Año 20
número 868
septiembre 1
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Cien días después
Política Flores: ¿otro Calderón Sol?
Economía El FSV y la crisis habitacional
Sociedad A las armas...
Regional Ex bolsones: el "espaldarazo" de los presidentes
Derechos Humanos Recordando 14 años... (II)
Cien días después
Algunos lo llaman el presidente ausente, otros el presidente invisible; hay quien, parodiando al rey filósofo de Platón, lo llama el presidente "filósofo", pero no porque tenga el don de la sabiduría para gobernar, sino porque pareciera pretender dirigir los asuntos públicos a base de hilvanar frases hechas, acompañadas de buenas maneras —que siempre son muestra de buena educación y una ventaja para ganar voluntades.
No es sólo que el nuevo presidente haya delegado en sus subalternos la relación con los medios de comunicación y la sociedad, sino que, además, no parece estar al tanto de lo que realmente sucede en el país y cuando trata sus problemas reales, lo hace de una manera abstracta. La "homilía" dominical que ha comenzado a dirigir a la nación hace pocas semanas adolece de la misma falta de contenido y dirección. En estas alocuciones desde Casa Presidencial, Flores no se refiere a los problemas que afectan a la mayoría de los salvadoreños y a los que se refiere, lo hace de tal manera que resulta incomprensible y hasta aburrido para el ciudadano promedio. El presidente Flores no sólo tiene dificultades con la comunicación, sino también con la realidad nacional.
La ausencia del Presidente de la República del ámbito nacional en un régimen tan fuertemente presidencialista como el salvadoreño y en una sociedad cuya transición se encuentra a medias y todavía sin un rumbo fijo y claro, puede ser peligrosa para la estabilidad social y política. Al asumir la presidencia, Flores tenía mucho a su favor. Por un lado, había bastante descontento por el mal gobierno de su antecesor, por la política tradicional de ARENA y por la situación de pobreza e inseguridad generalizadas; pero, por el otro lado y para contrarrestar estas realidades, contaba su juventud, sus buenos modos, su contacto directo con la población, su distanciamiento de la política tradicional de ARENA y de la gran empresa privada y su promesa de colocar la técnica al servicio de las necesidades populares. Todo esto creó unas expectativas que no han sido satisfechas en los primeros tres meses y es muy dudoso que lo vayan a ser en los meses venideros.
La primera desilusión fue el gabinete, que no está a la altura de las expectativas creadas por el mismo Presidente y sus allegados. La mezcla de ministros y altos funcionarios provenientes de los círculos tradicionales de ARENA con jóvenes inexpertos no era la más idónea para proyectar la imagen de novedad que, sin duda, Flores pretendía lanzar. Los resultados hablan por sí mismos: encarecimiento de la vida; malestar cada vez más amplio entre los empleados del sector público; desabastecimiento de gas propano; una ley de armas que, en lugar de restringir y controlar, fomenta la libre circulación y uso de casi toda clase de armamento, y una corrupción generalizada (un préstamo millonario para proporcionar liquidez a los dos bancos más grandes del país, malversación de 10 millones de colones, contrato oneroso con Nejapa Power, tolerancia ante los abusos y arbitrariedades de las empresas que prestan servicios públicos, puentes y carreteras cuyos costos se elevan desproporcionadamente por no haber hecho prueba de suelos, un radar millonario cuya utilidad verdadera es muy dudosa, un puente recién terminado arrastrado por las lluvias, etc.). Es cierto que el responsable de estos hechos es el gobierno de Calderón Sol, pero al de Flores le corresponde enfrentarlos; aparte de que ambos pertenecen al mismo partido. Los altos funcionarios gubernamentales no han sabido estar a la altura ya sea por inexperiencia, ya sea por falta de libertad.
El programa social del nuevo gobierno, que comprende la parte más importante de las alianzas que Flores prometió durante su campaña electoral y que pudo constituirse en una auténtica novedad, se encuentra atrapado en un creciente déficit fiscal —en parte heredado por el gobierno anterior, pero no desconocido por el nuevo—, la incapacidad administrativa y la inexperiencia. La paralización de las reformas sociales no es un problema de voluntades, sino de limitaciones estructurales. Los equilibrios macroeconómicos, de los cuales tanto se vanagloriaban los teóricos del modelo neoliberal, han comenzado a desaparecer, tragados por la disminución del crecimiento económico y el aumento del desempleo, por una bajísima tasa de inflación y una demanda deficiente cada vez más alta, por la recesión de la oferta y la creciente mora bancaria, por la caída de los precios de las exportaciones tradicionales y el consiguiente déficit de la balanza comercial. La economía de austeridad anunciada por Flores como gran medida para contrarrestar los efectos negativos de estos desequilibrios es sinónimo de más exclusión y pobreza.
Ante este panorama, el gobierno de Flores se limita a afirmar que la economía nacional lleva un rumbo muy claro y habla de ayudar a las empresas en quiebra, de una promoción agresiva de El Salvador en el exterior, de inversión pública, de cuentas fiscales, de los graves problemas por los que atraviesan los socios comerciales tradicionales del país; en una palabra, frases hechas sin mayor concreción. La impresión que queda de estos tres meses es que el gobierno no tiene claridad sobre la dirección y el futuro de la economía salvadoreña y, si en breve no logra articular un plan coherente, lo que el país puede esperar es el vaivén de medidas que caracterizó al gobierno anterior con su carga de desgaste e improductividad. Mientras tanto, las necesidades de las mayorías populares no pueden ser atendidas por falta de recursos.
Los más optimistas creyeron que Flores inauguraba una nueva forma de hacer política y con ello ponía los fundamentos de la renovación política de la derecha. Sin duda, tuvo posibilidades y contaba con algunas ventajas para intentarlo; pero en poco menos de tres meses, Flores no ha podido constituir el gobierno que ofreció. Su capacidad y su credibilidad se encuentran seriamente cuestionadas. El desgaste progresivo debido a su ausencia permanente de la realidad nacional lo aleja cada vez más del cumplimiento de las metas que él mismo se propuso. El Salvador necesita una dirección presidencial familiarizada con los graves problemas macroeconómicos, pero también compenetrada y sensible a los grandes problemas de las mayorías. La nación espera que su presidente explique los problemas con claridad, ofrezca soluciones viables y de corto, mediano y largo plazo, y abra horizontes a partir de realidades constatables y verificables.
