Año 20

número 870

septiembre 15

1999

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Obstáculos del discurso presidencial

Política Patriotismo vacío

Economía La privatización y el incremento tarifario

Sociedad La historia de los vencedores

Regional Nicaragua: oscuras privatizaciones y leyes financieras

Derechos Humanos La impune inmunidad (I)

Noticias

Haciéndose eco del reclamo casi unánime de la opinión pública, el presidente Flores anunció una revisión de la línea comunicativa de su gobierno. Adelantó que una vez por semana visitaría el interior del país, una promesa hecha desde el comienzo de su mandato, pero no cumplida aún. Otro cambio no anunciado, pero comprobable en los medios de comunicación, es una campaña propagandística, pagada con los impuestos de la ciudadanía, que reproduce la imagen y algunas frases del presidente Flores. Se trata de una campaña al estilo tradicional, que corre el peligro de saturar el ambiente mientras engrosa las cuentas de las agencias de publicidad y los medios favorecidos. Es evidente que el clamor de la opinión pública ha tenido eco en los círculos presidenciales, pero los cambios anunciados, aun siendo atinados, corren el peligro de no atacar el problema de raíz.

En vez de eso, el presidente Flores ejerce el poder desde la distancia y la altura. Se ha colocado lejos de la realidad nacional, tanto que ésta pareciera no alcanzarlo, y habla de ella desde la elevada cumbre del poder presidencial. Desde esta posición se esfuerza por acomodar la realidad a sus concepciones particulares, cuando debiera ser precisamente al revés. Todo aquello que no encaja en sus esquemas preconcebidos lo deja fuera, sin prestarle mayor atención. Esta desvinculación de la realidad nacional es la que vuelve irrelevante el discurso gubernamental.

Patriotismo vacío

Cada 15 de septiembre los medios de comunicación, las escuelas, las entidades públicas, ciertos particulares y algunas instituciones privadas se sienten en la obligación de conmemorar "aquel glorioso día en el que nuestros próceres firmaron en Guatemala el acta de independencia del istmo centroamericano". Es un día de fiesta nacional. "El cumpleaños de la patria". "El momento de honrarla y venerarla". Los niños deben salir a marchar, las cachiporristas a enseñar sus piernas y sus destrezas y los soldados a exhibir la fuerza militar del país. Los ciudadanos de bien, por su parte, deben lucir una visible bandera en la fachada de sus casas, asistir a los desfiles —o, en su defecto, sintonizarlos por radio o televisión— y entonar con fervor el himno nacional.

Es una buena ocasión para declarar asueto general, ejercitar la memoria histórica dentro de los límites que el simplismo del momento lo permiten y, sobre todo, para que los más descansen de las ocupaciones cotidianas. Y es que de aprovecharse el auge de los sondeos de opinión para medir la participación de los salvadoreños en las actividades "cívicas", sin duda sorprendería la falta de "compromiso" de la mayoría con los "valores" patrios. No parece descabellado suponer que esta celebración es incapaz de entusiasmar gran cosa a una masa popular agobiada por graves problemas que no ven pronta salida, desencantada de todo lo que representa una autoridad pública y embargada por la sensación de estar andando sin rumbo, sin guía y sin horizonte.

Aún así, el empeño en hacer de esta la fecha de máxima exacerbación del patriotismo persevera. Se trata de establecer una identidad incuestionable entre terruño y bandera; entre hogar de todos y escudo; entre lindos paisajes e himno nacional. Como si cantar el himno, saber de memoria la oración a la bandera o considerar que la exhibición de armas de los militares es algo digno de admiración fueran una muestra inequívoca de amor a la patria. Patriota es, de acuerdo al discurso que predomina en ocasión al 15 de septiembre, todo el que reverencia a los próceres por haber "liberado" a Centro América de las "cadenas" españolas —como si los próceres realmente hubieran estado pensando en toda Centro América cuando consiguieron independizarse—; el que se hincha de orgullo cuando escucha "el carbonero"; el que se siente objeto y portavoz de las insignes palabras Dios, Unión y Libertad...

En esta fecha, los amantes de la patria suelen preocuparse como pocas veces por las nuevas generaciones. Insisten en la importancia de que los jóvenes se familiaricen con el pasado y se estremezcan ante el blanco y el azul o ante la entonación del: "de la paz a la dicha suprema...". De lo que no parecen percatarse los patriotas es de que sus futuros sucesores no se mueven precisamente por el respeto irrestricto a los próceres, el interés en conocer su gesta o el sentimiento que los colores y melodías nacionales puedan despertarles.

En principio, habría que ver cuántos colegiales estarían dispuestos a desfilar por las calles si la conmemoración de la independencia fuera optativa. Más aún, sería interesante explorar cuántos de los que lo hacen con gusto son conscientes del significado que los defensores de los "valores cívicos" quieren otorgar a estas actividades; y cuántos están dispuestos a compartirlo. La juventud salvadoreña es, en la actualidad, por un lado, más crítica, más reflexiva con relación a lo que pasa, a lo que necesita y a cómo se mueven las cosas en el mundo de los adultos; y, por otro, más propensa a rechazar eso que los más patrioteros llaman "identidad nacional", a preferir lo que viene de fuera sobre lo que escasamente les ofrece su propio país, a desear formas de vida mejores o distintas a las que sus circunstancias les ofrece.

