Año 20
número 860
junio 23
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Cuestión de honor
Economía Competitividad e integración económica
Economía Porter, Sachs y el cluster centroamericano
Regional Integración centroamericana: Flores empezó mal
Derechos Humanos ¿Nueva forma de hacer política? ¡Ojalá! (I)
Cuestión de honor
Para Nicola Abbagnano, en su Diccionario de Filosofía, el honor es "toda manifestación de consideración y estima tributada a un hombre por otros hombres, como también la autoridad, el prestigio o el cargo mediante los cuales se reconoce". En consecuencia, no tener honor (o verlo menoscabado) es no recibir consideración y estima de otros hombres, o no ser reconocidos la autoridad, el prestigio o el cargo que se poseen. El honor, pues, es algo que se puede tener o no tener; es algo que se puede tener en mayor o menor medida. Con todo, no da igual ser una persona honorable que no serla; no da lo mismo ser considerados y estimados que ser rechazados; no da lo mismo ser reconocidos por nuestra autoridad y prestigio que ser reconocidos por nuestra prepotencia y latrocinio. Esto, por supuesto, no debería ser indiferente a personas medianamente cuerdas y con un mínimo de dignidad y de respeto hacia sí mismas.
Ahora bien, el honor, tal como lo hemos considerado antes, se puede perder (o puede verse socavado) por distintas razones. Algunas veces, estas razones pueden ser externas a la persona: los otros pueden perderle toda consideración y no reconocerle su autoridad (si es que en virtud de su rol social debería gozar de alguna) porque perciben que se sale del marco de sus expectativas (a lo mejor por sus creencias religiosas o políticas, por sus preferencias sexuales, por su condición racial; etc.). Otras veces, las razones pueden ser internas a la persona: ésta hace cosas que la llevan a ser rechazada por los otros, a no ser estimada, en suma, a la pérdida de prestigio. ¿Cuáles son esas razones?: actos de corrupción, chantaje político, enriquecimiento ilícito, deslealtad, complicidad delictiva, contrabando… Aquí se trata de personas que positivamente hacen cosas que conducen a la pérdida o a la disminución de su honor. De entre las dos situaciones, la peor, obviamente, es esta última, pues es donde se ve involucrada la propia responsabilidad individual.
¿Para qué esta discusión sobre el honor? Pues sencillamente para reflexionar sobre la realidad salvadoreña en esta postguerra. En nuestro país, entre otras muchas figuras públicas de una larga lista en la cual está incluido el nombre del ex presidente Cristiani, hay tres que han visto socavado fuertemente su honor (por no decir absolutamente disminuido) en razón de los actos turbios que han realizado en su carreras políticas: el aún no ratificado Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Francisco Merino; el recientemente destituido Secretario General del PDC, Ronal Umaña; y el recién nombrado Director de la PNC, Mauricio Sandoval. El honor de Merino, Umaña y Sandoval ha sido puesto en cuestión por diversos sectores sociales: en el caso del primero por sospechas fundadas de enriquecimiento ilícito; en el caso del segundo, entre otras cosas, por mal manejo de los fondos del partido; y en el caso del tercero por su participación en la campaña que llevó al asesinato de los jesuitas de la UCA en 1989.
La actitud de esas figuras públicas ejemplifica la de muchos otros que en El Salvador han hecho cosas que los han llevado a perder su honor: no defenderse de las acusaciones con las pruebas pertinentes, sino o bien atacar a quienes les han perdido la confianza de ser parte de una conspiración montada en su contra, o bien hacer oídos sordos (como una muestra de desfachatez total) a las críticas públicas que se les hacen, como si la defensa y recuperación del honor perdido no fueran algo importante. Es como si a Merino, Umaña y Sandoval –y a todos los que son como ellos— no les importara ser personas dignas, estimadas y consideradas por los demás, con una autoridad y un prestigio reconocidos públicamente. Más bien parece que quieren ser reconocidos como expertos en triquiñuelas, negocios truculentos y conspiraciones bien montadas. Es decir, como personas nada honorables, que son admiradas por —y se ven rodeadas de— individuos de igual talante.
Definitivamente, el honor, en el sentido que aquí se viene planteando, tiene que ser reivindicado en la vida pública. Y ello quiere decir no sólo que las figuras públicas tienen que ser honorables —no haciendo cosas sucias ni bajas—, sino que los salvadoreños no debemos alentar comportamientos o actitudes sucias y bajas. Lo mejor que podrían hacer por el país los funcionarios o líderes políticos cuyo honor ha sido socavado en razón de sus propias acciones es retirarse de la vida pública, como primer paso para recuperar el honor perdido o, al menos, para no seguir mancillándolo más. Por supuesto que ellos esgrimirán, para no retirarse, cualquiera de estas dos excusas: a) que no se retiran porque si lo hacen darían gusto a los "enemigos" que han fraguado la campaña de desprestigio en su contra; y b) que su presencia en tal o cual cargo público y/o político es tan importante para la marcha del país que, por el "bien nacional", están dispuestos a soportar cualquier injuria y a continuar activos en la vida pública.
Sobre lo primero hay que decir que se trata de una postura necia, pues se sustenta en la idea de que un cargo público o político se mantiene sólo por molestar a unos presuntos enemigos, mientras que lo contrario sería darles gusto. Pues bien, la defensa del honor va más allá de eso y consiste en aportar pruebas concluyentes sobre la propia honestidad y transparencia. Lo demás es pura artimaña para no rendir cuentas de la propia conducta, pues a una persona honorable lo que menos debiera importarle es retener un cargo por llevarle la contraria a sus detractores. Sobre lo segundo, es bueno hacerles ver a quienes se consideran imprescindibles en sus cargos públicos o políticos que no hay idea más errada que esa: no hay cargo que necesite de "genios" o "pequeños dioses" —como se creen algunos— para poder ser desempeñados con solvencia. Pero, si por cualquier motivo esas figuras fueran insustituibles, las instituciones del país tendrían que acostumbrarse a funcionar sin ellas, pues mal estaríamos si dependemos de "genios" o "pequeños dioses" para organizar nuestra vida política.
