Año 20
número 877
noviembre 3
1999
ISSN 0259-9864
Editorial ARENA: en la ruta de las elecciones
Sociedad ¿Educación para el bien?
Economía Indicadores económicos en el tercer trimestre de 1999
Sociedad La representatividad de género de los partidos mayoritarios
Regional Nicaragua, tan pobre y tan endeuda
Derechos Humanos Una difícil, larga y tenaz lucha
ARENA: en la ruta de las elecciones
La actual coyuntura política nacional bien puede ser caracterizada como una coyuntura preelectoral. Los partidos políticos están afinando los instrumentos —candidaturas, campaña, recursos logísticos— que les permitirán obtener unos resultados favorables en las elecciones legislativas y municipales del año 2000. Evidentemente, no todo se hace con calma: las disputas, las rivalidades y el afán de protagonismo están a la orden del día en el seno de los partidos, pues muchos de sus miembros ven en las elecciones una oportunidad o bien para obtener una cuota de poder que les reditúe personalmente o bien para desplazar a quienes se considera un estorbo para lograr los propios objetivos. Esto abre un espacio a los conflictos intrapartidarios, los cuales seguramente arreciarán en la medida que la campaña electoral vaya tomando un perfil más definido.
Nada de lo apuntado es nuevo: las rivalidades existentes al interior de los partidos salen a flote cada vez que se trata de elegir candidatos para cargos públicos. Lo preocupante es que la permanencia de esa "tradición" deteriora aún más la credibilidad —lo que queda de ella— en la política como espacio donde se debaten —y se busca resolver— los problemas más graves de los ciudadanos. Poco ayudan a generar confianza en la política las rivalidades y disputas intrapartidarias, sobre todo cuando es evidente que obedecen a intereses y ambiciones personales. La pregunta de los teóricos acerca de las razones de la desconfianza ciudadana hacia la política encuentra en las prácticas de los partidos políticos salvadoreños una respuesta clara: los ciudadanos no confían en la política porque ella se ha convertido en nicho de ambiciosos, corruptos e incompetentes. Los ejemplos abundan, por lo que es necio volver sobre el asunto con más detalle. La lección, sin embargo, tiene que ser repetida una y otra vez: sin unos políticos mínimamente comprometidos con el bien común, la política no va a poder revertir el deterioro que la corroe.
En el momento actual, nada indica que a los políticos (y a los partidos) les interese avanzar en la dirección señalada. Su preocupación inmediata es la campaña electoral con miras al año 2000. Así, al margen de lo que dice y exige la legislación electoral, algunos de ellos ya han comenzado, abiertamente, la campaña electoral. Concretamente, nos referimos al partido ARENA y su candidato Luis Cardenal. Tres vías, al menos, sigue el esfuerzo electoral de ARENA en este momento: en primer lugar, el esfuerzo del partido como tal por promover a Cardenal. Aquí lo mismo cuentan las reuniones del partido como las declaraciones de su presidente Alfredo Cristiani: la idea es presentar a Cardenal como baluarte de los valores areneros, lo cual no sólo tiene un sentido hacia fuera —crearle al candidato de ARENA espacio en el imaginario colectivo—, sino hacia dentro —unificar al partido en torno a una figura no identificada con ninguna de las facciones que, en la actualidad, lo dividen.
En segundo lugar, la promoción que realiza de sí mismo el propio Cardenal. Esta autopromoción va desde las apariciones en televisión hasta la visita a comunidades pobres de San Salvador —como la comunidad Quiñónez, en la zona de La Chacra— en las que se reparten dulces a los habitantes del lugar. El mensaje de Cardenal es inequívoco: él sí podrá hacer algo por San Salvador y sus habitantes, pues tiene el dinero para hacerlo. Los dulces y las piñatas son un anticipo de lo que vendrá después. En este sentido, Cardenal viene a repetir (y a vender) la estratagema tradicional de ARENA: "sólo nosotros podemos ofrecer algo al país porque somos los que tenemos que dar. Los demás, si quieren hacer algo, tienen que pedirnos (o quitarnos) a nosotros". Este gancho ya le dio buenos resultados a ARENA en el pasado; quizás los asesores de Cardenal piensan que todavía puede ser explotado.
En tercer lugar, el respaldo de algunos medios de comunicación. Hay varios ejemplos de ese respaldo, pero uno de los más llamativos últimamente es el ofrecido por el suplemento "Enfoques" (La Prensa Gráfica, domingo 31 de octubre de 1999). Uno de los mensajes del reportaje —titulado "El regreso de Cardenal"— es que el candidato de ARENA no es un recién llegado a la política —no es un "novicio"—, sino un político avezado. Es decir, tiene experiencia como el que más; puede asumir responsabilidades de envergadura con solvencia. Otro mensaje: Cardenal es un buen católico, con unos principios morales bien sustentados —no proclive a malas costumbres como los juegos de azar, el alcohol, las drogas o la infidelidad matrimonial. El autor del reportaje hace notar la devoción católica de Cardenal, la cual "va más allá de los símbolos, asiste regularmente a misa y clases de formación". Un tercer mensaje: el candidato arenero tiene una vena intelectual que le viene de su vínculo familiar con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Y es que aunque el candidato a la alcaldía reconozca no entender algunos de los poemas de su tío (en segundo grado, pues el escritor es primo hermano de su padre), dice haber utilizado algunos de ellos en ciertas ocasiones.
Así pues, desde ese reportaje se dibuja un perfil bastante atractivo del candidato de ARENA: experimentado en la política, buen católico e intelectual. ¿Qué más se puede pedir? En un ambiente socio-político donde prevalecen actitudes neoconservadoras —alentadas por los mismos medios de comunicación—, una figura como la de Cardenal respondería a las expectativas de quienes creen que las opciones y creencias distintas de las suyas merecen ser calladas a como dé lugar. En fin, en la actualidad se está fraguando un escenario electoral en el que se hacen presentes los ya tradicionales vicios de la política salvadoreña: las querellas intrapartidarias motivadas por intereses mezquinos, las negociaciones bajo la mesa, las zancadillas… Todo lo cual aumenta el descrédito de la política y alienta las soluciones no democráticas a los problemas nacionales.
