Año 20
número 873
octubre 5
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Moralización de la polis
Política Luis Cardenal en ARENA
Economía Desastres y planificación del desarrollo
Regional Centroamérica: la tempestad no acaba con el invierno
Derechos Humanos El 7 de octubre y la década de los 90
Moralización de la polis
A lo largo de su historia, El Salvador ha tenido presidentes para todos los gustos. Algunos, como el general Fidel Sánchez Hernández y el coronel Arturo Armando Molina fueron, en su momento, tema de la picaresca popular. En cierto modo, Armando Calderón Sol dio continuidad a esa tradición de presidentes que incitan a los chistes, las caricaturas y los comentarios jocosos. Por otra parte, el perfil presidencial de este último fue más bien ambiguo, pues nunca logró concretar un estilo de gestión que permitiera hacerse una idea clara de hacia dónde quería llevar al país.
El contrapunto de Calderón Sol es, sin duda alguna, Alfredo Cristiani, cuya mentalidad empresarial se impuso no sólo en la conducción gubernamental, sino también en el ejercicio político y la proyección electoral de ARENA. Cristiani fue, ante todo y por encima de todo, un presidente empresario; hizo de su gestión una actividad empresarial y buscó sacar el mejor provecho privado de ello. Así las cosas, no es de extrañar que desde la óptica popular se vea a Cristiani como el presidente que, a la vez que firmaba la paz, hacía todo lo posible por enriquecerse y enriquecer a lo suyos.
Con el arribo de Francisco Flores a la presidencia de la República un nuevo estilo de gestión gubernamental parece estarse configurando. Flores ha dado suficientes motivos —entre otros, retóricos y curriculares— para ser considerado un "presidente filósofo". Empero, más que sus credenciales académicas, lo que hasta ahora había permitido caracterizarlo como tal eran sus pronunciamientos públicos, ricos en frases y expresiones que ponían en evidencia el sustrato metafísico de su pensamiento. Algunas de esas frases y expresiones forman ya parte del imaginario colectivo, por lo que no es preciso recordarlas. Flores, pues, no había hecho más que hablar de un modo entre sublime y esotérico para que se le considerara un presidente-filósofo. Hasta aquí todo era retórica rebuscada.
De pronto —sin que sea clara la razón de ello—, ese hablar rebuscado parece ya no bastarle para alimentar su perfil presidencial. Tal parece que ha decido tomarse en serio su papel de presidente-filósofo. Para demostrar la seriedad de su empresa, Flores ha decidido hacer realidad una ambición que desveló e hizo soñar a filósofos como Platón y Aristóteles: lograr que en la ciudad (polis) imperara la vida buena, es decir, que los ciudadanos fueran virtuosos y justos. El Presidente parece compartir —con todas las distancias del caso— los mismos sueños y desvelos de aquellos filósofos de la antigüedad helénica. Él quiere moralizar a la sociedad salvadoreña y clama a los cuatro vientos que ya es hora de que en El Salvador desaparezcan las triquiñuelas y las trampas como mecanismos de ascenso social.
Preocupado por la moralización de los salvadoreños como está, nada ha indignado más al presidente Flores que enterarse de que algunos estudiantes de bachillerato, presuntamente con el conocimiento de sus padres, compraron la Prueba de Aptitud y Aprendizaje (PAES) para poder sortear con facilidad el desafío que la misma planteaba. Allí encontró el presidente-filósofo la evidencia de lo mal que anda la sociedad salvadoreña. Y por ser lo peor con lo que pudo haberse topado —unos padres cómplices y unos adolescentes sin escrúpulos—, su ira no pudo ser contenida: semejante delito moral tenía que ser drásticamente castigado, pues había que enviar un mensaje a la sociedad de que acciones inmorales como esas no se iban a tolerar. Pero ¿qué decir de otras acciones inmorales? ¿Qué decir de aquellos actos ilícitos cometidos por miembros del partido ARENA? ¿Qué decir de las trampas y triquiñuelas de empresarios y políticos? Curiosamente, el adalid de la moralización social no ha dicho una palabra al respecto.
Para dejar las cosas claras, está bien que el Presidente de la República se preocupe por el deterioro de las virtudes ciudadanas y se indigne cuando se quebrantan las normas morales básicas. Asimismo, nadie en su sano juicio puede justificar algo como la compra de una prueba (sea la PAES o cualquiera de otra naturaleza) por parte de estudiantes y padres de familia. A todas luces, eso estuvo mal y quienes estuvieron involucrados, desde un punto de vista moral, deben caer en la cuenta de su error y tratar de no volver a cometerlo.
El problema, entonces, no es que Flores se preocupe por la dimensión moral de la compra-venta de exámenes sino, primero, que se crea con la autoridad para exigir a los involucrados la rectificación moral —previa condena—, olvidando algo que, como graduado en filosofía, debería saber bien: que la rectificación moral es un asunto individual, no una competencia del Estado o de los funcionarios de gobierno. Si se acepta lo contrario, se estarían abriendo las puertas a prácticas autoritarias, de suyo contrarias a la democracia. En segundo lugar, el Presidente Flores ha sobredimensionado el tema, haciendo de él la mayor expresión del deterioro moral en el país y, por consiguiente, el terreno propicio para iniciar su cruzada de saneamiento moral. Ambas cosas son graves y preocupantes: la primera, ya lo señalamos, por las implicaciones autoritarias de unas prácticas estatales orientadas a corregir moralmente a los ciudadanos; la segunda, porque pone en la mira de las preocupaciones morales del Presidente un hecho que ni por cerca es la principal expresión del deterioro moral del país y que, por ello, no debería convertirse en el terreno privilegiado para demostrar su compromiso con el imperio de las virtudes cívicas en El Salvador.
Si en verdad le preocupa la degradación moral, Flores debería, ante todo, detenerse a reflexionar acerca de cuáles son los focos principales de deterioro ético vigentes en la actualidad. A poco de pensarlo, se daría cuenta de que muchos de los peores vicios y prácticas se gestan y propagan en el aparato estatal, la clase política y sectores empresariales cuya meta es enriquecerse a como de lugar. Es decir, el Presidente Flores se daría cuenta de que el saneamiento moral debe comenzar en casa. Y nada sería más instructivo para la sociedad que ver despedidos por el Presidente de la República a funcionarios de alto rango que desvían fondos públicos para su partido o ver el rechazo de su Presidente ante una ley de armas que está destinada a aumentar la inseguridad ciudadana.