El primero de septiembre se cumplieron tres meses desde que Francisco Flores asumió el poder del ejecutivo. Tal y como han ido las cosas, es tiempo suficiente para hacerse una idea del tipo de presidente que le espera al país a lo largo de los próximos cinco años. De acuerdo a la imagen que vendió, se suponía que Flores sería, si no el más amigo de los desposeídos, al menos sí un hombre emprendedor, dinámico y eficiente, cuya profesionalidad se haría evidente desde el momento en el que ocupara el cargo. No obstante, lo único que se ha visto hasta ahora es a un mandatario que pasa más preocupado por explotar su vena poético-filosófica que por gobernar.
La pasividad de Flores es asombrosa. Mientras los trabajadores hacen sentir la necesidad de aumentos salariales y rechazan enérgicamente las medidas económicas que el Presidente pretende impulsar, a éste no se le ocurre nada más que hacer "llamados a la razón y al diálogo", con lo cual no hace sino evidenciar la incapacidad de su administración para dar respuesta a una oleada de demandas que, si bien puede ser cuestionada en algunos aspectos, pone de manifiesto la inconformidad de la gente con un gobierno que continúa haciendo caso omiso de los problemas de la mayoría.
En relación al caso de los ex patrulleros, Flores se ha cruzado de brazos arguyendo total ignorancia sobre el desvío de fondos hacia APROAS y negándose a tomar cartas en el asunto. Una vez más se hace evidente su incompetencia o su falta de interés en tomar las riendas del país cuando decide viajar al exterior el mismo día en el que los ex patrulleros realizarán otra manifestación pública, previa amenaza de guerra en caso de no ser escuchados. Según parece, el mandatario prefiere omitir como modo de negar la realidad, que asumir la gravedad de los acontecimientos. Como si sus llamados a la cordura y su "rechazo a la violencia" fueran todo lo que le corresponde hacer para solucionar de una vez el problema con los ex patrulleros y saldar cuentas con la ciudadanía sobre la malversación de fondos que presuntamente le ayudó a llegar al poder.
De las famosas "alianzas", sólo dos han salido a la luz pública y más han tardado en darse a conocer que en sacar a flote sus debilidades. Primero fue el plan de seguridad pública. Un modelo ambicioso y sugerente, pero poco realista en cuanto al presupuesto y atrapado aún en el enfoque reactivo de la lucha antidelincuencial. Pero es que, además, ciertas actuaciones de Flores contradicen flagrantemente su supuesto interés en combatir la delincuencia. En concreto, el modelo económico que pretende implementar —la segunda "alianza" conocida— y la nefasta Ley de Armas, que él avaló sin mayor detenimiento.
Es harto sabido ya que hablar del combate a la delincuencia sin reconocer la necesidad de combatir la pobreza es mera retórica. Pues bien, ni en el modelo de seguridad pública ni, más preocupante aún, en el modelo económico se ven muestras palpables de que después de los próximos cinco años El Salvador será menos pobre y más seguro que ahora. Al contrario. La privatización, que ha sido una de las grandes banderas de la política económica de los gobiernos de ARENA, no ha dado el resultado esperado. Lejos de eso, los servicios básicos se han encarecido y su calidad ha disminuido considerablemente. Las cosas amenazan con ponerse peor si Flores decide llevar a la práctica la idea de añadir el IVA a la canasta familiar y a los medicamentos. Además, es evidente que nada de lo que está haciendo este gobierno en el terreno económico da pie a pensar que habrá un aumento considerable en la taza de empleo (otra de las promesas de Flores). ¿Será esta la forma de combatir la delincuencia desde su raíz?
Por otra parte, la Asamblea Legislativa autorizó la armamentización de la sociedad civil. Un despropósito ante el cual Flores simplemente argumentó que "lo perfecto es enemigo de lo bueno". Aún hoy es un misterio cómo es que el Presidente puede considerar "bueno" que los salvadoreños, con la arraigada violencia que los caracteriza, puedan portar instrumentos de muerte de manera legal. Los ejemplos sobre nuestra violencia cotidiana sobran: un hombre asesinó a su vecino porque al estacionar su vehículo éste arruinó el jardín de su casa; un profesor mató a su esposa y luego se suicidó, estando presente el hijo de ambos en el lugar de los hechos; un conductor asesinó a otro por haberle negado la vía... ¿Será bueno facilitar armas a la población en un país en el que no se respeta la vida y donde la violencia es usualmente el primer recurso para solucionar los conflictos?
El que el Presidente se haya rodeado de "técnicos" para ayudarse a gobernar tampoco ha supuesto ningún cambio considerable. La mayor parte de los ministros será acaso competente, pero es obvio que no están cualificados para administrar una sociedad tan necesitada y conflictuada como esta. Por si esto fuera poco, quienes realmente concentran altos poderes de decisión son las tradicionales y ultra conservadoras figuras de siempre. Mario Acosta Oertel es la prueba más palpable de ello. Además, la presencia de Mauricio Sandoval en la Policía Nacional Civil no favorece mucho la imagen de esa "una nueva forma de hacer política" que Flores anunció hasta la saciedad antes de ocupar la silla presidencial.
Tampoco se ve nada claro que Flores y su gabinete sepan hacia dónde conducir el país. Pese a los esfuerzos en la formulación de un Plan de Nación y al tan publicitado plan de gobierno del mandatario, El Salvador camina a tientas y a la deriva, esperando la noticia del día y la respuesta de coyuntura. Recordemos cuántas maravillas habló el gobierno pasado del Plan de Nación, cuántas veces se insistió en la importancia de que el documento pudiera ser asumido por cualquier grupo político que se hiciera del ejecutivo. Ahora, ni siquiera Flores lo toma en cuenta. Y, peor aún, su notoria falta de liderazgo tiene que ver, en mucha medida, con la falta de un proyecto de mediano y largo plazo que encamine al país en una sola dirección.
