Año 20

número 864

julio 21

1999

ISSN 0259-9864

 

Editorial Una pésima defensa de la democracia

Política Armas y Flores

Economía ¿Hacia el realismo económico?

Sociedad Publicidad que cosifica

Regional Panorama preelectoral en Guatemala

Noticias

Hace unos días, Walter Araujo —jefe de fracción del partido ARENA en la Asamblea Legislativa— salió en defensa de los fueros de la democracia. La ocasión para ello fue el comentario que hiciera el analista Alberto Arene acerca de la necesidad de un mayor protagonismo presidencial ante la elección del nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República. Araujo protestó airadamente por lo que consideró un llamado a la injerencia de un Organo del Estado en las funciones de otro, pues con ello se atentaría contra la separación de poderes y, en consecuencia, se atentaría contra la democracia. Ya Arene ha puesto en evidencia lo débil de la postura de Araujo al aclarar que, al contrario de lo que el diputado de ARENA piensa, plantear que el ejecutivo debe asumir un mayor protagonismo en los asuntos de interés nacional —especialmente cuando esos asuntos son pésimamente llevados por la Asamblea Legislativa— no significa atentar contra la democracia, puesto que ésta exige de los Organos del Estado una vigilancia y un control recíproco permanente.

Es necesario defender la incipiente democracia salvadoreña, pero hay que hacerlo con tino y sin ligerezas. Al perder de vista que muchos de los enemigos de nuestra democracia se encuentran en las propias estructuras de poder del Estado, su defensa —cuando proviene de alguien que se mueve en esas estructuras de poder y las conoce— no pasa de ser un ejercicio de retórica barata. Los políticos salvadoreños no pueden defender en serio la democracia si no lo hacen con honestidad y valentía: honestidad para reconocer sus propios vicios y valentía para hacer frente a todos aquellos que —como el Ministro del Interior— no ocultan su vocación autoritaria.

Armas y Flores

Desde finales de la campaña electoral, empezó a hacerse evidente que Francisco Flores no era el líder renovador que quería parecer (Proceso, 857). Muchos continúan dando el beneficio de la duda a "Paquito"; amparados, quizá, en el poco tiempo que lleva en el poder, en su juventud, en su capacidad intelectual y en sus supuestas buenas intenciones. Pero lo cierto es que su aval a la Ley de Armas es una muestra más de la crasa contradicción entre la imagen que el nuevo Presidente ha fabricado de sí mismo y la realidad de su procedencia política —con todas las limitaciones que ella conlleva. El hecho de que Flores haya realizado estudios de sociología y filosofía daba pie a pensar que su manifiesto respeto a la democracia y su declarada intención de buscar vías democráticas para la solución de los problemas del país se fundaban en principios humanistas, históricamente cercanos a la defensa de la vida, la dignidad y la humanización de las personas.

De ahí que extrañara que "Paco" hubiera surgido de las entrañas de un partido cuyas características más sobresalientes han sido la intolerancia, la beligerancia y el autoritarismo. Pues bien, aunque pueda parecer demasiado pronto para juzgarlo, lo cierto es que Flores ha continuado dando señales de inconsecuencia en relación a las expectativas que despertó antes de su elección. Sólo la fácil aprobación que dio a la armamentización de la sociedad y las declaraciones que hizo al respecto servirían para desmentir el apego a ese ideal humanista que se le había atribuido. Es obvio que lejos de defender la vida, las armas son amigas de la muerte; que lejos de dignificar, las armas contribuyen a deteriorar la calidad de vida de los individuos al potenciar las prácticas violentas; y que lejos de humanizar, las armas mantienen a las sociedades en el perenne círculo vicioso de la resolución violenta de los conflictos.

"Lo perfecto es enemigo de lo bueno", fue la frase con la que Flores quiso justificar su respaldo a la Ley. Retórica. De la misma índole que el "hay que darle oportunidad a la igualdad" de su discurso presidencial. Se trata de las frases estrella de Flores, con las que consigue hacer creer a los incautos que su Presidente supera en inteligencia a los anteriores. Empero, lo único que se esconde tras ellas es pseudofilosofía, ideada para que "Paquito" salga bien librado de sus compromisos políticos.

Y es que ¿qué quiere decir exactamente "darle oportunidad a la igualdad"? ¿Que Flores cree en una sociedad igualitaria? Y si así fuera, ¿qué será lo que él entiende por igualdad social? ¿Acaso cargando la canasta básica y los medicamentos con el IVA se están abriendo oportunidades para alguien? Asimismo, ¿qué quiere decir exactamente Flores cuando asegura que "lo perfecto es enemigo de lo bueno"? ¿Será que la armamentización de la sociedad es buena, pero no perfecta? ¿O que eso es lo que sucede con la Ley? ¿O lo que está queriendo decir es que la sociedad nunca será perfecta, pero que con la Ley podrá ser buena? En definitiva, no está nada claro.

Otra de las brillantes ocurrencias del mandatario fue decir que en este momento era necesario aprobar la Ley y que no sería si no en su puesta en práctica como se verían con claridad las correcciones que deberán hacérsele. Típico razonamiento de nuestros políticos: hay que tomar las decisiones como sea, a sabiendas de que ciertos errores son irreversibles, y después corregir los desmanes hechos.

La elección de Peñate Polanco como procurador de derechos humanos es una muestra palmaria de ello. Pero, por fortuna, este es un caso que tiene revés. Las tragedias que suelen acompañar a la portación de armas, en cambio, difícilmente pueden resarcirse. El panorama sobre el cual Flores tendrá que modificar la Ley que hoy respalda sin cortapisas, no puede más que vislumbrarse oscuro. Si es que cabe más oscuridad en un país en donde es "normal" que cantidades de vidas se pierdan o arruinen para siempre debido a balas perdidas, descuidos, o riñas insignificantes que se agravaron porque alguien decidió usar su arma.