El 5 de octubre La Prensa Gráfica dedicó su editorial, titulado "La competencia pareja", a abonar a la comentada ratificación de la candidatura de Luis Cardenal. Se resalta allí lo saludable que resulta para la democracia el hecho de que los partidos enfrenten entre sí a candidatos de "buen calibre". En eso el editorialista no se equivoca. Ciertamente, que quienes vayan a competir por la administración de la comuna capitalina sean profesionales rectos, sin antecedentes que los involucren en actos de corrupción, destacados en sus respectivas ramas y con una vocación más o menos tendiente al servicio y la preocupación por la cosa pública, supone un avance en el proceso de institucionalización democrática. Todo lo elemental y rudimentario que se quiera, pero avance al fin y al cabo, en el ámbito de la vida política.
Más adelante, en el mismo texto, se señala que, frente a las dificultades que el buen desempeño de Héctor Silva le planteaban a ARENA, éste tenía dos opciones: el conformismo o la búsqueda de un rival capaz de ponerse a la altura de las circunstancias. La valoración de La Prensa Gráfica al respecto es la siguiente: "ARENA se decidió por esta segunda opción, dando con ello un digno ejemplo de lo que debe ser una actitud responsable en condiciones que no son especialmente promisorias". Cualquiera pensaría, atendiendo a esta lectura de la última jugada política del partido en el gobierno, que lo que movió a su dirigencia a elegir a Cardenal para pelear por la alcaldía de San Salvador fue el resultado de tomarse "realmente en serio su responsabilidad ante la ciudadanía".
La pregunta es: ¿también en esto acertó quien escribió el editorial del matutino? La respuesta: no lo parece. Más bien resulta difícil creer que alguien con dos dedos de frente pueda seguir sosteniendo —después de que la última apuesta por una figura arenera de peso, capaz de operar cambios importantes en el país, se desvanece rápidamente entre la retórica pseudo poética y filosófica del Presidente— que las motivaciones de ARENA obedecen más a un compromiso con la ciudadanía que a sus propios intereses partidarios.
La verdad del nombramiento de Luis Cardenal como competidor de Silva está, y eso no debería ser un secreto para nadie, en la intención de ARENA de recuperar la alcaldía más importante del país, no en su deseo de portase responsablemente con el pueblo salvadoreño. La ingenua afirmación de esto último quizás se remonte a la coyuntura postelectoral de 1997; coyuntura en la que el partido oficial se vio obligado a hacer ciertas modificaciones. Los cambios en el COENA y el surgimiento de la precandidatura de Francisco Flores fueron las únicas visibles, pero bastaron para hacer creer a algunos que había llegado a ARENA la hora de renovarse y de asumir una nueva actitud. La imagen de Flores contribuyó a fortalecer ese mito.
No obstante, después de dos años de levantadas tales expectativas, ¿cuánto puede hablarse objetivamente de que algo ha cambiado en ese partido?, ¿hasta qué punto podría asegurarse que el ARENA de hoy es diferente que el de hace cinco años?
Lo primero que hay que señalar es que ARENA sigue estando dirigido por los mismos. Los mismos con las mismas ideas. De hecho, la inconformidad que algunos sectores de los mandos medios han estado experimentando últimamente en relación a la alta dirigencia parece radicar, entre otras cosas, en el cansancio hacia el modo autoritario en el que aquélla dirige el partido. Estos últimos acontecimientos en el escenario arenero son muestras claras de lo poco que está dispuesto ARENA a renovarse realmente. En su seno, pluralidad de ideas, democracia y disentimiento son conceptos vacíos.
Ahora bien, eso no sería tan grave si los únicos afectados fueran sus correligionarios. Al fin y al cabo se trata de personas adultas que por su libre voluntad —o movidos por quien sabe qué clase de intereses— han decidido someterse al verticalismo de la cúpula partidaria y obedecer ciegamente sus órdenes. A los inconformes en el instituto político gobernante no les ha quedado más remedio que irse.
El problema es que esa mecánica interna suele ser un buen reflejo de las verdaderas intenciones de los dirigentes de ARENA, suele servir para determinar bajo qué motivaciones, objetivos y criterios los funcionarios salidos de sus entrañas dirigen al país. Tras los millonarios anuncios de sus presidentes publicitándose como los mayores defensores de la democracia y ofreciendo un país próspero y hermoso se halla presente la cara beligerante, autoritaria y favoritista de ARENA, la ideología excluyente y oportunista de quienes hacen de la política el medio idóneo hacer valer sus intereses y privilegiar a una minoría.
Así, como segunda manifestación de lo poco que ha cambiado ARENA tenemos actualmente a un gobierno que en lo único que se diferencia del anterior es en que en la cabeza del Ejecutivo cuenta con alguien que posee un mayor y más florido vocabulario y en que semana con semana ese alguien sale por televisión a lucir esa ventaja respecto de su antecesor ante la ciudadanía. Por lo demás, las mismas muestras de corrupción e impunidad, los mismos brotes reaccionarios de un Ministro del Interior envenenado por su conservadurismo, las mismas políticas sociales y económicas que parecen desconocer el hambre y la vulnerabilidad en la que vive la mayor parte de la gente en El Salvador...
De nuevo: lo que llevó a ARENA a buscar un buen rival para el actual edil capitalino no fue su compromiso con la democracia ni su responsabilidad social. No pudo serlo, simplemente porque no lo tiene. De lo que realmente se ha tratado todo este proceso de escogitación minuciosa de un buen candidato es de luchar por recuperar un espacio políticamente decisivo, desde el cual la izquierda podría catapultarse hacia la presidencia más fácilmente y arrebatarles con ello todos los privilegios que a los areneros les supone el poder.
Luis Cardenal puede ser honesto y eficiente, puede gozar de buena reputación y autoridad moral entre su clase social, pero eso ni prueba las buenas intenciones de ARENA, ni garantiza que su ejercicio administrativo en la alcaldía superará, o siquiera igualará, al de Silva de llegar a derrotarlo en los comicios. Además, Cardenal ha empezado por mal camino al imitar al pie de la letra las prácticas de sus nuevos compañeros de partido. Se ha dado a la tarea de contradecir a la mayor parte de la opinión pública del país en su constatación de que la gestión del actual alcalde ha sido —por fin, después de años de administraciones edilicias corruptas e ineficientes— satisfactoria.
