Año 20
número 867
agosto 25
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Lo sucio de la política salvadoreña
Economía ¿Cuál es la política económica del gobierno de Flores?
Economía La mano invisible del mercado y el rostro etéreo del Estado
Sociedad Salud reproductiva en marcha
Internacional Colombia entera agoniza
Derechos Humanos Recordando 14 años... (I)
Lo sucio de la política salvadoreña
En más de una oportunidad las encuestas de opinión pública han puesto de manifiesto la insatisfacción que suscitan los políticos y la política en amplios sectores de la sociedad salvadoreña. En su gran mayoría, los ciudadanos no creen ni confían en la clase política ni en las instituciones partidarias: este es un hecho inobjetable. Seguramente no faltarán quienes, a estas alturas, se pregunten por las causas de esa desconfianza de la sociedad hacia los políticos y la política. Pues bien, esas causas, aunque múltiples y variadas, se originan, prácticamente todas, en el seno de la misma clase política, cuyos patrones de comportamiento están reñidos con las normas más elementales no sólo de la ética, sino de la decencia y el honor. Lo preocupante es que esta situación, lejos de revertirse, se acentúa cada vez más, pues ni los políticos se corrigen —al contrario, persisten en sus desatinos— ni los partidos institucionalizan los mecanismos que obliguen a sus miembros a cumplir con los mínimos de la ética política.
Los acontecimientos suscitados recientemente en torno a las demandas de los ex patrulleros ilustran de modo aleccionador no sólo acerca de las movidas turbias que caracterizan a la política nacional, sino también acerca de lo mal que anda el país en materia de liderazgo presidencial. Esta vez, las irregularidades se iniciaron —siendo este el origen de un sin fin de suciedades que poco a poco han ido saliendo a flote— con el desvío de 10 millones de colones —parte de un paquete de ayuda destinada a los afectados por la tormenta "Mitch"— a la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), integrada por ex patrulleros que sirvieron a la Fuerza Armada durante el conflicto armado.
El desvío de fondos fue efectuado, como todo parece indicar, con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol en plena campaña electoral y, según han revelado miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex patrulleros de apoyar al candidato de ARENA, el ahora presidente Francisco Flores. Obviamente, Calderón Sol no estaba solo en la trama; por lo menos otros dos importantes miembros de ARENA sabían lo que estaba pasando: el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, y el diputado Walter Araujo. Curiosamente, el principal beneficiado de la negociación de ARENA con los ex patrulleros —el presidente Francisco Flores— ha manifestado en más de una oportunidad desconocer por completo de ese trato.
A partir de las revelaciones que varios de los implicados han hecho a los medios de comunicación, una cosa puede darse por cierta: importantes figuras de ARENA hicieron una negociación política con los ex patrulleros, a sabiendas de que eran tales, para lo cual, a cambio de apoyo electoral, utilizaron recursos que no eran del partido. Y es que, independientemente de si se trataba de fondos propios del Estado o de fondos provenientes de la cooperación internacional, el punto es que esos recursos no eran patrimonio de ARENA, por lo cual no podían ser usados para comprar apoyo electoral.
Más allá de si es legítimo o no comprar votos, desde todo punto de vista, además de ilegal, es sucio que un partido utilice recursos públicos para ese fin. Precisamente, esto fue lo que hizo ARENA, con la mayor desfachatez y cinismo. Todo lo demás —si Mario Acosta Oertel no sabía que los miembros de APROAS eran ex patrulleros; si la Secretaría Técnica de Financiamiento (SETEFE) metió mano o no en el desvío de recursos; si los fondos fueron tomados del presupuesto ordinario de la nación o de la cooperación internacional, etc.—, aunque importante para deducir responsabilidades, no debe ocultar el punto central del problema: que el partido ARENA, valiéndose del poder e influencia que tienen varios de sus miembros en las estructuras del Estado, utilizó 10 millones de colones que no eran suyos para la compra de votos.
¿Cuántas veces habrán utilizado miembros de ARENA —por ejemplo, el ex presidente Calderón Sol— el mismo mecanismo para manejar recursos públicos con fines partidarios o personales? No se sabe, y quizás —tal como va la Corte de Cuentas— nunca se sabrá. Pero, por las cosas que han salido a la luz pública, es claro que, bajo las administraciones de ARENA, se han establecido mecanismos simples y ágiles para desviar y malversar recursos públicos. Es decir, se han establecido mecanismos para la discrecionalidad y las movidas turbias, una de cuyas manifestaciones —que ciertamente se les fue de las manos a quienes la fraguaron— ha sido el desvío de fondos a los ex patrulleros.
¿Y el presidente de la República que papel juega en todo esto? Pues el presidente Flores se ha movido entre lo absurdo y lo ridículo. Desde que se agudizó el problema de los ex patrulleros Flores parecía no tener claro cómo hacerle frente a la situación. Así, el día del enfrentamiento entre los ex paramilitares y agentes de la Policía Nacional Civil, Flores ocupó buena parte de su exposición en un programa de televisión para explicar los detalles que rodearon la muerte de un ex patrullero, sin ofrecer una solución para el problema, que es justamente lo que cabe esperar de un presidente en una situación de crisis social. Luego, cuando salió a luz el tema de los 10 millones, Flores dijo, primero, que no sabía nada del acuerdo de su partido con los ex patrulleros y, segundo, que no había nada que investigar al respecto. Grave desliz del presidente Flores, porque, en primer lugar, cuesta creerle que no se enteró del mencionado acuerdo —si no lo supo es que fue marginado, por los suyos, de discusiones políticas importantes—; y, en segundo lugar, porque sí había y hay cosas que investigar sobre el desvío de fondos a los ex patrulleros.
Por no haber sabido manejar la situación como era debido, el presidente Flores ha visto fuertemente socavada su autoridad como jefe del ejecutivo. Es indudable que miembros de ARENA cercanos a él se valieron de prácticas sucias para facilitarle su camino a la presidencia de la República. Si verdaderamente no sabía nada del asunto, fue simple y llanamente burlado por aquéllos; si lo sabía y lo niega, no se distingue en lo más mínimo de ellos. Es decir, el presidente Flores siempre queda mal parado ante una sociedad que cada vez más cree menos en su capacidad y voluntad para crear "una nueva forma de hacer política".
Con el paso del tiempo, seguramente esta movida turbia de ARENA dejará de ser tema de interés en el debate público. Sin embargo, quedará gravada en el imaginario colectivo como una prueba más de que no se puede confiar ni creer en los políticos y la política.
A casi tres meses desde la toma de posesión del tercer gobierno de ARENA, aún no se vislumbran cuáles serán las medidas de política económica que se implementarán para elevar las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y generar empleo e ingreso. En su discurso inaugural, el presidente Flores anunció una serie de medidas para promover la reactivación de la economía (Proceso, 857), en las cuales centraría su política inicial. De ellas ninguna ha sido implementada.
