Año 20
número 882
diciembre 8
1999
ISSN 0259-9864
Editorial ¿En la ruta de la ingobernabilidad?
Política Lo de rutina
Economía Conflictividad laboral en el sector público
Sociedad En punto muerto
Derechos Humanos Del derecho al hecho
¿En la ruta de la ingobernabilidad?
Diversos sectores intelectuales y políticos han llamado la atención acerca de la inminencia de una crisis de gobernabilidad en El Salvador. De hecho, los más pesimistas ya aseguran que el país atraviesa un estado de ingobernabilidad. Así, de un tiempo para acá, las expresiones "gobernabilidad" e "ingobernabilidad" se han puesto nuevamente de moda, sin que se comprendan bien sus alcances conceptuales y sus implicaciones prácticas. Por lo demás, quienes postulan la inminencia de una situación de ingobernabilidad no parecen caer en la cuenta de que un país sólo se vuelve ingobernable cuando las demandas sociales exceden por su amplitud —grupos sociales diversos crecientemente exigen del Estado bienes de todo tipo— y por el modo de plantarse —con acciones de hecho generalmente violentas— la capacidad del Estado para responder a las mismas y encauzarlas dentro de los marcos de la legalidad y el orden.
No cabe duda de que, durante las últimas semanas, se ha configurado en El Salvador un panorama desalentador. La conflictividad social ha ido agudizándose sin que se vislumbren salidas razonables y realistas a la situación. Sin embargo, interpretar la situación actual del país como dominada por la ingobernabilidad es forzar el concepto hasta hacerlo perder su sentido más propio. Nadie puede decir que en el mediano plazo la conflictividad socio-laboral no pueda decantarse hacia un clima de ingobernabilidad, pero, de momento, ni las demandas sociales se han multiplicado exageradamente —más bien los focos de conflicto están bastante definidos— ni la forma como se plantean las mismas es totalmente incontrolable por las autoridades. Ciertamente, en las últimas semanas se han configurado dinamismos que apuntan en esa dirección, por lo cual no hay que tomarse a la ligera la marcha de los acontecimientos. Y es que, sin un cambio de rumbo, el país corre el riesgo de despeñarse por el abismo del desborde social y la coerción estatal abierta. Ambas cosas, llevadas más allá de ciertos límites, socavarían la frágil institucionalidad democrática que penosamente se está edificando en El Salvador.
Asimismo, mal usado —o usado a la ligera— el concepto de ingobernabilidad puede llevar a las autoridades gubernamentales a renunciar a sus responsabilidades como garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente del derecho a tener un trabajo y un salario digno. ¿De qué modo? Del siguiente: si el país se ha vuelto ingobernable debido a las demandas excesivas —y al modo como estas se plantean— de determinados grupos sociales —en el caso actual del país, por las demandas de los trabajadores del Seguro Social y de los trabajadores del Órgano Judicial—, entonces de lo que se trata es de garantizar la gobernabilidad —erigida de un día para otro en bien supremo— por los medios que sean necesarios. Es decir, desde las esferas gubernamentales puede emanar el siguiente mensaje: hay unos malos ciudadanos que han osado atentar contra la gobernabilidad —democrática, se entiende—, creando desorden y confusión, atentando contra la unidad nacional. Esos malos ciudadanos merecen ser castigados sin piedad, no sólo con los garrotes de los policías, sino con descuentos y despidos colectivos. Al fin y al cabo el pobre gobierno no hace nada más que defenderse y garantizar la gobernabilidad del país. ¿Acaso la administración de Francisco Flores no ha dado señales de estarse moviendo en una dirección como la apuntada? Si ello no es así ¿cómo deben entenderse las amenazas del ministro de economía, Manuel Lacayo, acerca de despedir a cuanto empleado público se muestre inconforme con las medidas económicas del gobierno? ¿Cómo debe entenderse el nacionalismo del que hace gala el presidente Flores en algunos de sus discursos?
Quizás expresiones como "gobernabilidad", "crisis de gobernabilidad" o "ingobernabilidad" hagan sentir a quien las dice y repite como alguien que sabe mucho. Ello explica el porqué de su uso frecuente en boca de políticos y funcionarios gubernamentales. Pero mal usadas o mal entendidas, estas expresiones pueden llevar no sólo a graves errores de interpretación de una coyuntura socio-política particular, sino a peligrosas consecuencias prácticas. En el caso concreto de El Salvador, leer la situación actual como una situación de ingobernabilidad puede conducir, por un lado, a pensar los problemas socio-laborales como inmanejables dentro del marco de los arreglos pacíficos y, por otro, a descargar al gobierno de su responsabilidad de allanar el camino para que esos arreglos se puedan pactar y cumplir. Cosas ambas peligrosas para el avance de la transición-consolidación democrática.
Lo anterior no obsta para dejar de reconocer que la situación es grave y que es real el riesgo de que el país termine atrapado en las redes de la ingobernabilidad. Para avanzar en esa dirección no se necesita más que continuar en la dinámica seguida hasta ahora: demandas crecientes de los trabajadores —planteadas con agresividad—, prepotencia gubernamental y ausencia de propuestas sensatas y flexibles que permitan resolver los conflictos a través de pactos y acuerdos pacíficos. Ese es el camino más seguro para la tan anunciada ingobernabilidad, que de hacerse realidad no lo será sólo por culpa un sector social y político, sino por la conjunción del esfuerzo de muchos de ellos, especialmente del gobierno, los trabajadores y la clase política, cuya incapacidad para intermediar entre las demandas sociales y las instancias estatales quedaría puesta al descubierto de un modo brutal.
