Año 20
número 869
septiembre 8
1999
ISSN 0259-9864
Editorial El desafío de las "maras"
Política Comprendiendo a Flores
Economía ¿Reactivación del agro?
Regional Nicaragua: 20 años después, un pacto sin pueblo
Opinión Pública Los salvadoreños evalúan los cien días de gobierno de Francisco Flores
El desafío de las "maras"
El problema de las "maras", lejos de estarse encaminando hacia una solución, parece cada vez más grave y difícil de enfrentar. Las autoridades no logran atinarle, por incompetencia, ignorancia o mala fe, al asunto; la sociedad ve con pasmosa pasividad, sin poder hacer nada, cómo grupos de jóvenes se agreden salvajemente entre sí y de paso se llevan de encuentro a quienes, por casualidad o necesidad, se hallan en el campo de batalla. Importantes y bien documentados estudios han establecido un perfil, bastante bien definido, de los miembros de las maras: origen familiar, condiciones socio-económicas, aspiraciones y valores. Es claro, a partir de esos estudios, que diversos factores sociales y culturales han forzado a estos jóvenes a ponerse al margen de la sociedad y a desafiar, desde allí, un orden social que no les ofrece respeto, apoyo ni amistad.
Nadie pone en duda que la sociedad tiene una deuda pendiente con estos jóvenes, cuya sola presencia indica que algo no marcha bien en El Salvador. También es indudable que las autoridades tienen la obligación de diseñar e implementar mecanismos que vayan más allá de la mera coerción, haciendo las distinciones de rigor en lo que tiene el fenómeno de las maras de reivindicación cultural, traumas psico-sociales, resentimiento social o prácticas delictivas.
El simplismo tiene que ceder su lugar al análisis riguroso y la elaboración de conceptualizaciones capaces de dar cuenta del fenómeno de las maras en su globalidad y complejidad. No está claro hasta dónde estarán dispuestas a llegar las autoridades en este punto, siendo como es que la reducción del problema a su dimensión delincuencial facilita las cosas. Pero, de no cambiar drásticamente este enfoque, las autoridades continuarán nadando contra la corriente. Lo mismo sucede con el conjunto de la sociedad: mientras no se tenga claro que lo condenable de las maras son sus actividades violentas y no su vestimenta, tatuajes y grafittis —que no tienen porqué estar asociados con aquéllas— se continuará con actitudes intolerantes que en nada contribuyen al necesario establecimiento de un diálogo entre las maras, en lo que éstas plantean de desafío socio-cultural, y el resto de la sociedad.
Ahora bien, hasta aquí está claro que tanto las autoridades como la sociedad en su conjunto tienen una responsabilidad ineludible ante las maras. Pero esa responsabilidad no debe teñirse —o teñirse lo menos posible— de un paternalismo exagerado que, haciendo de los miembros de las maras víctimas de condicionamientos sociales inexorables, olvide que ellos, aun con todos los constreñimientos a los que han sido sometidos, son seres humanos, con capacidad de razonar y de medir con mayor o menor claridad el alcance de sus acciones. Es decir, son, cuando no tienen taras mentales, responsables de lo que hacen; por lo cual deben ser vistos y tratados no como marionetas de las circunstancias —que deben recibir poco o mucho de la sociedad sin dar nada a cambio—, sino como individuos que tienen que intervenir activamente en la solución de un problema que atañe a todos.
Puestos a trabajar en esta dirección, un tema que no debe soslayarse en el diálogo entre las maras, la sociedad y las autoridades es el tema de la muerte. Hechos como el sucedido en el penal de Ciudad Barrios (San Miguel), en donde un enfrentamiento entre la Mara 18 y la Mara Salvatrucha dejó destrozado a un miembro de la primera de ellas, capturado en la refriega por miembros de esta última, llevan a tomarse en serio la segunda parte de la frase: "por mi madre vivo y por mi barrio muero", que muchos miembros de maras hacen suya de modo radical. Hay un culto a la muerte —ese límite a las posibilidades de lo humano—, pero no sólo a la muerte del adversario —el miembro de la mara rival—, sino a la muerte propia, que, como indican algunas evidencias, muchos miembros de las maras asumen con la mayor determinación y que los lleva desafiar el peligro hasta situaciones espeluznantes.
Desde el punto de vista de la convivencia social esto es grave, puesto que uno de los consensos fundamentales de una sociedad que quiera seguir siendo tal estriba en el deseo de sus miembros de vivir biológicamente. Ha sido y es normal que un grupo social intente aniquilar a otro y viceversa, pero, hacia dentro, incluso los más aguerridos defensores del exterminio biológico de otro grupo humano —los nazi, por ejemplo— querían proteger su propia vida, al igual que querían preservar la suya sus víctimas. Pero ¿qué sucede en una sociedad en la cual varios de sus miembros —un grupo significativo— han decidido que su propia vida no merece ser conservada y que la muerte ya no es un límite? Pues, sencillamente, esta sociedad estará siendo socavada en sus raíces, en tanto que el consenso social básico —ese consenso que impidió la destrucción atómica del planeta al forzar a la terminación de la guerra fría— está siendo quebrado por un sector de la sociedad.
En la práctica, esto se traduce en una situación en la cual quienes han decidido traspasar ese límite que es la muerte tienen ventaja sobre quienes consideran que la vida es el valor supremo. Esa ventaja facilita el chantaje y el amedrentamiento. Roque Dalton, en su libro Pobrecito poeta que era yo, ejemplifica la "ventaja" que tiene quien asume la muerte respecto de quien se resiste a aceptarla. Más o menos, la historia es así: estando Dalton en manos de unos agentes de la CIA que lo tenían capturado, amenazándolo de muerte, un buen día aceptó ese hecho como algo a lo que no se opondría. Esto, reconoció Dalton, le dio una ventaja moral sobre sus captores, quienes no caían en la cuenta de que su principal instrumento de amedrentamiento —el más radical— ya no era tal. La buena estrella de Dalton —al menos en la novela— hizo que un temblor agrietara una pared de su cárcel, de donde pudo escapar sano y salvo.