Como van las cosas, el personaje que parecía poseer una diferencia cualitativa respecto de sus predecesores no se está convirtiendo si no en un clásico arenero más. Lo diferente de Flores es su estrategia. Ciertamente, es más cómodo callar y evitar meter mano que fingir hacerse cargo de unos problemas que no parecen tocarle, a pesar de ser los mismos —pobreza y violencia— a los que durante la campaña consideró "sus verdaderos enemigos". ¡Cuánta indulgencia han encontrado esos "enemigos" en el Presidente!
En definitiva, una evaluación de los tres primeros meses de gobierno no puede más que generar pesimismo. Mal hicieron quienes creyeron que Flores superaría, al menos en un mínimo, la gestión de Calderón Sol. "Paquito" es más bien una nueva versión del ex presidente. La falta de planificación, la corrupción, la ausencia de liderazgo, la incapacidad para hacer frente a la pobreza y la violencia, son hasta ahora las notas características de este gobierno. Muchas medidas ya ejecutadas, como la Ley de Armas, el nombramiento de ciertos funcionarios y el modelo de seguridad pública, sin duda determinarán el rumbo del presente lustro. Y eso es lo más grave: el futuro del país depende de un brusco viraje con el que nadie en esta administración da muestras de estar comprometido. Ante semejante panorama, ante semejante presidente, ¿no se estarán socavando las virtudes del presidencialismo para avanzar en el proceso de democratización del país?
Con la introducción del Sistema de Ahorro de Pensiones se eliminaron las cotizaciones de los trabajadores para el fondo de invalidez, vejez y muerte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y se crearon las cotizaciones para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). En esa ocasión también se eliminaron las cotizaciones de los trabajadores para el Fondo Social para la Vivienda (FSV), como una forma de aliviar el fuerte incremento de las cotizaciones por invalidez, vejez y muerte que implicó la creación de las AFPs.
El FSV ha estado a cargo del financiamiento para vivienda mínima para el sector obrero bajo condiciones blandas; es decir, con tasas de interés más bajas que las del mercado y con mayores plazos, para lo cual contaba con las cotizaciones de trabajadores y empleadores. Con la eliminación de estas últimas, el FSV experimentó una reducción de sus ingresos, que en un principio pretendió ser compensada con la autorización de emitir títulos valores que podrían ser comercializados en la Bolsa, y que podrían ser adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), pero sin exceder un 30% de su total de inversiones. Al parecer este esquema no ha sido suficiente para las necesidades de financiamiento de viviendas populares.
En este marco, el pasado 25 de agosto el FSV, la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) formalizaron un acuerdo por el que la última otorgará 2,500 millones de colones para que el FSV financie la adquisición de 30,000 viviendas para el sector popular. Los fondos para este financiamiento se concretarán a través de la emisión de títulos valores que el FSV venderá en el mercado bursátil a diez bancos del sistema. Esto vendrá a ser un alivio para las empresas del sector construcción de vivienda mínima, el cual se encuentra con inventarios elevados y con una reducción de las fuentes de financiamiento para sus clientes potenciales.
El citado convenio vendrá a aliviar la escasez de recursos para el financiamiento de vivienda popular, pero sólo de forma temporal, pues el actual esquema de financiamiento de vivienda popular desarrollado a través del FSV no es sostenible bajo las condiciones que se le impusieron con la privatización del sistema de pensiones. Así lo reconocen el viceministro de Vivienda, Rafael Alvarado, y el presidente del FSV, Edgar Mendoza, para quienes se requiere de nuevos fondos para financiar las operaciones del FSV, pues los que se obtienen de las AFPs son insuficientes. De acuerdo a estas fuentes, se pretende obtener los fondos a través de la creación de un mercado secundario de hipotecas y la contratación de un préstamo blando con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Lo cierto es que en la actualidad existen considerables inventarios de viviendas que no han podido ser vendidas, ya que, aunque hay familias interesadas en adquirirlas, no existen canales de financiamiento ni en la banca ni en el FSV. Por lo anterior, se vuelve pertinente hacer algunas consideraciones sobre la oferta y la demanda habitacional y las perspectivas para el financiamiento de viviendas populares de cara a la crisis del FSV.
Al examinar el mercado de las viviendas puede notarse que en éste la demanda no necesariamente refleja las necesidades existentes, de forma que puede decirse que existe una demanda efectiva o real y una demanda no satisfecha o potencial que equivale a las necesidades de vivienda efectivas. Es decir, del total de familias que necesitan vivienda, sólo una parte está en capacidad de pagarlas —a través de un financiamiento— y convertir su necesidad en demanda. En El Salvador se estima que existe un déficit de vivienda de aproximadamente 500,000 unidades, pero esta cifra podría abultarse si llegara a suspenderse la construcción y el financiamiento blando para las viviendas populares, tal como parecen mostrar las tendencias actuales.
De hecho, de acuerdo a versiones del presidente del banco Ahorromet Scotiabank, Federico Salaverría, lo más probable es que no se construyan más viviendas de tipo popular hasta que no se vendan las 30,000 viviendas inventariadas que se pretenden financiar con la compra de títulos valores al FSV por parte de ABANSA.
Por otra lado, un problema adicional surge debido a la reducción de ingresos experimentada por el FSV y la consecuente reducción del financiamiento de viviendas populares. De no haber existido el convenio FSV-CASALCO- ABANSA, 30,000 familias más no contarían con vivienda adecuada y existiría un inventario compuesto por 30,000 viviendas que, ante la imposibilidad de ser vendidas, representarían un elevado costo financiero para las empresas constructoras y problemas de cartera morosa para el sector financiero. Según el director ejecutivo de CASALCO, Héctor Vidal, en la actualidad existe demanda de vivienda popular, pero "no están los recursos disponibles para hacerle frente".
Por el lado de la oferta, llama la atención el hecho de que el sector construcción haya llegado a acumular inventarios tan elevados. Pese a que este fenómeno viene observándose desde tiempo atrás, ahora ha alcanzado dimensiones preocupantes. Ya desde principios de año CASALCO se quejaba de estar experimentando una recesión económica debido a restricciones en el financiamiento, producto del incremento de las tasas de interés y de los tramites requeridos por el sistema financiero (Proceso, 847).
