Año 20

número 862

julio 7

1999

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial ¿Continuaremos en la barbarie?

Política El nuevo plan de seguridad pública (II)

Política Corte de Cuentas: una cuota de poder a repartir

Economía Situación de las finanzas públicas

Sociedad Un movimiento mundial contra la violencia de género

Derechos Humanos La PDDH: un año perdido

Noticias

Dando muestras de un absoluto desconocimiento de lo que es la problemática de la violencia, nuestra Asamblea Legislativa aprobó la armamentización de la sociedad salvadoreña, con la cual, precisamente, se están fomentando las condiciones para que esa problemática, lejos de disminuir, se agudice. Más allá de las especificaciones técnicas de la ley de portación y tenencia de armas de fuego —calibre y dimensiones de las armas que podrán tener los civiles—, legalizar la tenencia y portación de una arma es legalizar la tenencia y portación de un instrumento de muerte. De esto nadie debería tener la menor duda, especialmente aquellos que, al saber de la aprobación de la referida ley, corrieron a los establecimientos de ventas de armas y municiones para apertrecharse debidamente.

El asunto es bastante claro: al no estar legalizada la tenencia y portación de armas para los civiles, era previsible que buena parte de las mismas se concentrara en manos de quienes las querrían para delinquir. Esto, de algún modo, podía contribuir a hacer frente a ese foco particular de violencia en el que las armas de fuego son el instrumento de terror privilegiado en manos de los criminales. Al multiplicarse la tenencia y portación de armas en manos tanto de personas honestas y honorables como de otras que no lo son, pero lo parecen—porque tienen los recursos políticos y económicos para pasar por tales—, la erradicación de ese foco de violencia se vuelve más difícil. Los padres de la patria así lo han decidido. Han decidido, pues, que continuemos en la barbarie.

El nuevo plan de seguridad pública (II)

En la entrega pasada se hizo referencia a uno de los ejes del nuevo plan de seguridad denominado "eficacia policial". Se trata del aspecto al que dicho plan le ha dado más relevancia. En él se formulan una serie de "acciones inmediatas" encaminadas a hacer operativo el modelo en el corto plazo, con lo cual Flores cumpliría con su promesa de iniciar el combate contra la delincuencia desde las primeras semanas de su administración. Algunas de esas medidas son: patrullaje 24 horas, patrullaje al interior de los buses, mayor presencia en zonas con mayor incidencia delincuencial, crear una fuerza de tarea selecta para combatir el crimen organizado y crear una comisión de enlace interinstitucional, entre otras. Aunque aún es poco el tiempo transcurrido desde que estas medidas empezaron a implementarse, veamos qué resultados han dado hasta ahora.

El 27 de junio, la revista "Enfoques" de La Prensa Gráfica publicó un reportaje en el que se le "medía el pulso" al primer intento de llevar a cabo el plan. Los resultados que arroja tal evaluación no son tan prometedores como se esperaba, aunque ha habido ciertos avances positivos. A principios de junio, en la "super-manzana" de la Zacamil, zona elegida para realizar el plan piloto, y por ello equipada su delegación con nuevos vehículos y más agentes, la delincuencia había disminuido en un 40%. En Soyapango, en cambio, se había producido un incremento delincuencial del 25% en el mismo período.

Uno de los problemas con estas nuevas medidas es que si bien el patrullaje al interior de los buses logra reducir los asaltos en las unidades de transporte, obviamente no alcanza a cubrirlas todas y, además, resta fuerza al cuerpo policial para el combate de otros tipos de delitos. El hecho de que, por ejemplo, el robo de vehículos se haya cuadruplicado en Soyapango es prueba de ello. Por otra parte, nada se ha hecho para detener el hurto a las viviendas y los asaltos en las calles, manifestaciones delictivas que también asolan a la población.

Hay razones de peso para pensar que un número mayor de efectivos policiales no es necesariamente la solución al flagelo delincuencial. Sin embargo, para el éxito del nuevo plan eso parece ser indispensable. Primero, porque cada policía enviado a vigilar los buses es un policía menos patrullando las calles, y segundo, porque si este Modelo de Seguridad Pública ha necesitado ampliar la jornada laboral de los efectivos es evidente que hay un déficit en el número de agentes. De hecho, el Director de la PNC, Mauricio Sandoval, ha manifestado la necesidad de ampliar la planilla de 18 mil policías que hay actualmente a 21 mil, como requisito para implementar exitosamente el plan de seguridad. El reportaje antes citado señala que en Ilopango un total de 63 agentes tiene que dar seguridad a más de 127 mil habitantes. La correlación es de un policía por cada 2 mil 22 civiles, mientras que, de acuerdo a cálculos de Sandoval, la correlación ideal es de 3.5 policías por cada mil habitantes.

El aumento de las horas laborales, además de ser cuestionable en sí mismo, entra en contradicción con los mismos planteamientos del Modelo. Hacia el final del documento hay un apartado titulado "acciones sociales", en la cual se proponen como objetivos: mejorar la moral de los policías, crear una mística de trabajo y mejorar su autoestima. Pues bien, difícilmente alguna de estas tres cosas puede lograrse satisfactoriamente con el aumento en 4 horas del tiempo de trabajo de los agentes.