Eso invalida otra de las afirmaciones del editorial que mencionamos, según la cual "es muy significativo" que el candidato arenero esté dispuesto a debatir con Héctor Silva. En efecto, un debate sería interesante y rico para la ciudadanía. Pero si la millonaria campaña publicitaria que ARENA está preparando para promover a Cardenal va a estar centrada exclusivamente en encontrar falsos errores en la actual administración de la capital y en denigrar a uno de los pocos funcionarios públicos prestigiosos, el pequeño avance que el nombramiento de Cardenal en la candidatura edilicia supone en el proceso de democratización se reducirá a lo que su nombre representa ahora, antes de haber iniciado formalmente el proceso electoral.
Durante la década de 1990 la problemática de las inundaciones en las zonas costeras del país se ha agudizado a tal grado que prácticamente ocurren todos los años. En 1998 —a causa de la depresión tropical "Mitch"—, las riadas fueron catalogadas como las de mayor envergadura del siglo XX. 1999 no ha sido la excepción y prácticamente desde mediados de septiembre, con el inicio de la temporada más lluviosa del invierno, los desastres se hicieron presentes nuevamente.
Desde el 9 de septiembre y hasta los primeros días de octubre se han venido acumulando pérdidas agropecuarias, daños en los hogares y degradación de los ecosistemas, especialmente en la parte baja de los ríos Lempa y Grande de San Miguel; en la desembocadura del río Paz; en algunas secciones del río Goascorán y en al menos siete comunidades de San Salvador ubicadas en riberas de ríos y quebradas. Según datos del COEN y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se habían contabilizado, hasta el 5 de octubre, 3 muertos y 2,604 refugiados a causa de las inundaciones; además de pérdidas agropecuarias por un monto cercano a los 25 millones de colones. Los cultivos de granos básicos han sido los más afectados, pues en este rubro se concentraron un 80% de las pérdidas (cerca de 20 millones de colones).
En términos de área afectada, se estima un total de 50,498 manzanas. Aunque de acuerdo al MAG estos daños representan solamente un 2% de la producción agropecuaria total para los productores afectados, en realidad implican pérdidas que van desde al 70% al 100%, con el agravante de que en la mayoría de casos las familias afectadas se encuentran de antemano en situación de pobreza. Así, desastres que algunos catalogan de "pequeños", son de gran envergadura para los afectados.
Esta dinámica induce a pensar sobre las posibles formas en que podría enfrentarse el problema del creciente impacto de las inundaciones, dando por descontado que los desastres no son solamente "naturales", sino también el producto de factores de amenaza y vulnerabilidad que en la mayoría de casos son construidas socialmente. Lamentablemente, hasta ahora los problemas generados por los desastres no están siendo abordados desde una óptica de mediano y largo plazo, dirigida a la prevención y mitigación, sino más bien a la organización y preparativos para hacer frente a desastres ya consumados.
De hecho, no es difícil demostrar que las acciones del ente encargado de la protección contra desastres, el Comité de Emergencia Nacional (COEN), se dan, por lo general, durante e inmediatamente después del desastre. Esto se comprueba al revisar las memorias de labores del Ministerio del Interior en la parte correspondiente al COEN y al observar las acciones realizadas durante las inundaciones de 1999. Esta forma de enfocar el problema ha mostrado con claridad meridiana que en nada contribuye a evitar o reducir el impacto de futuros desastres.
Frente a esta visión, una nueva estrategia para enfrentar el problema de los desastres apunta más bien a revisar cuáles son sus verdaderas causas, para, basándose en ello, articular un plan para transformar las condiciones que favorecen su ocurrencia. En el caso de las inundaciones, puede plantearse que éstas no son resultado de un incremento de las precipitaciones pluviales, sino más bien de la reducción de la capacidad para absorberlas sin mayores traumatismos. Además de los fenómenos eminentemente naturales (en este caso las precipitaciones), existen actividades humanas que luego se convierten en amenazas socio-naturales, como: la deforestación, desecación de pantanos y construcción de obras de infraestructura sin previsiones contra desastres, entre otros; mientras que otros aspectos como la debilidad del Estado, la relativa desorganización de las comunidades, las características de las viviendas y los asentamientos, los tipos de cultivos, los bajos niveles educativos y los bajos ingresos se constituyen en factores de vulnerabilidad de la población.
Lo anterior sugiere que los desastres no deben enfrentarse desde la óptica que se ha hecho tradicional: ejecutar acciones para atender emergencias. Más bien requiere la intervención de diversos actores. Por ende, participarían no solamente aquellos que ejecutan tareas de rescate y búsqueda, sino también los que planifican el uso del territorio, el uso de los recursos naturales y la construcción de obras de infraestructura.
De acuerdo al presidente Flores, "en cuanto termine el invierno, iniciaremos la reconstrucción de las bordas, el dragado de los lechos de los ríos y la reparación de caminos y carreteras dañadas". En esta línea, el ofrecimiento más polémico del presidente Flores ha sido el de "despoblar" la zona del bajo Lempa trasladando a las familias hacia zonas de menor riesgo, pues para los representantes de las gremiales comunales de la zona la solución a su problema estaría más bien en el desarrollo de obras de infraestructura.
La cuestión de los desastres trasciende con mucho las capacidades del COEN o las simples acciones para enfrentar la emergencia utilizadas por el actual gobierno. Se requiere la integración de un sistema nacional de prevención de desastres que valore el problema en su verdadera dimensión e incorpore la prevención y mitigación en la planificación del desarrollo. Lamentablemente, hasta ahora el gobierno continúa cerrándose a la realidad y pretendiendo que las acciones que desarrolla son las más razonables. Sin embargo, es fácilmente demostrable que existen muchos actos de "desarrollo" que han terminado generando condiciones socio-ambientales favorables a la vulnerabilidad frente a los desastres, como por ejemplo la construcción de represas y los reasentamientos de posguerra.
Para nadie es un secreto que las descargas de las represas hidroeléctricas —y especialmente las de la 15 de septiembre— están directamente relacionadas con las inundaciones en la parte baja del río Lempa, la zona más afectada por las inundaciones. Paradójicamente, las represas fueron construidas no sólo con el objetivo de generar electricidad, sino también con el de prevenir las inundaciones, de las cuales se tiene noticia desde la década de 1930. Evidentemente, aquí existe un fallo de planificación de largo plazo que requiere acciones correctivas.