La situación actual sugiere que cada vez existen menos posibilidades de que se desarrolle una estrategia de reducción del déficit habitacional, debido a las restricciones financieras a las que se le ha sometido al FSV en aras de la introducción del sistema de ahorro de pensiones. Hasta la empresa privada se ha visto perjudicada con la eliminación de las cotizaciones a dicha institución, pues se ha generado una recesión en el sector construcción debido a que no hay financiamiento disponible para viviendas populares. Así, las ganancias de las AFPs se han traducido en pérdidas para los constructores y menor acceso a crédito para vivienda para la población de escasos recursos.
El convenio FSV-CASALCO-ABANSA parece ser producto de la necesidad de apoyar financieramente al sector construcción y evitar que las empresas que operan en él alimenten las cuentas en mora del sistema financiero. Sin embargo, al mismo tiempo la banca estaría abriendo un precedente al financiar créditos para la adquisición de viviendas populares bajo condiciones blandas, lo cual es una buena señal para los sectores de bajos ingresos.
Como están las cosas, la banca debería otorgar créditos a más largo plazo y a menores tasas de interés para así absorber a los demandantes de créditos para vivienda popular o bien otorgar al FSV financiamiento para desempeñar sus actividades, pero no solamente en los casos en que las empresas constructoras se encuentren en aprietos, sino también como una política permanente de reducción del déficit habitacional y de democratización del crédito. De cualquier manera, es importante que se establezcan nuevas fuentes de financiamiento para el FSV, ya que en las condiciones actuales éste parece estar destinado a desaparecer o a reducir fuertemente el crédito que otorga para la adquisición de viviendas populares.
Un joven que presencia el robo del auto de su madre decide perseguir —¿para arrestarlos?— a los atracadores. En el camino recoge a cuatro policías y, entre una lluvia de balas y granadas, lidera la caza de los delincuentes. ¿Un héroe o un imprudente que puso en peligro su vida y la de los transeúntes? Según La Prensa Gráfica, lo primero. Unos días antes, el pasajero de un bus asestaba cuatro balazos —uno sólo ya no es suficiente— al individuo que asaltaba a los pasajeros. Cuando la policía llega al lugar de los hechos, los testigos se niegan a dar su declaración. Un comerciante, al parecer molesto por el afán policíaco de dar con el anónimo justiciero, declaraba: "si la Policía no puede con los ladrones, que no protesten cuando nos defendamos". Pero ¿quién protesta?
El Estado no puede. No si ha dado los medios y las justificaciones para que la ciudadanía tome la justicia por sus propias manos. ¿Por qué un "ciudadano honrado" tendría que desistir de darle rienda suelta a su frustración frente a la delincuencia y convertirse en el "héroe" de la semana, si el Estado le ha permitido que se arme hasta los dientes para defenderse de los delincuentes y muchos de sus funcionarios son de la opinión de que las leyes son poco menos que inútiles para tratar adecuadamente a los que delinquen? Si el Estado delega en los individuos la responsabilidad de su propia seguridad y socava con su actitud la confianza en el marco legal, ¿por qué protestaría frente a los excesos de los que se sienten amenazados por los delincuentes?
Contra toda lógica, el ciudadano común es ahora un policía asolapado. Aunque con importantes diferencias: este último debe apegarse a los procedimientos policíacos establecidos, el primero opera desde la neblina de sus impulsos; mientras el policía debe respetar criterios claros para pasar de una actitud defensiva a una ofensiva, el "ciudadano honrado" tiene el privilegio de atacar primero y luego dar las explicaciones pertinentes, en el caso de que los que le rodean no le permitan escapar y no encubran con su silencio la acción. Así, la relación entre policía y ciudadano se deforma: más que entenderlo como el objeto de su protección y servicio, el agente policial ve en el ciudadano a un compañero de armas —no de legalidad, por supuesto— y viceversa. Ello explica porqué cuatro policías asistieron alegremente a un joven con talento justiciero en lugar de hacerle desistir de su imprudencia. Ello explica porqué, en un caso similar, otro grupo de policías utilizó a un automovilista particular para perseguir y liarse a tiros con unos delincuentes que habían cometido un atraco.
En Guatemala, los linchamientos —versión grupal del justiciero anónimo salvadoreño— son vistos como un grave problema social que señala la debilidad del Estado y de los mecanismos de la justicia. Acá, el ciudadano que toma la justicia por sus manos es más bien un ejemplo a seguir; es la perfecta cristalización de lo que el Estado espera de él. De esta manera, su acción es más una solución que un problema, más un fenómeno que despierta deleite y satisfacción que uno que ocasiona preocupación social y que obliga a preguntarse sobre la racionalidad de la sociedad en que surge.
En este contexto tan desesperanzador, un primer atisbo de sensatez se ha abierto paso con el nombramiento de Salvador Samayoa como Presidente del Consejo de Seguridad Pública. Samayoa no sólo ha criticado la Ley de Armas, sino que también promete que el Consejo que preside pasará a realizar una labor efectiva y no meramente ornamental, tal como sucedió durante la administración anterior. Samayoa tiene claro que el tratamiento de la delincuencia común va más por la vía de la prevención que por la de la represión y que el uso de las armas debe ser más una excepción que una norma. Convencer de esto al gobierno será un dura tarea, pero sin duda menos ardua que la de idear la manera para que los ciudadanos comprendan que la ley no se escribe a tiros; que no es un Kalashnikov el mejor garante de la legalidad y la justicia.
Los presidentes de El Salvador y Honduras decidieron firmar lo que ellos consideran el principio del fin de los problemas en los ex bolsones. Siete años después de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia acabó con los conflictos fronterizos entre las dos naciones, los mandatarios decidieron darle un espaldarazo a las negociaciones que buscan resolver las consecuencias de dicho dictamen. A través de los acuerdos contenidos en la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos, firmada en enero de 1998 por ambas naciones, se garantiza, principalmente, que la demarcación de unos 347 kilómetros de frontera común se realizará en menos de un año. Asimismo, el documento certifica que los derechos de los habitantes hondureños o salvadoreños cuyas propiedades quedaron en suelo extranjero serán plenamente respetados y que podrán optar por la doble nacionalidad para poder llevar una vida estable dentro de cualquiera de estos dos países.
