Año 20

número 875

octubre 20

1999

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial La transformación de las ciudades

Política El caprichoso CDU

Economía ¿Libre comercio entre Chile y Centroamérica?

Sociedad Las trampas en el debate sobre los casinos

Derechos Humanos Discurso inicial de la dirección ejecutiva IIDH (I)

Noticias

Cada vez se abre espacio con más fuerza la idea de que las municipalidades deben asumir un mayor protagonismo en el quehacer de las sociedades contemporáneas. En Europa es donde se perfila con mayor nitidez el nuevo rol de las grandes ciudades, las cuales —en opinión de algunos especialistas— deben responder a cinco tipos de retos: nueva base económica, infraestructura urbana, calidad de vida, integración social y gobernabilidad. Grandes ciudades como Barcelona (España), Lisboa (Portugal) y Montpellier (Francia), han encarado con determinación esos desafíos, para lo cual han sido clave dos factores: a) la construcción de un proyecto de ciudad, en cuyo diseño y puesta en marcha participan conjuntamente tanto el gobierno local como los principales actores económicos, socio-políticos y académicos; y b) un liderazgo fuerte y personalizado, como el ejercido por los alcaldes de las municipalidades que se han puesto a la cabeza de la renovación de la ciudad.

Como hacen notar los especialistas Jordi Borja y Manuel Castells —en su investigación Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. Madrid, Taurus, 1997— tres son los factores que han hecho posible la transformación de las grandes ciudades europeas: "a) la sensación de crisis agudizada por la toma de conciencia de la globalización de la economía; b) la concertación de los actores urbanos, públicos y privados, y la generación de un liderazgo local (político y cívico); y c) la voluntad conjunta y el consenso ciudadano para que la ciudad dé un salto adelante, tanto desde el punto de vista físico como económico, social y cultural".

Así pues, las grandes ciudades europeas y latinoamericanas embarcadas en su propia transformación se han dotado para ello de un proyecto de ciudad que no sólo supone, en su elaboración y ejecución, el apoyo de los principales actores económicos, políticos y sociales, sino también la redefinición de las competencias y organización del gobierno local, sus mecanismos de relación con otras administraciones y los ciudadanos, su imagen y presencia internacionales.

Una condición imprescindible para que la capital del país continúe en la ruta iniciada por la actual administración municipal es que cuente con un buen alcalde. Para serlo se necesita tener una visión de conjunto de los cambios que se están operando en el entorno mundial, así como de los problemas más graves de la ciudad, y una firme determinación de responder ante unos y otros. ¿Cuál de los candidatos que se preparan para competir por el gobierno municipal cuenta con estas credenciales? Ojalá y seamos lúcidos a la hora de responder a esta pregunta, pues en ello nos jugaremos, en las elecciones del próximo año, el futuro de San Salvador.

El caprichoso CDU

"A finales de julio de este año el CDU recibió la propuesta de Iniciativa Ciudadana de integrar una amplia coalición para promover la reelección del Alcalde de San Salvador, Dr. Héctor Silva", comienza relatando el comunicado en el que, el 15 de octubre, el Centro Democrático Unido (CDU) hizo pública su decisión de romper la alianza con el FMLN. "En agosto —continúa— contestamos rápidamente, y por escrito, expresando nuestra voluntad de impulsar un gobierno municipal al servicio de todos y todas, sobre la base de cinco puntos: candidato a alcalde por consenso; propiciar la más amplia participación ciudadana y de fuerzas políticas y sociales; Programa de gobierno compartido y consensuado; Concejo Municipal balanceado, sin la hegemonía de ningún partido político y bandera propia de la Coalición que fuese representativa de todos estos conceptos".

Es sabido que desde el inicio de las negociaciones los problemas se concentraron en los dos últimos puntos. El Frente rechazaba la idea de la bandera única y no parecía estar dispuesto a ceder lugares en el Concejo. Las discusiones se alargaron por semanas y tanto los dirigentes del FMLN como los del CDU empezaron a parecer ridículamente obstinados. Resultaba absurda su incapacidad para ponerse de acuerdo en una cosa tan nimia. En especial porque el pleito de la bandera cobró mayor protagonismo que el de la configuración del Concejo, siendo este último un problema mucho más decisivo —dentro del ámbito partidario— que aquél. Ambas fuerzas políticas se dieron el lujo de defender férreamente su risible trinchera mientras las encuestas pronosticaban una amplia ventaja de Silva sobre ARENA y mientras el partido oficial demoraba el nombramiento de su candidato.

Pero tan pronto se supo que había sido Luis Cardenal el elegido para competir con el actual alcalde de la capital, se volvió obvio que las partes de la izquierda enfrascadas en tan banal pugna tenían que flexibilizar sus posturas. El triunfo de Silva se ponía en riesgo, lo cual suponía no sólo dejar a San Salvador sin el mejor alcalde que ha tenido en la historia reciente, sino jugarse la posesión del lugar estratégico que es la comuna capitalina. Fue entonces cuando el Frente, entrando en razón, decidió ceder en lo de la bandera. Se pensó que eso supondría un avance en la consolidación de la coalición porque, supuestamente, eran los ortodoxos efemelenistas quienes permanecían cerrados e inamovibles, pero no fue así.

De un día para otro al CDU le pareció que aliarse con el FMLN implicaba "poner en tela de juicio la coherencia de su planteamiento político" y prefirió "sacrificar sus legítimos intereses como fuerza electoral" que cometer tal herejía. Las explicaciones que plantea en el comunicado son poco convincentes. Señala, en primer lugar, que "a lo largo de las negociaciones hemos encontrado una posición rígida e ideologizada por parte del sector que domina la dirección del FMLN y que en la práctica se ha orientado a hacer inviable la participación del CDU". Muestras de ello serían la ratificación de una resolución que exigía banderas separadas para formar la coalición; un presunto intento de dividir al CDU negociando con cada partido por separado; y, finalmente, la petición de una cuota en el Concejo que "convertiría al FMLN en la fuerza política dominante con mayoría sobre el conjunto de las otras fuerzas políticas y sociales de la coalición municipal".