La prensa escrita nacional ha vuelto a convertirse en el muro de las lamentaciones del moralismo público. Esta vez con motivo de la infructuosa iniciativa de hacer obligatoria la lectura de la Biblia en los colegios. Tal iniciativa, impulsada por la fracción del PCN al interior de la Asamblea, recibió el rechazo inmediato de los demás partidos, quienes apelaron al derecho a la libertad de culto estipulado en la Carta Magna. Desde entonces, las señoras de las que presuntamente surgió la idea se han dado a la tarea de dejar consignada en los medios su profunda desazón ante la negativa general a la medida.
Una de ellas titula su columna preguntando: "¿Qué daño haría leer la Biblia en colegios y escuelas?". La respuesta es: ninguno. Pero es que la pregunta está mal formulada, porque la crisis de valores es mucho más compleja. Pretender que su solución se reduce a dedicar dos horas semanales al estudio de la religión es, más que ingenuo, irrisorio. Una cosa es que los niños de clase media salgan de colegios católicos convertidos en "personas de bien" y otra muy distinta pensar a fondo en las reformas educativas, culturales y sociales que es preciso llevar a cabo para que los salvadoreños aprendamos a vivir humanamente. Ver en la lectura diaria de la Biblia la panacea a la crisis moral que enfrentamos no indica sino una sorprendente ceguera frente a sus verdaderas causas.
Que un miembro de la clase media logre a los cincuenta años un balance positivo de su vida tiene mucho más que ver con el elenco de oportunidades —económicas, afectivas y de distinto tipo— con las que contó desde su nacimiento, que con la educación religiosa que recibió en el colegio. Es ese elenco de oportunidades lo que lo separa abismalmente de los niños que crecen en ambientes hostiles, en los que a diario son explotados, agredidos sexualmente y privados de lo elemental para un desarrollo humano. Estos últimos niños son, por desgracia, la mayoría. Son lo que tienen que aprender a sobrevivir entre la violencia y la pobreza. Y la violencia y la pobreza, lejos de las convicciones de estas paladinas de la moral, no son cosas que se aprenden en la televisión.
Difícilmente los miembros de las maras se convencerán de no despedazarse a puñaladas en los parques sólo porque el INFRAMEN opte por leerles durante diez minutos al día algún bello pasaje bíblico. No tienen por qué hacerlo, del mismo modo que los corruptos, los asesinos y los ladrones a gran escala no se sienten obligados a dejar de cometer sus fechorías al oír el sermón del párroco en la misa del domingo. La religión y la sana conducta no guardan una relación de mutua implicación. Una cosa no trae necesariamente a la otra y eso es un hecho que hay que reconocer para no caer en simplismos y en falsos enfoques. Atroces genocidios se han cometido en nombre de la religión, mientras que muchos ciudadanos ejemplares tal vez nunca han pisado una iglesia.
No es de la Biblia de donde las nuevas generaciones, que en su mayoría son permanentemente ultrajadas y testigos impotentes del triunfo del mal sobre el bien —y no de lo contrario, como lo pretende otra de las columnistas en cuestión—, tienen que aprender los valores elementales de la convivencia. En donde esos valores realmente han de inculcarse es en la convivencia misma. De nada servirá que a los profesores se les obligue a impartir una materia religiosa si en clase continúan siendo déspotas y arbitrarios con sus alumnos, si privilegian a los más pudientes sobre los más desposeídos, si se esmeran poco en desarrollar su labor.
Exigir al pleno la institucionalización de una práctica que en realidad compete a cada familia, según sean sus creencias, es poco menos que un disparate. Lo que toca a la Asamblea es garantizar que las instituciones del Estado que velan por el cabal cumplimiento de las leyes y por los intereses de la ciudadanía funcionen satisfactoriamente. Esto pasa, claro está, por la elección del Fiscal y por la revisión de las figuras que hoy en día están al mando de entidades decisivas para la construcción de una sociedad sana: la Corte de Cuentas y la Procuraduría General para los Derechos Humanos.
Compete también al Estado en general procurar el bienestar físico y emocional de la niñez y juventud salvadoreñas. Ya quisiéramos que estos dueños de la verdad ética levantaran cruzadas a favor de la nutrición infantil y el derecho a la salud y a la educación de esta población vulnerable, del mismo modo en que levantan gestas moralistas. Sin duda eso rendiría más frutos en el campo moral y religioso, pues parece más certero el camino hacia el bien y hacia la espiritualidad desde el amor, la protección y la justicia que desde el hambre y la muerte.
Al cerrar el tercer trimestre de 1999, los estimados del crecimiento económico han experimentado el segundo reajuste del año. En este momento, el Banco Central de Reserva (BCR) ya no espera una tasa de crecimiento de 3%, sino más bien una de sólo 2.5%, pese a que ya anteriormente se había ajustado la citada tasa desde un 4% a un 3%. Por otra parte, al examinar el comportamiento de los agregados macroeconómicos es importante destacar que se detectan tendencias hacia mayores desequilibrios, tanto en la balanza comercial como en las finanzas públicas. Estas tendencias no son nuevas, pues la disminución del ritmo de crecimiento ha sido especialmente notable desde finales del año 1995, la tendencia hacia el desequilibrio en la balanza comercial se ha mantenido a lo largo de toda la década de 1990 y el déficit de las finanzas públicas solamente ha logrado ser controlado durante breves y esporádicos períodos.
En lo que respecta al comportamiento de los precios, llama la atención el hecho de que se han estabilizado, al grado de llegar a obtener tasas de inflación de 0%. Es decir, los precios no han experimentado ninguna variación, e incluso se espera que 1999 cierre con inflación de 0%. En este marco, es oportuno reflexionar sobre los indicadores económicos del tercer trimestre de 1999 para establecer cómo han venido involucionando desde una situación de relativa holgura (altas tasas de crecimiento, reducción del déficit fiscal e incremento de las exportaciones) hasta la situación actual que, aunque no es crítica, sí refleja el agotamiento de las dinámicas que proporcionaban altas tasas de crecimiento y estabilidad económica.
De acuerdo con los datos presentados por el presidente del BCR, Rafael Barraza, se espera que para este año la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) alcance un 2.5%. Para el funcionario, "los datos que tenemos nos permiten hacer una proyección de crecimiento para el año 2000 de entre 3 y 4 por ciento". Por otra parte, estimó que las exportaciones decayeron en un 2.4% "debido a un decrecimiento en los precios del café de alrededor del 30%"; sin embargo, el tipo de cambio se mantuvo estable "gracias a un nivel récord de Reservas Internacionales Netas de aproximadamente 2,000 millones de dólares".