Como era de esperarse, ya habido quejas ante la implementación de esta medida. Por supuesto, sobre los policías han recaído las consecuencias más duras: ahora cuentan con menos tiempo libre para ellos mismos y para sus familias; algunos tienen que dormir en las delegaciones, lo cual resulta sumamente incómodo debido a la precariedad de éstas; y además, nada se ha dicho acerca de un aumento salarial. Pero incluso en el caso de que esto último se diera, los policías han asegurado que las jornadas de 12 horas resultan demasiado extenuantes, lo cual, además de obstaculizar la posibilidad de aumentar la "moral y la autoestima de los agentes" y crear una mística de trabajo, entorpece la "eficacia policial" que el plan pretende impulsar.

Vayamos ahora al problema de la insuficiencia de las "acciones inmediatas" puestas en marcha. El Nuevo Modelo parece estar priorizando la delincuencia común sobre el crimen organizado. Por algo había que empezar, podría decirse. Está bien, ¿pero no habría que hacer un esfuerzo por tener respuesta a todas las aristas, o al menos a las más puntiagudas, del flagelo? Como se señalaba antes, atender ciertos focos implica, para una corporación policial deficiente como la que tenemos, descuidar otros. Estamos ante un círculo vicioso que no podrá romperse hasta que la PNC no sea dotada con los recursos técnicos y humanos necesarios y posea una estrategia integral de solución al fenómeno.

El plan en cuestión menciona al crimen organizado y plantea la creación de fuerzas especiales para combatirlo. Pero no explica las medidas concretas que se llevarán a cabo para conseguirlo. Es bien sabido ya que el combate efectivo al crimen organizado pasa, entre otras cosas, por sensibles mejoras al aparato de inteligencia de la PNC. Desafortunadamente, eso es bastante costoso. De hecho, según declaraciones de Mauricio Sandoval, se requieren 100 millones de colones para impulsar el plan en su totalidad. Que pueda ser posible destinar tal cantidad para la Policía está por verse todavía.

La pregunta entonces es si el Nuevo Modelo de Seguridad Pública tendrá que limitarse a enfrentar a los ladrones de carteras en los buses y a encarcelar bandas sólo cuando sus exiguos recursos se lo permitan —con lo cual no sería tan nuevo como se pretende— o si Francisco Flores está dispuesto a apostar porque realmente se empiece a combatir la delincuencia en El Salvador de forma novedosa —lo cual implica enfrentarla en todas sus dimensiones. De nada servirá haber creado un nuevo plan si el país no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo operativo o si el gobierno de Flores no piensa destinar los fondos requeridos para llevarlo a cabo. Estaríamos, pues, ante un problema más, porque no es sólo que la planilla actual de policías sea insuficiente para implementar el plan, sino que el plan mismo no puede dar seguimiento al flagelo delincuencial en su conjunto.

Finalmente, cabe mencionar el descontento reinante entre los policías con los polémicos códigos penales. No se puede dejar de señalar que distintos sectores políticos y sociales, entre los cuales los medios ocupan un lugar privilegiado, han contribuido a crear la imagen de unos códigos demasiado blandos. Ciertamente, si hay ocasiones en las que la fiscalía o los juzgados dejan libres a delincuentes contra quienes la policía tenía evidencias contundentes, esto no servirá más que para desmotivar a los agentes y continuar con la impunidad. Pero también puede estar sucediendo que los efectivos, amparados en esta supuesta debilidad de los códigos, estén evitando cumplir con su trabajo de manera eficiente. Sin duda, la relación entre los policías y las leyes es algo de lo que el Nuevo Modelo debería ocuparse y en lo que, como muchos otros puntos, no repara.

Corte de Cuentas: una cuota de poder a repartir

Fácilmente la polémica que se ha generado en la Asamblea Legislativa en torno a la ratificación de Francisco Merino como presidente de la Corte de Cuentas pasará a ocupar un puesto distinguido en la historia de la infamia política del país. Los elementos que dan vida a este nuevo escándalo son de antología. En primer lugar, incoherencia: se insiste en ratificar en la presidencia de la institución encargada de fiscalizar y controlar todas las entidades y organismos del sector público a un funcionario cuyo patrimonio familiar ha crecido en una proporción fuera de toda lógica económica y que ha sido señalado públicamente por su participación en un caso de defraudación contra la propiedad pública.

En segundo lugar, chantaje: Merino, intentando desentrampar la discusión en la Asamblea, amenaza con hacer públicos ciertos informes que comprometerían a los sectores contrarios a su ratificación, entre los cuales ha destacado el mismo presidente Flores. En tercer lugar, componendas políticas: al calor de las discusiones y en buena parte gracias a la injerencia de Flores, ARENA, el PDC y el PCN confirman abiertamente y sin ningún pudor lo que ya era vox populi: la elección de los cargos de primero y segundo nivel de las más importantes instituciones estatales (Corte de Cuentas, Procuraduría General y Fiscalía General) depende de una repartición de cuotas de poder, en la que el tráfico de influencias y la utilización del Estado con fines partidarios son principios rectores.

En este marco, es interesante analizar, por un lado, lo que esta discusión en la Asamblea dice sobre la relación de fuerzas en el seno de ARENA y, por otro, lo que la existencia del pacto intrapartidario implica para una de las instituciones más relevantes del país.

