Año 20
número 861
junio 30
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Responsabilidad no compartida
Política El nuevo plan de seguridad pública (I)
Economía Posible impacto de las medidas económicas del gobierno
Economía El laberinto del IVA
Sociedad La ética periodística, perdiendo la guerra
Derechos Humanos ¿Nueva forma de hacer política? ¡Ojalá! (II)
Responsabilidad no compartida
"Una responsabilidad compartida" es el subtítulo de la propuesta de reactivación económica del presidente Flores. El contenido de la responsabilidad está claro, se refiere a imprimir dinamismo al sector agrícola y a disminuir el déficit fiscal. En cambio, los sujetos del compartir no aparecen con la misma claridad. La propuesta no permite afirmar que todos los integrantes de la sociedad y del Estado vamos a compartir por igual la responsabilidad de la reactivación, porque a unos les toca asumir más que a otros.
Al trasladar el 13 por ciento del impuesto al valor agregado de los granos básicos, las verduras, la fruta, los lácteos y los medicamentos al consumidor final, el precio de todos estos productos se incrementará. No en un 13 por ciento, porque la mayoría de la población no puede adquirir toda la canasta básica, pero algo más de lo que el gobierno de Flores asegura. Aunque esta disposición afecta por igual a todos los consumidores, independientemente de sus ingresos, la carga será mayor en los que perciben menos y en quienes no gozan de un empleo permanente. Aparte de ello, los pequeños productores agrícolas difícilmente podrán beneficiarse de esta medida, porque están en manos de los intermediarios. La responsabilidad, entonces, no es compartida de manera igual por todos. A la mayoría de la población la carga de sobrevivir se le volverá más pesada, mientras que a una minoría privilegiada, el incremento de los precios a penas la afectará.
Los ministros de Flores se apresuraron a asegurar que los productos incluidos no tienen por qué subir de precio, pero, de hecho, éstos ya experimentaron un alza en los mercados, aun cuando la ley que lo debe autorizar no ha sido aprobada todavía. Pero los ministros afirman estar dispuestos a controlar la especulación. La realidad es que no tienen medios para evitar la subida de los precios ni la especulación. Respiran aliviados en el caso de los medicamentos, debido a que el sector ha prometido no elevar los precios, al menos este año. Confían en la buena voluntad de productores y distribuidores, quienes prometen sacrificarse por el bienestar de la población. Los grandes empresarios se sumaron al coro, haciendo llamados de todo tipo para que los comerciantes no suban los precios. Como si el mercado operara a partir de llamados de buena voluntad. En cuanto aumenten los costos de operación, el precio para el consumidor se elevará.
Lo más sorprendente de todo esto es que ninguno de los ministros del ramo dice saber cuál será el impacto de la subida de los precios en la canasta básica y en el presupuesto familiar —o si lo sabe, no se atreve a decirlo. Los cínicos argumentan que el presupuesto familiar experimentará una ligera subida en el primer mes, pero que, a partir de entonces, el nivel del gasto se mantendrá igual. Lo que no dicen, y de ahí su cinismo, es que será igualmente elevado sin que aumenten sus ingresos. A la mayor parte de la población la alimentación básica y los medicamentos le costarán más, debiendo sacrificar otros gastos o comer y cuidarse menos.
Las medidas orientadas a reducir el déficit fiscal, que se aproxima a un peligroso 3 por ciento del producto interno bruto, son el resultado de la ligereza con la que el segundo gobierno de ARENA administró la hacienda pública. Calderón Sol recaudó menos de lo previsto y gastó bastante más de lo debido. Una política bastante heterodoxa para una política de corte neoliberal. El Ministro de Hacienda no sabe explicar coherentemente el desequilibrio; aunque debiera saberlo, porque fue viceministro del gobierno pasado. Las disposiciones anunciadas tienen dos vertientes: austeridad gubernamental —en una área en la que la oposición legislativa insistió al discutir el presupuesto— e incremento de la recaudación fiscal, aumentando la base tributaria, a partir del empresario más pequeño, y eliminando algunos vacíos legales que favorecen la evasión y la elusión. Si el gobierno de Flores es diligente, es probable que logre disminuir el déficit fiscal. Sin embargo, el impacto de todas estas disposiciones será muy reducido para las dimensiones del problema.
Estas medidas fiscales afectarán, en primer lugar, a las empresas más pequeñas y débiles. No así a las medianas y las grandes. Es decir, la responsabilidad recaerá sobre las primeras y no sobre las segundas. Así se explica que los representantes de las gremiales de la gran empresa privada hayan aprobado estas medidas con entusiasmo. Si la responsabilidad fuera compartida en realidad su actitud sería muy diferente. La alcaldía de San Salvador intentó ajustar su tasa impositiva conforme al criterio de la responsabilidad compartida, pero los mismos que ahora se muestran tan satisfechos con Flores, lo impidieron con argumentaciones especiosas y presiones.
Los anuncios del presidente Flores no pueden considerarse un plan de reactivación económica. Más bien se trata de dos series de medidas, orientadas a enfrentar dos problemas muy concretos. Las medidas apuntan en la dirección correcta, pero son de corto alcance y, en ese sentido, ponen en entredicho su capacidad para enfrentar lo que se perfila como el gran problema económico nacional: el lento crecimiento de la economía, para los optimistas, o el comienzo de una recesión, para los pesimistas. De nuevo, el gobierno de Flores se ha quedado corto. No se refirió a las elevadas tasas de interés, ni a la reactivación de otros sectores (industria, comercio, construcción, comercio exterior y pequeña y mediana empresa), ni al futuro de la moneda. Tampoco compartió su diagnóstico de la economía, tal como lo prometió. Aunque se han anunciado más medidas, lo dicho hasta ahora es insuficiente.
Las bondades de las disposiciones, en sí mismas adecuadas, son promesa de mediano y largo plazo. La reactivación del agro no será automática y, por lo tanto, tampoco su capacidad para generar empleo. La construcción de infraestructura vial tampoco es empresa de corto plazo. Mientras estas bondades llegan, los sectores más débiles y vulnerables tendrán que cargar con el mayor peso de los cambios. Los promotores de estas medidas aseguran que el sacrificio vale la pena, porque habrá más inversión, más empleo, más ingreso, más recaudación fiscal y más inversión estatal en programas sociales. Mientras todo esto llega, las familias más pobres tendrán que seguir sacrificándose unilateralmente. En estas condiciones, compartir las responsabilidades es mera ilusión.