En principio, tres son los ejes desde los que se deberían analizar los contenidos de la medida binacional: demarcación fronteriza, respeto de los derechos de propiedad y nacionalidad y desarrollo económico y social de la región. Evidentemente, los dos últimos no forman parte de las prioridades de ninguno de los dos gobiernos. Frente a los avances en el proceso de demarcación fronteriza, queda pendiente todavía que los congresos de cada país discutan y unifiquen los términos en los que se aplicará el mecanismo de registro de propiedad y la nacionalidad de los habitantes de los ex bolsones. Hasta la fecha, no se conoce ninguna fuente de financiamiento que permita visualizar el inicio de algún plan de desarrollo para la región. Además, en el acuerdo firmado ni siquiera se garantiza la facilidad de intercambio de mercancías y de tránsito de personas, tema que también figuró como uno de los compromisos a cumplir en 1998 y que ha sido prácticamente ignorado desde entonces.
En este sentido, el "espaldarazo" del que se hablaba no va dirigido a los habitantes de los ex bolsones ni mucho menos a los miembros de las diferentes comisiones negociadoras, quienes en verdad han marcado la pauta en el cumplimiento de los compromisos adoptados hace más de un año. Carlos Flores Facussé, su homólogo Francisco Flores y sus equipos de relaciones exteriores hicieron un buen trabajo anunciando al mundo entero su disposición de no permitir más retrasos en el trazo de las fronteras comunes. Como bien lo han dicho los medios informativos, los presidentes sólo pusieron su parte —la meramente formal, dicho sea de paso— en la resolución de un problema hace mucho tiempo discutido. Pero esa parte, aunque así lo pretendan los mandatarios, no es suficiente para hablar del principio del fin de los problemas de los habitantes de los ex bolsones, los verdaderos protagonistas del proceso. Esto es así especialmente por la naturaleza de los compromisos adquiridos en la Convención.
A los gobiernos de ambos países les es más urgente resolver en poco tiempo el tema limítrofe que presionar por un avance en cualquiera de los otros dos ejes. Pese a que la lamentable condición de vida de los habitantes de la zona se ha convertido a todas luces en el principal detonante de los problemas que ahí se han dado, la prioridad no ha sido precisamente procurar una mejoría en su situación. La prestación de servicios básicos es prácticamente inexistente para los 15,000 habitantes de los ex bolsones. La educación y la salud no dan abasto para las necesidades de una población tan desatendida. Por otro lado, el gobierno de Honduras ha hecho muy poco por retirar de la región a sus fuerzas armadas, a sabiendas de que su presencia aviva las tensiones que todavía subyacen entre ambas naciones. El mismo canciller de Honduras justificó el despliegue militar como una manera de garantizar la seguridad y la calma entre los pobladores.
Así pues, parece que con la iniciativa bilateral los mandatarios lograron quitarse parte del peso que desde hace más de treinta años venían cargando. Tras la ratificación presidencial de la Convención no sólo se ha logrado infundir cierta calma entre los pobladores de los ex bolsones, quienes, motivados por el abandono y el aislamiento, depredaban ilegal e incesantemente el recurso forestal de la zona; además, el documento les permite presentar resultados a la comunidad internacional que ha colaborado en la resolución de los conflictos que de ahí emanaban. En el fondo, ambos presidentes ven en la firma del acuerdo un instrumento para quedar bien a los ojos del mundo. A Flores Facussé le favorece en cuanto que le puede servir de comodín para lograr más ayuda internacional (solo los costos totales de la demarcación ascienden a $6.4 millones). Al presidente salvadoreño porque le suma puntos a su imagen de mandatario que, hasta el momento, no va muy bien. Son estas, pues, las razones del "espaldarazo" de los presidentes.
(Continuación de la conversación de Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), con Ricardo Iglesias, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en El Salvador, y José María Tojeira, rector de nuestra Universidad, en el marco del décimo cuarto aniversario del IDHUCA).
Ricardo Iglesias (RI): El Salvador duele todavía; es decir, tenemos un país que, lamentablemente, no es un lugar en el cual cualquier persona quisiera o mereciera vivir. Realmente, creo que el trabajo de derechos humanos tiene todavía —lamentablemente— que luchar por el rescate de la dignidad humana. Es una cosa tan esencial en cualquier país del mundo y que en el país todavía no hemos logrado construir; y creo que instituciones como el IDHUCA tienen que trabajar desde la sociedad civil, presionando para que la dignidad humana se rescate o se construya.
Es feo decirlo, pero es increíble que en un país todavía tengamos que luchar por el rescate de la dignidad y pensar de que hay que empezar desde lo más básico; lamentablemente, estamos en esta situación. Hay mucho trabajo por hacer y por ahí va encaminada la cosa: rescatarnos como seres humanos, como sociedad y terminar de construir lo que se empezó con los acuerdos de paz. Yo siempre he sostenido que los acuerdos de paz vamos a realmente sentirlos dentro de diez años, dentro de veinte años, en la medida en que ahora, hoy mismo, se estén dando los pasos para construir la institucionalidad que se diseñó en ellos. Pero, precisamente, rescatar esas instituciones, construir la democracia es difícil, porque no es lo mismo rescatar una democracia como en Chile por ejemplo —que tenían cien años de vivencia democrática, luego se interrumpió y luego se reconstruye— que construirla a partir de cero. Yo creo que ahí el IDHUCA y todas las expresiones como éstas de la sociedad civil tienen un papel importante para trabajar en el rescate de la dignidad humana para que, de aquí a diez años, podamos decir que en El Salvador vale la pena ser ser humano.
Benjamín Cuéllar (BC): Como Ricardo decía: "El Salvador duele". Y el tema de los derechos humanos duele no sólo porque se siguen produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos —quizás sin razones políticas, porque parece que no hay enemigo político a quien atacar—. Pero duele, por ejemplo, con el maltrato a las nuevas instituciones; duele tener a alguien como el que está en el despacho del procurador de derechos humanos, señalado, creo que como el "funcionario" más cuestionado en la historia de El Salvador.