Más recientemente, algunos funcionarios del gobierno dieron a conocer medidas de reactivación económica diferentes a las previamente anunciadas y con las cuales se perseguiría mejorar el clima de negocios de la empresa privada. En primer lugar, el vicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt anunció la creación de un "Fondo de Estabilización de Precios", destinado específicamente para el sector cafetalero. Con él se pretendería compensar a este sector de posibles disminuciones en el precio internacional del café. Posteriormente, Flores anunció la creación de una "Comisión de Salvataje" de empresas con problemas financieros, mientras que el ministro de Economía, Miguel Lacayo, reveló que el gobierno también estudiaba la ejecución de otras medidas, como la reducción del encaje legal y de las tasas de interés.
Estas propuestas surgen en el contexto de un desempeño económico bastante desfavorable, que se ha visto exacerbado por una nueva reducción de los principales productos de agroexportación (café y azúcar). Lo cierto es que, durante 1999, el desempeño de la economía no ha experimentado ninguna mejoría con relación a los años previos; por el contrario, la tasa de crecimiento del PIB ha disminuido, el déficit fiscal se ha incrementado y lo mismo ha sucedido con el déficit de la cuenta corriente. En el sector financiero, las señales de crisis han sido las reducciones en sus ganancias y el incremento de la proporción de créditos en mora.
Este panorama se viene configurando desde hace más de tres años, cuando las tasas de crecimiento comenzaron a experimentar un marcado descenso, pasando desde niveles de 7% a otros de sólo 3%. Desde entonces, los formuladores de política económica no han logrado implementar las medidas necesarias para restablecer las tasas de crecimiento y se han conformado con administrar la estabilidad económica y la demanda que se genera con la masiva afluencia de remesas familiares, las cuales se han convertido en el estabilizador de la economía.
Las medidas recientemente anunciadas por los diferentes funcionarios de gobierno siguen en esta tónica, aunque en realidad no son una solución de fondo a la problemática económica, sino mas bien medidas de emergencia para hacer frente a las demandas de asistencia de los sectores empresariales. De hecho, las medidas fueron anunciadas primero a las gremiales empresariales que aglutinan a las grandes empresas del país, las cuales aparecen como las principales destinatarias de las medidas y que se describen a continuación.
Según el ministro de Agricultura y Ganadería, Salvador Urrutia, el Fondo de Estabilización de Precios del café pretende mejorar los ingresos del sector cafetalero haciendo "frente a la contingencia de malos precios cuando se deprima el mercado mundial y también será un fondo compensatorio cuando baje la producción por efecto climatológico". Sin embargo, aclaró que el fondo funcionará bajo la dirección del sector privado y, además, podría conformarse con capital del sector cafetalero o donaciones, ya que el "gobierno no se puede comprometer...a alimentar el fondo con recursos del Estado".
Por otra parte, el "salvataje" de empresas fue ofrecido por Flores a las gremiales empresariales y consiste en otorgar a empresas seleccionadas refinanciamiento para sus créditos vencidos. Para ello se crearía una comisión formada por la empresa privada que se encargaría de seleccionar empresas que, después de efectuado un análisis técnico-financiero, se identifiquen como "rescatables".
La reducción del encaje legal y de las tasas de interés, por otro lado, pretenden disminuir los costos financieros de la inversión e incrementar esta última. Sin embargo, solamente la reducción del encaje legal depende del gabinete económico, pues la reducción de las tasas de interés es potestad de las instituciones financieras, a menos que se decretara una situación de emergencia —como la que contempla la Ley de bancos que se discute en la Asamblea Legislativa— en la cual sería el BCR el encargado de fijarlas.
Las medidas propuestas por los funcionarios del gobierno muestran que se continúa incurriendo en la improvisación para diseñar la política económica. Independientemente de si sean o no convenientes, los ofrecimientos iniciales de eliminar las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los cereales, lácteos y vegetales o mejorar la recaudación fiscal y fomentar la competitividad de la micro y pequeña empresa, no aparecen ahora dentro de las propuestas del presidente Flores. Mucho menos se conoce un plan de gobierno o alguna fecha en la que podría conocerse. El hecho de que las medidas estén siendo anunciadas por diferentes funcionarios sugiere la ausencia de un plan económico o de desarrollo concreto.
Como sea, las propuestas de crear el Fondo del café, implementar el salvataje y reducir del encaje legal podrían ser buenas noticias para la empresa privada (cafetalera y morosa), pero no son en sí mismas medidas que permitan superar la actual situación de desaceleración económica o la baja competitividad de los productos salvadoreños. Aunque podría argumentarse que con las medidas propuestas se conservarán empleos, el problema de fondo es que las empresas salvadoreñas necesitan cambios radicales para generar productos de mayor valor agregado, que resulten competitivos en el mercado internacional y que puedan liderar un proceso de crecimiento económico fuerte y sostenido.
La reconversión industrial y la modernización de la agricultura son aún temas pendientes dentro de la agenda económica del gobierno de ARENA, aunque éste no parece darse cuenta de que en ellos se encuentra el principal problema económico. No contamos en la actualidad con una economía competitiva capaz de encontrar demanda para sus productos en el mercado internacional y de esa forma generar empleo y divisas para el país. Ello permitiría incrementar los niveles de ingreso y bienestar de la población y reducir la dependencia de las remesas familiares para la obtención de divisas.
La crisis económica actual exige que el Estado adopte un papel más definido en la reorientación económica y no solamente que implemente medidas de emergencia que no van a las raíces de la problemática: la poca diversificación del aparato productivo y la baja competitividad de la mayoría de las empresas nacionales. En este contexto, es importante que se retomen iniciativas como la reconversión del sector industrial y la promoción de agroexportaciones no tradicionales, como una forma de enfrentar los problemas económicos de El Salvador con una visión de mediano y largo plazo.
Nuestra economía cierra el siglo en un estado de profundo letargo; ni juega un plan ni juega el mercado. El 1º de junio se retiró, entre aplausos, el pasado gobierno, dejándonos como herencia una "economía dolorizada": todos se quejan y todos dicen que sufren. No hacen falta gafas polarizadas para percibir este "eclipse de Sol". La consecuencia es clara: la proclamada economía de mercado no ha funcionado y sonó la hora de darle vuelta al reloj de ARENA. Nuestra economía de mercado estaba predestinada a un profundo letargo porque la mayoría de la población, la ocupada y más la desempleada, no tiene un poder de compra suficiente para cubrir su canasta básica. La raíz del mal está en la mayoritaria demanda deficiente, derivada —a su vez— de la concentración de la actividad económica en El Salvador.