Obviamente, muchos de quienes se aferran a los cargos usan el argumento del "bien nacional" como una mera argucia para ocultar los intereses mezquinos que los mueven. Y es que, en definitiva, esos cargos son para ellos fuente de enriquecimiento fácil y oportunidad para comprar lealtades; espacio para manejar y controlar a otros, para hacer y recibir favores a cambio de poder. Es por eso que no pueden renunciar a cargos y atribuciones. Hacerlo, sin embargo, es cuestión de honor.
Durante las décadas de 1950 y 1960 la integración económica de Centroamérica adquirió importancia fundamental con la creación del Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN), el cual supuso la adopción del libre comercio entre los países centroamericanos, la fijación de un arancel común frente a productos de terceros países y la creación de la institucionalidad necesaria para impulsar la integración económica de la región. Estas medidas trajeron beneficios para los países que, como El Salvador y Guatemala, contaban con un sector industrial más desarrollado, lo cual les permitió obtener importantes superávits en su comercio con los restantes países centroamericanos, mientras que estos últimos experimentaban todo lo contrario: incrementos de su déficit. La incapacidad de balancear este desequilibrio en la distribución de beneficios ha sido señalada como una de las principales causas de la ruptura del MERCOMUN, a la par de diversas incoherencias entre las diferentes políticas nacionales.
Casi 30 años después de la ruptura formal del MERCOMUN, el tema de la integración continúa presente no sólo en Centroamérica, sino también en otras regiones: Norteamérica, Sudamérica, Europa y el sudeste asiático. La evidencia más reciente de la vigencia del tema de la integración centroamericana ha sido el cónclave de la mayoría de presidentes de la región y del Presidente del Ecuador, sostenido en San José el pasado 18 de junio, donde se presentó el documento Centroamérica en el siglo XXI, una Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, elaborado por un equipo encabezado por el consultor Michael Porter a iniciativa, entre otras instituciones, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En lo fundamental, el experto propone que la región centroamericana implemente medidas conjuntas para crear ventajas competitivas a través de políticas que promuevan la formación de mano de obra, la especialización de la infraestructura, las inversiones constantes y la innovación en tecnología y procesos. Además, propone que las acciones se desarrollen alrededor de cuatro sectores fundamentales: turismo, agricultura, textiles y prendas de vestir, y los servicios electrónicos y de software.
Este planteamiento, además de que rescata la importancia de la dimensión regional del desarrollo, también supone que éste no llegará como resultado inevitable de políticas de liberalización económica y de reducción del Estado. Por el contrario, supone que los Estados deben tener una presencia firme en la promoción de las ventajas competitivas a través de políticas públicas diseñadas deliberadamente para ello.
De la misma manera, supone que el sector privado deberá acompañar los esfuerzos gubernamentales a través de la adopción de nuevas prácticas empresariales que basen el éxito de la empresa en la competitividad, la eficiencia y la eficacia y no tanto en la obtención de prebendas estatales. Este mismo punto levantó una fuerte polémica cuando en una visita previa Michael Porter expresó sus reservas sobre las posibilidades de desarrollo en El Salvador si el sector empresarial no abandonaba formas "viejas y viciadas de hacer dinero" y si además se pretendía promover el crecimiento a partir de la maquila, pues "sólo países que tienen poco que ofrecer atraen inversiones con vacaciones fiscales" (ver Proceso, 798).
Consecuentemente, en la nueva propuesta de integración regional la postura de El Salvador aparece bastante comprometida, a diferencia de lo ocurrido con la creación del MERCOMUN. Los sectores estratégicos propuestos se encuentran relativamente subdesarrollados o simplemente no existen. El turismo es mucho menos importante que en otros países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala y Honduras. De hecho, los ingresos generados por el turismo en El Salvador son menos de la quinta parte de lo que representan en Costa Rica, por ejemplo, debido a factores como la debilidad institucional, el deterioro del medio ambiente y precios artificialmente altos.
La agricultura es uno de los sectores más desfavorecidos por las políticas económicas implementadas durante las dos últimas décadas. Un reflejo de ello es la escasa diversificación del sector, la ausencia de tecnología agropecuaria, la reducción de las agroexportaciones y la pérdida de importancia del PIB agropecuario (ver Proceso, 858). Por otra parte, los servicios electrónicos y de software no existen o, en el mejor de los casos, son incipientes en relación a países como Costa Rica que es pionero en esta actividad.
Los textiles y prendas de vestir, en cambio, han tenido algún desarrollo en el país, pero principalmente debido a la influencia de las maquilas fundadas con inversiones extranjeras atraídas por "vacaciones fiscales". La inversión nacional en este sector no es tan competitiva, pero, al menos, ha logrado mantener su importancia dentro del PIB, pese a presentar un fuerte rezago tecnológico.
Además de los posibles retrasos en el desarrollo de sectores estratégicos, El Salvador también ha mostrado algunas diferencias en su política comercial que se resumen principalmente en el mayor énfasis en la desgravación arancelaria. De hecho, el país ha reducido sus aranceles de forma descoordinada y mucho más acelerada que sus vecinos centroamericanos y proyecta llevarlos a niveles notablemente más bajos que sus vecinos. Mientras la mayoría de países propugnan por un arancel máximo de 15%, El Salvador plantea llevarlos hasta niveles de 10%, lo cual ha sido adversado en diferentes ocasiones por el sector industrial.
Lo cierto es que la propuesta de desarrollo regional reseñada, aparte de mostrar la vigencia de la asociatividad entre países y regiones, sugeriría que en El Salvador las políticas económicas no han promovido la competitividad. Los sectores que más se han desarrollado son sectores terciarios o que no generan bienes transables como el comercio, construcción y servicios financieros (ver Proceso, 847 y 849). Hasta el sector industrial de El Salvador, anteriormente uno de los más competitivos del área, ahora se encuentra con bajos niveles de competitividad y mayor vulnerabilidad a productos importados debido a la desgravación arancelaria. En cambio, los demás países de la región han logrado mayores avances en materia de turismo, agricultura y, más recientemente, hasta en el terreno de los servicios electrónicos y de software, en el caso de Costa Rica.