Según el Presidente del BCR, la tasa de inflación hasta septiembre alcanzó apenas un 1.5% y se esperaba que bajará al 0% para diciembre próximo. Paralelamente, mencionó que el crédito otorgado al sector privado apenas alcanzó un crecimiento de 4%, con lo cual se estaba "mostrando relativa estabilidad ante la poca demanda de crédito en el transcurso del año".
En lo referente a las finanzas públicas, el ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, estimó que, para septiembre de 1999, los ingresos tributarios se incrementaron en 6.4% con relación al mismo mes de 1998; sin embargo, esto no fue suficiente para cubrir las expectativas plasmadas en el programa monetario y financiero de 1999 (se obtuvo 5.87% menos de lo programado, un equivalente a 564.7 millones de colones). Con todo, el ministro de Economía, Miguel Lacayo, estimó que el panorama salvadoreño es positivo, ya que la economía "está dando un giro en la dirección adecuada", al grado que "se comienza a ver una luz positiva en la economía".
Por su parte, la evaluación de coyuntura realizada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) muestra datos similares a los del gabinete económico, aunque con una interpretación más técnica y menos política que la ofrecida por los funcionarios gubernamentales. De acuerdo a los datos proporcionados por FUSADES, entre los meses de enero y agosto de 1999, el déficit de la balanza comercial alcanzó los 1,035 millones de dólares, mientras que en el mismo período de 1998 el déficit habría alcanzado los 901 millones dólares (un incremento de 14.9%). Esta situación responde en parte a una reducción de 4.2% de las exportaciones entre los períodos enero-septiembre de 1998 y enero-septiembre de 1999. De acuerdo a la misma fuente, se esperaría que para 1999 la tasa de crecimiento del PIB alcance el 2.2%, mientras que el déficit fiscal alcance un 3% del PIB.
Frente a estos datos, el director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES, Roberto Rivera, planteó que "por el momento no se ve ninguna señal de que el patrón de lento crecimiento cambie en el corto plazo". Independientemente de las evidentes discrepancias entre los datos estadísticos, ambas evaluaciones coinciden en señalar que no se obtendrán las metas planteadas para 1999, especialmente en lo referido al crecimiento económico: éste no será de 4% como se esperaba, sino solamente de un 2.5 ó 2.2%, si nos atenemos a las estimaciones de FUSADES. También merece atención el hecho de que cada vez estamos enfrentando mayores niveles de déficits comercial y fiscal, bajos niveles de crecimiento del crédito, incremento en la mora bancaria e, inclusive, reducción en las utilidades del sistema financiero, el sector más dinámico de la economía hasta hace tan sólo tres o cuatro años.
Las exportaciones no logran convertirse en eje de crecimiento y para septiembre fueron inferiores en 1,035 millones de dólares a las importaciones; peor aun, la tendencia predominante es siempre hacia el deterioro del saldo de la balanza comercial. El déficit fiscal tampoco está siendo revertido, pese a las reformas tributarias implementadas por el primer gobierno de ARENA, y ha pasado de niveles de 1.8% del PIB a 3% del PIB en los últimos tres años.
El crédito del sector privado ha presentado una tendencia consecuente con el lento crecimiento del PIB: ha pasado de tasas de crecimiento de 30% para el año 1995, por ejemplo, a tasas de crecimiento de tan sólo 4%, tal como lo reconoce el mismo BCR. Coincidentemente, ha sido notable también como la mora bancaria se ha incrementado significativamente durante el presente año, sugiriendo que el modelo de crecimiento económico fundamentado en actividades terciarias ha encontrado sus límites. Como muestra de ello, el sistema financiero estaría experimentando contracciones en sus utilidades; contracciones que se evidenciaron ya desde el primer trimestre de 1999 y que persisten para septiembre.
El único dato que aparenta ser una buena señal es la tasa de inflación 0% esperada a fin de año. Sin embargo, lejos de ser un indicador de buena salud económica, en realidad lo que está reflejando es una marcada reducción de la demanda agregada, ante lo cual la producción y el nivel general de precios se estarían ajustando con menores o nulas tasas de crecimiento. La contracción que en los últimos trimestres ha experimentado el Impuesto al Valor Agregado, el cual se aplica al consumo, es una evidencia de la reducción de la demanda y las ventas.
Frente a este panorama, se vuelve totalmente válido proponer, aunque provoque incrementos de la tasa inflacionaria, que la política monetaria-financiera se relaje y a la vez se estimule la inversión en los sectores agropecuario e industrial, los cuales deberían ser alentados con mayores créditos y menores tasas de interés. Sólo así podrían lograrse incrementos más significativos del PIB, el empleo, las exportaciones y los ingresos tributarios, pues cada vez es más evidente que la estabilidad de precios no es un fin en sí mismo.
Luego de haber sido nombradas las principales candidaturas municipales y legislativas de los dos partidos mayoritarios, ARENA y FMLN, vale recordar el objetivo medular y más básico de los partidos políticos: representar a los grupos sociales. Una formulación, hasta cierto punto paradójica, resume que "los partidos son, en su carácter de bloques parlamentarios, titulares de un sistema de gobierno representativo, y en su carácter de organizaciones masivas, agentes de un sistema plebiscitario".
Sin embargo, dentro de los mismos partidos se gesta una barrera a la representación pluralista y equitativa entre los grupos sociales. Los estilos de conducción dentro de los partidos políticos están muy alejados de lo que puede ser un justo y democrático "sistema representativo". Esto no solamente en los aspectos ideológicos, económicos o sociales, sino también en los aspectos de género, que es de lo que aquí se discutirá, tomando como ejemplo a los dos partidos políticos antes mencionados.
Ya se sabe que la mayoría de afiliados a ARENA y al FMLN son hombres. De ello deriva una situación delicada: a la llegada de las elecciones, las candidaturas a cargos públicos son igualmente protagonizadas por el sexo masculino. Por consiguiente, el pequeño número de mujeres electas para ocupar dichos cargos es directamente proporcional a la escasa participación femenina en las elecciones. Las mujeres, con mucha dificultad, logran pertenecer a un partido político y, consecuentemente, las que llegan a ocupar un cargo público relevante son una porción todavía más pequeña.
