Año 20
número 865
agosto 11
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Paradigmas predominantes en la economía, la política y la cultura
Política El FMLN no termina de convencer
Economía La disputa entre la CEL y Nejapa Power
Sociedad El desempeño de Héctor Silva según la opinión pública
Sociedad Una encuesta inquietante, ¿resurge la "Madre Rusia"?
Derechos Humanos Justicia y participación ciudadana (II)
Paradigmas predominantes en la economía, la política y la cultura
¿Qué se quiere decir cuando se habla de "paradigma"? Un paradigma es un marco de conceptos, valoraciones y normas —todo ello coherente entre sí— que sirve de horizonte de interpretación y explicación de un ámbito determinado de la realidad. Por supuesto que ante un mismo ámbito de realidad se pueden dar distintos paradigmas de comprensión y explicación, de igual fuerza conceptual, valorativa y normativa, con lo cual se tienen paradigmas opuestos y en competencia. La oposición y competencia entre paradigmas por lo general se resuelve a favor de uno de ellos, que se convierte en dominante —porque explica más cosas, porque es más convincente, etc. Es decir, es el más ampliamente aceptado por los grupos sociales involucrados en la comprensión y explicación de tal o cual ámbito de realidad. Los demás paradigmas no desaparecen, pero quedan en una posición de subordinación en relación al paradigma dominante. Asimismo, hay tantos paradigmas como realidades a explicar y comprender. Aquí nos ocuparemos de los paradigmas predominantes en los ámbitos económico, político y cultural. Es decir, nos ocuparemos de los marcos conceptuales, valorativos y normativos que en la actualidad son los dominantes en esos tres ámbitos.
En el ámbito económico el paradigma dominante es el paradigma neoliberal. Los componentes de este paradigma son: a) el capitalismo no sólo es el modelo económico que ha triunfado sobre otros modelos económicos (constatación de hecho), sino que es el mejor, el más acorde con las necesidades y preferencias del ser humano individual (valoración moral); b) la economía funciona mejor, es más eficiente y genera más riqueza si está regida por las fuerzas del mercado (oferta y demanda); b) el mercado no debe tener interferencias de ningún tipo, sino todo lo contrario. Esto quiere decir que el papel del Estado en la economía debe reducirse al mínimo —a través de la privatización de las empresas públicas y la eliminación de puestos de trabajo en el sector público—; d) para que la economía pueda despegar, después de una situación de estancamiento, debe pasar por un periodo de saneamiento. El mecanismo adecuado para ello es el "ajuste estructural": liberación de los controles de precios, reducción de los gastos sociales y congelamiento de los salarios mínimos en el sector público y privado; y e) el mercado debe regir las relaciones económicas a nivel mundial, por lo cual es necesario suprimir los obstáculos que se oponen a ello en cada país. Se trata de la liberación comercial, la cual está encaminada a "abrir" las economías locales a la llegada de bienes y servicios provenientes del exterior.
En el ámbito político el paradigma dominante es el paradigma de la democracia. Sus rasgos básicos son los siguientes: a) los partidos políticos son las instituciones idóneas para canalizar las demandas de los diversos sectores sociales, en un marco de legalidad y orden, hacia las instancias estatales encargadas de darles respuesta; b) las elecciones periódicas, trasparentes, plurales y competitivas son el mejor recurso para acceder a los puestos de dirección gubernamental. Allí donde se dan elecciones periódicas, la democracia puede considerarse establecida; c) la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es necesaria para evitar que uno de ellos concentre demasiado poder en sus manos, con lo cual se pueda dar pie al despotismo. Es decir, la separación de poderes permite el control y el balance entre las instancias fundamentales de decisión estatal. Allí donde hay un poder único —civil o militar— no hay democracia; d) el individuo es sujeto de una serie de derechos que no pueden ser violados so pena de atentar contra la naturaleza humana. Esos derechos son, básicamente, los siguientes: la libertad de posesión, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y la libertad de dotarse de un orden político que garantice esos derechos; y e) la democracia es una democracia política no una democracia social. Como tal, la democracia (política) ha sido diseñada para evitar el despotismo y garantizar que el orden político no atente contra el individuo, privándolo de su libertad u obligándolo a hacer cosas contrarias a su naturaleza humana. Eso que se llama "democracia social" se refiere a la igualdad económica y la justicia distributiva, las cuales no son el asunto central de la democracia y, además, no necesariamente tienen que estar asociadas a ella (aunque pueden estarlo).
Finalmente, en el ámbito cultural el paradigma dominante es el paradigma neoconservador, que se caracteriza por lo siguiente: a) el ser humano no tiene más asidero que la Fe para orientarse y tomar las decisiones fundamentales de su vida. Esa Fe se nutre de fuentes religiosas, en las cuales se encuentran, casi acabadas, no sólo las respuestas a los problemas que le aquejan, sino las normas de conducta correctas y buenas; b) el mal acecha permanentemente a la humanidad, expresado en guerras, avaricia, drogas, música pesada, excesivo relajamiento en las costumbres, etc. El mal tiene que ser combatido por los "buenos", los que han tenido contacto con las fuentes "divinas" y están dispuestos a lanzarse a una cruzada para convertir a los infieles. Se trata de un enfrentamiento del bien contra el mal; de los fieles contra los infieles; c) no cualquiera puede luchar contra el mal. Para ello hay que ser tocado por el "don", es decir, ser seleccionado por un Ser superior. ¿Cómo se sabe quién ha sido seleccionado (elegido)? Primero, por su "dominio" de las fuentes. Segundo, por su estilo de vida: austero, recto, ahorrativo, miembro de una familia estable y amante del orden. Tercero, por su determinación de combatir activamente a quienes propagan valores y estilos de vida distintos a los seguidos por los buenos: a los que tienen familias desorganizadas, a quienes promueven (o discuten sobre) el aborto, a las lesbianas y los homosexuales, a las feministas, a quienes se divorcian, a quienes les gusta la música heavy, etc.; y d) en algunas versiones religiosas, el neoconservadurismo se expresa como una vuelta hacia la vida interior, un moralismo y un puritanismo exacerbados. Un respeto y sumisión a la jerarquía eclesial, una defensa de la armonía familiar, la paz interior, el respecto a las autoridades políticas y la condena de todo aquello que socave la estabilidad social.
En conclusión, los paradigmas dominantes en el mundo actual son, en el plano económico, el neoliberal; en el plano político, el democrático; y en el plano cultura, el neoconservador. Es ineludible habérselas con esos paradigmas a la hora de comprometerse con un proyecto determinado de cambio social, económico o político.