Las perspectivas de El Salvador en este nuevo escenario no son alentadoras y llaman la atención sobre la necesidad de que la gestión de la economía no se limite al sostenimiento de los equilibrios macroeconómicos, sino que trascienda a la orientación del crecimiento hacia polos estratégicos de desarrollo. El crecimiento y la estabilidad económica no son objetivos en sí mismos, especialmente si no promueven el empleo, el ingreso y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Casos de desarrollo exitoso, como el de Taiwan, muestran que la educación de la mano de obra y la promoción de la salud han sido pilares fundamentales para promover la competitividad e incrementar la inversión, el crecimiento y los ingresos.
Al nuevo gobierno se le plantea la disyuntiva de continuar con las políticas anteriores o asumir un papel protagónico en la promoción de la educación, la salud y la ciencia y tecnología. Lo más conveniente para el país es que se promuevan acciones que mejoren la capacidad intelectual y técnica de la mano de obra y que reorienten el crecimiento hacia sectores estratégicos como la agricultura, la industria y el ecoturismo.
Aunque no disponemos todavía del estudio Centroamérica en el Siglo XXI: una agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible, parece que estos dos especialistas de la competitividad empresarial y del entramado macroeconómico nos aconsejan algo bueno: hagamos de Centroamérica un gran "conglomerado", una integración económica y una unión de esfuerzos y políticas. Ellos utilizan la palabra "agenda", expresión latina: lo que se debe hacer. Y lo primero que se debe hacer, de acuerdo a Porter y Sachs, es apreciar y respetar los ricos valores donados por la madre naturaleza. Es un don de la naturaleza nuestra ubicación espacial, nuestra geografía económica, cercana a grandes mercados, que la maquila extranjera y el malhadado narcotráfico descubrieron antes que nosotros. Es un don de la naturaleza nuestra riqueza ambiental, su clima y sus paisajes, que harían posible fortalecer el cluster (productores y comercializadores agrupados para colocar y dar permanencia a sus productos y/o servicios en mercados estratégicos) del turismo regional e internacional, reconociendo que la carencia de infraestructura y la abundancia de inseguridad delincuencial obstaculizan de momento esta fuente de esparcimiento, ingresos y empleo. Es un don de la naturaleza poseer un sector agrario climatizado para generar productos y producción durante todas las estaciones del año.
Sin embargo, mientras que la naturaleza nos ha modelado como una unidad geográfica, los pequeños nacionalismos nos han parcelado con aduanas y aranceles comerciales, fronteras militarizadas, pequeños bolsones en litigio y con recelos tradicionales que obstaculizan la requerida globalización centroamericana. En este sentido, las recomendaciones técnicas de formar esos clusters o conglomerados en el área de la agroindustria más tecnificada, del turismo, de la industria textil y de los servicios electrónicos... tienen la doble dimensión de ser políticas concretas que debemos analizar y de constituir el bosquejo de un puente estratégico hacia la integración regional. Esta es la "agenda" principal que daría sentido a los conglomerados sectoriales.
En recientes documentos nacionales (Temas claves para el plan de nación, Crecimiento con participación), así como en el discurso de toma presidencial, ya aflora la preocupación por avanzar en la línea de la integración centroamericana. Ojalá que las exhortaciones de estos autorizados economistas sirvan para ir traduciendo ese ideal en conductas y medidas concretas. Los retazos periodísticos nos hablan de un efecto en cascada. Los asesores técnicos han repetido: Harvard propone y ustedes, los presidentes de estas repúblicas, son los promotores. Los presidentes dicen "no poder solos" y piden el auxilio "traspasando estas exigencias a los ciudadanos de los países del istmo". El presidente Francisco Flores dijo que ya no podemos ver los toros desde la barrera y que la única salida es un esfuerzo conjunto. Crear esta conciencia es un logro positivo.
Al no disponer, de momento, del documento completo, no podemos opinar sobre su distribución cronológica, sus particularidades de financiamiento, su entrelazamiento con otras cumbres presidenciales (Guácimo, 1994...), incluso el potencial realista de las repúblicas recientemente golpeadas y de nuevo amenazadas por fenómenos naturales para integrarse en esta agenda. Sin embargo, este estudio nos puede ayudar a ir saliendo del estancamiento económico y, sobre todo, de la crisis de nuestros pequeños nacionalismos. Surge un interrogante que merece más larga atención. Los expertos dicen: "Esto ya no es una opción. Es una necesidad" (Sachs). Y la pregunta suele ser: ¿quién nos ayuda?; parece que la respuesta es: nosotros mismos. Estos asesores opinan que ya "se terminaron los tiempos en que la región podía basar su economía en el proteccionismo y en la ayuda internacional". En el mundo de las grandes trilaterales nos recomiendan la "asociación regional".
También nos recuerdan que el desarrollo sostenible debe integrar la política económica, la política social y la política ambiental. La integración del sector público y privado vuelve a distribuir nuevas funciones a los Estados, debiendo hablar de un Plan Regional. Muy en consonancia con los recientes debates nacionales, recomiendan "no posponer más el fortalecimiento del sistema financiero en materia de supervisión y prevención de problemas potenciales". Es imprescindible que el sector financiero se integre, en forma más altruista, a la reconstrucción del sector real de estas economías.
En la exposición de M. Porter hay una distinción y un cambio de enfoque empresarial: tenemos que ir pasando de la "ventaja comparativa" hacia la "ventaja competitiva". La primera se basa en el patrimonio natural de los países, en la fuerza laboral barata, en los recursos de capital y las dotaciones de la naturaleza. "Por el contrario, la ventaja competitiva descansa en factores mucho más complejos, más sofisticados, como la fuerza laboral educada, una infraestructura sofisticada, inversiones constantes y la innovación en tecnología y procesos". Si antes las divisas nacían del seno de la naturaleza, ahora se generan gracias a la educación y formación del capital humano, de la investigación científica y de la innovación ingenieril (ingenieril viene de ingenio humano). Esta es una recomendación amistosa para nuestros ministerios de educación e inversión social, para todas las instituciones de educación y para catalizar el cluster de universidades y sector empresarial.
