sus familias diciendo que se encontraban bien. En cambio, las llamadas empezaron a llenarse de denuncias y ataques contra personalidades de la oposición política, de los sindicatos, de la Iglesia y de las organizaciones no gubernamentales, a menudo tachadas de ser fachadas del FMLN. Los contenidos de estas llamadas eran virulentos, llenos de odio y, muy frecuentemente, pidiendo actuaciones violentas contra quienes nombraban".
"Continuando con la ya larga historia de acoso y persecución a la Compañía de Jesús, los ataques también se dirigieron contra los jesuitas. El P. Ignacio Ellacuría, Rector de la UCA, era uno de los más nombrados por quienes llamaban. «Ellacuría es un guerrillero. ¡Que le corten la cabeza!», decía uno. «Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas», decía otro."
La autora del libo interrogó mayor Mauricio Chávez Cáceres, director del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) durante la ofensiva y ahora ya fallecido, sobre el tema; veamos lo que se dice al respecto en la obra citada: "negó cualquier responsabilidad, ya que él había salido de vacaciones a Guatemala el día en que empezaron los combates. Dijo que el gobierno controlaba la cadena a través del Centro de Información Nacional (CIN) y que la responsabilidad correspondía a Mauricio Sandoval, director de la oficina de prensa del gobierno".
Por si eso no fuera suficiente, se han mencionado otras cosas que no deberían ser tomadas tan a la ligera. Incluso políticos de derecha que durante la campaña electoral expresaron su apoyo condicionado a Flores, han criticado este nombramiento. Es el caso de Kirio Waldo Salgado, quien recientemente se expresó así: en lugar de dirigir la Policía, "debería estar siendo procesado por intervenir teléfonos, abrir la correspondencia y atentar contra personas, como sucedió en mi caso". Pero, por lo visto, al nuevo presidente le tienen sin cuidado todos esos señalamientos y otros menos públicos pues ya le brindó su voto de confianza; mientras tanto, Sandoval ya anticipó medidas "bastante duras" para combatir la delincuencia y alrededor de la PNC se ha se ha comenzado a desarrollar una notable campaña publicitaria para "vender" una nueva imagen: de eficiencia en el combate a la delincuencia.
Conociendo su trayectoria, sobre todo lo relativo a sus más de cinco años al frente del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), dudamos que de la noche a la mañana pueda dejar de ser un "espía del público" para convertirse en un buen "servidor público". Esas medidas "bastante duras" pueden, entonces, llegar a convertirse en una serie de medidas mal aplicadas y frustrantes como las que hemos conocido hasta ahora: ley de emergencia, juntas de vecinos, endurecimiento de leyes y tantos otros "palos de ciego" dados por quienes —debido a sus antecedentes de incapacidad o falta de idoneidad— no pueden cargar con una responsabilidad tan grande.
Pese al garrafal error de protocolo cometido durante su toma de posesión, Flores prometió —estando la banda presidencial aún en el pecho de Calderón Sol— cumplir y hacer cumplir la Constitución. Tras esa ceremonia se trasladó a la "Casona" en la colonia San Jacinto, San Salvador, y juramentó a sus principales colaboradores; entre ellos estaba Sandoval. De boca de importantes políticos y antiguos funcionarios escuchamos un rumor que recorrió el país entero y que incluso apareció en uno de los principales periódicos nacionales el pasado martes 1 de junio: el nuevo director de la PNC no tenía título universitario —que significa cursar todas las materias de una carrera y cumplir con todo lo que se pide para graduarse— sino un pergamino entregado en una universidad policial de Taiwán quién sabe por qué "méritos". De ser cierto tal situación, el nuevo presidente de la República habría violado casi inmediatamente su promesa de "cumplir y hacer cumplir la ley".