Causa gracia ver a políticos salvadoreños alardeando de lo mucho que saben cuando hablan de la situación de ingobernabilidad que vive el país. Ni por cerca caen en la cuenta del ridículo que hacen no sólo por no entender de qué se trata cuando (mal) usan el concepto, sino por no caer en la cuenta de que si el país fuera ingobernable —o llegara a serlo— ello pondría en evidencia tanto el fracaso del sistema político como el fracaso quien lo sostiene: la clase política. Pero pedir a los políticos salvadoreños que entiendan eso es pedirles más de lo que pueden dar, pues su talento y vocación poco parecen servirles para comprender los dinamismos de su país y para desempeñar responsablemente el rol que les corresponde como intermediarios entre la sociedad civil y el Estado.
Semanas antes de que finalice el año, el panorama político nacional continúa sumergido en la sosa y asfixiante rutina que lo caracteriza. Y no es que la política salvadoreña sea rutinaria porque falten acontecimientos. Lo que pasa es que los mismos acontecimientos se repiten sin cesar, una y otra vez, sin que pueda vislumbrarse una salida a esta dinámica que ya tomó la forma de un círculo vicioso. Hubiera podido pensarse que el período preelectoral vendría a animar el orbe de la política. Al fin y al cabo las elecciones son la ocasión en la que los partidos cobran especial protagonismo y, por ende, el momento idóneo para que éstos se den a conocer frente a la opinión pública. Lo desalentador es que los partidos, lejos de aprovechar esta oportunidad para intentar consolidar sus nexos con la población, parecen esmerarse, justo en estas fechas, para sacar a relucir lo más sucio del manejo inter e intrapartidario.
Como siempre, ARENA inició abiertamente su campaña electoral meses antes del tiempo reglamentario, ante lo cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como siempre, ha permanecido impávido y desentendido. Como siempre ortodoxos y renovadores efemelenistas vienen disputándose candidaturas, cuotas de poder y capacidad gestora dentro del partido, sin importar que con ello estén convirtiéndose en la comidilla de los medios. Como siempre, estos últimos recurren al cementerio de cadáveres noticiosos, como el bolsón de armas en Nicaragua, para satisfacer los intereses políticos de la "línea editorial" de los dueños del medio. Como siempre, la derecha procura inculpar a la izquierda de la grave situación social por la que atraviesa el país, con el objeto de desvirtuar las luchas de los trabajadores y evadir la responsabilidad de enfrentar el problema de manera seria y honesta. Como siempre, los diputados negocian para elegir, destituir y reelegir funcionarios a su antojo y beneficio. Como siempre, los partidos de centro se dividen y reagrupan del modo más insólito y disparatado. Como siempre, diversos "padres de la patria" enfrentan problemas con la justicia...
Es en esta larga –y aún incompleta— lista de "como siempres" donde cabe ubicar el espectáculo político de la semana: una nueva división al interior del PDC. Las razones son, por supuesto, las mismas de siempre: pugnas de poder, irrespeto a la institucionalidad del partido, deseo de adueñarse de sus estructuras con fines particulares. Por eso valorar este hecho sin caer en lugares comunes es casi imposible. Se puede decir que los políticos del país anteponen sus intereses a los de la ciudadanía; que con sus acciones no logran más que abonar al profundo descrédito de la clase política; que el manejo que hacen de los partidos es poco transparente y nada democrático; que eso genera sospechas en relación con su capacidad para gobernar de cara a los problemas de la población; que el centro nunca podrá cristalizar su propuesta mientras no aclare su horizonte ideológico. Pero todo eso ya se sabe y se sabe porque se ha dicho muchas veces en ocasión a las muchas veces en que han pasado cosas como estas.
Lo de ahora es que Ronal Umaña quiere recuperar lo que considera su feudo —el control del PDC— y que le fue arrebatado por René Aguiluz después de varios años de pleitos intestinos. Algunos pedecistas están con uno y otros con el otro, aunque todavía no termina de quedar claro quienes están con quien, pues ambos se arrogan los mismos nombres. Los umañistas acusan a sus adversarios de estar regalando candidaturas al partido en formación Unificación Cristiana Democrática (UCD), en el cual se agrupa la "vieja guardia" pedecista. Su argumento es que la "vieja guardia" está queriendo apoderarse del PDC.
Aguiluz sostiene que la insatisfacción de Umaña y sus seguidores se debe a que no figuran como candidatos a diputados en las planillas. Los umañistas amenazaron con desconocer el mandato de Aguiluz, actual secretario general del parido. Aguiluz amenazó con desconocerlos a ellos. Tanto Umaña como Aguiluz han dicho que cuentan con el respaldo de la mayor parte de la fracción legislativa pedecista y con el apoyo de las bases del partido. Aguiluz pensó que ganaba la batalla al quitarle a Umaña todos sus derechos como militante del PDC, entre ellos la tercera vicepresidencia de la Asamblea Legislativa. Pero la cosa no está tan fácil, pues ARENA no está dispuesto a perder a una de sus más valiosas piezas: junto con el PCN, anunció que no apoyaría la destitución de Umaña.