Fuera de lo mencionado, nada más ha dicho el Presidente a cerca de la legalización del uso de las armas por parte de la población civil. Suponemos que esta falta de argumentos significa que Flores se acoge a la idea de que lo que necesitan los ciudadanos "honrados" para defenderse de la delincuencia son armas. Es lo que sostienen los diputados que aprobaron la Ley y entidades sociales como el Movimiento Patriótico Contra la Delincuencia (MPCD). Esta última merece mención aparte, pues es nada menos que la entidad que, con bastante éxito, ha estado impulsando una campaña de trueque de armas por bienes.

Si no entendimos mal, la idea inicial era sustraer las armas de las manos de los civiles. El proyecto culminaría en la creación de un monumento a la paz, a partir del metal de las armas recolectadas. Ahora resulta que David Gutiérrez, director del movimiento, pidió a Flores no vetar la Ley. Inconcebible paradoja. Tal vez lo que pretenda su organización sea perpetuar dicha campaña hasta el fin de los tiempos.

La justificación de Gutiérrez para su postura es que es falso creer que la sociedad se armará gracias a la Ley, pues "la sociedad ya está armada". Este argumento podría llevarse al absurdo: si de lo que se trata es de legitimar todo lo que la sociedad "ya" hace, entonces hagamos legal la corrupción, el tráfico y consumo de drogas, el irrespeto a las leyes de tránsito, la prostitución infantil... Si el requisito para que algo sea legal no es una discusión seria y profunda sobre lo que le conviene a la sociedad, sino simplemente que ese algo suceda en la práctica, entonces ni siquiera habría necesidad de leyes porque todo lo que se da positivamente debe ser permitido.

Que Flores, dado los aires de intelectual y amigo de la democracia que soplan a su alrededor, no haya dado una mínima explicación de porqué debe ser permitido que la gente de a pie ande armada no da más que para pensar que está de acuerdo con estos razonamientos, lo cual lo convierte en un irresponsable. Primero, porque la legalización de la portación de armas equivale a la legalización de la toma de justicia por manos civiles. De ahora en adelante no serán sólo los jueces sino también los ciudadanos los facultados para decidir la suerte de los delincuentes. Y, aunque la pena de muerte no ha sido aprobada, la Ley de Armas aboga por ella de forma indirecta, con el grave riesgo de dar estatus de tribunal a un civil cualquiera, asustado, encolerizado o ebrio.

Segundo, porque —de nuevo— es contradictorio que Flores pretenda impulsar un plan de seguridad y a la vez respalde una ley destinada a la defensa personal contra el delito. La tarea de Flores es hacer lo posible para que el Estado defienda la población del flagelo delincuencial, no procurar la armamentización de aquélla. Tercero, porque en el país más violento de América Latina, en donde los conductores se matan por simples pleitos vehiculares, en donde es difícil trazar la frontera entre ciudadanos "honestos" y "deshonestos" y en donde sigue siendo tan fácil falsificar documentos y violar la ley, es un disparate favorecer que cualquiera porte un arma.

En conclusión, parece que a la hora de remitirse a los hechos la administración de Flores no tiene nada de nuevo. Que haya dejado de confrontarse permanentemente con el FMLN y que el Presidente decore con sacos los escenarios de sus discursos no son los cambios que se esperaban. Ciertos reajustes administrativos sólo podrán evaluarse pasado cierto tiempo. Lo desalentador es que, por lo pronto, se están sentando las bases para un próximo lustro más violento y más pobre.

¿Hacia el realismo económico?

Desde 1996, la economía salvadoreña ha entrado en una etapa de lento crecimiento, incremento del déficit fiscal y profundización del desequilibrio de la balanza comercial, que no se convierte en una crisis mayor gracias a la notable reducción de las tasas de inflación y a la afluencia de remesas familiares. Para 1999, esta tendencia no se ha roto y, de acuerdo a declaraciones de miembros del gabinete económico, la situación podría empeorar.

Los titulares de las carteras de Hacienda y del BCR anunciaron, el 14 de julio, ante la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa, posibles reducciones en las tasas de crecimiento económico e incrementos en el déficit fiscal. A casi una década de practicar políticas económicas neoliberales, estos anuncios oficiales vendrían a demostrar nuevamente que aún no se ha logrado estabilizar ni reorientar la economía de una forma autosostenible.

De acuerdo al presidente del BCR, Rafael Barraza, las perspectivas de crecimiento económico para 1999 deberán ser revisadas de cara a la caída de los precios internacionales del café, de modo que de una proyección de crecimiento de entre 3.5 y 4 por ciento, planteada para inicios del presente año, se pasa a una proyección de sólo 3%. Según Barraza, "en total en el café hay 250 millones de colones menos en divisas que el país ha dejado de recibir", mientras que por la reducción de los precios internacionales del azúcar se estaría esperando una reducción de divisas por el orden de los 30 millones de dólares, equivalentes a cerca de 260 millones de colones. Sin embargo, de acuerdo a la misma fuente, las perspectivas no son tan negativas, pues "se espera en el agro un mejor comportamiento que el año anterior" y, además, "puede haber una reducción de un punto porcentual" en las tasas de interés.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, expresó que las metas del déficit fiscal también deben reajustarse, pasando de un 2.6% del PIB, que se esperaba para 1999, a un nivel cercano al 3% del PIB, pero con posibilidades de que se incremente hasta un 3.3%. De acuerdo a Trigueros, esta disminución también sería resultado de la reducción en los precios del café y del azúcar, y de una reducción en los ingresos de las empresas agrícolas.