Es por eso que pretender cultivar el amor a la patria con formalidades carentes de contenido concreto, es decir, próximo a realidades palpables, es un esfuerzo fútil, e incluso sospechoso. No se necesita ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que entre la veneración a los símbolos patrios y el proceder cotidiano de las figuras públicas existe una flagrante contradicción. Honrar a la patria es fácil —es el mensaje que los "civistas" parecen querer enviar a los jóvenes—, sólo basta con ponerse de pie al escuchar el himno o colgar una bandera en la ventana, cualquiera puede hacerlo. De hecho políticos y empresarios pueden ser corruptos y explotadores, pero una posición de firmes y una mirada extasiada ante el escudo nacional bastan para poner de manifiesto el orgullo que sienten de pertenecer al país en el que roban y de ser compatriotas de aquellos a quienes explotan.

Difícilmente puede no parecer hipócrita revestir de tinte ético tales formalidades, mientras que ciertas actitudes que nos afectan a todos y atentan diariamente contra la convivencia pasan desapercibidas en estas fiestas nacionales. Hasta podría entenderse como un chiste de mal gusto que los educadores, los funcionarios, los periodistas y los padres de familia quieran inculcar en los menores valores cívicos mientras en este país cualquiera desobedece las señales de tránsito, contamina el medio ambiente, es intolerante frente a lo diverso, viola fácilmente las leyes, menosprecia la vida de los otros, es deshonesto y recurre a la violencia para resolver sus conflictos.

Que la sociedad necesite buscar espacios de celebración colectiva que sirvan como factores cohesionantes, resalten la dimensión social de los individuos, extraigan a la mayoría de la rutina diaria y se conviertan en expresión de diversos talentos es algo que no se discute. Las festividades religiosas y los carnavales suelen cumplir, cada cual con fines muy precisos, estas funciones. Lo cuestionable de la conmemoración del 15 de septiembre es la exaltación de ciertos hábitos que, lejos de llevar a la transformación de los modos de proceder incorrectos, sobrevaloran normas de conducta irrelevantes y contribuyen a desconocer lo que está mal.

Recordemos que esta exaltación de los símbolos patrios y de los "valores cívicos" suele proceder de los militares y de los sectores conservadores. Sin duda es conveniente incentivar el apego a tales estandartes para restar peso a las críticas y a las ideas transformadoras. Que existan diferencias abismales en cuanto a posibilidades de desarrollo entre unos sectores y otros es secundario en relación al hecho de que a todos nos cobija el mismo cielo y nos rodean los mismos volcanes. Que la gran mayoría esté desprotegida frente al inminente peligro de la violencia, mientras los gobernantes parecen experimentar con qué medidas se agudiza y con cuáles se disminuye el flagelo, es irrelevante a la hora de sentirnos todos libres, unidos y en comunión con Dios, como lo exigen el Dios, Unión, Libertad de nuestra bandera.

Además, este culto al patriotismo es a la vez un incentivo para el nacionalismo; un refuerzo a esa concepción tan arraigada de que cada país debe permanecer encerrado dentro de los límites que alguien, con criterios de dudoso fundamento, estableció. Es curioso que el 15 de septiembre sea una fiesta común para la región centroamericana y que, sin embargo, en la celebración nadie mencione otra cosa que no sea la bandera, el himno y el escudo propio; justamente lo que lo distingue de las otras naciones. ¿Será apelar a esos emblemas la mejor manera de amar a la patria? Y más aún ¿será la patria, representada por tales iconos, un valor que es necesario cultivar, honrar y defender?

La privatización y el incremento tarifario

Pese a las supuestas bondades que de acuerdo a sus apologistas habría acarreado la privatización —disminución en los precios y mejoras en los servicios—, los resultados de una reciente encuesta de opinión pública muestra que la percepción del ciudadano común es totalmente opuesta. Esta contradicción no sería para extrañarse considerando la evolución reciente de las tarifas de servicios básicos como la electricidad y el servicio telefónico, las cuales han venido experimentando alzas periódicas. Si bien es cierto que los incrementos en las tarifas no han sido mayores porque se ha mantenido una política de subsidios al consumo de energía eléctrica (Proceso, 808 y 834), el hecho es que la misma ley de creación de la SIGET permite incrementos en las tarifas de los servicios telefónicos y de electricidad que no han sido desaprovechados por las compañías operadoras (Proceso, 863).

En principio, la privatización no necesariamente debe ser concebida como algo totalmente opuesto a los intereses de los consumidores, especialmente si se considera la posibilidad de que estos últimos participen en la propiedad y utilidades de las empresas privatizadas. De hecho, en El Salvador los procesos de privatización contemplaron la asignación de un porcentaje de las acciones de las empresas para trabajadores y pequeños inversionistas; pero en la práctica las empresas privatizadas quedaron bajo el control de grandes inversionistas, especialmente de multinacionales que han adquirido las empresas distribuidoras de energía eléctrica y también las relacionadas con el servicio telefónico.

Así, los beneficiarios de las privatizaciones han sido las grandes empresas transnacionales y los grandes inversionistas locales, mientras que los consumidores únicamente se limitan a pagar la factura. Como se mencionó, los resultados de un sondeo de opinión pública frente al proceso de privatización han sido totalmente negativos, debido al comportamiento de las tarifas y la calidad y el acceso de los servicios, especialmente los telefónicos y los de distribución de energía eléctrica.

De acuerdo a una encuesta de opinión pública promovida por un matutino nacional, la mayoría de los consultados afirmó no haber obtenido beneficios de la privatización. En el caso del servicio telefónico, un 94.9% expresó que las tarifas no eran más bajas, un 77.3% que el servicio no era de mejor calidad y un 80.4% que no había un mejor acceso. Por otra parte, en el caso del servicio de electricidad, un 96.4% opinó que las tarifas no eran más bajas, un 81% que el servicio no era de mejor calidad y un 86.9% de que no había mejor acceso.