Y así están las cosas, pero que estén así es lo de menos. Lo importante es que las cosas en el juego político salvadoreño siempre están iguales. Hoy son unos nombres y unas acusaciones, mañana pueden ser otras. Lo grave es que responden siempre a las mismas torcidas motivaciones y reproducen con ello las mismas dinámicas antidemocráticas y adversas al desarrollo. No es improbable que la nueva crisis en el PDC, además de tener que ver con la coyuntura electoral, esté relacionada con la presunta negociación entre el FMLN y ARENA para elegir al Fiscal y destituir al Procurador de derechos humanos. Veamos cómo.
Nunca se entendió en razón de qué el Frente favoreció con sus votos a Peñate Polanco, actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a sabiendas de que sus dudosos antecedentes contradecían el perfil requerido para ocupar tal cargo. Los diputados efemelenistas han dado muestras de arrepentimiento por algo que, a todas luces, fue un error grave. Desde entonces la recuperación de la Procuraduría ha estado en la mira del Frente. Según parece, el entrampamiento de la elección del Fiscal se convirtió en una carta de negociación a favor del FMLN: los votos para el Fiscal que proponga ARENA a cambio de los votos de ARENA para la destitución de Peñate. Se presume que ese fue el trato y los hechos no falsean tal hipótesis.
El problema era que se estaba dejando fuera de juego a quien durante la accidentada y finalmente equívoca elección de Peñate había jugado un papel preponderante, justo a quien había impulsado esa candidatura: Ronal Umaña. Y si bien él había dejado de ser el "hombre fuerte" del PDC, seguramente no estaba dispuesto a renunciar a la cuota de poder con la que contaba aún como diputado y como vicepresidente de la Asamblea. Cuando el triunfo de Aguiluz sobre su dominio en el PDC se volvió inminente, Umaña tuvo que resignarse.
Pero expulsar a Peñate Polanco de la Procuraduría implica hacer a un lado al ala umañista de la Democracia Cristiana, con lo cual se estaría disminuyendo al mínimo su cuota de poder. No hay que olvidar que Umaña puso a Peñate al frente de la Procuraduría en virtud de un pacto turbio con ARENA. El respaldo incondicional de la fracción umañista del PDC hacia ARENA da pie a creer que esos arreglos bajo la mesa no son meras suposiciones. Por otra parte, Aguiluz está dispuesto a todo —desde respaldar la destitución de Peñate hasta promover el despido de Umaña de la vicepresidencia del pleno— con tal de convertirse en la nueva cabeza del PDC. Era lógico esperar una reacción tanto de Umaña como de ARENA frente a las movidas de Aguiluz. Ambos tienen algo que perder si Umaña es relegado del orbe político.
En definitiva, no estamos sino ante una demostración más del asombroso egocentrismo que inunda a los políticos salvadoreños. Tergiversando completamente el papel que el sistema político debe jugar en la construcción de la democracia, se ha puesto a girar la política en torno a los militantes y sus intereses y no en torno a la gente y sus necesidades, como debería ser. Contrariando toda lógica, los partidos se encierran cada vez más en sus conflictos particulares, ensanchando la brecha que los separa de la ciudadanía, en lugar de luchar por ejercer la política en función de ella.
El 15 de noviembre inició una huelga de los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la cual ha puesto nuevamente sobre el tapete de discusión la inestabilidad política y laboral del sector estatal. El conflicto laboral en el sector público tiene un contenido que lo diferencia claramente de los típicos conflictos laborales, donde las demandas se limitan a las reivindicaciones salariales. En el caso del sector salud especialmente, puede notarse que, además del tema salarial, también se incluye la negociación de reformas en el sistema de salud y la suspensión de los programas de privatización de los servicios, por ejemplo.
En ese sentido, las huelgas de los empleados públicos merecen ser revisadas desde una óptica que no las reduzca al tema salarial que, aunque importante, no ha sido el único factor detonante. Muchas protestas de los sindicatos de empleados estatales están íntimamente relacionadas con la aplicación de las políticas de estabilización y ajuste estructural, aunque tampoco puede negarse que, dentro de las gremiales del sector público, algunas concentran sus demandas en el tema salarial.
Las políticas de estabilización y ajuste pueden llegar a provocar diferentes conflictos sociales, tanto de carácter laboral como no laboral. Así, las políticas de estabilización pueden provocar protestas laborales de los empleados públicos en demanda de mayores salarios, o conflictos no laborales cuando algunos sectores sociales se oponen al incremento en los impuestos o a la reducción de subsidios. Algunos ejemplos recientes son las protestas de los empleados del Órgano Judicial y del sector magisterial, los cuales reivindican demandas eminentemente salariales. Por otra parte, han aflorado protestas de parte del movimiento laboral por la propuesta de incorporar los alimentos y los medicamentos a la lista de productos gravados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA); igualmente, el sector empresarial se ha pronunciado en contra de posibles modificaciones en la tabla de impuestos municipales de la Alcaldía de San Salvador.