Para empezar, el argumento de la resolución que exige banderas separadas en el Frente se cae por su propio peso ante la aceptación expresa de este último de participar en las elecciones con una bandera de la coalición. Luego, con respecto a las intenciones efemelenistas de dividir al CDU, hay que decir que nada se supo de eso. Ante la opinión pública siempre quedó claro que las partes pactantes eran el FMLN y el Centro Democrático Unido. Nadie parece tener confusión en ese punto. Sobretodo teniendo en cuenta que el protagonismo de los partidos que configuran a dicho Centro es prácticamente nulo y que quienes sobresalen son siempre los miembros de la Convergencia Democrática (Rubén Zamora y Jorge Villacorta, entre otros). Por último, la cuestión de la cuota despierta sobradas razones de duda, porque si en virtud de ella el CDU llegó a la conclusión de que "la actual dirección del FMLN está privilegiando sus intereses de sector por encima de los intereses de partido", ¿no cabría acusar al CDU de estar haciendo exactamente lo mismo?

El CDU sencillamente renunció a seguir intentando llegar a un acuerdo. No estaba en lo absoluto dispuesto a ceder en su idea de homogenizar al Concejo Municipal. En eso mostró una inflexibilidad a toda prueba. Porque: ¿dónde estaba escrito que el FMLN tenía que cumplir al pie de la letra todas y cada una de las condiciones impuestas por el CDU? Más aún, ¿quién garantizaba que la satisfacción de esas condiciones era lo más conveniente para el proceso de reelección de Héctor Silva? En el caso concreto de la configuración del Concejo, en principio no parece justo —aunque habría que discutirlo— que el partido que aporta más votos no tenga derecho a una cuota mayor de representatividad.

El hecho de que la ruptura de la coalición por parte del CDU se haya dado en razón del asunto del Concejo desvirtúa completamente su discurso y su crítica hacia el FMLN. La rigidez ideológica de la dirigencia efemelenista no es un argumento a favor del CDU, sino una excusa. ¿Quién no sabe a estas alturas que en el Frente hay gente rígida? La Convergencia Democrática y el Partido Demócrata, mejor que nadie —uno porque no es la primera vez que se alía con el Frente y el otro porque procede del seno mismo de ese partido—, deberían conocer de sobra esas posturas ortodoxas, que ni son nuevas, ni eran realmente el núcleo del problema. Lo que estaba en discusión era una cuestión práctica, el apoyo a la candidatura de alguien que ha demostrado ser una persona cualificada para regir los destinos de San Salvador —con lo cual reditúa, de paso, a los partidos que lo apoyan—, y no ideológica; no se trataba de buscar consenso para concluir cuál deber de ser el rol del Estado o la posición adecuada de la izquierda ante el neoliberalismo.

Decir que lo que motiva al CDU es "prestar un servicio al pueblo" y no "la ambición partidarista" o el deseo de "regatear puestos públicos" se contradice con su decisión de quitarle el respaldo a Silva sólo porque la distribución de puestos en el Concejo estaba en cuestión. Es obvio que su decisión dificulta la reelección del alcalde y facilita las cosas para ARENA. ¿Dónde está entonces su interés en "servir al pueblo" cuando procede de esa forma, sabiendo que el pueblo está satisfecho con la gestión de Silva y cansado de la práctica política arenera?

Por otra parte, que eso lo haya hecho apelando a la "coherencia con sus propios planteamientos" casi mueve a risa. ¿Cuáles planteamientos? Si se refiere a ideas que sostienen la unidad de los partidos que conforman el CDU está hablando en el vacío, porque nadie las conoce. Si se refiere a las exigencias que había planteado como requisito para coaligarse con el Frente, entonces resulta que el CDU no está "privilegiando sus intereses de sector por encima de los intereses de la ciudad capital" menos de lo que lo está haciendo el FMLN. Además, lo que es peor, ¿cuál coherencia? ¿Acaso han sido el PD y la CD coherentes con algo? ¿Acaso la existencia misma del CDU, cuya unidad no parece obedecer más que al peligro de desaparecer en las urnas, es coherente con la realidad?

¿Libre comercio entre Chile y Centroamérica?

Desde principios de la década de 1990, se han registrado importantes movimientos para concretar tratados de libre comercio entre Centroamérica y otros países. Los más importantes han sido las negociaciones sostenidas con México, el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con República Dominicana en 1998 y, más recientemente, la firma de un acuerdo de libre comercio con Chile.

Aún no está claro si a final de cuentas estos tratados de libre comercio tendrán efectos positivos sobre la producción y el empleo en Centroamérica, especialmente al considerar que Chile y México poseen una oferta de exportaciones mucho más vasta en comparación con El Salvador o incluso Centroamérica entera. De hecho, se ha podido constatar que, en casos similares, el que carga con los mayores costos es el país de menor desarrollo relativo, por ejemplo el TLC entre Estados Unidos y Canadá implicó para este último el cierre de empresas, reducción de salarios y profundización del déficit comercial con los Estados Unidos.

Con todo, en el marco de la vigésima cumbre de presidentes centroamericanos, a la cual también concurrió el presidente chileno, el pasado 18 de octubre, los países centroamericanos y Chile se apresuraron a firmar un acuerdo que, aunque pretende ser un TLC, en realidad no contiene aún los listados de mercaderías, aranceles, plazos y otros detalles que serían aplicados al comercio internacional entre los mencionados países. De acuerdo a fuentes oficiales, esta firma prematura del acuerdo pretendía que Centroamérica y Chile enfrenten como "bloque" las negociaciones para la proyectada Area de Libre Comercio de las Américas; dejando para después importantes aspectos como la desgravación arancelaria, los productos incluidos, procedimientos aduanales, los mecanismos antidumping, etc.