Evidentemente, las percepciones de la población apuntan a que la privatización no habría traído todas las bondades que ofrecía. Al menos en el caso de las tarifas, no puede negarse que las que se pagan por la electricidad y los impulsos telefónicos nacionales han venido experimentado escaladas sostenidas. Sólo en el último año pueden mencionarse dos incrementos en las tarifas de la energía eléctrica y en las telefónicas.

Un nuevo incremento en las tarifas de energía eléctrica podría darse en los próximos días, pues, de acuerdo a versiones atribuidas a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), se habrían experimentado tendencias hacia el alza en los precios de referencia para la fijación de tarifas. Es oportuno mencionar que presiones adicionales para incrementar las tarifas provienen de la compra de energía —a más del doble de su precio— que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) hace a la compañía Nejapa Power (Proceso, 865).

La posibilidad de un nuevo incremento en las tarifas fue rápidamente desmentida por el superintendente general de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, y la misma CCIES. De acuerdo al primero, "no habrá ningún incremento en las tarifas eléctricas en el trimestre que empieza en octubre". Más bien existiría la posibilidad de rebajarlas en un 10% a partir del próximo mes debido a una reducción de las tarifas en el "mercado regulador", las cuales habrían caído en cerca de un 7%. Explicó, además, que las reducciones serán posibles en la medida en que se incremente el nivel de los embalses de las represas hidroeléctricas y, con ello, aumente la capacidad de generación.

Por otra parte, la CCIES habría aclarado que las versiones iniciales —en las que pronosticaba un incremento en las tarifas eléctricas— correspondían al mes de junio, pero que para el mes de julio la situación se presentaba totalmente distinta y que la tendencia al incremento en las tarifas se "ha revertido".

Siempre con relación a las tarifas, Lima Mena expresó que se esperaba continuar con los subsidios al consumo de energía eléctrica, aunque aclaró que todavía falta realizar un análisis económico de las finanzas de CEL para establecer si es posible mantener el subsidio a mediano y largo plazo. Aquí es importante recordar que CEL subsidia el consumo menor a los 300 kilovatios para disminuir el impacto de la privatización sobre las tarifas. Este subsidio ronda cifras de entre 60 y 70 por ciento del total de facturación, dependiendo de la compañía de distribución; y hacia mediados de 1998 el gobierno proyectaba eliminar, en noviembre de 1999, los subsidios a la energía eléctrica (Proceso, 808).

Un día después de estas declaraciones, el mismo Presidente de la República hizo ver que el gobierno continuaría con el subsidio, pues considera que "la generación de energía hidroeléctrica es suficiente y vamos a continuar con el subsidio". Estas declaraciones hacen suponer que el subsidio se mantiene sólo en la medida en que las represas hidroeléctricas generan suficiente energía a precios bajos; pues se condiciona el subsidio a que la generación hidroeléctrica sea "suficiente" y no tanto a que se mantengan estables las tarifas al consumidor.

Tal como puede deducirse, la privatización no es un proceso bondadoso para los consumidores nacionales, pues éstos han tenido que enfrentarse a tarifas del servicio de telefonía y electricidad que se ajustan cada año y cada tres meses, respectivamente. Además, los consumidores corren el riesgo de sufrir incrementos desproporcionados en las tarifas si llegara a abandonarse la política de subsidios al consumo de energía eléctrica. En algunos casos esto podría llegar a representar incrementos de hasta un 70% en las tarifas de energía eléctrica.

Otro caso que muestra los aspectos negativos de la privatización es el funcionamiento del sistema financiero. En un principio se llegó a plantear que con la privatización se recuperaría casi automáticamente la eficiencia micro y macroeconómica de la banca. Sin embargo, aunque se hubiera logrado la eficiencia microeconómica, es cuestionable que en el ámbito macroeconómico se haya promovido una terciarización de la economía que ha restado importancia a las actividades productivas. Incluso para ciertos sectores, como la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), la banca privada se ha convertido en generadora de obstáculos para la inversión en la medida que mantiene elevadas tasas de interés y de comisiones.

Estos datos son suficientes para afirmar que en El Salvador los resultados bondadosos de la privatización no existen o aún no se han evidenciado y que, por lo mismo, es necesario revisar cuidadosamente el marco jurídico e institucional bajo el cual se pretenda realizar próximas privatizaciones, así como la política de compensación que el Estado deberá asumir frente a ellas.

La historia de los vencedores

En 1992, la izquierda ex armada aseguraba que la paz la habían ganado ellos. La guerra también. La imposibilidad del ejército de acabar definitivamente con la guerrilla y el reconocimiento de esta realidad por parte de la derecha (reconocimiento al que abonó —¿obligó?— la presión internacional), habrían conducido a la firma de la paz. Para el FMLN y sus simpatizantes, los cambios que operarían en el país de ese momento en adelante serían fruto de su revolución, ya no armada sino negociada, pero revolución al fin de cuentas. La guerra paró, la guerrilla se instaló en la lógica partidaria y las campañas electorales sustituyeron a las armas como instrumentos para alcanzar el poder. Entonces el orgulloso FMLN empezó a perder. Los gestos de victoria se disiparon en la amargura del fracaso electoral y la decepción profunda por la lentitud de los cambios, la sustitución de los ideales por el pragmatismo y la aparente inutilidad de las gestas heroicas del pasado. ¿Valió la pena? ¿Tanta muerte y dolor para tan poco?... empezaron a ser las preguntas de cada día de algunos de los miembros de la antigua guerrilla.