También hay dos aspectos importantes. El primero, que tomemos más en serio la protección del medio ambiente, don de la naturaleza, cuyo irrespeto es una causa adicional que multiplica los daños de los fenómenos naturales. Estos asesores opinan que no estamos preparados para este tipo de eventos. Un segundo énfasis son los conglomerados agroindustriales, a condición de que esa industria se instale en el agro, donde se concentran la mayor pobreza con el mayor desempleo. Además, para que al diseñar la gran carretera (y gran recomendación) que una las capitales, puertos y aeropuertos, no olvidemos diseñar la infraestructura secundaria y caminos vecinales, sin los cuales no funcionan las escuelas, las unidades de salud y tampoco el cluster agroindustrial.... Parece, a primera vista, que M. Porter y J. Sachs nos recomiendan una "agenda" de cosas buenas, sobre todo si ayudan a crear la conciencia de que Centroamérica es un cluster.
Centroamérica abrió las puertas de 1999 con un mal precedente: el desastre dejado por la tormenta tropical "Mitch". Este acontecimiento le cambió el rostro a una región que, con dificultades, se esforzaba para generar una situación más estable, al menos en términos macroeconómicos, para la actividad productiva de ciertos sectores. Asimismo, modificó notablemente la concepción que la comunidad internacional tenía del desarrollo de Centroamérica y, ante todo, de los recursos que invertía para apoyarlo. En consecuencia, la calma que verdaderamente llegó después del "Mitch" vino dada por la manera en que los países amigos expresaron esa renovada atención hacia la región en el momento en que ésta más lo necesitaba. A manos llenas, prometían apoyar decididamente su reconstrucción.
Pero esta prosperidad que se ofrecía a granel no era incondicional. La necesidad de "recomponer" las frágiles economías centroamericanas se convirtió en el principal e incuestionable propósito de quienes han participado en la elaboración de opciones viables para el futuro de la región. Al menos así quedó demostrado durante la primera reunión con el Grupo Consultivo, en noviembre del año pasado. Ahora, esa recomposición económica parece vislumbrar mucho más que la mera inserción "adecuada" de los países dentro del modelo de globalización de los mercados. Con ella se pretende asegurar el desarrollo uniforme del Istmo, con miras a garantizar un modelo autosostenible de desarrollo, dentro del cual es fundamental el reinicio de un proceso de integración, al menos en el plano económico e institucional.
Francisco Flores asumió el poder frente a este panorama regional. Si bien es cierto que su gobierno contará con un respaldo económico sólo comparable al que el país recibió en los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, la posibilidad de que los cambios que se produzcan en este marco sean convenientemente acogidos por la dinámica económica de los demás países de la región aún es incierta. El éxito de esos cambios se podrá mesurar, igualmente, en dos sentidos: primero, en la medida en que establezcan las bases para un despegue económico estable, tanto nacional como regional; segundo, en la medida en que dicho despegue suponga que las economías de Centroamérica se conviertan en un frente reestructurado y más sólido, capaz no sólo de resistir los impredecibles embates de la naturaleza, sino también de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a sus habitantes.
¿Qué signos ha dado nuestro Presidente de haber comprendido el mensaje enviado por la comunidad internacional en este contexto? Muy pocos, sin duda. La ausencia de una política integracionista dentro de su plan de gobierno es ya un mal comienzo. No se han hecho comentarios oficiales, presentación de planes ni, al menos, alusiones indirectas con respecto al tema. Como otros tantos, este es uno de los puntos frente a los cuales el Presidente y su equipo de ministros han pasado de largo. Durante su campaña política, Flores, aunque se refirió a la posibilidad de insertar a nuestro país dentro de una comunidad económica regional, lo hizo como un elemento decorativo dentro de su pretensioso plan de gobierno. Ahora, instalado definitivamente al frente del poder ejecutivo, le ha sido fácil hacer del tema algo secundario, si se le compara con los esfuerzos encaminados a elaborar un plan de emergencia contra la delincuencia o un diagnóstico de la economía nacional, por ejemplo.
En efecto, la solución de los problemas domésticos parece anteponerse a cualquier pretensión de gastar tiempo y recursos en un esfuerzo del cual casi no se ve fruto inmediato. Pero esta visión obedece a una mala evaluación de las posibilidades que ofrece la integración regional en la etapa post "Mitch" en la que nos encontramos. La conformación de un bloque regional puede servir de apoyo a la recuperación de los sectores que se vieron más afectados por este desastre natural. Esto en la medida en que se coordine la reconstrucción de carreteras, la reactivación del sector primario de la economía y el mantenimiento de niveles mínimos de seguridad ciudadana. Tal vez la necesidad de responder a los problemas más inmediatos de la integración económica no genere un clima del todo favorable para una eventual unificación política, pero sí se podría ensayar la aplicación de modelos de integración de servicios aduanales, de regulaciones arancelarias, de normativas de explotación de recursos naturales y de políticas de inversión pública en áreas estratégicas, tales como el turismo.
Un balance sensato de los beneficios que traería el inicio de una carrera integracionista entre los países de Centroamérica debería poner sobre la mesa estos y otros muchos aspectos positivos. En efecto, hace pocos días, durante un reunión en la que se esbozaría una alternativa económica para la región, los presidentes de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, junto con representantes de Guatemala y Honduras, fueron exhortados a no abandonar la conformación de bloques o clusters, y aplicar políticas uniformes que facilitaran el intercambio comercial entre los países del Istmo. Nuevamente, dos elementos estaban detrás de esta iniciativa: la garantía de que Centroamérica cuenta con el apoyo de la comunidad internacional para poner en marcha un nuevo modelo económico y la posibilidad de aprovechar los escasos avances que en materia de integración se han producido en los últimos años.
¿Qué pesa más entonces? ¿Centrarse exclusivamente en la política "doméstica" o buscar la conducción conjunta de una región que lleva años sobreviviendo ante las vicisitudes del mercado internacional y la presión del atraso económico y social? Bajo el panorama arriba planteado, ni una alternativa ni la otra se presentan como opciones factibles si se implementan aisladamente por los países de la región. Relegar el llamado a fomentar la unión —aunque sea parcial— de Centroamérica podría implicar poner en riesgo la calidad de la ayuda que se espera recibir. Flores no puede ignorar que buena parte de la garantía económica que obtendrá durante su gobierno vendrá dada por aquellos países que le han exigido proyectos viables en el marco de un desarrollo equitativo regional. Vaya o no a lograr cambios significativos dentro de la política integracionista de los demás países, al menos debería abordar esta posibilidad dentro de su agenda política con la seriedad que el tema merece en la actual coyuntura.