Según el Ministro de Hacienda, de no adoptarse "medidas urgentes el déficit podría llegar al 3.3%", por lo que propone: eliminar las exenciones del IVA a cereales, lácteos y medicinas; combatir la evasión y el contrabando; aplicar un plan de austeridad; eliminar las exenciones de impuestos para microempresas con capital menor a los 75,000 colones y crear un Código Tributario.

Cabe mencionar aquí que estas declaraciones vienen a confirmar las tendencias mostradas a principios de año por el IVA y los impuestos específicos al consumo, los cuales se redujeron en un 0.9% y 0.6%, respectivamente, entre los dos primeros meses de 1999 y los primeros meses de 1998. Esto sugiere que se reportó una importante disminución de la actividad económica (Proceso, 847).

Este escenario de reducción del crecimiento económico y profundización del déficit fiscal apunta a que aún no se ha logrado diversificar la economía lo suficiente como para reducir su dependencia de los productos de agroexportación y es una muestra más de la incapacidad de la reforma tributaria implementada hasta ahora para incrementar los ingresos tributarios y reducir el déficit fiscal.

Llama la atención que, pese a su pérdida de importancia relativa, el café continúe representando una importante fuente de crecimiento económico, tal como lo hiciera a lo largo de todo el siglo XX. De hecho, Barraza atribuye a la pérdida de ingresos en este sector cerca de la mitad de la reducción en las proyecciones de crecimiento económico.

Lo anterior sugiere que no ha sido posible reorientar los polos de crecimiento de la economía hacia sectores con mayores potencialidades de crecimiento y generación de exportaciones. Los sectores con mayores tasas de crecimiento han sido: el financiero, la construcción, el comercio y la maquila. Pero incluso estos sectores han entrado en una etapa de lento crecimiento. La maquila, por ejemplo, pasó de mostrar tasas de crecimiento de 30%, en 1997, a otras de 12%, en 1998, y, a juzgar por declaraciones de representantes de las gremiales textiles, las proyecciones para 1999 no son nada alentadoras. La relativa estabilidad macroeconómica, por su parte, es posible sólo por la afluencia de remesas familiares desde el exterior (Proceso, 836 y 856).

Un elemento que no abordan las valoraciones del Presidente del BCR es que el déficit de la balanza comercial también experimentará un incremento equivalente a la reducción de los ingresos por exportaciones de azúcar y café, aunque debido a los elevados montos del citado déficit no resultará muy significativo. Por ejemplo, para 1999 se proyectaba un déficit de la balanza comercial de cerca de 1,727 millones de dólares, mientras que en el nuevo escenario el déficit estimado estaría rondando los 1,787 millones.

La profundización del déficit fiscal, por otra parte, no obedece solamente a la caída de los ingresos por azúcar y café, sino también a un fenómeno estructural de inadecuación de los ingresos a los egresos y, sobretodo, a una reforma tributaria que no elevó significativamente la carga para los sectores de mayores recursos. Pese a ello, la mayor parte de las medidas propuestas por el Ministro de Hacienda no contempla incrementar los impuestos para los mismos sectores, pero sí para los sectores ubicados en la base de la pirámide económica.

Un problema adicional en el tema de las finanzas públicas radica en que la mayor parte de la expansión del gasto se dedica para áreas de seguridad pública y administración de justicia y no para el área del desarrollo social, en la cual existen ingentes necesidades por satisfacer (Proceso, 848). De hecho, según Trigueros, para 1999, la mayor expansión del gasto público se ha debido al incremento del presupuesto para cumplir requisitos del Código Penal y la Ley del Menor Infractor y contrataciones de personal en la Fiscalía y Procuraduría.

Las valoraciones del nuevo gabinete económico sobre la coyuntura económica contrastan fuertemente con las valoraciones de sus predecesores, los cuales no se cansaban de señalar que existía un bonancible clima de "crecimiento con estabilidad macroeconómica", y en esa medida representan un avance para la definición de nuevas medidas de política económica. Sin embargo, aún adolecen de algunos vacíos que en buena medida resultan de un diagnóstico parcializado de la realidad.

Aspectos de importancia como la necesidad de financiar el gasto social, la reducción de las tasas de interés y el fomento de la inversión productiva no aparecen como objetivos de corto plazo del gobierno y, a lo sumo, el Presidente del BCR se limita a señalar que "creemos que puede haber una reducción" de las tasas de interés, pero sin señalar nuevas medidas de política monetaria que sustentarían esa creencia. El gasto social, en cambio, no parece ser prioridad dentro de la política de asignación del gasto frente a rubros como la seguridad pública y la administración de justicia.

Así pues, aunque se ha dado un importante paso al reconocer la gravedad de la coyuntura económica, aún se necesita diseñar e implementar medidas de política fiscal más equitativas que permitan superar el déficit, pero sobretodo que promuevan la inversión en actividades productivas que puedan convertirse en nuevos polos de crecimiento, empleo y generación de exportaciones.

Publicidad que cosifica

Hace ya varios años que la publicidad dejó de ser un simple instrumento complementario en los medios de comunicación. Actualmente, tiene vida propia y cuenta con cualidades específicas. Su función en la sociedad va más allá de persuadir para la compra de productos o servicios, aun cuando es este su propósito primordial. La publicidad se ha convertido en objeto de reconocimiento, al grado de que aquellos productos publicitarios considerados como "los mejores" son premiados por las academias y los críticos. En otras palabras, la publicidad, sea cual sea su índole, ha creado su propio mundo.

A ésta se le otorgan otras cualidades, a parte de la meramente utilitaria: es capaz de entretener, crear y reforzar estereotipos, prejuicios, formas determinadas de comportamiento, y, sobre todo, da la pauta al individuo de la "idea que debe tener de sí mismo". Esto se debe a que la publicidad es, sin duda, un "aparato ideológico", cuya situación global le permite mover las piezas de la sociedad a su antojo y a su conveniencia. "La publicidad tiene el imperativo de la gestación permanente y masiva de consumidores: es preciso maniobrar para fabricar consumidores, estilos de vida para masas de consumidores y, en última instancia, una cultura centrada en el consumo".