Ocho años después, la derecha es la gran ganadora del proceso de posguerra. Ante un FMLN empequeñecido por su inexperiencia en las lides de la política, debilitado por sus conflictos internos e incapaz de penetrar en el escepticismo ciudadano, ARENA ha podido hacerse del poder ejecutivo por tres periodos consecutivos y ha llevado a cabo, casi sin tropiezos externos, su proyecto económico. Sin embargo, es en la historia, en su (de)construcción y manipulación, en lo que ARENA surge como verdadero vencedor de la guerra. Con la colaboración manifiesta de los grandes medios de comunicación, la derecha ha propalado una historia del país que responde al simplismo maniqueo que le es propio. Así, desde la historia según los vencedores, durante los años de la guerra (el período de la "agresión subversiva", como gustan decir) sólo hubo dos tipos de actores: los comunistas (o los terroristas responsables de la destrucción del país) y los anticomunistas (o los patriotas que defendieron la libertad y la propiedad privada). Los primeros, victimarios; los segundos, víctimas.

En esto, la lógica de la historia oficial es implacable. Mientras que a una figura como Monseñor Romero, verdadero mártir de la búsqueda de la justicia, se le aborda con un mal disimulado desprecio ("títere de la subversión" o "pastor equivocado" son algunas de las frases con las que se celebra su memoria en los círculos más recalcitrantes de la derecha) y se hace todo lo posible para ignorar la fecha de su asesinato, a Domingo Monterrosa, por ejemplo, se le dedican columnas (véase la escrita por Ernesto Vargas el 11 de este mes en La Prensa Gráfica) y reportajes para destacar sus dotes de genial estratega militar (el mismo genio que diseñó e implementó algunas de las más mortíferas y salvajes técnicas de contrainsurgencia). Ni hablar del entusiasmo que despierta en la mayoría de los medios y columnistas del país la figura del tristemente célebre Mayor D’Abuisson, santo patrono de un amplio sector de la derecha. Tanto entusiasmo como para que el prudente Escobar Galindo no pudiera resistirse a escribir una crónica de su infantil amistad con el aún inocente "Robertillo" D’Aubuisson.

Que la amistad con figuras que han pasado a la posteridad por sus manías sanguinarias sea motivo de orgullo; que se aliente su recuerdo sin el mínimo afán crítico dice mucho de la historia que se pretende legar a las próximas generaciones. Dice mucho también de la magnitud de la victoria de la derecha luego de finalizada la guerra. Si ya es grande la victoria de ARENA al haber logrado mantener y apuntalar su status dentro de la sociedad, es más grande aún al poblar el imaginario colectivo de héroes cortados a su medida y conveniencia. No sin cierta crueldad y fatalismo se dice que cada pueblo tiene a los gobernantes que merece, ¿son estas las figuras históricas que le corresponde recordar a un nación tan violenta como la nuestra?

Nicaragua: oscuras privatizaciones y leyes financieras

El 30 de agosto, y en medio de la confusión dejada en el terreno de juego por la consumación del pacto libero-sandinista, la Contraloría General de la República emitió una resolución, tan anhelada como osadamente inesperada: anuló la privatización del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), proceso iniciado en 1997 y consumado en enero de 1999. Sin duda, se trata de la resolución más significativa de las emitidas por la Contraloría después de que en febrero señalara el desmesurado incremento patrimonial del Presidente Alemán, acción que permanece congelada a la espera de que el Presidente cumpla la ley y declare ante la Contraloría cómo aumentó su patrimonio.

Tras varios meses de investigación —iniciadas a partir de denuncias de banqueros y de medios de comunicación nacionales—, la nueva resolución de la Contraloría comprobó, por múltiples y sustentadas razones, la existencia de graves irregularidades en todo el proceso de capitalización y en la conformación apresurada de la sociedad de Inversiones Iberoamericanas, a la que se asoció el Hamilton Bank de Miami para comprar las acciones del BANIC.

Al igual que en otros escandalosos casos de corrupción, las ilegalidades y anomalías que atravesaron todo el proceso de capitalización de este banco apuntan al entorno más cercano del Presidente Alemán. La investigación demuestra, por ejemplo, que, antes de la anómala operación, el BANIC otorgó créditos millonarios e irregulares a allegados del Presidente y a la sociedad que desde hace años viene comprando tierras por todo el país para la familia presidencial. Otros informes de la Contraloría demostraron que los directivos salientes del BANIC —algunos siguieron en la directiva— se otorgaron de forma ilegal durante el proceso de privatización más de 1.6 millones de dólares en indemnizaciones, bonos, dietas y sobresueldos. Con esta resolución sobre el BANIC, la Contraloría ha puesto en evidencia los hilos más gruesos y visibles de un complejo entramado de tráficos de influencias y discrecionalidades.

Pero quizá lo más grave del caso es el involucramiento de un banco establecido en Estados Unidos en la operación de capitalización. Esto permitió a la Contraloría solicitar de la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, una investigación que determine si la ilegalidad de la operación financiera violó no sólo las leyes nicaragüenses, sino también las leyes federales de Estados Unidos, muy sensibles ante operaciones de sus bancos en el exterior que pudieran estar vinculadas a dinero del narcotráfico. ¿Participará el gobierno de Estados Unidos en el esclarecimiento de los hechos denunciados en Nicaragua?

Por su parte, el Banco Mundial (BM) tomó distancia de la operación realizada en el BANIC inmediatamente después de que la Contraloría publicara su resolución. Como se sabe, el BM es la institución internacional que supervisa las reformas estructurales a las que se condiciona la obtención de créditos en los programas de ajuste que se implementan en los países del Sur. La más importante de estas reformas es la privatización de los activos estatales. "Para el BM lo fundamental es que los procesos privatizadores se hagan de forma transparente y en base a criterios de mercado, y no con manejos oscuros y con criterios mafiosos, como la Contraloría está demostrando que se hizo en el BANIC", dijo a Envío un economista independiente.