El 3 de junio, el presidente Flores y el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval, presentaron el plan de seguridad con el que el nuevo gobierno pretende hacerle frente al flagelo delincuencial. Dicho plan empezó a ser operativo luego de su presentación. Ahora, casi un mes después de haberse inaugurado, continúa siendo fuente de controversias. Y no es para menos. La delincuencia es uno de los dos problemas más agudos del país. Es obvio que si a Francisco Flores le interesa pasar a la historia de El Salvador como un buen presidente está obligado a lograr una disminución notable de los niveles delincuenciales.
Así pues, con las medidas de seguridad ahora impulsadas no sólo es que Flores se esté jugando la capacidad de gestión que todos le atribuyen, sino que —y más importante que eso— el país se está jugando, una vez más, las posibilidades de ejercer un mayor control sobre los delincuentes. De ahí que el plan de seguridad presentado esté siendo tan polémico. Por un lado, la oposición política, diversos sectores de la sociedad civil e incluso ciertas figuras de la Iglesia Católica han hecho señalamientos a la propuesta. Por otro, personalidades como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, y el Arzobispo de San Salvador, Fernando Saenz Lacalle, la avalaron.
Los primeros se manifestaron en contra del acuartelamiento al que tendrían que ser sometidos los policías, arguyeron que muchas de las medidas del plan ya habían sido creadas en la administración anterior y sentenciaron al fracaso el proyecto mientras la mayor parte del país continúe en la miseria. Los segundos se mostraron satisfechos con la propuesta y aplaudieron el que se haya generado un clima favorable para la coordinación interinstitucional. Ahora bien, ¿qué se puede decir de la propia formulación del proyecto? ¿Qué tan buenos resultados ha dado en las semanas que lleva su implementación? Son los dos aspectos que evaluaremos a continuación.
Sobre la formulación del Nuevo Modelo de Seguridad Pública
Se señalan como componentes de este "Modelo": un plan estratégico, la asignación de un rol específico para cada institución, el impulso a la efectiva coordinación interinstitucional y el fomento de la participación ciudadana. El plan estratégico presenta, a su vez, siete ejes: prevención social, participación ciudadana, eficacia policial, eficacia fiscal, eficiencia judicial, rehabilitación social y cooperación internacional. De estos ejes consideramos la prevención y la eficacia policial los más importantes. Con respecto a la primera, se mencionan en el plan, aunque sin desarrollar, los siguientes puntos u objetivos: la prevención policial, la eliminación de causas, la disuasión y la necesidad de una efectiva política educativa tendiente a homogeneizar los valores y normas de conducta entre la población. En relación a la segunda, se plantean: formación, disciplina, reingeniería y política comunitaria.
Es en lo referente a la prevención social en lo que el Plan parece mostrar más debilidades. Se menciona allí como meta a asumir la eliminación de las causas de la delincuencia. Lo que no se detalla es la forma en la que se llevará a cabo esa eliminación. Para empezar, habría que ver qué es lo que los nuevos funcionarios entienden por "causas" de la delincuencia. En segundo lugar, habría que corroborar que las que ellos identifiquen efectivamente se adapten a la realidad del país. Y, por último, habría que examinar las medidas a tomar para saber si son las más adecuadas para la eliminación de esas causas.
Como nada de eso aparece en el Nuevo Modelo de Seguridad pública, no nos queda más que repetir lo obvio: que la eliminación o al menos el combate de las causas de la delincuencia pasa necesariamente por el combate de la pobreza. Y no porque sean los pobres los únicos que delinquen, sino porque son las zonas marginales las más vulnerables tanto a la creación de focos delincuenciales como al padecimiento de los mismos. Hablar de "eliminación de causas" en materia delincuencial es retórica mientras no se esté realmente dispuesto a aminorar la pobreza. Es por eso que este nuevo plan de seguridad no puede ser tan fácilmente considerado "completo" —como lo evaluó Saenz Lacalle— ni pueden cifrarse en él mayores expectativas, al menos en lo que a erradicación de las causas de la delincuencia se refiere.
Podría argumentarse contra este señalamiento que el combate de la pobreza no es de competencia directa de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Eso es verdad, pero no agota el problema. Primero, porque la propuesta en cuestión no ha surgido de las instituciones, sino que es un mandato de la presidencia de la República y, segundo, porque la propuesta misma reconoce la relevancia de la "eliminación de causas" dentro del plan. Por supuesto, la pobreza nada tendría que ver con la seguridad si no fuera una de las principales causas de la delincuencia.
Un plan de seguridad diseñado para disminuir efectivamente los niveles delincuenciales —Mauricio Sandoval hizo público el reto de disminuirlos en un 60%, mientras que el Ministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, prometió renunciar en caso de que no se vieran resultados—, no puede soslayar el problema de las precariedad en la que viven la mayor parte de los salvadoreños. No se equivoca Monseñor Rosa Chávez cuando, al insistir en la importancia de hacer del El Salvador un país tranquilo, señala: "eso va a ser posible cuando la gente esté tranquila y si el estómago está vacío la gente no va a estar tranquila".
Por otra parte, hay que mencionar lo que formula el plan en materia de "eficiencia policial". En este apartado, además de especificar el papel del Director de la policía, se plantean una serie de "acciones inmediatas" destinadas a responder con urgencia al flagelo. Hay varias medidas interesantes, cuya puesta en práctica analizaremos con mayor detenimiento en la siguiente entrega, pero en ningún lugar se menciona el grave problema de la corrupción al interior de la PNC, ni mucho menos se proponen medidas para contrarrestarlo. En numerosas oportunidades han salido a la luz pública evidencias de conductas corruptas e irregulares por parte de policías y altos mandos de esa institución.
No obstante, Flores —tal y como lo hiciera su antecesor, Calderón Sol— ha pasado de largo sin inconvenientes por este asunto. No parece tan descabellado relacionar este vacío con el que se identificó en la propuesta de seguridad pública del Plan de Gobierno del nuevo presidente (ver Proceso, 842). Parece que para Flores o bien no existe corrupción, ni en la PNC ni en las demás esferas gubernamentales, o bien el problema no es lo suficientemente grave como para considerarlo dentro de sus políticas.