Si el economista del MIT, Paul Krigman, seguidor de Keynes, estima que la recesión de Japón y el lento crecimiento de la economía europea se debe, en buena parte, al estancamiento de sus respectivas demandas —y por ello recomienda una baja de las tasas de interés para reactivar esas economías—, seguramente nos diría que nuestra economía tiene el mismo problema en clave mayor: nuestra oferta no ha creado su propia demanda y la demanda deficiente ha paralizado la oferta. Keynes murió, pero muchas de sus ideas sobreviven. También el exceso de demanda puede desestabilizar la oferta, y Krugman, en el mismo artículo, teme que pueda estallar la burbuja financiera de la Bolsa de Nueva York, porque "las cotizaciones han llegado a alturas que no pueden justificarse mediante ningún tipo de juego intelectual".
Los redactores de El Manifiesto Salvadoreño (ANEP) deben recapacitar sobre lo que afirmaron en 1996. "Por lo general, los despegues económicos requieren de concentración del ingreso y continuidad de las medidas por tiempo prolongado, a pesar de los costos sociales que provoquen, ya que sólo en el largo plazo se cosechan los frutos del esfuerzo". Esperamos que los ideólogos de ANEP se arrepientan de este enunciado, que "por lo general" ha sido falaz y antisocial. En nuestro caso no puso en marcha el "círculo virtuoso": "el ahorro interno fomenta la inversión privada, generando crecimiento y empleo, lo que a su vez lleva a una segunda ronda de más ahorro, más inversión, más crecimiento, más empleo... mejores niveles de vida para nuestras grandes mayorías". Nuestra tradicional concentración del ingreso no ha movilizado el llamado "círculo virtuoso" y más bien ha perpetuado la presencia de los elevados costos sociales. A esta conclusión llega la reciente investigación de Luis René Cáceres; sobre la muestra de quince países "estos estudios reflejan una relación inversa entre la desigualdad y la acumulación de capital".
Lo que ahora afirmamos a nivel nacional ha sido reconocido a nivel internacional en el foro de Davos (1999): "el proceso de globalización se está desarrollando de forma irresponsable, en el sentido literal de la palabra. O sea, sin que nadie tenga control o responsabilidad sobre el mismo". En ambos casos, hemos convertido la economía en una "sociedad anónima de capital variable", por cuanto nadie se responsabiliza ni controla los efectos económicos y sociales, al mismo tiempo que los capitales financieros especulan su acumulación en función de su rentabilidad monetaria y no en función del crecimiento real de la economía.
En la base de nuestro letargo económico está el problema de la mayoritaria demanda deficiente, obligada a sumergirse en una "economía de austeridad", seudónimo de exclusión-pobreza. Esta austeridad de la demanda transmite su inercia a la oferta. A inicios del año, el BCR proyectaba un crecimiento de 3.5-4.0% del PIB. A mediados de julio, el BCR redujo su proyección al 3.0%. El 11 de agosto los analistas de FUSADES estimaron que la economía crecería un 2.5%, y, en plan de confianza, vaticinaron que a final de año no superará el 2.0%. Esto genera la cuadratura del círculo. Al reducirse el crecimiento global se reducen los montos programados de ingresos tributarios, y se proyecta para fin de año un déficit fiscal superior al 3.0% del PIB. Déficit que se agravará en los próximos años cuando el Estado deba presupuestar aportes crecientes para los jubilados del ISSS y AFPs. Con ello, la requerida inversión social se convierte en una incógnita.
Al frenarse el crecimiento global, en razón de la demanda deficiente, se genera un doble efecto retroactivo. Por una parte, las empresas acumulan inventarios y para liquidarlos se ven forzadas a bajar los precios. Ello ha dado lugar a una aparente y beneficiosa contracción de la tasa de inflación, cuando en realidad simplemente traduce la mayoritaria demanda deficiente y el elevado costo de vida. Por otra parte, la sensible recesión de la oferta se está traduciendo en una peligrosa tasa de mora bancaria, que ha llevado a inventar una palabra que no aparece en el diccionario de la Real Academia: el "salvataje" de empresas. Se ha inventado la palabra, pero se desconocen las condiciones precisas de estos "flotadores" financieros, al estilo CREDISA.
Esta incierta situación del sector monetario simplemente refleja dos fenómenos gestados en el pasado. Por una parte, el crédito discriminante del sector bancario, en búsqueda de su propia rentabilidad, y, por otra parte, el prolongado deterioro de la mayoría de las ramas productivas, debido a la doble carencia de inversión tecnológica y del requerido crédito de mediano-largo plazo. Si a ello se agrega el desplome de los precios de las exportaciones tradicionales, el consiguiente déficit de la balanza comercial (¿$1,700 millones?) y la agobiante situación de nuestros más próximos socios comerciales, llegamos a concluir que nuestros proclamados equilibrios macroeconómicos comienzan a cuartearse....
Ahora podemos decir con todo realismo, como lo decíamos antes, que el modelo no ha gestado una economía sana y sólida, ni en su estructuración productiva, ni en su "rebalse social". Al no estar inspirada en los "sentimientos morales", tampoco ha estado dirigida por la "mano invisible" de Adam Smith. El mercado no juega, pero tampoco tenemos un "plan de nación". Tal vez se repita la historia de inicios de 1995, cuando el pasado gobierno lanzaba una serie de medidas sorpresivas, en virtud de un plan que nadie conocía y que apareció tres años más tarde, con circulación restringida. Ahora, el actual gobierno utiliza un lenguaje bíblico de tres o cuatro "alianzas", pero estamos a la espera de programas concretos para los problemas concretos. A casi cien días de gobierno sólo contamos con "el rostro etéreo del Estado".
En su reciente reunión con gremiales empresariales, de acuerdo a retazos periodísticos, "el Presidente justificó que las causas [de la situación] que vive El Salvador tienen que ver con los graves problemas de sus socios comerciales"... "No obstante el Presidente aseguró que su gobierno va por un rumbo económico ‘muy claro’, en momentos en que se experimenta un ciclo económico deprimido en Latinoamérica". Se habla de tomar acciones a favor de empresas en problemas, de promoción agresiva del país, de la inversión pública y del manejo de las cuentas fiscales... Todo esto sigue siendo muy etéreo y con cierta razón esta entrevista lleva por título: "Flores admite que sus medidas no tocan fondo".
Esta postura del gobierno, hoy por hoy etérea, es tanto más de lamentar por cuanto en este año han hecho su aparición tres importantes documentos (no los únicos), gestados en su mayoría por técnicos y asesores nacionales, donde se le presentan al gobierno los lineamientos para un plan de nación. Nos referimos, en el orden cronológico de su publicación, a los estudios: Temas claves para un Plan de Nación: consulta especializada; Crecimiento con participación... de FUSADES, y Estado de la Nación en Desarrollo Humano. Sería un grave error que el gobierno engavetara estos análisis propositivos que responden, en el orden académico, a la tesis de la "responsabilidad compartida". Y ojalá que en el nuevo plan de austeridad nacional no se carguen los dados en contra de los ya "austerizados" por el modelo (?) de economía de mercado.