Los números hablan por sí solos. Una publicación informativa explicaba recientemente que cuando la diputada Gloria Salguero Gross fue presidenta del partido ARENA impulsó las candidaturas de mujeres para diputadas (elecciones de 1994). Gracias a esa gestión, la actual bancada arenera cuenta con 3 diputadas propietarias y 8 suplentes. Estas cifras, con relación a los 25 diputados propietarios y 20 suplentes hombres con los que cuenta el partido oficial, son bastante ínfimas. Lo que es peor, para las elecciones legislativas del próximo año, la cantidad de diputadas disminuirá. ARENA podría tener sólo una diputada propietaria, ya que las candidatas a dichos puestos públicos únicamente suman el 15.47%. Sólo 26 mujeres son aspirantes a diputadas, propietarias o suplentes, de las 168 candidaturas a nivel nacional. Las postulantes a alcaldesas no corren mejor suerte: ARENA promueve a 26 alcaldesas, lo que equivale al 9.92% de las 262 candidaturas municipales.
Al respecto, Salguero Gross, quien tendrá que dejar su curul en la Asamblea Legislativa para postularse a candidata del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), opinó que "sería conveniente que se hiciera una reflexión al interior del partido para ir mejorando la posición de la mujer". La funcionaria se ha quejado en más de una ocasión del "machismo" patente desde hace años dentro de ARENA.
Esta situación, evidentemente excluyente, se enfrenta con uno de los objetivos de la doctrina arenera que expresa lo siguiente: "la Unidad Nacional será el resultado de la participación del pueblo en lo político, económico y social, mediante su organización en los diferentes sectores que conforman las fuerzas vivas del país, en las cuales se evidenciará la responsabilidad de cada individuo, en el logro de metas y objetivos" (Doctrina e ideología de los partidos políticos en El Salvador, p.7). Al interior de ARENA, la "participación del pueblo" se concentra en una parte del mismo, en la que las mujeres muy poco intervienen.
Aunque en menor medida, el FMLN también es promotor de la cultura excluyente; es decir, del patriarcado político. Actualmente, sólo 9 mujeres son diputadas propietarias, respecto a los 18 propietarios hombres, y 7 son diputadas suplentes, en relación a los 20 hombres en el mismo cargo. Para las elecciones del 2000, las proporciones no parecen mejorar. Aunque no se sabe específicamente quiénes y cuántas son las candidaturas a diputados y alcaldes, hasta ahora, la mayoría de los nombres mencionados para tales cargos son masculinos.
Dichas cifras riñen con uno de los principios manifestados en la doctrina del FMLN. Ésta afirma que "la edificación de una verdadera democracia supone la plena realización de las mujeres y su participación creadora en todos los ámbitos de la vida nacional. Este es un principio fundamental en el proyecto de la sociedad por el que lucha el FMLN. Tenemos el compromiso de conquistar la igualdad de derechos para las mujeres, la superación de su marginación y opresión en la sociedad salvadoreña" (Doctrina e ideología de los partidos políticos en El Salvador, p.12).
Hasta el momento, ambos postulados políticos parecen ser parte de la enraizada retórica característica de los partidos políticos. Retórica de convencimiento que no va más allá de los límites de la palabra. Si no hay mujeres en los puestos públicos nacionales, difícilmente se puede hablar de una representación política igualitaria y justa. Mientras menos mujeres sean parte de los puestos "de decisión" en el gobierno, menos estarán cumpliendo los partidos políticos su función de "representantes sociales".
Estas instituciones políticas poseen un monopolio en la presentación de candidatos, reservado para los hombres. Aquellas pocas mujeres que se han atrevido a enfrentar las dificultades del consorcio político nacional, han conseguido trastocar este monopolio. No obstante, ha quedado demostrado que, de una u otra forma, el patriarcado es común entre los partidos políticos. Con base en la importancia de los cargos públicos se puede afirmar que, mientras no existan suficientes mujeres en ellos, los fines y las necesidades comunes de la sociedad no serán resueltos.
En otras palabras: "el concepto central de democracia representativa no es la soberanía de pueblo, ni la voluntad, sino el cargo público. Toda competencia constitucional significa aquí... función encomendada, poder por el cargo que se enviste, otorgado con la finalidad de concretar los fines de la comunidad" (Partidos políticos en la democracia pluralista, p.73). Otorgar este "poder" a un solo grupo social —los hombres— implica parcializar las necesidades del conjunto del cuerpo social y, por ende, excluir los intereses y expectativas de una parte de dicho conjunto, en este caso, las mujeres. Las preguntas son: si los partidos políticos mayoritarios no han conseguido alcanzar dentro de sus bases la equidad participativa entre hombres y mujeres ¿cómo se puede esperar que aquéllos, encargados de organizar el orden democrático nacional, la fomenten en la vida social del país?. ¿Cómo esperar que trasmitan a la sociedad el valor de la "igualdad" si ellos mismos no lo conocen?
Con una costosa e insistente propaganda, el gobierno liberal de Arnoldo Alemán quiso hacer creer a la población que el 16 de septiembre pasado se comenzaba a romper el ciclo de deudas impagables que pesa sobre la economía del país. Ese día, el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso a Nicaragua en la lista de espera para entrar en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (High Indebted Poor Countries: HIPC, sus siglas en inglés). Técnicamente, ese día Nicaragua alcanzó lo que se llama el punto de decisión. En tres años más —tal vez en un plazo menor, dado nuestro récord de pobreza— se le condonará a Nicaragua un 80% de una parte de su deuda externa. La HIPC, creada para países insolventes y en bancarrota, dio la bienvenida a Nicaragua.
Con un triunfalismo inverosímil el gobierno lo celebró. Durante meses, vino creando expectativas propias de espectáculo sobre la inclusión o no de Nicaragua en la HIPC, sabiéndose de sobra que sería incluida. Al oficializarse la inclusión, se desbordó la insensatez. El gobierno afirmó pomposamente que Nicaragua había accedido a su "segunda independencia", decretó asueto oficial en la tarde del día 16 y convocó para ese día a una misa de acción de gracias y a una fiesta en la plaza para celebrar "la culminación del proceso de condonación de la deuda externa" —así lo afirmó textualmente el decreto.
No es fácil hallar palabras adecuadas para calificar tan deseducativa e irresponsable "operación de imagen". Más difícil cuando es con este tipo de operaciones como se están tratando de ocultar los gravísimos problemas cíclicos que puede estar llevando a Nicaragua a un abismo. Hay que tener en cuenta también que, más que la buena o la mala gestión del gobierno liberal de Alemán, lo que aceleró la inclusión de Nicaragua en la HIPC fue el devastador y publicitadísimo desastre del "Mitch". Por eso, alguien dijo que "fue con la llave de la tragedia de Posoltega que entramos en ese club".