Las políticas de ajuste estructural, por su lado, son fuente de conflicto en la medida que proponen medidas como la reforma de los sectores salud, educación, seguridad social; la privatización de empresas públicas; la reforma del Estado y la apertura comercial. La mayoría de veces los conflictos se manifiestan en protestas de los empleados del sector público o de la población beneficiaria, pero también puede manifestarse en expresiones de inconformidad de parte del sector empresarial. Es en este plano donde se ubica el principal foco de conflictividad social en El Salvador, pues es el tema del ajuste estructural el que más sobresale como causa de las disconformidades de las organizaciones laborales del sector público, tal como lo revela una rápida revisión de los conflictos ocurridos en los últimos tres años.
En el año 1997 ya se podía detectar un cierto malestar laboral por el tema de la privatización, el cual se expresó en las demandas reivindicativas presentadas durante la celebración del día de los trabajadores y, posteriormente, en las protestas de empleados del Ministerio de Salud. El 1 de mayo de ese año la Unión Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS) presentó una plataforma reivindicativa en la que solicitaba a la Asamblea Legislativa más empleo, condonación de la deuda agraria, reducción del IVA, un nuevo código de trabajo, cese de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), incremento en el salario mínimo, mayor gasto social y participación de los trabajadores en la toma de decisiones. En septiembre la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solicitó, por su parte, la eliminación de los pagos en los hospitales y la suspensión de la privatización de los fondos de pensiones.
Sin duda, 1998 fue el año en el cual se generaron la mayor parte de conflictos, especialmente en el ISSS donde tanto los empleados administrativos como los médicos se enfrascaron en una larga disputa con las autoridades del ISSS. A partir del mes de marzo, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) inició una serie de paros de labores que se prolongaron durante casi un mes y que finalizaron con el ofrecimiento de las autoridades del ISSS de incrementar los salarios de los empleados en un monto de 70 millones de colones y la promesa de revisar y evaluar las propuestas del SIMETRISSS para reformar el sistema nacional de salud.
En estos hechos se encuentra la génesis del actual conflicto en el ISSS, pues el nuevo gobierno de ARENA ha desconocido todos los acuerdos previos de su predecesor con los trabajadores del ISSS, suscritos en mayo de 1998. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la revisión salarial acordada por el ISSS y el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) no se puede cumplir porque el Ministerio de Hacienda "expresamente ha manifestado que dicho incremento afectaría los niveles de funcionamiento de inversión del Instituto, con detrimento directo en lo que respecta al nivel de servicio y atención a las necesidades de salud de la población cotizante". Ante ello, el mismo Ministerio de Trabajo y Previsión Social también se mostró en contra de la aprobación de la cláusula revisada del contrato colectivo que daría validez al alza salarial.
En este marco, el STISSS y SIMETRISSS señalaron que, "ante la actitud negativa del gobierno de El Salvador de realizar el necesario y urgente mejoramiento del Sistema Nacional de Salud", se unirían en la lucha por: no privatización del sistema nacional de salud, apertura de los hospitales Roma y Amatepec sin privatización, estabilidad laboral, cumplimiento de acuerdos, no represalias, negociación al más alto nivel y alianza solidaria.
Como puede notarse, los problemas que experimenta el gobierno con sus empleados tienen sus raíces en la aplicación de políticas de estabilización y de ajuste estructural, principalmente debido a su impacto sobre los servicios de salud y sobre la capacidad adquisitiva de los salarios. Aunque el gobierno se empeña en presentar los problemas del sector público como resultado de una campaña para conseguir incrementos de salarios —lo cual es una demanda totalmente legítima—, lo cierto es que lo que está en discusión es la política macroeconómica.
No puede dejar de señalarse tampoco que con anterioridad se ha evidenciado que el conflicto es bastante sensible al tema del ajuste salarial, tal como se reveló en mayo de 1998 al disolverse una huelga con el acuerdo de incrementos salariales por 70 millones de colones. Sin embargo, el gobierno no accede ni siquiera en este punto, pues lo considera contrario a la política de "austeridad" anunciada desde la llegada del gobierno de Francisco Flores. El conflicto en el sector público es un llamado de atención para el gobierno de que la gobernabilidad puede verse seriamente comprometida si se ignoran señales que claramente están denotando inconformidad de la población por los resultados de la privatización y por los bajos niveles salariales.
Estaba anunciado, no cabía esperar otra cosa de él: Francisco Flores vetó el decreto que destinaba 292 millones de colones para cubrir los aumentos salariales de los trabajadores del Seguro Social. Además, anunció ante la prensa que algunos de los servicios de los hospitales Roma y Amatepec serán dados en "concesión" a la empresa privada. Jaque para los sindicalistas del Seguro Social, mate a la posibilidad de que el gobierno le busque una salida negociada a un conflicto que se ha expresado en casi un mes de huelga ininterrumpida. Flores movió sus piezas y volvió a dejar en claro que no cederá ante las medidas de presión de los sindicalistas (para él, simples "agitadores" y "revoltosos") y que el conflicto sólo se resolverá cuando estos claudiquen y se ciñan a sus reglas de juego.
