Año 20
número 872
septiembre 29
1999
ISSN 0259-9864
Editorial ARENA da señales de agotamiento
Sociedad ¿Por qué tanto escándalo por la PAES?
Economía El problema del déficit fiscal
Sociedad Las leyes existen...hace falta conocerlas
Derechos Humanos ¿Hasta cuándo?
ARENA da señales de agotamiento
ARENA es un partido que siempre ha hecho alarde de contar en sus filas con abundantes buenos candidatos y con administradores excelentes de la cosa pública. Sin embargo, no le ha sido fácil designar a su candidato para alcalde de San Salvador. Esta vez, las discusiones y las consultas se han prolongado más de lo acostumbrado. Hasta no hace mucho, ARENA se consideraba invencible y, por lo tanto, rechazaba coaligarse con otros partidos; pero en esta ocasión no oculta su intención de unir fuerzas en San Salvador con sus aliados naturales de la derecha, porque ha perdido el aplomo de las campañas recién pasadas. Estos hechos se explican por dos razones estrechamente relacionadas. La primera son las dificultades internas que experimenta el partido y la segunda es la gestión municipal que ha llevado a cabo Héctor Silva.
La existencia de feudos que luchan por el poder dentro de ARENA ha alejado del partido a no pocos militantes que se identifican con su trayectoria y su ideología y que, además, estarían interesados en incursionar en la vida pública; pero que no desean participar en las luchas por el poder interno, ya sea porque rehuyen el conflicto, ya sea porque lo consideran dañino para la solidez del partido o ya sea porque simplemente no le encuentran sentido. Los dirigentes actuales de ARENA están envejeciendo en sus cargos demasiado rápido y al mismo tiempo están impidiendo el surgimiento de jóvenes idealistas y ambiciosos, pero tal vez más educados y con un mejor entendimiento de la política y la ética pública.
A este alejamiento de sangre joven con capacidad renovadora contribuye en gran medida el malestar creciente entre las clases media-alta y alta. El malestar tiene su origen en la voracidad de los bancos y del gran capital, cuyas actividades financieras crecen aceleradamente, mientras que el sector comercial lo hace de una manera lenta, el industrial experimenta una reducción y el agropecuario se sumerge en la crisis. A ello se agrega una tasa de interés extremadamente elevada, que para las empresas supone un costo también elevado del servicio de su deuda, el cual pone en peligro sus balances financieros. Muchas empresas han caído en mora y son cada vez más las que se ven obligadas a cerrar o vender a otras empresas más grandes —con frecuencia multinacionales.
Es normal entonces que los empresarios, amenazados por la voracidad de los bancos y del capital multinacional, se resistan a continuar apoyando a un partido político cuyo gobierno no duda en abandonarlos a su suerte cuando, de acuerdo a la práctica establecida por décadas, debiera ayudarlos a salir de la crisis. Mientras tanto, el gobierno de ARENA se ha alineado con el sector financiero, cuyos miembros más adinerados controlan a su vez los feudos más poderosos que luchan entre sí por la dirección del partido. La alianza de las clases alta y media-alta, en la cual descansa uno de los apoyos importantes de ARENA, muestra fracturas importantes. A ello se debe que ARENA no tenga a mano a un candidato que pueda desafiar exitosamente al alcalde Silva, en las próximas elecciones de marzo.
El discurso de ARENA, por otro lado, se ha ido empobreciendo cada vez más. Su pretensión de gobernar para los más pobres de los pobres, a quienes les crearía oportunidades, se ha quedado sin fundamento. Ya ni siquiera gobierna para las clases media y media-alta. ARENA carece de una propuesta sólida y viable para el desarrollo sostenible del país. Mientras pide resignación ante las condiciones impuestas por el gran capital nacional y multinacional, espera una inversión extranjera que no acaba de llegar y un tratado de libre comercio fuera de su alcance, al menos por ahora, y que, en caso de darse, no estaría dispuesto a pagar sus costos políticos. ARENA espera que, por un golpe de fuerza maravilloso, la inversión extranjera y el tratado de libre comercio resuelvan los problemas del país.
La falta de propuesta, vacía la retórica de ARENA y no le deja otra alternativa que el insulto y el desprecio en la discusión con el adversario político. Su visión dual de la sociedad y de la práctica política, en izquierdas y derechas, excluyendo a las primeras por ser tales y acogiendo a las segundas por la misma razón, acentúa aún más su falta de propuesta y su incapacidad para enfrentar los desafíos actuales de El Salvador. Ese dualismo, que le dio tan buenos resultados durante la guerra, es un recurso inútil en un contexto abierto a la libertad de expresión. Si ARENA no abandona su viejo esquema anticomunista y antidemocrático de guerra fría y no se abre a las nuevas realidades nacionales, regionales y mundiales, su destino está ya determinado. El empecinamiento en el extremismo sólo acelerará el agotamiento. Así, es difícil que ARENA encuentre candidatos bien educados, brillantes y creativos. Es probable que el desenlace final tome su tiempo, pero es indudable que éste ya ha comenzado.
Prueba de lo anterior es que ARENA se encuentra en serias dificultades para encontrar un candidato que pueda disputar la reelección del alcalde Silva. No obstante no haberle ahorrado ningún obstáculo con el fin de entorpecer la gestión municipal, aun a costa del bienestar de la comuna, sacrificado en aras de los intereses electorales, la gestión de Silva es apreciada positivamente por los residentes de la capital, tal como lo demuestran las encuestas de opinión. Silva ha probado en la práctica que la izquierda tiene capacidad para dirigir, administrar y ejecutar, cuestionando así el mito que sostiene que sólo la derecha puede hacerlo. Ha impulsado soluciones nuevas para los viejos problemas, aparentemente insolubles, de la capital, luchando contra prejuicios e intereses, como los de los bancos y otras grandes empresas que se resisten a la modificación de la regresividad de los impuestos municipales. Silva tiene, en pocas palabras, todo aquello de lo que ARENA carece, atrapado por su dirigencia en un pasado inexistente.