La "conexión USA" y la posición del BM —que incluso facilitó información sobre el caso a la Contraloría— han puesto al gobierno de Alemán en una posición extremadamente delicada. El contralor Agustín Jarquín habló de "incomodidad" y de "malestar" en el BM. Y para terminar de complicar el panorama de las privatizaciones, recién dadas a conocer las anomalías en el BANIC, se descubrió otro espinoso caso que revela una vez más el alto grado de irresponsabilidad que existe en el manejo legal de los bienes estatales: sobre siete propiedades de la empresa estatal de telecomunicaciones, ENITEL —también en proceso de privatización—, pesa una hipoteca por 100 millones de dólares a favor de la empresa constructora del consorcio cubano-americano Mas Canosa.

La "salida" del caso BANIC no es sencilla para el gobierno. En el caso de ENITEL, el Presidente ya dijo que se anulará la hipoteca, ¿será el punto final de este escándalo? Lo cierto es que las preguntas que surgen de estas recientes resoluciones e investigaciones de la Contraloría seguirán apuntando al Ejecutivo y a varios de sus altos funcionarios, ¿durante cuánto tiempo? Saltando de un escándalo a otro, cuesta entender las tramas de cada uno de ellos, pero cuesta mucho más distinguir cuál es el mayor y cuál el menos lamentable para el futuro del país.

También en vísperas de la resolución de la Contraloría sobre el BANIC, se habían creado otras contradicciones en el terreno del juego presidencial. Alemán había sorprendido, tanto a los banqueros privados como a sus aliados del FSLN, con un paquete de leyes financieras que envió a la Asamblea Nacional el 24 de agosto para su aprobación con trámite de urgencia. Las leyes suprimen la autonomía de la Superintendencia de Bancos al ponerla bajo total control de la Presidencia; concentran más poder económico-financiero en la persona del Presidente del Banco Central, Noel Ramírez, y establecen nuevas regulaciones sobre la banca privada y sobre todas las instituciones financieras, lo que supone cambios importantes en las actuales reglas de juego respecto a capitales iniciales, otorgamiento de créditos, aprobaciones de bancos, sustituciones de sus directivas, etc.

Los críticos de las leyes —banqueros, empresarios, políticos— hablaron de "dictadura financiera" y de una nueva ola de "terrorismo económico". La subcontralora de la República, Claudia Frixione, se refirió al tema del sigilo bancario, que estaría en peligro cuando el presidente Alemán aplique la ley y entregue la Superintendencia a Ramírez, quien es miembro del directorio ejecutivo del partido en el gobierno. "Al hacer de la Superintendencia una institución dócil y al ponerla en manos partidarias, el Presidente de la República podría pedir un informe privado de cualquier ciudadano que no comparta las políticas del gobierno".

Si la pérdida total de autonomía de la Superintendencia de Bancos ya preocupa a los banqueros privados, también les inquietan otras disposiciones de las nuevas leyes. Entre ellas, la que limita al 10% el número de acciones que podrá tener cada socio de un banco, para así evitar situaciones tan riesgosas como la que llevó recientemente a la quiebra de otra institución financiera del país, BANCOSUR. O la disposición que establece límites a los montos de créditos que los bancos podrán otorgar a empresas vinculadas por lazos familiares con los directivos del banco.

Ambas disposiciones afectan seriamente a todos los bancos privados de Nicaragua que —como los del resto de América Latina— responden al obsoleto perfil de una banca oligárquica, al servicio de grupos familiares que concentran poder económico y político desde hace siglos. Al menos estas dos últimas disposiciones de las nuevas leyes son muy positivas porque buscan democratizar el poder financiero. Tenía, pues, cierta base el Presidente Alemán cuando respondió molesto a los banqueros que criticaban las leyes, las que calificó como "revolucionarias". Alemán acusó a los banqueros de haber establecido en estos años un "monopolio privilegiado" utilizando el ahorro nacional para favorecer con créditos sólo a sus amigos, olvidando a los campesinos y a los pobres.

Sin embargo, pocos días después, todo lo descubierto en el caso BANIC vino a poner en evidencia la demagogia de sus argumentos. La investigación de la Contraloría demostraba que, para competir con los "privilegios oligárquicos", el gobierno liberal había usado el BANIC para capitalizar privilegiadamente a altos funcionarios del círculo presidencial. Y así como los allegados al gobierno de Violeta de Chamorro hicieron botín del también banco estatal BANADES, los allegados al gobierno de Alemán habían hecho botín del BANIC. Tras el discurso presidencial antioligárquico y de defensa cerrada "de las clases medias que también tienen derechos", se esconde la concepción del Estado-botín, que Alemán comparte con la oligarquía tradicional.

Los banqueros y el sector pactista del FSLN no esperaban las leyes financieras. El gobierno no esperaba lo del BANIC. Y organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID —los que diseñan y monitorean la marcha de la economía nicaragüense— no contaban con ninguna de estas dos crisis. El BM trabaja por establecer en Latinoamérica sólidas democracias de mercado que favorezcan a los capitales globalizados. Pero en Nicaragua el BM se encuentra con un país que apenas conoce la democracia y las leyes del mercado y con un gobierno que se apropia del discurso democratizador y modernizante de la tecnocracia, que habla de globalización y de Estado de derecho, pero que después aplica la vieja ley del embudo: lo ancho para mí y para vos lo agudo...

No sólo tratan los organismos multilaterales de establecer la lógica de un mercado más transparente y democrático. También han venido analizando la crisis financiera en los países asiáticos —aquellos a los que se llamaba "tigres"— y han concluido que el derrumbe se debió a una regulación muy laxa —nula o escasa— de sus sistemas financieros. A partir de esta conclusión recorren ahora todos los países del Sur insistiendo en una receta que no es totalmente nueva. Lo nuevo es el acento que están poniendo hoy en ella: es necesario apretar los controles sobre la banca privada en todos los países en desarrollo.