Lo que en definitiva ha puesto en la picota la ratificación de Merino no ha sido el informe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ni su desempeño al interior de la Corte de Cuentas ni si cumple o no con los requisitos exigidos por ley, sino más bien el dilema de algunos diputados de ARENA, indecisos entre obedecer los dictámenes de su jefe de fracción o —haciendo valer una independencia nunca antes mostrada en ninguna coyuntura— oponerse a la ratificación del funcionario. En apariencia, obedecer significaría acatar el pacto de repartición de las instituciones del Estado suscrito por el PDC, el PCN y ARENA. Por el contrario, acogerse a la independencia y abstenerse de dar su voto a favor de Merino implicaría que estarían intentando insuflar en la Asamblea los nuevos aires que habría traído Flores a la gestión pública; un Flores con el cual los diputados en "rebeldía" se declaran identificados.

A simple vista podría parecer que el forcejeo entre los grupos que integran a la fracción arenera de la Asamblea es un dilema ético. Un dilema que se plantea al momento de elegir a un funcionario en el que recaen serias y fundadas dudas sobre su integridad y honestidad. Sin embargo, el dilema no es ético, sino más bien de poder: ratificar a Merino significaría, por un lado, cumplir con el pacto establecido con el PCN y, por otro, cerrar la posibilidad de que la Corte de Cuentas pueda investigar desfalcos y anomalías administrativas cometidas por las administraciones anteriores —especialmente la de Cristiani. Para que la cuestión fuera ética, apoyar la no ratificación tendría que tener como objetivo problematizar abierta y razonablemente la existencia del pacto y plantear la necesidad de buscar candidatos allende los partidos que lo han establecido.

No es eso lo que persiguen los diputados que se oponen a la ratificación. Tras el pretendido afán de independizarse de las líneas del partidos está la figura de Francisco Flores y su lucha por extender su poder. No es descabellado suponer que las reiteradas intervenciones de Flores en el debate buscan más impedir la llegada de uno de los incondicionales del grupo Cristiani a la Corte de Cuentas que cuestionar uno de lo más perversos acuerdos políticos de los que se ha tenido noticia. A esta altura es claro que la no ratificación de Merino no implicará de ninguna manera que el pacto se romperá. La cuestión no está, pues, en si se elegirá a un individuo que pueda ser controlado o no por los partidos que integran el pacto, sino más bien en quién o quiénes tendrán mayor influencia sobre el funcionario.

Por otra parte, la dinámica que se ha desatado en la Asamblea reafirma varias cosas sobre ARENA: en primer lugar, que al interior del partido existen bandos en pugna: el grupo Cristiani, el grupo Flores y el grupo Calderón Sol, aunque la fuerza y las características que distinguen a este último aún no son del todo claras. En segundo lugar, que gracias a la nivelación de fuerzas entre dos de estos grupos (el de Cristiani, que detenta el poder económico y dirige la cúpula del partido, y el de Flores, que posee el Ejecutivo y dispone de gran poder político) la posibilidad de disentir abiertamente y de manifestarse críticamente se ha abierto camino, con lo cual las fracturas en la "unidad granítica" de ARENA se acentuarán aún más.

En lo que respecta a la Corte de Cuentas, es necesario reconocer que su misión y su talante de institución fiscalizadora de las entidades del Estado y de los funcionarios que la integran no entran en crisis con la llegada de Merino. Todo apunta a que el pacto es de larga data, por lo cual los funcionarios que se han mantenido a la cabeza de la institución han operado dentro de los límites y exigencias que aquél impone. "No fiscalizarás a miembros de los partidos firmantes del pacto" y "utilizarás los informes de la institución en función de las coyunturas políticas y las necesidades de los pactantes" han sido hasta hoy los mandamientos que han orientado la acción de la Corte de Cuentas.

De esta manera, la institución a la que por mandato constitucional le corresponde fiscalizar la Hacienda Pública con independencia del Organo Ejecutivo y cualquier interés particular se ha transformado, por obra de la práctica política, en una institución para el chantaje y el encubrimiento, dedicada a asegurar lealtades y garantizar prebendas. De esta deformación institucional ya hay precedentes, el más representativo: el nombramiento de Peñate Polanco como procurador para los derechos humanos. Sin embargo, lo que aquí se pone en juego es mucho más grave. Con la existencia del pacto y la llegada a la presidencia de la institución de funcionarios títeres se corta de raíz la posibilidad de modificar la tradicional práctica gubernamental del país y de sentar las bases y apuntalar el desarrollo de un Estado transparente y eficaz.

Actualmente El Salvador atraviesa por una grave crisis de incoherencia institucional. Las instituciones estatales que deberían velar por la protección del ciudadano ante los abusos de poder (la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo) y por la cristalinidad de la gestión pública (la Corte de Cuentas, por supuesto), atravesadas por decisiones puramente partidistas, no sólo acogen en su seno a funcionarios que por oficio deberían investigarse a sí mismos, sino que ven desvirtuada completamente su labor en aras de realizar un ejercicio puramente político. Se habla con mucho entusiasmo de "una nueva forma de hacer política", pero cuando no se garantizan los mecanismos para fiscalizar que el hacer política no discurra por lo senderos ya conocidos, el ideal es letra muerta o, aún peor, un mero eslogan.

Situación de las finanzas públicas

Las finanzas públicas representan en la actualidad uno de los mayores obstáculos para la implementación de planes exitosos de desarrollo, no solamente por los efectos desequilibrantes del déficit fiscal sobre el ámbito macroeconómico, sino también por los límites que imponen a la inversión social y la puesta en marcha de proyectos para el fomento de la producción y el empleo.