Nueve años tuvieron que pasar para que el Ministerio de Salud emprendiera una nueva revisión en materia de planificación familiar. Agosto ha sido el mes elegido por esta cartera de Estado para poner en marcha nuevas normativas de planificación familiar, tema notablemente descuidado por las instituciones de salud pública. Esta acción tiene el objetivo específico de uniformar a todo el sector respecto al acceso y utilización de diferentes métodos anticonceptivos para hombres y mujeres. De aquí se desprenden una serie de estrategias que se llevarán a cabo para educar e informar a la población sobre este importante rubro de la salud reproductiva.
Efectivamente, la planificación familiar, y todo lo que ésta implica, es parte de un tema mucho más amplio, que ha ido evolucionando positivamente a través del tiempo y en todo el mundo: la salud reproductiva, que ha surgido como una imperante necesidad, pues su práctica permite "controlar", entre otras cosas, los índices de natalidad en cada país. Siglos atrás, las mujeres recibían atención médica únicamente en el momento del parto, pues se pensaba que con eso era suficiente. Fue hasta finales del siglo XIX que la ciencia médica hizo énfasis en el cuidado prenatal. Así se empezó a diseñar programas de salud materno-infantil y de planificación familiar. La meta era tener "madres y hijos sanos". Esta última década ha sido testigo de un gran avance, pues se ha dado importancia y atención al período preconcepcional (el período anterior al embarazo). Esto incluye tanto a las personas sexualmente activas como a las que aún no lo son, pero que ya tienen edad para ser educadas al respecto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud reproductiva está constituida por "un estado general de bienestar físico, mental, social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva, entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear y de la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia". Este párrafo resume el amplio uso social, cultural y de salud que el concepto del que aquí se habla engloba.
Quizá todavía no se alcance a comprender en su totalidad la importancia vital de la salud reproductiva en las relaciones sociales y familiares, debido a que este tema, como todo aquello referente a la sexualidad, ha sido escondido tras el "pudor" y la doble moral propios de sociedades como la salvadoreña. Sin embargo, el asunto está dejando de ser un tema tabú, debido, entre otras cosas, a las consecuencias socialmente negativas de relaciones sexuales sin conocimiento, desordenadas y sin protección. La necesidad de que existan proyectos de salud reproductiva, especialmente en los países en desarrollo, es a todas luces evidente.
Las atenciones correspondientes a la salud reproductiva consisten, básicamente, en dar asesoramiento, acceso y educación sobre servicios, técnicas y métodos que contribuyan a la salud y bienestar reproductivos de hombres y mujeres. Asimismo, se pretende dar una instrucción adecuada y responsable a los adolescentes, sean o no sexualmente activos. Esto último es indispensable tomando en cuenta que la sexualidad precoz es muy común en la época actual y que de ella emergen buena cantidad de problemas sociales.
En este sentido, el gobierno, como responsable ineludible de la política y los programas de salud pública, debe tomar en cuenta la importancia que tiene el establecimiento y práctica del concepto de salud reproductiva. Gracias al tratamiento adecuado y continuo de la misma pueden, aunque no eliminarse totalmente, por lo menos reducirse una serie de problemas actuales. Por ejemplo, el acelerado aumento de la población en los países pobres es tema de preocupación constante de los Estados. No hay que olvidar que los altos índices poblacionales, fundamentalmente en los países menos desarrollados, están ligados, de forma inevitable, a aspectos como la mala calidad de vida de sus habitantes, la pobreza y la destrucción ambiental.
Asimismo, en el marco de un programa bien diseñado de salud preventiva se podría desacelerar la expansión del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Igual efecto tendría en el índice de embarazos no deseados, embarazos prematuros, mortalidad o enfermedades relacionadas al embarazo, parto y puerperio, abortos, entre otros. Como puede verse, hay mucho que los programas de salud reproductiva pueden ofrecer al bienestar de la población, siempre y cuando los gobiernos tomen en serio la tarea de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre su importancia.
No cabe duda de que en nuestro país, en materia de salud, la población de escasos recursos es la más afectada. Por ello, los habitantes de los sectores rurales y campesinos deben ser especial objeto de atención para el gobierno, específicamente para el Ministerio de Salud, encargado de crear y poner en marcha los programas de salud reproductiva. Y es que el crecimiento poblacional es más marcado en las zonas rurales; también en ellas son más elevadas las tasas de mortalidad materno-infantil. No es para menos, pues el acceso que tienen a servicios de salud, así como a orientación sobre el tema de la salud reproductiva, es mínimo o inexistente. Además, muchos pobladores rurales desconocen por completo la existencia de métodos anticonceptivos o de lugares donde recibir orientación acerca de la finalidad y uso de los mismos.
Otro grupo poblacional que merece atención es, como antes se dijo, el de los adolescentes. Un periódico matutino informó hace unos días que el SIDA "ha incrementado su presencia entre los salvadoreños de entre 15 y 19 años de edad, a consecuencia de una prematura actividad sexual". Este dato estaba acompañado de la opinión del ministro de Salud, José López Beltrán, quien hizo ver la necesidad de "enfocar esfuerzos en educar e informar tempranamente a los adolescentes y niños sobre el tema de la sexualidad y las enfermedades de transmisión sexual". En esta época ya no cabe pensar que "educar a los jóvenes sobre el sexo es incentivarlos a practicarlo". Muchos de ellos ya están iniciados en la materia y es necesario no cerrar los ojos ante ello.
En definitiva, aunque todavía falta mucho por hacer, es de suma satisfacción que el Ministerio de Salud impulse un nuevo programa de planificación sexual. Esto pone de manifiesto que se están superando los tabúes sexuales de la cultura salvadoreña; tabúes que, lejos de ayudar a resolver el problema, han hecho más difícil encararlo con realismo. De igual forma, se pone de manifiesto el nacimiento de una madurez sexual que puede expandirse entre todos los ciudadanos. Con esta madurez se alcanza a comprender y aplicar el concepto de "derechos reproductivos" de los hombres y las mujeres. ¿Qué significa gozar de estos derechos? Simple y llanamente, que las personas pueden disfrutar de la procreación electiva, a través del conocimiento de los beneficios de la salud reproductiva.
Esto se puede conseguir, ante todo, recordando que el ser humano aprende, esencialmente, comunicándose; y que, por lo tanto, la mejor forma de hacer llegar estos conocimientos es a través de campañas en apoyo a la salud; movilizando la opinión pública; visitando centros de estudio para educar a los jóvenes; visitando las comunidades rurales y haciendo uso de los medios de información (aun los más sencillos, como los boletines) para hacer público el derecho que tienen los ciudadanos de gozar de una buena salud reproductiva.
