Año 20

número 876

octubre 27

1999

ISSN 0259-9864

 

Editorial "Esas cosas" háganlas ustedes

Política Perdiendo ARENA

Economía AFP Profuturo: debilidades del manejo privado de las pensiones

Sociedad Atropellando la legalidad

Regional Las prioridades del desarrollo de Centroamérica

Derechos Humanos Discurso inicial de la dirección ejecutiva IIDH (II)

Noticias

El presidente Flores no se comprometió con las tareas derivadas del plan de nación, elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo, sino que trasladó la responsabilidad a la ciudadanía, más exactamente a los individuos. No podía ser de otra manera. Flores apoya, pero no asume, las tareas propuestas como prioritarias. Y no puede ser de otra forma, porque si las asumiera tendría que prescindir de su propio plan de gobierno —si es que en realidad cuenta con alguno— o reconocer que el que le proponen es mejor que el suyo, lo cual sería ir demasiado lejos. Por el otro lado, no apoyar el trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo equivaldría a desautorizarlo, cosa que tampoco le resulta conveniente en este momento. Flores sabe que en la elaboración de ese plan de nación ha participado mucha gente, que ha despertado muchas expectativas y que tiene más respaldo que el suyo, el cual apenas sería conocido por unos cuantos iniciados.

Las preguntas que Flores se hace sobre las expectativas despertadas por el plan de nación, la identidad nacional, la valentía ante las crisis, la capacidad para reconstruir la vida destrozada por las catástrofes naturales, el inmediatismo y el escepticismo no lo conducen a nada serio. Es un recurso ya utilizado en el primer discurso de la toma de posesión. Las reflexiones del Presidente no van muy lejos, puesto que ese conjunto de cuestiones las explica por la frecuencia de las catástrofes naturales, ocurridas en este siglo. Flores no se cuestiona por qué esas catástrofes son tan devastadoras y mortales, sobre todo para la población más pobre; no tiene claridad sobre el origen natural y social de dichas catástrofes, y pasa por alto la fuerza que impulsa a la población a luchar para sobrevivir. Todo esto le parece un fenómeno completamente natural, sin atisbar la complejidad de la realidad humana, social e histórica.

Perdiendo ARENA

La renuncia masiva de la directiva municipal de Chalchuapa (Santa Ana) es sólo el último eslabón de una cadena de acontecimientos que nuevamente ha venido a poner de manifiesto la tendencia autoritaria del partido en el gobierno. A esa cadena hay que sumar el bochornoso incidente que correligionarios areneros de Soyapango protagonizaron el sábado pasado frente a la sede de su partido, las revueltas que semanas atrás simpatizantes de ARENA llevaron a cabo en San Miguel y la fuga recurrente de alcaldes areneros al PCN, entre otros hechos. Todos los casos tienen un denominador común: se trata de protestas contra una cúpula partidaria que, al sentir de los seguidores del partido, los burla y los ignora.

Y es que el COENA, soslayando tranquilamente el clamor popular, ha vuelto a decidir a dedo quienes serán y quienes no los candidatos a alcaldes y diputados en los próximos comicios. De nada ha servido que las bases avalen unánimemente ciertas opciones de su predilección. En la mayor parte de los casos, esas figuras que las mayorías del partido prefieren ni siquiera han figurado en las listas de precandidatos Fue esto lo que motivó la revuelta de los correligionarios soyapanecos, quienes no sólo mantuvieron a la dirigencia sitiada por más de dos horas y aseguraron airados que no votarán por ARENA "aunque pierda" la alcaldía de su municipio, sino que, además, finalizaron el pequeño mitin cantando la legendaria consigna asociada a la izquierda "el pueblo unido jamás será vencido".

Tienen, pues, las bases areneras sobrados motivos para estar indignados. El desajuste entre el discurso y la práctica política de ARENA es indudable. En diversas oportunidades, altos funcionarios de ese partido han hablado en pro de la participación ciudadana, de la necesidad de escuchar y tomar en cuenta la opinión de la gente, del deseo de inaugurar una "nueva forma de política" —recuérdese la gira por el interior del país, en busca del diálogo directo con los salvadoreños, que realizara Francisco Flores antes de elaborar el plan de gobierno con el que se lanzaría a las elecciones presidenciales. Pero lo cierto es que el partido oficial continúa resistiéndose a llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias. Y eso no consigue más que hacer de ese discurso pura demagogia electorera.

La reciente pugna interna por la alcaldía de Soyapango ilustra a la perfección la clásica actitud de la dirigencia arenera. Lo primero fue reprimir la exaltación de ánimos. Ante el urgente llamado de los, sin duda temerosos, miembros del COENA, los antimotines acudieron prestos a disolver, apunta de gas lacrimógeno e intimidación psicológica, la candente manifestación. Lo segundo fue mostrar abierta hostilidad contra los manifestantes y afirmarse en su postura autoritaria. Walter Araujo dio a conocer sus intenciones de expulsar del partido a quienes dieron inicio a los disturbios. El diputado Norman Quijano recordó, sin ningún tipo de pudor, que "las decisiones del partido emanan de manera verticalista", por lo que recomendó a los inconformes "cambiarse de partido, porque están alejados de su línea".

Otra reacción —típica de los dirigentes de ARENA en situaciones que los comprometen— fue asegurar que lo que participaron en los disturbios no pertenecían realmente al partido, sino que eran "infiltrados" de otros institutos políticos que deseaban enturbiar al suyo. Un arenero "nunca" entonaría una consigna izquierdista, enfatizaron los dignatarios. Por otra parte, Oscar Santamaría desmintió las declaraciones de Araujo —sin que, por supuesto, ello sea garantía de que los "revoltosos" no vayan a ser expulsados del partido—, pero aclaró que el COENA "difícilmente cambiará de opinión" con respecto a quién debe ser el candidato a alcalde por Soyapango.

Tanto en este como en el caso de Chalchuapa —en donde la directiva municipal ha denunciado la imposición arbitraria del sobrino del presidente de la Asamblea Legislativa Juan Duch (que no llega ni siquiera a los 25 años de edad ni posee el respaldo de las bases del partido) como candidato a la alcaldía—, que son sólo los más recientes, se ha evidenciado otra vez que en ARENA sigue prevaleciendo el verticalismo sobre el supuesto interés de apertura democrática. Es obvio que al pequeño círculo de privilegiados que en el partido oficial tiene poder de decisión no le interesa en lo absoluto expandirse y ni siquiera considera sinceramente la posibilidad de tomar en serio la voluntad de las bases.