Evidentemente, para Flores el tema de la conformación de un bloque regional resulta irrelevante. Por ahora, su política exterior está orientada más hacia la coordinación de los fondos internacionales destinados para la inversión pública, el fomento de las exportaciones y el establecimiento de vínculos con los apreciados "hermanos lejanos". Con esto seguramente pretende sumar puntos a su imagen y a la de su partido, con lo cual se estaría asegurando, poco a poco, una muy conveniente victoria en las elecciones para alcaldes y diputados de marzo del año 2000. Sin embargo, nada de esto le servirá, a la larga, para procurarle a El Salvador un crecimiento económico que llegue hasta los sectores más necesitados de la población, al menos no de la forma como lo ha prometido en su programa de gobierno. En cuanto a integración, Flores ha dado, de entrada, un mal paso al no sopesar convenientemente la importancia de impulsar esfuerzos encaminados a modernizar los términos de reciprocidad en las relaciones económicas entre los países de la región.
Dentro de unos días finalizará el período para el cual fueron nombrados los doctores Manuel Córdova Castellanos y Miguel Ángel Cardoza, el primero como fiscal general de la República y el segundo como procurador general. Sin lugar a dudas, alrededor de este hecho y de las nominaciones que se hagan para los siguientes tres años, se ha generado una especial coyuntura que está acaparando cada vez más la atención de los medios y de algunos sectores de la población; algo se está moviendo en la Asamblea y no faltará quién se pregunte si —al final de cuentas— lo que está sucediendo terminará siendo bueno o malo para el país. Por lo menos en apariencia, ahora las y los diputados están intentando actuar de manera distinta a la acostumbrada para seleccionar las personas que han llegado a ocupar importantes cargos para los cuales, según la Constitución, se requiere la mayoría calificada de los votos parlamentarios.
Precisamente hace un año, mediante el nefasto "reparto del pastel político" fue que la "democracia cristiana" de Ronal Umaña colocó a Eduardo Peñate Polanco en el despacho del procurador para la defensa de los derechos humanos; a estas alturas estamos —organizaciones sociales, países donantes y organismos internacionales— lamentando semejante desatino y haciendo hasta lo imposible por rescatar la institución, a fin de evitar que ésta se continúe deteriorando y comenzar a reparar en el corto plazo el grave daño que ya se le causó.
Esa lamentable experiencia junto al nombramiento por mayoría simple de Francisco Merino como presidente de la Corte de Cuentas fueron dos bofetadas en el "maquillado" rostro de una sociedad salvadoreña que, por ahora, las recibe sin protestar; sin embargo, son hechos inaceptables que contribuyeron a terminar con la poca credibilidad que quizás aún podía existir en esa llamada "clase política" y en la Asamblea.
Es de suponer que para comenzar a salir de la "bancarrota" en que se encuentran e intentar limpiar su mala imagen, pensando en evitar más críticas por el inminente nombramiento de los dos funcionarios del Ministerio Público y haciendo sus cálculos de cara a las ya cercanas elecciones de marzo, las fracciones político-partidaristas acordaron escuchar propuestas y evaluaciones de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Según ellas, ahora sí le llegó el turno a la participación ciudadana; con bombo y platillo anunciaron su intención de hacer más democráticas las "elecciones de segundo grado"
En ese marco, entre el 21 y el 25 de junio la Comisión Política del Órgano Legislativo abrió sus puertas para recibir a distintos gremios de abogadas y abogados, organizaciones de mujeres, organismos de derechos humanos y otras expresiones de la sociedad. Como lo han expresado las y los diputados, tienen la intención de buscar y contar con los insumos suficientes que les permitan adoptar la mejor decisión. En la práctica, el solo hecho de haber adoptado esta iniciativa nos permite hablar de dos aspectos positivos: por un lado, se ha reconocido implícitamente lo que desde hace mucho tiempo habían señalado tantas voces, en relación a la incorrecta designación de personas para ocupar trascendentales cargos públicos por su afiliación política y no por ser las idóneas; en segundo término, se ha sentado un precedente que debe convertirse en una barrera para impedir retrocesos en lo relativo a escuchar la opinión de la sociedad. Pero como "del dicho al hecho hay un gran trecho", no podemos dejar de advertir sobre la existencia de ciertos peligros que más adelante señalaremos.
Por todo lo vivido, es lógico que hayan sobradas razones para el escepticismo; sin embargo, como parte de su responsabilidad ante la sociedad en el marco del compromiso con el respeto a los derechos humanos y por haber sido convocado para expresar sus puntos de vista al respecto, el IDHUCA acudió el lunes 21 a las instalaciones de la Asamblea donde fue recibido por siete miembros de su Comisión Política. Al director del Instituto de Derechos Humanos le correspondió exponer la posición de la UCA, con el aval de sus máximas autoridades. Partiendo del mandato constitucional del fiscal y el procurador general de la República así como de los requisitos para su nombramiento, se presentó ante el grupo parlamentario el perfil que —según la Universidad— debe caracterizar a las personas que aspiren ocupar uno de los dos cargos; asimismo, quedó clara la posición en relación a los nombres de quienes, en este momento, la institución considera las más adecuadas para conducir la Fiscalía y la Procuraduría.
¿Por qué interesa tanto la calidad de las personas que deberán ser seleccionadas para conducir el destino de estas dos instituciones durante los próximos tres años? Eso se desprende de sus atribuciones. Veamos: entre lo más destacado que debe hacer el fiscal —según el artículo 193 de la Constitución— se encuentra la defensa de los intereses del Estado y la sociedad; la promoción de oficio o a petición de parte de la acción de la justicia en defensa de la legalidad; la dirección de la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, en la forma que legalmente se encuentre determinada; la promoción de la acción penal, de oficio o a petición de parte; y la promoción del enjuiciamiento y castigo para aquellas personas que atenten contra autoridades o incurran en desacato.
Al procurador le corresponde —tal como lo señala textualmente el artículo 194 Cn.— velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces; dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales; nombrar, remover, conceder licencia y aceptar renuncia a los procuradores auxiliares de todos los tribunales de la República, a los procuradores de trabajo, y a los demás funcionarios y empleados de su dependencia.