Lo que la publicidad genera es, pues, toda una manipulación socio-cultural que, lejos de ser inocente, tiene una serie de estrategias deliberadamente diseñadas para cumplir con sus objetivos. El propósito constante de crear consumidores desprende a su vez las demás características ideológicas de la publicidad. Esto se traduce en un atentado latente a la salud y el respeto de los seres humanos, en especial contra el género femenino. La publicidad se convierte en peligrosa en la medida en que juega con los humanos y sus roles sociales para cumplir con sus propósitos. Una muestra palmaria de ello son los anuncios de carácter sexista.

Aunque algunas empresas han optado por otro tipo de mensajes y otras los han modificado en forma y fondo, la utilización de la publicidad sexista alrededor del mundo se da en grandes proporciones y El Salvador no es la excepción. La mujer es el punto central del sexismo publicitario. De una forma sutil, subliminal y hasta agradable en algunas ocasiones, la mujer es inducida a desempeñar un determinado rol social y familiar, a adoptar una imagen específica y a relacionarse de una manera precisa con las personas a su alrededor. Esto acompañado, por supuesto, de la compra de un producto o servicio, vinculado, de una forma u otra, a esa adscripción social que la mujer "debe" cumplir.

Este tipo de publicidad es más compleja de lo que aparenta ser. En primer lugar, el sexismo puede estar oculto o descubierto en el lenguaje, en las imágenes, en el uso del texto, etc.. En segundo lugar, ha sido diseñada de tal forma que se reparta tanto a hombres como a mujeres de todas las edades, pero que cada uno lo interprete de una manera especial. Es decir, la publicidad sexista, cuando se dirige a los hombres, presenta a las mujeres, básicamente, como un objeto de conquista o como una pertenencia masculina. Se utiliza la imagen de la mujer, de formas incluso degradantes, para promover productos que poco tienen que ver con las dimensiones más propiamente humanas de ella.

Por otro lado, cuando la publicidad sexista se dirige a las mujeres, lo hace con base a una clasificación. Así, puede distinguirse publicidad para mujeres amas de casa; para la mujer obesa o que pretende "mantener su figura"; para la mujer profesional; para la esposa, la madre de familia y para las adolescentes. Pero todos los anuncios, sin excepción, tanto los que se emiten para los hombres como los destinados a las mujeres, refuerzan o aluden a un rol y a un estereotipo de género. La publicidad le otorga un determinado "valor" a la mujer que corresponde al cumplimiento de cánones impuestos: de belleza, de juventud, de maternidad, de amor, de esposa, de dedicación familiar. Al hombre le impone modelos de admirado, responsable económico del hogar, intelectual, aventurero, fuerte y seguro de sí.

Esto significa que lo que se está vendiendo es más que un producto: se promueven valores. Al comprar un artículo se compra un concepto, elaborado por la publicidad, del cual mujeres y hombres "deben ser parte". Se podría pensar que el riesgo de la publicidad sexista radica en que se presenta al sexo femenino como un objeto, pero la realidad es, evidentemente, mucho más compleja. Y es que los productos presentados apelan a diferentes instintos humanos, por lo que la respuesta de los consumidores es, prácticamente, predecible. En este sentido es que se da la manipulación socio-cultural que antes se mencionaba. La publicidad atrae al espectador apelando a sentimientos, valores, creencias, cánones y criterios que, aparentemente, son adoptados o cumplidos cuando se paga por determinadas mercancías.

Por ejemplo, en los últimos años, la publicidad sexista ha incluido dentro de algunos mensajes un criterio de "liberación femenina", que las consumidoras obtendrían por medio de ciertas compras. Prometen a las mujeres otorgarles independencia y emancipación al obtener productos como electrodomésticos, cosméticos, utensilios de cocina, máquinas para ejercitarse, etc. Sin embargo, de trasfondo, esta publicidad continúa acentuando los roles tradicionales femeninos para así asegurar la permanente existencia de la comunidad compradora.

Por estas y otras razones, el sexismo publicitario es considerado en muchos países, incluyendo El Salvador, como un grave problema de género en el que las mujeres son el blanco principal. No obstante, el cuerpo masculino, aunque en menor medida que el femenino, es utilizado para erotizar cierto tipo de artículos comerciales. El hombre también es objeto de la manipulación publicitaria y empieza a verse estereotipado y clasificado. El sexo masculino, pues, también es víctima de esta "cosificación" publicitaria. "Cosificar" es lo que la publicidad consigue hacer con las personas. Expande en la sociedad una conciencia de los humanos como cosas.

Internacionalmente la publicidad sexista es vista como un irrespeto y una violación a los derechos y la dignidad humana, aunque no está tipificada en las leyes como un delito. Hay que recordar que la publicidad está avalada por el derecho a la libertad de expresión. En países como España existen programas específicos para denunciar este tipo de publicidad. El mecanismo es que cualquier persona puede apelar por la censura o modificación de anuncios considerados sexistas. Esto se hace de una forma anónima y, generalmente, las empresas tienen que cambiar o retirar la publicidad denunciada, por considerar que implica una violación contra los derechos humanos.

En el Salvador, este problema ya ha sido detectado. El documento Política Nacional de la Mujer, emitido en 1997 por la administración del ex presidente Calderón Sol, establece que una de las plataformas de acción está encaminada a formular un cambio en la imagen que los medios de comunicación reproducen de la mujer. Ya que la publicidad es parte fundamental de los medios de comunicación, es necesario que este apartado del documento gubernamental sea retomado y puesto en práctica para, al menos, mitigar la continua explotación de los inequívocos patrones culturales sobre la mujer, emitidos a nivel publicitario.