Había que evitar eso y sucedió lo que ya es costumbre en la conducción de la institución policial o al menoseen el caso de dos de sus tres directores: tras la denuncia de que no reúnen ese requisito legal, aparecen con "sendas" licenciaturas. En los últimos días nos enteramos —a través de una prensa que está actuando bastante "rara" al rededor de este tema— que Sandoval era licenciado en Relaciones Públicas y Publicidad. El título lo obtuvo en 1996, según dicen ahora, en la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA); sus autoridades son Hernán Contreras, rector y ex presidente de la Corte de Cuentas, y Ronal Umaña, vice rector, hasta hace unos días secretario general de lo que queda de la democracia cristiana salvadoreña y de sobra conocido por sus cuestionadas actuaciones políticas.
El nombramiento de Sandoval ha generado serias críticas, sobre todo de parte de la UCA; por eso, no nos extraña que recientemente el rector de la misma haya sido blanco de fuertes ataques verbales por teléfono cuando participó en un programa de opinión en el canal 33 de la televisión local. Entre otras cosas, las personas que acometieron en esa ocasión contra el padre José María Tojeira —no sabemos si son algunas de las que acostumbran escuchar conversaciones telefónicas o de las que participaron en el "micrófono abierto" hace diez años— hablaron para decir que "poco se había hecho con matar a los jesuitas". Estas actitudes contra quienes se atreven a denunciar irregularidades y advertir sobre sus peligrosas consecuencias, son propias de un pasado oscuro cuya repetición queremos evitar a toda costa; asimismo, confirman el riesgo en que se encuentra la PNC en particular y la sociedad salvadoreña en general.
Además del nombramiento de Sandoval como director de la PNC, también preocupan otros: el del sub director general de operaciones —¿qué sabe René Domínguez, ex vice canciller, de esta materia?— y el del inspector general del cuerpo policial. En este último hay que detenerse un poco: la trayectoria de Romeo Melara Granillo en la Fiscalía General de la República (FGR) dejó mucho que desear, porque no hizo prácticamente nada y se plegó a las decisiones de otros que teóricamente no podían ni debían influir en su mandato y decisiones. La mala experiencia que significaron los tres años de Melara Granillo al frente de tan importante institución, no nos animan a pensar que es posible tener alguna esperanza sobre su paso por la PNC.
Ya se está llevando a cabo una reestructuración del todo el ramo de seguridad pública, aún sin haber aprobado las reformas legales correspondientes; independientemente que sea adecuado o no, con dicho proceso dicen que lograrán —entre otras cosas— "darle dientes" a la Inspectoría General al otorgarle el mando sobre la Unidad Disciplinaria, la Unidad de Control, el Tribunal Disciplinario y Asuntos Internos; si nos atenemos a lo que hasta ahora ha sido Melara Granillo, lo que más bien se está haciendo es ponerle una "placa" dental a la Inspectoría para quitársela y ponérsela según convenga y "morder" o no dependiendo de determinados intereses que no son, precisamente, los de la Nación.
Para lograr este y otros propósitos, las autoridades de Seguridad Pública ya anunciaron que solicitarán diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la PNC; de pasar éstas, la Inspectoría General quedaría bajo el control de Mauricio Sandoval. Está claro que tal iniciativa, violando el espíritu con el que fue creada la normativa en la que se establece su independencia, le otorgaría demasiado poder a una sola persona y se correría el riesgo de que se incrementen los actuales niveles de impunidad existentes al interior de la institución; aunque se entreguen "peces chicos", como ha sucedido hasta ahora, los "grandes" podrían gozar de mayores beneficios con un director en total libertad para "hacer y deshacer" sin que nadie controle su actuación. No resulta extraño entonces que los promotores de esta iniciativa —incluido el mismo Melara Granillo— argumenten que las reformas no se traducirán en una pérdida de autonomía por parte de la Inspectoría; el director de la PNC, dicen, será supervisado por el ministro del ramo y el presidente de la República. No nos engañemos: las flores de papel, aunque se les eche agua, no crecen.