El acuerdo entre Centroamérica y Chile ha sido firmado con una rapidez que contrasta con el lento proceso de negociaciones para un TLC con México, negociaciones que se han venido sosteniendo desde 1991. El TLC con México todavía no se concreta después de 8 años de negociación debido a que se ultiman "detalles" que en realidad constituyen el punto medular de la cuestión: plazos, aranceles y productos afectados, los cuales, en el caso del TLC con Chile, sencillamente se han postergado.

El supuesto TLC con Chile estaría compuesto de aspectos generales y bilaterales. Los primeros comprenden un conjunto de normativas comunes que se aplicarán en el intercambio comercial de todos los países involucrados; mientras los segundos comprenden los aspectos particulares que cada país negociará por separado con Chile y que están relacionados principalmente con aranceles y listados de productos. De acuerdo al Viceministro de Economía de El Salvador, Eduardo Ayala Grimaldi, en el TLC con Chile la desgravación arancelaria será bilateral debido a las "particularidades" de cada país. Por el momento, la única propuesta concreta presentada a Chile consiste en que sus productos agropecuarios ingresen a Centroamérica en un plazo que no sobrepasaría los 16 años.

De cara a la experiencia con México, el TLC con Chile podría considerarse bastante lejano, ya que después de ocho años de negociaciones con México aún no existe consenso completo sobre los listados de productos y plazos para la desgravación arancelaria e, inclusive, en reiteradas ocasiones se han registrado incidentes provocados por procedimientos aduanales. Esto pese a las declaraciones oficiales de buena voluntad y disposición por parte de los presidentes de México y de los países centroamericanos.

Cabe anotar que, hasta ahora, sólo Costa Rica ha firmado un tratado que comprende la desgravación arancelaria para el intercambio de productos con Chile. Según funcionarios costarricenses, quedan excluidos del TLC los lácteos, pollos, hortalizas, legumbres y productos del sector forestal, pues sus productores buscan mercados para expandirse en Centroamérica y Norteamérica principalmente.

Hasta ahora no se conocen las reacciones de las principales gremiales empresariales frente a esta propuesta, pero no es descabellado afirmar que no se mostrarían tan entusiastas de que se concretara un TLC con Chile, especialmente si consideramos sus reiteradas peticiones de revisar la desgravación arancelaria y de solicitar medidas de protección frente a lo que consideran prácticas desleales de comercio.

Las muestras más recientes de este comportamiento son variadas y reflejan la preocupación del sector empresarial por la competencia de productos externos. Así, a principios de octubre, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) solicitó al ministro de Economía, Miguel Lacayo, que se tomaran medidas para compensar el daño que estarían causando los productos de origen chino a los productores nacionales y, además, sugirió la adopción de aranceles comunes para Centroamérica con el fin de evitar la "triangulación" de productos extranjeros dentro del área. Por su parte, representantes del sector agropecuario habrían solicitado a Lacayo que se impida el ingreso al país de productos agropecuarios subsidiados o a un precio menor a su costo de producción en sus países de origen.

Frente a ello, Lacayo se limitó a expresar que la ejecución de las medidas solicitadas por las gremiales empresariales "es complicada", pero que se estaría evaluando aplicar un arancel compensatorio para todos aquellos productos que provengan de China continental. En relación con el TLC con Chile, los temores empresariales se reforzarían, pues, debido a que Costa Rica se adelantó en la desgravación arancelaria con el país suramericano, la triangulación de productos chilenos desde Costa Rica se ha vuelto factible.

En la práctica, el TLC con Chile no tendrá implicaciones de apertura o acceso a mercados mientras no se negocien las condiciones concretas de comercio y se alteren las actuales; sin embargo, de llegarse a implementar podría tener repercusiones negativas sobre el sector agropecuario y la industria nacional. El acceso de la oferta de productos chilenos implicaría la aparición de competencia de productos que se consideran exportaciones no tradicionales para El Salvador y que, por lo mismo, obstaculizarían la producción nacional de exportaciones no tradicionales, tanto en el ámbito centroamericano como en el contexto mundial.

Por otra parte, un TLC puede convertirse también en una oportunidad para ampliar la demanda para la producción nacional, aunque ello supone que se tendría que contar con un aparato productivo competitivo, capaz de hacer frente al reto de la apertura de mercados. Lamentablemente, al menos en el caso de El Salvador, se pretende avanzar rápidamente hacia el libre comercio sin que se estén tomando medidas paralelas para mejorar la competitividad de las empresas a través de programas de reconversión industrial, de diversificación de agroexportaciones o de difusión de la ciencia y tecnología.

Frente a la liberalización del comercio se vuelve totalmente necesario que el Estado adopte programas que mejoren las posibilidades de una inserción exitosa en el mercado internacional. No se trata solamente de firmar tratados, sino de crear antes condiciones internas para que los tratados se traduzcan en beneficios para la población, y esto necesariamente pasa por la creación de programas dirigidos a diversificar las exportaciones y mejorar su competitividad.

Las trampas en el debate sobre los casinos

Como ya hemos dicho antes (Proceso, 874), el calentamiento intencional del tema de los casinos oculta mucha política. Bajo el recio conservadurismo moral desde el que se ha satanizado la operación de las casas de juego, operan intereses políticos no tan encubiertos ni tan nuevos. Basta ver de qué lado del espectro político han procedido los más viscerales ataques y diatribas moralistas para comprender quiénes y de qué manera serán los beneficiados de esta pretendida cruzada por la decencia cívica y la protección ciudadana.

La cruzada contra los casinos ha tenido dos etapas, en ambas el papel de El Diario de Hoy ha sido más que protagónico. En la primera de ellas, los reportajes del matutino "demostraron", por un lado, que las casas de juego constituían un posible foco de infección para los valores y creencias de la sociedad salvadoreña y, por otro, que sus propietarios estaban ligados con actividades tan diversas como el narcotráfico y el terrorismo. Así, si en un primer momento los casinos per se representaban un peligro potencial para la salud moral del pueblo, el que sus dueños habitaran la ilegalidad hizo que de lo posiblemente pernicioso se pasara a lo seguramente dañino.