El 24 de julio el FMLN llevó a cabo su IX Convención Nacional Extraordinaria, destinada a elegir a la dirigencia del partido. Tal como se había vaticinado desde el inicio de este proceso, fue el grupo de los "ortodoxos" el que más puestos obtuvo en la contienda interna. En efecto, Shafick Handal y los suyos supieron capitalizar a su favor la derrota electoral de los renovadores en las pasadas elecciones presidenciales, cosa que no era difícil en lo absoluto, tomando en cuenta que contaban con la fidelidad ejemplar —a veces rayana en el fanatismo— de la mitad del partido.
Tras la explosión de las pugnas al interior del Frente, hace casi dos años, se mencionaron aquí los peligros que podría traer al instituto político el predominio del ala ortodoxa sobre la llamada renovadora. No era que se creyera que el grupo de Handal conduciría al FMLN a las oscuras cavernas del pensamiento estalinista. Se trataba simplemente de señalar que para un considerable número de electores —bien sea por ignorancia, por fanatismo o por ambas— el color rojo en el espectro político significa automáticamente comunismo-castrismo-autoritarismo-privación de libertades individuales. Pues bien, los medios de comunicación, con el manejo simplista y tendencioso que han hecho de los términos "ortodoxo" y "renovador", han conseguido emparentar a la ortodoxia con eso que tantas personas temen del "comunismo" y a la heterodoxia con el "pragmatismo" del cual ha de ser acreedor cualquier partido de izquierda que pretenda estar a la altura de los nuevos tiempos.
Comentando la Convención en cuestión, en su columna de El Diario de Hoy del 29 de julio, Salvador Samayoa afirma: "los que piensan que ahora vamos a ver al Frente más radical y más confrontativo no conocen la psicología ni el sentido de la política ni los resortes emocionales ni las aprehensiones que con frecuencia mueven la conducta de algunos dirigentes del FMLN". Tiene razón. El problema es que gran parte de esos que temen a un partido de izquierda más radical porque no conocen su funcionamiento interno pertenece a un sector bastante significativo: el que da los votos.
Una cosa son los cuestionamientos entre analistas y otra muy distinta las percepciones del electorado con respecto a los políticos. Conviene no perder esto de vista a la hora de empezar a extraer conclusiones del último evento del Frente. Recordemos que sigue siendo Handal —y no Facundo Guardado— el que, junto con otras figuras del partido comunista, está de una u otra forma implicado en las investigaciones sobre los secuestros. Por desgracia, nuestros medios promueven el que la gente se entere más de eso que de "la psicología", "el sentido de la política" o "los resortes emocionales" de los efemelenistas.
Así pues, si tenemos en cuenta que, en materia electoral, el gran reto de los partidos es conquistar el 60 por ciento de abstencionistas y que entre ellos se encuentran quienes no le apostarían al Frente debido al concepto equivocado que se han hecho de él, la idea de que las cosas no serán nada fáciles para un FMLN dominado por la tendencia "radical" parece seguir vigente. Sin duda uno de los mayores desafíos de la nueva dirigencia del partido será buscar la forma de resolver los problemas de imagen que a diario hacen aparecer a algunos de sus miembros como prófugos de la justicia, amigos de la violencia o cómplices de delitos de extrema gravedad.
No obstante, tratando de analizar la delicada situación del Frente en toda su complejidad, la verdad es que las cosas no serían fáciles para el partido en ninguna de sus posibles circunstancias. Ya se vio que el predominio de los "renovadores" no era la salida, pues las disputas internas terminaron por desmejorar la imagen del FMLN y mermar considerablemente su caudal de votos. Y es que, desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, la consolidación del partido exige diversos ingredientes, nada sencillos de adquirir.
No basta con dar la impresión de pretender procurar la "modernización" del país —y no de querer impedirla—; hay que dar muestras, además, de ser un partido cohesionado, con capacidad de gestión y liderazgo, con cuadros competentes... En pocas palabras, el Frente debe parecer un partido que sabe quién es, qué quiere y hacia dónde va a encaminar al país. Todo eso, claro, es difícil para el FMLN, cuyas características actuales podrían equipararse al perfil de un adolescente: crisis de identidad, fuerzas encontradas, confusión, falta de claridad en los objetivos a largo plazo...
Pero más allá de la perspectiva de la opinión pública, vayamos a los problemas internos del Frente. Por supuesto, sería nefasto que el partido intentará levantar su imagen sobre la base de algo que no es. Pero para llegar a ser lo que se necesita que sea, es indispensable que empiece a sortear de una vez por todas los obstáculos que se lo impiden. Siguiendo de nuevo a Samayoa, cabe decir que en la Convención ni siquiera fueron abordadas la cuestiones de fondo, tales como "el dilema ideológico del partido", su posición ante "algunos aspectos urgentes y complicados de la problemática económica y política del país", "las relaciones políticas y personales entre los miembros de la diferentes tendencias" y la determinación del verdadero "liderazgo del futuro". Además, las candidaturas a alcaldes y diputados poseen bases poco sólidas y los cuadros elegidos no poseen más que un liderazgo formal, "pegado con saliva al resto del andamiaje partidario".
Es cierto que en este último evento los correligionarios dieron muestras de mayor madurez y racionalidad y que la configuración mixta alcanzada por los organismos de dirección pone de manifiesto una preocupación conjunta por el futuro del partido. Eso es un logro que no se puede dejar de reconocer. Pero los analistas coinciden en asegurar que el pluralismo logrado en la Convención es provisional, lo cual quiere decir que mientras las diferencias no empiecen a zanjarse —y la mejor forma de empezar a hacerlo es hablando de ello— la coexistencia de los grupos no será pacífica por mucho tiempo.
En ese sentido, es preocupante que el nuevo Coordinador General esté insistiendo en negar la existencia de tendencias al interior del Frente. Fabio Castillo se ha sumado a los efemelenistas que prefieren adoptar la vía fácil de censurar la palabra "tendencias", para reemplazarla por conceptos como "líneas de pensamiento", "divergencias" u otras. Así, pretenden reducir el problema a una discusión semántica, soslayando el hecho de que, llámense como se llamen, en el FMLN existen grupos de personas cuyas ideologías son tan opuestas que llegan al grado de considerarse enemigos entre sí, convirtiéndose en adversarios más temibles que el propio ARENA.
Según Castillo, los militantes del FMLN están "conciliados totalmente en lo que son las cuestiones fundamentales... no hay un militante que vaya a decir 'yo estoy procurando impulsar un proyecto neoliberal', no va a ver un militante que le vaya a decir algo que se salga de los principios y objetivos fundamentales. Esto es identidad, eso es unidad". Habría que preguntarle al nuevo Coordinador, en primer lugar, ¿por qué si están tan conciliados un grupo acusa de neoliberal a otro?; luego, ¿a qué se refiere cuando habla de "lo fundamental"? ¿Cuáles son esos principios y objetivos fundamentales con los que todos se identifican y por los cuales permanecen unidos? ¿Acaso no es justamente eso lo que urge esclarecer?