Eso no puede menos que deslegitimar a ARENA como fuerza promotora de la consolidación democrática en el país. Se ve claro que los dirigentes del partido están convencidos de ser los dueños de la verdad y de saber a ciencia cierta qué es lo que conviene a los salvadoreños. Cuando Santamaría, en relación al caso comentado, asegura que lo que se hará "será lo mejor para Soyapango" no está sino revelando esa actitud caudillista en virtud de la cual se ampara el oportunismo político para poner a funcionar las estructuras del Estado a favor de unos cuantos. Que un par de "líderes" se atribuya el conocimiento indubitable de lo bueno y de lo malo es la cuna de todo centralismo y de todo modo autoritario de gobernar.

Según parece, la dirigencia arenera ha confundido democracia con pluralidad de partidos. Cree que es suficiente con tener que habérselas con el FMLN en la Asamblea como para verse obligado a aceptar, además, brotes insurgentes en su interior. Habría que recordarle a los miembros del COENA que lo decisivo de un régimen democrático, lo que hace que una democracia sea tal, es que los partidos —que están hechos para representar a los intereses de un sector— respeten la voluntad de las bases. De nada sirve que existan muchos partidos si su haber político va estar regido por lo que piense un grupo reducido de cabecillas prepotentes e intolerantes, capaz incluso de expulsar a sus simpatizantes si no están de acuerdo con sus decisiones.

Es cierto que ARENA ha estado tratando de abrirse a sectores amplios de la población, más allá de la clase media, en donde el partido conseguía su "voto duro", o de la gente pobre que salía a votar influenciada por la publicidad electoral o incentivada de forma ilícita. El problema es que quienes están a la cabeza del partido no tienen la mínima disposición de ser consecuentes con esa apertura. En pocas palabras, quieren más votos pero no más voces; y mucho menos si esas voces son críticas, propositivas y contestatarias. El caso de los correligionarios soyapanecos vuelve a ser ejemplar; miembros del COENA expresaron, ante las amenazas de no apoyar al partido en la contienda, no temer la fuga de votos. Prefieren perder el apoyo de la ciudadanía que ceder o negociar con ella una salida a las diferencias.

En definitiva, pese a lo preocupante que resulta el hecho de que un partido antidemocrático como ARENA sea el que dirige los destinos del país, al menos una conclusión alentadora puede extraerse de estos recientes acontecimientos: que la conciencia política y el espíritu democrático de las mayorías va en aumento, hasta el grado de desbordar la misma estructura partidaria. No es cierto, pues, que, como lo afirma la cúpula arenera, no esté pasando nada. Pero tampoco lo es, como lo piensan con el deseo algunos analistas, que ARENA se esté desmoronando. Mientras posea el control del ejecutivo, el partido oficial seguirá siendo fuerte. No obstante, el autoritarismo empieza a darle problemas que se le escapan de las manos. Es este un buen momento para que las opciones de centro salgan de su inercia, pues la fuga de votos en perjuicio de ARENA será un hecho.

AFP Profuturo: debilidades del manejo privado de las pensiones

El nuevo Sistema de Pensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) fueron catalogados por sus apologistas como uno de los mejores pasos en el camino de las reformas estructurales. Entre sus bondades se señalaban la reducción de la carga financiera para el Estado, la posibilidad de que los trabajadores pudieran acceder a pensiones de mayor cuantía a las ofrecidas hasta ahora y la mayor disponibilidad de fondos para financiar proyectos de inversión con la colocación de los fondos de las AFP’s en la bolsa de valores.

Sin embargo, como en los casos de la privatización de empresas de servicios públicos o del sistema financiero, los beneficios generados son dudosos. En primer lugar, aunque podría afirmarse que se han eliminado los gastos de mantenimiento del antiguo sistema de pensiones, tampoco puede olvidarse que el Estado debe traspasar las cotizaciones de todos los afiliados a las AFP’s, lo cual implica la erogación de sumas millonarias. En segundo lugar, aún no se conocen cuáles serán en realidad los montos de las pensiones que podría ofrecer el nuevo sistema, pero es obvio que éstos dependerán de las sumas que se coticen a las AFP’s, por lo cual los trabajadores con bajos ingresos deberán esperar pensiones igualmente bajas. Finalmente, los mismos personeros de las AFP’s admiten que no existen suficientes opciones de inversión a largo plazo en el mercado de valores y, de hecho, la creación de esas instituciones no implicó ningún impacto sobre las bajas tasas de inversión y crecimiento económico observadas en los últimos cuatro años.

Un nuevo dato relacionado con las AFP’s muestra, además, que existe la posibilidad de quiebra de estas empresas, con todo y las elevadas comisiones por servicio que cobran a los trabajadores. De acuerdo al superintendente del Sistema de Pensiones, Carlos Funes, desde agosto pasado la AFP Profuturo —una de las cinco que operan en el país— presentaba deficiencias en su patrimonio mínimo, por lo cual se le instó a solventarlas antes del próximo 30 de noviembre. Según la misma fuente, se había exigido a Profuturo un incremento de 7 millones de colones en su capital, de los cuales un 25% debía de aportarse de inmediato. De acuerdo al Superintendente, hasta que no se incremente el capital puede considerarse a Profuturo en situación de "quiebra técnica".

Esta sería ya la segunda ocasión en que la misma institución de ahorro de pensiones enfrenta problemas de deficiencias patrimoniales. En mayo pasado también se le requirió un incremento de capital de 5 millones de colones que fueron subsanados en el mes de junio. Paradójicamente, el mismo Superintendente señala que Profuturo es la AFP que presenta mayor rendimiento de traspasos de cotizantes; es decir, que recibe más de los que pierde. Así, mientras su rendimiento es de 500 cotizantes, el de otras AFP’s es menor e incluso negativo, lo cual indica que están perdiendo afiliados.