ARENA no es invencible e incluso es puesta en aprietos si tiene que competir contra una fuerza política unida alrededor de un programa concreto, pero con visión de futuro; contra un discurso que articule los desafíos de la realidad nacional y propuestas viables para superarlos, y contra candidatos bien educados y brillantes. Son demasiados "si", pero hay mucho descontento con la conducción y el gobierno de ARENA.
Con evidente aspaviento ha sido recibida la noticia de la compra y venta, por parte de alumnos y vendedores no identificados, de la Prueba de Aptitud y Aprendizaje (PAES). El sábado recién pasado un padre ofuscado acudió a El Diario de Hoy a denunciar el fraude; el lunes siguiente, la fiscalía se vio obligada a emprender una investigación minuciosa del caso; el martes, el editorialista del matutino recomendó buscar "imprentas que ofrezcan más seguridad y estén menos sujetas a manoseos diversos"; el miércoles, el Presidente salió a los medios a pronunciar su respectiva diatriba moralista, al tiempo que la Ministra de Educación anunciaba acciones administrativas contra los alumnos y penales contra los padres y maestros involucrados; y el jueves Salvador Samayoa aprovechó la oportunidad para recordar la responsabilidad de todos en el asunto.
Pero ¿por qué tanto escándalo? Es cierto que el hecho de que algún inescrupuloso haya extraído el examen para venderlo a los jóvenes del último año de bachillerato es reprobable. Y lo es del mismo modo que esos jóvenes —no menos faltos de escrúpulos— se hayan prestado al juego, pagando entre 100 y 1,300 colones para conseguirlo. Pero lo ocurrido no es ni el primer acto de corrupción en el país ni el primer caso de un estudiante que busca ilícitamente una forma fácil de obtener buenos resultados en una evaluación. No es que se pretenda aquí restarle gravedad al hecho. De lo que se trata es de valorarlo en su justa medida. Que el fraude y la copia son conductas incorrectas, nadie lo pone en duda. Que deben ser sancionadas, es innegable.
El problema es que en un país en donde la corrupción se ampara en la más indulgente impunidad, en donde tanto funcionarios públicos como empresarios, tanto periodistas como líderes deportivos, tanto conductores del transporte público como policías, viven inventando mil y una artimañas para violar la ley, corromper, ejercer la corrupción o encubrir a los corruptos, borrar de la memoria colectiva pasados oscuros de actuales figuras nacionales... ¿de dónde pueden las nuevas generaciones extraer modelos de una conducta correcta?
Cuando Enrique Altamirano propone un cambio de imprenta, está enfocando mal la cuestión. La compra-venta de la PAES fue una transacción más, fraudulenta sí, pero transacción al fin y al cabo, regida por la sencilla ley económica de la oferta y la demanda. Si efectivamente fue un empleado de la imprenta de la UCA el que extrajo la prueba para venderla —cosa que aún no está probada— ¿se trata acaso de algo que el empleado de cualquier otra imprenta no hubiera hecho? ¿No se dan casos de corrupción similares a este en todo tipo de empresas públicas y privadas?
Cuando Francisco Flores hace un llamado a la moral, está cayendo en el cinismo más desvergonzado. Según él, "es fundamental para el país que las personas vayan saliendo con base al mérito, y no con base al truco". Pero ¿no es mucho más grave que un "truco" no investigar el desvío de fondos que su Ministro del Interior autorizó para los ex patrulleros de APROAS? Si ARENA evadió tranquilamente la acusación de haber comprado voluntades para poner a Flores en la silla presidencial, sin que él se haya molestado hasta ahora en mover un dedo para esclarecer el caso, ¿sobre la base de qué ética acusa a un grupo de estudiantes por comprar un examen? Si el Presidente afirma la necesidad de "sentar un precedente" como requisito para "construir el país que queremos" ¿no tendría que haber empezado a sentarlo él expulsando a Mario Acosta Oertel de su gabinete tras las sospechas de corrupción; eligiendo a un Director de la PNC no marcado por un pasado de sangre y muerte; influyendo en la sustitución de Eduardo Peñate Polanco en la dirección de la PDDH y desaprobando la Ley de Armas?
Cuando Evelyn Jacir de Lovo y Salvador Samayoa coinciden con el Presidente en la necesidad de sancionar a los padres de familia, están olvidando un hecho positivo de la realidad actual de la vida familiar: que los padres raras veces se enteran de lo que hacen sus hijos fuera de la casa. El que los alumnos hayan llegado a pagar hasta 1,300 colones por obtener el examen no necesariamente prueba que los padres hayan estado involucrados en el fraude. Recordemos que fue precisamente uno de ellos el que denunció el caso ante los medios. Y es que un adolescente de 17 años goza en la actualidad de gran independencia, no sólo para salir por las noches o frecuentar a los amigos, sino —en las familias acomodadas— para manejar considerables sumas de dinero. La mesada de un escolar de clase media-alta podría en muchos casos superar de lejos el precio por el que se ofrecía la prueba. O en todo caso, la posibilidad de inventar un pretexto para obtener esa cantidad de dinero de los padres no es, ni mucho menos, remota.
Ninguna de estas reacciones apunta, pues, al meollo del problema. La primera por simplista, la segunda por cínica y la tercera por desatinada. La culpa de que ciertos alumnos hayan comprado la PAES a un "vivo" que vio en ella la oportunidad de lucrarse no la tienen ni la imprenta ni los "trucos" estudiantiles —por lo demás, imposibles de datar en la historia— ni los padres de familia. La tiene la degeneración moral de un país en el que los habitantes han invertido completamente la escala de valores. En El Salvador hay una oposición rotunda al funcionamiento de los casinos, pero portar armas de grueso calibre es legal; los diputados se reconocen como "padres de la patria", aun cuando varios de ellos evaden la responsabilidad de la cuota alimenticia para sus hijos; ciertos ex militares mantienen graves acusaciones por homicidios recientes, pero ahora son analistas en prestigiosos medios de comunicación; la sociedad entera condena a delincuentes como "El Directo" sin que exista el mínimo espíritu crítico sobre las patológicas relaciones intrafamiliares que posibilitan su surgimiento... Y podrían multiplicarse los ejemplos.