En el caso de Dalton —y tal como se dibuja el asunto en la novela citada— es claro que una situación crítica fue la que lo llevó a la aceptación de la muerte. ¿Cuáles son las situaciones críticas que han llevado a muchos miembros de las maras a aceptar e incluso a buscar la muerte y a infringirla sin piedad a sus "enemigos"? ¿Cómo hacer para convencerlos y hacerles sentir que la vida —su vida— merece ser preservada y defendida ante todo y sobre todo por ellos y de ellos mismos? Estas son preguntas cuya respuesta es urgente, pues sólo teniendo alguna claridad sobre ellas va a ser posible penetrar en esos muros —simbólicos, psicológicos y sociales— que aíslan a las maras del resto de la sociedad y al interior de los cuales se alientan la violencia y la muerte.
ARENA y El Diario de Hoy se han encargado de aclarar el error: la dura evaluación de los ciudadanos sobre los primeros 100 días de la administración Flores no se debe a que el presidente no haya entendido y hecho suyos los problemas de los salvadoreños, sino más bien a que éstos no han comprendido los problemas y las ideas de su presidente. Leyendo las declaraciones de algunos diputados areneros y un editorial de El Diario de Hoy —que tal vez por descuido aparece en la primera página de la sección de noticias nacionales— es obvio que se ha cometido una terrible injusticia con Flores: los esfuerzos y la inteligencia de este hombre comprometido con sus gobernados no han sido comprendidos por una población acostumbrada más al "bullicio de los grandes diálogos" y "la presencia de un líder multiplicador de soluciones".
Así pues, la estrategia de Flores de apartarse de la prensa y del diálogo directo con los sectores vivos del país para encontrar "aislamiento y silencio para pensar", habría sido interpretada erróneamente por la población como un no querer dar la cara, como eludir los problemas ante los cuales no tiene respuesta. De la misma manera habría sido leído su nuevo método de gobierno: delegar en los ministros la responsabilidad de responder ante la opinión pública sobre sus respectivas áreas y tomar el rol de "director de orquesta". En pocas palabras, el pecado de Flores consistiría en haber sido generoso en el reparto del poder y buscar un espacio para, como el intelectual que es, pensar intensamente sobre el rumbo del país, sin prever que los empresarios —demasiado entregados al pesimismo— y las organizaciones sociales y laborales —azuzadas por el FMLN en sus "acciones desestabilizadoras"— no comprenderían el alcance e importancia de su nueva forma de hacer política. Nos es que Flores se resista a adoptar el papel que le corresponde en el difícil momento por el que atraviesa el país; más bien está pensando y delegando. Los ciudadanos deben comprenderlo y dejarlo en paz.
En el fondo, al menos según El Diario de Hoy y ARENA, el problema de Flores sería de comunicación: habla y actúa desde un lenguaje que la población no está capacitada para entender. Esto explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, porqué la mayor parte de la sociedad —por supuesto, los areneros y los editorialistas del matutino no se incluyen en esta mayoría— no entiende los discursos del presidente; porqué todavía los ministros no han presentado los planes para sus respectivas carteras: al igual que su "director de orquesta", están pensando desde un productivo retiro momentáneo; porqué el Presidente y su gabinete no se han decidido a dialogar con los sectores que así lo demandan: el diálogo y el bullicio que lo acompañan son contrarios a la nueva forma de hacer política.
La vía de análisis que han abierto los admiradores de Flores —los que coinciden con él en el grupo de los incomprendidos por la población—, es también fructífera para entender apropiadamente otras dinámicas y coyunturas del país. Por ejemplo, en el caso del desvío de fondos hacia los ex patrulleros, la entrega de los 10 millones no debe verse como una malversación y una corrupta compra de voluntades, sino más bien como una acción bienintencionada en la que el gobierno fue engañado cándidamente por la perfidia de los dirigentes de APROAS. Ello explicaría porqué sólo son ellos el objeto de las investigaciones de la Fiscalía, no así Calderón Sol o Acosta Oertel. Todo se reduce, pues, a comprender bien las cosas.
La corrupción, la ineptitud, la falta de compromiso con los problemas del país no son lo que aparentan. Detrás de ellos hay sujetos y grupos cuyas acciones responden a una lógica incomprensible por su novedad. El remedio para ello: esperar, tener paciencia, y, sobre todo, no juzgar, pues es injusto juzgar lo que no se comprende. A Flores es posible entenderlo, sólo es cuestión de tiempo y paciencia para descubrir al gran estadista que se oculta tras su aparente ofuscamiento y falta de decisión.
El sector agropecuario es uno de los menos favorecidos por la liberalización económica, incluso en los países más industrializados, donde la viabilidad de las explotaciones agropecuarias sólo es posible con créditos, subsidios y la obtención de ingresos exógenos. En El Salvador, el sector agropecuario se encuentra desde hace tiempo en una prolongada crisis que, pese a los ofrecimientos de distintos gobiernos, aún no ha sido enfrentada con medidas concretas. Hay que recordar que el gobierno de Calderón Sol ofreció un Plan de Desarrollo Agropecuario que nunca llegó a ser implementado y que pretendía, ya desde 1996, reactivar la producción agropecuaria.
En la campaña electoral el gobierno actual ofreció implementar programas de reactivación agropecuaria; más aún, ha propuesto "devolver la rentabilidad al agro" a través de medidas como la creación de infraestructura, la promoción de la "asociatividad" de los productores y el financiamiento. Recientemente, a estas medidas se sumaron otras como la incorporación de los productos alimenticios al IVA (Proceso, 861), la creación de un fondo de compensación para el sector cafetalero (Proceso, 867) y la creación de un fondo crediticio para el sector agropecuario.