Había que tomar, pues, las medidas del caso y buscar a los responsables de que tales antros se hubieran instalado con comodidad en suelo salvadoreño. Como era de esperar, los ojos de la opinión pública se volvieron principalmente hacia los alcaldes en cuyos municipios operaban los casinos. El Diario de Hoy facilitó la tarea culpabilizadora y se centró en el alcalde de San Salvador, Héctor Silva. Según el matutino y los partidos de derecha, la culpa de Silva era doble: por acción y por omisión. El alcalde no sólo había permitido que su Concejo otorgara los permisos pertinentes para la operación de los casinos, sino que, además, no se había preocupado por investigar los antecedentes criminales de los dueños de éstos.

¿Qué hacer ante eso? Silva propuso que fueran los capitalinos los que decidieran sobre la cuestión a través de la realización de un plebiscito. Los resultados de éste definirían si la alcaldía podría o no continuar otorgando permisos para el establecimiento de este tipo de negocios. De inmediato, ARENA y los editorialistas de El Diario de Hoy (de los que nunca hay que excluir a la plana de periodistas) arremetieron contra la propuesta calificándola de populista, electorera e inútil. Sin embargo, la estocada final al plebiscito la dio la Asamblea Legislativa, al reformar el Artículo cuatro (inciso 24) del Código Municipal. Con la reforma las alcaldías perdieron la potestad de normar la instalación de nuevas salsas de juego y renovar el permiso a las ya existentes y, en consecuencia, la realización del plebiscito perdió sentido (al menos en lo referente a una de sus preguntas).

Pero a El Diario de Hoy no le bastó con sugerir cierta complicidad —cierto arreglo— del Concejo de la Alcaldía de San Salvador con los dueños de los casinos y crucificar a Silva como principal responsable del establecimiento del imperio del mal. Tres días después de que la Asamblea reformara el Código Municipal, los periodistas del matutino, basándose en la posesión de un documento de la Alcaldía, "descubrían" que el plebiscito se podría haber prestado a la manipulación, con lo que sus resultados se habrían inclinado a favor de los intereses de los dueños de los casinos.

Iniciaba así la segunda etapa de la cruzada político-moral contra los casinos (y contra Silva). En ella, el mal no sólo se limitaba a los dueños de los casinos y a la supuesta alcahuetería del alcalde capitalino, sino que también extendía sus tentáculos al mecanismo de participación ciudadana propuesto por este último para dirimir la problemática. Los supuestos de los periodistas que deslegitimaron el plebiscito eran, fundamentalmente, dos. Por un lado, su credibilidad dependería de que fuera diseñado y llevado a cabo por individuos o grupos allende la alcaldía y, por otro, que ésta tenía intereses ocultos en la operación de los casinos. Cuando leyeron el documento y "descubrieron" que Silva y su equipo serían "la única autoridad en el proceso", concluyeron inexorablemente que el plebiscito carecía de legitimidad.

Obviamente, el ganador de esta cruzada fue ARENA, pues con ella la honestidad de Silva quedó en entredicho y le otorgó a su novel candidato a la alcaldía, Luis Cardenal, las herramientas adecuadas para desprestigiar al que será su principal contendiente en las elecciones municipales del 2000. Ahora bien, los que han salido perdiendo en esta justa moralizadora no son únicamente, como podría parecer, el FMLN y Silva, sino también la ciudadanía en general. La explicación de esto se encuentra en las motivaciones políticas profundas de ARENA para deslegitimar el plebiscito y no sólo en el posible capital electoral que le haya producido el desprestigio de Silva.

Como es públicamente conocido e incluso reconocido por algunos miembros del partido, ARENA le teme al consenso y a la participación de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones. En este sentido, es probable que el partido en el gobierno temiera y se opusiera al plebiscito, no tanto por las simpatías ciudadanas que le otorgase a Silva ni porque de él se siguieran disposiciones contrarias a su rancio conservadurismo moral, sino más bien por el precedente político que podría haber sentado. En el mejor de los casos, la realización del plebiscito pudo haberle mostrado a la ciudadanía un nuevo modo de influir en la formulación de las políticas que afectan su vida diaria. Un modo alternativo a la desacreditada elección periódica de unos gobernantes salidos de partidos en extremo descalificados.

Para un partido acostumbrado al solipsismo político y con cierto gusto por el despotismo, la idea de que la sociedad salvadoreña pasara a exigir, o al menos a ver con buenos ojos, los mecanismos de participación directa en la política no podía ser menos que aterradora. ¿Qué hubiera pasado si el experimento de Silva hubiese tenido éxito y sectores sociales importantes solicitaran que el mecanismo del plebiscito se aplicara también a las decisiones importantes del ejecutivo y el gabinete? En este sentido, ARENA y los grupos que le son cercanos en realidad no temían a los resultados concretos del plebiscito con relación a los casinos, sino más bien al mecanismo en sí mismo. Algo muy distinto es pretender gobernar para los salvadoreños que reconocerles a éstos poder de decisión sobre la manera de gobernar.

Las lecciones que deja la cruzada político-moralista contra los casinos son varias, acá interesa subrayar dos. La primera es que tal cosa como la profesionalización de los medios (con todo el peso ético que ello implica) no pasa de ser —al menos en el caso de El Diario de Hoy— un simple coqueteo y un recurso para la autoalabanza. Como en otros casos, el matutino se ha preocupado más por tomar posición y generar oposición contra que por informar objetiva y mesuradamente a la población sobre lo que acontece. La segunda es que la participación ciudadana en la política, no restringida a las elecciones o manipulada y dirigida por las esferas gubernamentales, dista mucho de ser una realidad operativa; dista mucho de ser algo más que una trillada frase en los vacíos discursos presidenciales.