No se equivoca Samayoa cuando, en la introducción a su análisis semanal, satiriza el mensaje que la juventud percibe de la sociedad: a las instituciones de los adultos —a las más prestigiosas sobre todo— se ingresa gracias a la trampa y, si es necesario, al robo. Quienes compraron el examen con el que el Estado pretende medir no se sabe bien qué cosa (si el impacto de la reforma educativa, si el nivel educativo del país, si los conocimientos generales de los bachilleres) no hicieron más que empezar "su tortuosa carrera hacia el título de ciudadanos torcidos". En lo que no parece tener razón el analista es en su afirmación de que lo hurtado, más que la prueba, fue "el sentido de la decencia" de la juventud. La decencia no es algo que se hurta o que se da, sino algo que se enseña con el ejemplo. Y en un país en donde muchos pueden portarse indecentemente y, más aún, ilegalmente, corruptamente, sin que pase nada, sin recibir ningún tipo de castigo por ello ¿de qué decencia estamos hablando?
El escándalo, claro está, proviene de que esta vez los protagonistas fueron las nuevas generaciones, los jóvenes en los que el presente con sus desgracias siembra las expectativas de un mundo mejor. Falsa pretensión la de creer que la juventud, por sí sola, va a transformar años, siglos quizá, de degradación moral. Es en situaciones como esta cuando aflora la doble moral adulta. Esa en la que empedernidos fumadores prohiben rotundamente fumar a su descendencia; en la que orgullosos alcohólicos desfallecen ante el primer estado de embriaguez de su hijo adolescente. Extraña escala de valores esta que pasa de largo por el hecho simple de que los niños aprenden y reproducen lo que ven. Ni más ni menos.
Aun antes de que se conozca la distribución del presupuesto general de la nación por áreas de gestión, el solo anuncio del monto del déficit fiscal que se debe financiar ha desatado las primeras objeciones. De acuerdo al ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, hacen falta cerca de 2,300 millones de colones para financiar el presupuesto, de los cuales se esperaba obtener un total de 1,000 millones del Banco Mundial, 150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 950 millones de la emisión de bonos y 200 millones de los fondos obtenidos de la venta de generadoras eléctricas y del ahorro que el gobierno obtenga gracias a su programa de austeridad.
Aunque aparentemente todo está calculado, sectores políticos y empresariales han señalado de antemano la desventaja de la profundización del endeudamiento externo y la necesidad de adoptar medidas que den una solución permanente al problema del déficit fiscal. Lo cierto es que al examinar las finanzas públicas resulta notable la enorme brecha entre los ingresos y los gastos, lo cual demuestra que el problema del déficit fiscal aún no ha sido solucionado. Por el contrario, se ha agudizado durante momentos de reducción de las tasas de crecimiento de la producción, tal como ha sucedido en el presente.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, durante el período enero-agosto de 1999 los ingresos tributarios se han incrementado a una tasa menor a lo observado en años anteriores, lo cual ha dado como resultado que los ingresos totales del Gobierno Central se contrajeran. Según los mismos datos, la principal causa de la reducción de los ingresos tributarios sería la reducción de los ingresos no tributarios, los cuales pasaron de 1,279.8 millones de colones a 973.5 millones de colones entre enero y agosto de 1998 y los mismos meses de 1999. También se experimentó una reducción de las transferencias de empresas públicas desde 141.3 a 55 millones de colones entre el mismo período.
Dentro de la diversidad de ingresos no-tributarios se cuentan: renta de activos financieros y fijos, venta de productos, materiales y servicios, utilidades de empresas del gobierno y autónomas, transferencias, tasas, etc. Lamentablemente, desde hace más de tres años no se cuenta con datos oficiales del comportamiento de estos ingresos; sin embargo, es probable que durante los últimos años hayan decaído como resultado de la venta de empresas públicas y la reducción del Estado.
Frente a este panorama, el Ministerio de Hacienda presenta como opciones para financiar el déficit solicitar préstamos y colocar bonos en el mercado internacional. De hecho, el Ministro de Hacienda solicitó ya a la Asamblea Legislativa la aprobación de una emisión de bonos por 950 millones de colones y efectuó, el pasado 24 de octubre, un viaje a Washington para reunirse con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para gestionar préstamos por 1,150 millones de colones.
En principio, la reacción de los diputados de la oposición ha sido la de condicionar su voto para la emisión de bonos. De acuerdo a Gerson Martínez, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, es necesario que se justifiquen los gastos que se sufragarían y, además, que se realice un estudio sobre la capacidad de pago existente para hacer frente a las nuevas obligaciones que enfrentaría el Estado.
Durante esta década se han dado años en los que el servicio de la deuda externa han representado una proporción de entre 17% y 20% del total del presupuesto —es decir una quinta parte del mismo—, como sucedió entre 1995 y 1998; cuando al mismo tiempo se dedicaba entre 23% y 24% para los presupuestos de educación y salud (Proceso, 680, 776). Para 1999, el servicio de la deuda pública disminuyó a sólo un 15.5% del total del presupuesto, mientras que lo destinado a educación representó un 16.7% y el de salud un 9.2%. Es significativo que en algunos casos el servicio de la deuda haya llegado a recibir mayores asignaciones que el sector educación.
Resulta claro, entonces, que incrementos en la deuda pública también se traducirán en incrementos en el servicio de la deuda y disminución de la disponibilidad de recursos para financiar el presupuesto de la nación, o incluso el gasto social. Aun sin la nueva emisión de bonos y contratación de préstamos que se proyectan, la deuda externa se ha incrementado, entre enero y agosto de este año, desde cerca de 2,620 a 2,814 millones de dólares, lo cual implica un incremento cercano al 8%. De concretarse las propuestas de endeudamiento, la deuda externa sobrepasaría los 3,000 millones de dólares y exigiría mayores asignaciones presupuestarias para su servicio.