De acuerdo al presidente Flores, se proyecta destinar un total de 1,100 millones de colones a fin de incrementar el crédito para el sector agropecuario y para refinanciar créditos vencidos. Este esfuerzo se dividiría en dos componentes: una línea crediticia por 400 millones de colones que sería canalizada a través del Banco Multisectorial de Inversiones y 700 millones de colones que se utilizarían para ampliar el Fondo de Financiamiento para el Agro (FINSAGRO). Según el Presidente, ello permitirá "cubrir las necesidades de financiamiento que necesitan nuestros agricultores para salir adelante en el ciclo bajo de precios en que se encuentra la agricultura".
En la práctica, ninguna de estas medidas ha sido implementada, pero cabe reflexionar sobre su viabilidad y eficacia, especialmente en el caso de las propuestas más recientes. El fondo de compensación de precios para el sector cafetalero se ubica en el contexto de una caída permanente de los precios internacionales, la cual se ha agudizado a lo largo del último año. Siendo que el café representa cerca de un 20% del PIB agropecuario y que su participación ha venido decayendo en el pasado, esta medida parece atinada; sin embargo, su viabilidad depende más de elementos exógenos. Si el precio del café baja demasiado, el fondo podría llegar a ser insuficiente para mantener los precios a los niveles deseados, a menos de que se obtengan nuevos fondos.
Las opciones de financiamiento propuestas recientemente por Flores sin duda vendrán a aliviar las microfinanzas de los agricultores, pero no constituyen una solución de mediano y largo plazo para el sector agropecuario. En la actualidad, se estima que existe una cartera morosa superior a los 800 millones de colones en el sistema financiero, por lo cual los 700 millones de colones que se han ofrecido, aunque no lograrán cubrir el total de créditos morosos, sí representarán una importante proporción del crédito vencido. Lamentablemente, aun en el caso de que se lograra sanear por completo la cartera vencida del sistema financiero, la permanencia de precios bajos provocaría que en el corto o mediano plazo las empresas agropecuarias incurran nuevamente en mora bancaria.
Con todo, algo destacable de esta iniciativa es que los créditos destinados para refinanciar saldos morosos se otorgarán a una tasa preferencial de interés (10.24%). Con ello se abre paso a medidas que podrían dar mayor viabilidad a las empresas agropecuarias, aunque sea a través de un trato diferenciado.
De hecho, en el actual contexto, las principales opciones que se le presentan al gobierno para estimular la producción e ingresos del sector agropecuario son la asignación de créditos y los subsidios. Independientemente de su monto, el crédito para el sector está siendo impulsado, pero en cambio el tema de los subsidios todavía no se ha abordado seriamente, pese a que se sabe lo determinante que han sido para la existencia del sector agropecuario en los países industrializados.
Diferentes estudios de la evolución de los sectores agropecuarios en dichos países señalan que para que aquéllos funcionen se requiere de una importante transferencia de recursos desde otros sectores. De hecho, al revisar los subsidios en esos países para mediados de la década de 1990, se observa que éstos alcanzaban un promedio de 42%, lo cual quiere decir que ese mismo porcentaje de los ingresos de los agricultores provino de transferencias de recursos que no se originaron en la agricultura. En estos casos se ha constatado que las transferencias gubernamentales han aportado los recursos para volver rentable la actividad agropecuaria, satisfacer las demandas internas de alimentos y garantizar los ingresos de los agricultores. El libre mercado no siempre es favorable para el sector agropecuario, pues puede llegar a colocarlo en una situación crítica.
En el caso de El Salvador, el agro enfrenta una crisis que no solamente se origina en la caída de los precios internacionales, sino también en la baja tecnificación de la agricultura y en una inadecuada utilización del suelo, lo que se traducen en bajos niveles de productividad. Es difícil pensar que el sector agropecuario superará su crisis con medidas como el refinanciamiento de créditos morosos anunciada recientemente.
Igualmente difícil resulta pretender financiar este sector a través de la transferencia de ingresos de origen no agropecuario, principalmente porque el Estado no ha logrado implementar una reforma tributaria que genere los suficientes recursos para financiar el gasto público. Incluso en los últimos años se ha experimentado un incremento en el déficit fiscal, cuando con la reforma tributaria que anunciaba el gobierno se esperaba más bien una reducción. Lo cierto es que no se ha logrado ni siquiera solventar la problemática del déficit fiscal como para pensar que el Estado podría transferir recursos de origen no agropecuario para el sector agrícola sin incurrir en mayor endeudamiento externo. La mayor parte de los sectores económicos también se encuentran en una fase de lento crecimiento que dificultaría la adopción de nuevas medidas impositivas, sin contar que pueda haber otros sectores que también necesiten de la protección estatal.
En este contexto, el panorama del sector agropecuario no es nada prometedor, pues aún no existen opciones que puedan dar rentabilidad a este sector y viabilizarlo. Las medidas propuestas por el actual gobierno no son desdeñables, pero tampoco puede esperarse que a partir de ellas logre devolverse la rentabilidad al agro, ya que únicamente atacan las manifestaciones de la crisis y no sus causas.
Por lo anterior, las políticas de apoyo al agro deben acompañarse, cuando menos, de medidas que persigan mejorar su productividad y competitividad a través de la diversificación productiva, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, por ejemplo, las cuales podrían ir ligadas a los programas crediticios que ya han sido anunciados. Tal como han sido presentadas, las medidas del gobierno más parecen estar diseñadas para hacer frente a una situación de emergencia y no tanto a sentar las bases para la reorientación económica del sector.
El 19 de julio pasado se cumplieron 20 años del triunfo de una revolución que cambió la historia de los nicaragüenses y de los centroamericanos y que sedujo a muchos durante mucho tiempo en muchos lugares del planeta. ¿Veinte años han sido "nada", como canta el tango saturado de nostalgias? Han sido "mucho". Veinte años conmueven, enorgullecen, pesan, deciden, duelen.