La iniciativa HIPC es el club de los 41 países más pobres del planeta y a la vez los más endeudados —no siempre coinciden, como es el caso de Haití. La HIPC surgió en 1996 como una propuesta conjunta del Banco Mundial (BM) y del FMI, y actualmente es muy criticada por las ONGs más prestigiosas del mundo. La HIPC, pues, nace al comprobar el BM y el FMI que a algunos países se les hacía imposible pagar su deuda externa, a pesar de todos los programas de ajuste que se les aplicaban. Las profundas limitaciones estructurales de estos países mostraban que no había otra salida que perdonarles una parte importante de sus deudas para que pudieran seguir pagando el resto.
Otra motivación de los organismos financieros para inventar la HIPC es no condenar al fracaso sus propias políticas de ajuste estructural. Las instituciones financieras internacionales han tenido que reconocer que sin un "alivio" de la deuda externa, los ESAFs y los PAEs que vienen promoviendo desde hace años y con tanto entusiasmo por todas partes no les darán resultado en los países más pobres del Sur.
Pero la HIPC no debe entenderse como una iniciativa para el perdón de la deuda, sino más bien como una iniciativa para su pago en nuevas condiciones. Porque en el mundo de las finanzas internacionales todas las deudas se tienen que honrar, para no establecer precedentes negativos que alteren el correcto funcionamiento del sistema. El relativo perdón que ofrece la HIPC no es un acto de generosidad ni es gratuito. Por pobre e insolvente que sea, el país deudor debe aprender con una dura lección.
Al alcanzar el punto de culminación, a Nicaragua se le condonará el 80% de su deuda con el Club de París. Sobre un total de 6 mil 270 millones de deuda externa que tenía Nicaragua a fines de 1998, ese 80% que se le va a condonar es solamente 1 mil 199 millones de dólares. Esto porque la deuda que condona la HIPC es sólo la adquirida con los países del Club de París y sólo la contratada hasta el 30 de octubre de 1988. Léase bien, 1988. Todo la deuda adquirida de ahí en adelante deberá ser pagada. Pero para obtener esta condonación parcial, Nicaragua debe cumplir antes con dos requisitos: alcanzar el mismo trato con todos sus acreedores bilaterales, no sólo con los países del Club de París, y cumplir con un ajuste estructural o ESAF.
Respecto de la primera condición, Nicaragua debe tocar la puerta del resto de sus acreedores, pedirles la condonación del 80% de las deudas correspondientes y prometerles que va a empezar a pagarles el 20% no condonado. Entre este grupo de acreedores se encuentran varios países latinoamericanos, europeos y asiáticos que, hasta 1998, se les estaba debiendo 1 mil 515 millones de dólares. Pero la mayoría de esta deuda Nicaragua no la tenía priorizada y por eso no la estaba pagando. Ahora, al entrar en la HIPC, tendrá que renegociarla y empezar a pagarla. Con muchos de estos países Nicaragua ni siquiera ha iniciado el proceso de renegociación de su deuda. Además, le quedaría también pendiente la deuda multilateral que tiene con el BM, el BID y el BCIE —que no se condona ni en la HIPC ni en ninguna otra iniciativa—, y que asciende a 2 mil 68 millones de dólares. Sólo al final de seis años de ajuste estructural se considerará la reducción de esta deuda.
La segunda condición impuesta a Nicaragua es más importante: cumplir con el ajuste estructural. El ajuste económico es una medida necesaria, afirmación chocante para quienes de una manera simplista ven en el ESAF el origen y la causa de todos los males en Nicaragua. Ninguna economía, sea familiar, local o nacional, puede sobrevivir sin ajustar sus gastos a sus ingresos. Si no lo hace, se endeuda. Y si persiste en hacerlo, el endeudamiento la conduce a la bancarrota. Eso es lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua. Con serios desequilibrios entre gastos e ingresos, y después de procesos inflacionarios tan graves como los de los años 80 y de tan creciente endeudamiento con el exterior, el ajuste es una medicina necesaria para que el país logre desarrollarse. Pero esta segunda condición, por otra serie de razones que no se pueden abordar aquí, tampoco se está cumpliendo en Nicaragua.
La HIPC es un viacrucis con muchas estaciones. En su diseño hay dos etapas de tres años cada una y se evalúa todos los años cómo marchan las cosas. El 16 de septiembre, al alcanzar Nicaragua el punto de decisión y ser aceptada dentro de la iniciativa, lo único que sucede es que se le recalendarizan al país los pagos de deuda que tiene pendientes. Será hasta el año 2001 —después de haber cumplido una serie de condiciones— que llegaría a la otra etapa, el punto de culminación.
Según la recalendarización de la deuda, y después de la condonación ofrecida por la HIPC, Nicaragua quedaría con un total de deuda de 4 mil 920 millones de dólares. Según la proyección del FMI, en el plazo de seis años esa deuda se incrementará hasta llegar a los 5 mil 907 millones de dólares, casi la misma cantidad que había antes de la condonación. Sin embargo, lo peor no será tener dentro de seis años casi el mismo nivel de deuda actual; lo peor será que los pagos por el servicio de la deuda —las amortizaciones de capital y el pago de intereses— se elevarán drásticamente a partir del año 2002, cuando termine el ajuste estructural.
En 1998, Nicaragua pagó 332 millones de dólares en servicio de deuda, y en 1999 pagará 333 millones. A partir del 2002, y durante los siguientes siete años, pagará un promedio de 387 millones de dólares anuales. ¿Cuál independencia? El ciclo continuará. Para complicar las cosas, el país contará para entonces con menos donaciones y con menos préstamos para hacer frente a esos pagos. Entre 1991 y 1997, Nicaragua recibió un promedio anual de 122 millones de dólares en donaciones y préstamos para los pagos de su deuda, que en esos mismos años sumaron, en promedio, 210 millones de dólares anuales. Aunque no se dedicaran directamente al pago de la deuda, esas donaciones internacionales liberaban recursos estatales en una cantidad equivalente a la mitad de lo que se pagaba por el servicio de la deuda. Hay que tener en cuenta también que los préstamos concesionales del FMI —43 millones de dólares anuales— se terminarán en el 2001 si Nicaragua cumple con las metas del ajuste estructural. Si no, se terminarían antes.
Cuando se sabe que en la HIPC no se perdona la deuda con todos los acreedores, que quienes la perdonan no la perdonan toda y, todavía más, que el 16 de septiembre aún no se nos perdonó nada, resulta muy difícil definir en qué consiste la "segunda independencia" de Nicaragua y cuál es el contenido de la "nueva era social y económica" que el gobierno decretó celebrar.