Además, muchos de los asentamientos ubicados en ambas márgenes de la parte baja del río Lempa fueron deliberadamente creados allí, a partir de un pacto entre el gobierno y el FMLN que se incluyó en los Acuerdos de Paz. Ello implicó el poblamiento de una planicie de inundación, una zona de alto riesgo debido a la masiva deforestación realizada en la década de 1950 para la intensificación del cultivo del algodón en El Salvador y, por supuesto, también debido a las descargas de las represas.
Las acciones para enfrentar el problema de los desastres que debe implementar el Estado pasan necesariamente por una nueva visión de planificación del desarrollo, pero en el corto plazo requiere que se redefina la forma en que se enfrentan los desastres, se trascienda el mero manejo de los mismos y se adopten las necesarias medidas de prevención y mitigación para eliminar las condiciones que los favorecen; de lo contrario cada vez estaremos más ocupados atendiendo emergencias y enfrentando pérdidas injustificadas.
Una vez más, Centroamérica vuelve a ser noticia en las planas de los medios informativos alrededor del mundo. Hace poco menos de un año, las necesidades de los países más vulnerables de la región se convirtieron en el centro de los debates para la comunidad internacional, que vio con preocupación las secuelas dejadas por el inclemente paso de la tormenta tropical "Mitch" en la zona. Por primera vez en muchos años, se hizo patente la urgencia de elaborar un plan integral de desarrollo que no sólo se contemplara solventar necesidades de tipo económico y/o material, sino que también posibilitara mejoras cualitativas en las oportunidades de superación de los sectores más necesitados. Se contaba entonces con el apoyo de las potencias mundiales (atadas a nuestros países por las exorbitantes deudas que alimentaban), el de la prensa internacional y con la presión de diferentes grupos sociales que, desde el interior mismo de las naciones más afectadas, dirigían sus esfuerzos hacia la definición de ese nuevo progreso esperado para la región.
Ahora, a escasos once meses de ocurrida la tragedia, nuevamente alimentamos la maquinaria de la información global. No obstante, en esta ocasión las diferencias entre una situación y la otra han sido decisivas para marcar el rumbo que tomarán las acciones pertinentes para la reparación del daño provocado. En primer lugar, la tragedia no es de la misma magnitud que la de hace un año; por el contrario, son sólo los efectos de una temporada de lluvias atrasada por el efecto del El Niño. Por lo tanto, no debe extrañar que el apoyo internacional no se haya decantado con la misma intensidad que el año pasado. La respuesta de los gobiernos regionales ha sido, en cierta medida, más organizada y al menos se ha alejado bastante de la estrategia publicitaria que se gestó alrededor del huracán, en un intento por ensanchar las arcas estatales con la ayuda internacional. Hasta se podría decir que en el caso actual se contaba con las reservas suficientes para hacer frente —a corto plazo o a mediano, a lo mucho— a la crisis que esos "días de lluvia" provocaron.
Sin embargo, al examinar con atención los efectos que esta crisis dejó en los países de la región no tardan en sobresalir los mismos males que salieron a flote en el ambiente de devastación y desamparo dejado por el "Mitch". Pareciera que las lluvias que trajo el huracán nunca dejaron de caer sobre estas tierras y que la ruina que sustituyó paisajes enteros y cultivos de vital importancia para las economías regionales, la ciega fuerza con la que fueron arrebatadas miles de vidas junto con las esperanzas de millones de habitantes de la región, no desapareció con la partida del prolongado invierno de 1998. En este momento, los datos combinados de los cinco países de la región arrojan cifras preocupantes: 69 muertes, que podrían aumentar en los próximos días; 39,994 evacuaciones a causa de las numerosas inundaciones que se han registrado; un rebrote acelerado de enfermedades como el cólera, el dengue hemorrágico y clásico, la malaria y otras enfermedades respiratorias o gastrointestinales; y la posibilidad de que sobre la zona atlántica de Nicaragua y el norte de Honduras se produzcan más precipitaciones a causa del arribo de una nueva onda tropical.
En las siguientes líneas se intentará esbozar un panorama general de los matices que esta nueva crisis ha adoptado en los países más afectados de la región —Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala—, no tanto para hacer un mapa de la tragedia, sino para subrayar la importancia de discutir a fondo las rutas que debería tomar en el futuro una estrategia de despegue económico y estabilización social para Centroamérica.
La suerte de Guatemala y Costa Rica
Guatemala y Costa Rica han sido los menos golpeados por los más de 20 días de precipitación constante que se registraron en el istmo. Los esfuerzos de identificación de las zonas afectadas y la evacuación de las víctimas se dificultó más en Guatemala, debido a que las zonas de riesgo se ubicaban en el interior del país, en asentamientos indígenas aislados de los centros departamentales. Se estima que más de 13 mil personas fueron evacuadas tanto del interior como del área metropolitana del país. A inicios de la semana, el saldo de muertos ascendía a 12 y aún no se habían difundido datos oficiales sobre el número de desaparecidos y damnificados. Esta se ha convertido en una constante en los gobiernos regionales: pese a la celeridad con la que se requieren datos actualizados y confiables acerca de las dimensiones de la situación, éstos no han salido a la luz pública con la misma rapidez que durante el paso del "Mitch".
Quienes sí se dedicaron ágilmente a evaluar las pérdidas han sido los representantes de la gran empresa guatemalteca; situación que, en general, se ha repetido en los demás países de la región. De hecho, los datos sobre pérdidas en el sector agrícola que se manejan a escala internacional provienen de balances hechos por terratenientes y asociaciones de productores del ramo. Según sus estimaciones, cerca de US$1.9 millones se han perdido a causa del deslave de cultivos de variada naturaleza. No se sabe a ciencia qué tan graves son los daños en la infraestructura de transporte, pero ya se habla de la necesidad de destinar varios cientos de miles de quetzales para su rehabilitación.