Frente a este panorama, el Presidente de Profuturo, Ricardo Perdomo, sostiene que la empresa no se encuentra en quiebra técnica, sino en una situación temporal de deficiencia patrimonial que, a su juicio, podría ser subsanada con sólo recuperar "otras cuentas y documentos por pagar". Según Perdomo, el Superintendente habría cometido un error con las cifras y, por tanto, "es solo una cuestión de que la Superintendencia nos autorice una modificación del pacto social para que todo esté en orden". Agregó, empero, que ha convenido con la Superintendencia de Pensiones (SP) un plan de pagos para los 7 millones de incremento de capital, a saber: 1.8 millones en octubre, 3 millones el 30 de noviembre y 2.2 millones el 31 de diciembre.

Desde la óptica de Perdomo, Profuturo estaría siendo víctima del "favoritismo" de la SP hacia las AFP’s más grandes y de la competencia desleal. Como prueba de esto último señaló que, desde mayo pasado, esperan la transferencia de 1,500 nuevos afiliados que no han efectuado su cambio a la institución debido a que las AFP’s de donde provienen no han proporcionado la acreditación de sus cotizaciones a la SP, ni ésta les exige que lo hagan. Perdomo estimó que Profuturo está dejando de percibir cerca de 500,000 colones mensuales por ese retraso.

La situación de la institución es extraña no sólo porque las AFP’s cobran elevadas comisiones (mayores que lo que el trabajador aporta para su propio fondo de retiros), sino también porque todas ellas muestran indicadores positivos como incremento en su número de cotizantes y en el monto de depósitos manejados. En lo que respecta a las comisiones, para el presente año, los trabajadores aportan a las AFP’s un máximo de 3.25% de su salario y sólo un 2% para su fondo de pensiones. En el inicio del nuevo sistema, se cotizaba un 3.5% en concepto de comisiones y apenas un 1% para el fondo de pensiones.

Por otra parte, de acuerdo a datos de la SP, desde noviembre de 1998 hasta julio de 1999, el número de afiliados a Profuturo pasó de 20,200 a 26,700 personas, mientras que, durante el mismo período, su monto de fondos manejados pasó de 9.8 a 22.7 millones de colones. Adicionalmente, los índices de rentabilidad del fondo de pensiones de los trabajadores afiliados a ella muestran niveles de 10.96% para el mes de julio de 1999.

Estos datos sugieren que Profuturo debería estar en condiciones de cumplir rápidamente con cualquier exigencia de incrementar su fondo patrimonial, pues percibe mayores comisiones por el incremento de su número de afiliados. Sin embargo, en la práctica, no lo ha podido hacer y en dos ocasiones ha sido requerida por la SP a incrementar su patrimonio. Con todo, los fondos de los cotizantes no parecen correr peligro debido a que la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones contempla la separación de los fondos de cotizaciones de los fondos patrimoniales de las AFP’s; ello, sin embargo, no disipa las interrogantes sobre las causas de su aparente "quiebra técnica", que claramente parece estar más relacionada con una mala administración de las comisiones y con una fuga de cotizantes.

Al tocar el tema del Sistema de Ahorro de Pensiones es necesario abordar el tema del monto de las pensiones que recibirán los trabajadores. De acuerdo a datos de la SP, los rendimientos de los ahorros de los trabajadores se encuentran rondando el 11%, lo cual es una tasa muy similar a las tasas de interés de depósitos a plazo pagados por el sistema financiero. En algunos casos inclusive pueden encontrarse tasas mayores al 11%. Lo anterior implica que, en la práctica, el trabajador no estaría recibiendo un rendimiento mayor por cotizar a una AFP y prácticamente estaría pagando innecesariamente una comisión de 3.25% de su salario a las Administradoras, ya que éstas no ofrecen mayor rentabilidad que el sistema financiero.

Entonces, aún no queda claro si las cotizaciones de los trabajadores serán suficientes para garantizarles una pensión por encima de la línea de la pobreza o, cuando menos, mayor que las ofrecidas anteriormente por el sistema estatal de pensiones. Al menos en el caso de Chile, y durante sus primeros años de funcionamiento, el nivel de las pensiones ofrecidas por las AFP’s disminuyó notablemente. El caso Profuturo es uno más de los que muestran que empresa privada no es sinónimo de eficiencia y, además, señala que las AFP’s, aunque sean empresas privadas, deben ser sometidas a una estrecha vigilancia del Estado, no sólo de su patrimonio, sino también de los niveles de los rendimientos y pensiones que en el futuro pagarán a los trabajadores.

Atropellando la legalidad

Ya lo había predicho Elizardo González, el diputado de los empresarios de buses en la Asamblea: las reformas a la Ley de Transporte no serán aprobadas el 28 de este mes (tal vez por recato no añadió un "quizá nunca"). Bastó una reunión entre representantes de la Alianza Intergremial de Transporte (AIT) y algunos diputados de ARENA para que la decisión que habían mostrado los legisladores de "poner en cintura" al sector transporte se viniera abajo. El poder de los empresarios de transporte, por enésima vez, se hizo sentir con su peso aplastante. La tarea de ordenar y regular al sector transporte sin atender las alegaciones caprichosas y egoístas de los empresarios volvió a mostrarse como la más pérdida de las causas.

Y esto es paradójico. Pocos gremios o sectores sociales pueden disputarle a los empresarios y motoristas del transporte público el puesto preeminente que ocupan en el desprecio y reprobación de la ciudadanía. Pocos gremios pueden mantenerse tan al margen del cumplimiento de la ley y, a la vez, ser tan influyentes en la formulación y aplicación de ella. Pocos gremios son tan prolíficos en la producción de muertos y logran escabullirse con tal impunidad de las responsabilidades penales correspondientes. En este país, los empresarios y motoristas de transporte público pueden darse el lujo de cargar sobre sí la animadversión casi unánime de la población, retar abiertamente a las autoridades y salirse, la mayoría de las veces, con la suya.

Algunos ingenuos pensaron que el terrible accidente del 11 de octubre, en el que murieron 38 pasajeros y más de 50 resultaron con heridas de consideración, obligaría a que las cosas cambiaran para bien. En la tragedia del Tomayate se juntaron con un saldo mortal excepcionalmente alto las anomalías que constituyen la norma en los accidentes del transporte público: el autobús corría a excesiva velocidad; sobrepasaba imprudentemente; la unidad era obsoleta y estaba en pésimo estado de mantenimiento y, todavía hasta la fecha, no se ha aclarado quién y en qué medida deberá responder económica y penalmente por los heridos y los que perecieron en el accidente.