En buena medida, el escaso presupuesto de las carteras de educación, salud, vivienda, trabajo y previsión social, medio ambiente y sector agropecuario se explica por la insuficiente generación de ingresos tributarios para cubrir el gasto público. Paradójicamente, durante la década de 1990 los gobiernos de ARENA se han dedicado a desarrollar importantes reformas tributarias, dentro de las cuales destacan especialmente la eliminación de los impuestos a las exportaciones y al patrimonio, la introducción del IVA, la desgravación arancelaria y la reducción del impuesto sobre la renta de las empresas.

Estas reformas provocaron que la estructura de los ingresos tributarios pasara a descansar fundamentalmente en el IVA y el impuesto sobre la renta. Aunque se ha logrado incrementar el monto del total de impuestos recolectados, no se ha logrado hacerlo en la cuantía suficiente para financiar los crecientes gastos estatales. Durante los últimos años, el déficit global del gobierno —excluyendo donaciones— ha experimentado una tendencia alcista que será más evidente a finales de 1999, pues se espera que, para este año, el déficit fiscal alcance un 2.3% del PIB, cuando en 1998 fue de sólo 1.3%.

Esta dinámica levanta dudas razonables sobre el margen de maniobra con el que cuenta el gobierno para implementar sus anunciados planes de microcrédito, extensionismo agropecuario y construcción-rehabilitación de infraestructura, por ejemplo. En lo que sigue se revisa la evolución de las finanzas públicas durante la década de 1990 para evidenciar que éstas colocan la mayor carga sobre los sectores asalariados y que, por tanto, es importante la implementación de nuevas medidas fiscales que eleven las recaudaciones sobre la base de gravámenes a los sectores de mayores ingresos.

La principal característica de la reforma tributaria de ARENA ha sido su claro afán de colocar la mayor carga tributaria sobre los sectores asalariados. La introducción del IVA, la eliminación de los impuestos a las exportaciones y la reducción a la mitad del impuesto a la renta de las empresas obedecen a esa clara finalidad. En primer lugar, porque el IVA permite a los empresarios descontarse del pago del gravamen, por lo que el impuesto es pagado únicamente por los consumidores finales no inscritos como contribuyentes del IVA; es decir, los sectores asalariados. Y, en segundo lugar, porque los empresarios pagan ahora menos impuesto sobre la renta y, además, fueron exonerados del pago de impuestos sobre exportaciones.

La eliminación de estos impuestos y el acelerado proceso de desgravación arancelaria son medidas contradictorias no sólo desde la óptica de incrementar los ingresos tributarios, sino también desde la del estímulo de la producción doméstica. De hecho, empresarios de ramas como el calzado y los textiles han señalado ya el efecto negativo de la apertura del mercado sobre su producción y ventas.

La estructura tributaria resultante de las reformas de ARENA descansa, en lo fundamental, en el IVA y en el impuesto sobre la renta, los cuales para 1998 aportaron un 82.6% del total de impuestos, cuando para 1991, por ejemplo, el impuesto sobre la renta y el impuesto de timbres —al cual vino a sustituir el IVA— apenas representaban un 56%. El mayor incremento de los impuestos ha estado sin lugar a dudas en los gravámenes sobre las ventas a través de la introducción del IVA.

Como muestra el cuadro, los ingresos tributarios totales se han incrementado en cerca de un 130% desde 1992, debido a la franca expansión del IVA y del impuesto sobre la renta. El IVA pasó de 2,880 a 7,539 millones de colones, entre los años 1993 y 1998. Inclusive para 1999 se esperaría un aumento poco usual en las recaudaciones del IVA, pues se incrementarían a una tasa del 18%, cuando en los últimos años han estado creciendo a tasas promedio del 10%, aproximadamente. Aunque durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 1999 el incremento de los ingresos en concepto de IVA no parecía plausible, con las medidas fiscales propuestas recientemente por el gobierno de Francisco Flores sí parece posible alcanzar este incremento, ya que se pretende gravar con el IVA los granos básicos, verduras, frutas, leche y medicamentos, los cuales habían venido gozando de excepción.

El impuesto sobre la renta, por su parte, pasó de 1,257 a 2,952, entre 1993 y 1998, en base a un incremento de la carga tributaria para los sectores asalariados, pues, como se mencionó antes, la tasa del impuesto a la renta de las empresas disminuyó a la mitad. Al igual que en el caso del IVA, para 1999 se espera un incremento fuerte de las recaudaciones de impuesto sobre la renta (un 34%), lo cual contrasta con el estancamiento de los ingresos experimentado entre 1996 y 1998. Muy probablemente, este incremento en las recaudaciones se obtenga con la incorporación al pago de la renta de las empresas con ingresos menores de 75,000 colones, medida que también fue anunciada recientemente por el Presidente.

En su conjunto, el panorama de las finanzas públicas muestra que el nuevo gobierno lo que se propone es continuar manteniendo la carga tributaria sobre los sectores de menores ingresos. Así lo demuestran las propuestas de eliminar de las exenciones del IVA algunos productos de la canasta básica y el pago de la renta para contribuyentes con ingresos menores a los 75,000 colones. Esta estrategia, aunque puede contribuir a recaudar fondos para ejecutar proyectos de desarrollo, se nutre de los recursos de los sectores de bajos ingresos, los cuales, para verse compensados en su cuota de sacrificio, deberían de ser los beneficiarios de los proyectos sociales o de infraestructura que se implementen.