Los voceros gubernamentales permanentes de las maravillas de la HIPC y los funcionarios del FMI dirán que no importan tanto estas cantidades que hemos presentado, porque lo importante es la relación entre la deuda y su servicio con el monto de las exportaciones. Según el BM y el FMI, un país tiene un nivel de deuda "sostenible" cuando el valor presente de la deuda externa dividido entre el monto de sus exportaciones es menos que el 200% y cuando el servicio de la deuda dividido entre el monto de las exportaciones es menor al 20%. Actualmente, Nicaragua llega en el primer indicador al 631% y en el segundo al 40%. Por semejante crisis nos incluyeron en la HIPC.
Según proyecciones del FMI, Nicaragua —aun teniendo en cuenta la condonación— no podrá alcanzar los indicadores "adecuados" hasta dentro de al menos diez años. Esto, en el mejor de los casos, si las proyecciones del crecimiento de las exportaciones se cumplen. Pero no se están cumpliendo desde hace años —y este es el lado débil del ajuste— y puede proyectarse que seguirán sin cumplirse. En definitiva, continuará existiendo un grave desequilibrio si no se realiza un verdadero ajuste de las estructuras productivas del país y si no se superan tantas limitaciones estructurales que impiden que Nicaragua sea realmente una nación con un rumbo y un proyecto, con un norte y con un mapa con el que llegar a él. Actualmente, no los tiene.
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Colaboración de Equipo Envío, Nicaragua
El asesinato de Ramón Mauricio García Prieto continúa siendo un caso sumido en la impunidad que protege a sus verdaderos y últimos responsables. Los acontecimientos más recientes dan cuenta de nuevas "cortinas de humo", lanzadas con el propósito de impedir que toda la verdad salga a la luz y se haga justicia. Según versiones de los medios, durante la semana anterior Julio Ismael Ortiz Díaz —uno de los principales implicados en este crimen— "reveló" ante el Órgano Judicial haber recibido una oferta económica de la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de su declaración implicando al general Mauricio Ernesto Vargas como autor intelectual del hecho. Según Ortiz Díaz, tal ofrecimiento se lo hizo René Rendón Silva; este último manifestó antes, también en el tribunal y sin que nadie se lo preguntara, que ese militar no tenía nada que ver con la muerte de García Prieto. Sólo basta con revisar un poco los antecedentes de quienes hacen esos señalamientos para concluir que ninguno de los dos tiene la solvencia moral que les permita sostenerlos con fundamento; por el contrario, ambos arrastran tras de sí un oscuro pasado.
Este tipo de calumnias contra la familia García Prieto no son más que intentos por parte de quienes están tras el crimen, para restar credibilidad a las investigaciones realizadas por la Fiscalía. Cabe señalar que, durante su mandato, Manuel Córdova Castellanos desempeñó un papel bastante aceptable en este y otro tipo de casos. En ese marco, ¿quién puede asegurar que esas falsas declaraciones de Ortiz Díaz y Rendón Silva no son parte de una estrategia para desvirtuar las investigaciones y, de paso, enlodar la imagen de Córdova Castellanos, a fin de impedir su reelección como fiscal general?
Con el tiempo y las diligencias oficiales, se han ido encontrando elementos que podrían conducir hasta el o los autores intelectuales de este crimen. Ello, lógicamente, ha puesto en alerta a quienes —por lo visto y oído hasta el momento— se están valiendo de todo tipo de artimañas para impedirlo. Pese a los obstáculos, la familia García Prieto no ha dado marcha atrás. Por eso, el primero de noviembre convocaron a una conferencia de prensa en la que negaron esas versiones totalmente falaces.
En esa oportunidad, tras agradecer a los varios medios asistentes por su interés, Gloria de García Prieto dijo: "A nosotros nos parece ésto tan alejado de la realidad. A la prensa y al pueblo salvadoreño les consta que nuestra lucha ha sido limpia, que nuestra lucha ha sido únicamente con el arma del dolor y de las necesidades de justicia; entonces, no vamos honestamente a rebajarnos haciendo esas cosas que prácticamente son una costumbre en ese tipo de personas". Y añadió: "En segundo lugar, me parece a mí que a través de los fiscales específicos y del ex fiscal general se ha hecho un buen trabajo y no lo vamos a echar a perder con estas cosas. Nuestro caso avanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington y no vamos nosotros a entorpecer una posición tan clara, tan transparente de demanda de justicia con estas cosas".
A los enviados de los medios presentes en la conferencia, la señora de García Prieto les solicitó lo siguiente: "Nosotros queríamos ese favor de Uds. y esta oportunidad de manifestar al pueblo salvadoreño nuestra verdad. Les decimos que nosotros no necesitamos darles doscientos mil colones a nadie, ni trescientos mil, ni cuatrocientos mil, ni uno, ni diez, porque con lo que hemos contado siempre es con doscientos mil corazones de salvadoreños que están con nosotros o con dos millones de salvadoreños que están con nosotros. Y eso, para nosotros, es mucho más valioso que la compra de pruebas fabricadas. Ese ha sido nuestro respaldo moral".
Sobre las declaraciones de Ortiz Díaz, el director del IDHUCA —presente en la conferencia, acompañando a la familia García Prieto— sostuvo: "Existe una trayectoria que desdice cualquier cosa que este tipo pueda decir. Además, él no presenta pruebas de nada; en cambio, por ejemplo, lo del depósito en su cuenta de ahorros del nueve de junio de 1994, un día antes del asesinato de Ramón Mauricio, consta en el juicio. De eso no se plantea nada. La intención es tratar de descalificar a quienes reclaman justicia cuando hay poder detrás de los hechos; tratar de cansar y que esa gente se quiebre para que diga: "ya no seguimos; no se puede". Eso es lo que han tratado de hacer con la señora Hilda Jiménez, madre de Katy Miranda, y es lo que trataron de hacer con Rosalía de Vilanova".
Con todo el panorama anterior, se advierte que la ausencia de un fiscal general de la República —respaldado políticamente y con apoyo social— junto a las maniobras realizadas por los responsables del crimen de Ramón Mauricio, ponen en peligro los pocos avances hasta ahora logrados en esa incansable y transparente búsqueda de justicia; sin embargo, la familia García Prieto expresó que no desfallecerá ante este tipo de infamias, sino que —por el contrario— seguirá luchando porque el o los culpables sean castigados. Para su conocimiento, a continuación se publica la nota de prensa distribuida durante la citada conferencia.