Discurso inicial de la dirección ejecutiva IIDH (I)

Deseo expresar mi plena satisfacción por la decisión de Juan Méndez al escoger la inauguración del importante seminario "Los derechos humanos de las mujeres: fortaleciendo su promoción y protección internacional", para la transmisión de la dirección del IIDH. Esta no es casualidad, ni coincidencia: es una decisión que ha resultado de un proceso y de un compromiso a continuar fortaleciendo la política de equidad de género y de la protección de derechos humanos de la mujer que iniciara Sonia Picado en 1990 cuando creó el programa especializado de estudios de derechos específicos en razón de género. Ahora, su crecimiento y desarrollo es sostenible y transversal en la áreas del IIDH y, en esta nueva dirección, quiero que penetre y atraviese toda la programación de los próximos cursos interdisciplinarios.

Hoy, al aceptar esta responsabilidad no dudo en recordar al IIDH que ayer crearon Thomas Buergenthal, con el apoyo decisivo de Rodolfo Piza y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al que Rodrigo Carazo y Elizabeth Odio le dieron vida jurídica en Costa Rica. Ese IIDH que es conocido por su rango internacional y por su estirpe académica, nació en una época de muchas sombras para la democracia y de pocas luces para los derechos humanos. Albergado por la sólida democracia de Costa Rica, cuya hospitalidad generosa nos la han demostrado su pacífico pueblo y con creces institucionales nos las han hecho sentir sus sucesivos gobiernos, el IIDH fue testigo de acontecimientos violentos a raíz de las luchas contra los absolutismos ideológicos y las dictaduras. Poco a poco se fue atendiendo las demandas crecientes de un movimiento civil latinoamericano que se empeñó en proponer un pensamiento común capaz de implantar y defender enérgicamente los derechos humanos de cualquier persona.

Ese IIDH trabajó en medio de varios conflictos nacionales cuando cientos de miles de vidas se perdieron en la persecución y en las cárceles como resultado de inútiles forcejeos por imponer las más inexplicables tesis de las insurgencias y de la seguridad nacional. Ahí predicó incansablemente por la validez del voto frente a los desenfrenados fraudes; ahí difundió obsesivamente los medios de la defensa de los pueblos indígenas y de las poblaciones refugiadas y desplazadas frente a la violencia irracional, pero en todo proceso su palabra clave fue, es y será la educación. Y es que el fundamento de esa predicación integral es la fuerza inherente a cada persona de sus derechos humanos frente al Estado, por cuanto es esa la ruta principal que nos conduce hacia la democracia.

Esa apuesta por la educación no podía ni pretendía producir un cambio inmediato hacia una vida más democrática, ni en la protección efectiva de la dignidad humana. Esa orientación a educar fue el camino cierto y seguro al generar, desde hace quince años, una multiplicidad creciente de encuentros interamericanos y de esfuerzos nacionales de concertación. Y lo hizo en varios países de América, entre los sectores en conflicto, a modo de robustecer la conciencia de la libertad y elevar la fuerza de la dignidad y la energía de los derechos principales de la persona humana.

Actualmente al IIDH se le siente cercano de las instituciones públicas y de la sociedad civil porque ha sido un espacio activo de tolerancia y de entendimiento y porque es un instrumento abierto al diálogo. Ha sido punto de referencia, punto de encuentro y punto de partida de varias posiciones y consensos interamericanos ante la Cumbre de Viena de Derechos Humanos y la Cumbre de la Mujer en Beijing. Ha actuado como puente político y enlace técnico de la Federación Iberoamericana de Defensores y Procuradores, como de la Asociación Interamericana de Organismos Electorales y de la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno de la Américas. Esa misma vida y evolución internacional se han reflejado en nuestra convicción de que los derechos humanos se van transformando y con entidad propia y fuerza moral, los derechos humanos de la mujer se convirtieron en la herramienta más eficaz en transversalizar a la educación en derechos humanos que practica el IIDH.

Por ello, el IIDH es hoy una entidad que ha demostrado el valor que tiene la educación en el desarrollo democrático: subrayar esa unidad consustancial será nuestra tarea primordial; subrayar esa ideología ante las nuevas generaciones del siglo XXI será nuestro deber ineludible. Pero esa percepción de la educación no es solo, ni lo es de modo principal, el único género de la conocida naturaleza educativa del IIDH.

Una visión actual de la juventud a la luz de la realidad de los derechos humanos exige a la educación democrática una nueva disposición para la transmisión de sus derechos en la escuela y de la práctica de sus derechos en la vida diaria. Pero esa realidad, la de los jóvenes excluidos, especialmente de los niños de la calle y de las niñas que habitan en los cordones de miseria, de los jóvenes discapacitados y de las niñas indígenas, y de aquella juventud en pleno que es víctima del relegamiento y de una violencia tal vez menos visible, pero igualmente implacable, demanda de la sociedad civil el respaldo y las respuestas para la acción transformadora del mensaje en derechos humanos.

Al menos, al darle contenido a conceptos como "dignidad humana" o "desarrollo libre de la personalidad", la educación en derechos humanos debe ser compatible con la realidad social. Debe convertirse en el estudio de las dimensiones de la corrupción entre la niñez y la adolescencia, y es preciso unir la educación básica a otros retos palpitantes como el auge delincuencial que padecen algunas regionales latinoamericanas. Es imperiosa la necesidad de alentar con más fuerza el diálogo crítico a la preocupación juvenil por el deterioro del medio ambiente y la depredación criminal de los recursos naturales. Y es que la niñez y la juventud perciben que nuestro mundo es parcialmente absurdo; que la verdadera realidad no está en la retórica que gastamos en los currículos; que detrás de la institucionalidad democrática persiste la inexplicable ecuación de la pobreza.

