Año 20
número 863
julio 14
1999
ISSN 0259-9864
Editorial El Salvador: un país de absurdos
Economía Incremento en las tarifas: la cara real de las privatizaciones
Regional ¿Cambiará Posoltega después de Estocolmo?
Opinión Pública Evaluación del segundo año de gestión de los gobiernos municipales del AMSS
Derechos Humanos Justicia y participación ciudadana (I)
El Salvador: un país de absurdos
El Salvador es un país de situaciones absurdas a más no poder. Comenzando por nuestra clase política —formada por personajes ambiciosos y (en su mayoría) mediocres—, pasando por nuestros empresarios —cuanto más ricos más voraces y prepotentes — y terminando con nuestros medios de comunicación —amarillistas y dispuestos a venderse al mejor postor. Lo absurdo es parte constitutiva del quehacer nacional. A continuación pasaremos revista a algunas de las instituciones más relevantes de El Salvador, las cuales, de no ser por la importancia de lo que en ellas se juega, no pasarían de ser escenario de comedias baratas montadas para divertir a incautos.
I. La Asamblea Legislativa. Esta instancia, en cuyo seno se toman decisiones fundamentales para la vida de más de 5 millones de personas (supuestamente "representadas" por los miembros de ese órgano del Estado), está integrada por individuos que, salvo contadas excepciones, no tienen en mente más que los beneficios que ellos y los partidos a los que sirven pueden obtener durante su ejercicio legislativo. Se trata, en su mayoría, de individuos —además de ambiciosos y sin compromiso alguno con la marcha global del país— con notorias limitaciones intelectuales y con escasas habilidades técnicas. Pero, por absurdo que ello sea, a estas personas, que no sólo son las que menos saben acerca de lo que le conviene a El Salvador, sino que son a las que menos eso les preocupa, los salvadoreños les pagamos un jugoso salario, amén de prestaciones adicionales, para que decidan por nosotros (por lo general mal) acerca de problemas que nos afectan vitalmente a todos. Para muestra un botón: hace poco nuestros sesudos diputados aprobaron, dando muestras de una irresponsabilidad sin límites, una ley de armas que elevará los niveles de violencia en el país, con lo cual decidieron en contra de la seguridad y la vida de sus habitantes.
II. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta institución, creada en el marco de los Acuerdos de Paz para garantizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado, ha caído en la irrelevancia y el desprestigio más absolutos. Los cimientos institucionales que comenzaron a enraizarse bajo la administración de Victoria de Avilés se han venido abajo con el nuevo procurador Eduardo Peñate Polanco, cuya incompetencia ha sido probada hasta la saciedad. El mismo procurador se ha encargado de poner en evidencia su mediocridad en diversas ocasiones, como cuando tuvo que auxiliarse de un asistente para que le dictara las respuestas para los reporteros que lo interrogaban. Sin embargo, Peñate Polanco sigue inamovible en su cargo, sin importar las abundantes razones que se han esgrimido para mandarlo a descansar a su casa. Aquí también, absurdamente, los salvadoreños pagamos un salario a un funcionario (y también a su séquito de incondicionales) que no nos sirve para nada y que, además, hace un serio daño a la institucionalidad del país.
III. El Ministerio del Interior. Esta instancia de gobierno no sólo pretende concentrar una cantidad de información acerca de los salvadoreños –a través de los registros de pasaportes—, sino, además, controlar los gustos y preferencias musicales de los habitantes de El Salvador. Esta cartera de Estado, con la mayor prepotencia, "sugirió" (es decir, ordenó) a los medios radiales que retiraran del aire música contraria a la "moral", el "orden" y las "buenas costumbres" de los salvadoreños. Y la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), que en más de una ocasión ha pregonado la libertad de expresión, se sometió sin resistencia alguna —sino más bien todo lo contrario— a la "petición" oficial. Tal parece que en El Salvador vamos de mal en peor. En los años setenta y ochenta los gobiernos de turno censuraban la música —también los libros y las películas— que consideraban subversiva y ello con la venia de gremiales como ASDER. En los años noventa, cuando creemos que por fin vamos a dejar atrás el autoritarismo, las pretensión estatal de controlar la conciencia de los ciudadanos vuelve a aparecer, y nuevamente cuenta con la venia de ASDER. He aquí lo absurdo de la situación: quienes dicen defender la libertad de expresión (y su contraparte: la libertad de recepción) aplauden decisiones que van en contra de esa libertad.
IV. La Corte de Cuentas de la República. Esta institución es quizás —junto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos— la que mejor refleja lo mal que anda El Salvador a nivel de su funcionamiento institucional. Se trata de un organismo que, lejos de cumplir con sus tareas de fiscalización de las finanzas públicas, sirve para lo contrario: ocultar y amparar la corrupción que se genera en los diversos ámbitos del gobierno, sobre todo en sus niveles superiores. En virtud de un "pacto" que en nada favorece los intereses del conjunto de los salvadoreños, tres partidos —ARENA, PDC y PCN— decidieron repartirse entre sí tres instituciones decisivas para la marcha del país, una de las cuales es la Corte de Cuentas (las otras dos son la Fiscalía General y la Procuraduría General), misma que ha sido asignada al PCN. El "pacto", por supuesto, está pensado para favorecer los intereses de quienes lo han suscrito, y no los intereses del conjunto de la población. De aquí que, mientras ese "negocio" siga en pie, no sólo van a continuar reinando en la Corte de Cuentas funcionarios incompetentes y corruptos, sino que el público nunca va a ser informado del modo en que son usados los recursos financieros del Estado —los recursos de todos los salvadoreños— en las diferentes áreas gubernamentales. De seguir así las cosas, nunca se sabrá cómo han gastado (o mal gastado) los recursos públicos las administraciones de Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. Y ello porque el organismo contralor con el que se cuenta en el país hará todo lo que esté a su alcance para ocultar la información al respecto.