En este escenario, vale la pena reflexionar porqué los tres gobiernos del partido ARENA no han logrado eliminar la problemática del déficit fiscal. Anteriormente se ha señalado que la principal explicación se encuentra en la incapacidad de la reforma tributaria para incrementar los ingresos, lo cual se ve adicionalmente agravado por la introducción de impuestos que gravan principalmente a los consumidores (Proceso, 862). Pero también debe señalarse que otra medida que tampoco ha dado resultados es la privatización de las empresas públicas, pues con ello lo que se observa es que los ingresos estatales provenientes de estas empresas se han desplomado desde 1,313.5 millones de colones en 1994 a poco más de 200 millones de colones para 1998, mientras que para agosto de 1999 apenas alcanzaron 55 millones de colones.
Aun cuando se ha privatizado el sistema financiero, la distribución de energía eléctrica y la telefonía, el problema del déficit fiscal persiste y más bien se han generado mayores presiones debido a la reducción de ingresos provenientes del superávit de operaciones de las empresas públicas. Esto implica una reducción de cerca de 1,100 millones de colones entre 1994 y 1998, una cifra muy cercana al monto que el Ministerio de Hacienda pretende obtener del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y que cubriría prácticamente la mitad del déficit presupuestario que el gobierno proyecta tener para el año 2000.
La estrategia de incrementar el endeudamiento externo que sigue el gobierno implicará un incremento del servicio de la deuda pública que colocará nuevas presiones presupuestarias, por lo que no puede ser utilizada permanentemente como mecanismo de financiamiento del gasto público. Es lamentable que el Presupuesto General de la Nación enfrente tantas limitaciones de financiamiento, especialmente porque ello limita la capacidad de invertir en el área social y la capacidad del Estado para promover mejoras en las condiciones de vida de la población de menores ingresos. Ni siquiera con las reformas tributarias aprobadas recientemente (Proceso, 871), se logrará cubrir el déficit fiscal, mucho menos disponer de mayores recursos para dedicarlos al financiamiento del gasto social. Evidentemente, esto sugiere que el gobierno deberá definir nuevas formas de incrementar sus ingresos tributarios y/o nuevas formas de disminuir su gasto.
Lo cierto es que la reforma tributaria de ARENA redujo las posibilidades de obtener mayores ingresos tributarios cuando eliminó o redujo impuestos que afectaban directamente al sector empresarial y que en la actualidad bien merecen ser reconsiderados.
La violencia contra las mujeres tiene diferentes orígenes, variados tipos y diversos niveles de gravedad. Además, las reacciones (ya sean de rechazo, silencio o denuncia) por parte de las víctimas dependen de ciertos factores externos e internos. Elaborar una hipótesis o afirmar una razón concreta del porqué de la violencia contra las mujeres es tan complicado que se puede caer en la superficialidad o en el reduccionismo. Cada caso es diferente y, por lo tanto, la generalización y clasificación del problema deben cuidarse del simplismo.
No obstante, hay un tronco común que ha servido para que la violencia contra las mujeres se generalice y se convierta en "una de las principales desgracias de la sociedad salvadoreña" —como fue afirmado por un matutino local. En principio, hay que aceptar que el problema responde a unos patrones culturales, establecidos por generaciones pasadas y reproducidos por las siguientes. Desde esos patrones, se ha clasificado a los hombres y a las mujeres de acuerdo a ciertos roles y tareas separadas, y a determinadas relaciones entre ambos miembros de la especie; en otras palabras: estereotipos y asociaciones. Desde aquí, se coloca a las mujeres en el lugar más bajo, en todo sentido, respecto de los hombres y dependiente de ellos. No se ahondará en los erróneos estereotipos de "mujeres débiles y sumisas" y "hombre machos y jefes", porque bastante lo ha hecho la opinión pública y porque no es el objetivo de esta nota. Sin embargo, es importante retomar su uso y vigencia para establecer el vínculo existente entre ellos y la violencia contra las mujeres.
Un derivado de esos esquemas de comportamiento, que contribuye a agudizar la problemática, es la dependencia económica de muchas mujeres. En efecto, aun cuando buena parte de ellas son remuneradas por su trabajo, otras siguen sumergidas en el campo laboral no remunerado o ínfimamente pagado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que "las mujeres de los países en desarrollo pasan entre 31 y 40 horas por semana realizando labores sin remunerar, comparado con sólo 5 y 15 horas de los hombres". Por otra parte, se sabe que las mujeres conforman un número alarmante del grupo de desempleados, "debido a su preponderancia en los empleos a nivel inferior y a la preferencia por los hombres en los niveles más altos y especializados". La situación es prácticamente la misma para todas las mujeres en el mundo. Ellas ocupan menos del 6% de los puestos de trabajo a nivel superior y representan el 70% del total de la población pobre. Tales datos apuntan a la explicación del porqué el sexo femenino es dependiente del aporte económico de los hombres, condición que los hace "jefes del hogar" y, por tanto, portadores de múltiples derechos sobre las mujeres; derechos que muchas de ellas aceptan.
Las mujeres dependientes permiten y soportan la situación de violencia por miedo a quedar desamparadas económicamente; sobre todo, cuando hay menores de por medio a quienes mantener. De aquí surge otro factor aliado de la violencia contra las mujeres: la tolerancia, amiga del ensordecedor silencio que ha envuelto durante mucho tiempo el maltrato físico, psicológico y sexual del que es blanco el sexo femenino. Por dependencia económica, miedo, vergüenza, machismo, ignorancia, etc., la violencia contra las mujeres ha sido soportada y callada por ellas.