Por su parte, las autoridades de Costa Rica empezaron con pie derecho los operativos de desalojo y reubicación de las familias en peligro por las lluvias. En total, 60 albergues en todo el país recibieron a unas 5,600 personas, en tanto que el número de muertos llegó a 10. Con gran preocupación, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte calcularon que los daños en la infraestructura podrían ascender a los US$3 millones 460 mil. Hasta la fecha, el gobierno de Miguel Angel Rodríguez sólo ha ofrecido US$1 millón 556 mil para empezar la reconstrucción de los tramos inhabilitados por las lluvias. En todo caso, el detalle de los daños aún es desconocido y no será sino hasta las próximas semanas que se dará a conocer un cálculo certero de los mismos.
Nicaragua y Honduras: testigos de su nueva tragedia
Por desgracia, estos dos países han sido los más afectados con la agudización de las lluvias en la última semana. Sin haber logrado materializar un plan de acción inmediata para prevenir eventuales situaciones de crisis en las zonas de alto riesgo, tanto nicaragüenses como hondureños han tenido que sufrir nuevamente la pérdida de propiedades, negocios, tierras cultivables y, en el peor de los casos, de seres queridos. Los habitantes de aquellas regiones que el año pasado quedaron a merced de la naturaleza, hoy se mantienen en vilo por el temor a que la historia se repita. Al menos hasta el pasado 4 de octubre, en Nicaragua se contaban 13 muertos a causa de deslaves, inundaciones u otros accidentes provocados por las lluvias. Asimismo, se hablaba de 7,105 personas movilizadas por las operaciones de evacuación que, a diferencia de los dos países anteriores, no se habían detenido para entonces.
Las autoridades gubernamentales no habían podido establecer ningún monto más o menos fiel de perdidas en sectores estratégicos como el agro, lo cual sumergía a este país en una incertidumbre casi tan peligrosa como las condiciones climatológicas que se avecinan para los próximos días. Únicamente se manejan datos difundidos por la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que revelaban que cerca de 38,850 manzanas de terreno plantado se han perdido completamente; esto representa un 34% de la cosecha total para el presente año. En ambos casos, tal y como ocurrió el año pasado, los departamentos más golpeados por el temporal han sido León, Rivas, Chinandega, Masaya, Jinotega, Matagalpa y Boaco. Además, se ha adelantado un balance preliminar del Ministerio de Transporte e Infraestructura que establece daños hasta por US$2 millones 135 mil. Frente a esto, el presidente Arnoldo Alemán ha puesto a disposición de esta cartera US$7 millones 118 mil para iniciar los trabajos de reparación
Mientras tanto, en Honduras el número de muertes sobrepasó cualquier expectativa previa: 23 personas han perecido y se desconoce el paradero de otras 6. Hasta inicios de la semana, se contabilizaban 12,194 personas evacuadas y varias comunidades volvieron rápidamente a quedar incomunicadas al verse rodeadas por caminos intransitables, ríos desbordados y puentes destruidos por los fuertes caudales. 26 vías de transporte están parcialmente dañadas y 2 son intransitables; 12 puentes están en mal estado y 12 están totalmente destruidos. 5000 hectáreas de plantaciones de palma africana, caña de azúcar, maíz, sorgo, banano y plátano se han perdido, lo cual supone una importante disminución no sólo en el producto que sale para ser comercializado en el exterior, sino también en aquel destinado a suplir las necesidades básicas de las familias hondureñas.
Frente a la evolución que progresivamente ha ido mostrando la situación, es el gobierno de Honduras el que ha dado la respuesta más organizada y ágil del istmo. El presidente Carlos Flores Facussé no tardó en reorientar los remanentes de la ayuda recogida el año pasado para impulsar labores de reconstrucción dirigidas por los gobiernos locales. A parte de lo que cada rama del gobierno deberá invertir para rehabilitar las áreas que estén a su cargo, las municipalidades podrán disponer de unos US$6 millones 968 mil para iniciar proyectos de reconstrucción urgentes. Los propietarios de pequeños negocios establecidos en los mercados afectados por las lluvias contarán con un fondo de US$1 millones 393 mil para refinanciamiento. Como medida a corto plazo, los presupuestos de los cuerpos de seguridad y del Comité Permanente de Contingencias (COPECO) han sido reforzados para que no detengan sus programas de emergencia en las zonas que más lo necesitan.
Consideraciones finales
Contando con que la situación climatológica en los próximos días tenderá a normalizarse, puede afirmarse que difícilmente presenciaremos un desastre de grandes dimensiones —al menos no de las dimensiones del dejado por el huracán. No obstante, no cabe duda de que este invierno se plantea como un nuevo llamado de atención para los gobiernos de la región y para la comunidad de países amigos. Ya no se trata únicamente de "darse cuenta" de la fragilidad de las economías, de la ausencia de recursos y de la incapacidad de manejar con diligencia situaciones de esta índole. Eso quedó más que resaltado el año pasado. Ahora se trata de poner los puntos sobre las "íes" en cuanto al abandonado proceso de recomposición de las naciones del istmo.
Esto no significa otra cosa más que entrar de lleno al análisis de las condiciones previas para impulsar un verdadero proyecto que potencie el perfeccionamiento de los débiles sistemas productivos con los que la región pretende enfrentarse al nuevo siglo. Y este proceso debe pasar por una redefinición concertada del papel que los sectores sociales estratégicos (sociedad civil, empresa privada, comunidad internacional, gobierno, franjas de trabajadores, etc.) deberán jugar en el mantenimiento de un nuevo modelo; por el establecimiento de mejores controles sobre el destino y la utilización de la ayuda internacional; por la potenciación del desarrollo local con participación social; y, como varios analistas han venido insistiendo, por la necesaria adopción de compromisos que no se funden en razones humanitarias, inspiradas por emergencias (que después de todo son pasajeras), sino que se lacen sobre la base de proyectos a largo plazo y con vocación social
Si el caos se instala en el país cuando durante estos meses arrecian las lluvias y si el cuadro se complica aún más cuando en algunos de nuestros veranos surgen otros fenómenos como las sequías; si, además, siempre estamos viviendo en medio de sismos y bajo la permanente amenaza de un buen terremoto o una erupción volcánica, no hay duda que eso que llaman Comité de Emergencia Nacional debería —en el marco de la tan publicitada modernización del Estado— desaparecer y dar paso a una institución con el mandato y los recursos para enfrentar algo que, lamentablemente, ya no es una situación de apremio temporal sino un ingrediente estructural en la sufrida sobrevivencia de la mayor parte de nuestra población.