Una de las supuestas bondades de la privatización es que permitiría pasar de un esquema de monopolio estatal del manejo de los servicios a un esquema de libre competencia, donde los precios serían fijados por las fuerzas del mercado y donde el Estado emplearía menos recursos de las arcas públicas para prestar servicios o producir bienes. En el caso de la electricidad, este planteamiento resulta fuertemente cuestionado si consideramos la reciente polémica surgida entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), encargada de suministrar parte de la energía eléctrica consumida en el país, y la empresa Nejapa Power, una entidad privada que actualmente vende energía eléctrica generada por medios térmicos a la CEL.
La principal discrepancia en este caso estriba en que la CEL desea rescindir el contrato inicial debido a que estima estar comprando la energía eléctrica a precios demasiado elevados. Esta disputa llama la atención sobre la inconveniencia de los procesos de reducción del Estado y de privatización en tanto que éstos no son en sí mismos la solución a los problemas de la ineficiencia y del excesivo gasto público. De hecho, ni siquiera se ha logrado que la privatización de los servicios básicos se haya traducido en una reducción de las tarifas; por el contrario, las tarifas telefónicas locales y eléctricas se han incrementado (Proceso, 863). Estos incrementos tarifarios inclusive están basados en disposiciones legales como el artículo 90 de la Ley General de Electricidad, el cual establece que las distribuidoras podrán realizar ajustes en sus tarifas cada tres meses.
De acuerdo a personeros de la CEL, los problemas por los precios en las tarifas se remontan prácticamente hasta los primeros meses en que inició sus operaciones la empresa Nejapa Power. A sólo seis meses después de ese inicio, CEL señalaba ya que estaba comprando el kilovatio de energía eléctrica a un precio a todas luces excesivo. Mientras se estimaba que el precio de mercado del kilovatio se encontraba cercano a los 40 centavos de colón en el caso de Guatemala, la CEL compraba a un precio de entre 70 y 80 centavos el kilovatio a la compañía en cuestión. Inexplicablemente, esta situación se ha mantenido por casi cinco años, y es hasta 1999 que la CEL ha decidido emprender acciones para rescindir el contrato de suministro.
De acuerdo al recién nombrado Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Ernesto Lima Mena, continuar con el contrato con Nejapa Power implicaría pagar un sobreprecio de cerca de 33% por kilovatio (lo que representa un total de 25 millones de dólares anuales). Considerando que el contrato podría mantenerse durante un período de 15 años más, esto implicaría cerca de 375 millones de dólares extra y, según la misma fuente, provocaría "que CEL quebrara en un largo plazo [pues]...por más que CEL sea eficiente en la generación hidroeléctrica...ese beneficio no se lo puede trasladar al pueblo, porque tiene que comprársela [la energía] a Nejapa Power".
CEL ha apelado el contrato recurriendo a un arbitraje internacional que determine cuáles deberán ser las acciones a tomar para ahorrarse los costos adicionales de 25 millones de dólares anuales que le supone mantener su relación con Nejapa Power bajo los términos del contrato actual. Según Lima Mena, en octubre de 1998 esa empresa ofreció rescindir el contrato a cambio de 135 millones de dólares, lo cual fue rechazado por CEL.
Frente a estos señalamientos iniciales, la reacción de Nejapa Power fue negar las imputaciones de sobreprecio de CEL en un comunicado donde señalaba "que el precio de suministro de energía es fijado por una fórmula estipulada en el contrato, el cual puede bajar o subir, dependiendo de variables sobre las cuales Nejapa Power no tiene ningún control, ni ningún beneficio, tales como las variaciones en los precios del petróleo y el monto de la capacidad de la planta que se utiliza."
Según el mismo comunicado, Nejapa Power realizó la inversión "pese a los riesgos involucrados" y, desde siempre, sus relaciones con CEL han sido "excelentes", al grado que en los años 1997 y 1998 incrementó sus ventas a la CEL en cerca de 33% (de 700 Gigawatts hora a un promedio de 930). Sin embargo, no debe obviarse que para esos años la generación de CEL a través de medios hidroeléctrico disminuyó notablemente por efecto de la sequía experimentada en 1997.
Al examinar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo durante los últimos cuatro años, es obvio que los argumentos de Nejapa Power son cuestionables, pues no siempre los precios del petróleo han experimentado tendencias hacia el alza. Durante 1995 el precio promedio del barril fue de 18.55 dólares, para 1996 fue de 20.1, para 1997 fue de 20.3, para 1998 fue de 14.1 y para el primer trimestre de 1999 fue de 12.9. Lo anterior implica que el precio del petróleo, después de sufrir una alza inicial de 8% y de 1% para 1996 y 1997, respectivamente, ha venido decayendo fuertemente a tasas de 30% y 9% para 1998 y el primer trimestre de 1999.
Esto implica que durante los primeros tres años de operación (1994-1997) pudo haberse justificado un alza proporcional al incremento en los precios del petróleo, los cuales, como ya se dijo, fueron leves (cerca de 10%). Sin embargo, los precios se incrementaron en 33% y para los períodos siguientes Nejapa Power, aunque debió haber reducido sus precios en una cuantía bastante considerable, puesto que los precios del petróleo disminuyeron fuertemente, no lo hizo.
Aparte de un posible mal manejo de los precios de la electricidad, en realidad el contrato Nejapa Power-CEL plantea el problema de los sobreprecios que deben pagarse por comprar energía mediante medios de generación relativamente más costosos. La energía generada por medios hidroeléctricos, aparte de que puede provocar efectos sociales y ambientales adversos por implicar la construcción de grandes represas, es relativamente más barata que la generada por medios térmicos, pero tiene un límite a su capacidad de generación que obliga a obtener energía por otros medios. De hecho, durante los últimos 20 años CEL ha expandido su capacidad de generación básicamente a través de la generación por medios térmicos, pero en los últimos años se ha desperdiciado la oportunidad de comprar energía prácticamente a mitad de precio a Guatemala.
Este caso es una muestra más de que la empresa privada, al igual que el Estado, no necesariamente es sinónimo de eficiencia. Además, este último no ha procedido racionalmente en las adjudicaciones de contratos, lo cual es evidente en este caso. Esto ha representado una pérdida anual de 25 millones de dólares, equivalentes a cerca de un 0.24 por ciento del PIB y a un 10% del total del déficit fiscal. Más aún, han llegado a existir omisiones imperdonables, pues desde 1995 se está pagando un sobreprecio a la electricidad comprada a Nejapa Power y sin embargo han tenido que transcurrir más de cuatro años, un cambio de gobierno y un cambio de Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones para que se reconsidere el contrato con esa empresa.