Esta evasión del problema de la corrupción parece apuntar, más bien, al deseo de no poner contra la pared a los areneros que se verían afectados de tomarse en serio medidas anticorrupción. Lo cierto es que mientras esta administración no empiece a considerar la lucha contra la corrupción como una problemática que es indispensable tratar, la impunidad seguirá reinando y la corrupción no sólo seguirá entorpeciendo la "eficacia policial", sino que seguirá constituyendo una de las causas del comportamiento delictivo, algo que el mismo "Modelo" dice querer eliminar.
El pasado 25 de junio el presidente Flores presentó a la opinión pública las primeras medidas con las que perseguirá los objetivos de la reactivación económica del sector agropecuario y la corrección del déficit de las finanzas públicas. Este anuncio se produce en el marco de reiteradas peticiones del sector empresarial para adoptar medidas emergentes que reviertan la tendencia hacia la reducción del crecimiento económico observada durante los últimos tres años. La iniciativa ha contado, casi desde el principio, con el respaldo de la mayoría de gremiales empresariales.
Aunque se había ofrecido un diagnóstico de la situación económica, el Presidente se limitó a presentar un programa con el que pretende mejorar las expectativas económicas y que, en lo referente al sector agropecuario, contempla cinco medidas principales: aplicar el IVA a granos básicos, leche, verduras, frutas y medicamentos; reorientar el crédito otorgado por el Banco de Fomento Agropecuario (BFA); reorientar el extensionismo agropecuario; aumentar la inversión pública (habilitación y construcción de caminos); e incrementar los patrullajes en áreas rurales afectadas por la delincuencia.
Para corregir los desequilibrios de las finanzas públicas, el Presidente también propuso varias medidas, entre las cuales destacan: reducción del gasto público (suspensión de viajes, congelamiento de plazas y compras de vehículos, racionalización del combustible); creación de un código tributario; simplificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector informal; eliminación de la base exenta de 75,000 colones para el pago de impuestos y, finalmente, combate al contrabando.
La medida más concreta y con mayor impacto inflacionario inmediato es la exención del pago de IVA para alimentos y medicinas. De hecho, casi desde el primer día del anuncio presidencial, las principales gremiales empresariales llamaron al sector a no incrementar los precios debido a la anunciada exención del IVA para los productos agropecuarios. Suponiendo que se lograra la aprobación de esta medida en la Asamblea Legislativa, el efecto lógico que habría que esperar es un incremento de los precios al consumidor y al mayoreo de los productos agropecuarios y medicamentos. Paradójicamente, esto no necesariamente implica que se vayan a registrar incrementos en los precios al pequeño productor-consumidor de granos básicos.
Los más beneficiados con esta medida son los empresarios agropecuarios inscritos como contribuyentes del IVA, que son quienes podrán incrementar sus precios para trasladar el costo del IVA al consumidor final. Cerca de 500,000 familias campesinas que producen para el autoconsumo difícilmente se verán beneficiadas con la incorporación del impuesto a los productos agropecuarios. Primero, porque no se encuentran registradas como contribuyentes del IVA y, segundo, porque los excedentes de producción que dedican a la venta se comercializan a través de intermediarios que se apropian de la mayor parte de las ganancias provenientes de la producción y comercialización de productos agropecuarios.
Los más beneficiados con la exención del IVA serían los medianos y grandes empresarios inscritos en el registro de contribuyentes, quienes podrían incorporar a los precios un porcentaje adicional que posiblemente se incremente por efecto de la inveterada costumbre empresarial de especular con los precios. De hecho, el gobierno también se ha anticipado a las posibles alzas especulativas en los precios anunciando planes para combatirlas, aunque en la práctica ello no tenga ningún efecto.
La reorientación del BFA y del extensionismo agropecuario, por otra parte, no pasan de ser meros ofrecimientos que aún requieren de mayores elaboraciones para concretar estrategias y acciones que le den viabilidad. El aumento de la inversión pública sí promete dotar de inversión e infraestructura a zonas que tradicionalmente no han sido incluidas en los grandes planes de inversión, pero, nuevamente, falta por ver cuál será el plan concreto de inversión (zonas incluidas, montos de la inversión, tipo de infraestructura a desarrollar, etc.). Finalmente, es importante destacar que los patrullajes antidelincuenciales, aunque necesarios, no garantizan por sí mismos mejorías en las tasas de crecimiento del agro.
En lo concerniente a las finanzas públicas, lo más notable es la contradicción entre la aparente política de austeridad y los ofrecimientos de incrementar la inversión en infraestructura rural y mejorar el acceso de los pequeños productores al microcrédito rural. Ambas medidas requieren de importantes inyecciones de recursos financieros que inevitablemente colocarán mayores presiones sobre las ya maltrechas finanzas públicas.
Adicionalmente, dos de las medidas anunciadas amenazan con reducir el ingreso disponible de los sectores de menos ingresos, a saber: la incorporación del sector informal al pago del IVA y la eliminación de la base exenta de 75,000 colones para el pago de impuestos. La adopción de estas políticas implicaría que los precios de los productos ofrecidos por el sector informal —normalmente demandados por sectores de bajos ingresos— sufrirían incrementos y, además, que los sectores ubicados en los tramos inferiores de ingresos, es decir la mayoría de la población, deberán dedicar una mayor parte de éstos para el pago de impuestos.
En resumen, las primeras medidas económicas propuestas por el gobierno presentan un carácter claramente inflacionario, pues gravarían los alimentos o las ventas del sector informal y tienen como principales beneficiarios a los medianos y grandes empresarios agropecuarios inscritos como contribuyentes del IVA. En cambio, la población urbana deberá cargar con los costos de mayores precios en los productos alimenticios y medicamentos, sin que ello necesariamente se traduzca en una mejoría de los ingresos de los pobres rurales.
En principio, la propuesta de mejorar la rentabilidad del productor agropecuario permitiendo que se descuente el IVA de sus costos parece buena, pero en el actual contexto sus posibles efectos positivos no justifican sus costos. El incremento de los precios de los alimentos no se justifica en que unos pocos empresarios-agricultores obtengan mayores ingresos. El verdadero problema del agro es la extensión de la economía campesina y la pobreza rural, lo cual no se soluciona con incorporar el IVA a un sector donde la mayoría de productores ni siquiera están inscritos como contribuyentes.