Quién sabe cómo funcionan las "alertas rojas", "amarillas" o "verdes"; quizás lo hagan sobre la base de los intereses de los políticos de turno, al igual que las "alianzas" y otras piezas de una poco novedosa retórica oficial. El caso es que, en esa situación, resulta difícil continuar apelando a la paciencia y el sacrificio de los sectores más vulnerables de nuestro país. Y es precisamente el tema de la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales lo que ahora nos mueve a la reflexión, conscientes de una serie de elementos que hasta ahora se han manejado con demasiada ligereza y —en algunos casos— hasta con mala intención. Comencemos, entonces, por establecer a qué nos referimos cuando hablamos sobre esta materia.
La doctora Susan L. Cutter, profesora y directora del Departamento de Geografía de la Universidad de Carolina del Sur, Columbia, afirma lo siguiente: "Históricamente, los términos riesgo, amenaza y catástrofes han sido usados indistintamente, aunque cada uno tiene un significado preciso. Amenaza es el término más amplio y refleja una fuente de peligro o una forma de daño potencial. Riesgo es la probabilidad de que un hecho ocurra. Las amenazas comprenden los riesgos (por ejemplo, la probabilidad), el impacto (o magnitud) y los elementos contextuales (sociopolíticos). En otras palabras, los riesgos constituyen amenazas para la gente y para sus bienes preciados (Cutter 1993). Por lo tanto, los riesgos están socialmente construidos, y la gente contribuye a exacerbarlos y modificarlos. Los riesgos varían según las culturas, los géneros, las razas, la condición socioeconómica y las estructuras políticas. Las catástrofes, por otro lado, son riesgos específicos que tienen un profundo impacto en las poblaciones locales o en la geografía, ya sea en términos de muertes y lesiones, de daños a la propiedad o de impacto ambiental".
David Wong Díaz, Regina Samudio y Hugo Mora —del Centro de Proyectos de la Universidad Tecnológica de Panamá— sostienen que desastre es "una calamidad que puede causar daños o destruir bienes o provocar sufrimientos y lesiones en las personas". Además, definen la vulnerabilidad como "la medida de la susceptibilidad o predisposición intrínseca de los elementos expuestos a una amenaza a sufrir daño o una pérdida. Los elementos que se mencionan pueden ser las estructuras, los elementos arquitectónicos y las personas".
Amenaza, riesgo, catástrofe, desastre y vulnerabilidad —desde las perspectivas antes citadas— no son palabras extrañas a una realidad como la nuestra. De ello da cuenta el ejemplo que a continuación se ofrece. Según datos incluidos en uno de los últimos boletines publicados por la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunitario de El Salvador (CORDES), de fecha 5 de octubre de 1999, en los municipios de Tecoluca y Zacatecoluca —el primero ubicado en el departamento de San Vicente y el otro en el de La Paz— las comunidades y población castigadas por las inundaciones en el Bajo Lempa durante las últimas semanas fueron las siguientes.
En Tecoluca se habla de ocho comunidades: Santa Marta, Rancho Grande, Taura, San Bartolo, El Porvenir, La Pita, Puerto Nuevo y Los Naranjos. Los estragos dañaron a 406 familias; el detalle: 1,601 personas entre las que se encontraban 861 niñas y niños, 333 mujeres y 407 hombres. De Zacatecoluca reportan seis comunidades y un total de 282 familias; la cantidad de personas dañadas fue de 1,305 y entre ellas se ubican 672 niñas y niños, 310 mujeres y 323 hombres. Hablamos pues —en sólo dos municipios— de 14 comunidades, 688 familias, casi tres mil personas, más de 1,500 niñas y niños, 643 mujeres y 730 hombres.
Esa es la situación coyuntural que han enfrentado. Para ello han contado —a partir de lo que CORDES llama "un buen nivel de coordinación" en San Vicente— con la participación de expresiones organizadas de la sociedad con presencia y permanencia real en la zona, junto al involucramiento de algunas instituciones gubernamentales. También se menciona la sensibilidad mostrada por los medios de difusión masiva y el compromiso de la cooperación internacional sobre todo de Novib (Holanda), Oxfam América, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) así como el gobierno y pueblo de Japón junto al gobierno alemán. Pese a todo este esfuerzo —sostiene CORDES— se continúa necesitando ayuda en alimentos, útiles de aseo personal y medicinas.
Sin embargo, existe un "pero": el de la situación estructural. "Imaginemos —apunta la Fundación— el mejor de los escenarios en la situación de la emergencia: las comunidades bien organizadas; logística lista; buena coordinación entre las comunidades alcaldías, ONGs y gobierno; alimentos y enseres suficientes; transporte eficiente para evacuar y retornar a tiempo; buenos refugios; buen servicio de salud; buena atención alimentaria y humana a la población; cooperación lista para la ayuda de emergencia... Pero, cada año estaremos de nuevo con el problema. Sólo se cubriría el aspecto coyuntural del mismo, sin tocar su causa estructural profunda".
Y continúa el planteamiento: "Ya dijimos públicamente que nuestra vulnerabilidad después del ‘Mitch’ sería mayor que antes, por lo que se necesitan respuestas rápidas, estructurales y efectivas. Estamos a casi un año de los sucesos del ‘Mitch’ y no hemos visto las soluciones estructurales que el gobierno asumió en el Plan de Reconstrucción Nacional. Los recientes sucesos son apenas una muestra de lo que puede llegar a ocurrir en los meses de lluvias que faltan y en futuros inviernos. No queremos seguir siendo personas damnificadas de por vida, porque sabemos que las causas de las inundaciones tienen solución; pero se necesita contar con una clara voluntad política de priorización del gobierno. Somos seres humanos que queremos salir adelante con nuestro esfuerzo y aceptamos el apoyo solidario por la situación de pobreza en la que vivimos, pero no queremos vivir una vida de caridad eterna. El drama humano de miles de familias damnificadas que cada año, en los meses de lluvia, estamos viviendo la incertidumbre de otro desastre, que destruye todo el esfuerzo acumulado y nos obliga a comenzar de nuevo, si acaso podemos estar con vida para llegar a contarlo..."