En definitiva, basta dar un vistazo a instancias como la Asamblea Legislativa, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y la Corte de Cuentas para alimentar el pesimismo más radical. Y es que El Salvador no tiene viabilidad alguna como nación abierta a los desafíos del siglo XXI con una institucionalidad tan endeble y maltratada como la que en la actualidad lo caracteriza. No tenemos alternativa: o saneamos de una vez por todas a las instituciones del Estado y nos preocupamos seriamente porque cumplan a cabalidad sus funciones o continuamos empantanados en la corrupción, los intereses mezquinos, la mediocridad y el atraso socio-cultural, económico y político.
Las tarifas de los servicios públicos han sido desde siempre un tema sensible debido a su impacto directo e indirecto en la economía familiar. Por una parte, los servicios de la vivienda tienen una ponderación de 7.24% dentro del total de la canasta básica ampliada y, por otra, el incremento en los servicios supone también un efecto indirecto sobre el precio de los bienes y servicios debido a que incrementa los costos de las empresas. Por lo mismo, la permanencia de tarifas bajas para los servicios públicos es importante para contener la inflación y para proteger los ingresos reales de la población.
Precisamente uno de los principales argumentos que el gobierno de Calderón Sol esgrimió para la privatización de los servicios públicos fue que provocaría importantes reducciones en las tarifas. Sin embargo, al observar la dinámica y perspectivas de las tarifas una vez ejecutada la privatización del servicio telefónico y de la distribución de la energía eléctrica, lo que puede constatarse es todo lo contrario. Los ejemplos más recientes de esta contradicción son: los incrementos de las tarifas telefónicas, registrados en marzo pasado; los anunciados incrementos en las tarifas de la energía eléctrica para los grandes consumidores y el inicio del proceso de descentralización de los sistemas de abastecimiento de agua.
En marzo pasado, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) dio a conocer la entrada en vigencia de nuevas tarifas máximas para los servicios telefónicos. De acuerdo a la SIGET, ello se realizaba a "conformidad a lo dispuesto en los Artículos 5 literal b) y 13 literal a) de la Ley de Creación de la [SIGET] y en los Artículos 1 y 8 de la Ley de Telecomunicaciones, así como en los Artículos 86 y 87 de su Reglamento", En lo fundamental, estas disposiciones establecen que las tarifas por el servicio de telefonía serán determinadas y aprobadas por la SIGET, mediante cargos de acceso máximo. Además, el artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones establece que, desde la vigencia de la ley "y, hasta el año 2002, dichos valores deberán ser reajustados anualmente por la SIGET, en el mismo porcentaje que el IPC".
En consonancia con lo anterior, la SIGET dispuso incrementos de 4.2% —equivalentes a la tasa de inflación de 1998— para la cuota fija telefónica, para el valor del minuto local y para el valor del minuto larga distancia nacional. En cambio, la telefonía celular y las llamadas de larga distancia internacional quedaron excluidas del incremento.
Por otra parte, más recientemente se conoció que las tarifas de la energía eléctrica para hogares que consumen más de 200 kilovatios mensuales y para los sectores comercial e industrial experimentarían un aumento. Este incremento oscilarían entre el 6% y el 9% y, de acuerdo a la SIGET, obedece a que la temporada lluviosa habría iniciado de forma tardía y a que el costo del barril de petróleo se habría incrementado durante los últimos meses. Estos dos factores incidirían sobre el costo de la electricidad, primero, porque el inicio tardío de la época lluviosa disminuye la capacidad de generación de las represas hidroeléctricas obligando a recurrir a medios térmicos para mantener los niveles de generación de energía y, segundo, porque las plantas térmicas de generación funcionan a base de derivados del petróleo.
Nuevamente, este incremento tarifario se basa en disposiciones legales como el artículo 90 de la Ley General de Electricidad, el cual establece que las distribuidoras podrán realizar ajustes en sus tarifas cada tres meses, ajustes que entrarán "en vigencia a partir del día primero de los meses de abril, julio o septiembre". De acuerdo a la SIGET, este incremento puede considerarse "transitorio", ya que podría revertirse si en el próximo trimestre se normaliza la estación lluviosa, tal como habría sucedido a principios de este año, cuando —según la misma fuente— se registraron disminuciones en las tarifas de la energía eléctrica.
Además de estos incrementos en las tarifas telefónicas y de electricidad, también en los últimos días se ha abierto la posibilidad de un incremento en las tarifas del suministro de agua potable con el anunciado proceso de "descentralización". Ya en su discurso inaugural del 1º de junio pasado, el presidente Flores anunciaba la descentralización del suministro de agua potable, y recientemente este proceso se inició con la concesión del suministro de agua potable de seis municipios de Usulután a la empresa "Tetralogía Sociedad de Economía Mixta", la cual administrará el suministro del servicio por 18 meses a las cabeceras municipales de Santiago de María, Alegría, Mercedes Umaña, Berlín, Tecapán y California.
Para los próximos seis meses, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) proyecta la descentralización de otros doce sistemas de agua. De acuerdo al Presidente de esta institución, Carlos Perla, "inicialmente no habrá un incremento tarifario, porque ANDA subsidiará parcialmente". Sin embargo, agregó que "en su momento" los usuarios deberán pagar un mayor precio por el agua y que "habrá lugares donde no habrá subsidio".
Por ahora, la mayoría de hogares salvadoreños aún goza de subsidio estatal en el consumo de agua potable y energía eléctrica —en hogares que consumen menos de 200 kilovatios mensuales. Es decir, los precios reales de mercado de los citados servicios están por encima de los cobrados actualmente y de ser aplicados significarían una fuerte alza en las tarifas, lo cual desmentiría aún más las supuestas bajas tarifas asociadas a la privatización.