Lo anterior no obsta para que algunas medidas contenidas dentro del programa sean pertinentes, pero aún se requiere de mayor concreción en áreas como el microcrédito, los seguros de cosecha, la ciencia y tecnología rural y el extensionismo agropecuario. Por otra parte, en el terreno fiscal resulta claro que es necesario evaluar los resultados de la reforma tributaria de ARENA y proponer medidas fiscales más agresivas. De especial necesidad es la adopción de una estrategia que incremente los ingresos públicos sin que se haga caer la mayor carga en los sectores de menores ingresos. Lamentablemente, esta no es la visión que se refleja en las medidas de política fiscal recién examinadas.
La propuesta económica del gobierno es parcial porque no parte de un diagnóstico más amplio de la coyuntura económica y porque se enfoca en el déficit fiscal y la crisis del agro, cuando en realidad nos encontramos frente a una reducción generalizada del crecimiento económico, acompañada de crecientes déficits de la balanza comercial y de mayor competencia de productos importados de bajo precio.
Sin duda, hay muchos aspectos a los que no ha prestado atención el plan (tasas de interés, salarios mínimos, reconversión industrial, fomento de exportaciones, desgravación arancelaria, etc.), pero, en general, puede decirse que un problema crucial que debe ser resuelto en el corto plazo es la incapacidad de las finanzas públicas para financiar iniciativas como el microcrédito rural, el extensionismo agropecuario, la inversión en infraestructura y el incremento del gasto social, entre otras.
Junto con Francisco Flores, a todos nos toca "poner los pies sobre la tierra" y avanzar en este imprevisible laberinto de las anunciadas políticas económicas. Una cosa son los porcentajes y los límites asignados a cada medida económica y otra cosa serán las respuestas y las transgresiones de los sectores afectados. El problema se centra en la "responsabilidad compartida" que estemos dispuestos a asumir en el horizonte de una economía de austeridad. En los diez últimos años se ha venido agravando aún más la economía de austeridad de aquellos amplios sectores que sobrenadan o que se hunden en el paralelo del salario mínimo. Parecería que a estos mismos grupos les tocará una buena dosis de la "responsabilidad compartida".
Un signo macroeconómico de esta economía de austeridad es que la inflación ronde la tasa cero y que el BCR haya acuñado la expresión de inflación negativa. Lo que en otros lugares y en otras circunstancias hubiera sido un signo de estabilidad económica, significa aquí y ahora la grave carencia de poder de compra de amplios sectores de la población. Hecho reconocido por las gremiales empresariales. Esto explica que haya lecturas diferentes ante la medida de mayor resonancia: la eliminación de la exención del IVA a los granos básicos, leche verduras, frutas en estado natural y medicinas. Los diarios matutinos trasladan el efecto porcentual absoluto a la canasta familiar de cada uno de los productos hasta hoy exentos del IVA. De acuerdo al MAG, la medida implicaría un incremento del 1,02%, equivalente a 27,51 colones al mes; de acuerdo a cálculos del Comité de Defensa del Consumidor (entidad no gubernamental), el incremento mensual alcanzaría los 300 colones.
Las gremiales empresariales (ANEP, Cámara de Comercio, Camagro, FUSADES...) apoyan la medida: "se nivelarán las reglas del juego"; "en este juego entramos todos". El término "juego" no es el más adecuado para las clases populares, que utilizan otra expresión: "ya nos clavaron". Los partidos políticos, aunque divididos y diferenciados, seguramente sumarán los votos requeridos para aprobar la ley. Dato curioso y quizá el más importante es que los vendedores y comerciantes, que tienen los pies sobre la tierra por estar más cerca del pequeño consumidor, temen que con esta medida disminuyan sus ya escasas ventas, porque los precios subirán en cierto porcentaje. También los consumidores encuestados prevén que los precios traspasarán los umbrales programados por los ministerios de Hacienda y Agricultura. Los consumidores dicen que cuando los precios suben, luego ya no bajan; lo único que baja son las compras, y que esto es especialmente grave en el caso de las medicinas para quienes no gozan del Seguro Social.
Estos consumidores y vendedores finales son los que mejor conocen cómo funciona la economía y hasta el BCR les da la razón en gran parte. En El Salvador, el índice de precios de los alimentos siempre es superior al promedio o Indice General de Precios al Consumidor (IPC) y da la causalidad de que los precios de algunos de los productos hasta hoy exentos del IVA ya presentaban un índice de precios superior incluso al IPC del grupo de alimentos. De acuerdo al BCR (mes de abril de 1999), el IPC general es 153,74, mientras que el IPC del grupo de alimentos es de 164,44 (año base: diciembre 1992). Dentro de los alimentos, el IPC de los vegetales y legumbres es 299,23; el IPC de las frutas es 192,95 y un poco menor el IPC de productos lácteos, 161,50. Todos ellos superan el índice general de precios.
El interrogante es si esta presumible contracción de la demanda final, en amplios sectores de medios-bajos ingresos, pueda generar un "efecto-cascada hacia arriba"; es decir, hacia las ramas productoras que hoy se quiere beneficiar con estas medidas. Si adicionalmente el discurso presidencial reconoce que "el país no está en condiciones para aumentos salariales generalizados" (no se hace referencia a otros "sueldos"), también algunos sectores asalariados se sumarán al gremio de la demanda deficiente, que afectará a los productos hoy exentos del IVA. Este es el interrogante expuesto en forma de laberinto: si la demanda final de los bienes hoy exentos —debido al escaso poder de compra— se contrae en mayor proporción que el alza porcentual de los precios, el Estado verá reducidos sus ingresos en concepto del IVA. El logro de la política dependerá del alza porcentual que productores y vendedores trasladen a los precios y de la "elasticidad" o reducción proporcional de la demanda del consumidor final.