Cuando, hace poco más de un año, Andrés Pastrana fue elegido presidente de Colombia y antes de tomar posesión de su cargo sostuvo una reunión con el número uno de las FARC, una luz de esperanza pareció encenderse en medio del negro océano de tragedia y violencia que inunda a los colombianos desde hace lustros. El primer hecho alentador era, por supuesto, la salida de Ernesto Samper del poder. Una vez dejado atrás el gobierno samperista, junto con todo lo que él implicó, sería posible tanto enmendar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, como emprender un proceso de paz que los más prudentes de antemano vislumbraban complejo y borrascoso.
Es pertinente recordar que ni el gobierno de Clinton ni los grupos insurgentes colombianos reconocían legitimidad al mandato de Samper. El primero descertificó a Colombia dos veces consecutivas en materia de lucha antidrogas y los segundos anunciaron con antelación que negociarían la paz con Pastrana y no con el candidato presidencial del partido de Samper, el Partido Liberal. Por eso, hacerse ilusiones con Pastrana no parecía tan descabellado, en principio. Si el reto del nuevo presidente era conseguir la paz, con el apoyo estadounidense y los guerrilleros dispuestos a sentarse en la mesa de negociación, se abría la posibilidad de conseguirlo, o al menos de encaminar al país hacia ello.
Ahora está claro que ni las cosas iban a ser tan sencillas ni Pastrana era la persona indicada para empezar a sacar a Colombia del atolladero. El 7 de agosto su administración cumplió el primer aniversario sin nada que celebrar. Por el contrario, las expectativas que su arribo al poder pudo haber levantado se han ido desvaneciendo hasta casi desaparecer, en medio de una situación en la cual la palabra crisis bien podría pasar por eufemismo. Un columnista de la prestigiosa revista Semana resume la dramática situación de Colombia así: "estamos ante una espiral ascendente y sanguinaria de la guerra sucia, un proceso de paz agonizante, un Estado en bancarrota, una economía en recesión y vulnerable a los coletazos del orden público, un desempleo sin precedentes en la historia reciente, una reforma laboral que le cambiará las reglas del juego a los trabajadores, y no se ve, por ningún lado, un liderazgo del presidente ni una estrategia del gobierno para sacar al país de este viacrucis".
Ciertamente, para lograr la paz una de las cosas que se necesita es planificarla, cosa que la administración Pastrana no ha hecho ni, al parecer, tiene idea de cómo hacer. Los pocos pasos avanzados se han dado improvisadamente, haciendo concesiones exageradas a las FARC, mientras se soslaya al ELN, evadiendo la necesidad de definir la participación de los paramilitares en el proceso y no estableciendo un diálogo firme con las Fuerzas Armadas. No obstante, la responsabilidad del fracaso actual del proceso de paz no recae exclusivamente sobre Pastrana. En este momento, los diálogos se encuentran entrampados debido a que las FARC —pese a haberse comprometido con Pastrana a aceptar la verificación internacional en el acuerdo que surgió de aquella reunión histórica, y ahora cada vez más remota, de hace más de un año— decidieron rechazar la participación de otros países en las negociaciones. Tal estancamiento ha servido para que el primer grupo insurgente del país se esté tomando el tiempo de resaltar con marcador su poderío militar de claro signo terrorista: acechando las afueras de Bogotá, poniendo bombas, destruyendo hospitales, escuelas, centros de salud y, en definitiva, fulminando vidas inocentes.
Como en Colombia, debido a su profunda atomización, cualquier movimiento de unos irremediablemente perjudica a otros y viceversa, la angustiante parálisis del diálogo con las FARC ha abierto nuevos caminos hacia la negociación con el ELN. Y, aunque la apuesta de este otro grupo insurgente es por involucrar a la sociedad civil en el proceso —para lo cual ha convocado al Procurador General de la República, con quien se reunirá en Alemania próximamente—, lo más sensato parece ser permanecer cautelosos frente a esta nueva posibilidad de buscar la paz. En especial teniendo en cuenta la falta de visión que ha demostrado Pastrana a la hora de hacer frente a la tarea, de titanes ciertamente, de pacificar a Colombia.
Por otra parte, pensar que Estados Unidos se involucraría de lleno en el caso colombiano fue un error. La actual administración estadounidense ha sido enfática y reiterativa al afirmar que con ella se puede contar únicamente para el combate contra el narcotráfico. En la citada revista Semana se explica bien como la polarización en el parlamento de EE.UU. en relación a la decisión de si intervenir militarmente o no en Colombia se debe en gran medida a la experiencia salvadoreña. Clinton y los suyos piensan que fue un error otorgar estrafalarias sumas de dinero al apoyo de una guerra que finalmente terminó empatada y de la cual se hubiera podido salir mucho antes firmando los mismos acuerdos que se firmaron en 1992. Los republicanos, en cambio, sostienen que sin el apoyo norteamericano el triunfo del FMLN hubiera sido casi seguro. Como quiera que sea, lo cierto es que existen razones de peso para que EE.UU. prefiera apostar al proceso de paz, antes que buscar la salida armada al conflicto.
Conviene no perder de vista lo que ciertos analistas internacionales han señalado: que a los estadounidenses les ha importado poco la situación social de Colombia y de América Latina en general. Aunque la reflexión acerca del proceso salvadoreño sea importante, analistas colombianos dudan de la posibilidad de extrapolar el caso a Colombia, en donde la guerrilla obtiene sus recursos del narcotráfico y de los secuestros y por tanto puede darse el lujo de despreocuparse absolutamente de lo que opine la comunidad internacional. Además, y esto parece ser el problema de fondo en lo que a las relaciones con Estados Unidos se refiere, a Norteamérica le interesa poco que Colombia se esté desangrando a una velocidad espeluznante, pues su verdadera preocupación está puesta en los muchos millones que sus adictos desembolsan y que finalmente van a parar a manos de los narcotraficantes colombianos.
Así las cosas, la incertidumbre se cierne sobre la cabeza de todos los colombianos que, perplejos y aterrorizados, asisten al desgarramiento de su país. Múltiples manifestaciones sociales, voces clamando por el cese al fuego, movimientos luchando por la paz no son suficientes para contener la hecatombe. El panorama no es nada alentador. La ultra derecha y la ultra izquierda continuarán derramando sangre, mientras que un gobierno incompetente continúa empequeñeciéndose ante la magnitud de los problemas y las mafias continúan multiplicando sus millones, comprando conciencias y haciendo al país a su conveniencia.