Evidentemente, la privatización de los servicios básicos no es sinónimo de menores precios para los consumidores; de hecho, la experiencia internacional demuestra todo lo contrario, como en los casos de Chile e Inglaterra, donde las tarifas llegaron a incrementarse hasta en un 300% y las familias enfrentan problemas de endeudamiento con las compañías prestatarias de servicios. Como quiera que se vea, lo cierto es que los últimos incrementos en las tarifas de electricidad y telefonía estaban previstos en la legislación nacional y en el momento en que se eliminen los subsidios los incrementos pueden llegar a ser descomunales.
Los aumentos en las tarifas de la electricidad vendrán a provocar un repunte en el crecimiento de los precios internos que se sumará a los efectos de la eliminación de las exenciones del IVA a los alimentos y medicinas (Proceso, 861). Más aún, resulta claro que se encuentra abierta la posibilidad de nuevos incrementos en las tarifas telefónicas nacionales, las cuales se ajustarán de acuerdo a la inflación; en las tarifas de la energía eléctrica, que serán revisadas cada tres meses; y en el servicio de agua potable, debido a la apertura a la participación privada. La mayor amenaza, sin embargo, parece ser la eliminación de los subsidios estatales al consumo de energía eléctrica y de agua potable. Pese a que la privatización se ha aplicado como una receta infalible para encauzarse en la ruta del desarrollo, en realidad tiene aspectos sumamente cuestionables, como lo demuestra el caso de los servicios públicos.
Nueve meses después del paso del huracán "Mitch" y de una tragedia que aún los mantiene en vilo, la situación de los refugiados de Posoltega sigue siendo casi la misma. Una masa de lodo descomunal, proveniente del volcán Casita, sepultó en minutos a 2 mil 513 personas. Resultaron afectadas 667 familias, más de 2 mil 800 personas, 14 de las 33 comunidades del municipio fueron severamente dañadas y 2 desaparecieron completamente. Mil 500 viviendas, 50 pozos de agua y 650 letrinas fueron destruidas. Se perdieron 2 mil 941 manzanas de cultivos, 2 mil cabezas de ganado mayor, 3 mil aves de corral y 2 mil cabezas de ganado menor —cabras, cerdos. Se dañaron 119.5 km. de caminos de penetración rural y 13 puentes.
En nombre de esta catástrofe, el gobierno de Nicaragua ha hecho muchas solicitudes y planteado muchas peticiones a la comunidad internacional. Sin embargo, hacinados en unas pequeñas champas de plástico, miles de damnificados tratan todavía de reconstruir sus vidas. Pero ninguna condición está dada para que lo logren.
La psicología se reconstruye en un ambiente de normalidad. El refugio y la dependencia no son propicios para restablecer el equilibrio emocional. La construcción de viviendas y la recuperación de la producción —casa y trabajo— son componentes imprescindibles de un entorno sano. Y la tierra está a la base de la casa y el trabajo. Sólo muy recientemente se consiguieron en Posoltega lotes para levantar viviendas —aunque no para todas las familias damnificadas— y unas parcelas de insignificantes dimensiones para reanudar la siembra.
Posoltega viene del nahuatl "posoli-tecatl", palabra compuesta de diversos significados, todos alusivos a la cercanía del volcán Casita: "poblado cerca de la tierra que arde", "vecinos del borbollón", "vecinos de la fuente espumosa". Con este antecedente, y con los datos del estudio de ordenamiento territorial, financiado con fondos del Banco Mundial meses antes de la tragedia, era sabido que la mayor parte de la población del municipio vivía en condiciones de riesgo.
Por otro lado, el "abandono" y casi "hostilidad" del gobierno central hacia el municipio de Posoltega, debido al color sandinista de la alcaldía —y especialmente a la filiación sandinista y a la trayectoria "subversiva" del grueso de los damnificados—, quedaron en evidencia desde el primer momento de la emergencia. Cuando la alcaldesa de Posoltega, la maestra Felícita Zeledón, dio la primera voz de alarma, horas después del alud de lodo, con una más bien modesta estimación de mil muertos, el presidente Alemán la acusó de "loca" y de estar sembrando el pánico. Esta actitud tan insensible y negligente retrasó la intervención de las brigadas de rescate.
En Posoltega es casi unánime la convicción de que muchas vidas hubieran podido salvarse de haberse producido una acción oportuna. Los posolteganos no olvidan y es aún muy fuerte el resentimiento hacia el gobierno central. Pero no hubo ninguna rectificación y el abandono se ha prolongado. Todavía nadie se explica cómo Posoltega, siendo el foco de atención de la cooperación internacional que tan generosamente se volcó sobre Centroamérica tras el paso del "Mitch", ha recibido tan escasa ayuda del gobierno central.
Para hacer más inexplicable la situación, el municipio vecino, Chichigalpa —no tan severamente abatido por el huracán y también con alcalde sandinista—, cuenta ya con 100 viviendas construidas por la estatal Secretaría de Acción Social e inauguradas por el propio presidente Arnoldo Alemán, que puso al conjunto el nombre de Villa Dolores, en recuerdo de su fallecida esposa.
Ahora, una vez concluida la reunión de Estocolmo, cabe preguntarse ¿se perfilan mejores perspectivas para Posoltega? Lamentablemente, con el Decreto presidencial "92-98", emitido el 9 de diciembre de 1998, el gobierno sentó las bases para contestar de manera negativa a esta interrogante, por más que los ampulosos discursos del presidente Alemán pretendan difundir otra impresión.
El problema de la falta de viviendas en Posoltega refleja también la falta de operatividad de los conceptos generales cuando se desciende a los detalles. CARE, el Ejército de Salvación, CONAUSTRIA, el Movimiento María Elena Cuadra, el Instituto Juan XXIII de la Universidad Centroamericana de Managua, la Cruz Roja Española y otras ONGs llegaron a Posoltega y entre todas lograron cubrir toda la demanda de viviendas para los damnificados del municipio. Pero lo hicieron en un proceso excesivamente lento, con ritmos marcados en ocasiones por perfeccionismos fuera del lugar, y teniendo que sortear mil y un obstáculos.