La presente política del IVA tendrá éxito si logra eliminar "el uso indebido de créditos fiscales en el IVA y la renta". Esta discriminante práctica del crédito fiscal, hecha norma en gasolineras, supermercados, agencias de viajes y otros rincones, es un descarado contrabando de consumo final, que la gente sencilla no puede practicar. Lo lamentable es lo que se han tardado los gobiernos en poner límites a esta evasión fiscal de sectores privilegiados. En este sentido es de aplaudir el control y castigo del contrabando tan extendido de electrodomésticos, medicinas y otros bienes intermedios y finales que, sumado a la reducción de aranceles, daña seriamente a los respectivos sectores productivos nacionales. Habría que defenderse contra otras importaciones subvencionadas por monedas bruscamente devaluadas y que en realidad practican precios de dumping.
Junto a estas medidas defensivas, que buscan aliviar los 3.000 millones del déficit fiscal, y de cara a la anunciada "reactivación económica", es necesario agregar otras políticas crediticias-monetarias que hagan posible realizar la inversión tecnológica y las ventajas competitivas, recientemente recomendadas en Costa Rica por los asesores de Harvard, M. Porter y J. Sachs. Aquí entra en juego el sector bancario y el BCR. He aquí la razón.
Si las anunciadas políticas del IVA buscan reducir los costos de producción de los sectores beneficiados, tales reducciones de costos son coyunturales y contables, pero no son reales por cuanto no mejoran por sí mismas la capacidad competitiva de estos sectores. Estas políticas significan, de momento, la transferencia de cierta cantidad de millones desde los consumidores finales hacia los productores primarios, sin poder aún apreciar si el bienestar de los segundos igualará y superará el sacrificio social de los primeros, y sin poder predecir si la demanda global monetaria de estos productos crecerá o disminuirá. Lo que sí es cierto es que con sólo estas transferencias fiscales seguiremos importando hortalizas, frutas, leche en polvo, ciertas medicinas y otros bienes que sí podríamos producir. Hay que ir hacia la reactivación económica.
Se trate de los sectores agrarios, aquí preferenciados, o de la industria, construcción, comercio exterior, micro y pequeña empresa, todas estas ramas, para ser competitivas, necesitan incrementar sus inversiones productivas y modernizar su tecnología. Estas inversiones no pueden realizarse sin la reducción parcial de las tasas de interés a mediano y largo plazo. Sin duda, las elevadas tasas de interés han sido más gravosas para los productores que la absorción del IVA a los sectores hoy aliviados. Esto significa que ahora "la responsabilidad compartida" llama a las puertas del sector bancario. El sector bancario lamenta que se han visto reducidos sus beneficios en 37 millones de colones. Lo que no dicen es que sus ganancias fueron discriminantes en los pasados años frente a la desaceleración general de la economía.
Al gobierno le interesa desbloquear las exenciones del IVA porque espera que esto le genere mayores ingresos tributarios; medida técnicamente correcta, pero socialmente gravosa y regresiva. Estos ingresos aumentarían más —y más correctamente— si convence o fuerza al sector bancario a reducir las tasas de interés y las condiciones de crédito a sectores eficientes y dinamizantes de toda la economía, quienes, con su inversión productiva y su modernización tecnológica, puedan generar empleos e ingresos internos y divisas de exportación. De momento, las políticas del gobierno están muy a medio camino de la reactivación económica.
Proclamando el derecho a la información, en los últimos meses los medios de comunicación se enfrascaron en una lucha campal con las diversas comisiones de la Asamblea Legislativa. Día con día los medios escritos dedicaban páginas y editoriales a denunciar los obstáculos que en el nuevo edificio de la Asamblea impedían realizar la cobertura periodística de las negociaciones y acuerdos al interior de las comisiones. Al final, la lucha se inclinó a su favor: el cristal que los separaba de los legisladores desapareció y las comisiones pasaron a discutir sus asuntos con micrófono abierto.
Con la fuga de "El Directo" los medios encontrarían una nueva oportunidad para erigirse como defensores del interés público y el derecho a la información. Esta vez batallando contra la jueza que llevaba el caso y las normativas penales referentes al menor infractor, los medios decidieron por unanimidad publicar el nombre y la foto del sujeto "más buscado" del país. El rostro de Gustavo Parada inundó las primeras planas de los medios. Violando la ley y elaborando reportajes de corte sensacionalista, los medios decían ganar una batalla más contra la institucionalidad que impedía que el público se informara sobre el acontecer nacional.
Ambas batallas fueron presentadas por los generales de los medios de comunicación como parte de la guerra que diariamente libran como intermediarios entre la opinión pública y los órganos del Estado. Como avances indiscutibles en la consolidación de un periodismo que busca la verdad, cuestiona el poder y brinda informaciones veraces y críticas del proceder en las altas esferas gubernamentales. Un periodismo que se debe al derecho de la población de estar debidamente informada y a las exigencias fundamentales del derecho a la libre expresión. Así pues, el periodismo enfrentaba estas coyunturas como una búsqueda y acercamiento a su "deber ser"; como un alejamiento de los vicios que caracterizaban a los medios salvadoreños.
Ahora bien, ¿se está ganando la guerra? Mas importante aún, ¿realmente hay una lucha por el derecho a la información y la libertad de expresión? Un forma de responder mínimamente a estas interrogantes es retomar algunos artículos del Código de Etica de la Prensa de El Salvador (documento presentado este mes por la APES para su discusión en el sector de los medios) para analizar la polémica que se levantó con la orden de censura contra las canciones de un grupo nacional y varios extranjeros.
El citado documento, que busca "contribuir al profesionalismo y con ello, al fortalecimiento de la democracia", afirma que "el periodista debe garantizar el derecho de información, la libre expresión y la crítica, como libertades fundamentales de todo ser humano" (Art. 2). Por ello, "es deber ineludible...evitar por todos los medios que se dicten leyes o cualquier disposición que recorte, dificulte o anule el ejercicio de la libertad de expresión" (Art. 42). Condiciones fundamentales para que esta labor pueda ser llevado a cabo son, entre otras: (a) que "el profesional del periodismo no debe aceptar para sí, ni en nombre de otros, encargos incompatibles con la integridad y la dignidad de la profesión. Tampoco debe aceptar beneficios indebidos de particulares o grupos cuando directa o indirectamente ello implique comprometer la independencia u objetividad del trabajo periodístico" (Art. 14); y (b) "No se ha de simultanear la labor periodística con otras actividades profesionales incompatibles con la deontología de la información, como la publicidad, las relaciones públicas, la propaganda y las asesorías de imagen, ya sea en instituciones u organismo públicos o entidades privadas" (Art. 40).