También en la Constitución de la República, el tercer párrafo del artículo 192 establece que para llegar a esos puestos se exigen las mismas cualidades requeridas para ser magistrado de las cámaras de segunda instancia; es decir: ser de nacionalidad salvadoreña y del estado seglar, tener más de treinta y cinco años de edad, abogada o abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber ocupado una judicatura de primera instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión por lo menos ocho años antes de la elección, estar en el goce de los derechos ciudadanos y haberlo estado durante los seis años anteriores al desempeño del cargo.
Considerando lo anterior, el IDHUCA sostuvo ante la Comisión Política de la Asamblea que —si bien es cierto, muchas personas pueden llenar casi todos los requisitos formales— por lo delicado de las atribuciones que se les confieren y el papel fundamental que les corresponde a estas instituciones en la construcción y consolidación de un verdadero Estado de Derecho, se debe poner especial atención en otros importantes aspectos sin dejar de lado uno de los que aparecen en el texto constitucional y que a veces —como en el caso de la PDDH— no se toma nada en serio: la moralidad y competencia notorias.
Veamos cuáles son los componentes del perfil que el IDHUCA entregó al Órgano Legislativo:
1. Independencia total; es decir: sin vinculación de cualquier índole con intereses particulares de tipo económico, político u otros que puedan influir en sus decisiones, afectando la imparcialidad de las mismas y fomentando la impunidad en detrimento de la confianza de la sociedad en el Estado de Derecho.
2. Conscientes de la realidad actual de nuestro país, la cual se caracteriza por los altos niveles de inseguridad humana que afectan a la mayoría de la población, no sólo en el ámbito de lo personal sino también en el jurídico, en el económico, en el social y en el ambiental. Al momento de ejercer sus funciones, dicho cuadro debe ser tomado en cuenta para no cometer lamentables desaciertos.
3. Con amplio conocimiento del Derecho y con capacidad para profundizar en las materias de su especificidad; es decir: debe contar con la preparación técnica suficiente.
4. Que posean sentido común, que estén abiertos a escuchar opiniones y que tengan los recursos —disposición y habilidad, sobre todo— para buscar y aprovechar las asesorías necesarias en aras de mejorar la calidad de sus servicios.
5. Deben tener experiencia en cargos de dirección y gran responsabilidad, en cuyo ejercicio se hayan revelado cualidades de un liderazgo firme pero concertador, entendido como la capacidad para tender puentes sin faltar al cumplimiento de su mandato constitucional; honesto y transparente; con valores éticos; gerencial y moderno pero fundamentado en el respeto a la dignidad y los derechos de las personas.
6. Buenos comunicadores tanto hacia el interior de la institución como fuera de ella, para: lograr que el personal a su cargo internalice los objetivos que se pretenden alcanzar en el marco de la misión correspondiente; garantizar la coordinación entre las áreas y su buen funcionamiento; facilitar la relación con otras instituciones; y, finalmente, transmitirle de manera clara a la sociedad en general los avances de su gestión y las dificultades que enfrenta, así como los medios utilizados para superar estas últimas.
7. Con alta vocación de servicio al público, por encima de todo, y capaces de transmitirle tanto la mentalidad como la actitud al resto de la institución.
8. Con criterio bien definido, pero siempre abiertos a tomar en cuenta las críticas y sugerencias.
9. Con un buen conocimiento de la normativa penal y procesal penal vigente desde abril de 1998; también con experiencia suficiente para aplicarla de forma adecuada.
10. Con las características necesarias para garantizar la continuidad del esfuerzo realizado hasta la fecha y para asegurar la necesaria consolidación de las instituciones a su cargo.
Estos fueron los aspectos que el IDHUCA tomó en cuenta para definir su posición en esta coyuntura; podrán existir otros seguramente, pero desde nuestra perspectiva institucional —que incluye la experiencia práctica de trabajo conjunto con ambas instituciones y el análisis global de su funcionamiento, así como su impacto en la sociedad— los anteriores resultan ser los más básicos. Sabemos que no es una tarea fácil encontrar a personas que reúnan los atributos apuntados arriba; sin embargo, tampoco se trata de una misión imposible en la medida que exista una visión de país y un verdadero compromiso con el respeto a la dignidad y los derechos de las personas que habitan su territorio. Eso nos motivó a una reflexión profunda, tras la cual pudimos definir y presentar a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa nuestra posición sobre candidatos concretos: las personas que más se acercan a ese perfil —quizás no las ideales pero, insistimos, las más próximas— son los actuales titulares de las Fiscalía y la Procuraduría General de la República.
Eran de esperarse reacciones de diverso tipo frente a esa posición; las hubieron de asombro, crítica, oposición y hasta desencanto pero también de aprobación, apoyo y reconocimiento. Independientemente del rechazo o la aceptación que pudiera generar, la decisión adoptada y presentada institucionalmente estaba sustentada en razones de tipo general y también específicas.
Es indudable que las seguridades ciudadana y jurídica son requisitos indispensables para cimentar nuestro modelo económico. Gracias al esfuerzo continuado de los dos Gobiernos anteriores, mientras otros países pueden encontrarse en un entorno de inestabilidad, los salvadoreños hemos consolidado unos fundamentos macroeconómicos estables y disciplinados. A pesar de que vaivenes de la economía mundial han reducido nuestras perspectivas de crecimiento en el corto plazo el sistema económico robusto que heredamos nos permitirá enfrentar esta situación y volver en el futuro a índices de crecimiento mayor.
Es necesario también operar en un ambiente de mayor estabilidad y predictibilidad económica, y por ello debemos de exigir un análisis profundo de los instrumentos disponibles para garantizar un sistema monetario, que le otorgue más confianza a los salvadoreños y a los inversionistas extranjeros.
Sería impensable de nuestra parte introducir riesgos al régimen cambiario actual. Más aún: debemos eliminar la posibilidad de que un mandatario o Gobierno devalúe arbitrariamente la moneda. De ahí que debamos plasmar y fijar en el ancla segura de nuestras leyes el marco jurídico que imposibilite manipulaciones cambiarias en favor de grupos y de intereses especiales. De esta manera evitaremos que en el futuro se puedan dar devaluaciones arbitrarias, que serían el más cruel atropello contra el ahorro y el patrimonio de los salvadoreños.
Sabemos que ningún tipo de desarrollo es alcanzable sin una gestión gubernamental ajustada a las expectativas ciudadanas. Hemos de adoptar regulaciones que garanticen un sistema de finanzas públicas sano y comprometido con el país entero.