En primer lugar, las ONGs que querían construir viviendas para los damnificados tropezaron con los requisitos previos en estas circunstancias. Era necesario obtener un aval del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), entidad que debía definir cuáles eran las áreas de riesgo en base a análisis muy focalizados, para seleccionar los terrenos que ofrecieran mayor seguridad. Tomó más de dos meses saber dónde construir.
Posteriormente, vino la tarea realmente más espinosa, la que no figura en ningún manual de rehabilitación post-desastre: las negociaciones con los propietarios de las tierras donde pueden ser localizadas las viviendas. Grandes, medianos y pequeños propietarios se frotaron las manos viendo en la tragedia la oportunidad de obtener la tajada del león. Tierras que antes estaban valoradas entre 300 y 500 dólares la manzana —ése es de hecho su valor catastral— fueron ofrecidas a 3 mil dólares la manzana. La mayoría de los organismos, tras arduas negociaciones, lograron comprar a 1 mil 700 dólares la manzana.
Por otra parte, algunas ONGs —de esas que tragan camellos y cuelan mosquitos— que construirán viviendas a un costo de 4 mil dólares por unidad, no estuvieron dispuestas a desembolsar montos similares por manzana. Ciertamente, pagar esos precios era caer en el juego de los oportunistas, pero también era acelerar un proceso orientado a satisfacer necesidades urgentes. Los dilemas han sido enormes, continuos. Es así, entre estas realidades, como aterrizan los conceptos globales.
Curiosamente, antes de que las ONGs iniciaran su laberinto, al gobierno se le ocurrió declarar —mediante el referido Decreto presidencial "92-98"— de utilidad pública y confiscar toda la zona del deslave (2 mil 352 manzanas) para crear en ella un monumento nacional a los fallecidos. Naturalmente, no se le ocurrió declarar de utilidad pública y confiscar en beneficio de los damnificados otras parcelas para lotificarlas y construir las viviendas. El decreto se elaboró y emitió sin ninguna consulta con el gobierno municipal ni con los familiares de las víctimas, que justamente reclaman ser ellos quienes decidan sobre el uso de una tierra que consideran sagrada porque acogió a sus muertos.
La poligonal levantada por el INETER con el área afectada por el deslizamiento sirvió de base para el decreto presidencial, y el listado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitido después del decreto reconoce 135 propiedades sujetas a indemnización. Pero extrañamente no aparecen registradas en la lista las cooperativas con títulos de Reforma Agraria que había en la zona —El Porvenir y Rolando Rodríguez—, sino los antiguos propietarios de estas tierras, confiscados por la revolución sandinista y ya indemnizados después de 1990. Es decir, no aparecen como dueños de las tierras afectadas aquellos que las habitaron, las poseyeron y las hicieron producir durante las últimas dos décadas. Tras el decreto, el Ministerio de Hacienda reconoció como válidos los títulos del tiempo del dictador Somoza.
En esta decisión presidencial está la raíz de los conflictos que existen actualmente entre muchos posolteganos y el Ejecutivo, que incluyó dentro del área decretada de utilidad pública tierras que no fueron afectadas por el huracán y que decidió indemnizar por segunda vez a un grupo de terratenientes. Por eso los damnificados dicen que, tras el huracán "Mitch", llegó el huracán "Alemán".
Durante su primera visita a Posoltega, recién pasada la tragedia, el presidente Alemán instó a los damnificados a que fueran a cortar café a haciendas ubicadas en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Los damnificados rechazaron decididamente la propuesta, pero hoy interpretan esa invitación como una estrategia para distraerlos en tanto se cocinaba el Decreto "92-98".
Y ahora, familias de abolengo de la zona, como los Callejas Deshon, los Terán, los Reyes, los Montealegre, los Ulloa y los Cerda son señalados por los pobladores damnificados como los grandes beneficiarios de la tragedia. Ellos son quienes figuran en el listado del Ministerio de Hacienda como legítimos propietarios. Eduardo Callejas, diputado por el oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dueño de la hacienda Bella Vista, ubicada en la cima del Casita, será uno de los mejor indemnizados. Los poderosos propietarios de esta finca siempre han sabido aplicar el principio de que "no hay mal que por bien no venga".
Se quiso ver en el flujo de donaciones que sucedió al Mitch una oportunidad para la reactivación económica de Nicaragua. Fue una ilusión. La situación en que todavía se encuentran los damnificados de Posoltega lo demuestra palmariamente. Lo que imperó, como siempre, fue y es el "sálvese quien pueda". Ahora se dice que la ayuda conseguida en Estocolmo compensará la inequidad social, los efectos de los desastres naturales y la ineficiencia estatal. ¿Será otra ilusión?
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Colaboración de Equipo Envío, Nicaragua
La mayor parte de municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador ha sido evaluada de manera positiva por los ciudadanos después de dos años de gestión, según revela la última encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), la cual fue realizada en cooperación con la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO). La encuesta fue cursada en la primera quincena de junio, en los municipios de San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Soyapango, Apopa, Ciudad Delgado, Santa Tecla y Mejicanos (además de Santa Ana, como municipio adicional), y fue diseñada para recoger las opiniones de los habitantes de estos municipios de la zona metropolitana de San Salvador sobre sus gobiernos municipales. Con la pesquisa se consultaron a 2,378 adultos residentes de esos siete municipios, con un promedio de 300 entrevistas por municipio, con excepción del municipio de San Salvador, en donde se realizaron 575 encuestas válidas.