En lo que respecta a la polémica en cuestión, ésta se originó cuando la Dirección de Espectáculos Públicos y el Ministerio del Interior "solicitaron" a las radios de programación musical que sacaran del aire la canción "El Directo", bajo el argumento de que subvertía el "orden, la moral y las buenas costumbres". Igual suerte corrían las composiciones de dos agrupaciones extranjeras que se caracterizan por el fuerte contenido político de sus letras. Para nuestra cuestión, interesa analizar, por un lado, la respuesta de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) frente a la censura y, por otro, la postura del resto de los medios, en especial de la prensa escrita, frente a aquélla.
El argumento con el que respondió el presidente de ASDER a la "petición" del Ministerio del Interior no puede ser más especioso y rocambolesco: para salvaguardar el derecho a la libre expresión y evitar la censura las radios optarán por la autorregulación. La autorregulación, para Tony Saca, permitirá que los medios radiales mantengan la libertad de programación sin el peligro de que entidades allende a ellos se vean en la penosa necesidad de ordenar la censura. Así pues, desde este argumento, el problema ético de la cuestión se resolvería aceptando que: (a) los criterios para ordenar la censura son siempre válidos y razonables; (b) los criterios de la autorregulación coinciden con los criterios externos de censura; y (c) que contra la libertad de expresión sólo se atenta si el producto que ofrecen los medios ante la opinión pública es censurado por una entidad externa, no así si es censurado por los criterios que operan en el proceso de selección de material al interior de ellos.
Evidentemente, más que ser salomónica, la política que impulsará de ahora en adelante ASDER es de total obediencia a los dictámenes de una de las entidades de gobierno más duras y conservadoras. La solución por la que se ha optado va así más por la vía de la clonación de criterios de censura que por la del diálogo y discusión de lo que puede y debe ofrecerse a la opinión pública. La dicotomía entre la libertad de expresión y la censura, representadas respectivamente en este caso por la índole de la programación de las radios y los criterios del Ministerio del Interior, se soluciona creando minúsculas direcciones de Espectáculos Públicos al interior de cada uno de los medios.
Por su lado, la cobertura periodística que se le ha dado a la cuestión avala con su parquedad la componenda entre ASDER y el Ministerio del Interior, y siembra serias dudas sobre su compromiso con el derecho a la expresión, la libertad de información y el desapego a los intereses estatales y privados. Una cobertura periodística de altura, que responda al Código de Etica que actualmente se está discutiendo, tendría que haber señalado, en primer lugar, que muy posiblemente en la decisión de ASDER pesó menos el afán por hacer imperar la "moral y las buenas costumbres" que los intereses políticos de su presidente (¿acaso ignora la prensa que Tony Saca es un fuerte contendiente para participar en las próximas elecciones como candidato edilicio de ARENA? Si lo sabe, ¿cómo es que no cuestionó que no era él el más adecuado para dirimir la cuestión?).
En segundo lugar, que ASDER, en cuanto que no sólo agrupa a radios de programación musical, sino también a algunas con intenciones periodísticas (Radio KL y Radio Sonora, por ejemplo), debería de haberse opuesto decididamente a una medida que contravenía el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus ideas, pues lo contrario significaba ir en contra de los más elementales principios de ética periodística. Finalmente, la cobertura de la prensa debió haberse centrado en lo fundamental de la cuestión: los alcances y límites de la libertad de expresión en el país, y no en si la letra de las canciones atentaba o no contra "las buenas costumbres" (algo por lo demás difuso y perfectamente discutible, principalmente de cara al conservadurismo imperante y la permanente difusión de noticias, programas de televisión y canciones cuyo cariz no es menos cuestionable).
En definitiva, el balance no es alentador. La guerra que dicen librar los directivos de los medios de prensa por ocupar el puesto que les corresponde en la sociedad y por llevar a cabo una labor mínimamente ética es más bien un juego de imágenes. Un juego cuya intensidad sigue dependiendo de los intereses que están de por medio. En esta ocasión, por estar ASDER y el Ministerio del Interior en el centro del campo de batalla era predecible que la libertad de expresión fuera la gran perdedora.
En general, podemos afirmar —por el trabajo desarrollado y el conocimiento de la gestión que de él se deriva— que ambos funcionarios del Ministerio Público han sido abiertos y de un estilo inusual en el quehacer público salvadoreño, con ideas interesantes y entusiasmo por hacer las cosas lo mejor posible. No obstante estar conscientes de que todavía existe incapacidad y corrupción en algunos niveles de la Procuraduría y la Fiscalía, pensamos que precisamente ahí es donde se encuentran los mayores retos de sus actuales titulares si son reelegidos: la preparación y la depuración de su personal, en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional.
En el caso particular de la Procuraduría General de la República (PGR), cabe decir que la administración que está por finalizar le dio un giro radical a su estructura y con ello se avanzó en la prestación de servicios con un notable incremento de su calidad; incluso, esta nueva organización está contemplada dentro del anteproyecto de Ley Orgánica presentado por el señor procurador a la Asamblea Legislativa. Sabemos muy bien que la PGR siempre ha sido vista como la "cenicienta" del sector justicia y del Ministerio Público; sabemos, además, que enfrenta serios problemas tales como la baja asignación presupuestaria y que eso no le permite contar con el personal requerido para atender la creciente demanda; sin embargo, con la mencionada reestructuración en marcha la Procuraduría ha demostrado que aun en situación poco favorable puede responder a los retos de la realidad y que —de continuar en esa misma línea— es posible cumplir a cabalidad con lo establecido en su mandato.
Las anteriores y otras razones expuestas por diferentes expresiones de la sociedad consultadas por la Comisión Política de la Asamblea, al parecer ya surtieron efecto; al momento de escribir estas líneas, las y los diputados se encontraban a punto de ratificar a Miguel Ángel Cardoza como procurador general de la República. No nos queda más que aplaudir esa decisión, si se llega a concretar.