Inmediatamente después, pero tarde como siempre, las autoridades del Viceministerio de Transporte anunciaron que aplicarían las medidas necesarias para prevenir nuevas tragedias, entre ellas: llevar a cabo un plan de revisión de las unidades de transporte (en los siguientes días se decomisaron un poco más de 600 autobuses y microbuses por desperfectos mecánicos de diversa índole) y anular la prórroga que desde hace dos años mantiene congelada la aplicación del seguro obligatorio para daños a terceros. Además, el viceministro del ramo, Julio Valdivieso, clamó porque la Asamblea Legislativa le proporcionara las armas legales necesarias para poner en orden a los transportistas públicos (convertir en delito la conducción temeraria, poner freno al libre comercio de las líneas de transporte y obligar a los empresarios a integrarse en gremios o asociaciones para controlarlos efectivamente, entre otras).

Los diputados, por su parte, no tardaron en emular los golpes en el pecho y elevaron en conjunto sus voces para protestar contra la arbitrariedad homicida desde la que operan los empresarios de transporte. Tal vez queriendo resarcirse públicamente de su apatía para aprobar las normativas sobre el transporte público que por años se han venido postergando, la Asamblea Legislativa se lanzó a una fervorosa serie de discusiones sobre las medidas que era perentorio adoptar de cara a la tragedia. El 26, como fruto de estas discusiones, la Comisión de Obras públicas de la Asamblea acordó realizar seis enmiendas a las Ley de Transporte y fijó el 28 como fecha para su aprobación en el pleno.

Estas enmiendas son: (a) la concesión o venta de las líneas de transporte sólo sería potestad del Viceministerio de Transporte y sólo podrían aplicar a ellas los empresarios agremiados en asociaciones; (b) se eliminaría la Comisión Reguladora de Transporte, a través de la cual los empresarios habían podido vetar las reformas a la Ley de Transporte; (c) se ampliarían los alcances del seguro obligatorio para cubrir a todos los afectados por los accidentes independientemente de si se estableciera o no la culpabilidad de alguien; (d) la portación del certificado del seguro obligatorio sería necesaria para circular; (e) el Viceministerio regularía las tarifas de los seguros; y (f) se suspendería definitivamente el permiso de línea a las unidades que hubiesen sufrido un accidente por desperfectos mecánicos.

Hasta ese momento, el gremio de transportistas, desde su cinismo habitual, se había limitado a expresar su pésame por la tragedia, a manifestar su preocupación por la persecución de la que estaba siendo objeto por parte de la PNC y a proponer un mecanismo alternativo a la adopción del seguro obligatorio. Luego de que se hicieran públicas las enmiendas propuestas por la Asamblea, el gremio de transportistas públicos ejercitó su músculo de presión con el resultado ya apuntado. Así, fruto de la reunión entre la AIT y los diputados areneros, el convencimiento sobre la idoneidad de las enmiendas se transformó de súbito en una actitud dubitativa y de consideración hacia los transportistas. Incluso el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Hermes Flores, llegó a declarar que las intenciones para detener las reformas eran sanas y puso en duda la capacidad del Viceministerio de Transporte para regular las tarifas del seguro obligatorio.

El retiro del dictamen de las enmiendas pone en ridículo a muchos y beneficia a pocos. Ridiculiza, principalmente, al pretendido afán moralizador con el que la Asamblea ha orientado su práctica legislativa de los últimos días. Aunque el ejercicio de la incoherencia política y moral es consustancial a los diputados, es difícil explicar el porqué se prohiben los casinos para garantizar el bien común y el bienestar de la ciudadanía y no se utilizan los mismos argumentos para ponerle coto a una actividad más peligrosa e inmediata. ¿Acaso para los diputados es más importante la "buena moral" de los ciudadanos que la protección de su integridad física? ¿Qué razones justifican la condescendencia con una empresa que pone en riesgo la salud de miles de usuarios diariamente?

También pone en ridículo, y no por primera vez, al Viceministerio de Transporte. Éste, de nuevo, se queda solo y sus medidas y exigencias se estrellan contra la arbitrariedad y prepotencia del gremio de transportistas y la complicidad y negligencia de la Asamblea. Finalmente, el retiro del dictamen se burla no sólo del sufrimiento y dolor de las víctimas del accidente del Tomayate, sino también de la frustración que deben experimentar los que se ven obligados a utilizar un servicio caracterizado por el maltrato, la falta de regulaciones mínimas y la total irresponsabilidad.

La coyuntura que se presentó con la tragedia del Tomayate fue importante porque a partir de ella se sentaron las condiciones que habrían permitido desandar el mal camino que se ha tomado en el problema del transporte público. Con lo que se ha visto hasta ahora, nada da pie para afirmar que se vaya a avanzar en algo hacia su solución. Lo único que queda claro es que en nuestro país el cinismo, la hipocresía y el irrespeto hacia la ciudadanía son los "valores" realmente operativos bajo los discursos bien intencionados y las falsas demostraciones de solidaridad. En este sentido, loados sean los empresarios de transporte y los diputados de la Asamblea Legislativa.

Las prioridades del desarrollo de Centroamérica

En un contexto poco alentador, altos representantes de los gobiernos de Centroamérica, Belice y República Dominicana sostuvieron, el pasado 19 de octubre, en Guatemala, su XX reunión ordinaria. El tema a discutir no pudo haber estado más acorde con la crisis que incontables familias viven a causa de las lluvias que han caído sobre la región: la reducción de la vulnerabilidad y la prevención de desastres de toda naturaleza. La reunión tenía como objetivo reflexionar acerca de tres puntos: impulso del llamado "proceso de reconstrucción y transformación" del área, elaboración de políticas de prevención-reparación de daños por desastres y protección de los recursos naturales del área. ¿Hasta qué punto se logró que estos aspectos, sin duda fundamentales para la recomposición regional, confluyeran dentro de un mismo derrotero de desarrollo con pretensiones de autosostenibilidad? Como se verá en las líneas siguientes, la incapacidad de los mandatarios para fijar prioridades, tanto en el ámbito coyuntural como estructural, sigue constituyendo uno de los principales obstáculos para dilucidar el arranque de ese progreso esperado.