Según los resultados de la encuesta, el alcalde de San Salvador obtendría el mejor promedio de evaluación por su desempeño con una nota de 7.16, seguido de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán con 6.92; el alcalde de Soyapango obtuvo un 6.41 de promedio, mientras que el de Apopa llegó a un 6.37 y la alcaldesa de Mejicanos recibió un promedio de 6.20. Los ediles que recibieron un promedio más bajo fueron los de Santa Tecla, con 5.93, y Ciudad Delgado, con 5.92.
La encuesta reveló que los alcaldes de cada municipio fueron evaluados de mejor manera que sus propios concejos municipales. El concejo municipal de la ciudad de San Salvador recibió un promedio de 6.71, seguido del correspondiente de Antiguo Cuscatlán con 6.66. Los concejos de Apopa y Soyapango recibieron promedios de 6.18 y 6.1 respectivamente; mientras que las directivas de Mejicanos, Santa Tecla y Ciudad Delgado recibieron promedios por debajo del 6 (en ese orden, 5.95, 5.85 y 5.69).
De acuerdo a los resultados de la pesquisa, la mayoría de municipalidades fueron evaluadas de forma positiva, pero las que fueron evaluadas mejor son las de Antiguo Cuscatlán, con un 70.2 por ciento de personas que piensa que su trabajo ha sido bueno o muy bueno, y la de San Salvador, con un 66.1 por ciento de ciudadanos que opinó positivamente. El resto de municipalidades recibieron opiniones positivas que rondan el 42 por ciento, con excepción de la alcaldía de Ciudad Delgado, que fue evaluada positivamente por sólo el 32.8 por ciento.
Por otro lado, en el municipio de San Salvador cerca del 50 por ciento de los consultados piensa que el concejo municipal actual ha desarrollado un trabajo mejor que el anterior concejo (1994-1997), mientras que el 42.4 por ciento considera que el trabajo ha sido igual y sólo el 5.6 por ciento sostiene que el trabajo de la actual administración es peor. En el resto de los municipios, la mayor parte de opiniones se concentran en decir que el trabajo de las administraciones actuales ha sido igual que las anteriores, en tanto que un poco más de la tercera parte señala mejorías en el trabajo del gobierno municipal y alrededor del 10 por ciento señala empeoramiento de la administración municipal.
Los logros y los fracasos
La encuesta preguntó a los residentes metropolitanos sobre los logros y los fracasos de sus gobiernos municipales. En el municipio de San Salvador, los logros más citados son el ornato de la ciudad y el mejoramiento de infraestructura; en el municipio de Antiguo Cuscatlán, la población valora más el mejoramiento de los servicios públicos y también el ornato de la localidad; en Soyapango, el servicio del tren de aseo y el mejoramiento de la infraestructura fueron calificados más frecuentemente como logros, aunque un porcentaje importante de la población mencionó que no había logros. En Apopa y en Ciudad Delgado, el mejoramiento de la infraestructura tuvo las frecuencias de respuesta más altas, pero en ésta última sólo después de que un 40 por ciento mencionó que no había logros importantes en la gestión de la alcaldía. En otras municipalidades se citó también como logro el ornato de la ciudad y el servicio del tren de aseo.
En cuanto a los fracasos de los gobiernos municipales, las respuestas de los ciudadanos fueron aún más dispersas, dado que la mayor parte de los consultados tuvieron dificultades para identificar fracasos o dijeron que éstos no existían. En San Salvador, los aspectos más mencionados como fracasos fueron el servicio del tren de aseo, el desorden en los mercados y el aumento de los impuestos. En Antiguo Cuscatlán, al igual que en Soyapango y en Ciudad Delgado, los consultados mencionaron el incumplimiento de las promesas por parte de su respectiva alcaldía. En Apopa, los residentes resienten el desorden en los mercados y, de nuevo, la falta de cumplimiento de las promesas. En Mejicanos, aparte del incumplimiento de las promesas, un porcentaje importante de la población mencionó la incapacidad administrativa. En Santa Tecla, casi la cuarta parte de sus habitantes criticaron la falta de orden en los mercados.
Por otro lado, en términos generales, la mayor parte de los ciudadanos de San Salvador y Soyapango cree que los servicios municipales han mejorado; en Antiguo Cuscatlán y Mejicanos un porcentaje importante pero inferior al 50 por ciento comparte esa misma opinión; pero en Apopa, Ciudad Delgado y Santa Tecla, el porcentaje que cree que los servicios municipales han mejorado no llega al 40 por ciento.
Los retos de la Alcaldía de San Salvador
La encuesta FUNDAUNGO-IUDOP dedicó una parte específica al municipio de San Salvador. Dentro de ella, los capitalinos manifestaron cuáles eran los retos fundamentales de la administración municipal en el año restante de gestión. De acuerdo a los resultados, un poco más de la tercera parte de los capitalinos piensa que el reto fundamental es ordenar el comercio ambulante; el 12.9 por ciento considera que debe mejorarse el tren de aseo; la rehabilitación del centro histórico y el mejoramiento de los servicios públicos fue mencionado por un 12.3 por ciento y casi el 9 por ciento dijo que se debería mejorar la participación ciudadana.
Las perspectivas políticas
La pesquisa incluyó las preferencias políticas de la población de cara a las elecciones del año dos mil. En principio se preguntó a los ciudadanos si el mismo partido debería seguir gobernando el municipio en cuestión o si debería llegar otro partido al gobierno de su localidad. El 53 por ciento de los capitalinos dijo que desearía que continúe gobernando la misma coalición de partidos en San Salvador, frente a un 38.4 por ciento de personas que dijo que debería gobernar otro partido y el resto que no respondió a la pregunta.
En Antiguo Cuscatlán, el apoyo por el mismo partido asciende al 49.2 por ciento, mientras que en Soyapango es del 45.7 por ciento. En el resto de municipalidades, los porcentajes de apoyo al continuismo partidario se mueve entre el 33 y el 36 por ciento en contra de un buen porcentaje que se divide en decir que llegue otro partido o la falta de respuestas.