Y las reglas de juego del Presidente son obvias: no habrá aumentos salariales y no se podrá discutir la posibilidad de dar marcha atrás en el proceso de privatización del sistema de salud. Las perspectivas, evidentemente, son sombrías; principalmente para los derechohabientes, que han quedado atrapados en el fuego cruzado del gobierno y los médicos y trabajadores del Seguro Social. Se ha llegado, pues, a una fase de la problemática en que las posiciones han alcanzado su máximo grado de polarización y en la cual no se atisba una salida razonable al conflicto, a menos que ésta sea impulsada por el único de los bandos que ha dado señales de apertura, por mínimas que estas sean: los sindicalistas, especialmente SIMETRISSS.
De Francisco Flores no se puede esperar —y esto es un hecho, no una suposición— ni racionalidad ni preocupación por la situación de los derechohabientes que sufren el efecto de la huelga. Por un lado, porque su extrema ideologización le impide acercarse a la problemática de manera abierta y realista (impulsar la privatización y no ceder ante sindicalistas manipulados por la izquierda son dogmas de fe); por otro, porque desde su particular lógica la responsabilidad por la huelga es sólo de los sindicalistas, pues ellos la habrían iniciado y la estarían impulsando con su radicalismo; en este sentido, para Flores los únicos responsables del malestar de los usuarios serían los sindicalistas. Además, para el mandatario, la tarea de su gobierno para paliar los efectos de la huelga no sería negociar con los sindicatos para ponerle fin, sino más bien buscar mecanismos alternativos para brindar el servicio pese a la suspensión de labores.
Ahora bien, a pesar de que SIMETRISSS y el STISSS han lanzado amenazas temerarias (la más grave: el abandono de los hospitales, ya empieza a ser descartada) y de que buscan sumar a su causa a los médicos particulares y de los hospitales públicos para aumentar la presión sobre el gobierno, pueden encontrarse en ellos manifestaciones incipientes de apertura y racionalidad. Siendo uno de los puntos medulares de la problemática la privatización del servicio de salud, es importante que los sindicatos discutan, abierta y claramente, su posición sobre el punto. Por ello, es alentador que miembros de SIMETRISSS hayan declarado no estar —tal como lo afirma el gobierno— completamente cerrados en lo relativo al tema. La tarea pendiente es aclarar ante la opinión pública en qué puntos en específico y de qué manera estarían dispuestos a implementar o no la privatización en el sistema de salud. Con ello se dispondría de elementos mínimos de negociación con el gobierno, algo que hasta el momento no ha existido.
Por otra parte, es necesario que los sindicatos reconozcan que mientras se mantengan en la huelga continuarán insertos en la lógica que le es más conveniente al gobierno de Flores. Al contrario de lo que esperaban, el cese de labores sólo ha servido para robustecer la postura del Presidente y para que éste haya podido implementar sus políticas de manera inconsulta. SIMETRISSS debe de reconocer que al mantenerse en huelga permanece fuera de la formulación de las políticas hacia el sector salud. Debe de entender que a Flores le beneficia la huelga en tanto que le deja las manos libres para actuar.
Como se ha dicho antes, es necesario que los sindicatos den el primer paso para desatascar la problemática. La suspensión aun momentánea de la huelga emplazaría a Flores, le obligaría a entablar el diálogo que ha estado evitando a toda costa. Una vez iniciada la negociación, con la presencia de mediadores de peso y de amplia credibilidad, podrá verificarse en qué medida está dispuesto el Presidente a solucionar la cuestión por la vía de la razón. Con esto SIMETRISSS y el STISSS se anotarán el tanto de haber sido los primeros en utilizar la inteligencia (la gran ausente en esta problemática) y dispondrán del capital moral de haber cedido para beneficio de los usuarios del sistema de salud. Por el momento, es difícil vislumbrar otra vía de solución que no sea la acá planteada: a los sindicalistas ya no les queda mucho por hacer para presionar a Flores (han llegado a un punto muerto) y éste no ha mostrado ningún signo visible de cansancio o desgaste como resultado de la huelga.
Hace diez años —exactamente el 20 de noviembre de 1989— la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es vista como el instrumento jurídico universal más importante en todo lo relacionado con la protección a la infancia. Nuestro país firmó dicho documento el 26 de enero de 1990 y lo ratificó tres meses después, el 27 de abril; de esa forma, gobierno y sociedad salvadoreña estamos en la obligación de asegurar el respeto a los derechos comprendidos en los ámbitos civiles, económicos, sociales y culturales necesarios a fin de establecer las mejores condiciones para su supervivencia y desarrollo integral. En síntesis, sus derechos deben ser promovidos, respetados y garantizados de manera especial, en toda circunstancia y sin distinciones de ningún tipo. En el marco del décimo aniversario de la Convención, un grupo de niñas y niños acaban de presentar un interesante informe elaborado por la Fundación "Olof Palme" que merece ser comentado en este espacio.
Titulado "Del derecho al hecho", este material constituye un resumen de los principales resultados que arrojó la "Encuesta nacional de opinión de la niñez sobre los derechos de niñas y niños", la cual fue realizada con el propósito de establecer un diagnóstico —lo más aproximado posible— del grado de conocimiento que existe entre esta importante población del país, además de establecer cuál es su opinión sobre la aplicación en El Salvador de los derechos reconocidos dentro de la Convención y sus propuestas para que realmente tengan vigencia. El esfuerzo fue de carácter nacional y se obtuvo una muestra final de 1,186 casos válidos. Las niñas y los niños entrevistados fueron seleccionados al azar, tomando en cuenta únicamente cuotas según género, zona geográfica, departamento, edad y estrato social; para la obtención de un mejor producto, opinaron sin la presencia de personas adultas.