De todo lo anterior, se desprende la siguiente interrogante: ¿En esas condiciones, qué desarrollo puede tener éxito? CORDES la responde con una propuesta de cuatro puntos:
1. Que la estrategia de desarrollo para el Bajo Lempa, incorpore acciones efectivas para reducir gradualmente la situación de vulnerabilidad de la población.
2. La construcción de la infraestructura básica de prevención: bordas en todo el recorrido del río Lempa, reconstrucción de una buena red de drenos internos, puentes entre drenos y calles, refugios adecuados en los puntos más vulnerables, viviendas dignas y apropiadas para la zona de riesgo, reconstrucción de la calle principal y secundarias, drenaje constante de los ríos. Todo ello, con un trabajo de buena calidad y asegurando un buen mantenimiento posterior.
3. Optimizar las épocas del año de menor vulnerabilidad, Incorporando la tecnología agropecuaria apropiada y ponerla al servicio de la población.
4. Desarrollar una buena y eficiente calidad de los servicios públicos: salud, educación, recreación, deporte, comunicaciones, transporte público, energía, agua potable, guarderías y seguridad pública.
Según lo planificado al momento de escribir estas líneas, el viernes 8 de octubre se realizaría una marcha de todas las comunidades del Bajo Lempa de los departamentos de San Vicente y La Paz; se hablaba también de la participación de comunidades de Usulután. Con la intención de entregar sus demandas al titular del Órgano Ejecutivo la actividad culminaría en Casa Presidencial, esperando una "respuesta estructural, de calidad y duradera al viejo problema de las inundaciones". Respuesta que —según estas personas damnificadas, altamente dignas por querer valerse por sí mismas y no estar dispuestas a vivir siempre de la asistencia pública o privada, nacional o extranjera— dista mucho de lo que el primer mandatario en algún momento ofreció: la reubicación.
Mientras en El Salvador y el resto de Centroamérica se desarrolla este drama humano que va de lo individual a lo colectivo, irónicamente —quizás sin intención— las Naciones Unidas invitan a conmemorar, el 7 de octubre, el "Día Internacional para la Prevención de las Catástrofes Naturales"; eso en el marco de los casi finalizados años noventa, que —también por Naciones Unidas— fueron declarados como la "Década Internacional de Reducción de Desastres Naturales".
En el reporte final elaborado por el Comité Científico y Técnico establecido por Naciones Unidas para evaluar los progresos e identificar los retos para el futuro, de cara a la culminación de la presente década, nos encontramos con afirmaciones como las siguientes: "...la reducción de la vulnerabilidad es una parte inherente del desarrollo sustentable que debe tomar en cuenta el rol del conocimiento científico y técnico, una amplia participación popular, y una completa aceptación para el riguroso cuidado ambiental".
"Si bien las catástrofes —sostiene la doctora Cutter— captan nuestra atención de inmediato cuando ocurren, debemos ser cautelosos y entender que los peligros son parte de nuestra vida cotidiana. No sólo tenemos que planificar la respuesta ante los hechos naturales más violentos, como un terremoto o un huracán, sino también tomar precauciones frente a los riesgos que vivimos día a día en el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Las aguas de mala calidad y la deficiente atención sanitaria matan a más personas en los países menos desarrollados que todas las catástrofes naturales juntas".
Y añade: "Es evidente que la ‘Década Internacional de Reducción de Desastres Naturales’ no se ha centrado en estos riesgos crónicos y cotidianos, que pueden ser más costosos para las sociedades a largo plazo en términos de vidas perdidas, heridos y de disminución de la productividad que los hechos periódicos de orden natural. Ha llegado el momento de ampliar la ‘Década Internacional’ a fin de introducir la perspectiva de ‘todos los riesgos’ para entender la vulnerabilidad de las sociedades frente a los riesgos y peligros ambientales. Al proceder de este modo, se logrará mejorar la condición humana y se cumplirá con el objetivo más importante del decenio".
Tomando como parámetros importantes lo establecido por Naciones Unidas y las acertadas opiniones de la doctora Cutter, cabe formular una sola pregunta: ¿cómo estamos en El Salvador? La respuesta —más allá de lo que digan los funcionarios del COEN y sobre todo sus jefes superiores— debe buscarse entre las comunidades del Bajo Lempa, en las abundantes "zonas marginales" que existen en las ciudades del país, dentro del largo "tugurio" instalado en casi toda la línea ferroviaria que atraviesa el territorio nacional y entre la gran mayoría de la población.
EMERGENCIA. Unas 974 familias abandonaron sus viviendas, en ocho departamentos del país, ante el anuncio de alerta roja nacional hecho por el Comité de Emergencia Nacional (COEN), el 28.09. Hasta ese día, 195 familias habían desalojado diferentes zonas de riesgo del departamento de la Unión. Mientras que en la zona del Bajo Lempa, en San Vicente, se reportaron 373 grupos familiares evacuados y 47 en la capital. En San Miguel hubo 22 evacuaciones. El director del Servicio Meteorológico, Pablo Ayala, aseguró que las lluvias se podrían prolongar una semana más. Mientras que para este día, se espera que se acumulen unos 70 milímetros de agua. "Es una cantidad significativa, que puede causar el incremento de cauces y desbordamientos de ríos", dijo Ayala. En las últimas 48 horas, las inundaciones fueron el común denominador en las zonas costeras y cercanas a ríos y lagunas. La descarga de 2 mil metros cúbicos de agua por segundo de la presa 15 de septiembre y la acumulación de 200 metros cúbicos de agua lluvia produjeron anegaciones en cuatro caseríos de la Cuenca Baja del Río Lempa, en Usulután. El COEN inició el reparto de paquetes alimenticios en algunos albergues. Mientras que miembros de la Secretaría Nacional de la Familia sostuvieron que cerca de 178 paquetes de víveres fueron entregados en albergues de Usulután (LPG 29.09 p. 4 y 5).