Una de las atrocidades más recientes, en ese marco de desolación en el que todos los días acontece al mínimo una, fue el asesinato, a manos de un grupo de extrema derecha aún no identificado, del periodista, crítico y humorista Jaime Garzón. El crimen ha golpeado a Colombia en lo más hondo de sus entrañas. Garzón, además de dedicarse irreverente e inteligentemente a la sátira política, era un activista por la paz, cuyas acciones humanitarias favorecieron a muchos secuestrados y lograron cometidos decisivos en las negociaciones. ¿Hasta cuándo? Esta es la pregunta de una sociedad que ha visto asesinar a sus mejores líderes en la mayor y más sucia impunidad. ¿Después quién? Se preguntan quienes vieron morir su derecho a la risa, a la crítica, a la lucha y a la autonomía. "Si asesinan a una persona como Garzón —opina una ciudadana común— es que ya en Colombia la vida no vale nada".
En este mes, el IDHUCA cumple un año más de existencia. En ese marco, se realizaron tres actividades que juntas configuraron la "V jornada por la vida, la justicia y los derechos humanos". Una de ellas se llevó a cabo con la gente que buscó al Instituto después de haber sido víctima de uno o más atropellos a su dignidad y que ahora lucha por hacerla valer; también estuvieron aquellas personas que participan o han participado en actividades educativas y de difusión sobre la materia, para celebrar —el sábado 15 de agosto— un festival artístico cultural. Otra actividad tuvo lugar el jueves 26 de agosto y consistió en la presentación de una importante publicación de UCA-Editores —"La Policía Nacional Civil de El Salvador (1990-1997)"— con la intervención del peruano Gino Costa, su autor, y los comentarios de Laura Chinchilla, David Escobar Galindo y Rodolfo Cardenal; la primera fue ministra de Seguridad Pública de Costa Rica y los dos siguientes son, respectivamente, altos funcionarios de la Universidad "José Matías Delgado" y la UCA.
Pero la que ahora queremos recuperar es la tercera: una grata conversación sostenida el mismo sábado 15 en la cabina de la YSUCA; durante casi media hora, el director del IDHUCA platicó —en el espacio de la radio revista "En voz alta"— con Ricardo Iglesias, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en El Salvador y José María Tojeira, rector de nuestra Universidad. Lo que se dijo, aparece a continuación a partir de la pregunta lanzada por la conductora del programa, sobre el peso de esos catorce años de trabajo en favor de la dignidad humana de toda la población salvadoreña.
Benjamin Cuéllar (BC): Más que el peso que pueda tener la carga de los años, lo que interesa es que en la sociedad pese ya la lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos, y que en esa lucha tenga un espacio el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Yo recuerdo que en 1985 me encontré con el padre Segundo Montes en el curso interdisciplinario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, después de muchos años de no vernos. Yo vivía en México y en ese encuentro me dio la buena noticia de que, a finales de agosto, había fundado el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Nunca me propuso venir a trabajar al IDHUCA; pero vean las vueltas que da la vida: ahora estoy ocupando su lugar. Para uno eso es gratificante; sobre todo, porque el padre Montes en 1975, diez años antes, había fundado el Socorro Jurídico Cristiano en el Externado de San José con un grupo de jóvenes abogados y estudiantes de Derecho. Pero más que ponerme a platicar de eso, creo que sería interesante —padre Tojeira— recoger un poco de esos inicios del IDHUCA; no sé si ya estabas fungiendo como provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica.
José María Tojeira (JMT): Cuando yo llegué en 1985, todavía no estaba de provincial; me nombraron hasta en 1988. Estaba recién llegado cuando se fundó el IDHUCA, vine en febrero de 1985 y se fundó unos meses más tarde. Lo que sí recuerdo y puede ser interesante ahora traer a cuenta es que entre los mismos jesuitas había un poco de debate porque decían: "¿para qué fundar el IDHUCA en la Universidad si ya tenemos el Socorro Jurídico en el Externado?" ¿para qué dos instituciones de derechos humanos básicamente dependiendo de los padres jesuitas?".
Lo que decía Segundo Montes, y a mi juicio resultó profético, es que el Socorro Jurídico —yo no sabía que lo había fundado él; me lo estás diciendo ahora— había nacido para responder a una emergencia que era la brutalidad tremenda de la represión, pero que ya en el año 85 lo más importante era la tarea educativa en el campo de los derechos humanos, que evidentemente había que seguirlos defendiendo y documentando los casos, pero que había que darle un vuelco a las instituciones de derechos humanos: pasar de la pura defensa que respondía a la agresión, a la represión, a la violación sistemática; pasar de la pura respuesta a la labor educativa. Ya la represión no era tan fuerte y por tanto había que preparar el futuro. En aquel entonces, claro, uno no sabía si esas palabras eran una búsqueda de justificación para tener dos instituciones o realmente eran ciertas. Hoy, después de tantos años, se puede decir que fueron verdaderamente proféticas, que acertaron en el objetivo del IDHUCA.
BC: Se planteó desde un principio pasar de la denuncia al anuncio de cosas nuevas; de la reacción frente a la violación a la acción para, incluso, prevenir esas violaciones. Eso se ha intentado en el camino pero de manera muy difícil, creo yo, por la muerte después de Segundo y la desarticulación del equipo que trabajaba en el IDHUCA; por la prioridad del caso durante dos o tres años y, después, por todo lo atropellado de los compromisos incluidos en los acuerdos de paz.
JMT: Ya llevamos siete años de paz, digamos, y yo creo que en ese tiempo el IDHUCA ha hecho una labor de peso en el país en el campo de la educación para los derechos humanos. Si hoy se conoce al IDHUCA en el país —que se le conoce y se le conoce mucho— no es tanto —que también— por la defensa de algunos casos significativos, sino por el criterio que da ante la problemática ciudadana en la que con mucha sistematicidad se violan derechos o hay prácticas, herencias del pasado, en las que la dignidad de la persona parece que no cuenta y se menosprecia, se golpea. Yo creo que sí, con todas las dificultades que dices, que fueron muchas, nuestra historia ha sido muy accidentada y la del IDHUCA también; pero sí siento yo que ya en los noventa la labor realizada en el campo de la educación —de sentar criterios e ir creando una nueva cultura de la paz muy ligada al respeto de la dignidad de la persona y, por tanto, de los derechos humanos— sí creo que es una labor bien desarrollada. Digo esto no porque esté barriendo la casa por ser de la UCA, pero poniéndome un poquito fuera —como seguidor de la realidad nacional— creo que ha sido un punto clave del IDHUCA el de la educación en y para los derechos humanos.
BC: Ricardo Iglesias tuvo la oportunidad de pasar por el Socorro Jurídico Cristiano en esa etapa de transición durante la segunda mitad de los años ochenta y yo creo que también es importante recuperar parte de esa historia: cuando nace el IDHUCA y existe el Socorro Jurídico Cristiano dentro del Externado; después de haber pasado monseñor Romero por ahí y de haberse paseado por todo El Salvador con su mensaje profético en defensa de los derechos humanos. Entonces, Ricardo también es parte de esta misma historia y muy cercano además al trabajo que se ha desarrollado desde el IDHUCA; es parte de ella, tanto cuando estuvo en el Socorro Jurídico como ahora que es funcionario de la Oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas en El Salvador ¿Qué comentario te provoca todo eso, Ricardo?