Por otra parte, las autoridades, en distintas épocas, han visto con naturalidad la situación y han hecho poco por remediarla. Así pues, la tolerancia existe gracias a que la violencia contra las mujeres, cuyo rubro más alarmante es la violencia doméstica, es considerada por algunos como algo privado, como un "asunto familiar", en el que no se permite la intervención de ajenos. Sin embargo, en la actualidad este problema se ha convertido en un tema de discusión, reflexión y trabajo; extrayendo lo que de público hay en él y que, por ende, amerita y exige la participación de determinados sectores de la sociedad.
En El Salvador, la problemática ha sido asumida por algunas organizaciones y por el gobierno. Las mujeres que sufren maltrato de cualquier índole en sus hogares, trabajos o en la calle pueden acudir a diversos programas que se han creado para asesorar y ayudar a las víctimas. Por ejemplo, la Organización de Mujeres Salvadoreñas brinda capacitación de grupos de autoayuda sobre la base de la prevención. La Secretaría Nacional de la Familia tiene clínicas de asistencia a víctimas de agresión sexual, repartidas en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), por su parte, posee un programa de violencia intrafamiliar, que busca ayudar a las parejas sumidas en este tipo de crisis. Además, recibe denuncias telefónicas y brinda asesoría a quienes llaman. Según el ISDEMU, de 30 a 40 denuncias son atendidas diariamente. Igualmente beneficioso es el departamento de protección a la familia de la PNC, que brinda orientación psicológica y legal a las víctimas de violencia. Incluso, de ser necesario, acude en ayuda al lugar de los hechos. La PNC recibe unas 10 denuncias por día.
Estas acciones y programas están respaldados por una legislación que penaliza, desde abril de 1998, el delito de violencia intrafamiliar. El Código Penal, en su artículo 200, establece que este delito es castigado con prisión de seis meses a un año. Este artículo debe aplicarse haciendo referencia a la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Los tribunales de Familia y de Paz; el Ministerio Público y de Seguridad Pública; y las instituciones gubernamentales pertinentes son los encargados de aplicar esta ley. Finalmente, un instrumento de apoyo más amplio y específico contra estos delitos es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada en El Salvador el 16 de agosto de 1995. Esta pretende garantizar el derecho de las mujeres "a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". A diferencia de las otras, esta ley tiene una característica especial: tipifica las diferentes formas de violencia contra la mujer, superando la restringida categoría "violencia intrafamiliar".
Con todo, la existencia de estas leyes no garantiza la eliminación del maltrato hacia las mujeres; empero, son un valioso apoyo para disminuir sus implicaciones más graves. A partir de la entrada en vigencia del artículo 200, las denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron 80%. Pero el desconocimiento de las mismas sigue siendo una limitante. Según el FBI, cada 15 segundos es golpeada una mujer en el mundo. En nuestro país, 8 de cada 100 mujeres han sido maltratadas, al menos una vez, por su compañero de vida y buena parte no lo denuncia por no conocer los medios. La ciudadanía en general y algunos de los encargados de aplicar justicia en el país desconocen esta legislación y los lugares de apoyo. Esto es un evidente obstáculo no ya para la eliminación radical de la violencia contra las mujeres —cosa sin duda difícil y de largo plazo—, sino para disminuir y controlar sus efectos más perniciosos.
Hace casi quince meses, introdujeron a Eduardo Antonio Peñate Polanco en el despacho del procurador para la defensa de los derechos humanos. A estas alturas, nadie entre los y las responsables de ese inexcusable y garrafal error —a excepción, quizás, de su promotor y amigo Ronald Umaña— defiende a tan cuestionado y cuestionable personaje como antes. Seguro que todas y todos cayeron ya en la cuenta del costo político que eso les acarreó y no quieren seguir "cargando esa cruz"; con seguridad ya entendieron que —como dijo alguna vez uno de los verdaderos Ombudsman latinoamericanos— "el tipo es impresentable e indefendible". Es criticado desde todos los ámbitos —el de la misma institución en la que se metió con engaños y arreglos, el político, el estatal, el de la llamada "sociedad civil" y el de la comunidad— y en eso también demuestra su incapacidad: ni siquiera puede defenderse a sí mismo.
En la práctica ha logrado dos cosas y hay que dejarlas establecidas. En primer lugar, logró que en nuestro país la inmensa mayoría de la gente esté de acuerdo en algo concreto: que se vaya; en segundo término: está por destruir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), tanto en lo relativo a su estructura como a su credibilidad.
De todas las que ha hecho, una de las últimas es su actitud ante la denuncia que presentó en la Procuraduría —a título personal— el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. El documento fue entregado en la oficina correspondiente de la institución el miércoles 1 de septiembre de 1999; oficialmente aún no ha sido resuelta o no se conoce la respuesta, si es que existe. Había que dirigir la queja a alguien y por eso la entrada se formuló de la manera que aparece a continuación.
SEÑOR PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Yo, JOSÉ BENJAMÍN CUÉLLAR MARTÍNEZ, salvadoreño, de cuarenta y tres años, casado, empleado, del domicilio de San Salvador, con Cédula de Identidad número uno-uno-trece mil ochocientos diecisiete, a Usted EXPONGO:
I. HECHOS
Que el día veintiuno de abril del corriente año presenté una petición a la Honorable Asamblea Legislativa, denunciando al licenciado Eduardo Antonio Peñate Polanco.
Que con base en los artículos 236 de la Constitución de la República y 381 y siguientes del Código Procesal Penal solicité, entonces, el inicio de un antejuicio contra el licenciado Peñate Polanco por hechos que en su oportunidad fundamenté, citando de manera congruente actos que lesionaron mi honor y reputación como fueron sus declaraciones a medios de difusión masiva y en comunicado publicado en tres periódicos nacionales los días 19 y 24 de febrero de 1999, que cuestionaban mi imagen al afirmar lo siguiente: "La conspiración orquestada por las personas mencionadas, tenía como única finalidad la de mantener privilegios, principalmente de tipo económico, personal, situación que había permitido la creación de un feudo que quieren vender a la opinión pública, como un derecho adquirido y patrimonio exclusivo de la izquierda radical". Cabe decir que, entre las "personas mencionadas" a las cuales alude en su comunicado, me encontraba yo. Al final de dicha publicación, el licenciado Peñate Polanco exigía a mi persona: "se abstenga de continuar con este espectáculo, ya que ha sido comprendido por la opinión pública, habiendo quedado al descubierto de una vez por todas los intereses que lo impulsaban al defender con el corazón una disposición que más que moral representa intereses económicos".