Panorama preelectoral en Guatemala

Una nueva coyuntura electoral toca las puertas de Guatemala. Esta vez, todo parece indicar que los comicios del 7 de noviembre próximo ofrecerán a los ciudadanos de este país una oportunidad sin precedentes: recibir el nuevo siglo con un renovado sistema de representación política y darle una nueva oportunidad a la democratización. Para quienes ven el proceso de pacificación guatemalteco con optimismo, las condiciones más propicias para el ejercicio soberano de la voluntad popular están dadas. Dos pasos históricos importantes se han cumplido, al menos a nivel formal: por una parte, el inicio del proceso de desmilitarización del poder político, iniciado en 1985 por la casta militar gobernante desde 1970; y, por otra, la finalización de un conflicto armado de más de treinta años y la consecuente puesta en marcha de los Acuerdos de Paz.

Pero la realidad de Guatemala dista mucho de provocar esa dosis de confianza entre la población. En estos 15 años ni la desmilitarización ha sido sinónimo de democratización, ni los Acuerdos de Paz han logrado darle fuerza a dicho proceso. En ese sentido, aunque las elecciones de noviembre se revisten de una importancia histórica imposible de ignorar, en lo inmediato, esta importancia se reduce a dos aspectos que, por sí solos, no representan factores de cambio para la sociedad guatemalteca: (a) por primera vez, los programas de gobierno de los partidos que participarán en los comicios poseen un texto guía —los Acuerdos de Paz— que bien puede garantizar su compromiso con los cambios exigidos tras el fin de la guerra; y (b) la participación social y política de diferentes sectores está básicamente asegurada, puesto que el espectro político de la izquierda ha crecido —y en él se podrá incorporar la otrora clandestina URNG— y la sociedad civil cuenta con ciertos espacios de participación política.

Sin embargo, a cuatro meses de que los comicios se realicen, de la docena de partidos formalmente inscritos sólo unos pocos parecen estar preparados para dar batalla. Por ende, la necesidad de hacer un balance de las fuerzas políticas que han logrado ubicarse a la vanguardia de la contienda —principalmente por la preocupación que pusieron en definir tempranamente sus cuadros políticos, en realizar una sucinta organización de sus propuestas gubernamentales y en publicitar su imagen institucional— arroja importantes elementos para conjeturar a cerca del impacto que los resultados de estas elecciones podrá tener sobre el proceso de pacificación y democratización de Guatemala.

De entrada, las perspectivas se pintan sombrías para la emergente izquierda política. A pesar del relativo éxito del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) en las elecciones de 1995, los conflictos internos que ha sufrido el partido durante estos cuatro años y la oscura dirección de su secretario general, Rafael Arriaga, hicieron de este primer proyecto de izquierda política un remolino de señalamientos e intrigas. De esta forma, la Alianza Nueva Nación (ANN), el principal logro de la desarmada URNG y que reunía al FDNG y a otros dos partidos autodenominados de centro izquierda, no logró sentar las bases para una incorporación más dinámica de la izquierda al espectro político. Ahora, el Frente ha sido expulsado de la coalición y, con ello, la posibilidad de que la oferta política de oposición se fortalezca se plantea más lejana.

Por su lado, las ONGs guatemaltecas, que en algún momento llegaron a considerarse como el puente conciliador entre la clase política y la población civil, no han logrado ocupar su lugar dentro del proceso eleccionario. Las que una vez se presentaron como el centro de la atención de la comunidad internacional y de la misma población, no han hecho más que demostrar su incapacidad para dar respuesta a los vaivenes del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Las organizaciones que encontraron un lugar dentro de lo organismos verificadores de la pacificación, lo lograron gracias a su complicidad con ciertos grupos de poder político. Reformas electorales abortadas en el seno del Congreso, apatía creciente de las etnias indígenas organizadas frente a las ofertas políticas, un proceso de pacificación dejado en las manos del PAN... Esta cosecha, heredada de las instancias de la sociedad civil, benefició casi directamente a los partidos de largo abolengo en la vida política reciente de Guatemala.

Por su parte, la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) tal vez esté presenciando el principio de su desaparición. Luego de que varios empresarios y profesionales de renombre le cerraran las puertas a una posible postulación presidencial, el partido tuvo que encarar la realidad: no tenían capacidad de presentar una fórmula presidencial. Con sólo 4 butacas en el Congreso (conquistadas en 1995) y atravesada por constantes luchas internas, no se espera que la DSG movilice a muchos votantes en noviembre. Su dirigencia también se ha declarado en contra de establecer alianzas con otros partidos, en un intento por preservar una identidad que cada vez es menos atractiva para el electorado.

En consecuencia, el panorama más prometedor en materia electoral lo posee la derecha. Ciertos analistas aseguraron hace algunos años que "las extremas" se encontraban —para beneficio del país— en la vía de la extinción. Esta apreciación era alimentada por la idea de que el PAN constituía un ejemplo de la "nueva derecha" centroamericana, con ideas renovadoras y con un amplio compromiso con el desarrollo autosostenible e igualitario. La contra parte del PAN, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), parecía tender hacia una beneficiosa modernización de sus cuadros y de sus principios. Nada más lejano de la verdad. Más bien cabría esperar que en estos comicios el FRG desplazara a los antiguos representantes de la extrema derecha —el MLN y el desaparecido PR— y que en el PAN ganara cada vez más terreno la corriente conservadora, aparentemente abanderada por el presidente Arzú, y que logró colocar como candidato presidencial al alcalde de Guatemala, Óscar Berger.