Esta puede ser una buena oportunidad para que el nuevo gobierno ponga de manifiesto su voluntad de manejar los asuntos públicos en beneficio de los sectores mayoritarios de la sociedad, pues hasta ahora el manejo de las privatizaciones no está rindiendo los frutos de eficiencia, reducción de precios y mayor dinamismo económico que se esperaban. Una mejor negociación de parte del Estado es recomendable para impedir que la empresa privada internacional se beneficie a costa de abusos en la fijación de precios de servicios básicos o a través de la obtención de prebendas gubernamentales.
A simple vista y desde una lectura optimista, los resultados de la última encuesta del IUDOP (Evaluación del segundo año de gestión de los gobiernos municipales del AMSS) son muestra de que la población —¿por fin?— ha reconocido la labor del Alcalde de San Salvador. El hecho de haber obtenido la más alta calificación entre sus pares y el que su alcaldía haya sido la segunda administración mejor evaluada del Area Metropolitana de San Salvador podrían ser motivos suficientes para suponer que el futuro político de Héctor Silva se muestra promisorio.
Pero, ¿cabe el optimismo y el regocijo cuando un alcalde que se ha distinguido hasta la fecha por emprender proyectos inéditos en la historia del país (el rescate del Centro Histórico y la puesta en marcha de la planta procesadora de basura, son dos de ellos) y por una actitud cualitativamente diferente a las miserias que campean en la vida política nacional obtiene una nota de 7.16 en su desempeño (sólo dos décimas más alta que su más cercano competidor arenero)? ¿Acaso no es preocupante que una alcaldía integrada por profesionales y que se ha esforzado por realizar una gestión cristalina y honesta pierda el primer lugar de las evaluaciones positivas ante una administración (la de Antiguo Cuscatlán) acusada de manejo fraudulento de zonas verdes y excesiva politización de sus decisiones?
Los resultados de la encuesta sorprenden y preocupan. En un primer nivel, porque señalan lo volátil y paradójico de la opinión de los ciudadanos sobre sus gobernantes. Que, por ejemplo, Silva haya sido nombrado en 1998 personaje del año o que haya logrado sentar en una mesa —venciendo barreras ideológicas— a Calderón Sol y a la empresa privada para suscribir acuerdos de desarrollo ciudadano, parecen no impresionar a la ciudadanía o al menos no lo suficiente como para no otorgarle al alcalde y su equipo una nota desde todo punto de vista mediocre. La encuesta obliga a preguntarse entonces qué cosa tendría que haber hecho Silva para ser merecedor de una calificación sobresaliente al momento de ser evaluado.
Es lógico que en un contexto como el nuestro, en el cual gran parte de la población habita en la pobreza y aguarda satisfacer sus necesidades más básicas, la acción inmediata sea mejor vista que los proyectos a largo plazo y que las obras a nivel micro sean mejor recompensadas electoralmente que las de nivel macro. En este sentido, el pecado de Silva —el que lo mantiene ante la opinión pública en la mediocridad y lo sitúa al mismo nivel de otros funcionarios que no poseen sus virtudes— parece ser su apuesta por el futuro y por proyectos amplios y de gran impacto. Medidas como extender los servicios administrativos edilicios, emprender una reforma del sistema tributario municipal o llevar a cabo un proyecto para el ordenamiento de la ciudad, por muy importantes y trascendentales que sean, pasan inadvertidas para ciudadanos que apenas subsisten cotidianamente.
En un segundo nivel, la encuesta muestra que ni siquiera con su administración edilicia de corte más profesional y más laureada por los analistas del país el FMLN logra superar a ARENA en su desempeño político. Es significativo que la correlación de fuerzas entre los partidos más importantes de la izquierda y la derecha no se haya modificado sustancialmente, aun cuando el FMLN competía en la evaluación con su delfín político y ARENA con administraciones edilicias de corte más tradicional y politiqueras. Así pues, a los ojos de los ciudadanos, ni los funcionarios edilicios más capaces del Frente merecen ser mejor evaluados que los de ARENA. Que Héctor Silva haya obtenido una intención de voto para su reelección del 54.8% de la muestra no dice ni apunta a nada definitivo, especialmente si se considera que ARENA aún no ha postulado a ningún candidato para disputarle la alcaldía en las elecciones del próximo año.
Con estos datos, ¿sigue siendo promisorio el futuro electoral de Silva? Depende. En primer lugar, el alcalde y su equipo tienen que demostrar que la profesionalidad y capacidad que poseen pueden ponerse en marcha para satisfacer las exigencias más urgentes de la población. Silva ganó su puesto presentándose como un candidato diferente; el próximo año tendrá que demostrar que las características que lo hacen diferente se han traducido en eficiencia para resolver necesidades mínimas e inmediatas. Aunque Silva puede ya ufanarse —y con razón— de haber alcanzado metas importantes, para las próximas elecciones debe esmerarse en alcanzar una eficiencia que sea reconocida por los electores por su cristalización en obras que les sean cercanas e incidan en su calidad de vida a corto plazo.
En segundo lugar, el futuro político del alcalde depende, por supuesto, del tipo de contrincante que le busque ARENA. De continuar la tendencia que se ha expresado en la encuesta, frente a un competidor con similares características Silva no logrará su reelección argumentando que sus proyectos necesitan de un período más para concretarse ni basando su candidatura en la experiencia alcanzada, pues esta experiencia y estos proyectos parecen no despertarle mayor emoción a los electores. Si la población no comprende las repercusiones, por ejemplo, del rescate del Centro Histórico para su vida diaria, Silva se la verá difícil para competir contra un candidato que también proceda del sector profesional y sea conocido por la población (Elizabeth de Calderón Sol y Rodrigo Avila, dos de los nombres que baraja ARENA para la candidatura, poseen estas características).
Finalmente, considerando que para la población el desempeño de Silva no difiere en mayor grado que el del equipo edilicio de Antiguo Cuscatlán —una administración arenera más bien típica y con proyectos mucho menos ambiciosos—, el impulso definitivo a su reelección dependerá más de las alianzas partidarias que lo respalden que del peso y el capital político que posea su figura. En este sentido, Silva y el grupo que apoya su reelección —en el cual destaca Héctor Dada— parecen estar ganado terreno. Hasta el momento, el emproblemado FMLN no ha dado muestras de que, como en el pasado, haya una tendencia a su interior con la fuerza suficiente para bloquear la candidatura del alcalde —lo que de darse significaría un nuevo suicidio electoral. Por otro lado, las condiciones puestas por el CDU para participar en una coalición que respalde la reelección no son insuperables e incluso algunas están aseguradas de antemano por ser parte del estilo de dirección de Silva (pluralidad del Concejo Municipal y participación en la elaboración del programa de gobierno local).