Pero también produce esperanzas el tema de los derechos humanos. Produce esperanza la creación de nuevas instituciones en este escenario como esta Asociación de Víctimas, la Defensoría de la Parroquia de Santa Lucía, la Defensoría en la colonia Zacamil. Sí hay razones para tener la esperanza. Produce esperanza también porque —quiero que la YSUCA tenga la primicia— un salvadoreño que trabajó con Monseñor Romero, que trabajó con Segundo Montes desde hace veinte años, casi, fue nombrado, ayer, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ese tipo de cosas creo que son parte del reconocimiento de lo que significa El Salvador en el tema de la defensa y promoción de los derechos humanos, no sólo a nivel latinoamericano sino a nivel, incluso, mundial. Pese a los errores, al maltrato que se le da al tema de los derechos humanos dentro del país —sobre todo por los políticos— creemos que el reconocimiento para ese esfuerzo y las razones para tener esperanzas siguen presentes en El Salvador. No sé, a diario o muy seguido, a la rectoría de la UCA se acercan gentes dibujando un poco ese escenario de violación a los derechos humanos, que no reconoce, incluso, colores partidarios; porque lo que prevalece es que el que tiene más poder, impunemente puede atropellar al que tenga menos poder.
José María Tojeira (JMT): Esa es una realidad. Ahora, hablando de la esperanza que decías, a mí me impresionó mucho el domingo pasado la concentración de gente en Ciudad Barrios, conmemorando a monseñor Romero y teniendo este acto de preparación para el aniversario. El tema de los derechos humanos salió repetidas veces y fue aplaudido sistemáticamente por las diez o doce mil personas que habían en la plaza.
El tema creo que despierta esperanza en la gente, despierta un deseo como muy profundo de que se cambien valores, modos de proceder. Lo que pasa es que, tal vez, a nivel de partidos concretos, no se ha sabido asumir el reto que la población está lanzándoles; están demasiado encapsulados en modos de proceder, muy centrados en los intereses particulares y no en los intereses de la ciudadanía en general. Los partidos tienen que abrirse mucho más a la ciudadanía y escuchar el clamor de la gente, que es un clamor de vivir en igualdad, en dignidad y en respeto. El párroco de Ciudad Barrios dijo una cosa muy bonita: que en el "hospitalito", generalmente se le celebraba a monseñor Romero como mártir; en la catedral, se le celebraba como pastor y en Ciudad Barrios —toda aquella gente— se le estaba celebrando en aquel momento como salvadoreño y como buen ciudadano salvadoreño que quería construir la hermandad entre todos los salvadoreños. La gente le aplaudió terriblemente al párroco. Yo creo que hay ahí unos signos de esperanza muy grandes y lo que tú dices, ésta ha sido una manifestación en Ciudad Barrios, pero se multiplican los grupos de gente que solidariamente se preocupan por los derechos humanos y las actividades.
Yo estuve ayer con monseñor Rosa Chávez en la Universidad de El Salvador y de repente estaban celebrando el veinticuatro aniversario de la masacre del 30 de julio. Era una cosa que estaba olvidada dentro de la Universidad y que de repente rebrota. Yo sí veo que hay una fuerza que los derechos humanos no es una doctrina que esté pululando por ahí y que sea una idea de cuatro o cinco, sino que es algo muy encarnado en el pueblo salvadoreño y que está creciendo. En ese sentido, a mí me da mucha esperanza.
BC: Ricardo, Ustedes están también relacionados muy directamente con lo que sería nuestra contraparte; es decir, las autoridades del Estado salvadoreño. Un poco para lanzar, incluso aunque sean débiles, señales de esperanza desde esos espacios, ¿hay una actitud absolutamente cerrada como la que muestran a veces los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, o se pueden tener esperanzas, se puede creer de que este capital acumulado desde hace casi veinte años ha ido logrando incidir en las instituciones del Estado, independientemente que se den hechos como el de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos?
RI: Yo, en efecto, tengo esperanzas; es decir, hemos trabajado con autoridades del gobierno y sí he sentido una apertura y una toma de conciencia en materia de derechos humanos, pero como dicen: "de todo hay en la viña del Señor". Encontramos por su puesto gente muy comprometida, gente que trabaja, gente que cree en lo que hace; pero, también, lamentablemente, hay problemas hay resistencia todavía. El tema de los derechos humanos todavía es un tema que no cuaja en El Salvador. Hay gente que siempre tiene mucha resistencia, que siempre lo mira como un tema político, como un tema que no ayuda, que es problema para la Policía. Respetar los derechos humanos por parte de la Policía es un problema para su eficacia, piensan algunos y algunas. En fin, hay de todo, pero creo que ya se puede hablar de derechos humanos en este país sin temor a que te maten, por lo menos tan evidentemente.
Es decir, sí se puede discutir y eso da esperanza. Creo que hay gente, sobre todo gente joven, en las instituciones del Estado que creen en el futuro de El Salvador y eso hay que explotarlo, hay que trabajar en eso. Yo siempre he sostenido de que El Salvador en su desgracia ha sido privilegiado, no sólo porque hemos tenido a un monseñor Romero o a los padres jesuitas —los mártires de la UCA— sino que cuando se sale del país uno se fija, mira de que lo se ha logrado en El Salvador, con todo y los retrocesos, es ejemplo para el mundo. Yo creo que hay que rescatarlo y que todavía se puede trabajar más; y sobre todo desde la perspectiva del gobierno, creo que se puede hacer mucho.
BC: Yo creo que cuando el padre Tojeira hablaba de Ciudad Barrios y cuando se toca el tema de los derechos humanos, es importante darnos cuenta de que a pesar de todos los intentos que se han hecho por matarnos la memoria y la esperanza, este pueblo es terco y se resiste a que eso suceda; al contrario, cada vez en ese ser proscrita la memoria y toda la tragedia salvadoreña —porque nombres y apellidos aparecen como responsables cuando se recuerda— adquiere todavía una mayor dimensión la lucha por la promoción de los derechos humanos en El Salvador.
Creo también que, desde nuestra perspectiva, lo que estamos tratando de hacer incluso es cambiar los códigos que se ocupan ahora. Un ejemplo de algo que nosotros pensamos y hacemos: ya no queremos hablar más en El Salvador de un país de víctimas eternas que están esperando la caridad; que alguien les ayude o que alguien les tenga conmiseración y lástima, no. Nosotros estamos hablando de personas que han sido víctimas y ese es el enfoque que hemos querido dar desde el IDHUCA; de víctimas de violación en un momento dado. Pero este ambiente que se va creando de que no hay que dejar en la impunidad nada, de que no hay que agachar la cabeza y hay que hacer valer los derechos, las convierte inmediatamente en luchadoras por hacer valer sus derechos, pero también por hacer valer los derechos de toda la sociedad. Esa es la visión que debe de privar de ahora en adelante en el trabajo de derechos humanos.