En aras del combate del déficit de las finanzas públicas, la política fiscal se ha desvinculado del gran objetivo de reducir la pobreza, con el agravante de que ni siquiera se ha logrado contener el citado déficit ni dedicar mayores recursos para la inversión social. En este contexto, resulta claro que se requiere la adopción de nuevas medidas para incrementar los ingresos fiscales a partir de mayores impuestos para las empresas y no solamente para los sectores asalariados.

*Proyección

Fuente: Ministerio de Hacienda, "Informe de Gestión Financiera", años de 1994-1996; Proyecto de Presupuesto General del Estado para 1999; Revista Trimestral, Banco Central de Reserva, oct.-dic. 1994.

Un movimiento mundial contra la violencia de género

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido una pieza clave en la reivindicación y el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres. En diciembre de 1998 se conmemoró el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como parte de la celebración, y como una iniciativa del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la ONU dio inicio a una campaña constituida por una serie de actividades a nivel mundial, programadas para realizarse a corto, mediano y largo plazo. Prevención de la violencia de género, es el punto central de la campaña. Esta, como otras acciones de Naciones Unidas es legítima, pues ante un mal endémico como la violencia de género, sólo un movimiento de este calibre puede unir a las sociedades, los gobiernos, las instituciones y las familias en la tarea de mitigarlo.

Desde la década del 70, las conferencias mundiales de las Naciones Unidas han ido abriendo caminos para ventilar el fenómeno de la violencia de género y promover la conciencia crítica en los gobiernos, sociedades, comunidades y demás sectores. Luego de la II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, realizada en Viena en junio de 1993, se abrió paso a la creación de tres instrumentos básicos y concretos que "han ampliado las posibilidades de acción de las ONG’s, y los movimientos de mujeres en América Latina y el Caribe", todos referentes al problema de la violencia de género. El primero surgió en diciembre de 1993, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas logró establecer la "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer". El segundo se dio a partir de marzo de 1994, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró a una Relatora especial sobre violencia contra la Mujer. Y el tercero surgió en junio de 1994, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta última llamada también Convención Belém do Pará, pues fue aprobada en ese estado de Brasil y es considerada "única en el mundo".

Antes de Belém do Pará, nada prohibía o sancionaba globalmente la violencia contra las mujeres. Considerando lo reciente que esta Convención es, resulta alarmante pensar los siglos de impunidad en que han vivido los hombres, principales actores del vicio de la violencia. Sin la creación de este documento, la mujer no estaba protegida de ninguna de las formas de violencia existentes o, lo que es lo mismo, dicho fenómeno era, prácticamente, invisible. Como se comprueba aquí, pues, la década de los 90 ha sido decisiva en tanto que la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un problema privado y se ha verificado —en hora buena— que es un conflicto mundial, que las cifras son alarmantes, que sus formas de expresión son múltiples y que, desde ninguna perspectiva (ni familiar, ni religiosa, ni legal...), es razonable o permisible este tipo de violencia.

En El Salvador, país tradicionalmente violento, este es un asunto social que nutre de manera inigualable el problema de género. Las formas de expresión de este mal social son numerosas. Pueden darse en los diversos espacios o escenarios de la vida: en la calle, en el hogar, en los centros médicos, en el campo.... La violencia de género se manifiesta a través de golpizas, abortos mal practicados, abuso, acoso y explotación sexual y maltrato psicológico, entre otras formas. Incluso se ha caracterizado como una forma más de violencia contra las mujeres la llamada "violencia económica". Esta consiste en "quitarle a la mujer la posibilidad de trabajar y el acceso a la vivienda y a los recursos económicos". Pero estas son sólo unas pocas manifestaciones de la violencia, existen otras menos escandalizantes, pero que no por eso dejan de ser repudiables.

¿Qué es lo que causa esta situación? Según explica el documento de la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las Mujeres", la violencia "es una manifestación de las vigentes relaciones inequitativas entre hombres y mujeres, las mismas que han sido culturalmente construidas. La violencia de género es parte de un proceso histórico y no de algo natural, innato o biológico como usualmente se suele afirmar, aunque cada vez con menos verosimilitud". La histórica subordinación de las mujeres ha sido un tema legitimado desde las instituciones estatales, la sociedad civil, los medios de comunicación, los modelos económicos y sociales de desarrollo, los centros de educación y, sobre todo, desde el individuo mismo.

Paralela a esta situación se encuentra el "estado de hegemonía de los hombres", acunado durante siglos por varias culturas, por la ciencia, el arte, la religión y la política. Además están las esferas académicas que, hasta hace poco, no permitían que las mujeres aportaran sus ideas y teorías. El lugar de las mujeres dentro de estas y otras disciplinas ha estado en la base de la pirámide jerárquica, es decir, por debajo de los hombres. Ante esto, el razonamiento es el siguiente: los hombres ejercen una lucha por mantener su patriarcado, su impuesta superioridad y sus vastos privilegios. Una manera muy pluralizada de defender este estatus ha sido el sometimiento forzado de las mujeres a su posición sumisa y dependiente; sometimiento efectuado a través de la violencia física, sexual, sicológica y verbal.