OCCIDENTE. El río Paz arrasó, el 02.10, con varios cantones y caseríos ubicados en Ahuachapán, dejándolos inundados y a sus pobladores totalmente aislados. El desbordamiento del río obligó a muchos de los lugareños a abandonar sus casas ante el temor de que los niveles del agua terminaran cubriéndolos. Otros, a pesar del peligro, decidieron quedarse. Los caminos que conducen a la colonia ISTA y a los cantones y caseríos Garita Palmera, Los Castaños, Salinas y Brisas, entre otros, estaban cubiertos por el agua, cuyo nivel alcanzaba más de un metro de altura. Los sembradíos, en más de 10 kilómetros a la redonda, también estaban bajo el agua. Socorristas de la Cruz Roja y efectivos del destacamento militar 7 iniciaron el traslado de familias a los lugares de refugio. La Cruz Roja movilizó al lugar a un grupo numeroso de sus miembros, quienes a bordo de un cayuco evacuaron a los afectados. Asimismo, camiones del Ejército entraban y salían de las zonas constantemente, cargando a familias enteras que urgían de alimentos y ropa seca. Los habitantes de los lugares inundados por el río Paz están resignados a convivir con el mal clima, aunque éste represente un peligro inminente. Ellos intentan continuar realizando sus actividades habituales, pero no tienen trabajo, ni comida, ni un lugar seco (EDH 03.10 p. 13).
CENTROAMÉRICA. Las lluvias han obligado a la evacuación de más de 37 mil personas en Centroamérica, donde el número de muertes aumentó a 51, debido a las inundaciones y el desbordamiento de ríos, lo cual ha incrementado el desarrollo de enfermedades infecciosas. Según organismos de socorro de la región, el temporal continúa elevando el número de damnificados (37 mil 418 hasta ahora) y podría mantenerse por dos días más, debido a un sistema de baja presión que se desplaza hacia la península de Yucatán, México. El Comité Permanente de Contingencias (COPECO), de Honduras, reportó un saldo de 17 muertos y 11 mil 516 evacuados desde que ese país decretó alerta roja el 16 de septiembre anterior, aunque medios informativos hondureños hablan de una veintena de fallecidos. En Guatemala, las intensas precipitaciones de las últimas dos semanas han dejado nueve muertes, más de seis mil damnificados y daños en miles de viviendas e infraestructura vial. Por otra parte, en Nicaragua, una saldo de 12 muertos y de 150 mil a 200 mil afectados fue el balance reportado por Defensa Civil de ese país, que declaró alerta roja a escala municipal en el occidente y en la capital. Hasta el momento, la entidad ha contabilizado tres mil 336 personas evacuadas, 112 viviendas dañadas, 14 destruidas y 36 tramos de red vial afectados por las corrientes (EDH 04.10 p.8).
DAMNIFICADOS. Después de siete días de intensas lluvias, o más en otras regiones del país, el número de damnificados va en aumento. El fin de semana se reportaron 250 evacuaciones de familias que residen en comunidades de riesgo de los departamentos de Usulután, Ahuachapán, Chalatenango, La Libertad, La Paz y San Salvador. Mientras tanto, otros núcleos familiares evacuados padecen de poca ayuda, como los que se encuentran en al cantón Pavana de la Unión, o los que se encuentran en Cara Sucia, Ahuachapán. Otras familias no esperaron a ser evacuadas por las autoridades, como las 15 familias de un municipio de Chalatenango que se trasladaron en cayucos por el río Lempa hacia el departamento de Cabañas, debido a las inundaciones en el lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Usulután, junto a otras instituciones de servicio, trasladaron en lanchas a 25 familias de la isla La Pirrayita, en Jiquilisco. Sin embargo, en los alrededores del Puerto Parada, unas 219 familias se mantienen en su posición de no salir de la zona, pese a que el río Grande de San Miguel se ha desbordado. Unos 10 kilómetros a la redonda han sido inundados por este río. Los cultivos han quedado bajo metro y medio de agua. Los socorristas hacen todo lo posible para que los afectados dejen sus casas, pero muchos se niegan a hacerlo (EDH 04.10 p.4 y LPG 04.10 p.4).
FLORES. El presidente Francisco Flores informó durante su mensaje del 03.10, acerca de las acciones del gobierno en respuesta a las persistentes lluvias. Además de explicar sobre el reparto de víveres, los planes de evacuación y las descargas de las presas, el mandatario se comprometió a trabajar para que en el próximo invierno no se repita la misma historia en las zonas de alto riesgo. "En cuanto termine el invierno, iniciaremos las reconstrucción de las bordas, el dragado de los lechos de los ríos y la reparación de caminos y carreteras dañadas", expuso Flores. Añadió que el Gobierno ya tiene un inventario de los terrenos públicos en los que podrían reubicar a los que ahora son damnificados. El Presidente no expuso en qué zonas, específicamente, podrían efectuarse los traslados, y si se cuenta con los suficientes terrenos para albergar a todos los pobladores afectados. Sin embargo, contrario a la opción de despoblar que ha planteado el Presidente para el Bajo Lempa, un estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería indicó que es prácticamente imposible reubicar a los habitantes de esa zona, "porque los actuales asentamientos están vinculados a las propiedades agrícolas de las cuales viven. Lo más cercano significaría trasladarlos hasta 20 km. de su actual localidad". La solución planteada por el estudio apunta más bien a la construcción de bordas al margen del Lempa (LPG 04.10 p.24).
ALERTA. El Comité de Emergencia Nacional levantó, el 04.10, la alerta roja, sostenida desde el 28.09, y declaró en su lugar la alerta amarilla. De acuerdo con el jefe de operaciones del COEN, Herbert Chinchilla, la modificación se basó en los últimos pronósticos meteorológicos. Asimismo, aseguró que los cuerpos de seguridad y socorro permanecerán unos días más en los refugios y zonas afectadas por las anegaciones. Raúl Murillo, encargado del enlace del COEN con el servicio meteorológico, aseguró que a partir de este día se verá una mejoría en las condiciones climáticas. "Ya estamos fuera del radio de acción de la baja presión que ocasionó las pasadas lluvias", detalló. Por otra parte, la Fuerza Naval autorizó la reanudación de la pesca artesanal y tecnificada, suspendida desde el pasado 25.09. En cuanto a la red vial, el Gobierno deberá invertir unos 13 millones de colones para recuperar más de 1,151.49 kilómetros de la red que quedó dañada por las lluvias. Los trabajos de rehabilitación se iniciaron el 04.10, según informó el director general de caminos, Carlos Velásquez. Los 22 días continuos de lluvia dejaron por lo menos 10 víctimas mortales, mil 552 familias evacuadas, más de 24 millones en pérdidas agrícolas a escala nacional, nuevos desbordes de ríos y daños en diques de protección (LPG 05.10 p.4 y EDH 05.10 p.12).