Para determinar los problemas fundamentales, se ubicaron cuatro espacios: familia, escuela, comunidad y sociedad; en cualquiera de ellos, las preocupaciones más grandes de la niñez y la adolescencia tienen que ver con alguna manifestación de violencia y ruptura. Eso se comprueba al ver lo que a continuación se ofrece. El 31.6% se refiere al maltrato como lo que más afecta en el seno familiar; la falta de comprensión, comunicación y atención se ubica en el segundo sitio con un 15.5%; les siguen los pleitos (11.5%) y la desintegración familiar (4.7%). Además, aparecen otro tipo de problemas que tienen que ver con vicios de los padres, las carencias económicas —sobre todo en lo que toca a la alimentación— y los problemas de educación.
En lo relativo a la escuela, lo principales problemas son los siguientes: pleitos entre compañeros (23.1%), maltrato y falta de protección por parte de las y los maestros (18.6%), educación deficitaria (9.3%) y las dificultades para ir a la escuela junto al desinterés por estudiar (8.1%). En el ámbito de la comunidad: ladrones y maras (26.1%), contaminación ambiental (6.3%), pleitos entre vecinos y amigos (6%), maltratos y abusos (5.9%) y malas relaciones y envidias (4%). En la sociedad, encontramos esto: maras y drogas (16%), delincuencia e inseguridad (13.4%), irrespeto a sus derechos (8.8%) y maltrato y violencia (5.7%).
Al entrar a los aspectos relacionados con los niveles de conocimiento que tiene de sus derechos, alrededor de la mitad de la población encuestada los ubicó en el mismo lugar que los derechos de las personas adultas. De cara a la Convención, aparecen situaciones bastante deficitarias pues únicamente el 29% han escuchado algo —bastante o regular— sobre este documento; en el sentido contrario, el 70% no ha oído nada o muy poco. Otro dato importante: sólo el 3.63% ha leído el texto de la Convención. Al preguntar sobre el principio del interés superior de la niñez —"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño", reza el primer párrafo del artículo 3 de la citada Convención— los resultados obtenidos tampoco fueron alentadores: el 14.59% "conoce" el significado de dicho principio; cabe destacar que la Fundación "Olof Palme" explica lo "elevado" de ese porcentaje quizás se encuentra en la "intuición o por lo explícita que podría resultar la formulación".
Se consultó sobre 16 derechos específicos de la niñez y adolescencia; los más conocidos fueron: a vivir en familia, a la educación, a la salud, al juego y a la protección contra el abuso o el maltrato. Para la Fundación que organizó el sondeo, "en términos generales el significado de los derechos está claro para la niñez, la mitad aproximadamente no conoce el significado del derecho a la protección especial en caso de incurrir en un delito o falta, así como el derecho a estar protegido contra la explotación económica o laboral". Y añade: "Los resultados señalan que los derechos mejor conocidos son aquellos más inmediatos para la niñez".
Las libertades de expresión y reunión, de salir y actuar constituyen lo que —según el sentir de la niñez y la adolescencia— más se irrespeta; les siguen, en orden descendente, los siguientes derechos: a la protección contra el maltrato y la violencia; al juego, la recreación y a disfrutar de la niñez; a la educación; a un mejor nivel de vida (ambiente sano y alimentación, entre otros aspectos); a la salud; a no ser explotado; al respeto; a la vida; a la protección y seguridad ante la delincuencia; a la protección contra las drogas; y a vivir en familia.
Al interrogar por la vía que les ha facilitado aprender sobre sus derechos, la "Olof Palme" señala que "la radio y la televisión están calificados como medios en los cuales han aprendido regular o mucho de los derechos; en cambio, sobre los periódicos la calificación es de regular y nada. La radio es más importante en este sentido para niños y niñas de los sectores medios y de bajos ingresos, mientras que la televisión lo es para los de ingresos altos"; asimismo, establece que la televisión como medio para conocer los derechos humanos de la niñez es mejor valorada entre los sectores urbanos. Y finaliza esta parte así: "Los lugares o medios mejor evaluados respecto al aprendizaje de los derechos son la escuela y el hogar".
Al preguntársele sobre dónde se respetan menos los derechos, la población encuestada respondió que es en la familia o la casa (26.70%), seguido de la calle (21.50%). El entorno familiar tiene mucha repercusión en este punto tan negativo, pues el padre, la madre, el padrastro y la madrastra aparecen como las personas que menos respetan los derechos (17.40%); en segundo lugar se encuentran los amigos y compañeros (12.90%); en tercero, se ubican los adultos en general (10.10%).
Pese a estar conscientes de la violación a sus derechos, el 58.01% dijo no haber reclamado —en su mayoría— por no tener valor o por miedo a las represalias, porque no necesita hacerlo, porque no le gusta, porque no quiere culpar o hacer sentir mal a otro; otras respuestas estuvieron encaminadas hacia los siguientes aspectos: porque no tenían derecho a reclamar, porque eran menores o porque los padres tienen siempre la razón. Del grupo que dijo haber hechos reclamos, encontramos que el 12.90% se pronunció porque se respete su derecho a la protección contra el maltrato, el 9.27% con relación a la libertad de expresión y reunión; y el 6.07% por el derecho a la igualdad y respeto por sus cosas. Los reclamos en su mayoría son dirigidos hacia los familiares (29.01%), al personal de la escuela (7.67%) y a los amigos y compañeros (6.24%).