Los discursos de los mandatarios que asistieron al cónclave estuvieron llenos de conmovedores recordatorios del sufrimiento que quedó en los corazones y mentes de los centroamericanos tras la catástrofe del "Mitch". No obstante, este punto, central frente a los grandes medios que cubrieron el evento, no parece tener el mismo peso en relación con el amasijo de acuerdos que fueron aprobados por los ejecutivos (14 en total). Paralelamente al texto de la declaración de Guatemala, se aprobó un Marco Estratégico con el cual se pretendía demostrar —ante la población del área y ante el mundo— el empeño puesto por los gobiernos en la preparación de planes a largo plazo tendientes a la mitigación de los desastres. Este documento se extiende en definir con detalle un buen número de acciones que pretenden operativizar esa estrategia de desarrollo que seguirán los gobiernos centroamericanos en adelante.

El problema se presenta al momento de evaluar la viabilidad de las medidas propuestas. A partir de lo expuesto en el capítulo dedicado a las estrategias y planes sectoriales frente a desastres, se puede concluir que los objetivos perseguidos difícilmente llegarán a hacerse realidad en el plazo estipulado por los mandatarios (cinco años a partir del 2000). En primer lugar, porque implican transformaciones cuyo eje no debería reducirse al de los desastres en sí mismos, sino que deberían apoyarse también en la construcción de Estados más equitativos en la distribución de la riqueza nacional. De hecho, las metas específicas que se mencionan para cada sector (salud, alimentación, educación, vivienda, agricultura, entre otros) rebasan en mucho lo que debería ser la mitigación de un desastre y la reducción de la vulnerabilidad; además, éstas no van acompañadas de un discurso que les enmarque dentro de objetivos de desarrollo que correspondan a una evaluación más amplia de los problemas regionales.

En segundo lugar, porque el papel que se le asigna a los Estados en la construcción de este progreso se aleja muy poco de lo que los organismos financieros internacionales, acostumbrados como están a meter sus manos en los asuntos domésticos del Istmo, han venido recomendando para potenciar la globalización de las economías centroamericanas. A grandes rasgos, se espera que el gobierno sea un benefactor en dos sentidos, distintos en función de los sujetos a quienes se dirija: en el caso de los sectores económicos considerados estratégicos, dejándoles la cancha del mercado libre de injerencias estatales molestas; en el de la población en general, ofreciéndoles una fantasía de bonanza social reducida al ofrecimiento de servicios de educación, salud, seguridad, etc. La experiencia de toda una década de ciega afición a este modelo de desarrollo ha demostrado que los beneficios que reciben los primeros no necesariamente van de la mano de los que podrían y deberían obtener los segundos.

Por otra parte, toda posibilidad de que la aplicación de estas políticas de desarrollo sea de provecho para quienes más lo necesitan se difumina al no haber sido colocadas como prioridad por los mandatarios del Istmo. Acompañan a este anhelo de "prosperidad para todos" otros acuerdos que pretenden incitar a los gobiernos a formalizar su papel dentro de la protección del medio ambiente, la agilización de la unificación en materia económica y el fortalecimiento de los sistemas financieros locales. Urge a los mandatarios de la región que esa formalización —aunque sea entendida como la mera elaboración de cuerpos legales que apoyen estos acuerdos— se lleve a cabo casi con la misma celeridad con que se ha planteado la necesidad de protegerse contra los desastres.

Pero los gobiernos no se preocuparon por aclarar los beneficios que estas medidas podrían ofrecer a la población afectada por la vulnerabilidad endógena del área. Mucho menos se encuentra en los documentos de la reunión un enlace entre reformas macroeconómicas-integración económico-comercial-apertura de mercados y necesidad de fortalecer, en todos los aspectos, a la población que se ve afectada por los embates de la naturaleza, aun cuando aquélla incluye a los grandes empresarios agropecuarios e industriales. Asimismo, la extendida preocupación que se pone al tema de la conservación de recursos hidrológicos y la prevención de incendios forestales (que ocupan dos capítulos cada uno dentro del Marco Estratégico aprobado) contrasta con la pretendida priorización que se suponía tendría el tema de la transformación del área para reducir su vulnerabilidad. De hecho, la situación de los asentamientos situados en zonas de alto riesgo (como cuencas hidrográficas o áreas forestales protegidas) es pasada de largo dentro de toda esta propuesta estratégica.

El componente humano de los desastres —el más dramático de todos y al que se le debería poner mayor atención— no fue, en definitiva, presentado como un asunto prioritario para los mandatarios; en su lugar, la necesidad de reducir las pérdidas materiales en las zonas de alto riesgo se presentó como una de las principales metas de la estrategia aprobada en Guatemala. En esta cumbre, pues, se consiguió desviar el sentido que durante todo un año se pretendió dar al proceso de transformación de los países de la región: se le ha limitado a la fórmula presencia de desastre-necesidad de desarrollo, y con ello se ignora que los desastres no son otra cosa que la expresión de debilidades estructurales, cuya ocurrencia e incidencia no es solamente el efecto de caprichos de la naturaleza, sino también producto de descuidos humanos.

Desde esta perspectiva, a la cumbre de Guatemala le faltó incorporar dentro de su "fórmula de desarrollo" una variable fundamental para la comprensión de los problemas regionales: anterior al desastre, anterior a la necesidad de políticas de transformación social, está el hecho de que Centroamérica es una región pobre y con severas deficiencias en lo relacionado a democracia social y económica. Lejos de aceptar esta premisa, los gobiernos del Istmo asumieron que los éxitos obtenidos en la consolidación de la paz, la participación, el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho y el apuntalamiento de un proceso de desarrollo sostenible fueron abruptamente interrumpidos por las adversidades climatológicas; se ignoró, pues, este trasfondo estructural que posibilita la destrucción en grandes dimensiones que sigue a los fenómenos naturales. Ese es el grave error que se cometió al declarar en Guatemala la lucha de los gobiernos en pro de la reconstrucción y la transformación y acaso será, con el tiempo, el obstáculo en el que la región verá detenerse uno de sus más ancestrales anhelos.