El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la protección de la honra y el honor, determinando que toda persona tiene derecho a la protección legal contra este tipo de injerencias y ataques. Sin embargo, el Órgano del Estado que ratificó dicha Convención, no me ha brindado tal protección. Cabe mencionar que el artículo 14 de la citada Convención establece el derecho de rectificación y respuesta que es aplicable en este caso, ya que fui víctima de ataques por medio declaraciones falsas emitidas a través de medios de difusión masiva.
Desde el veintiuno de junio del año en curso a la fecha, han pasado cinco meses y no he obtenido respuesta alguna por parte de la Asamblea Legislativa; por ello sostengo que ha transcurrido un tiempo prudencial para considerar que se me ha negado la posibilidad de tener acceso a la justicia.
II. FUNDAMENTO JURÍDICO
Según el artículo 194 de la Constitución y el artículo 11 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al titular de esta institución le corresponde —entre otras facultades— velar por el respeto y garantía de los derechos humanos e investigar de oficio o por denuncia que hubiere recibido, como es el caso que nos ocupa.
III. DERECHOS VIOLADOS
- Derecho de petición
En congruencia con los hechos expuestos que afectaron mi honra, honor e imagen, acudí a la instancia competente mediante el procedimiento idóneo y no obtuve respuesta; habiendo transcurrido un plazo razonable, considero que la Asamblea Legislativa ha violado mi derecho de petición y respuesta consagrado en el artículo 18 de la Constitución de la República.
- Derecho a la protección judicial
El artículo 2 Cn. Reconoce el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, a la protección en la conservación y defensa de los mismos, como una obligación que le corresponde al Estado.
Para el caso que nos ocupa, he solicitado a la autoridad competente tal protección y no he recibido ninguna respuesta o acción que esté encaminada a la protección de mis derechos.
El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece de manera expresa el derecho de protección judicial; es decir, el derecho de recurrir a la autoridad competente para ser amparado contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, las leyes secundarias y dicha Convención. En el presente caso, tratándose de un funcionario público electo por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa que presuntamente violó el derecho al honor y cometió el delito de difamación en contra de mi persona, lo que tocaba era acudir al Órgano competente (el legislativo) y solicitarle a éste el correspondiente procedimiento para establecer si hay lugar a causa, como lo es el antejuicio; como ya lo he expresado, así lo hice y a la fecha no he recibido respuesta alguna del citado Órgano.
Por lo anteriormente expuesto, PIDO:
1. Se me admita la presente denuncia contra la Honorable Asamblea Legislativa por violación al derecho de petición y respuesta, y por violación al derecho a la protección judicial.
2. Se me tenga por parte en mi carácter personal.
3. Se promueva investigación, a fin de lograr establecer responsabilidades por violación a los derechos invocados.
4. Se pronuncie la consecuente recomendación y se adopten las medidas correspondientes.
5. Se anexe fotocopia, en legal forma, de la solicitud de antejuicio presentada el día veintiuno de abril del corriente año ante la Asamblea Legislativa en contra del licenciado Eduardo Antonio Peñate Polanco.
Señalo como lugar para recibir notificaciones el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", situado en final Boulevard Los Próceres, San Salvador; teléfono y fax 273-5000.
San Salvador, primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Este fue el texto de una denuncia que, como ya se dijo, no ha sido resuelta oficialmente o la decisión no ha sido notificada de la manera adecuada a la persona interesada. De forma extraoficial el director del IDHUCA supo que Peñate Polanco —después de haber saltado los canales y mecanismos correspondientes— la pidió y la tuvo en su despacho, decidiendo el final que la queja no era "admisible"; el supuesto fundamento de tal disposición: que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa no establece plazo para decidir si tramita o no una solicitud de antejuicio. Cuéllar también se enteró que existían instrucciones para que no se le entregara certificación de esa resolución.
De ser ciertas medidas tan desatinadas —la resolución y la negativa de entregar certificación de la misma—, Peñate Polanco ya se metió en otro problema, pero en esta ocasión se llevará por delante al Estado salvadoreño; ¿por qué? pues porque éste debe responder ante las denuncias sobre violación a los derechos humanos cuando se presentan en el ámbito internacional.
Y es que la evidente ignorancia de tan deslucido personaje, seguramente le impide considerar el texto de una de las garantías más importantes establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual se lee así:
Artículo 25. Protección judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen: (a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; (b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y (c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Si Peñate Polanco no entiende o no tiene quien le explique el significado de las palabras "sencillo" y "rápido", tenemos a la vista otra razón más —entre las ya conocidas— para sostener que es incompetente para el ejercicio de tan delicado cargo como el que ahora está desnaturalizando. Si no ha resuelto sobre el fondo de la queja que Cuéllar presentó el primer día de septiembre en la PDDH, hay que advertir que también estaría incurriendo en otra arbitrariedad y puede ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente vale la pena recordar el artículo primero, numeral uno, del antes citado instrumento del sistema interamericano: "Los Estados partes de la presente Convención se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
Con todo lo anterior, cabe retomar la pregunta inicial y completarla: ¿hasta cuándo vamos a permitir que se sigan deteriorando los pilares de la institucionalidad democrática que se diseñó, hace casi ocho años, en función de construir un país distinto? Además, hay que platear otra interrogante: ¿meterán a otro Peñate Polanco en la Fiscalía General de la República?