En tal sentido, la educación en derechos humanos debe confiarse en principios de libertad, de diálogo y de organización civil; es decir, en la participación creativa y responsable de la niñez y la adolescencia para que se sostengan nuestras democracias del siglo XXI. Sin embargo, el concepto de libertad entraña lineamientos de responsabilidad ejemplar: desde pequeños debemos acostumbrar a la juventud a que aprecien a los funcionarios públicos que rinden cuentas públicas de las tareas públicas. Solo así comprenderán que los derechos humanos entrañan responsabilidades humanas.

He aceptado esta dirección con muy resueltas intenciones y convencido de que los derechos humanos y el desarrollo democrático es siempre un desafío fenomenal. En primer lugar, asumo con el propósito deliberado de preservarle al IIDH el lugar especial que ha logrado entre el movimiento de derechos humanos en las Américas, cuya afirmación ha sido una de las prioridades en la dirección ejemplar de Juan Méndez.

Pero al lado impulsaré un plan integral con nuestros ex alumnos, que son nuestra principal ventaja, y organizaremos grupos nacionales de referencia que entrelacen y abarquen la misión técnica del IIDH con la promoción activa enfocada hacia tres derechos humanos: la educación, la participación y el acceso a la justicia, en países considerados prioritarios.

Creo que el IIDH ha alcanzado su estatura racional para promover sistemas de "monitoreo continuo y de observación ciudadana". Iniciativas de trabajo interdependiente que tomen el pulso de la realización y de los retrocesos en esos derechos aludidos, a tal forma de colaborar técnicamente, pero a la vez contribuir a encarar los principales retos en las Américas: sociedades que no se hundan en vanas ilusiones ideologizadas y que tengan menos miedo a la libertad; ciudadanos más seguros y que puedan afirmar su yo sin que sean asimilados como meros sujetos de masa; sociedades más tolerantes y que disfruten de justicia pronta y cumplida; sociedades de participación plena y acostumbradas a la rendición de cuentas públicas por medio del control legal, de la libre difusión del pensamiento y de la libertad de expresión. Porque la inseguridad y el terrorismo; la arbitrariedad pública y la lejanía judicial respecto a la gente, y la incidencia de la impunidad son, junto a la discriminación y la violencia privada, las formas más evidentes que hoy configuran las violaciones a los derechos humanos.

Ansío que esta institución de notable linaje académico, a la que he servido por 14 años, sea aún más catalizadora del trabajo en derechos humanos entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Aspiro a que sea prototipo, promotora y abanderada de unas nuevas formas de cooperación racional más cercana a las necesidades de la gente socialmente vulnerable. La descoordinación entre las entidades de promoción y la mera acumulación de programas no garantizan el progreso de las instituciones públicas y civiles en la justicia; en el legislativo; en la seguridad ciudadana y en los sistemas de rendición de cuentas.

Es mi deseo que el IIDH piense en fórmulas de asistencia y de capacitación, más críticas, más innovativas, y que de paso sean plataformas de programas activos que hagan avanzar la educación en derechos humanos: potenciando la capacidad de la sociedad civil —libre y espontánea—, con un Estado menos débil cuya fuerza sea por su presencia en áreas donde más se sienten las insuficiencias democráticas. Esencialmente, que se sienta su peso en la periferia deprimida de nuestras sociedades hasta lograr concitar la humanización de la actividad pública y la solidaridad social hacia los más pobres.

Nuestra misión es continuar garantizando la calidad y la excelencia de nuestros programas y servicios, con la generosa ayuda de la cooperación internacional que ha apoyado desde siempre al IIDH.

Señor Presidente, amigas y amigos:

Faltan ochenta días para llegar al 2000 y maravillosamente siempre estamos aprendiendo a vivir en democracia. Este seminario en derechos de la mujer nos demuestra la inusitada combinación de tendencias que encara el trabajo en derechos humanos: unas sociedades cambiantes que se encaminan al "internacionalismo global", pero que al mismo tiempo se fragmentan y ven ensanchar sus agudas brechas sociales, y es que "la pobreza mata". Unas sociedades en que se siguen vulnerando los derechos humanos de la mayoría de mujeres entre las marañas de la discriminación pública y de la violencia privada y en medio de una trivialización inquietante de la doctrina de estos derechos.

La tarea es enorme para hacerla solos. Pero estoy seguro que "los pasos serán nuestro camino y la libertad será el signo de nuestra conducta" y de nuestra terca afirmación por la democracia. Por ello, permítanme invocar la memoria de Oscar Romero, el arzobispo inmolado al pié de su altar. Romero fue quien guió mis primeros pasos en el mundo de los derechos humanos y con su aliento testimonial inicié mi trabajo profesional. En agosto de 1975, creamos el primer servicio de tutela y de ayuda legal para asistir a los pobres y a las víctimas de la injusticia en El Salvador. Su ejemplo es mi mejor orientación para conocer las nuevas rutas de la promoción humana y es la inspiración permanente para ser más sensible a las necesidades de la gente.

Y quiero pensar, como Romero en su hora suprema, que es "la realidad más real" la que merece la atención de los derechos humanos, y no al revés. Quiero decir que esa realidad la determinan el carácter de las violaciones y sus víctimas, porque no hay trabajo ingenuo e inocente en derechos humanos. Pero quiero abrigar la firme esperanza de que el IIDH continúe entendiendo el clamor de la gente inmersa en esa realidad descomunal para hacerles creíbles los derechos humanos y la democracia. Y estos no se tornan creíbles sino pasamos de la prédica a la promoción activa, con actos ciertos y de respaldo legítimo a quienes en las instituciones públicas y en las organizaciones civiles están anteponiendo su vida y su prestigio por reservarle un espacio a los derechos humanos.

No merecería dirigir el IIDH si no tuviera la esperanza de que hay siempre nuevas oportunidades para los derechos humanos, "ahí donde y de verdad, al decir de Gabriel García Márquez, las estirpes condenadas a más de cien años de soledad tengan por fin una segunda oportunidad sobre la tierra".