Discurso inicial de la dirección ejecutiva IIDH (II)

La tarea es enorme para hacerla solos. Pero estoy seguro que "los pasos serán nuestro camino y la libertad será el signo de nuestra conducta", y de nuestra terca afirmación por la democracia. Por ello, permítanme invocar la memoria de Óscar Romero, el arzobispo inmolado al pie de su altar. Romero fue quien guió mis primeros pasos en el mundo de los derechos humanos y con su aliento testimonial inicié mi trabajo profesional. En agosto de 1975, creamos el primer servicio de tutela y de ayuda legal para asistir a los pobres y a las víctimas de la injusticia en El Salvador. Su ejemplo es mi mejor orientación para conocer las nuevas rutas de la promoción humana y es la inspiración permanente para ser más sensible a las necesidades de la gente.

Y quiero pensar, como Romero en su hora suprema, que es "la realidad más real" la que merece la atención de los derechos humanos, y no al revés. Quiero decir que esa realidad la determinan el carácter de las violaciones y sus víctimas, porque no hay trabajo ingenuo e inocente en derechos humanos. Pero quiero abrigar la firme esperanza de que el IIDH continúe entendiendo el clamor de la gente inmersa en esa realidad descomunal para hacerles creíbles los derechos humanos y la democracia. Y estos no se tornan creíbles sino pasamos de la prédica a la promoción activa, con actos ciertos y de respaldo legítimo a quienes en las instituciones públicas y en las organizaciones civiles están anteponiendo su vida y su prestigio por reservarle un espacio a los derechos humanos.

No merecería dirigir el IIDH si no tuviera la esperanza de que hay siempre nuevas oportunidades para los derechos humanos, "ahí donde y de verdad —al decir de Gabriel García Márquez— las estirpes condenadas a más de cien años de soledad tengan por fin una segunda oportunidad sobre la tierra".

Más de 100 días sin fiscal

"Hecha la ley, hecha la trampa". Así reza el dicho que bien puede aplicarse al entrampamiento en que se encuentra, al momento de escribir estas líneas, la elección del titular de la institución del Ministerio Público encargada —entre otras cosas— de: defender los intereses del Estado y de la sociedad, promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, dirigir la investigación del delito con la "colaboración" de la Policía Nacional Civil (PNC) y promover la acción penal, de oficio o a petición de parte. O no se dan cuenta de la dimensión del cargo —lo que sería alarmante— o, conociéndola, su irresponsabilidad desborda cualquier imaginación posible; el caso es que las y los legisladores de nuestro país permanecen tan campantes sin cumplir con su deber y se inventan, como siempre, los pretextos más descabellados para ello.

En esta nueva muestra de su mediocre actuación, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa hace esfuerzos infructuosos para "tranquilizar" a la sociedad salvadoreña afirmando que la Fiscalía General de la República (FGR) no se encuentra acéfala. Revelando una vez más que es a ese Órgano estatal al que le falta "cabeza", se ha recurrido a un argumento formal mediante el cual "legalizan" la gestión del fiscal adjunto como el propietario en funciones.

Es cierto que el artículo constitucional donde aparecen las facultades del fiscal general —el 193, numeral 11— establece que le corresponde ejercer las demás atribuciones que establezca la ley; y también es cierto que la Ley Orgánica del Ministerio Público le otorga la potestad de nombrar un fiscal adjunto quien, entre sus posibilidades, puede sustituir al titular de la institución. Cabe señalar que, de acuerdo a una interpretación auténtica de la misma ley por parte de la Asamblea Legislativa, dentro de dicha alternativa cabe aquella coyuntura en la que la ausencia de fiscal general obedece a la falta de elección. Sobre esto último se pretende sostener ahora el interinato del adjunto, después de la salida de Manuel Córdova Castellanos; salida que se dio pese a que —durante la "mascarada" que hace tres meses montó el Órgano Legislativo— distintas voces provenientes de esa llamada "sociedad civil" se pronunciaron en favor de su reelección.

Si la cuestión radicara simplemente en este hecho, quizás no habría mayor problema; se deja tranquilo al fiscal adjunto con su gestión y se acabó. El verdadero problema —lo que debería preocupar a las y los diputados— se centra fundamentalmente en los dos aspectos que a continuación planteamos. En primer lugar, que al fiscal adjunto ahora propietario interino no lo nombraron por mayoría calificada los partidos y, por ende, su administración no cuenta con el necesario respaldo político; así, queda en una situación de vulnerabilidad y permeable a cualquier tipo de presión. En segundo término: que esas personas que semana a semana discuten en el Salón Azul y mensualmente cobran jugosos salarios, se han acomodado a la situación incumpliendo así con el trabajo para el cual fueron electos por un pueblo que cada vez más —y con mayores razones— participa menos en esos rituales vacíos que nos pretenden vender como la democracia.

Sería uno de los actos más sublimes de ingenuidad, pensar que el respaldo político no es necesario para que el titular de la FGR pueda actuar libremente en la investigación del delito, defendiendo la legalidad, la sociedad y el Estado. Y no nos estamos refiriendo al compromiso que dicho funcionario pueda tener con uno u otro sector de la "partidocracia" autóctona; por el contrario, se trata de lograr que cuente con el mayor apoyo parlamentario posible para que ejerza el cargo y así estar —desde la Asamblea y la sociedad— en capacidad de poder exigirle una rendición de cuentas por encima de los intereses de grupo y con la ley en la mano.

De darse ese espaldarazo a quien llegue al despacho del fiscal general, se le estarían abriendo las puertas a una actuación solvente y autónoma para cumplir —con riguroso apego a su mandato constitucional— el importante papel que le corresponde en nuestro espacio y nuestro tiempo: el de un país donde la población se siente agobiada por la violencia y la inseguridad, después de una guerra recién finalizada y a las puertas de un nuevo siglo.

Pongamos los pies en la tierra: José Pedro Ávalos Laguardia no cuenta con ese vital respaldo para desempeñarse interinamente como fiscal general. A él no lo eligió la Asamblea Legislativa, ni por mayoría calificada ni por mayoría simple; sencillamente, fue designado como adjunto por el anterior fiscal general y eso —sin temor a equivocarnos, por haberlo vivido— le ocasiona ciertos niveles de duda al momento de actuar. Y difícilmente podría ser de otra forma; con seguridad, Ávalos Laguardia debe tener ante sí las permanentes interrogantes: ¿qué hará después el siguiente titular de la institución, con el consecuente respaldo político? ¿avalará o deslegitimará lo actuado durante su interinato? Esas son preguntas que, en sí mismas, le obligan a actuar —por decirlo de la manera más suave posible— mesuradamente y le reducen los espacios de maniobra para el cumplimiento eficaz de su misión; en definitiva, son las que constantemente le recuerdan que un interino no tiene pleno poder decisorio.