De lo que no cabe duda es que la competencia por la alcaldía de San Salvador será apretada. El que Silva aún no logre convencer del todo a los habitantes de su municipio sobre la calidad de su desempeño es un punto a favor del candidato que proponga ARENA. También lo es que sólo un poco más de la mitad de los consultados piense votar por aquél en una carrera sin competidores. La encuesta del IUDOP debe, más que causar una sensación de adelantada victoria en las filas de Silva, mover a la reflexión sobre cuál tiene que ser la estrategia administrativa para incidir positivamente en la opinión pública. Lo que se ha visto hasta ahora es que Héctor Silva es un buen alcalde, con proyectos importantes y acertados bajo el brazo, pero no un buen político, del tipo que sabe venderse a los electores apostando a obras populistas de corto plazo. Lastimosamente para Silva y para el país, parece ser lo segundo y no lo primero lo que hace ganar las elecciones .
El próximo año 2000 habrá elecciones en la República Federal de Rusia. Los resultados de las elecciones de 1996 asustaron a la ex embajadora de los EE.UU. en la ONU, Jeane Kirkpatrick, pues en ellos parecía resurgir el "imperialismo panruso". Seguramente la ex embajadora se volverá a inquietar si ha tenido a bien leer los resultados de la reciente encuesta: "El ciudadano soviético de a pie y sus héroes culturales: los personajes más destacados de todas las épocas y pueblos". El Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública ha repetido en abril de 1999 la investigación que realizó en 1989. El diario El País (Madrid) resume los resultados de la encuesta, comentando "cómo ha evolucionado la mentalidad de los rusos en el transcurso de una década y hacia dónde van los cambios".
Ya es sintomático el título que reporta El País: "De Lenin a Pedro I y de Einstein a Napoleón". Una encuesta no cambia necesariamente la historia, pero es un juicio de valor sobre la deseada nueva historia. Por eso, esta historia tiene algo de misterio y de interrogante. El primer cambio, entre "los personajes más destacados de todas las épocas y pueblos" encabeza la lista el zar Pedro I (con un apoyo del 45% en 1999 frente al 39% en 1989). Pedro I desbanca a Lenin, cuyos admiradores se reducen del 77% al 42%. "De la mentalidad de la gente ha desaparecido la imagen de Lenin como corifeo de ‘la ciencia de las ciencias’, —el marxismo—, y de la lista de los ‘héroes’ ha desaparecido el mismísimo Marx, que en 1989 estaba en segundo puesto con un 44% y que hoy sólo es mencionado por un 5% de los encuestados".
Los nuevos héroes se relacionan hoy más con el poder imperial y militar; Stalin aparece en el cuarto lugar (con el 35% de los votos), uniendo su imagen con la victoria de la II Guerra Mundial. "Esta admiración ante la fuerza se reflejó también en la lista de los héroes culturales extranjeros", que por cierto han perdido su peso específico en la encuesta de 1999. En 1989 Einstein estaba en primer lugar, mientras que en 1999 Napoleón sube del 6% al 19% de los votos. Ascienden los votos a favor del primer cosmonauta, Yuri Gagarin, del 18% al 26%, y también suben, de forma preocupante, los votos a favor de Hitler, del 2% al 7%. "Por contraste, resulta muy sintomática la casi total ausencia en la lista de portadores de la mentalidad liberal. El más importante entre ellos es el científico y premio Nobel de la Paz, Andrei Sájarov, que ha obtenido un 8%, exactamente lo mismo que el líder soviético Leonid Breznef".
Al analizar los nombres de personajes hoy vivos que aparecen en esta lista de los "grandes", Mijail Gorbachov, que aparecía con un 18% de los votos en 1989 (época de la perestroika), en 1999 sólo obtiene el 4% de los votos, con lo que obtiene el mayor porcentaje entre el resto de los actuales personajes. Esto "significa simplemente que, para el ruso actual, no hay autoridades de peso y no hay profetas ni en la propia patria ni en la ajena".
De los políticos rusos en activo, el voto es descendente: Boris Yeltsin (3%); el empresario S. Fiódorov (2%); el líder comunista G. Ziugánov (1%), el populista V. Zhirinosky (1%); el ex jefe de gobierno Y. Primakov (1%) "Por lo visto, la sociedad rusa no ha encontrado figuras de peso que personifiquen la idea de las reformas liberales, por una parte, y la restauración comunista, por la otra... Los electores convencidos de que Rusia debe seguir su propio camino sin mirar hacia Occidente, apuestan o bien por Yuri Luzhkov, el alcalde de Moscú, o bien por Yevgueni Primakov. Por el primero se inclinan claramente los que tienen puntos de vista monárquicos y tradicionales"..., aunque sienten que Luzhkov es demasiado demócrata y partidiario de la economía de mercado...
De acuerdo a El País, la presente encuesta rezuma una gran nostalgia indefinida por la historia de la "Madre Rusia". "Si se comparan las respuestas a preguntas semejantes en 1989, 1993 y 1999, se aprecia un auge de los motivos nostálgicos". Entre los encuestados crece la asociación con "nuestro pasado, con nuestra historia; los grandes personajes de mi nacionalidad". Al mismo tiempo, desciende su asociación con "el Estado en que vivo". "La mayoría de los encuestados ven al estado más bien como una fuerza enemiga. En 1989, un 6% suscribía la tesis: ‘El Estado nos da tan poco, que no le debemos nada’. Hoy, un 38% apoya semejante planteamiento. Y a la inversa, el postulado: ‘La situación en que se encuentra el Estado nos obliga a ayudarlo’ tiene el apoyo del 17%, en lugar del 40% que tenía en 1989".
También el concepto de "la patria actual" cede progresivamente su puesto a una "patria histórica" idealizada. "Y el pasado soviético se tiñe con tonos cada vez más nostálgicos. Hasta 1993, un 45% del país prefería que todo siguiera como estaba antes de la perestroika. Hoy, ese grupo supone un 58% ( y sólo un 27% tiene opiniones opuestas)".
Este entroncamiento en la "Madre Rusia" se traduce en un distanciamiento del mundo occidental. "Paralelamente a la nostalgia del pasado aumenta la mentalidad antioccidental y militarista y también la conciencia de pertenecer a la comunidad religiosa ortodoxa. En relación a Occidente, la decepción predomina sobre la agresividad".
De la euforia occidental de los años de la perestroika se pasa a la creciente decepción. "En 1993, por ejemplo, el sorprendente porcentaje de un 40% de la población quería que sus hijos emigraran al extranjero y sólo el 34% estaba en contra. Hoy esta proporción ha cambiado radicalmente y mientras un 21% está a favor de la emigración, un 55% la rechaza. La imagen del ciudadano occidental se ha hecho más dura y cerrada...Los resultados indican que Occidente está recuperando la imagen del principal enemigo de Rusia y así lo opinan el 30% de los encuestados".