Ahora, tal parece que la mayoría de votantes optará entre el PAN y el FRG, tanto en la elección del próximo presidente como en la composición de fuerzas en el legislativo. De hecho, un sondeo de opinión realizado a finales de marzo reveló que sólo estos dos partidos acapararían casi el 49% de los votos en las elecciones. Según la encuesta, sus candidatos gozarían del apoyo de un poco más del 55% de los votantes. La URNG y el FDNG apenas alcanzarían el 7.1% de las preferencias. Bajo este horizonte, ¿cuál podría ser el aporte real de estas elecciones al proceso de democratización y a la participación política de Guatemala? No estaría demás pensar que ninguno de estos procesos se verá favorecido con sus resultados.

Si la derecha llegara a gozar de una cómoda mayoría en el Congreso, los Acuerdos de Paz difícilmente podrán ser la base de cambios definitivos en la sociedad guatemalteca, pues el PAN sólo se ha servido de ellos para mantener ciertas fuentes de financiamiento internacional; financiamiento que ha sido invertido casi en su totalidad en obras de infraestructura —su mejor tarjeta de presentación para los comicios de noviembre. El FRG, por su parte, no ha abandonado del todo su idea de que los Acuerdos son un atentado para la estabilidad del país, sobre todo por su matrimonio con la vieja casta militar gobernante. Más grave aún, la participación y apertura política que se aseguró con el fin de la guerra no ha logrado animar a la población a optar por proyectos distintos a los de la derecha, mucho menos ha incentivado un ejercicio del voto que venza los altos índices de abstencionismo que se han registrado en los últimos cinco años. Así las cosas, el panorama preelectoral plantea más dudas que certezas para la democracia guatemalteca.

SILVA. Un movimiento de ciudadanos, compuesto principalmente por académicos y profesionales, está impulsando la reelección del alcalde capitalino, Héctor Silva, quien sin perder tiempo ya está buscando el apoyo de varios partidos. "He sostenido conversaciones con la Unión Social Cristiana (USC), el Movimiento Unido Demócrata Cristiano (MUDC) y el Partido Demócrata (PD) para buscar apoyo", expresó el edil. El grupo pro Silva está encabezado por el concejal Héctor Dada Hirezi, quien afirmó que es necesario darle continuidad a la gestión municipal. La iniciativa será presentada este día a los dirigentes de los partidos y movimientos que integran el denominado Centro Democrático Unido (CDU), de quienes se espera respalden a Silva para un nuevo período en la comuna capitalina. Silva ha manifestado que sólo buscará la reelección si cuenta con el apoyo de "una amplia coalición" de partidos. Dada Hirezi dijo que Silva no es propuesto únicamente por ser un buen administrador, sino también por el proyecto político que ha impulsado desde que tomó la dirección de la Alcaldía, en mayo de 1997. El concejal mencionó como puntos a favor de la reelección del alcalde la representación proporcional en el Concejo Municipal, el pluripartidismo y los megaproyectos, como el nuevo relleno sanitario (LPG 15.07 p.14).

EVALUACION. Diputados del PDC pretenden pedir una evaluación del primer año de gestión de Eduardo Peñate, procurador de Derechos Humanos. De no salir bien evaluado, al parecer los políticos darán inicio a un mecanismo para destituirlo. "Como fracción legislativa del PDC no apoyaremos a un funcionario que tenga impedimentos en su trabajo", dijo en forma tajante René Aguiluz, jefe de la bancada pedecista y nuevo secretario general del partido. Aguiluz, sin embargo, cree necesario hacer primero la evaluación y luego decidir si procede la destitución. Otros diputados de oposición manifestaron estar de acuerdo con la decisión de los pedecistas. Eugenio Chicas, del FMLN, dijo que el Procurador sólo tiene dos salidas: renunciar o que la Asamblea Legislativa forme una Comisión Especial de Antejuicio en su contra. El documento del PDC va más por esta segunda opción: se trata de una pieza de correspondencia que solicita la conformación de una Comisión Especial y, si se detecta responsabilidad en los señalamientos que se le imputan al funcionario, seguir los trámites de ley que corresponden. Por su parte, el jefe de la fracción de ARENA, Walter Araujo, asegura sentirse preocupado por la falta de credibilidad de Peñate entre las organizaciones protectoras de los derechos humanos. "Contó con nuestro votos y los del FMLN. Si hay necesidad de hacer un cambio para beneficio de la institución, ARENA estará a favor", expresó Araujo (EDH 16.07 p.6).

PEÑATE. Mientras los diputados se preparan para evaluar su primer año de trabajo como procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate anunció, el 16.07, que no piensa renunciar al cargo. El Procurador desestimó los señalamientos de ineficiencia y desorden que se le hacen a su administración. Aseguró que se trata de una campaña política para desprestigiarlo. Según él, la posibilidad de una destitución se basa en argumentos propios de una "campaña sucia". Advirtió, sin embargo, que a él no podrán destituirlo, como ha sucedido con otros funcionarios. "La renuncia se tiene que dar en la medida que las cosas sean legales, sanas y honestas", expresó Peñate (LPG 17.07 p.4).

ARMAS. El presidente Flores respaldó, el 16.07, la ley que regula el uso de armas, al informar que no existe por el momento ninguna razón para realizarle modificaciones de fondo. A juicio del mandatario, es preferible contar con una ley aprobada rápidamente por la Asamblea que tener un vacío en la estructura legal. Flores afirmó que se podría hacer ajustes o perfeccionamientos a la normativa en el futuro. Dicha ley regula la portación y tenencia de armas de fuego y explosivos, así como la importación y la venta. La legislación permite que los civiles puedan usar fusiles militares, siempre que hayan sido modificados para que no disparen ráfagas (LPG 17.07 p.5).