Estamos en la disposición de abrir las vías de prosperidad nacional, sin falsos optimismos. Esto significa no sólo proteger la iniciativa privada como garantía del desarrollo nacional, sino facilitar asimismo el crecimiento de aquellos sectores productivos que, a pesar de su importancia estratégica, todavía se encuentran debilitados.
La mayor parte de nuestra productividad se halla en la micro, pequeña y mediana empresa. Es urgencia nuestra su fortalecimiento, apoyándola a ser competitiva en un entorno de libertad. Esta libertad es el derecho de la gente a que se abra la economía hacia dentro. Y la libertad no sólo es de orden empresarial, sino social: que todo el mundo pueda compartir sin trabas ni lazos.
No es producto del azar que nuestro programa de Gobierno realce la reactivación del sector agropecuario como prioridad, pues su fortalecimiento nos hará impulsar la generación de nuevos empleos en las zonas más deprimidas de El Salvador.
Nuestros agricultores enfrentan dificultades que se pueden resumir en una sola palabra: rentabilidad. La caída de los precios de nuestros productos tradicionales en el mercado mundial nos demanda una agricultura más competitiva. Para lograrlo debemos integrar mucho esfuerzo productivo en las siguientes áreas: Infraestructura Física: en concreto, mejorar nuestra red de caminos rurales e incrementar nuestras áreas agrícolas bajo riego y el almacenamiento pos-cosecha de los productos agropecuarios. Asociatividad: los agricultores que operan asociados enfrentarán con mayor éxito las exigencias de los mercados, ya que uniendo fortalezas podrán aprovechar economías de escala en algunas faces del ciclo agropecuario. En la practica el trabajo asociativo no surge de manera espontánea, ni se consolida con facilidad. Por está razón el fortalecimiento de la asociatividad será el principal objetivo del extensionismo agrícola.
La mayor parte de los agricultores no ha conseguido hasta ahora el financiamiento exigido por el negocio agropecuario. Por ello reorientaremos el esfuerzo del Banco de Fomento Agropecuario hacia la atención del pequeño agricultor y comerciante. Y acompañaremos este esfuerzo con decidido programa de desarrollo de microcrédito rural.
La información oportuna sobre precios, tecnologías, productos y mercados permitirá al agricultor tomar mejores decisiones, que incrementarán la rentabilidad de sus actividades. De ahí que apoyaremos el desarrollo de la red de CENTROS DE INFORMACION y de la Bolsa de Productos Agropecuarios, para que la información, que estos provean, eleve la eficiencia de los mercados, y permita a los productores y comercializadores la justa recompensa por su inversión y trabajo. Así apoyaremos el esfuerzo de nuestros agricultores en su meta de convertirse en empresarios exitosos de nuestra agricultura.
Es radical ley democrática que el poder nunca debe solamente ejercerse. Ha de recibirse siempre con gratitud, mantenerse con responsabilidad, obligados a dar cuenta de toda acción de gobierno, y entregarse a ésta con dignidad y sin tacha. Aquí es indispensable que yo haga un reconocimiento público a la labor realizada hasta este día por el Presidente saliente, Doctor Armando Calderón Sol. A él y al ex Presidente Alfredo Cristiani, debemos un legado que prometemos cuidar y sostener incólume.
Pero sostener y cuidar nuestra ya firme Democracia es una responsabilidad compleja. El país, que en estas palabras deseamos para nuestro pueblo, no puede ser la obra sola de un partido o de un Gabinete. Pide la participación creativa de todas las fuerzas vivas de la nación: Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Fuerza Armada, Iglesias, Universidades, Sindicatos, Gremiales, Organizaciones No Gubernamentales, y Comunidad Internacional. Llevemos a nuestro pueblo lo que en provecho suyo nos une. Y discutamos y disintamos en el modo mejor de hacerlo.
A nuestra oposición política, garantía de la Democracia, hacemos hoy una respetuosa apelación que para mí y mi propio Gabinete deseo.
El debate es estéril, si no edifica. La crítica, si no propone y garantiza propuesta mejor, es inútil. Este día hemos de comprometernos todos a dar a los salvadoreños un país mejor que aquel otro que legaron nuestros padres. Y sólo será posible si le damos siempre la mejor clase política, la constructora de la sociedad justa. Yo me comprometo con ustedes en esta ética política.
A los medios de comunicación nos dirigimos con la seguridad de que sigan ejerciendo su mediación entre el Gobierno y nuestro pueblo, con profesionalismo y veracidad, dedicación y respeto a nuestros comunes valores. Desde este día me comprometo, junto con mi Gobierno, a brindarles la apertura que el país necesita, con el propósito de facilitar su labor y responder a las demandas de la opinión pública.
A nuestras naciones hermanas del Istmo y a sus Jefes de Estado y autoridades, que aquí nos acompañan, les presentamos nuestro agradecido respeto y expresamos nuestro anhelo de que algún día no lejano seamos, en un concepto nuevo de cohesión y unidad, una fuerza y realidad política que merezca admiración e influencia en el concierto internacional de los pueblos.
Con todos los pueblos libres nos sentimos hoy, como lo ha sido en anteriores gobiernos, históricamente solidarios y a ellos ofrecemos nuestra voluntad de cooperación, para hacer de la tierra un espacio digno del hombre.
A los salvadoreños residentes en el extranjero les decimos que esta patria sigue siendo suya. En ella habrá siempre espacio para sus vidas, aspiraciones y proyectos. Estén seguros de que, en El Salvador del nuevo milenio, distancias y cercanías no responden ya a medidas espaciales, sino a las esperanzas de un destino común.
A los agentes económicos, financieros, empresariales, gremiales y sindicales les exhortamos a incorporarse con mayor decisión, si cabe, a nuestro común futuro de creación de riqueza y prosperidad.
A mi partido ARENA quiero en este momento solemne expresar mi gratitud profunda. A él debo mi desarrollo como actor político que empieza desde mi formación inicial hasta mi designación de candidato. Esta posibilidad que a mí de manera tan noble me ofreció mi Partido, es lo que caracteriza la fuerza y pujanza de ARENA con el futuro. "Hacer que los jóvenes encuentren en ARENA el cauce a sus legítimas aspiraciones de expresión política, será la garantía y relevancia de nuestro Instituto Político". Por estas razones me siento deudor a mi Partido y le declaro mi firme voluntad de trabajo dentro de los ideales de Paz, de Progreso y Libertad.