En cuanto a las preferencias políticas, en la mayor parte de municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador la balanza del apoyo político se inclina, por el momento, a favor del partido ARENA, con excepción de los municipios de San Salvador y Soyapango, en donde el primer lugar en intenciones de voto lo tiene el FMLN. Sin embargo, en los municipios de Mejicanos, San Salvador y Soyapango, las diferencias entre el primer lugar de preferencias y el segundo son bastante estrechas y, teniendo en cuenta el margen de error establecido por la encuesta para cada municipalidad, esto podría estar indicando más bien un empate virtual en las intenciones de voto expresadas en junio de 1999. El resto de partidos aparece con porcentajes marginales; en la mayoría de municipios, el CDU aparece en un distante tercer lugar seguido muy de cerca por el PDC.
Finalmente, la pesquisa en cuestión consultó a los habitantes del municipio de San Salvador si votarían por Héctor Silva en caso de que éste se postulara para un nuevo período al frente de la alcaldía capitalina: el 54.8 por ciento contestó afirmativamente; es decir, dijo que votaría por él; mientras que el 33.7 por ciento dijo que no votaría por él y el 11.5 por ciento no respondió a la pregunta o contestó que no sabía si votaría o no por él.
En resumen
La encuesta de evaluación de algunos gobiernos municipales del Área Metropolitana de San Salvador revela que, en términos generales, la población ha calificado de manera diferenciada el desempeño de los mismos en el segundo año de su gestión. La investigación de opinión pública muestra diferencias notables en las opiniones de un municipio a otro. Mientras que las alcaldías de ciudades como San Salvador y Antiguo Cuscatlán destacan en la mayoría de aspectos evaluados y la mayoría de sus habitantes las califican de forma muy favorable, existen gobiernos municipales que no reciben la misma magnitud de respaldo como Santa Tecla y Ciudad Delgado. Por otro lado, la municipalidad de San Salvador suele ser mejor evaluada en términos generales y de imagen; en tanto que el gobierno local de Antiguo Cuscatlán recibe más opiniones positivas en los aspectos concretos relacionados con los servicios y los proyectos que lleva a cabo.
Por el lado de las preferencias políticas, la encuesta IUDOP-FUNDAUNGO señala que ARENA y FMLN siguen concentrando la mayor parte de las simpatías partidarias, y estos dos partidos se disputan el apoyo público de cara al 2000. Aunque ARENA mantiene una notable ventaja en la mayor parte de municipios de la región metropolitana, el FMLN sostiene —aunque precariamente— cierta preeminencia en la capital, en cierta medida como producto del capital político proveniente del alcalde actual, Héctor Silva. Éste, por su parte, parece tener un amplio apoyo de los capitalinos, pero se debe considerar que al momento de la encuesta es el único postulante formal a la alcaldía de San Salvador.
San Salvador, 15 de julio de 1999
Entre los mecanismos creados o derivados de los acuerdos que pusieron fin a la guerra en El Salvador, sólo el Grupo Conjunto para la Investigación de los Grupos Armados Ilegales con Motivación Política se animó a poner el dedo en la llaga: en nuestro país se necesita, con urgencia, el diseño e impulso de un programa para proteger a las personas que —independientemente de las razones que tengan para ello— están dispuestas a colaborar con los órganos estatales responsables de impartir justicia. Este asunto nunca ha sido abordado o ha sido deliberadamente excluido de la agenda de una "politiquería" nacional que, por lo que alcanzamos a observar, no trata en serio las cosas que realmente son importantes. El tema, quiérase o no, tiene que ser abordado ahora después del asesinato de un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), integrante de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI) y destacado integrante de una de las organizaciones de la desaparecida guerrilla que combatió militarmente contra las fuerzas armadas gubernamentales.
La mañana del jueves 8 de julio recibimos la noticia: pocas horas antes, a media noche, el sargento Jorge Alberto Palacios Carrillo fue ejecutado por sujetos desconocidos que —sin mayor obstáculo aparente— penetraron en su casa de habitación en una colonia del municipio de San Marcos, departamento de San Salvador. No opuso resistencia; ni siquiera se despertó, lo que resulta muy difícil de entender sabiendo que la víctima poseía el conocimiento y la experiencia conspirativa, militar y policial suficiente para imaginarlo capaz de enfrentar éste y cualquier otro atentado criminal. No por casualidad era el responsable de la seguridad de las y los inquilinos de la Asamblea Legislativa.
En menos de una semana las versiones sobre el móvil son tantas y tan diversas, así como las reacciones que el sangriento hecho ha generado. Su compañera de vida es de las fuentes más complicadas; ella estaba en la casa al momento de ocurrir el asesinato. Primero dijo que Palacios Carrillo estaba viendo televisión cuando fue sorprendido por tres individuos enmascarados que lo obligaron a ponerse de rodillas y lo degollaron. El reconocimiento forense dice que el cadáver presentaba más de tres heridas en el cuello y el hombro; además, le mutilaron un dedo. La viuda sostuvo que su compañero de vida regresó a su hogar antes de las nueve de la noche y, tras haber ido a comprar medicinas para su hija, se quedó viendo televisión; ella se fue al dormitorio con las niñas y —según este relato— después escuchó ruidos en el techo pensando "que era parte del trabajo de instalación de unas tuberías y no le prestó mayor atención".
"Cuando salí a ver —declaró a un rotativo la señora— vi la sombra de un hombre saliendo por el patio, salí a pedir auxilio y otro hombre estaba en la calle". Agregó que la puerta de la casa estaba abierta y que eso facilitó la entrada de los asesinos. Para ella, los responsables directos del hecho buscaban documentos relacionadas con sonados secuestros ocurridos con anterioridad. La señora también acusó a ex compañeros y, además, señaló a miembros de la División PPI que resguardan a importantes figuras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Cabe señalar que en 1997, Angela Carrillo Flores y Angela del Carmen Carrillo —madre y hermana del sargento Palacios Carrillo, respectivamente— fueron capturadas junto a otras personas, acusadas de cuidar a por lo menos dos personas secuestradas en los últimos años. En estos casos el principal imputado es Diego Flores, también detenido y ex militante del Partido Comunista Salvadoreño (PCS); con él, se dice, convivía la madre del policía asesinado. La organización a la cual perteneció este último durante la guerra fue, precisamente, el PCS.