Presentamos como documento el análisis constitucional realizado por FESPAD a raíz del surgimiento del tema de las candidaturas independientes
Las candidaturas independientes para el ejercicio de la diputación o de cualquier otro cargo de representación popular en el gobierno no son compatibles con nuestro modelo constitucional
Los esfuerzos de algunos ciudadanos salvadoreños por postularse para el ejercicio de la diputación o de otros cargos de representación popular en el gobierno han revivido una discusión constitucional pendiente en El Salvador, discusión de la que depende, en muy buena medida, el futuro de nuestro sistema político, dentro del que se incluye la dinámica de los partidos políticos.
Las candidaturas independientes, deben analizarse a partir de la Constitución, y es en ella, y no en otras normas, donde se encuentra la imposibilidad para la postulación en candidaturas independientes. Nuestra interpretación constitucional se fundamenta en lo siguiente:
I. El artículo 7 de la Constitución establece el derecho de libre asociación, como un derecho fundamental, del cual pueden hacer uso los habitantes de El Salvador. Se trata de un derecho que especialmente genera al Estado la obligación de abstención, en el entendido que el Estado no puede obstaculizar el deseo de los habitantes del país por crear una asociación, inscribirse o pertenecer a una ya existente, o retirarse voluntariamente de la misma.
II. Debido a que el derecho de asociación es un derecho de libertad, la pertenencia o no pertenencia a una asociación no puede ser criterio racional que impida a cualquier persona el ejercicio de alguna actividad que el Derecho tolera. El propio artículo en comento lo señala al decir "no podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación".
III. La postulación para desempeñar un cargo público, especialmente si este cargo significa el ejercicio de la representación popular, es un derecho político de todos los ciudadanos, sin distinción, establecido en el ordinal 3° del artículo 72 de la Constitución de la República, que prescribe: "Los derechos políticos del ciudadano son:.. 3° Optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias".
IV. Específicamente sobre el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público el artículo 85 de la Constitución es prescriptivo: "El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa".
V. Lo anterior permite concluir:
a) Si postularse a un cargo público es un derecho político —actividad lícita— de los ciudadanos, no puede impedirse el ejercicio del mismo por el solo hecho de no pertenecer o estar formalmente afiliado a un partido político, a menos que la misma Constitución así lo exija, como es el caso del Presidente de la República, el Vicepresidente y los Designados a la Presidencia; b) Los partidos políticos no son un fin en sí mismo dentro del sistema político, sólo son un instrumento —el único— para garantizar el pluralismo dentro del referido sistema; c) Ese instrumento —los partidos políticos— sólo se puede utilizar para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno.
VI. El Gobierno según dispone la Constitución, en su artículo 86, se integra fundamentalmente por el Órgano Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No todos los Órganos u Organismos del Gobierno, además, están llamados a ejercer la representación popular. El Órgano Judicial, para el caso, no es un Órgano de Gobierno que ejerza representación popular, porque sus decisiones deben estar fundadas en el Derecho y el método jurídico y no por la disputa de intereses políticos de los electores.
VII. Siendo así, los partidos políticos son instrumento para canalizar a los ciudadanos, al pueblo, al ejercicio del poder sólo en los Órganos que ejercen representación.
En nuestro sistema constitucional, por tanto, es jurídicamente ilegítima la postulación a cargos de representación popular dentro del Gobierno, al margen de los partidos políticos, es decir, independientemente de los partidos políticos. Pero sí es tolerado por nuestro sistema constitucional que un ciudadano se presente a un partido político —sin pertenecer a él— para optar a cargos públicos de representación popular, y ningún partido político puede rechazarlo por falta de inscripción o afiliación a él. De operarse este rechazo, la jurisdicción constitucional debería proporcionar el correspondiente amparo.
En el caso de los partidos políticos, la Constitución ordena que sus normas, organización y funcionamiento se sujeten a los principios de la democracia representativa, y por lo tanto, cualquier ciudadano, si lo desea, debería tener igual posibilidad jurídica que los afiliados a un partido para acceder a un cargo de representación popular. Las elecciones primarias al interior de los partidos políticos, serían el mecanismo que permita a los ciudadanos independientes, postularse a un cargo público donde se ejerza la representación popular.
ORDENANZA. La Ordenanza Contravencional, que regulará el orden público y la convivencia armónica, fue aprobada, el 22.09, en forma parcial por el Concejo Capitalino. El alcalde Héctor Silva explicó que la Ordenanza es el resultado de una serie de discusiones con los sectores sociales y jurídicos de la capital, y sienta las bases para establecer un ordenamiento jurídico moderno. "Estoy satisfecho porque es un buen documento, discutido ampliamente, y que permitirá velar por la tranquilidad ciudadana con más efectividad", dijo Silva. El nuevo instrumento regulatorio tendrá la potestad de anular cualquier otra ordenanza que pudiese contradecirlo y privará sobre las demás. Ésta se aplicará con igualdad a todas las personas naturales que al momento de cometer la falta tengan más de 14 años. También recibirán sanciones las personas jurídicas, públicas y privadas que vayan en contra de la ordenanza. Los residentes extranjeros no escaparían de ser sancionados. Desde 100 hasta 10 mil colones se deberá pagar por cometer una falta contra la Ordenanza. Algunas de las faltas a sancionar son las cometidas contra el medio ambiente; contra la tranquilidad municipal; relativas a la propiedad pública municipal y contravenciones a la moralidad pública. El documento no fue aprobado en su totalidad, pero Silva aseguró que el proceso concluirá en la presente semana (EDH 23.09 p. 10).
ALERTA. El Comité de Emergencia Nacional (COEN) decretó alerta amarilla, el 26.09, al intensificarse las lluvias a causa de un sistema de baja presión que se originó en el sur de Guatemala. Las lluvias se incrementaron a escala nacional, sobre todo en la zona occidental y paracentral del país. Las diferentes entidades de socorro permanecieron en emergencia y hubo necesidad de evacuar familias y realizar patrullajes en diferentes puntos del territorio nacional. El centro de Meteorología de Miami reportó que la presencia del disturbio tropical azota toda Centroamérica. El fenómeno consiste en un área llena de chubascos y tormentas que usualmente se originan en los trópicos. "El sistema de baja presión se ha complicado debido a la presencia de fuertes vientos en el mismo", reafirmó un empleado de la División Meteorológica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Se espera que la humedad y las lluvias continúen hasta el 30.09. Policías y socorristas iniciaron patrullajes en las zonas de alto riesgo, como son el Bajo Lempa; las zonas del Río Paz, en Ahuachapán; el estero de Jaltepeque, entre otras. Por hoy, las inundaciones y pérdidas materiales ya se han hecho presentes, especialmente en los barrios populosos, zonas marginales y la costa salvadoreña (EDH 27.09 p. 2 y 3).