Los multilaterales siempre han considerado que Nicaragua tiene una banca frágil por ser relativamente nueva —apenas inicia en 1991— y porque ha tenido una regulación muy benigna, establecida así precisamente para hacer crecer con rapidez a tantos nuevos bancos. Ahora, tener firmemente controlada a esa banca ya crecida es condición número uno del BM y del BID.

La estrategia del BM/BID debe desarrollarse en dos etapas: en la primera, identificarán instituciones nacionales fuertes. En la segunda, buscarán la autonomía de esas instituciones. Desde este punto de vista, concentrar las funciones del Banco Central y las de la Superintendencia —como propone la nueva ley— podía responder al diseño que buscan establecer. Este marco conceptual fue aprovechado por el gobierno liberal para suprimir de la nueva ley la autonomía de la Superintendencia de Bancos, institución que fue creada como entidad autónoma en 1991, aun antes de que se reinstalara en el país la banca privada, precisamente como garantía de la transparencia y control del proceso, y precisamente como condición de los organismos multilaterales para avalarlo.

Con todo, la nueva ley de la Superintendencia no obtuvo el aval del BM. Aun así, el gobierno la envió sin ese consenso a la Asamblea Nacional, originando un conflicto de compleja conclusión. Una señal más del estilo, de la osadía autoritaria del actual gobierno. Sin embargo, el cúmulo de contradicciones que Arnoldo Alemán ha ido generando con todos los sectores económicos que no son los de su círculo de poder no le permitirá pasar estas leyes tal como fueron concebidas y tendrá que flexibilizarlas. De hecho, el 2 de septiembre, tras una reunión con banqueros, el Presidente accedió a retirar el trámite de urgencia, comprometiéndose además a flexibilizar algunos aspectos de las leyes. En esta zona de "bateo libre", ¿quién ganará?

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Colaboración de Equipo Envío, Nicaragua

La impune inmunidad (I)

Hay quien dice que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Si eso es cierto, ¿qué cosas tan graves hicimos las y los salvadoreños para tener lo que ahora tenemos? Y no vamos a referirnos nada a los cien días de la actual administración del Ejecutivo porque ya otras personas e instituciones lo hicieron y la conclusión nuestra es similar a la de ellas, resumida de manera excelente en un pensamiento expresado hace unos días por Héctor Dada Hirezi: más que una falta de presencia físicamente pública, a Francisco Flores lo más grave que se le puede achacar es su casi total ausencia política que se traduce en un déficit del liderazgo urgido por la población. Por ahora dejemos eso y pasemos a lo que pretende ser el centro de este comentario: las razones que están a la vista para que la institucionalidad de nuestro país, recientemente creada o renovada, continúe cayendo en picada.

Para entrar en materia, la transcripción de una discusión aún fresca resulta ser una herramienta interesante. El escenario fue uno de los llamados programas de opinión que, de lunes a viernes, casi todos los canales de la televisión salvadoreña presentan en horas de la mañana y repiten durante las noches; la mencionada entrevista —si así se le puede llamar— se realizó el pasado lunes 13 de septiembre y en ella participaron Sandra de Barraza junto a Alberto Arene, en la conducción, y como "panelistas" invitados los diputados Arturo Argumedo, autodenominado "independiente", y Walter Araujo, jefe de la fracción "arenera". El propósito explícito era uno: discutir y aclararle a la población televidente aspectos relacionados con el ya prolongado atraso en la elección del fiscal general de la República y el estado en que se encuentra el proceso para que Eduardo Peñate Polanco desocupe el despacho del procurador para la defensa de los derechos humanos.

Después de un gran esfuerzo por rescatar las partes de lo dicho por ambos legisladores, consideradas —en cierta medida— medianamente coherentes y publicables, nos encontramos con expresiones que pueden ubicarse en uno u otro ámbito; sin embargo, para efectos de su presentación ahora las hemos clasificado de la manera que a continuación se ofrece.

A la pregunta de la señora de Barraza, Argumedo respondió así: "Pasamos más de dos meses sin elegir a la Corte Suprema de Justicia, en el primer período después de la guerra en 1994. Lo triste es que falte la figura y que no se advierta; porque de una cosa pueden estar seguros: que no porque no esté Córdova o porque no está Sidney o Luis Domínguez, Calderón, ni los de izquierda ni los de derecha ni del centro, no por eso ha dejado de investigarse el delito. La Ley Orgánica lo plantea; y pensar que el adjunto es suficiente para hacer eso y más... Es decir, es triste que alguien pueda pasar por el cargo sin advertirse la falta en cuanto al cumplimiento de las atribuciones..."

Visto lo anterior, tomemos la opinión de Araujo —externada sin conocer lo dicho por su colega, debido a que llegó unos minutos tarde al programa— a todas luces distinta: "Creo que nadie duda en el país la importancia que tiene el cargo del fiscal general de la República. Yo creo que esto es de suma importancia. Querer evadirla o querer decir de que ahí hay un fiscal general adjunto no es ninguna respuesta lógica; por el contrario, creo que es un déficit institucional que estamos marcando nosotros como Órgano Legislativo. Aquí no es responsable cada uno de los diputados, aquí es responsable el Órgano Legislativo por el atraso. Como bien lo apuntaba Usted, Sandra, se está convirtiendo como en una costumbre nada sana para nuestra democracia".