Hoy, especialmente duelen. Porque este simbólico aniversario encontró a una buena parte de los dirigentes del FSLN —vanguardia de aquella revolución— negociando sus intereses como nuevo grupo económico con un gobierno desacreditado y corrupto, heredero directo de los vicios del somocismo. Encontró también a un amplio sector del FSLN y del sandinismo perplejo y en abierta disidencia y rebeldía. Encontró a todos los liderazgos sociales y políticos del país y a la población nicaragüense adulta a la expectativa de conocer la cosecha de cambios que acordarían Daniel Ortega y el presidente Arnoldo Alemán.
Dos meses después de ese aniversario, el 18 de agosto, los representantes de ambos sectores pactistas anunciaron que habían llegado finalmente a un acuerdo definitivo sobre los cambios que durante meses discutieron. Unos de los más importantes acuerdos tiene que ver con introducir reformas a la Constitución Política del país. Muchas de ellas están relacionadas directamente con el proceso electoral.
La mayoría de las reformas planteadas son de interés prioritario para el oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), incluido el cambio sustancial del Preámbulo de la Constitución, teñido de simbología sandinista y de alusiones revolucionarias. Muchas de las reformas están destinadas únicamente a engrosar la burocracia estatal con nuevos magistrados, senadores, nuevos "conjueces", etc.
Para el PLC, una de las más importantes reformas era la supresión de la inhibición a competir por la Presidencia de la República a quienes hayan renunciado a la nacionalidad nicaragüense y tengan otra. Varios de los altos dirigentes liberales, ungibles por el Presidente Alemán como candidatos del PLC en el 2001, son "extranjeros" de este tipo. El FSLN finalmente le concedió al PLC suprimir esta inhibición y, a partir de ahora, cualquier nicaragüense podrá tener, si quiere, doble nacionalidad, sin ninguna restricción de sus derechos políticos.
Por su parte, para el FSLN la reforma constitucional más esencial era la supresión de las dos vueltas electorales, algo que sólo se logró a medias. En el análisis en el que cree el grupo de Daniel Ortega, esta reforma le asegurará al FSLN el triunfo en las próximas elecciones con un menor porcentaje, el cual, según sus cálculos, siempre sería superior al que obtenga el candidato del liberalismo. Sin embargo, el PLC no quería conceder al FSLN esta reforma, no tanto porque comparta el análisis sandinista, sino porque el aferramiento de Ortega a este cálculo —o a esta imagen— le permitía presionarlo más eficazmente y arrancarle otras concesiones. La acusación por abuso sexual que pende sobre Daniel Ortega actúa de la misma forma, tanto en manos de Alemán como en las manos de quienes forman el sector más claramente pactista del FSLN.
Pero lo más grave es que al insistir en la reforma constitucional de las dos vueltas, el FSLN está reconociendo que es incapaz de aumentar su caudal electoral más allá de un 30% o un 35% más o menos cautivo, y está confesando su falta de disposición a concertar una amplia alianza para propiciar una alternativa nacional. La realidad muestra que el caudal electoral del FSLN ha ido en descenso progresivo y el justificado antisandinismo social —no necesariamente proveniente de "la derecha"—, que mira con abierto rechazo o con suspicacia al FSLN, no parece superable en las actuales circunstancias mientras los sectores críticos que aún militan en las filas del FSLN no se abran más creativamente a las nuevas realidades.
En el otro lado, Alemán está reconociendo con el pacto su incapacidad para gobernar y su necesidad de aliados, aunque éstos estén tan desacreditados. Reconoce también en esta hora que el antisandinismo irracional que le aglutinó votos y le llevó al poder es inviable, aunque sólo sea porque el sector orteguista del FSLN tiene capacidad de desestabilizarlo intermitentemente con actos de violencia calculados, manipulando reales o artificiales protestas populares.
Para justificar este paquete de reformas constitucionales, el PLC y el FSLN no mostraron otro argumento que no fuera el derecho de hacer y deshacer, que se arrogan por haber resultado partidos "mayoritarios" en las elecciones de 1996. Los dirigentes pactistas de ambos grupos manejaron sin pudor el esquematismo "votos en las urnas igual a cheque en blanco", obviando cualquier esfuerzo de concertación, cualquier consulta o el uso sensato de "radares" sensibles para interpretar democráticamente a la opinión pública que se expresa en encuestas, medios de comunicación u otras instancias sociales. Así, este pacto alcanzado tiene, junto al sesgo del autoritarismo intolerante, el de la arrogancia prepotente.
A todo este cúmulo de lamentables incapacidades y verdades inconfesables que motivaron las negociaciones, se añade con dolor la evidencia de que entre los motivos visibles del pacto no se mencionó ni un solo rasgo para una propuesta verdaderamente estratégica y nacional, ni existió un solo acuerdo que tenga algo que ver con los gravísimos problemas sociales y económicos que azotan a la mayoría de los nicaragüenses o a los cientos de miles de damnificados aún devastados por el huracán "Mitch". Por eso —si uno se coloca en la orilla sandinista— esta negociación puede calificarse de contrarrevolucionaria, ya que nunca buscó transformar positivamente la realidad del país, sino consolidar los aspectos más negativos que hoy padece.
Resulta fundamental entender que estos "frutos amargos" del pacto no surgen de la nada, de un "mal momento" político, de una desviación ideológica de una u otra de las partes, de una claudicación coyuntural, de la obnubilación que provoca la atmósfera neoliberal, ni mucho menos de una voluntad de reconstruir el país.