CUMBRE. La XX Cumbre de Presidentes de Centroamérica, República Dominicana y el Primer Ministro de Belice, realizada en Guatemala, finalizó el 19.10 y tuvo como objetivo principal discutir la vulnerabilidad de la región ante los desastres naturales. Una de las solicitudes planteadas en el evento fue que la ayuda prometida por la comunidad internacional llegue con mayor rapidez, para lograr la disminución de desastres y hacer efectivos los planes de prevención. En el discurso inaugural, el mandatario de Guatemala, Alvaro Arzú, expresó que la región ha emprendido esfuerzos de inversión social y productiva para mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones y para enfrentar las exigencias internacionales de la modernidad, pero que los últimos desastres naturales impiden llevarlos a cabo. El presidente de El Salvador, Francisco Flores, por su parte, planteó tres propuestas. La primera, montar mecanismos de defensa contra las injusticias de las prácticas de comercio desleales. La segunda, hacer de Centroamérica un centro de manejo de carga, por estar ubicada entre dos grandes mercados, el del norte y el del sur. Finalmente, Flores planteó la necesidad de llevar a cabo una correcta supervisión de las transacciones financieras, las cuales, según dijo, están muy relacionadas entre los países de la región (LPG 19.10 p. 4).

ACUERDOS. Durante la XX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, los gobiernos de Chile, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua acordaron, por medio de sus ministros de relaciones exteriores, iniciar un diálogo permanente sobre coordinación en materia política y cuestiones internacionales de especial interés para los organismos financieros, entre otros. De igual forma, acordaron adoptar un plan para la reducción de la vulnerabilidad y desastres de la región, y pidieron a la comunidad internacional el apoyo financiero necesario para la reconstrucción y desarrollo. Asimismo, establecieron acciones coordinadas en los foros económicos internacionales, tendientes a mejorar el nivel de acceso de productos en los grandes mercados internacionales y que contribuyan al proceso de integración de América Latina y el caribe. El ministro del Interior salvadoreño, Mario Acosta Oertel, quien participó en la Cumbre, aseguró que ésta sirvió para proponer acciones coordinadas que ayuden a reducir la vulnerabilidad de la región ante los fenómenos naturales. "En nuestro caso —expresó— depende de la coordinación que debe tenerse regionalmente, pues hay cuencas compartidas con Guatemala y Honduras". A este respecto, sugirió que los países afectados desarrollaran cierta infraestructura en coordinación (LPG 19.10 p. 5 y EDH 20.10 p. 6).

COALICIÓN. El FMLN y la USC, junto al movimiento Iniciativa Ciudadana, han reiterado la coalición para apoyar al edil de San Salvador, Héctor Silva, como competidor a la alcaldía capitalina. "Venimos a decirles lo que siempre hemos dicho... vamos a colaborar para que Héctor Silva continúe al frente de la Alcaldía de San Salvador", expresó el secretario general de la USC, Abraham Rodríguez. Sin embargo, el Centro Democrático Unido (CDU), que en un principio participaría en la alianza, se ha retractado. El CDU explicó las razones para retirarse de la contienda a través de un comunicado de prensa. Uno de sus argumentos fue haber encontrado una "posición rígida e ideologizada en un sector del Frente". El coordinador general del FMLN, Fabio Castillo, desmintió esta afirmación. "Nos parece incomprensible. La candidatura ha sido apoyada unánimemente por toda la militancia del país", aclaró. Pese a la deserción del CDU, Silva se siente satisfecho con la alianza, pues cuenta con los votos de una pluralidad política. "Yo lamento la decisión [del CDU]. Creo que cometieron un error, pero están en su derecho", sentenció el alcalde. Asimismo, Silva aseguró no sentirse amenazado por Luis Cardenal, su competidor por ARENA, y dijo que en los próximos debates destacará la labor realizada en los tres años al frente de la Alcaldía (EDH 16.10 p. 10).

DEMANDA. El FMLN demandó, el 14.10, al partido ARENA por considerar que violó la ley electoral, cuyo artículo 230 prohibe a los partidos políticos hacer propaganda antes del tiempo establecido. Fabio Castillo, coordinador general del Frente, presentó el escrito ante al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y es que ARENA publicó, el 10 y 12 de octubre, un campo pagado en el que anunciaba la nominación de Luis Cardenal como candidato a alcalde capitalino. La Constitución de la República establece que la propaganda electoral para Concejos Municipales inicia un mes antes de las elecciones. El FMLN considera que ARENA induce al voto cuando en la publicidad se expresa que Cardenal "es el futuro alcalde de San Salvador". Un día después, Cardenal se defendió de las acusaciones, "indignado y sorprendido" por la demanda. "Esto me da una gran molestia, porque siempre he sido respetuoso de la ley", expresó. Aclaró que no va a suspender sus mensajes. "Lo que yo he estado tratando de hacer es que la gente conozca lo que pienso, con respecto a los problemas que afectan a la ciudadanía", afirmó Cardenal. Asimismo, acusa a Silva de estar utilizando la campaña institucional de la comuna para promocionarse. Argumentó como defensa que Silva utiliza fondos del Estado para hacer campaña, mientras que él utiliza los de su partido (EDH 15.10 p. 8 y 16.10 p. 12).

ARENA. Una demanda contra el alcalde capitalino, Héctor Silva, presentó el representante legal de ARENA, Gerardo Suvillaga. Ésta se presentó, el 20.10, argumentando que Silva ha actuado en contra del Código Electoral al incitar a su favor al votante, en anuncios publicados por un periódico local, cuyo lema es "San Salvador, un proyecto que debe continuar". Para apuntalar su demanda, ARENA mencionó una entrevista a Silva en la que el edil acepta que el lema es parte de una campaña para su reelección a la comuna. En ese sentido, ARENA asegura que Silva gastará fondos públicos para su campaña proselitista y que ésta la ha iniciado antes del tiempo reglamentario. Suvillaga solicitó que la multa a pagar por el alcalde sea de 50 mil colones. Pese a que esta demanda se da justo después de que el FMLN entabló dos contra el candidato a alcalde por ARENA, Luis Cardenal, Suvillaga aclaró que no es un contraataque hacia el partido de izquierda. "No habíamos puesto antes la demanda porque teníamos algunos atrasos", argumentó. La primera demanda del FMLN contra ARENA fue por hacer proselitismo antes de tiempo; la segunda, interpuesta el 20.10, fue por la supuesta utilización de recursos del Estado. Dirigentes de izquierda han afirmado que ARENA usó, el 12.10, vehículos nacionales para hacer propaganda política (EDH 21.10 p. 14).