PNC. La Policía Nacional Civil (PNC) dio por concluido, el 18.07, el plan antidelincuencial "Ciudad Segura", cuyo objetivo era realizar patrullajes intensivos en la zona metropolitana de San Salvador y su periferia, con un saldo de más de 154 armas incautadas, 110 capturas, 232 decomisos y la recuperación de 103 vehículos reportados como robados. Asimismo, se incautaron 32 mil 500 colones de dudosa procedencia, se impusieron 744 esquelas de tránsito y se abrieron ocho procedimientos policiales por tenencia de droga. La actividad fue diseñada como parte de la política de seguridad que el presidente Flores ha puesto en marcha desde hace varias semanas. El operativo, que inició la madrugada del 15.07 y se extendió durante 72 horas, contó con la participación de mil agentes de la PNC y el apoyo 800 soldados. Según el director del cuerpo policial, Mauricio Sandoval, el logro más importante de este operativo estribó en el efecto disuasivo del delito: de los 144 hechos delictivos que se cometen diariamente en San Salvador, sólo se registraron 49 durante el tiempo que duró el operativo. Además, la policía incluyó dentro de sus acciones el registro de varios centros de educación en busca de armas y explosivos entre los estudiantes. El plan fue clausurado durante un acto informal en las instalaciones del Palacio de los Deportes, en la capital (EDH 19.07 p.2).

DENUNCIAS. Sólo durante el mes de junio, la Inspectoría General de la PNC ha recibido cerca de 300 denuncias contra agentes de dicho cuerpo policial, según informó, el 18.07, el titular de la institución, Romeo Melara Granillo. El funcionario aseguró que la mitad de los casos correspondía a procedimientos internos emprendidos contra agentes que han incurrido en diferentes faltas, la mayoría de tipo disciplinario. La otra mitad, empero, tiene que ver con acusaciones de extorsión, robo, amenazas y "abusos deshonestos", en las que se presume la participación de agentes de la policía. A juicio del Inspector General, aunque los números que se registran sugieren que la PNC "no está sana", la actual administración realiza múltiples esfuerzos para depurar la planta de agentes en servicio, con el fin de levantar la imagen de la institución. Sin embargo, Melara no dejó que la responsabilidad recayera en su totalidad sobre la PNC y culpó a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y a sus deficientes procesos de selección y formación de agentes de provocar tales dimensiones en el número de denuncias. "Falta que apliquen filtros, exámenes y levantamiento de perfiles que nos permitan saber si una persona es propensa a cometer un delito", acotó. No obstante, reconoció la dificultad de esa tarea, debido a la ausencia de un sistema de estadísticas criminales confiable (EDH 19.07 p.10).

JUSTICIA. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Tenorio, tiene una opinión muy optimista acerca de la labor judicial en el marco de las cuestionadas normativas penales: 3 mil 269 personas acusadas de cometer alguna infracción a la ley fueron beneficiadas con libertad condicional u otras medidas sustitutivas desde mayo del año pasado hasta mayo del presente año. Los datos fueron proporcionados, el 18.07, por el Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la CSJ. A criterio de Tenorio, esta situación implica una ganancia para el sistema: ahora, los administradores de justicia tienen más tiempo para dedicarse a la depuración de los casos que quedaron pendientes desde el cambio de normativas, hace casi año y medio, y que deben ventilarse con la anterior legislación penal. El funcionario expresó su confianza en que la mora procesal que ha acumulado el órgano judicial se vea reducida en adelante. Sin embargo, los tribunales mercantiles que operan en el país parecen no estar a tono con esta situación. Tenorio, aunque prefirió no revelar los datos respectivos, aseguró que el ritmo de trabajo de estos tribunales no era el esperado. El jurista aseguró que está preparando una Ley de Procedimientos Constitucionales que facilitaría el desempeño de los jueces a la hora de dar respuesta a las exigencias de la población (EDH 19.07 p.24).

FMLN. A las puertas de la novena Convención Nacional Extraordinaria del FMLN, varios líderes del partido ya empiezan a marcar terreno en torno a un posible pulso de fuerzas. Tanto Facundo Guardado, ex coordinador general e identificado con los llamados renovadores, como el diputado Miguel Sáenz, denominado ortodoxo, aseguraron, el 21.07, que esta última tendencia poseía grandes posibilidades de recuperar el control del partido en la Convención del 24.07. "Es bastante probable que el agrupamiento comunista saque mayoría en la Convención, es casi un hecho", expresó Guardado en alusión a la probabilidad de que los ortodoxos saquen ventaja de su derrota en los comicios presidenciales pasados y retomen para sí la secretaría general del Frente. Sin embargo, el jefe de la bancada del FMLN, Schafik Handal, prefirió hablar más bien de un reparto proporcional del poder, de acuerdo al "volumen" de cada tendencia, en la dirigencia y en las candidaturas legislativas. En el encuentro, más de 900 convencionistas inscritos deberán decidir quiénes serán las nuevas autoridades del partido, los candidatos a diputados por la plancha nacional y para el Parlamento Centroamericano y terminar de afinar detalles a las reformas estatuarias que quedaron pendientes en la última reunión. (EDH 22.07 p.22 y 23).

BANCOS. Los diputados de la Comisión Especial para la Investigación de Asuntos Financieros de la Asamblea Legislativa dieron un paso atrás en su intento de permitir al Estado fijar las tasas de interés del mercado. El 19.07, la comisión dejo fuera del texto de la Ley de Bancos la reforma al artículo 64 que normaba que las tasas de interés debían ser establecidas en conjunto por los bancos privados y Banco Central de Reserva (BCR), "cuando las circunstancias financieras del país no [fueran] las más favorables". Con esto, a juicio de varios legisladores, queda allanado el camino para la aprobación de la ley en el pleno en un lapso de tres días, a partir del 21.07. El diputado del PLD, Kirio Waldo Salgado, expresó que lo más conveniente era dejar que la dinámica del mercado regulara los montos de las tasas activas (de préstamos) y pasivas (de ahorros). Esta es la misma postura que mantuvo durante las semanas anteriores la banca nacional. De hecho, el director ejecutivo de la Asociación bancaria Salvadoreña (ABANSA), Claudio de Rosa, recordó los efectos negativos que tuvo para la economía la intervención del Estado en la definición de las tasas de interés durante la década de los 80. "Quien propone esa clase de medidas únicamente está propiciando que se estimule la corrupción", afirmó de Rosa (LPG 20.07 p.24 y 25).