Un análisis benevolente que explicara el pacto por una pragmática voluntad de convergencia nacional para poner fin a la polarización, para atraer inversiones y para lograr la gobernabilidad y la estabilidad necesarias, es un análisis errado. Igualmente lo es el análisis que ubica el pacto como una etapa necesaria en el largo camino de la "transición democrática" de Nicaragua. Más ingenuo sería el análisis ideologizado que interpretara el pacto como un desliz coyuntural y reversible del FSLN y sus máximos dirigentes o como una calculada trampa que el PLC coloca a sus debilitados adversarios rojinegros.
Es un error pensar que la dirigencia del FSLN anda confundida o "errada". El pacto del FSLN con el PLC es la última etapa, el colofón, la conclusión lógica, la meta prevista de un largo camino, iniciado por el FSLN hace una década.
Las verdaderas raíces del pacto son económicas. Hay que buscar esas raíces en el tenso reacomodo de grupos económicos que se está produciendo de forma acelerada por todo el país, y que, en un país agropecuario como Nicaragua, tiene en el proceso de acumulación de tierras su expresión más visible. Las raíces del pacto se hunden profundamente en el confuso territorio de los problemas de propiedad, y si el pacto se invoca, especialmente por parte del FSLN, como una vía para dar "estabilidad", lo que se trata de "estabilizar" es la propiedad de sus nuevos dirigentes-empresarios-terratenientes, voraces concentradores de tierras desde hace años.
Sólo veinte años después del triunfo revolucionario de 1979, resulta doloroso constatar que el latifundio vuelve a imperar en el campo nicaragüense. Y es mucho más doloroso rendirse a la evidencia de que entre esos terratenientes no existen diferencias, aunque se traten de ex funcionarios de la reforma agraria sandinista, ex funcionarios chamorristas y funcionarios del actual gobierno liberal. Junto a ellos, compiten por el pastel los ex dueños de tierras y oficiales y ex oficiales del Ejército. De la mano de cada uno de estos grupos, sus respectivos socios extranjeros y "globalizados". Todos compran y todos necesitan que con el pacto se "estabilice" la situación jurídica de las propiedades aún no compradas.
De las 3 mil 800 cooperativas que existían al final del gobierno sandinista, hoy no subsisten más que 400. Las empresas "de los trabajadores", surgidas de la concertación entre el gobierno Chamorro y el FSLN —saqueadas y "piñateadas" por los funcionarios sandinistas salientes, ahogadas por falta de créditos durante el chamorrismo, endeudadas hasta la asfixia hoy—, esperan ahora su titulación, como fruto de "la letra menuda" del pacto. Esperan ese título para vender sus acciones a los muchos lobos que acechan a su alrededor. Unos dicen que compran, otros no lo dicen.
Estas son las raíces del pacto, que crece sobre el terreno de la corrupción, característica de la cultura política de quienes llegan al poder y no logran moderar su ambición y hacen botín de los bienes públicos. El pacto viene a establecer "nuevas reglas" en el tradicional juego de impunidades-inmunidades.
Sólo con una sociedad muy consciente y organizada, informada y alentada por medios de comunicación responsables, que tenga al frente a dirigentes políticos que hagan de la honestidad personal, de la responsabilidad pública y de la sensibilidad social el centro de su programa, logrará Nicaragua salir adelante. ¿Habrá salida?
Sólo visionarios con vocación de nación pueden ir conformando una alternativa de este tipo, que nunca podrá lograrse de la noche a la mañana. Es de noche. ¿Habrá mañana? ¿Habrá tiempo? Conformar esa alternativa, en las difíciles circunstancias actuales de Nicaragua y del mundo, sería una nueva revolución.
Los ciudadanos salvadoreños calificaron con una nota promedio de 5.76 al gobierno de Francisco Flores por su desempeño en los primeros cien días de gestión, según revela la última encuesta nacional del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. La encuesta, realizada con el objeto de conocer lo que piensan los salvadoreños sobre el trabajo que está desarrollando la administración Flores en sus primeros cien días, se llevó a cabo entre el 25 y el 30 de agosto del año en curso con una muestra nacional de 1,246 personas adultas entre 18 y 85 años de edad de los catorce departamentos del país y con un error muestral de más/menos el cuatro por ciento. Una comparación de los sondeos realizados por el IUDOP muestra que el presidente Francisco Flores ha obtenido un promedio menor que el que obtuvo Armando Calderón Sol cuando éste cumplió sus primeros cien días de gobierno. En esa época, el segundo presidente de ARENA obtuvo 6.04.
Y es que casi el 50 por ciento de los consultados piensa que el gobierno actual está gobernando "mal", mientras que una tercera parte (el 34.4 por ciento) sostiene que lo está haciendo bien. El resto de ciudadanos no supo responder a la pregunta. No obstante, cuando a los ciudadanos se les preguntó cómo creen que lo hubiera hecho el FMLN, casi el 40 por ciento dijo no saber cómo lo hubiera hecho, pero un 27 por ciento dijo que lo hubiera hecho peor, un 21 por ciento sostuvo que lo hubiera hecho igual y un 12 por ciento sostuvo que lo habría hecho mejor.
Para buena parte de los ciudadanos, las acciones que ha tomado el gobierno hasta ahora le han implicado un debilitamiento. El 55.1 por ciento de los consultados dijo que el gobierno de Francisco Flores se ha debilitado por lo que ha hecho o por lo que ha anunciado que hará; frente a un 31.1 por ciento que sostuvo que se ha fortalecido. El resto de personas no respondió a la pregunta.
A las personas abordadas se les preguntó por los principales logros alcanzados por el gobierno en este breve período de gestión, pero los resultados indican que la gran mayoría de personas aún no percibe logros alcanzados por el gobierno: 53.4 por ciento dijo que aún no hay logros y el 20.9 por ciento no respondió a la pregunta. El resto de personas se dividió en grupos pequeños al apuntar diversos logros. Sin embargo, cuando se trató el tema de los fracasos, los salvadoreños parecieron ser más aprehensivos: el 15.7 por ciento señaló el aumento del costo de la vida, en tanto que casi un 10 por ciento mencionó la falta de comunicación con el pueblo. Aunque en este caso, el 17.1 por ciento dijo que no hay fracasos, la cantidad de fallos atribuidos a Flores resultó ser grande como producto de una gran amplitud de opiniones sobre su desempeño.