Crece el porcentaje de quienes opinan que la aproximación al occidente y la libertad de viajar al extranjero han sido más bien perjudiciales que beneficiosos para Rusia. Frente a la doble opción: "Rusia debe incorporarse activamente a la cultura mundial y orientarse hacia las normas de vida occidentales" y "Rusia debe luchar contra la influencia occidental, ajena al pueblo ruso y hacer renacer su forma de vida autóctona", sólo un 23% opta por el primer postulado, mientras que 58% insiste en el segundo postulado. Un 57% opta por el postulado "los rusos son un gran pueblo con una importancia particular en la historia mundial" , Y sólo un 36% cree que "los rusos son un pueblo como otro". Han sido los jóvenes, en un 67%, quienes votaron a favor del primer postulado. "No parecen pues justificadas las esperanzas de que la mentalidad antioccidental se diluya a medida que crezcan las jóvenes generaciones".
Leonid Sedov, sociólogo del Centro Ruso de Estudio de la Opinión pública, concluye que "el modelo social de corte liberal tiene pocas posibilidades de establecerse en Rusia, dada la mentalidad de los rusos hoy y las tendencias en su desarrollo. Más probable parece la tendencia hacia un régimen moderadamente antioccidental y anticomunista de carácter autárquico, que estará impregnado por los valores de la ortodoxia y la Derzhava [Potencia, País Fuerte, término ruso, que tiene que ver con Rusia como potencia en el mundo]". En el ya próximo año 2000 habrá elecciones en Rusia. Sus resultados, siempre importantes en el escenario mundial, nos dejan en una interrogante espera. ¿Volverá a renacer la "Madre Rusia"?
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Colaboración de Francisco Javier Ibisate, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA
Como se ha podido observar, el condenable asesinato del sargento Jorge Alberto Palacios Carrillo ha generado una buena cantidad de especulaciones alrededor de su motivación. La muy difícil misión —quizás más complicada en nuestro país— de encontrar la verdad y hacer justicia le corresponde básicamente a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Órgano Judicial. Esperaremos, sin mucha ilusión, que en este caso algo se haga en esa dirección para que realmente comencemos a avanzar en el combate a la impunidad; si no, éste —al igual que los casos Saravia, García Prieto, Guth Zapata, Velis y tantos otros— deberá incluirse entre los hechos sin resolver que, por encima de lo que se diga para hacerla presentable, nos confirman que nuestra realidad no es tan alentadora.
Pero mientras, no vale instalarse en el lamento; se debe hacer algo y a nosotros nos corresponde —desde el espacio académico que ocupamos y la práctica en la defensa de los derechos humanos que desarrollamos— contribuir a la generación del debate y la acción atinada que coadyuve a la superación de los obstáculos que nos impiden vivir en una sociedad sin la violencia actual, sobre la base del funcionamiento de las instituciones y en el marco de una legalidad respetable y respetada. Así las cosas, consideramos pertinente dar a conocer —aunque sea de manera muy elemental— otras experiencias en el ámbito de la protección de víctimas y testigos; ello, porque una de las razones más importantes para que la impunidad siga reinando en El Salvador se encuentra en el reducido número de denuncias por hechos delictivos que se cometen.
Veamos el panorama que al respecto, a mediados de 1998, nos mostró el Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP). Sólo tres de cada diez personas víctimas de la delincuencia presentaron sus casos a las autoridades correspondientes; ni siquiera cuando se trató de homicidios y secuestros la gente se animó a denunciar el total: de los primeros delitos, las autoridades conocieron únicamente el 67.7% y de los segundos el 61%. Las principales razones para no buscar justicia por las vías oficiales, según la gente, fueron las siguientes: "es por gusto" y "no hacen nada las autoridades" (50.7%); "no tenían pruebas" (14.3%); "es peligroso" o "le da miedo denunciar" (13.5%).
Estos aspectos están relacionados entre sí: no vale la pena arriesgarse en algo peligroso si, después de las enormes dificultades para reunir algunos indicios, al final el esfuerzo no valdrá la pena. Considerando esa lógica actitud —que no puede superarse con los retóricos llamados oficiales que apelan a la responsabilidad ciudadana— cabría plantear al menos dos interrogantes que, resueltas en forma positiva, contribuirían a la construcción de una salida para la población que ha sido víctima o que puede brindar su testimonio y, sobre todo, para la sociedad en general. Veamos: ¿qué pasaría si, en nuestro país, existieran verdaderos alicientes para fomentar la participación de la población en la investigación judicial y la aplicación de justicia? ¿por qué no se estudian experiencias impulsadas en otros países, a fin de tomar lo bueno y desechar lo malo de ellas en función de realizar acá proyectos similares?
Para romper eso que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha calificado como un "círculo vicioso" —la gente no declara por miedo a la delincuencia y el Estado no actúa porque no hay gente que declare— se debe hacer algo. Y precisamente de lo realizado en los Estados Unidos de América en ese campo, se puede rescatar lo que continuación presentamos.
El programa de traslado y protección de testigos en ese país comenzó a dar sus primeros pasos a mediados de los años sesenta. En la actualidad se encuentra bajo la responsabilidad del fiscal general y éste —dentro de sus facultades— puede, tanto dentro del ámbito del gobierno federal como estatal, desplazar personas y adoptar otras medidas para garantizar su seguridad en casos relacionados con el crimen organizado u otros delitos considerados "serios"; además de la que se encuentra directamente involucrada, pueden incluirse en las acciones de protección otras personas que por su vinculación familiar o cualquier otro tipo de asociación, también puedan correr algún peligro.
El fiscal general también puede: proporcionar documentos para establecer nuevas identidades; proveer de alojamiento y transporte para muebles; facilitar recursos económicos para la subsistencia, en la cantidad y el tiempo que lo estime conveniente; ayuda para obtener empleo y garantizar la autosuficiencia; revelar o mantener en secreto la identidad y ubicación cuando ya se ha superado el riesgo, valorando las circunstancias en función del programa, de lo que su decisión aportaría a la opinión pública y de la conducta de la persona favorecida. Cabe señalar que, antes de incluir a alguien en el programa, el fiscal general debe —hasta donde sea posible— buscar información sobre sus actividades y estado psicológico, asimismo, debe evaluar la seriedad del caso y el aporte del potencial testigo a la investigación, junto al riesgo posible que podría generar su declaración para otras personas o bienes en la comunidad a la cual será trasladado.
Existe un memorándum de entendimiento previo entre las partes, mediante el cual la persona a incluir en el programa se compromete —entre otras cosas— a: brindar la información que posee a las autoridades correspondientes; no cometer ningún delito; reportar su ubicación y actividades posteriores. Si las circunstancias lo exigen, antes de la evaluación inicial y el cumplimiento de otros requisitos establecidos, el fiscal general puede brindar protección temporal; también puede suspender y finalizar el servicio de seguridad a quien viole el memorándum de entendimiento o brinde información falsa, para lo cual debe notificarle antes tal decisión y las razones que la sustentan.