Dentro de este panorama, la tan promocionada política de seguridad pública puede y debe ser cuestionada. No por las acciones que, según han anunciado, pretenden impulsar; no por eso, sino por la concepción que pueda estar detrás de ella: en aras de garantizar la tranquilidad de la población se pueden cometer iguales o peores barbaridades que las actualmente padecidas por la sociedad salvadoreña. Por razones de espacio, sobre esto último hablaremos en otra ocasión. Mientras tanto, pensamos que —por encima de las tolerancias irresponsables y las cómodas hipocresías que abundan en este "proceso de paz"— lo que sigue a Calderón Sol no es exactamente un futuro brillante.
Al iniciar nuestra etapa de Gobierno Presidencial, cuando en los umbrales del siglo XXI abriga la Humanidad entera esperanzas nuevas de paz, de justicia y de solidaridad, somos especialmente conscientes de lo que significa y exige, después de las elecciones democráticas, la voluntad del pueblo salvadoreño, que hoy pone en nuestras manos el timón del Estado.
Pero no sería prudente esperar las ilusiones de esa mítica magia milenarista, que de modo singular suele reaparecer, milenio tras milenio y siglo después de siglo, renovando anhelos y aspiraciones legítimas quizás, pero rara vez cumplidas, de los seres humanos. Pero no es el tiempo lo que ha de configurar nuestra existencia, sino lo que nosotros, contando con el tiempo, forjemos de nuestra propia vida. Como ha ocurrido ya en otras naciones, nuestro Gobierno abrirá también el próximo siglo. Y en este momento histórico es obligado primeramente preguntarnos quiénes somos, para poder vislumbrar hacia dónde hemos de ir.
Somos un pueblo joven, y no sólo porque la gran mayoría de la población lo es, en efecto, sino porque la energía de nuestro proceso histórico actual tiene las características vitales de la juventud: optimismo, valentía y entusiasmo. Por eso tenemos la responsabilidad especialísima de dar a los jóvenes lo que ellos reclaman, anhelan y merecen: una educación integral, un ambiente de oportunidades y un espacio abierto a la realización personal.
Venimos del cercano y amargo sabor de la guerra, a la ruta esperanzada de la concordia, asentada sobre el firme cimiento de la voluntad democrática, con sus órganos respectivos: la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Las libertades de pensamiento y expresión parlamentaria, y la de su crítica y análisis en los medios de comunicación, son cotidiana garantía, refrendo y espejo de nuestra convivencia recíprocamente respetada.
Nuestro camino está marcado por la fuerza de la esperanza, por el entusiasmo de las nuevas generaciones y la sabiduría de nuestros mayores, cuya voz he percibido directamente aún en los lugares más apartados de nuestros pueblos y comunidades. Con esta preciosa reserva de juventud y de humana experiencia y con la visión actual de nuestras realidades nacionales, nos preguntamos cómo debe y podrá ser El Salvador del siglo XXI. He aquí nuestra preocupación de Estado moderno: ¿qué debemos hacer para acercarnos a ese reclamado país donde oportunidad no sea sinónimo de privilegio, donde trabajo sea inviolable derecho y garantía de prosperidad, donde cada esfuerzo individual se convierta en victoria colectiva?
Después de escuchar, durante nuestra gira preparatoria de la campaña electoral, a campesinos, empresarios, amas de casa, estudiantes, obreros de toda clase, trabajadoras de las fábricas, comprendimos que los sentimientos de todos ellos nos ofrecían la visión del país que todos queremos, las orientaciones fundamentales, ahora expresadas en nuestro programa de Gobierno. Nadie esperaba regalos ni prebendas. Todos querían ver en sus manos la dignidad del propio trabajo. Esta es la razón de LA NUEVA ALIANZA, acuñada inicialmente en el espíritu de nuestro partido ARENA, y hoy presentada ante todos los salvadoreños como Programa de Gobierno.