En la investigación se logró encontrar un fenómeno que no es exclusivo de la niñez sino que es un patrón que aún encontramos en los adultos: la falta de una actitud de denuncia. De las niñas, los niños y adolescentes encuestados, el 61.72% reconoció que no ha pedido ayuda mientras que un 32.97% respondió que sí. Entre las causas que inciden para ese silencio ante las violaciones a sus derechos se encuentran las que siguen: porque no saben quién les puede ayudar o porque no saben qué hacer (27.20%), porque no les gusta hacerlo (15.00%), porque no tienen confianza en las instituciones (12.10%), porque no creen que sirva (11.10%), porque les da miedo (4.50%), porque lo resuelven solos (1.20%) y porque no quieren que se vuelva más grande el problema (0.90%).
De las y los menores que sí han pedido ayuda, el 19.50% acudió a sus familiares; el 5.40% se dirigió a los profesores y profesoras mientras el 3.20% acudió a amigos o compañeros. Además, se les preguntó acerca de la calidad de ayuda que habían recibido de estas personas, a lo que el 27.9% contestó que había recibido ayuda con mucho interés; un 29.5% expresó que había sido muy útil; sólo el 5.7% dijo que fue poco útil o inútil. Pese a lo anterior, apenas el 27.2% expresó que los derechos que se les habían violentado o negado habían sido completa o en su mayor parte reparados, frente a un 48.6% que expresó que poco o nada se había hecho por resarcidos.
En cuanto a la percepción de las y los menores encuestados con relación a si sus derechos están respaldados por la ley, los resultados están divididos de la siguiente manera: bastante (35.4%), regular (30.19%) y poco o nada (31.7%). Asimismo, el 40.6% dijo saber cuáles son las instituciones que protegen sus derechos; entre las más mencionadas se encuentran: los juzgados (10.88%), la escuela (6.66%), el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (6.58%), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (4.97%), las organizaciones de la sociedad conocidas como "oeneges" (3.54%) y las iglesias u organizaciones religiosas (3.46%).
También se abrió un espacio para las propuestas de la niñez y la adolescencia, después de ubicar desde su propia perspectiva las responsabilidades que creen tener. Entre estas últimas, las principales son: labores de la casa, obedecer y respetar, trabajar, estudiar y aprender. De las propuestas, tenemos para la misma niñez y adolescencia lo que sigue: pedir protección a personas de confianza, instituciones y autoridades; portarse bien y ser respetados; conocer los derechos, informarse, analizar y comunicarlos; reunirnos y hacer respetar los derechos, exigir, no permitir; respetar para que respeten mis derechos; obedecer; comunicarnos, platicar con los adultos, pedir consejos.
Para las persona adultas y el gobierno, estas son las principales propuestas: respetar a la niñez, considerar al niño y la niña como persona; no maltratar ni abusar de la niñez; ayudar y apoyar a la niñez y la adolescencia; cuidar a niñas y niños; poner atención a la niñez, darle importancia; dar a conocer los derechos, explicar a niños, aconsejar; querer más a los niños y las niñas; proteger a la niñez, seguridad ante la violencia; atender a las necesidades básicas de la niñez; hacer que se respeten los derechos; esforzarse por ser un mejor gobierno, ayudar; cambiar leyes para que se cumplan; crear más y mejores instituciones.
Transcribimos a continuación el comunicado de FUSADES sobre la reciente controversia entre el Órgano de Justicia y el Ejecutivo a raíz del veto presidencial al decreto 757, en el cual se normaba un aumento salarial a los empleados judiciales. También se reproduce el comunicado de la ANEP sobre la huelga de los trabajadores y médicos del Seguro Social.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES
Ante la crisis institucional surgida a raíz de los vetos presidenciales a decretos aprobados por la Asamblea Legislativa, manifiesta:
I. Que el Art. 137 de la Constitución, concede al Presidente de la República la facultad de vetar cualquier Decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, con excepción de los indicados en el inciso 2º. del Art. 135 (que no requieren sanción), y puede hacerlo por considerar inconvenientes dichos decretos o considerarlos contrarios a lo que dispone la Constitución. Dicha facultad constitucional comprende la de vetar cualquier proyecto de ley, reformas presupuestarias, aun las referentes al presupuesto de otros Órganos del Estado, aumentos salariales a los empleados públicos y toda utilización de fondos estatales para cualquier fin. Esa atribución presidencial, además, es necesaria dentro del sistema de frenos y contrapesos que debe existir en un régimen democrático y un Estado de Derecho. Frente a cualquier veto, la Asamblea Legislativa debe reconsiderar el proyecto y decidir lo que estime conveniente de conformidad a la Constitución.
II. Que la controversia entre dos Poderes del Estado no es nada excepcional (está prevista en la Constitución y se da en todas las democracias). Los vetos presidenciales no deben motivar reacciones sin fundamento. Resulta preocupante que funcionarios del Órgano Judicial se pronuncien sobre un asunto pendiente, constitutivo de un conflicto, no de carácter jurídico, sino político y que atenta gravemente contra el orden constitucional del país.