Estas limitantes influyen de manera determinante en la investigación del delito, debido a que existen casos sumamente delicados que exigen del titular de la Fiscalía una actuación decidida y firme, sin estar pendientes de que pueda "llegar un superior a corregirlo". En otras palabras: hay decisiones que se toman mejor, sabiendo que se tiene el poder total para ello y que nadie —ni dentro ni fuera— puede desautorizarlas; estamos hablando, sobre todo, de casos que tienen incidencia política y nacional como los secuestros, los actos de corrupción de funcionarios, el tráfico de influencias, la narcoactividad y el lavado de dinero.

De igual forma, la falta de apoyo político para el fiscal adjunto funcionando como titular y —por lógica— la falta de poder total en su gestión, genera incluso cierta ingobernabilidad dentro de la misma institución; es decir, que pueden darse ciertos actos de irrespeto a la jerarquía por parte de los mandos medios y, lo que es peor, facilitar e incentivar intromisiones de agentes externos de la institución en su actividad. De esto último, en la actualidad se tiene conocimiento de la notable presencia de elementos de Casa Presidencial y del Organismo de Inteligencia del Estado dentro de la FGR, inmiscuyéndose en el trabajo que realizan algunos de sus miembros y presionando e incidiendo de manera directa en las actividades de los mismos; eso está sucediendo, a veces, sin el conocimiento del fiscal interino y sobre todo en los departamentos de procuración y delitos especiales.

Lo anterior es preocupante, porque en nada contribuye a la correcta investigación del delito por parte de la entidad encargada de hacerlo; por el contrario, se está propiciando indecisión en la investigación, dualidad de mandos, obstaculización de la justicia, manoseo de la Fiscalía e impunidad. Y eso está sucediendo en un momento en el cual la delincuencia, dentro del país, ha alcanzado niveles muy altos y es considerada como uno de los principales problemas para la población.

También se están produciendo problemas para el fiscal general interino en aspectos relacionados con la administración de la institución, ya que debe tomar decisiones sobre situaciones financieras y presupuestarias, disciplinarias y de planificación, que están sujetas a las mismas dudas que en los otros puntos hemos señalado; a lo anterior se deben agregar aspectos determinantes en el campo de las relaciones interinstitucionales, sobre todo en lo relacionado con los acuerdos dentro de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia.

El segundo punto que hemos mencionado es la grave irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa en el caso de la no elección del fiscal general, lo que —a nuestro entender— debería ser sancionado con severidad. La ausencia de tan importante funcionario y el debilitamiento de su institución, sería considerado como algo insólito e inaudito en cualquier otro país medianamente decente y democrático del mundo; pero tal parece que a nuestras diputadas y diputados les mueve más un interés personal o partidario que el de toda la población salvadoreña; prueba de ello es la forma descarada y tajante que utilizaron para dejar de lado las propuestas que hicieran instituciones responsables de la ciudadanía, enredándose luego en infructuosas gestiones bajo el amparo de que "la Fiscalía continúa funcionando". Es cierto; sigue funcionando, pero hay que ver en qué forma.

Sin duda, sería interesante una reforma legal para que la figura del fiscal adjunto sólo estuviera en capacidad de ejercer interinamente la titularidad —en caso de no elección del fiscal general— durante un corto tiempo debidamente normado; sería bueno, además, que se establecieran sanciones a los diputados y diputadas en caso de que transcurrido el tiempo previsto para esa elección no lo hayan hecho, llegando incluso a imponerles sanciones pecuniarias.

Esa sería una buena "trampa" dentro de esa legislación, que hasta ahora —tal como está en materia de elección de funcionarios de segundo grado— colabora con la irresponsabilidad parlamentaria. Pensamos que sólo de esta forma podría garantizarse el que omisiones tan graves en el ejercicio de sus funciones, como las que han caracterizado a la presente legislatura, no volvieran a ocurrir en El Salvador y no ocasionaran nunca más la desprotección ciudadana en ámbitos tan fundamentales para la construcción y supervivencia de un verdadero Estado de Derecho. Hablamos —para quien no lo sepa o lo entienda— de la investigación del delito, el respeto y la promoción de los derechos, la impartición real de justicia y —en definitiva— el combate férreo a la impunidad. Con lo que ahora se observa en el Salón Azul, no hay mucha esperanza en ese sentido; quién sabe lo que vendrá después de marzo del 2000.

EXTRADICIÓN. La Asamblea Legislativa no ratificará la reforma del inciso segundo del artículo 28 de la Constitución, que contempla la extradición de salvadoreños. Dicha enmienda no cuenta con los votos del FMLN, CDU, USC y PCN, quienes la consideran "genérica e innecesaria". "Deben quedar de lado los aspectos políticos porque, aunque no estén en los tratados, los momentos políticos cambian y la Constitución se nos puede revertir", expresó Violeta Menjívar, del FMLN. Esta decisión fue expresada por los partidos políticos a los miembros de la misión de los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, que visitan el país para conocer la situación en que se encuentra el tema de la extradición. Sin embargo, los partidos representados en la Comisión Política de la Asamblea acordaron, ante los delegados del gobierno estadounidense, redactar en conjunto una nueva reforma para incorporar la extradición en la Constitución. El acuerdo incluye que esta ratificación sea uno de los primeros puntos de la agenda de los diputados que tomen posesión el 1º de mayo del año 2000. "Si no se puede en esta legislatura, lo importante es mantener la posibilidad de ratificar la extradición", sostuvo el jefe de fracción de ARENA, Walter Araujo (LPG 22.10 p.4).