JMT: Yo creo que es un anhelo muy profundo. Una famosa frase de un escritor dice que: "el gran deseo del siglo XX es que el verdugo no prevalezca sobre la víctima". Yo creo que eso sólo se puede construir en el momento en que aquellas personas que han sufrido violaciones toman conciencia de su dignidad y se enfrentan a los verdugos, y dicen: "miren yo seré víctima, pero tengo más dignidad que la del verdugo". Lo que a veces se hace es poner al verdugo como el bueno y a la víctima como la mala, cuando la situación es al revés. Yo creo que eso sí: mucha gente que antes se asustaba, que tomaba las violaciones en su contra como un castigo de Dios o algo parecido, ahora saben levantarse.
BC: No nos resta más que agradecerles, Ricardo y padre Tojeira, por haber compartido con nosotros algunas reflexiones; creo que la puerta queda abierta para seguir en un constante proceso de pensamiento y de acción en la defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador. Tenemos mucho trabajo todavía por delante.
RI: Yo quisiera darte las gracias primero por la invitación para estar acá, pero sobre todo darle las gracias como salvadoreño al IDHUCA, a su equipo, por ser una institución que trabaja por los derechos de las y los salvadoreños. Personalmente, tengo mucho que agradecer porque mucha de mi formación jurídica es en la UCA y mi formación en derechos humanos; también le debo bastante al IDHUCA. Muchas gracias.
JMT: Gracias también, Benjamín al IDHUCA y a ti; muy particularmente, unas gracias muy especiales a tanta gente en El Salvador; tantas personas que aprecian, soportan, ayudan y nos dan fuerza a ti y al IDHUCA para seguir trabajando. Yo creo que este anhelo de justicia y esta bondad, comprensión de tantos salvadoreños y salvadoreñas, es lo que más tenemos que agradecer siempre, porque ellos nos dan el soporte y la ayuda para seguir trabajando.
EX BOLSONES. El Salvador y Honduras finalmente suscribieron, el 27.08, un documento con el que se garantizarán todos los derechos de los campesinos que se vieron afectados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en 1992. Los presidentes Francisco Flores, de El Salvador, y Roberto Flores Facussé, de Honduras, intercambiaron los documentos de ratificación de la Convención. Con ello, se puso punto final a las dudas entre los campesinos salvadoreños y hondureños que tras el fallo pasaron al país vecino. El principal problema que enfrentaron los salvadoreños fue el de la inseguridad de posesión de sus tierras, ahora en el lado hondureño, ya que la Constitución de ese país prohibe que extranjeros sean propietarios en los primeros 30 kilómetros después de la línea fronteriza. El documento garantiza a salvadoreños y hondureños, habitantes de los ex bolsones, que sus derechos serán respetados, especialmente el derecho adquirido sobre sus propiedades. Además, los gobiernos se han comprometido a efectuar, en la medida de lo posible, proyectos sociales en las zonas, como construcción de escuelas e instalaciones de salud. Para la demarcación, ambos gobiernos han manifestado su interés en aumentar los fondos para garantizar los derechos de los habitantes (EDH 27.08 p.6).
ARAUJO. Walter Araujo, jefe de la fracción legislativa de ARENA, corrigió, el 26.08, sus declaraciones en torno al origen de los 10 millones de colones entregados por el anterior gobierno al grupo de ex patrulleros agrupados en APROAS. Araujo pidió disculpas por su equivocación. La semana pasada el legislador declaró que los fondos para los ex patrulleros se tomaron de la ayuda externa, posiblemente de la destinada a los afectados del huracán "Mitch". Según sus explicaciones, todo se debió a una confusión, pues en un momento pensó que la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE) sólo se encargaba de manejar fondos internacionales. Araujo afirmó que él no tiene la obligación de conocer los procedimientos que el poder Ejecutivo sigue al momento de aprobar los trámites administrativos para entregar cualquier tipo de ayuda. Araujo comparte ahora la versión del gobierno: los 10 millones para APROAS se tomaron de fondos del país y no de ayuda internacional. Por otra parte, el diputado negó categóricamente la existencia de una Comisión Especial para negociar, donde participaron él, el ministro Mario Acosta y el coronel Denis Morán. "Yo sólo hice mi labor de diputado al solicitar apoyo al gobierno, porque APROAS acudió a mi", aclaró (LPG 27.08. p.12 y EDH 27.08 p.16).
APROAS. El conflicto entre el gobierno y los ex patrulleros aglutinados en APROAS continúa. Esta vez los desmovilizados amenazaron con que "habrá otra guerra" si el gobierno no cumple sus demandas a corto plazo. Las amenazas fueron expuestas, el 29.08, por el dirigente de la Asociación, Luis Alonso Molina, durante una concentración de aproximadamente tres mil ex patrulleros en la sede de la organización. Molina dijo que los desmovilizados ya no desean hablar del tema de los diez millones, porque se politizó y es preferible que el presidente Flores instale una Comisión Especial en la que participe de manera directa. "A palabras entendidas, el tema de los diez millones lo han politizado. No nos interesa su origen, lo importante es que paguen la indemnización y que se dejen de babosadas", expresó Molina. Carlos Cortéz, otro de los dirigentes, sostuvo que fueron comprados en la pasada campaña electoral. "Existe un documento de los acuerdos con APROAS, los cuales no se han cumplido", señaló. Asimismo, dijo que no se aceptará ningún proyecto de reinserción social para los ex patrulleros si antes no se les otorga la indemnización de los diez mil colones, como punto central de las negociaciones. Para el próximo 02.08, los desmovilizados han amenazado con concentrarse en las gobernaciones y alcaldías del país (EDH 30. 08 p.2).