Al IDHUCA le consta desde abril del año en curso que Palacios Carrillo estaba tramitando, por el momento, la protección y posible salida del país de sus dos familiares detenidas; le consta porque acudió a nuestras instalaciones a solicitar ese tipo de colaboración. Fuentes de la misma División de Protección de Personalidades Importantes de la PNC sostuvieron que la víctima, tras conocerse dentro del cuerpo su relación familiar tan cercana con las dos mujeres involucradas en los secuestros, empezó a sufrir marginación y fue visto con desconfianza por parte de sus jefes; asimismo, según informó el sargento al IDHUCA, había sido objeto de seguimientos e interferencia de sus conversaciones telefónicas por parte de "organismos de inteligencia". Cuando el sargento y su hermano acudieron a nuestro Instituto, el primero expresó que ya había denunciado los hechos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pero desconocía si le pusieron algún tipo de atención al caso; a la fecha, por no existir procurador real, no ha habido un pronunciamiento institucional sobre el brutal asesinato de Palacios Carrillo.
Dejando de lado las particulares consideraciones de algunos funcionarios de alto nivel en el actual gobierno, este elemento policial pudo jugar un importante rol en el verdadero esclarecimiento de los casos citados y, quizás, a consecuencia de lo anterior pudo haber contribuido a desmantelar determinadas estructuras del crimen organizado. Por otra parte, algunos medios de difusión masiva destacaron la supuesta vinculación del sargento ejecutado con cierto ex comandante guerrillero; según esa fuentes, de acuerdo con sus investigadores, Palacios Carrillo poseía información que vincularía a dicho dirigente guerrillero en los casos "Suster", "Salume" y "Hill". Sin embargo, el señalado desmintió rotundamente tales publicaciones. Del otro lado, se dice que la víctima había recibido un ofrecimiento en metálico por parte de algunos representantes de ARENA, quienes le pidieron información adicional sobre los mencionados secuestros.
Actualmente, el proceso para el esclarecimiento y la sanción de los responsables en dichos casos se encuentra en la Cámara Cuarta de lo Penal de Nueva San Salvador; ahí se está estudiando una apelación de los acusadores particulares y la Fiscalía General de la República (FGR), luego del llamamiento a juicio efectuado por el Juzgado Primero de Instrucción de ese municipio. Se afirma que la FGR sólo esperaba el retorno del expediente al tribunal de primera instancia, para solicitar la comparecencia de Palacios Carrillo como un "testigo clave".
Se mencionan otras hipótesis sobre el crimen: problemas de tipo conyugal, una mala experiencia con su cuñado quien se dice le robó el arma de equipo y el papel de "testigo clave" de su esposa en otros asesinatos —Renate Kalberg y Elizabeth Palomo de Cromeyer— ocurridos en 1995. La madre de la víctima dijo no conocer los móviles del crimen, pero manifestó que tenía temor por su vida y la de su hija. El director de la PNC expresó que se le había ofrecido protección a Palacios Carrillo, pero hay quienes dentro de la División PPI desmienten tal afirmación pues —según estas personas— el sargento desconfiaba de la institución.
Está dicho: las cosas en el país, lejos de irse aclarando, están cada vez más oscuras Semejante afirmación no es gratuita. ¿Por qué? Pues porque cuando algunas personas creían que la Asamblea Legislativa empezaría a cambiar la forma de actuar a la que nos tiene acostumbrados, sus ocupantes nos regresaron a la realidad. En sus desmedidos intentos por mostrar una supuesta apertura, el Órgano Legislativo consultó a varias instituciones de la sociedad civil sobre la elección del procurador general de la República y el fiscal; sin embargo, en un tiempo muy corto, la máscara que intentaron mostrar en esta ocasión las y los diputados se desdibujó rápidamente para aparecer —de nuevo— su verdadero y único rostro: el de las descaradas componendas para el reparto del "pastel" oficial.
El primer síntoma que nos hizo desconfiar de este supuesto interés por democratizar los procedimientos para las elecciones por mayoría calificada, apareció cuando —tras haber finalizado un interinato— Francisco Merino fue nombrado nuevamente como presidente de la Corte de Cuentas, pese a que sobre él pesaban y pesan serias acusaciones por actos de corrupción. Era obvio que, en la distribución de cargos, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) no iba a soltar el control de esa importante institución que mantiene desde hace más de doce años y, en función de eso, recurrió hasta la amenaza —o más bien el chantaje— de dar a conocer información sobre actos de corrupción que, independientemente de quien esté al frente de la institución, debe ser remitida a las autoridades competentes para que se sancione a los responsables y debe ser conocida por la sociedad salvadoreña.
De hecho —en medio de ese estira y afloje partidarista muy lejano de los intereses colectivos— la renuncia de Merino no representó ningún cambio sustantivo pues en su lugar la Asamblea Legislativa nombró a Rutilio Aguilera, otro miembro del PCN, cuya idoneidad también está siendo cuestionada. Sólo basta saber que algunos diputados del partido ARENA expresaron que su voto por Merino dependía de lo que el titular del Órgano Ejecutivo Flores decidiera, para tener una segunda razón de peso que nos impide sumarnos a quienes se deshacen alabando la "nueva forma de hacer política" del presidente Francisco Flores. Guste o no, las cosas se deben decir con todas sus letras: nada sustancial ha cambiado en el país o, peor aún, se está desarrollando un proceso regresivo en lo escasamente avanzado si hablamos de una verdadera democratización; dicho en pocas palabras: de la Corte de Cuentas salió un malo mediante un mal procedimiento para colocar a otro igual.