La economía del país con Flores
El 86.6 por ciento de los salvadoreños considera que la situación económica del país sigue igual o ha empeorado con la gestión del actual gobierno. Y es que el 93.2 por ciento de los salvadoreños piensa que el país vive una crisis económica en la actualidad y más de la mitad señala al actual gobierno como el responsable principal de ella. Otras personas señalaron a los políticos en general, a los "ricos" y a gobiernos anteriores como los principales responsables de la crisis económica que vive el país.
Cuando a la gente se le preguntó si las nuevas medidas propuestas por el gobierno servirán para reactivar la economía del país, casi el 60 por ciento de los encuestados dijo que servirán poco o nada para ello, el 25.5 por ciento sostuvo que servirán "algo" y el 10.6 por ciento señaló que servirán mucho para mejorar la economía nacional. Por otro lado, la mayoría de los ciudadanos, el 62.8 por ciento, considera que tales medidas sólo servirán para incrementar los precios de los productos básicos, frente a un 13.2 por ciento que cree que seguirán igual y un 12.8 por ciento que dijo que disminuirán.
Otros temas
Por otro lado, alrededor del 68.7 por ciento de los ciudadanos se quejó de que el nuevo gobierno ha escuchado poco o nada a la población en estos tres meses de gestión. El 21.7 por ciento dijo que el gobierno ha escuchado algo y el 7.7 por ciento sostuvo que la administración Flores ha escuchado mucho.
Sobre el combate a la delincuencia, los salvadoreños fueron un poco menos críticos, pero la opinión predominante, al menos entre el 59.3 por ciento de los ciudadanos, es que el nuevo plan de seguridad pública está dando poco o ningún resultado en la práctica. Un 28.9 por ciento cree que está dando "algo" de resultados y un 10.1 por ciento de la gente cree que está dando muchos resultados.
A pesar de todas esas opiniones, a nivel personal, los salvadoreños llegaron a evaluar un poco mejor el desempeño de Francisco Flores que el de su gobierno y que el de sus políticas en conjunto. De hecho, el 39.8 por ciento calificó como bueno o muy bueno su trabajo; mientras que el 33.1 por ciento lo señaló como "regular" y el 26 por ciento dijo que el trabajo del presidente era malo o muy malo. Para la mayoría de los salvadoreños, la imagen del presidente se mantiene inalterable: el 58 por ciento dijo que su imagen del presidente no había cambiado desde que éste asumió sus funciones; en cambio, el 25.8 por ciento dijo que la misma ha empeorado y el 14.6 por ciento sostuvo que su imagen de Francisco Flores ha mejorado.
No obstante, cuando se les preguntó a los salvadoreños si Flores tiene el control de las decisiones del gobierno, el 55.9 por ciento dijo que no, que las decisiones están siendo tomadas por otros sectores en el gobierno. Un 23 por ciento defendió el predominio del presidente dentro del gobierno y un 21.2 por ciento no supo responder a la pregunta.
Los conflictos sociales
Un poco más de la cuarta parte de los ciudadanos piensa que los últimos conflictos sociales que se han producido en el país se deben a las reivindicaciones laborales de la población; un 22.3 por ciento dijo que se debe a la crisis económica que vive el país; un 12.8 por ciento apuntó a la falta de cumplimiento de acuerdos sociales y políticos; un 12.2. por ciento señaló a una mala administración gubernamental y casi el 10 por ciento dijo que los conflictos se deben a manipulaciones y conspiraciones políticas. No obstante, dos de cada tres salvadoreños se mostraron en desacuerdo con la existencia de paros y huelgas para exigir mejoras salariales.
Opiniones similares merecieron los sucesos en torno a los ex patrulleros de APROAS. Por un lado, el 43.5 por ciento se mostró a favor de las demandas de los antiguos paramilitares, frente a un 44.8 por ciento que se mostró en desacuerdo. Pero, por otro lado, sólo el 25.4 por ciento está de acuerdo con las medidas de presión tomadas por ellos para lograr sus objetivos; el 63.9 por ciento se manifestó en contra.
Con todo, la mayor parte de los salvadoreños, el 59.7 por ciento, piensa que en los próximos meses aumentarán los conflictos sociales, frente a sólo un 15 por ciento que cree que disminuirán.
Las preferencias políticas
La encuesta de la UCA no dejó pasar la oportunidad para medir los respaldos políticos que ofrecen los ciudadanos a los partidos en la actualidad. Ante la pregunta por quién votaría si las elecciones fueran el "domingo próximo", alrededor de la mitad de la población no escogió partido, ya sea porque no tiene alguno o porque no sabría por quién votar. Entre los que eligieron se destacan los dos partidos más grandes ARENA y FMLN, con 23.7 y 19.7 por ciento, respectivamente. A gran distancia les sigue el CDU, que acumula el 3 por ciento de las simpatías, y el resto de partidos, con sólo el 2 por ciento entre todos.
En resumen
La encuesta de la UCA muestra que los salvadoreños han evaluado de forma "regular" al gobierno de Francisco Flores. Aunque éste no logra superar la prueba de gobierno de cien días. La mayor parte de opiniones negativas parecen generarse de la impresión de que las medidas económicas tomadas por el gobierno no favorecerán a la mayoría de la población. De hecho, buena parte de los salvadoreños siente que el país vive en una crisis económica generada por el actual gobierno. Además, los ciudadanos parecen echar de menos una mayor apertura por parte del gobierno, al cual acusan de no escuchar a la población tal y como lo había prometido en la campaña electoral. Aspectos como la delincuencia y la corrupción (éste último no aparece entre los datos ofrecidos en esta breve entrega) resultan evaluados de forma menos negativa que el tema económico, pero las valoraciones tienden más hacia lo negativo que hacia lo positivo.