En muchos casos, este sometimiento habita de forma silenciosa y privada dentro de una de las instituciones más antiguas de la historia: la familia. Existen casos en los que las mujeres o las niñas no se dan cuenta de que son víctimas, debido al grado de "naturalidad" que ha alcanzado la violencia que se ejerce contra ellas, especialmente cuando quienes la ejercen son los esposos, hermanos o padres. La familia "es una esfera de poder crucial, puesto que puede propiciar la emancipación de las mujeres o contribuir a que la opresión continúe ..". La causa de la violencia de género es, pues, básicamente la desigualdad entre hombres y mujeres, que se remonta a tiempos inmemoriales. No obstante, decir que el origen de la violencia de género reside únicamente en la desigualdad entre los sexos sería limitar las explicaciones posibles del fenómeno, a sabiendas de que existen también motivos de otra índole. Por ejemplo, se dice que "quizás la mayor causa de que la violencia contra las mujeres no cese es la actitud indolente, tolerante y permisiva de los Estados, frente a quienes cometen crímenes contra ellas..."

Por otra parte, las consecuencias de este látigo social son de extrema gravedad y recaen sobre todos los miembros de la sociedad y no solamente sobre la víctima directamente afectada. Este mal influye negativamente en la vida económica, la salud física y mental de las personas; en el desarrollo en todos sus sentidos y en la democracia. Además, subvierte la legislación y los derechos humanos, entre otros. La campaña por la eliminación de la violencia de la ONU es una respuesta inmediata y certera a este problema. Los gobiernos podrían sacar mucho provecho de la misma, se decidieran a unirse a la lucha. No hay que olvidar que "los Estados tienen la obligación de impedir, investigar y castigar los delitos inherentes a la violencia contra la mujer".

La PDDH: un año perdido

Cuando nació la institución, recién finalizada la guerra y en medio de un ambiente de exagerada euforia sobre todo entre la comunidad internacional, quizás nadie alcanzó a imaginar lo que le está sucediendo ahora: Eduardo Peñate Polanco ya cumplió un año de estar dentro del despacho del procurador para la defensa de los derechos humanos y quienes lo colocaron ahí lograron, de esa manera, anular casi por completo la figura del Ombudsman en El Salvador. Como se publicó hace unos días, pensamos que el daño a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) —y, por tanto, a toda la sociedad— es casi irreversible. Ahora ya no se trata sólo de sacar a Peñate Polanco del sitio que ocupa de forma ilegal e ilegítimamente desde aquel nefasto 2 de julio de 1998; una vez fuera de la institución él y su "camarilla", se debe impulsar una acción urgente y concertada para rescatar en el menor plazo posible lo que muchas personas, dentro y fuera del país, consideraron en algún momento la "hija predilecta de los acuerdos de paz".

La necesaria "reingeniería" en la PDDH pasa por elementales trabajos de "albañilería", pues se tienen que asegurar muy bien sus cimientos; de "carpintería", para repararle sus columnas; y, principalmente, de "fontanería" para drenar las "aguas negras" que hasta ahora se encuentran estancadas en su interior, generando una enorme cantidad de "suciedades" que ya alejaron a quienes antes acudían a ella deseosos de respirar buenos y nuevos aires.

Como de Peñate Polanco ya se dijeron infinidad de cosas sobre su trayectoria y se dieron a conocer la inmensa cantidad de "irregularidades" —por utilizar un eufemismo— cometidas mientras ha permanecido en el despacho del procurador, ahora no vamos a centrar nuestra atención en eso; sobre todo, sabiendo que su salida es inminente al haber perdido hasta el apoyo de la actual dirigencia demócrata cristiana. Mejor veamos algunas de las medidas que, sin ser todas ni presentarlas en orden de importancia, deberían considerarse en el futuro inmediato. Con el objeto de que la PDDH cumpla lo que la ley le manda —"velar por la promoción y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos"— el IDHUCA propone:

1. Con el involucramiento de todas las partes interesadas —gubernamentales y de la sociedad civil así como los países donantes que han apoyado el esfuerzo, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la asesoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)— se elabore un estudio sobre la situación actual de la Procuraduría, sus prioridades y necesidades, a fin de enderezar el rumbo institucional en aras de lograr que cumpla su misión.

2. Impulsar un proceso de selección minucioso y profesional del personal de la PDDH en el que el conocimiento de los derechos humanos así como la coherencia práctica con los principios que los sustentan, sean dos criterios fundamentales.

3. Crear mecanismos efectivos para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el país; entre ellos la edición regular de informes relativos a la situación nacional en la materia. Cabe recordar que Pedro Nikken, cuando fue el experto independiente de las Naciones Unidas para El Salvador, recomendó —allá por 1993— "que, en fechas previamente definidas y fijas, que como tales no obedecen a la escogencia de una coyuntura política, la Procuraduría publique informes periódicos". Previo a la presentación de dichos informes, debería propiciarse la discusión de su contenido con las organizaciones que laboran en el área de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, a fin de tomar en cuenta sus aportes al mismo y estrechar lazos de colaboración mutua. Precisamente en el capítulo VI, artículo 74 del reglamento de la PDDH se dice que su titular "podrá elaborar y publicar informes sobre situaciones generales o especiales que afecten los derechos humanos. Para tal fin, si lo considera conveniente, solicitará la asesoría y colaboración de las personas, autoridades, funcionarios o entidades pertinentes".