Más adelante, la conductora del programa hizo el siguiente comentario: "En general, la actitud de la Asamblea es de poca credibilidad para cumplir con su función, porque si todos tuviéramos esa actitud que se refleja en el diputado Argumedo, yo creo que difícilmente vamos a tener fiscal". La actitud del parlamentario aludido no tuvo nada de constructiva: "Entonces, mintámosnos. Yo les ayudo". Posteriormente, el otro presentador —Arene— sostuvo que el problema a discutir eran las características del funcionario que se debía elegir: "si llena los requisitos; si coincide el interés partidario con el interés nacional; si estamos hablando de un funcionario de un historial, de una formación, de una interlocución más amplia". A ello, Argumedo respondió haciendo referencia al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): "Si ellos pudieran poner a Centeno de fiscal general, lo ponen; o a la Marta Valladares de presidente de la Corte. No nos engañemos, a menos que nos queramos seguir engañando. Yo creí que esto era de a de veras ‘hablando claro’, pero aquí hay que ir dorando la píldora".

Al mencionar la posibilidad de que un candidato el partido oficial llegue a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado llamado "independiente" —en lo que pareció más problema personal que un análisis serio— afirmó enfático: "Yo prefiero dárselo a él y no al Frente, porque más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Además, con el Frente yo no llego ni a la esquina. Han vivido vetándome para todo. Cuando era la elección de procurador y fiscal me dijeron: nosotros de procurador no te llevamos, pero si es de fiscal te damos los votos. Tampoco me los dieron y no es que yo tenga interés porque yo ya hace tiempo, licenciada, renuncié a la Fiscalía. Yo ya fui fiscal general de la República".

En un momento del programa, se retomaron las opiniones e interrogantes del público televidente; algunas de ellas, relacionadas con la deplorable situación en que se encuentra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), fueron las siguientes: "Señor Araujo, Usted que es de ARENA sabe que mantener a Peñate Polanco le afecta a la política internacional"; "Señor Araujo, sabe Usted que su ministra de Relaciones Exteriores pidió a los corresponsales extranjeros que bajaran el perfil del tema de Peñate Polanco porque le ha afectado internacionalmente"; "Señor Araujo, ¿qué más pruebas necesita ARENA para destituir a Peñate Polanco?" Tras leerlas, la conductora del programa agregó: "El caso del procurador para la defensa de los derechos humanos es un tema muy polémico. Hay iniciativas de ciertas instituciones pidiendo que se haga una evaluación. Hay una iniciativa del dirigente del IDHUCA pidiendo de que tenga cierto tipo de actitud en contra de lo que él consideró que era un daño, no era un buen desempeño del procurador, y también hay silencio de parte de la Asamblea Legislativa en relación a este tema".

Las palabras del jefe de la bancada "arenera" al respecto: "En el caso de Peñate, si tienen pruebas concretas preséntenlas a la Asamblea Legislativa y la única forma es que sean casos viables jurídicamente. Aquí no se trata de acuerdo político en que nos pongamos de acuerdo para irle a decir a un procurador: quitate que hoy ya no te queremos. Hay derechos constitucionales y el hombre jurídicamente lo va a amparar la Sala de lo Constitucional, de ser ciertos esas acusaciones que se le imputan. El doctor Argumedo ha sido una persona que siempre lo ha señalado: un camino se tiene y ese es el camino de la legalidad. Entonces, es como una doble moral: hagamos un acuerdo político. Yo no lo estoy juzgando ni avalando, ni estoy diciendo que sea correcto su comportamiento ni falsas sus acusaciones, pero tampoco lo estoy condenando ‘a priori’. Entrémosle de lleno al hecho, pero en los mecanismos de la ley".

Sobra decir que es grande la cantidad —quizás la mayor cantidad conocida en la historia de la administración pública nacional— de documentos y acciones que desde la ciudadanía han sido enviados e impulsadas en el ámbito del Órgano Legislativo, con el objeto de solucionar tan problema grave para la institucionalidad del país; baste mencionar la solicitud de antejuicio nunca respondida por la Asamblea, que presentó el director del IDHUCA y a la cual se refirió la señora de Barraza en el programa referido.

Siempre sobre el mismo tema, Arene preguntó a los diputados si considerarían las acusaciones y existiría la posibilidad de investigar a Peñate Polanco. Antes, Argumedo había dicho que en julio de 1999 no había dado su voto para tan infeliz nombramiento porque sabía de todas las "tropelerías" (sic) de Peñate Polanco en la judicatura; sin embargo, le respondió así a su interlocutor: "No se va a investigar porque aquí la investigación es para que se lo den al Frente y éste está necio de que lo investiguen para que se lo den a él. Entonces, la derecha tiene toda la legitimidad. Si eso es lo que quieren —quitarlo para que Ustedes aspiren a eso y nos den los votos para el fiscal general de la República— pues no lo hacemos".

El acucioso conductor le planteó a los diputados que —por encima de la forma cómo lo habían nombrado— eran muy grandes los costos que la Asamblea Legislativa y el país entero estaban pagando por Peñate Polanco. "Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rechazó reunirse con él —apuntó Arene— y en Córdoba, Argentina, él declaró que el Procurador del Pueblo no tenía que denunciar al Estado, cuando esa es precisamente la función del Procurador cuando se justifica la denuncia". La reacción de Argumedo: "¡Eso le prueba que es un ignorante de ‘siete suelas’, hombre!". Veamos lo que siguió a esto, pues realmente resulta ser una pieza de antología.

Arene: "Aquí ya no es un problema de izquierda o derecha, sino los costos para el país. ¿Se va a investigar bajo los procedimientos correspondientes?" Argumedo: "Si la condición es de que se investigue para que se le dé a la izquierda, yo estoy de acuerdo en que no se le investigue. Yo no voté por él; es más yo lo denuncié a él y sigo creyendo que fue una pésima elección y sigo responsabilizando al Frente, aunque hayan hecho esa ‘jallanada’ de que le retiraban el apoyo..." Barraza: "Pero son costos muy altos para el país esos". Argumedo: "Pero es problema del Frente..." Arene: "Usted sigue acusando al Frente cuando ellos le retiraron el apoyo, no lo ratificaron". Argumedo: "Por el amor de Dios, eso es hipócrita; es hipocresía".