PRECANDIDATOS. A dos meses de su asamblea ordinaria, ARENA aún está conversando con potenciales candidatos a la Alcaldía de San Salvador. Según un directivo arenero que prefirió mantener el anonimato, el partido está buscando a un precandidato adicional a los cuatro que ya se dan por seguro: Elizabeth de Calderón Sol, ex primera dama de la República; Antonio Saca, presidente de ASDER; Rodrigo Samayoa, director departamental de ARENA y Rodrigo Avila, ex director de la PNC. Avila confirmó, el 21.07, que estaba sosteniendo "pláticas no oficiales" con dirigentes del partido. "Lo que existen son conversaciones informales con algunas personas [de ARENA], no existe posición ni ofrecimiento oficial", declaró Avila. Pese a ello, el ex director de la PNC no estaría dispuesto a rechazar oportunidades. "Por supuesto que si en su momento tiene lugar una oferta específica, naturalmente que vamos a considerarla", dijo Avila. En relación al proceso de cabildeo que ha iniciado Héctor Silva para conseguir apoyo a su reelección, la cual al parecer dependerá de que vuelque a su favor una "amplia coalición de partidos", el jefe de fracción de ARENA, Walter Araujo, manifestó que Silva no ha sido un buen alcalde y que en su partido hay mejores profesionales. Según Araujo, ARENA estaría buscando un candidato "que con sólo mencionarlo sea un ganador" (LPG 22.07 p.6).

ANUNCIAN HUELGAS. Sindicalistas y organizaciones de trabajadores de diferentes instituciones estatales tienen previsto realizar paros de labores como medida de presión al gobierno. Los sindicalistas del Seguro Social (ISSS) empezarán este día el primero de los tres paros previstos en igual número de instituciones gubernamentales. El 20.07 han convocado a paro también los sindicalistas del Ministerio de Hacienda, con lo cual aseguran paralizarán todas las aduanas y colecturías del país. Un tercer paro será efectuado, el 20.07 y el 21.07, por la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio), la cual la semana pasada llevó a cabo un paro de labores. Los paros en el ISSS afectarán el servicio regular de atención a usuarios, salvo las emergencias y las cirugías programadas. Principalmente, se suspenderán las consultas externas y las actividades administrativas. Por su parte, el paro de ANDES paralizará las clases en los centros de estudio públicos. Las tres acciones sindicales persiguen, fundamentalmente, una revisión de las tablas salariales. Ante las declaraciones de los sindicalistas, el director de la PNC, Mauricio Sandoval, afirmó que la institución que preside intervendrá si los jueces resuelven ilegalidad en las paralizaciones de labores. Por el momento, no se descarta que otras organizaciones se sumen a la ola de paros (LPG 19.07 p.4).

REACCIONES. Para el diputado de ARENA Julio Gamero, los paros que impulsan los maestros agrupados en ANDES y los sindicalistas del ISSS y del Ministerio de Hacienda están siendo estimulados por el FMLN con fines desestabilizadores. El diputado funda su acusación en un documento que se hizo público en una de las convenciones del partido de izquierda; convención en la que los efemelenistas anunciaron una dura oposición al nuevo gobierno y al proyecto neoliberal que impulsa ARENA desde hace más de diez años. Gamero no descarta que los paros sean parte de una estrategia del Frente para medir fuerzas con la presidencia. En respuesta, Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, aseguró que este tipo de señalamiento por parte del gobierno forma parte de una política encaminada a deslegitimar la imagen de su partido. "Insistir en que el FMLN ampara a los organismos sindicales... es parte de su miopía ante la realidad del país, que no les permite ver más allá de su realidad ideológica", afirmó Sanchez Cerén. Por su parte, el analista David Escobar Galindo, consideró que en las huelgas pesan más los motivos económicos que los políticos. A su juicio, los paros son acciones a las cuales se les debe prestar atención y considera que la difícil situación económica motiva a exigir incrementos salariales. Para Escobar Galindo, los sindicalistas y el gobierno deben mostrar flexibilidad para que ambos queden satisfechos (LPG 19.07 p.5).

IVA. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) se pronunció, el 21.07, en relación a la reactivación de la economía nacional. Sumándose a los esfuerzos realizados por otras gremiales del sector privado, la CCIES propuso establecer una tasa cero de IVA para productos agropecuarios y farmacéuticos como una manera de contrarrestar los efectos negativos que las medidas gubernamentales anunciadas por el presidente Flores podrían provocar. Asimismo, la propuesta sugiere la reducción de los encajes bancarios en un 0.3% semanal durante un período de dos meses, para alcanzar los niveles que existían para octubre del año pasado; aumentar la inversión en infraestructura y revisar la política comercial a fin de favorecer al sector agropecuario. Por otra parte, el documento presentado por la Cámara plantea la posibilidad de que, a largo plazo, se combata la rigidez del mercado laboral y se emprenda la creación de una estrategia de atracción de inversiones extranjeras a nuestro país. Sin mayores resultados, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) había hecho una sugerencia similar acerca de la eliminación del IVA en los productos citados. Por su parte, el analista Carlos Glower sostuvo que la reducción de los encajes podría redundar en una flexibilización del tipo de cambio (EDH 22.07 p.31).