EVACUACIONES. Por lo menos 974 familias han abandonado sus viviendas, en ocho departamentos del país, ante el anuncio de alerta roja nacional. El 28.09, el Comité de Emergencia Nacional (COEN) decretó alerta máxima como medida preventiva ante la amenaza de un disturbio tropical ubicado en México. Para el día 29, el director del Servicio de Meteorología, Pablo Ayala, prevé se podría acumular 70 milímetros de agua lluvia en el país, equivalente a 7 litros de agua por metro cuadrado. "Es una cantidad significativa, que puede causar el incremento de cauces y desbordamientos de ríos", dijo Ayala. El COEN intenta concientizar a la población sobre la importancia de buscar un sitio seguro para salvar vidas. No obstante, un buen número de familias se resiste a dejar sus hogares por temor a perder sus pertenencias materiales. Aquellos que han decidido dejar sus casas se encuentran refugiados en las iglesias y casas comunales cercanas. El Comité asegura que el día 28 empezó a distribuirse paquetes alimenticios en algunos albergues. Según la Secretaría Nacional de la Familia, cerca de 178 paquetes de víveres fueron entregados en los albergues de Jiquilisco, Usulután. Por otra parte, el Ministerio del Interior hizo saber que la seguridad estará garantizada por el Ejército y la PNC (EDH 29.09 p.2 y LPG 29.09 p.4).
PÉRDIDAS. Datos preliminares, proporcionados por la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, revelan que las pérdidas de cultivos ocasionadas por las lluvias ascienden a 5.9 millones de colones. La dependencia estatal instó a los vendedores de granos básicos a que no acaparen los productos, ya que las pérdidas hasta el 24 de septiembre no representan ni el uno por ciento de la producción total. El reporte comprende los daños ocasionados por las lluvias que azotaron al país del 9 al 24 de septiembre, por lo que se prevé que las pérdidas podrían aumentar significativamente, tras la evaluación de los efectos del presente temporal. El informe tampoco incluye daños de infraestructura de las zonas agrícolas inundadas. Fuentes de la DGEA explicaron que los cultivos más afectados son granos básicos, frutas y hortalizas. Las inundaciones en Usulután, San Vicente, La Paz y Ahuachapán, los departamentos más afectados, suman un total de 3,325 manzanas. Usulután es el que más áreas inundadas tiene, reportándose unas 1,780 manzanas; mientras que Ahuachapán tiene 945. Un funcionario de la DGEA aseguró que, pese a que los daños suman casi 6 millones, las pérdidas en cultivos se consideran mínimas. Aseveró que, aunque las mismas pudieran aumentar, no alcanzarán la magnitud del desastre provocado por la tormenta "Mitch" (LPG 29.09 p.8).
INTERVENCIÓN EN LA ONU. El 25.09, en su intervención ante la 54ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Francisco Flores reclamó a los países desarrollados mayor libertad económica para volver "más libres" los estados de la región. Además, abogó por los inmigrantes salvadoreños que residen en muchos países del mundo. Flores sostuvo que es contradictorio que, mientras al país se le pide apertura, las naciones desarrolladas les contesten con "proteccionismos", ante las aspiraciones de acceder a mayores libertades económicas. Cuando El Salvador lleva sus productos a los países de primer mundo, muchas veces encuentra los obstáculos del proteccionismo, como las barreras arancelarias y las cuotas de aportación, se quejó el mandatario. "Mi requerimiento a este foro es más que un requerimiento, un reclamo de parte de mis compatriotas. Nosotros no pedimos ayuda al mundo basados en una expresión de nuestra pobreza, nosotros queremos construir una nación digna sobre el esfuerzo de su propio trabajo", expresó. De igual forma, el presidente pidió compresión y respeto para los salvadoreños que actualmente residen en diferentes países del mundo. Recordó que los compatriotas han emigrado al exterior debido al conflicto armado que afectó al país y a otras "circunstancias difíciles", por lo que sólo buscan el sustento para sus familias (EDH 26.09 p. 2).
PENALES. Tres diferentes riñas se suscitaron, el 27.09, en los centros penales de Gotera, Quezaltepeque y el penal de menores de Ahuachapán. El incidente más grave se dio en el Penal de San Francisco Gotera, Morazán, en donde dos reos murieron. El enfrentamiento se dio entre miembros de las maras "18" y "MS". En el penal de Quezaltepeque, otro reo murió, aparentemente, por problemas personales. Finalmente, en el penal de menores no se reportó ninguna muerte, pero sí un herido, un quemado, dos fugas y daños considerables en las instalaciones. Empleados del lugar dijeron que los daños materiales podrían ascender a 50 mil colones. La riña en este centro penitenciario duró cinco horas. Las autoridades del penal de menores acordaron decretar estado de emergencia para evitar más desórdenes. Los reos utilizaron armas hechizas como punzones, barrotes, palos, etc. El centro de menores sólo cuenta con tres vigilantes sin armas, que trabajan por turnos. El lugar tuvo que ser acordonado por la PNC. Al parecer, los menores saquearon la clínica del lugar para ingerir alcohol y pastillas "diazepán". Igualmente, inhalaron disolventes (thiner) que se utilizaban para la reconstrucción del centro. A raíz de ello, los jóvenes se volvieron más violentos y agresivos, según explicó Rosa Lidia Tobar, jefa de los centros de internamiento de menores (LPG 28.09 p. 10 y 11).