MAESTROS. Los titulares del Ministerio de Educación presentaron, el 31.08, al presidente Flores la propuesta de revisión salarial para el magisterio. Sin embargo, la posibilidad de un incremento general de salarios para este año quedó anulada. El proyecto se traduce en un incremento de 123 millones de colones en el presupuesto de Educación. La base para el plan nace de la Ley de la Carrera Docente. En ella se establece que el salario de los docentes se fijará tomando en cuenta el cargo, con una revisión no mayor a tres años, atendiendo al sueldo base del nivel y la categoría en la que el maestro imparta sus clases. En la revisión salarial incidirá la zona en la que esté ubicado el centro educativo, ya sea en la zona rural o urbana, y el número de alumnos que atienda. Este inciso, aunque siempre ha estado en la ley, nunca se había aplicado a la hora de estimar el salario de los educadores. En un primer sondeo, según la ministra de Educación, Evelin Jacir de Lovo, son 8,196 maestros los que imparten clases en dos secciones, trabajo por el cual reciben mil colones. El aumento para el próximo año sería de 200 colones cada uno. En el caso de los incentivos por ruralidad, se beneficiarán 11,700. La propuesta de revisión salarial está sujeta al visto bueno de los diputados que se encargarán de aprobar el presupuesto del 2000 (EDH 01.08 p.6).
PEÑATE. La Asamblea Legislativa retomó, el 31.08, los cuestionamientos hacia el procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco. La Comisión Política resolvió favorablemente la petición de un grupo del PDC de investigar el desempeño y la conducta del funcionario. Se encomendó al diputado René Aguiluz, secretario general pedecista, elaborar el proyecto de investigación. Contra Peñate existen diversas denuncias de supuestas faltas cometidas desde antes de su llegada a la Procuraduría. Los más recientes señalamientos se refieren a atropellos contra empleados, abuso de poder e irregularidades administrativas. Corresponderá a los diputados, miembros del grupo investigador, comprobar o desmentir los cuestionamientos. "Lo primero es determinar si [Peñate] ha cumplido con las obligaciones constitucionales que demanda su cargo y si ha respetado lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría", comentó Aguiluz. Para el 02.08 se ha programado una reunión extraordinaria de la Comisión Política, para integrar el grupo. Al menos ocho partidos representantes en la Asamblea han manifestado su apoyo a la solicitud del PDC. Schafik Handal, del FMLN; Kirio Waldo Salgado, del PLD; Rita Cartagena, de la USC; Alex Aguirre, del PCN, y Aguiluz se comprometieron a avanzar con el tema (LPG 01.08 p.18).
PENAS. Los diputados de la Comisión de Legislación acordaron, el 01.09, aumentar la pena máxima de cárcel de 30 a 35 años, modificación contemplada en el artículo 45 del Código Penal. Asimismo, los diputados aprobaron otras 21 reformas, que ahora sólo esperan el aval del pleno. La decisión, que será llevada al pleno legislativo la próxima semana, contó con el apoyo de ARENA, PDC, PCN, y la USC. Los diputados reconocen que aumentar a 35 años la pena máxima no bajará los índices de delincuencia. Sin embargo, para el presidente de la comisión, Abraham Rodríguez, es una mensaje positivo para la población, pues se endurecen las penas. El FMLN y los miembros del extinto CDU se abstuvieron de votar. Los efemelenistas opinan que "sólo se está engañando a la población". Benito Lara, diputado del partido de izquierda, explica que "sólo se aplazaría la salida del delincuente". El Frente opina que el gobierno se debe preocupar por ejecutar programas de reinserción social para los miles de infractores que guardan prisión. El 06.08, continuará la discusión de las reformas pendientes. Queda por definir si se acepta la incorporación del agente encubierto en los procesos de investigación de la PNC. Falta también determinar si se continuará decretando reserva total en algunos casos que se ventilan en los juzgados nacionales, entre otras (LPG 02.09 p.14 y EDH 02.09 p.10).
REESTRUCTURACION. El Ministerio del Interior asumirá, en los próximos días, la administración de los 21 penales diseminados en todo el país. Tras evaluar la situación, esta cartera de Estado intentará reestructurar el sistema penal mediante su modernización. El diagnóstico que da el ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, sobre la situación de las cárceles es que hay penales hacinados y otros holgados; la seguridad es deficiente; los registros a los visitantes son degradantes; la alimentación de los reos no es adecuada; hay un 70% de reos sin condena y no hay clasificación de reos por sectores, por el tipo de delito cometido. "El tema de los centros penales es una bomba de tiempo, y no queremos administrar una crisis, sino solucionar el problema", advirtió el funcionario. Para beneficiar a los familiares y amigos de los reos, se modificará la modalidad de los registros de las personas que ingresen a los penales, debido que en algunos casos atentan contra la integridad moral. Respecto al tema de la seguridad, se piensa combinar la vigilancia penitenciaria con la de agentes de la PNC. Los custodios penitenciarios serán sometidos a una capacitación en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Entre otras cosas, se proyecta crear un penal de máxima seguridad, privatizar la alimentación de los reos, reforzar la seguridad e impartir clases universitarias (EDH 02.09 p.2 y 3).
FLORES. El presidente Flores viajó este día a Taiwan, donde gestionará apoyo tecnológico y financiero para la micro y pequeña empresa. "Vamos a buscar tecnología para apoyar a miles de micro y pequeños empresarios salvadoreños, con financiamiento, capacitación y la apertura de nuevos mercados", dijo Flores. Otro de los objetivos es obtener financiamiento para impulsar los cultivos de café y cítricos. El mandatario también participará en una cumbre Centroamérica-Taiwan, que se realizará, el 07.08, en Taipei. El tema prioritario para esta reunión será la reconstrucción de Centroamérica, las relaciones económicas y comerciales, así como la situación política y económica de la isla (LPG 02.09 p.4).
MAESTROS. Tres de las cuatro gremiales de docentes insisten en su demanda de incremento salarial general. El 01.08 solicitaron públicamente una audiencia con el presidente Flores. Una Comisión de alto nivel ha sido creada por representantes del Sindicato de Maestros (SIMES), del Consejo de Directores de Institutos Nacionales (CODINES) y de Concertación Magisterial, para gestionar las peticiones reivindicativas de los docentes. Las gremiales reaccionaron ante el plan de incentivos anunciado por el Ministerio de Educación afirmando que no están del todo de acuerdo, pues éste discrimina a los docentes de educación media (LPG 02.09 p.6).