Una alianza de este género brota no sólo de un compromiso de Gobierno, sino también de la voluntad y del esfuerzo de todos. Esta alianza se fundamenta en la necesidad de establecer un esfuerzo de Gobierno bajo la comprensión adecuada del modo de ser salvadoreño, nuestro verdadero manantial inagotable y no explorado de recursos y oportunidades.
El compromiso de nuestra Administración surge como respuesta integradora a las perspectivas reales del crecimiento que todos los salvadoreños poseemos. Se refiere primeramente a la posibilidad de estimular el desarrollo del individuo y, a través de su persona, a la comunidad. La atención no prestada a los ciudadanos, en sus existencias reales, tantas veces sumergidas en la marginalidad, impiden siempre el pleno desarrollo colectivo.
Pero asumir este compromiso es también esclarecer que ninguna iniciativa gubernamental tendrá éxito si no es el resultado que nace en el individuo, y crece en la voluntad solidaria de todos. A esto llamamos responsabilidad compartida.
El sentido de esta responsabilidad vinculante se basa en el esfuerzo común, que permite considerar como propio el avance que obtiene mi compatriota, mi municipio y mi comunidad nacional. Como escribiera nuestro humanista Alberto Masferrer:
"Lo hacemos todo entre todos". Es aquí donde radica nuestra verdadera identidad nacional. Pero debe aceptarse que el Estado, en cualquier país que pretenda desarrollo y dignidad social, no tiene ya función paternalista. En una democracia "el estado somos todos", desde el obrero hasta el mismo Presidente de la República. El Estado justo es aquel donde el hombre espera no sólo recibir lo que en su estimación se le debe, sino aquél en que cada uno ofrece a la comunidad lo mejor de su capacidad y rendimiento. Esto exige el respeto absoluto al esfuerzo individual.
El primero y más urgente requerimiento a nuestro gobierno consiste en promover el trabajo, y alentar a toda empresa y negocio a crear empleo como única alternativa contra la marginación y la pobreza. Sólo los puestos de labor permanente, dignamente remunerados, son fuerzas de perenne eficacia para exterminar la miseria y emprender los nuevos desafíos que el próximo siglo presenta. No es posible generar riqueza ahí donde nadie sabe cómo generarla, y esto nos obliga de modo especial a enfrentarnos al problema de la educación como garantía nacional de futuro.
Existe una relación directa y proporcional entre la educación de la persona, comenzando por la escuela elemental, y las oportunidades del desarrollo individual y colectivo. Pero no basta la igualdad de oportunidades, hay que darle oportunidad a la igualdad. Haremos cuanto nos sea posible para que toda educación sea de calidad, ya que ésta abre siempre nuevas dimensiones, no sólo como estructura social, sino como base económica insustituible. Debemos asumir desde hoy el reto de que algún día ni una sola niña o niño se queden sin el bien inaplazable de la escolaridad. La educación es el único medio universal capaz de generar ciudadanos más libres y honestos, y también único sistema de compensación de las desigualdades sociales. Y no podemos olvidar que la formación profesional y académica, seria y competente, será nuestro mejor instrumento emulador, tanto en los mercados locales como en el contexto competitivo de la presente economía global.
Reconocemos los avances de la Reforma Educativa, y a este proceso nos incorporamos enfrentando ahora por nuestra parte el reto de la calidad. Este reto consiste en la introducción segura de nuevas tecnologías, que abran a su vez perspectivas nuevas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Queremos y vamos a mejorar el sistema de incentivos para el desempeño y función docente, así como fortalecer la participación de los padres de familia en la administración escolar. Sólo así puede El Salvador poner también en marcha su presencia en el panorama de las calidades propias de una nación moderna.
Vamos a iniciar la reforma del sector salud para la construcción de un sistema nacional eficiente y equitativo que permita el acceso a los servicios sanitarios de calidad. Este proceso de reforma requiere la voluntad expresa de trabajo junto con los médicos. Para ello crearemos un consejo rector de la Reforma de Salud, que estará compuesto por los actores principales de este sector.