Ante las recientes y falsas declaraciones del reo Julio Ismael Ortiz Díaz en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, a quien se le imputa el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, la familia GARCÍA PRIETO GIRALT estima conveniente y necesario hacer las siguientes consideraciones sobre el contenido de las mismas.
1. Constituyen una infamia más en el permanente y cobarde ataque en contra nuestra que inició, hace casi seis años, con el asesinato de nuestro querido hijo RAMÓN MAURICIO y que de manera continuada se ha mantenido a lo largo de nuestro esfuerzo por recibir justicia mediante amenazas, calumnias y todo tipo de maniobras para distorsionar la investigación y lograr así el encubrimiento de los verdaderos responsables materiales e intelectuales.
2. Ortiz Díaz—identificado como uno de los autores materiales de la muerte de RAMÓN MAURICIO— sostiene ahora que la Fiscalía General de la República le ofreció doscientos mil colones para que acusara al general Mauricio Ernesto Vargas como autor intelectual del hecho. Dicho ofrecimiento, según Ortiz Díaz, fue de su conocimiento por intermedio de René Rendón Silva; coincide el nombre del general Vargas con anteriores declaraciones del mismo Rendón Silva, afirmando —sin que se lo preguntaran— que el citado militar no tenía nada que ver con la muerte de nuestro hijo. Así, tanto Ortiz Díaz como Rendón Silva han acudido al Juzgado con el ánimo de favorecer a terceras personas.
3. La familia García Prieto jamás ha propuesto negocio, recompensa, dinero o algo parecido ni a los fiscales del caso, ni al anterior fiscal general ni a nadie para involucrar a persona alguna en el caso. Debe quedar claro: nunca lo haríamos, porque nuestra lucha legítima está basada en la ley, en nuestro dolor y en nuestro derecho a recibir una pronta y cumplida justicia; por convicción propia, nunca hemos utilizado ni utilizaremos los mecanismos sucios que inútilmente se han usado en contra nuestra para doblegarnos.
4. Que la misma trayectoria pública de Ortiz Díaz y Rendón Silva —quienes están sumamente interesados en defender a terceros en el caso— los descalifica pues, en primer lugar, Ortiz Díaz estuvo procesado por pertenecer a la temida banda de los "Power Rangers" y se le reconoce como uno de los asesinos materiales de nuestro hijo RAMÓN MAURICIO. Además, según consta en el juicio, recibió OCHO MIL COLONES en su cuenta bancaria el 9 de junio de 1994; es decir, un día antes del crimen sin que a la fecha haya podido explicar el origen de dicho dinero.
Rendón Silva estuvo procesado por asesinato, cometido supuestamente mientras se hacía acompañar por hombres extraños fuertemente armados que lo custodiaban y los cuales no eran de la Policía Nacional Civil (PNC). Existen versiones fundadas que tales elementos pertenecían al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), en medio de una campaña que —sin pruebas— realizaba este sujeto contra un conocido diputado que denunciaba la corrupción gubernamental; además, consta en el juicio que Rendón Silva mencionó ante el anterior fiscal general de la República que el general Vargas estaba involucrado en el asesinato de nuestro hijo, y le habló sobre un supuesto golpe de Estado contra el doctor Armando Calderón Sol, también sin aportar prueba alguna. Asimismo, consta en el juicio que Rendón no tiene trabajo conocido y que se negó a expresar sobre la procedencia de sus ingresos. Ambos, Rendón y Ortiz, fueron compañeros de prisión en Quezaltepeque.
5. Con semejantes antecedentes, preocupa esta nueva "cortina de humo" que se pretende tender sobre el asesinato de nuestro hijo, por los pintorescos personajes que intervienen en ella, su trayectoria, los "trabajos" que realizan, el empeño en no profundizar en nuestros señalamientos y la aparición de defensores particulares que han intervenido en sonados casos de crimen organizado.
6. Actualmente nuestro caso avanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pese a que la Cancillería salvadoreña no ha hecho nada para colaborar en ello, tal como se lo pidió la citada Comisión. Eso parece ser el dolor de cabeza que mueve a realizar maniobras como las ahora denunciadas, en aras de mantener en la impunidad a todos los responsables del asesinato de nuestro hijo; por ello, se lanzan en contra nuestra, que como víctimas de un hecho atroz reclamamos justicia en un país que se jacta de ser democrático y en donde supuestamente existe una "nueva forma de hacer política".
7. La familia García Prieto Giralt demanda públicamente, una vez más, que se investigue seriamente a los sospechosos de ser los autores intelectuales de la muerte de RAMÓN MAURICIO y se reserva el derecho de demandar por difamación a quienes inventan infamias en nuestra contra; a la vez, reiteramos que no desfalleceremos en nuestro intento de obtener justicia por la muerte de nuestro hijo.
8. Exigimos a la Cancillería, asuma con seriedad las responsabilidades que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha asignado en el caso García Prieto y que las autoridades investiguen el interés que tiene el señor Rendón Silva de interferir en nuestro caso, defendiendo a terceros sin que se lo pidan y con base a falsedades; asimismo, pedimos a la Fiscalía que investigue quién proporciona los fondos de los defensores de Ortiz Díaz, ya que no creemos que lo haga el referido imputado.
ESTA ES NUESTRA RESPUESTA, PARA QUE EL PUEBLO SALVADOREÑO —QUE HA SIDO EL GRAN JUEZ EN ESTE TORMENTOSO CASO DE IMPUNIDAD— SOMETA A CONSIDERACIÓN EL GRADO DE ENCUBRIMIENTO, CONFUSIÓN E IMPUNIDAD QUE LE TRATAN DE IMPRIMIR A ESTE CASO PARA EVITAR AVANZAR EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE TODOS LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES Y EVITAR, ASÍ, QUE SE HAGA COMPLETA JUSTICIA.