Sin lugar a dudas, este programa en los EE.UU. es caro y presenta algunos riesgos que incluyen la posibilidad del error en lo relativo a las personas beneficiadas. Pero esas dificultades ciertas son superables en buena medida con la participación de la llamada "sociedad civil". Ejemplo de ese involucramiento es el caso de una experiencia de protección de víctimas y testigos en Pernambuco, Brasil, impulsada desde enero de 1996 por el Gabinete de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares (GAJOP), que es una expresión organizada de eso que apodan "no gubernamental".
La acción que esta institución social lleva a cabo se denomina "Programa de apoyo y protección a testigos, víctimas y familiares de víctimas de la violencia" o PROVITA. Tras su inicio sólo con el esfuerzo del GAJOP, se logró después el involucramiento del Ministerio Público del Estado para su mayor desarrollo. PROVITA brinda asistencia de diverso tipo a testigos y víctimas de hechos tales como homicidio tentado o consumado cometidos por grupos de exterminio, policías, otras agentes estatales e integrantes del crimen organizado. Las personas acogidas se comprometen a brindar información a los órganos encargados de impartir justicia y sus auxiliares, con el fin de eslarecer los delitos y contribuir a disminuir la impunidad.
En una publicación reciente del GAJOP, encontramos un texto titulado "Rompiendo la ley del silencio". En él se pregunta qué es lo que hace romper el silencio. Según el artículo, rendir testimonio es un acto de coraje y valor porque hay fuerzas que vuelven desfavorable el hecho de presentar una denuncia: la policía, los "escuadrones" y hasta la misma familia. Es un acto, también, de ciudadanía. La motivación para denunciar puede ser la indignación, el sufrimiento o simplemente el hecho de no aguantar más seguir callando lo que se conoce sobre el delito realzado. Según el Gabinete, la persona denunciante, al involucrarse, se priva de su propia libertad; sin embargo, el programa de protección la aleja de muchos riesgos y la alienta para cumplir con su responsabilidad, sabiendo que contará con recursos materiales y auxilio profesional.
Sí hay preocupaciones; veamos tres iniciales y básicas, sobre todo cuando la ubicación social de la persona es difícil: al ingresar al programa podría perder su empleo y dejar de contribuir al sostenimiento de su grupo familiar; el alejamiento de sus seres queridos, si las circunstancias no dejan otra salida; y la posible pérdida de sus bienes o ahorros. En una segunda fase, ya fuera de peligro, la persona que ha dado su testimonio se da cuenta del riesgo que vivió y puede sufrir un trauma posterior que le genere depresión, sentido de aislamiento, sentimientos de angustias, desmayos y pánico.
Ante lo anterior, el equipo responsable del GAJOP trata de atender el caso de manera integral a fin de contribuir a que la persona ingrese al programa de la mejor forma y asegurar su salud mental; asimismo, el personal prepara a la persona para que sea consciente del objetivo que se busca con su testimonio y, así, pueda proporcionar el mayor detalle posible. En la actualidad —a sólo tres años de su nacimiento— PROVITA se encuentra en una etapa de expansión a nivel nacional, considerando y adaptándose a las diversas realidades de cada Estado en el enorme territorio brasileño. Para finales de 1999, la meta propuesta es atender 270 casos en ocho Estados.
Este esfuerzo —tanto por su realización como por sus posibilidades de extensión— ha empujado a la discusión de un proyecto de ley que, a estas alturas, no sabemos si ya fue aprobado por el Congreso Nacional. Se trata de la "Ley de protección especial a víctimas y testigos". Según el texto del documento, las medidas de seguridad se conceden dependiendo de la gravedad del caso; gozan de sus servicios el o la cónyuge o compañero de la víctima o testigo; sus ascendientes y descendientes (hijos de la víctimas; y sus otros dependientes, si existen. Están excluidas las personas cuya conducta sea incompatible con las restricciones del programa; las que estén cumpliendo una condena; y las implicadas o acusadas por algún crimen que se encuentran bajo arresto.
El programa de protección tiene una duración máxima de dos años, con una opción de prórroga; puede finalizar antes, a petición de la persona interesada o del Consejo Consultivo. Este último es quien lo dirige y está integrado por un representante del Ministerio Público, un representante del Poder Judicial, así como por representantes de órganos públicos y privados relacionados con la Seguridad Pública y la defensa de los derechos humanos.
La solicitud de protección al Consejo Consultivo la puede hacer: la persona interesada, el Ministerio Público, la autoridad policial encargada de investigar el caso, el juez competente que conoce del mismo, una institución pública o una entidad de la "sociedad civil" que trabajen en el campo de los derechos humanos. Para la aprobación de la misma se exigen documentos e información que comprueben la identidad; además se requieren estudios de personalidad, estado físico y psicológico de la persona que brindará su declaración para coadyuvar con la justicia. El programa contempla la posibilidad de brindar custodia policial temporal si es necesaria, siempre pendiente de una resolución favorable a la solicitud hecha.
Entre sus medidas para favorecer a la persona participante, el programa incluye: seguridad en el hogar y control de telecomunicaciones; escolta al salir de la residencia, ya sea para ir al trabajo o para asistir a las audiencias judiciales; cambio de residencia o estadía en un lugar seguro durante el período de la investigación y el juicio; protección de la identidad de la víctima; ayuda financiera, en caso no pueda seguir trabajando por su participación en el programa; suspensión de actividades laborales sin consecuencias negativas, si es servidor público o militar; apoyo y asistencia social, médica y psicológica.
A la hora del jurado, la persona considerada "testigo clave" no tiene que estar presente e incluso se puede alterar su nombre. Como soñar no cuesta nada, podemos imaginar acá un verdadero esfuerzo que incluya —entre sus propuestas y acciones— programas como los anteriores. ¿Que las características del fenómeno en El Salvador son distintas? ¿que nuestro territorio es muy pequeño y no se puede esconder a nadie? ¿qué...? Las repuestas para superar las trabas sólo se podrán encontrar si realmente existe voluntad política por parte de los órganos estatales y los partidos políticos para combatir y reducir la impunidad. Desde la sociedad, hay muchas y muchos que podrían participar.
NACARA. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, presentó, el 05.08, al congreso estadounidense una propuesta que podría lograr que miles de centroamericanos tramiten su residencia legal, si ingresaron en 1995. La propuesta consiste en que los beneficios de la ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA), que ya son concedidos a nicaragüenses y cubanos, sean brindados de igual forma a los demás centroamericanos. Actualmente, unos 240 mil salvadoreños pueden solicitar el beneficio de la residencia permanente en Estados Unidos bajo dicha legislación si, entre otros requisitos, llegaron a ese país en 1990. Con las modificaciones propuestas, se beneficiarían también los compatriotas que llegaron ilegalmente hasta el 1º de diciembre de 1995. Según se afirmó el 06.08, Clinton pidió al congreso la pronta "ratificación de la Ley de Igualdad para Centroamericanos y Haitianos de 1999". Agregó que esta iniciativa reafirma el compromiso de su administración con el progreso de la democratización y estabilización de Centroamérica y Haití, así como con el trato equitativo para los inmigrantes de esos países. Según el mandatario, a diferencia de los cubanos y nicaragüenses que se han acogido a NACARA, los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y haitianos han recibido un trato inferior (LPG 07.08. p.5).