FLORES. El presidente Flores se comprometió a impulsar las Bases del Plan de Nación que buscan dirigir al país bajo los lineamientos de la descentralización, la reconversión productiva y la integración con la región centroamericana. Flores recibió, el 21.10, el documento "Acciones Iniciales del Plan de Nación", que representa 29 meses de trabajo realizados a nivel nacional, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). El documento contiene el enfoque, los ejes de desarrollo, las regiones y los instrumentos que, en corto, mediano y largo plazo, pueden dar respuesta a los principales problemas de los salvadoreños. "Este es el momento de comprometernos con el Plan de Nación", dijo el gobernante. "Este es el momento de comprometernos con una visión de largo plazo, que no pertenezca a uno u otro grupo, sino que sea nacional", reiteró. Flores pidió a la CND que "acepte mi compromiso de dirigir la administración pública en función de las cosas fundamentales plasmadas por el documento". Asimismo, el mandatario, al dirigirse a los ciudadanos, les instó a "tomar conciencia de que la fuente del desarrollo es la creatividad individual y a abandonar la culpa y el pesimismo... para crear el país que queremos" (LPG 22.10 p.18).

EMBARGO. El juez de paz de San Vicente decidió embargar, por un monto de hasta ¢10 millones, a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Esta decisión aún debe ser ratificada por el juez de Instrucción. Sin embargo, con ella el Órgano Judicial busca resarcir los daños provocados a los productores agropecuarios del distrito de Riego Lempa-Acahuapa. La demanda fue interpuesta hace 6 meses, aproximadamente, por 12 productores agrícolas del Distrito de Riego. En ella se denuncia el inadecuado manejo de las descargas de aguas retenidas en la Presa Hidroeléctrica 15 de septiembre, realizadas el 31 de octubre de 1998. Uno de los demandantes explicó que la CEL conoció la llegada de la tormenta tropical "Mitch", pero no efectuó descargas oportunas y cuando éstas ocurrieron no fueron supervisadas. De ahí que la descarga inundara sembradíos del distrito y ahogara animales domésticos como caballos, vacas, etc. Algunos de los cultivos dañados en aquella ocasión son los de maíz, plátano y caña de azúcar, entre otros. Un total de 4 mil 500 manzanas de cultivos quedaron inundadas por el desagüe de la represa. Monetariamente, esto equivale a unos 9 millones 800 mil colones en pérdidas. Según los demandantes, el presidente de la institución, Guillermo Sol Bang, debe responder y explicar el inadecuado manejo de las descargas (EDH 23.10 p.24).

ENFRENTAMIENTO. Violentas reacciones acaecieron, el 23.10, en la sede de ARENA, en Soyapango, cuando Gabino Hernández Sosa, candidato a alcalde, fue descartado por la dirigencia municipal. La respuesta de las bases fue tan violenta que aquélla se vio obligada a permanecer cautiva al interior de la sede durante tres horas, protegida por la policía. Hernández fue descartado como candidato y en su lugar colocaron a Antonio Molina. La decisión fue rechazada por los seguidores de Hernández. Este último culpó a la directora de ARENA, Liduvina Castro de Morán, de su eliminación de la lista de postulantes. Asimismo, aseguró que los miembros del COENA se habían comprometido a "escuchar" la propuesta de sus bases "y no respetaron la voluntad del pueblo". Los simpatizantes de Hernández amenazaron con retirar sus votos al candidato propuesto por la cúpula del partido político. "Si el COENA [Comité Ejecutivo Nacional de ARENA] no rectifica, Soyapango va a quedar en poder del Frente", advirtió una seguidora del partido de derecha, en alusión al FMLN, quien en la actualidad está a cargo de la alcaldía de dicha ciudad. Otra de las protestantes acusó al COENA de "jugar con el pueblo" y exigió "respeto a sus decisiones". "El COENA nos ha tomado a nosotros de juguete", afirmó. Los dirigentes de ARENA aseguraron no temer a la posible pérdida de votos para esa localidad. (EDH 24.10 p.8 y 25.10 p.10).

SILVA. El alcalde de San Salvador, Héctor Silva, anunció, el 24.10, que recibió el apoyo de Convergencia Democrática (CD) para la reelección a la alcaldía. "Como partido —aseguró Silva al referirse a la CD— han tomado la decisión de apoyar mi candidatura". Sin embargo, Rubén Zamora, secretario de la CD, negó la afirmación de Silva. "Hay un malentendido, el partido no ha tomado la decisión de apoyar al doctor Silva", aclaró Zamora. El secretario declaró que la CD "no ha decidido ni discutido siquiera" el apoyo a Silva. De esa forma, contradijo al diputado Jorge Villacorta, quien, el 24.10, declaró que pedirían a las bases de Convergencia que apoyaran al alcalde capitalino. "Quiero que quede bien claro: para la Convergencia Democrática, el doctor Silva es el mejor candidato a alcalde, es el criterio de la directiva municipal y departamental", afirmó Villacorta. Zamora defendió la unidad de los partidos que forman parte del Centro Democrático Unido (CD, PPL y PD), los cuales habrían decidido dejar al criterio de sus seguidores por quién votar. Dijo que la decisión del CDU es no presentar ningún candidato propio en San Salvador, ni apoyar a otro en coalición. "Los miembros y militantes de San Salvador van a tener la libertad para tomar su opción, esa es la resolución del CDU, a esa nos acogemos y la vamos a cumplir al pie de la letra", dijo Zamora (EDH 25.10 p.12 y LPG 26.10 p.18).

EPIDEMIAS. Los hospitales de la red pública entraron en alerta roja por los brotes epidémicos de leptospirosis y dengue hemorrágico. Así lo confirmó el viceministro de Salud, Herbert Betancourt, quien aseguró que se han girado órdenes a los hospitales para que incrementen su nivel de sospecha frente a las enfermedades y mantengan una vigilancia epidemiológica más estricta. "Toda vez que nosotros detectamos un brote epidémico se activan los mecanismos necesarios para controlarlo. Esta es una alerta roja", sostuvo el funcionario. Los indicadores epidémicos apuntaban, el 25.10, que 32 personas se habían infectado con dengue hemorrágico y 23 con leptospirosis y se confirmó una segunda persona muerta a causa de esta enfermedad. Para enfrentar los casos, el gobierno ha invertido dos millones de colones en planes contingenciales y de vigilancia epidemiológica. Sólo en relación con el dengue hemorrágico se han gastado un millón 300 colones. El Ministerio de Salud está esperando siete millones de colones extras que se han solicitado a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó Betancourt. Asimismo, se ha solicitado dinero al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y a la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) (LPG 26.10 p. 4).