San Salvador, 1 de noviembre de 1999
FISCAL. La bancada legislativa efemelenista pretende elegir este día al Fiscal General de la República. El líder de la corriente renovadora del Frente, Facundo Guardado, dejó entrever que sus diputados estarían dispuestos a votar a favor de Arturo Argumedo incluso desobedeciendo la línea ortodoxa del partido, representada por el jefe de fracción y el coordinador general del partido, Shafik Handal y Fabio Castillo, respectivamente. Guardado cuestionó a aquellos efemelenistas que no apoyan al diputado independiente. "Argumedo, como se lo he dicho personalmente, puede hacer una buena gestión; no veo porqué los diputados del FMLN no le dan su respaldo", cuestionó. "No hay un argumento valedero contra Argumedo para no darle el voto", aseguró. De paso, Facundo recomienda a la dirigencia efemelenista una salida política para evitar —de no ponerse de acuerdo sobre el tema— que ambas corrientes adopten posiciones antagónicas en el pleno y que esto deje al descubierto las fuertes contradicciones al interior del partido. "Lo mejor sería... que se deje en libertad a la fracción para que sea libre de votar por quien estime conveniente", advirtió. Y por si quedaran dudas sobre la posición de los renovadores del FMLN, Guardado enfatizó: "[a Argumedo] lo respaldo. Es una persona que merece ser fiscal general, no hay señalamiento en su contra" (LPG 04.11 p.8).
ARENA. El Partido ARENA podría estallar en una crisis si su cúpula no cambia el rumbo de su política "vertical" en la toma de decisiones, advirtió el ex dirigente de esa agrupación, Alberto Carranza. Su opinión fue secundada por políticos de oposición. Algunos de los dirigentes actuales areneros han negado que su partido atraviese una crisis institucional, aunque reconocen que hay conflictos de interés por las candidaturas. El cada vez más intenso éxodo de simpatizantes y dirigentes, registrado en los últimos meses por desacuerdos con la nominación de candidatos a alcaldes y diputados, ha evidenciado que ARENA pasa por una crisis "peor que la de 1997", afirmó Carranza, quien dimitió el 26.10 de ese instituto político. Concejos enteros y simpatizantes de importantes municipios, como el de Soyapango, habrían renunciado al partido por la toma "verticalista" de decisiones, impulsada por la cúpula de ARENA, encabezada por el ex presidente Alfredo Cristiani. Según Carranza, la cúpula de ARENA "no estaba preparada para la apertura democrática" al permitirle a sus bases designar a sus candidatos, porque, al final, las autoridades del COENA "no respetaron esa decisión". "Esta experiencia lo que ha traído es descontento", aseguró. Por el momento, a los dirigentes del partido parece no afectarles las "masivas" deserciones de funcionarios y simpatizantes (EDH 03.11 p.10).
TRANSPORTE. Las reformas a la Ley de Transporte que debían ser aprobadas, el 28.10, por la Asamblea Legislativa, deberán esperar por lo menos dos semanas para llegar a votación, pues ARENA, PDC y PCN les retiraron su apoyo. Los diputados argumentaron que había necesidad de estudiar mejor las propuestas de enmienda. La Comisión de Obras Públicas emitió, el 26.10, un dictamen que incluía siete reformas a la Ley de Transporte, con especial dedicatoria hacia los choferes de buses y microbuses. Pero el apoyo al dictamen se redujo a los partidos FMLN, CDU y la USC, quienes sí mantuvieron el compromiso de respaldo a los cambios. La decisión de prorrogar la aprobación de las reformas causó molestias a la USC, ya que las modificaciones a la ley habían sido apoyadas por ARENA desde un principio. "Lamentablemente, la cobardía de ARENA y sus satélites, PCN y PDC, dieron al traste con el esfuerzo", sentenció Mauricio Salazar, de la USC. La plenaria se desarrolló con la presencia de varios grupos que rechazaban el intento de la enmienda. Los representantes del gremio de transportistas estaban presentes, liderados por Genaro Ramírez, presidente de AEAS. Ramírez aseguró que su gremio comparte la mayor parte de las reformas, aunque dijo que defendería el derecho a comerciar libremente con las líneas de transporte (LPG 29.10 p.5).
GOBIERNO. El Comité de Productividad Económica del gobierno presentó, el 27.10, su plan quinquenal, que apunta a prestar mayor atención a los grupos marginados, reducir el costo de hacer negocios en el país, mantener la estabilidad económica y propiciar el respeto al Estado de Derecho. El plan, denominado "La Nueva Alianza", fue presentado a los socios de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) por los ministros de Economía, Miguel Lacayo; de Hacienda, José Luis Trigueros; de Medio Ambiente, Ana María Majano, entre otros. Entre los lineamientos del Plan, según detalló el secretario técnico de la presidencia, Juan José Daboub, destacan introducir la competencia a los servicios públicos, modernizar la administración pública y "remover los cuellos de botella que frenan la productividad". Este plan estratégico se divide en los siguientes ejes: prevención social, participación ciudadana, eficacia fiscal, eficiencia judicial, rehabilitación social, cooperación internacional y eficacia policial. Asimismo, el gobierno se ha planteado el desafío de mantener controlada la inflación o el incremento anual de los precios en un 2.5% a lo largo del período presidencial. Esto significa que los precios subirían únicamente 2.5% cada año. El Ejecutivo aseguró que, en el marco de este plan, no hará nada a favor de un sector si afecta a los demás (LPG 28.10 p.4-5).
ESTANCAMIENTO. Los diputados volvieron a fracasar en su intento de elegir, el 04.11, al Fiscal General de la República. A Arturo Argumedo, el diputado independiente lanzado como candidato al cargo, le faltó 4 votos para salir electo. Los 52 votos sumados por ARENA, el PCN, el PDC, el PD y el PLD, el independiente Julio Samayoa y Jorge Barrera de la USC, no llegaron a las dos terceras partes necesarias para hacer efectiva la elección. La abstención de las bancadas del FMLN, la CD y la USC fue decisiva en este nuevo estancamiento. La negativa de algunos miembros del principal partido de izquierda a apoyar a Argumedo tiene que ver con desavenencias al interior de ese instituto político. El ala ortodoxa y el ala renovadora del FMLN han tenido problemas para ponerse de acuerdo sobre quién es la persona idónea para regir los destinos de la Fiscalía. En reuniones sostenidas el 03.11 y el 04.11, la cúpula efemelenista decidió unificar las posturas con respecto a la candidatura de Argumedo, con el fin de evitar escisiones que atentaran contra la unidad de la fracción legislativa. Así fue como los renovadores se plegaron a la posición oficial de aquélla, cuyo líder es Shafick Handal. Con la negativa del FMLN a respaldar a Argumedo el proceso de elección del Fiscal retrocedió al mismo lugar donde estaba hace seis meses. El Salvador cumplió ya 128 días sin Fiscal (EDH 05.11 p.2-3).