CASINOS. Los diputados de la Asamblea Legislativa prohibieron, el 14.10, la instalación de más casinos en el país. Igualmente, restaron a las alcaldías la facultad para renovar permisos de operación, por lo que aquellos ya existentes desaparecerán. La decisión unánime de los diputados permitió avalar la modificación del Artículo cuatro (inciso 24) del Código Municipal. Ahora, los Concejos sólo podrán autorizar y regular el funcionamiento de loterías, rifas y otros similares. Según los legisladores, los casinos que ya operan cuentan con un año como plazo para continuar funcionando. De esta manera, el plebiscito programado por el alcalde capitalino, Héctor Silva, ya no tendría razón de ser. Al respecto, Juan Córdova, representante legal del "Crown Group", corporación que respalda al Casino Colonial, afirmó que el permiso que ellos tienen es por "tiempo indefinido". Esto podría provocar que la medida tomada por los congresistas, lejos de erradicar el problema de las casas de juego, cree un oligopolio. "Esta no es una medida jurídica, sino política", afirmó Córdova. Explicó que, por lo general, los permisos se extienden por cinco años. No descartó la idea de recurrir a la Corte Suprema para interponer un recurso de amparo. Walter Araujo ya presentía esta reacción: "Ojalá que el acto que vamos a asumir no lo tire atrás la Corte Suprema de Justicia" (EDH 15.10 p. 3).

CARDENAL. Durante una entrevista, realizada por un periódico matutino, el 19.10, el candidato a alcalde por ARENA, Luis Cardenal, arremetió contra la operación de casinos en el país. Para él, el alcalde capitalino, Héctor Silva, trata de engañar a la población. Parte de esta acusación estaría centrada en el intento de Silva por hacer un plebiscito en el que preguntaría a los capitalinos si aceptaban o no la operación de los casinos en el país. Cardenal opina que tras la consulta permanece oculto el deseo de promoción política. Considera que Silva quiere hacer creer que hay una gran apertura y participación, pero tras ello se pretende utilizar recursos del Estado para manejar activistas, probar su maquinaria electoral y "mapear" mejor a los electores de San Salvador. Sobre los casinos, al candidato arenero tiene una posición clara: está en contra y desearía investigar a sus propietarios. Cardenal opina que El Salvador no está listo para tener este tipo de negocios. "Estas actividades mandan mensajes a la gente con problemas económicos que la vida es cuestión de suerte, que el dinero fácil es posible, o que se pueden tomar riesgos sin pagar las consecuencias", opinó. Para Cardenal, Silva no hizo lo correcto al aprobar la operación de los casinos y valoró que el actual alcalde no es la persona idónea para seguir dirigiendo la ciudad de San Salvador (EDH 20.10 p. 22 y 23).

EXTRADICIÓN. La embajadora estadounidense, Anne Patterson, y cuatro representantes del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General de Estados Unidos llegaron, el 20.10, a recordar a los diputados de la Asamblea Legislativa el interés que tiene su país en firmar un tratado de extradición con El Salvador. Patterson explicó que los políticos de EE.UU. están presionando al Departamento de Estado para agilizar la firma del tratado. La embajadora detalló que están interesados en procesar todo tipo de fallas y evitar que salvadoreños delincuentes en Estados Unidos estén impunes en El Salvador. Estados Unidos sugiere a El Salvador ratificar la reforma al artículo 28 de la Constitución de la República para permitir la extradición. Con ello se permitirá que la medida sea regulada de acuerdo a los tratados internacionales. Según Patterson, en El Salvador existen unos 200 salvadoreños acusados de delitos comunes por la justicia estadounidense, que deben ser procesados en aquel país. El diputado del FMLN, Eugenio Chicas, cuyo partido se ha opuesto a la firma del tratado de extradición, dijo que el documento debe tener "reciprocidad" y que su vigencia no debe ser retroactiva. Sin embargo, Chicas aseguró que se ha dado "un mensaje claro para que se llegue a la mayor brevedad a un acuerdo" sobre extradición con el gobierno norteamericano (LPG 21.10 p. 4 y 5 y EDH 21.10 p. 12).

CDN. La Comisión Nacional de Desarrollo (CDN) presentará, el 21.10, a los tres Órganos del Estado, la propuesta que sintetiza expectativas y aspiraciones ciudadanas recogidas durante la consulta Bases para el Plan de Nación. Después de 29 meses de trabajo, en el que se han involucrado más de ocho mil ciudadanos, 220 especialistas y 34 instituciones de soporte, los integrantes de la CND han elaborado una propuesta que contiene el enfoque, los ejes, las regiones y los instrumentos que permitirían, en corto plazo, dar respuesta a los principales problemas definidos por la ciudadanía durante la consulta realizada en los 14 departamentos del país. La Comisión determinó que los problemas son tan grandes y complejos que la gente no tiene tiempo para esperar respuestas a largo plazo. Por esta razón, la propuesta busca combinar acciones de corto plazo que garanticen a los ciudadanos que se responde a sus prioridades con acciones de largo plazo. La Consulta territorial reflejó que los problemas más priorizados por los salvadoreños son: desempleo; pobreza, marginación e incomunicación; delincuencia e inseguridad; inadecuado sistema educativo; estancamiento de la producción agropecuaria; concentración de poder y pérdida de recursos naturales (LPG 21.10 p. 20 y 22).