4. Garantizar el conocimiento público amplio de sus informes, trasladando a la población una síntesis de los mismos a través de los diferentes medios masivos de difusión. Dichos informes deberían trascender la simple presentación de datos: tendrían que descubrir, presentar y explicar las principales y objetivas tendencias sobre la situación de los derechos humanos en el país; asimismo, debería cuestionarse en ellos a los funcionarios que dificulten u obstaculicen la vigencia de los mismos. Finalmente, debería incluirse en los mismos propuestas de solución, posibles y puntuales, que ataquen las causas de los fenómenos y que sean objeto de un minucioso seguimiento.

5. Crear y echar a andar canales fluidos y permanentes de comunicación y coordinación con otras instituciones estatales para impulsar las acciones adecuadas con oportunidad y pertinencia ante violaciones a los derechos humanos; dichos canales deberían establecerse especialmente con municipalidades, centros de detención, tribunales de justicia, Policía Nacional Civil y guarniciones militares.

6. Crear y echar a andar canales idóneos y accesibles que garanticen el servicio institucional de protección y defensa de los derechos humanos a toda hora y todos los días, tanto en la sede central como en las delegaciones departamentales de la PDDH. "Para el cumplimiento de las atribuciones del Procurador todos los días y horas son hábiles", reza el artículo 47, capítulo VIII de su Ley Orgánica.

7. Impulsar un programa específico de atención a las víctimas —directas e indirectas— de violación a los derechos humanos, encaminado concretamente a garantizar su reparación moral y material por todos los medios posibles.

8. Priorizar la necesidad de realizar investigaciones constantes, especializadas y públicas en materia de derechos humanos.

9. Diseñar e impulsar un programa específico destinado a crear un registro de víctimas de muertes violentas intencionales, con el propósito de contar con criterios objetivos para el análisis y la definición de políticas de acción más apegadas a las necesidades de la protección y defensa de los derechos humanos en el país, sobre todo en lo relativo a la seguridad de las personas. En dicho programa debería otorgarse un papel preponderante a la participación de la Fiscalía General de la República y las organizaciones de la sociedad civil.

10. Diseñar y ejecutar una estrategia inmediata encaminada a erradicar el temor y a generar confianza ciudadana, haciendo énfasis en el combate frontal a la impunidad. Para ello se debería involucrar a diferentes sectores de la vida nacional, especialmente a organizaciones de derechos humanos y de participación ciudadana; asimismo, se debería considerar el conocimiento, estudio, análisis y discusión no sólo de los tratados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, sino de documentos históricos que han desentrañado desde esa perspectiva la realidad salvadoreña, tales como el informe de la Comisión de la Verdad y el del Grupo Conjunto para la Investigación de los Grupos Armados Ilegales.

11. Transformar su Consejo Consultivo en una instancia eficaz y participativa. Para ello, se debería incluir explícitamente en la Ley Orgánica de la PDDH estableciendo su existencia y carácter, definiéndolo como una instancia de consulta obligatoria y asesoría permanente para el o la procuradora, sobre todo cuando se trate de medidas o disposiciones de trascendencia nacional. La selección de sus miembros no debería responder sólo a criterios de representatividad social o corporativa sino también al conocimiento y el desempeño de cada persona en materia de derechos humanos.

12. Impulsar campañas publicitarias (televisivas, radiales e impresas) en forma prioritaria y constante —con recursos creativos y novedosos— para dar a conocer sus facultades, mandato, funcionamiento y ubicación geográfica de los locales para la atención al público, principalmente en lo que se refiere a las delegaciones departamentales.

13. Fomentar el involucramiento de la sociedad en la labor de protección, defensa y promoción de los derechos humanos. Para ello, se debería propiciar el establecimiento de las condiciones para una vinculación de la PDDH con las organizaciones sociales a todo nivel. Además, se debería elaborar un programa estratégico de inserción en la población cuyo objetivo inmediato sería contribuir a la formación de líderes comunales o locales que puedan, en el mediano plazo, apoyar sus delegaciones departamentales e integrar las defensorías municipales y locales. En dicho programa debería considerarse como prioritario el establecimiento de una coordinación estrecha con organismos y organizaciones sociales de derechos humanos y de servicio a la comunidad, cuya experiencia organizativa y educativa pudiese coadyuvar a su enriquecimiento y ágil operativización. Esta nueva experiencia institucional serviría de base para la elaboración, a largo plazo, de un programa estratégico destinado al fortalecimiento de la eficacia y el impacto de las delegaciones departamentales.

14. Que el énfasis de su estrategia educativa sea la formación de promotores y promotoras así como el apoyo a procesos de participación social organizada. Para ello, se debería elaborar un programa integral de capacitación en derechos humanos con la asesoría de instancias nacionales e internacionales especializadas en la materia.

15. Se debe retomar, evaluar y estructurar como política educativa la iniciativa de fomentar la participación de maestras y maestros jubilados en la formación para los derechos humanos. Dicha iniciativa, antes de concretarse, debería ser discutida tanto con las personas directamente involucradas como con aquellas instituciones académicas cuyos aportes pudiesen enriquecerla.

16. Que los comités y grupos así como las y los promotores capacitados por la PDDH cuenten con mecanismos accesibles de comunicación y coordinación con las delegaciones policiales de la PNC; ello, con el fin de que se faciliten y garanticen canales de denuncia y colaboración en un esfuerzo común y eficaz —respetuoso de los derechos humanos— para velar por la seguridad de la población local.