Nuestra decisión es liberar la provisión de servicio a través de nuevos mecanismos de financiamiento, para que actores como municipios e iglesias puedan integrarse a un sistema nacional de salud.
El modelo de atención a la salud dará prioridad a las acciones de Prevención y Promoción de la Salud. Para que nuestra población goce de mejores servicios, estableceremos convenios de gestión para evaluar a los establecimientos de salud por sus resultados, incentivando a los trabajadores de la salud con un ambiente de mayor responsabilidad y flexibilidad en el manejo de los recursos.
Como es perfectamente conocido, clave fundamental de la salud es "ese más preciado bien", el agua. Se trata de lograr un manejo sostenido e íntegro de uno de nuestros recursos más importantes y vitales. Para ello es necesario contar con un marco legal e institucional, que norme los distintos usos del agua, a fin de que no nos falte este recurso en las actividades económicas y sociales que lo demandan.
Me comprometo a iniciar la descentralización racional y gradual de los sistemas de agua potable, de acuerdo a la capacidad local instalada.
Desde el Ejecutivo, tras las huellas de nuestros Gobiernos procedentes, crearemos un sistema de provisión de servicios públicos, cuya efectividad estará determinada por una clara política descentralizadora. Buscaremos siempre el protagonismo real y responsable de las administraciones locales, del potencial empresarial y la participación ciudadana. No queremos ser el Estado que concentra y dicta. Queremos un Estado que distribuye tareas y estimula acciones eficaces.
Buscaremos incrementar los espacios culturales autóctonos, deportivos y recreativos, pues queremos que nuestra juventud, dirija su natural entusiasmo hacia las actividades literarias, artísticas, lúdicas y recreativas. Es nuestra resuelta voluntad ayudarla a distanciamiento de vicios callejeros, de vagancia y conductas antisociales. Hemos de emprender el camino para ver nuestras ciudades y calles resplandecer con una juventud sana de cuerpo y espíritu. La promoción de la cultura, una de las manifestaciones más excelsas de la libertad individual y colectiva, está en nuestra mente y programa en favor de todas las artes manuales y las artes plásticas, para hacer oír y contemplar el tesoro de creatividad de nuestro pueblo.
La suma de todos los valores éticos y sociales del ser humano tienen su origen y fragua en la familia, y necesariamente a la familia estará consagrada la exigida atención y esfuerzo de nuestro Gobierno. Decidme qué clase de familia tenemos y podremos decir quiénes somos. Toda persona que forma su carácter y conciencia moral en el corazón de la armonía familiar, del mutuo amor y respeto, está más inclinada al servicio de los demás que aquella otra, que no ha tenido tamaña fortuna. En la mayoría de los casos es la sociedad civil espejo y retrato de nuestras familias.
No podemos esperar ciudadanos íntegros a partir de una familia que se debate en un entorno social peligroso, y que ve constantemente lesionados sus valores y su tranquilidad. Por esta razón tiene para nosotros rango prioritario la seguridad ciudadana.
Pondremos todo el peso de nuestro Gobierno para respaldar las iniciativas legales de los Organos Legislativo y Judicial, dirigidas a renovar un procedimiento de justicia pronta, efectiva, equitativa y transparente.
Para el equilibrio social, que levantaremos unidos, mi Gobierno fortalecerá a la Policía Nacional, considerando la integridad de sus componentes, orientando sus recursos y dinamizando estrategias hacia métodos más ágiles en la lucha diaria contra el crimen.
Sabemos cumplidamente que el fruto de cualquier esfuerzo humano y éxito material se pierde en una sociedad incapaz de defenderse a sí misma. A la violencia delincuencial acudiremos con toda la potencia del Derecho. Vamos a perseguir el crimen con todas nuestras energías, perfeccionando los actuales instrumentos de la seguridad policial.