Ricardo Iglesias (RI): Primero, que es curioso agosto. En general es un mes que marca el trabajo de los derechos humanos. En efecto, el 15 de agosto de 1975 fue creado el Socorro Jurídico Cristiano, casualmente el mismo día del cumpleaños de monseñor Romero; por cierto, también se cierra en agosto de 1994 el Socorro Jurídico Cristiano. Diez años después, en agosto de 1985, el padre Montes funda el IDHUCA. Hablo de dos instituciones que de una u otra forma, creo yo, han marcado el trabajo de los derechos humanos en el país. El Socorro Jurídico Cristiano fue la primera institución de derechos humanos que se creó en El Salvador, en Centroamérica y de las primeras en Latinoamérica por la visión del padre Montes. También el IDHUCA —desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de denuncia, desde la perspectiva de un trabajo distinto en derechos humanos al que se estaba realizando— también ha marcado esta historia del país. Creo que me voy a quedar corto al decir que el IDHUCA, después de los acuerdos de paz, ha sido la institución de derechos humanos que más se ha destacado en El Salvador. No es un decir vacío sino que, en efecto, la institución tradicional de derechos humanos que más ha trabajado después de los acuerdos de paz, muy bien y con mucha entrega, con mucho dinamismo, ha sido el IDHUCA; sobre todo con una visión de esperanza, que creo es lo más importante. El IDHUCA nos ha dado muchas luces después de los acuerdos de paz que, lamentablemente, otras organizaciones de derechos humanos no han podido aportar; y esto es una autocrítica, porque yo también trabajé mucho tiempo en otras organizaciones no gubernamentales. El IDHUCA ha sido como la institución de derechos humanos que más se ha destacado.
BC: Bueno, como dice la canción, todo cambia. El cambio en El Salvador no sabemos qué tanto ha sido para bien, pero ha cambiado el país. Y ese nuevo escenario, a partir del fin de la guerra y de haber entrado a la etapa de postguerra, plantea nuevos desafíos para el trabajo de derechos humanos. También, nosotros tenemos que repensar el trabajo y pensar qué propuestas hacer y qué acciones impulsar para enfrentar esos desafíos. Me gustaría oír de ustedes cómo ven ese aspecto.
JMT: Yo creo que, de muchas maneras, el IDHUCA ya está respondiendo a los nuevos retos; pero es evidente que en el campo de los derechos humanos, el gran desafío de esta época —aparte de defenderlos, porque todavía se violan— es crear una conciencia de igual dignidad. Yo creo que en El Salvador hay como herencias excesivas de prepotencia, de criterios que piensan que el fuerte tiene más dignidad que el débil o más derechos, tiene más voz y que eso es natural. Caminar hacia la igual dignidad de la persona humana como conciencia, como seguridad, como convicción y encaminarnos también hacia valores de solidaridad social. No somos individuos sueltos aquí, en un "sálvese quien pueda" o en un "arañar la vida para ver quién agarra más", sino que somos gente solidaria que construye junta una realidad, que trata de desarrollar las relaciones humanas en dignidad e igualdad. El crear ese tipo de valores comunitarios, creo yo, es sumamente importante.
Yo he ido observando que el IDHUCA, cada uno de los casos que va tomando lo utiliza educativamente y no sólo en el sentido de que saca conclusiones, que instruye, que dice cuál es el mal de fondo sino que, además, cada caso es muchas veces un ejemplo de esa igual dignidad de las personas. Veamos: un ataque típico a las labores de derechos humanos era que estaban dedicadas a la política, que apoyaban a un bando y a otro no; pero ahora, los casos del IDHUCA demuestran con muchísima claridad que la política no rige su selección. Ha venido aquí gente de ARENA, del FMLN, gente que no es de ningún partido y lo que se ha hecho es —simple y sencillamente— seleccionar aquellos casos que puedan ayudar a la población a profundizar más en estos valores de dignidad y de construcción social de la realidad solidaria; no una realidad en el la que el más fuerte domine.
Yo creo que eso le ha valido al IDHUCA algo que es importante pero que también pudiera ser un peligro que, yo creo, Ustedes lo están enfrentando muy bien. Y es que en esta época en que la Procuraduría de los Derechos Humanos se ha venido abajo, casi me atrevería a decir que el IDHUCA la ha medio sustituido. Evidentemente, el IDHUCA no es la Procuraduría; debe haber Procuraduría en el país, pero en estos momentos casi se podría decir que no la hay. Como digo, pudiera ser un peligro pero creo que no lo es porque Ustedes están bien conscientes y, al revés, yo creo también que el IDHUCA ha sido una de las instituciones pioneras y más de vanguardia a la hora de insistir en la necesidad de tener una Procuraduría de Derechos Humanos digna y que sea parte de este país, como ha sido en anteriores administraciones.
Entonces, yo creo que lo más relevante es ese reto educativo de transformar valores y, evidentemente, la labor cotidiana de servir de freno a personas incrustadas en el poder que ciertamente no entienden de derechos humanos, no creen en la igual dignidad de la persona humana y están dispuestos a aprovecharse del poder en el propio beneficio, golpeen a quien golpeen. Esta labor de freno y la labor educativa —como esfuerzo de largo plazo, pero prioritaria— son los dos grandes retos en este momento, junto al fortalecimiento de las instituciones, para que sean solidarias y no lugares donde se transa en beneficio de unos pocos.
MALVERSACION. El Viceministro de Relaciones Exteriores, Héctor González Urrutia, admitió, el 19.08, que la Secretaría de Financiamiento Externo (SETEFE) fue utilizada para un fin no contemplado en su marco legal, al desembolsar dinero para los ex patrulleros. Los 10 millones de colones entregados por ARENA a los desmovilizados procedieron del fondo general de la nación, dijo el funcionario. El vicecanciller dejó fuera de la legalidad el desembolso que el ex presidente Calderón Sol ordenó en favor de los ex patrulleros de la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS). La secretaría atiende asuntos, únicamente, de cooperación internacional, aseguró. "No hemos utilizado un sólo centavo de la cooperación internacional", agregó González. Por su parte, el ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, explicó que la SETEFE fue creada con la llegada de los Acuerdos de Paz, con un propósito exclusivo: entregar de manera rápida y eficiente las donaciones internacionales que llegaban para el proceso de reconstrucción nacional. En este sentido, la Fiscalía General de la República se sumó, el 19.08, a la Corte de Cuentas de la República para investigar el uso de los 10 millones de colones que el gobierno entregó a los ex patrulleros. Se investigará la posible malversación de fondos, cuyo desembolso se justificó bajo el argumento de que se ayudaría a damnificados del "Mitch" (LPG 20.08 p.4 y 5).