Así el panorama, la opinión de la sociedad sigue sin ser tomada en cuenta por la "clase política nacional" o, más bien, por esa clase de politiqueros que sólo saben causarle daño a la Nación. Pero, además de la situación de la Corte de Cuentas, se viene encima el problema de la Fiscalía General de la República donde —según los vientos que soplan— estamos a las puertas de que se cometa otro error similar o más grave que el de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hace un año.
El caso de la institución que como principal responsabilidad —según mandato constitucional— le corresponde defender los intereses del Estado y la sociedad, es otro claro y patético ejemplo de la irresponsabilidad parlamentaria. Ya se venció el período del doctor Manuel Córdova Castellanos al frente de la Fiscalía y en la Asamblea no parece haber preocupación por el atraso en la elección del nuevo titular. La fracción del FMLN sigue dando "palos de ciego" posesionada en su actitud de pretender tener siempre la razón y de que todos nos pleguemos a sus dictados; de esa manera, le facilita las cosas a ARENA. Con tantos desaciertos, los señores de esa fragmentada y bastante desorientada izquierda salvadoreña no alcanzan a superar su miopía política; después, de nada sirve que nos ofrezcan disculpas y se den golpes en el pecho como sucedió con el caso de Peñate Polanco.
Cuando todo parecía indicar que la Fiscalía General de la República estaba encausándose hacia un verdadero proceso de consolidación institucional, dejando de lado los intereses partidaristas y mediante la continuidad de un esfuerzo aceptable como el realizado durante la gestión del doctor Córdova Castellanos, las y los diputados están a punto de revertirlo y regresarla al letargo en el que se había mantenido durante muchos años. Como la figura del Ombudsman, en El Salvador, la del fiscal general —según los vientos que soplan— está destinada a convertirse en una comparsa más del modelo de impunidad que se está consolidando en el país. Ojalá el pueblo le cobre las facturas a quien corresponda, en marzo del 2000.
ANDES. Los maestros afiliados a la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de junio) paralizarán sus labores este día como medida de presión para lograr incrementos salariales. "ANDES volverá a la mesa de negociación cuando la Ministra tenga propuestas concretas en los distintos puntos que le hemos planteado", aseguró el representante de ANDES, Arnoldo Vaquerano. Con esas palabras ratificó la decisión de la gremial de paralizar las clases para exigir el cumplimiento del artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente, el cual establece la revisión salarial cada tres años. La propuesta presentada por ANDES exige un incremento general del 30 por ciento sobre el salario base. Además, piden descongelar las plazas de profesores, que se entregue el bono de la calidad educativa para evitar que los alumnos vuelvan a la práctica de realizar rifas, coronación de reinas y otras actividades para suplir las necesidades de las escuelas. Sin embargo, la ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, expresó ante los diputados de la comisión de cultura que "no se trata de ofrecer más o menos como se hace en el Tiendona, donde se regatea porque se tiene el dinero en la mano". La Ministra pidió a ANDES que argumente públicamente de dónde saldría ese 30% (EDH 13.07 p.4 y LPG 13.07 p.8).
DESCUENTOS. Al día siguiente del paro de labores llevado a cabo, el 13.07, por los maestros afiliados a la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de junio), el Ministerio de Educación informó que se aplicarán descuentos a los profesores que apoyaron la suspención de clases. De acuerdo con la ministra del ramo, Evelyn Jacir de Lovo, la cifra preliminar del monto de los descuentos apunta a un millón 200 mil colones. Lo que es equivalente, según la Ministra, a la compra de 25 mil libros de la Colección "Cipotes", o la adquisición de 9 mil pupitres, o la construcción de 33.5 aulas escolares. El paro de labores de ANDES afectó las clases en 414 escuelas del país, según cifras reveladas por el Ministerio. La suspención de labores fue calificada por Jacir de Lovo como "parcial", porque considera que únicamente el 12.5 por ciento de las escuelas presentaron "entorpecimiento de las clases". "El paro lo calificamos como parcial y los maestros que laboraron nos demostraron su compromiso con la educación y su voluntad a seguir dialogando", expresó la funcionaria. Por su parte, el secretario general de ANDES, Felipe Rivera, aseguró que el 95% de las escuelas e institutos nacionales paralizaron sus labores. Por lo que reafirma su decisión de no volver a la mesa de negociación hasta que exista una propuesta concreta del Ministerio (LPG 14.07 p.4 y 5).
PRESTAMO. La línea de crédito que el Banco Central de Reserva (BCR) desembolsará finalmente a CREDISA no será de dos mil millones de colones, sino de mil 290 millones, según explicó, el 13.07, el presidente del BCR, Rafael Barraza. Citado a la Asamblea Legislativa para explicar los pormenores del préstamo, ante las comisiones de Economía y Especial Financiera, Barraza reveló que éste tendrá un interés anual del uno por ciento, pagadero mensualmente y por un plazo de dos años a partir de su desembolso. El funcionario explicó que el dinero aún no se ha entregado a CREDISA, debido a que se evalúan las garantías con las que la institución hará frente al empréstito. Las garantías que CREDISA ha presentado son hipotecas sobre activos y prendas sobre títulos valores y carteras de crédito, que suman mil 575 millones de colones. Inicialmente, Barraza dijo que el desembolso para CREDISA alcanzaría la cifra de los dos mil 69 millones de colones. Pero el 13.07 aseguró que será de mil 290 millones. Asimismo, explicó que el monto se reduce debido a que CREDISA amortizaría cerca de 780 millones de colones en el momento en que desembolsen el crédito. El dinero de la amortización saldrá de fondos con los que CREDISA cuenta en títulos valores y efectivo (EDH 14.07 p.30).