Mi mensaje brota como invitación a que seamos los protagonistas de nuestro propio futuro. La Patria que nos cobija no puede hacer nada sin nosotros. Invito al país entero a mirar hacia adelante, a que entienda nuestra realidad presente y a caminar unidos por nuevos senderos de transformación y progreso.
Depositamos nuestra fe en Dios, a quien pedimos sabiduría y la constancia necesaria para emprender la tarea que nos ha sido encomendada.
Por vuestra voluntad democrática, estoy aquí para ser el Presidente de todos, de quienes votaron por nosotros y de cuantos creyeron legítimamente en otras opciones. Estoy al lado de todos, como primer trabajador, para recordar que la nación se construye con el esfuerzo común. Y que todo futuro mejor que el presente, se edifica con sudor y sacrificio.
La Historia y nuestros hermanos futuros no nos juzgarán por lo que fuimos únicamente, nos juzgarán por cuanto hicimos también. No permitamos nos echen en cara lo que sin excusa dejamos de hacer.
No es con el triunfo exultante del victorioso que asumo hoy el timón del Estado, sino con la responsabilidad serena del que comprende que éste, de todos los sacrificios, es el más profundo. Por muchos años he sido ciudadano libre y me he sentido libre: libre para expresar mis ideas, libre para demostrar mis sentimientos, libre para ensanchar mis horizontes. Como Presidente tengo consciencia de que, en la Patria, seré el menos libre de todos sus hijos: esclavo siempre de mi palabra, cualquiera de mis acciones podrá tener significado nacional. Me debo a mi Patria en el sentido más absoluto. No es, entonces, una simple vestimenta de la que hoy me despojo, sino que tomo en mis manos el don más preciado de mi existencia, mi libertad, y la deposito hoy como ofrenda a los pies de mi País. Por cinco años le dedicaré toda la fuerza de mi intelecto, mi coraje entero, mi sentido de justicia, y cargaré sobre mis hombros cualquier peso que la Patria quiera depositar en mis espaldas.
Este es mi compromiso con ustedes.
Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.
1 DE JUNIO DE 1999.
AGUA. La descentralización del suministro de agua, uno de los principales proyectos del presidente Francisco Flores, requerirá un marco legal y tiempo para ponerlo en marcha, según la opinión de funcionarios y técnicos. El marco legal es el pilar de la descentralización y determinará cómo las municipalidades podrán administrar el suministro de agua. En la Ley de Aguas debe existir, además, un ente rector que vigile la explotación, administración y conservación del recurso, para que las empresas autónomas no lo sobreexploten. Actualmente, 678 municipios de los 14 departamentos del país manejan, con independencia de ANDA, el sistema de agua potable de su localidad. Estos municipios administran su sistema híbrido desde antes de 1961, año en que se creó ANDA como ente administrador y regulador del recurso. Estas municipalidades han obtenido financiamiento para administrar los recursos a través de organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que tiene un programa especial de créditos para el desarrollo local. Sin embargo, la capacidad para administrar un sistema independiente de agua depende del tamaño de la población del municipio. ANDA estudia la posibilidad de que las municipalidades que no tengan capacidad de administrar por sí mismas participen en el proceso de descentralización del servicio (EDH 18.06 p.2).
POBREZA. El presidente Francisco Flores y dos de sus colegas del área se reunieron, el 18.06, en San José, Costa Rica, con profesores de la Universidad de Harvard para estudiar un nuevo plan que permitiría que los centroamericanos obtengan, en el 2005, un ingreso per cápita de $4,500, con lo cual, según ellos, se reducirá la pobreza en la región en un 50%. Michel Porter y Jeffrey Sachs, quienes asesoran a los gobiernos centroamericanos desde hace cinco años, pidieron a los mismos apostar al turismo, a los agronegocios, a la confección de textiles y prendas de vestir y a los servicios electrónicos para reducir los problemas sociales. Asimismo, pidieron a los empresarios y gobernantes que concentren sus esfuerzos en desarrollar cuatro conglomerados de empresas con tareas afines, de acuerdo a la actividad a la que se dedican, para tratar de salir de la pobreza. Los estadounidenses estiman que para lograr la eficiencia de los conglomerados se deben adoptar medidas para mejorar el clima de los negocios y la productividad de la región. Por eso recomiendan: crear un corredor centroamericano que incluye la construcción de una supercarretera; crear aduanas sin papeles en toda la región y computarizarlas; mejorar otras obras de infraestructura; y mejorar los registros de propiedad y los caminos para resolver los conflictos comerciales, entre otras cosas (EDH 19.06 p.2).
ARENA. El 17.06, tres diputados areneros, René Rodríguez, María Elizabeth Zelaya y Mauricio Aguilar, afirmaron que sectores del partido los han marcado por exponer posiciones técnicas en momentos muy políticos. Se declararon seguidores de Francisco Flores, pero advirtieron que, en todo caso, en la fracción legislativa hay diputados "más amigos de Flores" que ellos. "En términos de trabajo y acercamiento, serían entonces más amigos de Flores los diputados Walter Araujo, Gerardo Suvillaga y René Figueroa", señalaron. Rodríguez sostuvo que el grupo se siente unido con Flores por el pensamiento que éste ha mantenido. Primero en la legislatura 1994-1997, después como candidato presidencial y ahora respaldan su plan de gobierno. "Si ante esto hay grupos de personas con otros intereses que nos van a señalar para ponernos que estamos a favor de unos y en contra de otros, lo rechazamos", sentenció Aguilar. Al respecto, Walter Araujo, jefe de la fracción arenera, asegura que hay personas empeñadas en hacer creer que existe un descontento entre la bancada de su partido. Para Araujo, los congresistas tiene criterio propio y pueden admirar la forma de gobierno de Cristiani, de Calderón Sol o de Flores. "Cada quien piensa lo que quiere y está en libertad de engrosar las filas de los "paquistas", los "calderonistas o "cristianistas", dijo (LPG 18.06 p.4 y EDH 19.06 p.6).