ARENA. El partido ARENA destituyó, el 18.08, a su directiva municipal de San Miguel, a cuatro días de celebrarse la Asamblea Departamental de cierre de selección de precandidatos a nivel nacional. El Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) había decidido anteriormente destituir de sus cargos a toda la directiva. Sin embargo, la diputada Elizabeth Zelaya manifestó su desacuerdo. "Estamos ante una injusticia, porque no existían causas justificadas [para la destitución]", afirmó. Recordó que el mismo COENA consideró en su momento que no se removería a ninguna autoridad, debido al triunfo alcanzado en las pasadas elecciones presidenciales. Por su parte, el COENA descartó, el 21.08, haber destituido a la directiva municipal. "Ellos depusieron sus cargos", aseguró Carmen Elena Calderón, directora de Organización de ARENA. Pero uno de los directivos salientes, que prefirió no dar su nombre, explicó que el COENA convocó a la directiva y les hizo el anuncio. "De cara a las elecciones debían renunciar o quedaban destituidos por desobediencia", dijo la fuente. Instantes después de la renuncia, el Consejo nombró como director municipal a Balmore Enrique Iraheta, en sustitución de Arnoldo Perla. ARENA se debate desde hace meses en una pugna por los cargos en San Miguel, donde la dirección ya había sido cambiada antes de la última elección (LPG 21.08 p.19 y 22.08 p.5)
PUGNAS. Un centenar de personas, dirigidas por la diputada Elizabeth Zelaya y la destituida directiva municipal de San Miguel, acusó al COENA, el 22.08, de fomentar el engaño. Como respuesta, el presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, los responsabilizó de intentar boicotear el proceso de elección de precandidatos, que se realizó ese mismo día. La pugna se generó durante la última Asamblea Departamental, que se realizó en San Miguel. Las personas que protestaban se encontraban afuera del local donde se realizaba la Asamblea. Y es que, el pasado 18.08, los ex directivos se reunieron con el COENA para exponer los problemas de trabajo que enfrentaban con el director departamental, Heriberto Iraheta. El Consejo les planteó en esa ocasión que para resolver el problema era necesario que depusieran el cargo. Según los ex directivos, aceptaron porque ARENA les ofreció 8 días de plazo para armonizar las diferencias. "El COENA nos engañó, porque tres horas después de que nos habían otorgado ocho días, ya estaban juramentando a una nueva directiva para que buscara candidatos cercanos a sus intereses", expresaron. Cristiani, por su parte, instó a la unidad del partido y planteó que dentro del mismo "no hay ‘paquistas’, ‘calderonistas’, ni su servidor [Cristiani] está buscando cuotas de poder". "Mantendremos la institucionalidad del partido", afirmó Cristiani (LPG 23.08 p.18).
FLORES. Ante los recientes brotes de violencia protagonizados por ex patrulleros, agremiados en APROAS, y las huelgas de trabajadores públicos, el presidente Flores advirtió, el 22.08, durante su discurso semanal, que no sería objeto de chantajes. El gobierno lanzó un mensaje claro: "la violencia irracional y los grupos de presión forman parte del pasado. Pero quedan algunos pocos que se acostumbraron a los privilegios, a no trabajar y obtener siempre las cosas a través de la amenaza, la intimidación y la violencia". A los huelguistas Flores les recordó "el gran beneficio que significa la estabilidad laboral y las prestaciones especiales". Según el Presidente, los servidores del sector público deben reflexionar ampliamente sobre sus actividades, que la semana pasada llevaron a paros laborales a nivel nacional. Estos han sido realizados en varias instituciones nacionales como el Seguro Social, correos, el sistema de escuelas públicas, juzgados, entre otros. Flores agregó que el gobierno no puede ceder a las presiones de estos grupos por "respeto a la inmensa mayoría de salvadoreños que se levanta cada día a ganarse la vida honradamente". Por otro lado, el mandatario no se refirió en ningún momento a la erogación de 10 millones de colones de parte del gobierno para los miembros de APROAS (EDH 23.08 p.3).
POLICIAS. Datos estadísticos de la Policía Nacional Civil (PNC) revelaron que 102 policías están presos por cometer delitos, 165 han sido destituidos por diversas anomalías y 1,300 son investigados por la comisión de faltas desde "leves" a "graves". Por ello, los agentes que integran el nivel básico de la PNC (unos 18,837) serán sometidos a un proceso de reevaluación, a partir de octubre próximo. Esta actividad se llevará a cabo en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), para una eventual depuración, según anunció, el 23.08, el director de la institución, Mauricio Sandoval. El jefe policial explicó que los agentes, en grupos de 2,000, permanecerán durante cuatro meses en la ANSP para examinar su "mística y vocación" policial. "No vamos a tolerar la participación de policías en delitos", advirtió Sandoval, tras adelantar que el proceso de depuración de los "malos" policías "tomará su tiempo". Sandoval explicó que el aparecimiento de delincuentes dentro de la PNC ha sido el resultado de la formación "apresurada" de ese cuerpo de seguridad. Sin embargo, consideró que ello "era necesario, aunque ha tenido sus consecuencias". El director dijo que con la reevaluación se busca "más calidad que cantidad" dentro de la PNC, aunque no indicó si los 89 subcomisionados y 280 subinspectores de la institución serán examinados (EDH 24.08 p.2).
SILVA. El alcalde capitalino, Héctor Silva, dijo, el 23.08, estar seguro de ganar los próximos comicios municipales. Sin embargo, su candidatura estará atada a una coalición de partidos y él mismo asegura que no competirá sólo por el FMLN. En semanas recientes, algunos políticos del Centro Democrático Unido (CDU), con quien se aliaría el FMLN en favor de Silva, dijeron a los medios que no apoyarán al edil si éste "no se quita la camiseta del Frente y se pone una común". Silva dice estar de acuerdo. "Lo que deseo es que podamos instalar una coalición de fuerzas políticas a la cual se sumen importantes fuerzas sociales independientes", señaló Silva, quien se muestra optimista al decir que se ha dado una gran paso al mover las voluntades políticas del CDU y la USC para la creación de una candidatura. "Yo estaría abierto a cualquier solución aceptable para las fuerzas políticas", afirmó el alcalde, al referirse a la creación de la coalición que lo impulsará como candidato. Asimismo, dijo estar seguro de que, independientemente del candidato que ARENA lance, él sería el ganador de la alcaldía, pues las encuestas y su trabajo previo lo favorecen. El edil asegura estar interesado en competir por la alcaldía, pues considera que es preciso continuar con los proyectos que ya inició en la comuna (EDH 24.08 p.16).