EX PATRULLEROS. Al parecer, los ex patrulleros están dispuestos a llegar a la violencia si no se satisfacen sus demandas económicas. El 09.07, anunciaron que darían 72 horas al gobierno para que nombrara una comisión de alto nivel que se encargue de resolver su problemática; de lo contrario, aseguraron que recurrirían a "medidas drásticas". "Estamos esperando que el Presidente nos diga con quién vamos a negociar. Que él tome la responsabilidad y nombre una comisión con poder de decisión que pueda solventar el problema", expresó José Luis Gálvez, asesor jurídico de la Asociación de Productores Agrícolas Salvadoreños (APROAS). Los ex patrulleros mantienen su presencia en las carreteras debido al estancamiento de las negociaciones con el gobierno. "Hemos movilizado el 30 por ciento de nuestra gente, y el 10.08, será el doble. Así sucesivamente hasta donde sea necesario", agregó Gálvez. Actualmente, hay por lo menos 45 mil desmovilizados que apoyan esta lucha. El dirigente del movimiento de ex patrulleros, Marcial Meléndez, aseguró que ellos responsabilizan anticipadamente al presidente Francisco Flores por cualquier acción violenta que suceda. Las exigencias de los ex patrulleros están orientadas a la aprobación de la Ley de Protección de Desmovilizados del Servicio Territorial, que permanece en suspenso por la falta de un fondo (EM 09.07 p.3).
ARENA. El partido ARENA definirá, el próximo 15.08, a 48 precandidatos a diputados por el departamento de San Salvador. El director departamental, Rodrigo Samayoa, dijo que se seguirá respetando el mandato de las autoridades del partido, que ordenaron incorporar como precandidatos a los actuales diputados. "Se propondrá por lo menos 48 nombres para tener los 16 propietarios y 16 suplentes, y que el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) tenga un margen para poder seleccionar a las personas más convenientes", explicó. El COENA conocerá las listas de precandidatos y seleccionará, previa consulta de hojas de vida y trayectoria profesional y política, los candidatos definitivos. ARENA ya efectuó convenciones en Usulután, Morazán y La Unión. Luego siguieron Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán. La última convención se celebró en La Paz. Sin embargo, los areneros van a su próxima Convención Departamental sin haber elegido al candidato para la alcaldía capitalina. Antonio Elías Saca, señalado como posible precandidato a la Alcaldía, descartó la precandidatura. "Tengo otras prioridades que no son políticas", afirmó. Rodrigo Samayoa también declinó aceptar la postulación, pues aseguró que prefiere continuar como diputado del Parlamento Centroamericano (LPG 10.08 p.16).
CONVERGENCIA. Los miembros de la Comisión Política de Convergencia Democrática (CD) darán inicio, el 15.08, al proceso de unificación con el Partido Demócrata (PD). Los 291 delegados que participaron en la tercera Convención Nacional Ordinaria, realizada el 08.08, aceptaron el documento presentado por el secretario general del partido, Rubén Zamora, donde se trazan los lineamientos políticos para los próximos dos años. El planteamiento es claro: con la fusión partidaria, dice Zamora, será más fácil impulsar al Centro Democrático Unido (CDU) para que se convierta en una alternativa "democrática-progresista". Los convencionistas autorizarán al Consejo Nacional para "que adopte las medidas pertinentes, tales como el cambio de nombre y de bandera en el momento que se considere oportuno y sin necesidad de convocar una convención extraordinaria", añade el documento. La unión de CD y PD estará lista a finales del año 2000, luego de que pasen las elecciones municipales y legislativas. El Consejo Nacional del PD definirá, también el 15.08, el proceso de consolidación de ambas fuerzas, porque "sabemos que la fusión nos vuelve más fuertes", recalcó Juan Ramón Medrano, miembro del partido. Asimismo, la CD elegirá el mismo día al nuevo secretario general y a los miembros del Consejo Nacional (EDH 09.08 p.6).
GREMIALES. El Movimiento de Organizaciones Laborales Integrales (MOLI) ha dado hasta el 13.08 al gobierno para que resuelva sus demandas de incrementos salariales y desista de implementar el plan económico. De lo contrario, las organizaciones han amenazado con realizar paros laborales, tomas de edificios públicos, concentraciones y marchas, a partir del 16.08. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento del gobierno respecto al tema. "Queremos soluciones directas...", dijo el miembro de la Comisión Coordinadora de MOLI, Manuel Vásquez. Las organizaciones demandan del Órgano Ejecutivo una petición formal para reformar el artículo 11 de la Ley de Presupuesto, a fin de que se entreguen los aumentos de los empleados públicos de enero a mayo de cada año. Esta retribución económica se entregó hasta mediados del presente año, porque así lo contempla la ley del presupuesto. Asimismo, demandaron al gobierno que no aplique medidas económicas que afecten a los salvadoreños de escasos recursos. Las organizaciones dijeron que sólo aceptarían el plan de austeridad anunciado por el gobierno si el gabinete se rebaja en un 50% los salarios e invierte ese dinero en educación y salud. "Lo estamos emplazando [al gobierno] para que abra un espacio de concertación", dijo otro miembro de MOLI, Herbert Guevara (LPG 11.08 p.8).
DESMOVILIZADOS. El jefe de fracción de ARENA, Walter Araujo, se reunió, el 10.08, con representantes de nueve asociaciones de desmovilizados. En la reunión se acordó realizar una "depuración" del número de personas que participaron en la pasada guerra como ex patrulleros. Se ha dicho que son más de 800 ex combatientes, entre vivos y muertos; pero "no se sabe si son menos (...) aquí tiene que haber un número definido", afirmó Araujo. Asimismo, habrá que "definir quiénes son los destinatarios y los desmovilizados del servicio territorial que no fueron incluidos en los Acuerdos de Paz". La investigación recaería en la Comisión que lleva este caso. A juicio de Araujo, este mecanismo garantizará la colaboración de los organismos internacionales. Las organizaciones de ex patrulleros han prometido abandonar las amenazas; sin embargo, esto no incluye a la Asociación de Productores Agrícolas Salvadoreños (APROAS), cuyos representantes, a pesar de haber sido invitados a la reunión con Araujo, no asistieron. Mientras, la Comisión continúa "buscando ayuda" en el exterior. Los diputados planean visitar próximamente las embajadas de México, Brasil e Italia. El dinero que se obtenga servirá para crear un fondo de atención a los desmovilizados, el cual está incluido en un anteproyecto de ley presentado por APROAS (EDH 11.08 p.4).