La anterior es sólo una pequeña lista de acciones que podrían realizarse; pero para ello se necesita —entre otras cosas— que la dirección de la institución tenga conocimiento del tema de los derechos humanos, autoridad moral, vocación de servicio, honestidad, transparencia, apertura, inteligencia y sentido común. El caso es que Peñate Polanco carece de todo eso y los resultados saltan a la vista. De diversas maneras se ha tratado de remediar su desatinado nombramiento y son numerosas las acciones impulsadas hacia esa dirección por organizaciones sociales y gremios, personas a título individual y generadoras de opinión, agencias donantes y organismos intergubernamentales; pero ha faltado que la Asamblea Legislativa haga lo que tiene que hacer.

A un año de ese desastroso "asalto", producto del reparto de cuotas de poder entre la mal llamada "clase política" del país, es necesario cuestionar una vez más —y ojalá ésta sea la última— a las y los diputados: ¿todavía continúan creyendo que Peñate Polanco es la persona indicada para velar por los derechos humanos de la población salvadoreña? ¿quieren seguirle dando el "beneficio de la duda" o dudan que más de alguno se está beneficiando con todo lo que está sucediendo? Queremos pensar que ahora sí habrá una reacción positiva, toda vez que el único que defendía a Peñate Polanco ya no tiene el poder de su partido y que la actual dirigencia democristiana intenta dejar clara su distancia con ese "personaje". Es evidente, pues, que Peñate Polanco va en caída libre hacia el fondo del precipicio; el problema es que se está llevando con él a la Procuraduría. ¿Lo vamos a permitir?

PROCURADOR. El procurador general, Miguel Ángel Cardoza, se reunió, el 30.06, con los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para hacer un resumen de sus logros durante tres años de gestión. La Asamblea había planeado elegir al mismo tiempo al Procurador y al Fiscal General de la República. Sin embargo, en vista del total apoyo a la reelección de Cardoza, se decidió presentar, ese mismo día, al pleno legislativo el dictamen favorable para su reelección. ARENA, FMLN, PCN, PDC y el grupo de los cinco estuvieron a favor de mantener a Cardoza al mando de la Procuraduría General. "Por buscar al Fiscal podemos entrampar al Procurador", dijo Jorge Barrera, diputado de la Unión Social Cristiana (USC). Su compañera de fracción Rita Cartagena señaló que por primera vez el acuerdo para la reelección del Procurador no tenía de por medio ningún tipo de "componenda". Diferente es la situación del fiscal general, Manuel Córdova, pues su trabajo al frente de la institución está en cuestión. Córdova necesita obtener el voto de al menos 56 de los 84 diputados, pero al parecer tiene en contra 27 de ellos: los del FMLN. "Los retos que vienen para poner a tono a la Fiscalía con las necesidades del país... necesitan una persona diferente", sentenció el diputado Eugenio Chicas, de ese partido de izquierda (EDH 01.07 p.14 y LPG 01.07 p.14).

MERINO. Francisco Merino perdió el apoyo para ser confirmado como presidente de la Corte de Cuentas. De no renunciar, Merino tendrá que enfrentar un posible dictamen desfavorable de la comisión de legislación. El 02.07 se solicitó ampliar por una semana más el plazo para que la Comisión de legislación investigue si Merino cumple con los requisitos de honradez y moralidad, en teoría propios de todo funcionario público. Merino está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. No obstante, ha dicho que no está dispuesto a renunciar. "Se ha dejado volar la imaginación. Las relaciones interpartidarias se mantienen, no hay posiciones concluyentes al momento, de manera que no tengo que tomar una decisión sobre esa base", afirmó el funcionario. Asimismo, pretende presentar al presidente Flores un informe de auditorías realizadas en meses anteriores en diferentes embajadas y carteras de Estado. "El presidente Flores, al conocer una serie de casos que estoy obligado a entregárselos, tendrá que reflexionar", aseguró el funcionario. Merino sabe que su partido continúa apoyándolo. Ciro Cruz Zepeda, secretario general del PCN, asegura que su instituto político no presentará otro candidato a presidente de la Corte de Cuentas que no sea Francisco Merino. Aunque afirmaron que si él decide renunciar el partido lo respaldaría (EDH 02.07 p.10 y 03.07 p.10).

ARMAS. Los diputados de la Asamblea Legislativa enviaron a la Comisión de Defensa el dictamen de la nueva Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego. Esta derogará a la vigente desde 1994. Los diputados aprobaron tres licencias e igual número de matrículas relacionadas con el manejo de armamento y explosivos. La Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea estudió dicha normativa durante un año antes de aprobarla. El FMLN adversó los calibres que serán permitidos a la población, que comprenden algunos tipos de armas largas. "Nos parece peligroso que se deje abierta la posibilidad [de armas largas en manos de civiles], porque sería no sólo un problema de seguridad pública, sino de seguridad del Estado", expresó el efemelenista Manuel Melgar. El FMLN le ha pedido al presidente Flores que ponga reparos a la nueva Ley de Armas. Sigifredo Ochoa Pérez, de ARENA, dijo que "debemos armar al honrado y no desarmarlo". José Almendáriz, del PCN, expresó que autorizar a los ciudadanos la posesión y manejo de armas largas es un mecanismo de legítima defensa ante la delincuencia. Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval, y la representante del Movimiento Patriótico Contra la Delincuencia (MPCD), Sonia Melara, apoyaron los objetivos de la Ley (LPG 02.07 p.10 y EDH 03.07 p.8).