En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), el panorama es distinto: jueces y abogados rechazaron la continuidad de Manuel Córdova Castellanos en el puesto; a ello hay que agregar que no se advierte una posición clara dentro de la Comisión Política del Órgano Legislativo. Con las disputas generadas entre operadores de justicia y fiscales a raíz de la aplicación de la nueva normativa penal, era de esperarse semejante reacción de los miembros del Órgano Judicial; sin embargo, no se debe restar méritos al trabajo que ha realizado la FGR en los tres últimos años.
Considerando esa labor y las experiencias vividas por la población que ha recurrido a la Fiscalía durante las administraciones anteriores a la de Córdova Castellanos, es posible decir que el balance global de su estado actual es bastante positivo. Eso lo comprobamos con los resultados parciales, pero bastante significativos, que se han obtenido hasta la fecha en casos como el de Ramón Mauricio García Prieto Giralt y Manuel Adriano Vilanova Velver, o en el esfuerzo de investigación para buscar justicia ante los fraudes procesales que se llevaron a cabo alrededor de los casos Saravia y Comandari. Y qué decir de la correcta actitud del señor fiscal al no ceder a las presiones que, en lo referente a los casos Suster y otros, podrían tener —mediante pruebas fabricadas o sin siquiera eso— a Schafick Handal como imputado.
Esos y otros hechos de gran envergadura para el combate a la impunidad en nuestro país, que acapararon la atención de la opinión pública por la participación de elementos de la Policía Nacional Civil o por el encubrimiento de algunos funcionarios judiciales para proteger a sus responsables últimos, nos revelaron el interés de Córdova Castellanos por trabajar para alcanzar el cumplimiento de las leyes y lograr justicia. De haber sido otra la actitud del fiscal general y su equipo, seguro que ahora estaríamos lamentando el destino de estos casos. Teóricamente hablando, es cierto que no debería de considerarse como méritos para su reelección el que haya intentado desarrollar bien su trabajo tal como se lo pide la Constitución de la República, que no haya sido corrupto y que no haya cedido ante las presiones; pero en la práctica, en El Salvador —este nuestro país donde desde hace un año lamentamos que el despacho del Ombudsman se encuentre ocupado por el tipo menos indicado, por culpa de la Asamblea Legislativa— eso es un gran logro y así debería ser valorado.
En lugar de arriesgar la frágil institucionalidad nacional llevando a otro Peñate Polanco a la Fiscalía, la Asamblea debería sopesar fortalezas y debilidades de la actual administración y asegurar que —con toda la experiencia acumulada y el suficiente apoyo político— Córdova Castellanos le dé continuidad al esfuerzo realizado y garantice avanzar en la consolidación una de las herramientas claves para superar el actual estado de desorden —no de Derecho— en nos encontramos hoy. Pero así son los políticos salvadoreños, algunos de los cuales después tienen que andar retractándose y ofreciendo disculpas por los errores que cometen; esas irresponsabilidades se pagan caro. Al conocer la posibilidad de su reelección, Córdova Castellanos expresó en la Asamblea que "un fiscal que sólo tenga el apoyo numérico está totalmente perdido. Tiene que tener un apoyo político total... No se trata de poner condiciones, se trata de independencia política y de respeto al trabajo". En el marco de todo lo expresado antes, tales consideraciones son válidas.
Cuando estas líneas se encuentren en circulación, es probable que la Asamblea haya reelegido a Cardoza y que la discusión sobre el fiscal general aún continúe. Si se entrampa esta última elección se corre el peligro de que las investigaciones de casos sumamente importantes, conocidos públicamente o no, se detengan; eso sería muy dañino para las víctimas y favorecería a los victimarios. De ello deben estar conscientes todos los partidos políticos. Es necesario y urgente, pues, que se llegue a un consenso y que no tengamos vivir otras experiencias como las que desembocaron en la fatal incursión de Peñate Polanco al despacho del procurador para la defensa de los derechos humanos.
Esperamos que en esta ocasión, la Asamblea tome en serio las propuestas provenientes de la llamada "sociedad civil" y el perfil que deben tener los funcionarios que ocupen la titularidad en las instituciones del Ministerio Público. Sin lugar a dudas, así se estaría dando un primer paso para corregir lo que hasta ahora se ha hecho mal y empezarían a hacer bien el resto. De lo contrario, sólo se estará abonando el camino para un mayor desencanto y quizás —ojalá que no se así— para el advenimiento de otro tipo de violencia, similar o peor que la del pasado.
Hace menos de un mes, Francisco Flores tomó posesión de la primera magistratura y en un período sumamente corto nos ha hecho dudar de su capacidad para lograr mejores niveles de vida en el país. Por lo menos, ese sabor le ha quedado a la población tras su mensaje del pasado viernes 25 de junio en el cantón Las Isletas, departamento de La Paz. En esa ocasión, frente a un selecto grupo de personas invitadas, el presidente de la República presentó sus propuestas —muy generales, por cierto— en materia económica; según él y su flamante equipo de gobierno, ahora sí será reactivado el agro y mejorará la recaudación fiscal; en definitiva, nos han dicho que vendrán tiempos mejores.
Por supuesto, todo tiene un costo; en este caso, el mandatario habló de eliminar la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los granos básicos, medicinas, verduras y frutas para trasladárselo a los consumidores. Conociendo como funcionan las cosas en el país, donde los intereses de los poderosos están por encima del "bien común", lo más seguro es que dentro de muy poco tiempo estaremos observando a los diputados "areneros" y sus comparsas con la mano alzada para reformar la ley del IVA. Según algunos economistas, lo anterior tendrá un impacto negativo para la mayoría de los hogares salvadoreños, principalmente en aquellos que ni siquiera se alcanza a cubrir las necesidades básicas. Por su parte, los especuladores comenzaron a hacer de las suyas y en muchos lugares los precios de los productos de primera necesidad ya aumentaron de manera considerable.
Desde cualquier punto de vista, lo que pretende el gobierno constituye una abierta y flagrante violación a los derechos humanos pues —cada vez con mayor claridad— a las personas se les están negando las posibilidades y las condiciones para vivir dignamente. Lo agrava nuestra preocupación es que la principal afectada por estas decisiones —la población— no puede hacer nada más que lamentarse mientras se le obliga a aceptar lo que le imponen desde arriba. Precisamente, eso que parece resignación de la mayor parte de la población es la que le permite al gobierno tomar medidas que la afectan negativamente; sin embargo, a la larga, ese estado de inactividad resulta ser —más que otra cosa— un período de acumulación de rencores que pueden desembocar en estallidos sociales.