El presidente Flores parece mantener parte de su buena imagen personal y las opiniones positivas sobre su gobierno —cuando las hay— parecen estar más vinculadas a las expectativas sobre lo que puede hacer, más que sobre lo que en realidad se percibe como hecho. Vinculado a eso, es muy significativo que buena parte de la población no lo vea como el que tiene el control real del gobierno y, por tanto, las esperanzas se concentran en que, como dijo un entrevistado, "lo dejen hacer cosas".
La impresión general de los ciudadanos es que el país no está bien y que las esferas políticas no están respondiendo adecuadamente a las exigencias. Para la población, los conflictos sociales tienen su raíz en las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos; sin embargo, no parecen aprobar de lleno las acciones tomadas por algunos sectores laborales y sociales para reivindicar mejoras en la situación.
El renovado equilibrio entre los partidos más grandes y el exiguo apoyo al resto de partidos sólo muestra que la actuación gubernamental está afectando nuevamente las simpatías políticas, las cuales regresan al ya conocido saco del desencanto.
San Salvador, 7 de septiembre de 1999
Transcribimos a continuación el mensaje presidencial a propósito de los primeros 100 días de gobierno.
Informe Trimestral
Septiembre 1, 1999
Hace algunos años, enfrentados por las duras realidades de una guerra los salvadoreños tomamos la decisión de abandonar la violencia y construir un nuevo país.
Optamos por la libertad. En lo político libertad significa Democracia; en lo económico libertad significa oportunidad individual y trabajo honrado como garantía de desarrollo.
Por esa razón reformamos nuestra constitución, creamos nuevas instituciones; escogimos el modelo de libertad económica y firmamos los Acuerdos de Paz.
De esos años para acá con mucho esfuerzo hemos redefinido la relación que el Gobierno tiene con los ciudadanos y la relación que los ciudadanos tienen entre sí.
Lo que antes estaba en manos del gobierno hoy está en las manos del individuo y su iniciativa.
Nuestro sistema político actual tiene espacio para todas las tendencias ideológicas, rechaza la violencia como método y estimula el respeto a los demás.
Mi candidatura surge sobre tres principios: la paz, la democracia y el trabajo individual como esquema económico.
Estos valores no han cambiado, esto es lo que quieren los salvadoreños y por eso depositaron en mis manos la conducción del Estado.
Lo que ha cambiado hoy, son los desafíos para implementar esos principios. Ya no es suficiente decir lo que no hace el Estado, es necesario impulsar aquello que el país necesita para salir adelante.
Necesitamos una clase política constructiva, por eso nosotros no aceptamos la violencia, las huelgas y la agitación como método político.
Es nuestro deber construir ese nuevo cambio
El desafío económico del país, es abrirnos hacia adentro. Que el agricultor pueda competir como compite otro y que el pequeño empresario pueda hacer lo mismo.
Para esto necesitamos acercar el productor al consumidor y que los pequeños tengan también acceso al crédito y la tecnología para producir.
Al liberar los agentes económicos y abrir nuestras fronteras hemos desencadenado el fenómeno de la libertad económica.
Esta libertad nos plantea nuevos desafíos y requiere el fortalecimiento de las instituciones que supervisan estos nuevos procesos, para que puedan así proteger al usuario. Ejemplo es nuestra determinación de fortalecer la Superintendencia del Sistema Financiero y la de Energía y Telecomunicaciones.
El país necesita que estas instituciones sean fuertes y efectivas.
Hemos conformado un equipo económico que no sólo garantiza lo que ya construimos, sino que está diseñado para enfrentar estos nuevos desafíos.
Hemos creado los mercados de los productores, queremos darle las mismas ventajas que tienen nuestros importadores a nuestros productores, hemos decidido reformar el BFA, para que atienda a nuestros pequeños agricultores, buscamos para nuestros pequeños empresarios un sistema de apoyo, consistente en crédito, tecnología y acceso a mercados.
El reto de nuestro equipo económico es lograr la apertura económica hacia adentro.
El desafío más importante que tiene el país es detener la ola delincuencia producida por la larga tradición de violencia que nos heredó la guerra.
En estos escasos tres meses hemos construido un nuevo modelo de seguridad. Reúne los recursos del país: PNC, Ejercito y Cooperación Internacional hacia un mismo objetivo, prioriza la investigación, abre las puertas a la participación ciudadana, este es un problema que sólo juntos podemos resolver.
Los salvadoreños reclaman un gobierno que esté cerca de ellos.
Esta cercanía tiene que ver con el trabajo conjunto de nuestros municipios y nuestras comunidades con el gobierno central.
Por eso iniciamos la descentralización de los servicios de agua, depositaremos más responsabilidad en los padres de familia para que contraten a los maestros, hemos conformado un consejo para la reforma del sector salud y daremos así más participación a las comunidades para proveer mejores servicios de salud.
Nuestra juventud por tanto tiempo limitada en sus posibilidades de desarrollo por la guerra y la violencia necesita hoy mayores espacios.
Impulsamos un proyecto deportivo que busca incorporar a nivel colegial a todos nuestros jóvenes en el deporte.
Nuestro Consejo Nacional de la Cultura apoya las expresiones creativas y busca la identificación de los jóvenes con nuestros valores culturales.
He explicado todo esto para expresarles lo que hemos hecho, el rumbo que debemos seguir y el nuevo país que queremos construir.
Nuestro trabajo no se agota en definir un rumbo. Existen desafíos coyunturales que debemos enfrentar.
Por ejemplo el ciclo económico deprimido que vive América Latina.
Nuestro reto es encontrar medidas que dinamicen nuestra economía sin sacrificar lo que hemos logrado.