Arene: "Ni siquiera el PDC —el Partido Demócrata Cristiano— lo apoya ahora y Usted siempre vuelve al tema del FMLN; ¿por qué no vamos a los que lo apoyan ahora y quiénes obstaculizan la investigación?" Argumedo: "Pero, ¿con cuántos votos se hace antejuicio? No está el caso de Colindres que bastó que se le probara que había perdido imparcialidad y se le quitó; dos veces se le quitó. La Corte lo amparó, me lo devolvieron a mi Comisión, demostré que sí se podía dar el derecho de audiencia y ya no lo volvieron a amparar. Hay antecedentes y hay mecanismos, cuando se tiene voluntad política; pero el problema ha sido que el Frente lo quiere quitar pero para quedarse con él. Ya a Francisco Díaz no lo pueden utilizar, porque siempre lo querían meter para procurador de derechos humanos; ya lo mandaron al Consejo Nacional de la Judicatura". Arene: "Lo que nos están diciendo es que no va a haber investigación, que esto va a seguir congelado ¿Es esto lo que podemos deducir de lo que usted ha dicho?" En ese marco, la conductora del programa tuvo que cerrar así: "Si esto es en cámara, imagínense lo que hace la discusión fuera de cámara. No vamos a tener muy fácil el fiscal y no creo que vayamos a tener modificación e investigación en la persona que dirige la institución de derechos humanos".

DELINCUENCIA. Una encuesta de La Prensa Gráfica-UNIMER, elaborada entre enero y junio de este año, reveló que un millón 163 mil salvadoreños (35% de la población) han sido víctimas de la delincuencia en los últimos seis meses. Esto se traduce en que cada hora 269 personas han sido afectadas por actos delincuenciales o, lo que es igual, cada 13 segundos alguna persona sufre un acto vandálico en el país. La mayoría de las víctimas reside en las ciudades. Por cada tres afectados de actos delincuenciales en las zonas urbanas, uno es víctima en el área rural del país. Otro dato es que la mitad de los perjudicados por la delincuencia son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. En cuanto al nivel socio-económico, son las personas pertenecientes al nivel medio bajo las más victimizadas. Los delitos más comunes registrados son el robo y el hurto, según datos de la Fiscalía General de la República. Los homicidios ocupan también un puesto importante en la lista, pues, en los primeros cinco meses del año, ya se han reportado mil 708, es decir, 11 diarios. Además, entre los delitos más cometidos en el país están la estafa, los daños, las lesiones y las amenazas. Por otro lado, la encuesta reveló que el 12% de la población dice estar armada, es decir que 402 mil 376 personas tienen un arma. No obstante, la mayoría de encuestados piensa que la Ley de Armas no solucionará el crimen en el país (LPG 10.09 p.5 y 6).

SILVA. El Consejo Nacional de la Unión Social Cristiana (USC) proclamó, el 12.09, al alcalde Héctor Silva como su candidato a la municipalidad capitalina para las elecciones del 2000. Asimismo, inscribieron como militante al alcalde de Santa Ana, Moisés Macall. La USC trata de ser la base de todas las coaliciones que busquen las reelecciones de ambos funcionarios. "La USC es el primer partido que pública y formalmente da su apoyo [para la candidatura de Silva]", afirmó el diputado Abraham Rodríguez, presidente de ese partido. La USC no pone condiciones para llevar a Silva a la candidatura. Es más, Rodríguez dice que, tanto Silva como Macall, tendrán la libertad de crear su programa de gobierno sin interferencia del partido. Por su parte, Jorge Villacorta, de la Convergencia Democrática, manifestó su desconfianza respecto a que la USC se proclame como "el primer partido en dar su apoyo". "¡Por Dios, no me haga reír! ¡La USC no es nada!. Esas actitudes, vistas así, sólo pretenden oportunismo. Es mezquindad y enanismo político", expresó Villacorta. La reelección de Silva es fruto del esfuerzo del grupo denominado "Iniciativa Ciudadana", encabezado por el concejal capitalino Héctor Dada Hirezi. Según este grupo, la candidatura deberá surgir del consenso de sectores sociales y partidos políticos (EDH 12.09 p.4).

FLORES. El presidente Flores aseguró, el 10.09, que intentará tener mayor acercamiento con la gente. Afirmó que realizará viajes semanales al interior del país para conocer la opinión de la población sobre las decisiones del Gobierno. Además, dijo que tendrá mayor presencia en los medios de comunicación, a la vez que redefinirá las funciones del vocero presidencial, Ricardo Rivas. No obstante, descartó completamente la remoción de Rivas o de cualquier otro funcionario de su gabinete, pues dijo sentirse satisfecho con su equipo de gobierno. "Nos sentimos sumamente contentos con el equipo de gobierno, es decir, sentimos que es un equipo de gente fresca y activa", expresó el mandatario. Todo lo anterior como respuesta a los sondeos de opinión, que reflejan el descontento de la gente por la lejanía de Flores. Según las palabras del mandatario, él comenzará a ser el vocero de su gestión, tal como lo solicita la ciudadanía. Aunque aclaró que mantendrá el esquema en el cual cada ministro es vocero de sus propias carteras de Estado. "Estamos dándole un giro a nuestras comunicaciones para atender la demanda de una mayor presencia del presidente en los medios y de una mayor cercanía del presidente con la gente", expresó Flores (LPG 11.09 p.4).