Sabiendo de antemano lo que significaría para las y los salvadoreños su anuncio, durante el breve discurso Flores se adelantó a decir que el impacto de las medidas económicas debía asumirse con "responsabilidad compartida" y que, por tanto, todas y todos debíamos "apretarnos el cincho". Es obvio que para el pequeño grupo de privilegiados en este país no existe ningún sacrificio; por el contrario, son esos sectores los grandes beneficiados. En cambio, para la mayoría de la población —esa que a diario enfrenta múltiples dificultades para obtener lo necesario y sobrevivir— lógicamente tal política gubernamental resulta nefasta.
Frente a este tipo de situaciones, para evitar el caos, ya no es posible seguir agachando la cabeza; mientras esos reducidos grupos de poder continúan enriqueciéndose y manejando a su antojo las decisiones importantes que se toman en el país, la oposición política de "enfrente" sigue sin atinarle a nada diciendo una cosa y desmintiéndose al siguiente día. Así sólo confunden y desencantan más a la gente. Para frenar las señales negativas que nos llegan desde el gobierno y de la oposición política es necesario que las y los salvadoreños participen de manera consciente y organizada, denunciando y exigiendo que se respeten sus derechos. Se deben aprovechar los pocos espacios con los que se cuenta para ello; en las comunidades, por ejemplo, es necesario exigirle a las autoridades locales que cumplan con su misión en favor de la población más necesitada.
Frescas están aún las palabras del gobierno anterior cuando hablaban de una situación inigualable de bonanza y felicidad. En esa época, Calderón Sol dijo que con sus medidas en materia económica se lograría "mejorar la calidad de vida de la población" y "convertir a El Salvador en un país de oportunidades para todos con equidad"; sin embargo, no tardó mucho para que esas fantasías comenzaran a caerse una tras otra. Lo que está sucediendo ahora en El Salvador nos recuerda la crisis mexicana durante los últimos tres períodos presidenciales. En aquél territorio y en el nacional, la rueda de la historia de nuestros pueblos parece seguir girando en el mismo lugar y hundiéndose cada vez más. En vez de continuar afectando la economía familiar, el presidente Flores debería combatir la corrupción en el aparato gubernamental y garantizar realmente la austeridad durante su gestión; eso, sin duda, sería más eficaz que condenar a las personas a vivir en condiciones de pobreza y miseria.
ECONOMIA. Francisco Flores presentó, el 26.06, 13 propuestas para dinamizar la economía, entre las que destacan la ampliación del alcance de pago de impuestos y la congelación de empleos en el Gobierno. Destaca entre todas las propuestas la de eliminar las exenciones para el pago del IVA de los granos básicos, verduras, frutas en estado natural, productos lácteos y medicinas. Esto implica que los productores de estos bienes podrán descontar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de sus costos, abriendo la posibilidad del traslado al consumidor final. El ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, admitió que se espera un cierto aumento en el precio de esos productos, que oscilaría entre el uno y el diez por ciento, dependiendo de cada bien. Flores indicó que se le enviaría inmediatamente la iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa, para reformar la actual ley del IVA e incluir en su régimen los productos agrícolas y las medicinas. El resto de medidas se complementan con acciones de apoyo al sector agropecuario. Estas acciones se relacionan con medidas para reforzar la seguridad en las áreas rurales, mejorar la infraestructura vial y abrir el financiamiento a pequeños agricultores. Flores anunció que se abrirá el programa "Caminos Rurales del Progreso", con los que se espera ayudar a bajar los costos de la producción agrícola y comercialización al productor agropecuario (LPG 26.06 p.4).
FMLN. El FMLN se retractó, el 28.06, de apoyar la moción de imponer el IVA a los productos agropecuarios. Inclusive aseguró que así como están planteadas, no votará a favor de las medidas económicas de Francisco Flores. El diputado Oscar Ortiz aseguró: "no apoyaremos ninguna medida que golpee el bolsillo de los salvadoreños". Agregó que el Plan Ejecutivo de Flores no sacará de la crisis al sector agropecuario, ni a la micro y pequeña empresa. La postura del FMLN cambió tan solo dos días después de que el mismo Ortiz dijera públicamente que su partido apoyaba el IVA para los productos antes mencionados, por considerar que era "una necesidad". En ese momento hablaban de apoyarlo y sugerían medidas paralelas: "(el IVA) es un elemento que tiene que ir acompañado de una serie de medidas crediticias encaminadas a impulsar el desarrollo económico, mediante créditos con tasas de interés menores al 10%, a través del Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario". No obstante, al cambiar de opinión, el jefe de fracción, Shafick Handal, argumentó que la disminución del IVA fue una de las promesas electorales del Frente. "Nuestra antigua promesa de reducir el IVA, vuelve a tomar importancia... estamos reiterando nuestra propuesta...", afirmó Handal (LPG 29.06 p.14).
PRECIOS. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pedirá a Francisco Flores una explicación detallada sobre el plan económico anunciado el 25.06. El titular la Procuraduría, Eduardo Peñate, dijo que el paquete económico no cuenta con un plan para evitar la subida acelerada de precios de los productos de la canasta básica. Además, expresó temor porque el Gobierno no esté en la capacidad de controlar a los acaparadores de granos básicos. La institución de Derechos Humanos pretende que Flores, y los demás funcionarios involucrados en la elaboración del plan que pretende gravar los granos básicos con el IVA, presenten un informe a la institución. "No queremos oponernos por oponernos al plan, pero creo que el control de precios y de los acaparadores no se ha contemplado", sentenció Peñate. Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) reiteró su apoyo a la medida gubernamental de aplicar el IVA a los productos agropecuarios. Sobre la posibilidad de que se especule con los precios, tal como han expresado algunos analistas, pequeños comerciantes y consumidores, el presidente de la Asociación, Ricardo Simán, señaló que será el mercado el que se encargará de regular ese aspecto y dejó entrever que es algo por lo que no hay que preocuparse demasiado (LPG 27.06 p.5 y 28.06 p.8).