Es así como hemos resuelto el problema de 30 mil viviendas de nuestra industria de la construcción; ante los precios tan bajos del café estamos buscando agresivamente fondos para reactivar la caficultura. Buscamos alinearnos con los países productores, para que enfrentemos este problema unidos.
La inversión extranjera es un factor dinamizante de toda economía, por eso negociamos internacionalmente la apertura que nuestro país necesita a otros mercados.
Hemos logrado acuerdos que nos permiten el libre tránsito comercial y turístico con Guatemala.
Iremos al congreso y al senado de Estados Unidos, con los presidentes de Centro América. Buscaremos acceso al mercado más grande del mundo pues este es el mayor estímulo que puede tener la inversión extranjera para venir a nuestro país.
Si logramos esto iniciaremos un desarrollo económico y social insospechado.
A nuestra llegada al gobierno existían nubarrones en el horizonte que ponían en peligro nuestra estabilidad, esos nubarrones se han disipado, hemos actuado para garantizar la solvencia y solidez en el sistema financiero; hemos colocado en los mercados internacionales 150 millones de dólares que nos garantizan el financiamiento del presupuesto.
Existen problemas que han cargado nuestros hombros por décadas y que nos ha tocado el privilegio de resolver en estos tres meses de gobierno.
Hemos puesto punto final a los problemas que nos llevaron a una guerra con Honduras, las familias salvadoreñas que viven allí, tendrán garantizados sus derechos de propiedad y podrán transitar libremente.
Estos desafíos coyunturales los hemos enfrentado en total coherencia con el país que queremos.
Tenemos tres meses de estar dedicados a alcanzar ese país de democracia, seguridad y desarrollo que tú quieres.
Hoy he querido compartir con ustedes nuestra visión de país y los esfuerzos que hemos hecho y haremos por lograr las metas que a ti te interesan.
En los próximos días los ministros ampliaran este informe, pues queremos que cada ciudadano esté informado de cada paso que damos y del rumbo que anima nuestros esfuerzos.
Que Dios nos bendiga a todos.
PNC. Las nuevas autoridades de la PNC han destituido a 40 agentes por diferentes faltas, informó el director de la institución, Mauricio Sandoval. La PNC anunció que más de 18 mil agentes regresarán a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para una reevaluación, debido a la frecuente participación de la policía en delitos. Por su parte, el inspector general de la policía, Romeo Melara, dijo que durante el mes de junio hubo 200 denuncias contra agentes policiales. La mayoría de las quejas provenían del interior de la institución y, la otra parte, de ciudadanos que se sentían ofendidos. Muchas de las denuncias se relacionan con el abandono de trabajo, maltrato a conductores durante los retenes policiales y alcoholismo, entre otras (EDH 03.08 p.3).
AGRICULTURA. Mil cien millones de colones se destinarán al sector agrícola para incrementar sus líneas de crédito y refinanciar sus préstamos vencidos. El paquete económico está dividido en dos líneas: una crediticia, por 400 millones de colones, manejada por el Banco Multisectorial de Inversiones; y el refuerzo de 700 millones para ampliar el Fondo de Financiamiento para el Agro (FINSAGRO). "Con estas dos medidas se van a cubrir las necesidades de financiamiento que necesitan nuestros agricultores para salir adelante en el ciclo bajo de precios en que se encuentra la agricultura", afirmó Flores (EDH 03.09 p.10).
FLORES. La Prensa Gráfica-Unimer realizó recientemente una encuesta para calificar, según la opinión de la población salvadoreña, los primeros 100 días de gestión del presidente Flores. 5.3 fue la calificación que la ciudadanía otorgó a Flores, siendo este un promedio más bajo que el que su antecesor, Armando Calderón Sol, obtuvo en el primer trimestre de mandato. Más de la mitad de los encuestados cree que el desempeño de la nueva administración ha sido bueno en este período. Pero, aunque el hombre que la dirige no haya hecho mal las cosas, para la mayoría de personas, El Salvador no va bien. Cuatro de cada cinco salvadoreños cree que el rumbo del país está igual o ha empeorado desde que Flores está al mando. Sólo el 15% de la ciudadanía opina que su situación ha mejorado con la llegada de Flores a la presidencia. El principal problema de Flores es que poca gente conoce sus medidas, pues el 80% de la población no sabe de qué ha estado hablando el presidente estos días. Un dato curioso que dejó ver la encuesta es que, entre menos conoce las políticas emanadas por el gobierno, la sociedad califica mejor a Flores. Por otro lado, una de las cosas que más espera la ciudadanía es que el combate contra la delincuencia sea uno de los puntos más relevantes en la agenda presidencial. Uno de cada cuatro quiere que el problema sea resuelto (LPG 06.09 p.4-8).
BANCO. El presidente Flores anunció, el 05.09, la próxima entrada en funcionamiento del Banco de la República de China. Según el anuncio del mandatario, uno de los principales objetivos de este banco será abrir una línea especial de créditos para los exportadores. "Con mucha satisfacción quiero anunciarles que el establecimiento del Banco de la República de China en El Salvador es una realidad", expresó Flores, quien agregó que las autoridades del país asiático se han comprometido a "financiar el esfuerzo de nuestros exportadores". Según el mandatario, esta es una "real apertura de nuestro sistema financiero" que ayudará a la creación de empleos en el campo. Paralelamente, a los agricultores se les ha ampliado un fondo de financiamiento que cubrirá hasta 700 millones de colones de saldos insolutos. Señaló que, en ese marco, su visita oficial a Taiwán incluyó una amplia delegación integrada por miembros de su gabinete, dirigentes empresariales y líderes de opinión. "Uno de los componentes de nuestra estrategia para la generación de empleos es una agresiva campaña de promoción del país en el ámbito internacional. Esta iniciativa tiene como propósito la búsqueda de nuevas oportunidades en la inversión extranjera, el intercambio comercial y la cooperación internacional", expresó Flores (LPG 06.09 p.12).