III. FUSADES formula un llamado a la racionalidad y al respeto al orden constitucional de parte de las autoridades de los Órganos Legislativo y Judicial. Recordamos que es obligación de toda la ciudadanía mantenerse vigilante y contribuir a través del cumplimiento de las leyes a la vigencia de un auténtico Estado de Derecho y al fortalecimiento del proceso democrático.
San Salvador, diciembre de 1999
Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP
Llamado a la responsabilidad.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, ante el costo humano que está generando la huelga de los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hace un llamado a las partes involucradas a buscar las alternativas que permitan terminar con el sufrimiento que se está causando a la población derechohabiente.
Asimismo, exigimos a los dirigentes sindicales, tomar en cuenta no sólo los intereses de sus agremiados, sino también los de casi un millón de asegurados, que con sacrificio cotizan anticipadamente al ISSS para obtener un servicio que hoy se les niega, el cual presenta en la actualidad grandes deficiencias.
A los médicos del país, les invitamos a analizar con responsabilidad, en el marco de la reforma del sector salud, el futuro del Seguro Social, pues todos juntos debemos encontrar una solución definitiva a la crisis de la institución, en beneficio de la población que demanda con urgencia el servicio básico de la protección de la salud. No podemos perder de vista que en otros países de la región, se han presentado iniciativas de reformas, con el objeto de hacer más eficientes los servicios de salud. Tomemos ejemplo de experiencias como estas.
Al Gobierno de la República, le recordamos que esta solución debe estar apegada a la Ley, pues es la única forma de solucionar los conflictos y mantener el orden vigente, lo que nos conducirá al respeto del Estado de Derecho y a la consolidación de la democracia que tanto necesita nuestro país.
San Salvador, diciembre de 1999
VETO. Los Órganos Ejecutivo y Judicial han entrado en una pugna después del veto del presidente Francisco Flores al aumento salarial a los empleados judiciales. Los afectados sostienen que el veto es inconstitucional. La crisis inició, el 22.11, cuando el Presidente rechazó el aumento, argumentando que éste generaba una desigualdad en los ingresos percibidos entre los empleados judiciales y el resto de trabajadores gubernamentales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Tenorio, sostuvo que Flores se ha tomado atribuciones que no le concede la Constitución Política. Los detractores del veto se amparan en el artículo 182 de la misma, que establece que es facultad del Órgano Judicial elaborar su propio presupuesto, el cual deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Agregan que en la misma Carta Magna no se establece como una atribución del Ejecutivo modificar el presupuesto judicial. Al respecto, Flores asegura que la Constitución crea una estructura democrática de pesos y contrapesos en que ninguna parte del Estado puede actuar con absoluta autonomía. "De manera que el Órgano Judicial sí tiene potestad para administrar su presupuesto, pero es la Asamblea la que lo aprueba y lo manda a sancionar el Ejecutivo", expresó (EDH 02.12 p. 2 y 3).
BONO. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió desembolsar cerca de 4 millones de colones para poder lograr que sus empleados desistieran de continuar con la huelga en los tribunales. El 03.12, los trabajadores y magistrados lograron un acuerdo que permitirá a los empleados recibir un bono por 500 colones, según dijeron el 06.12 los mismos sindicalistas. Para el próximo año, el aumento salarial será aplicado desde enero, de acuerdo con el presupuesto aprobado en noviembre por la Asamblea. Los fondos con los que se aplicarían los aumentos pertenecen al presupuesto interno de la Corte y no al de la nación (LPG 07.12 p. 4).
SINDICALISTAS. El 06.12, los sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se reunieron con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa. La jornada fue únicamente de carácter informativo, para que los diputados conocieran los argumentos de los sindicalistas. Además de detallar los pormenores del conflicto, los sindicalistas plantearon ante los diputados la petición de que los 221 empleados destituidos del ISSS sean reinstalados en sus puestos de trabajo. Añadieron que las negociaciones están sujetas a que las autoridades cumplan esta exigencia. Asimismo, denunciaron la supuesta retención de unos 7 mil cheques de trabajadores (LPG 07.12 p. 6).
HUELGA. Miles de pacientes del Seguro Social se quedaron, el 02.11, sin consultas y medicinas a escala nacional, ya que la red hospitalaria se mantiene cerrada para los derechohabientes, a excepción de las "extremas urgencias". La medida, de carácter indefinido, fue anunciada por los sindicatos de médicos y trabajadores del Seguro Social, SIMETRISSS Y STISSS. Con el cierre pretenden conseguir que el gobierno nombre una comisión de alto nivel para negociar sus demandas. "Este día se ha tomado la decisión de atender únicamente las urgencias... esta situación aumentará si no tenemos [en uno o dos días] una respuesta", manifestó el secretario de SIMETRISSS, René Zapata Nieto. Sin embargo, no especificó en qué consistirían las medidas a tomar por los sindicalistas. Por su parte, la directora del Seguro, Ana Vilma de Escobar, reveló que extenderían el sistema de consulta privada a los usuarios. Esto significa contratar servicios privados para realizar cirugías electivas a partir del 06.12. Sin embargo, el Colegio Médico no descartó la posibilidad del cierre de las clínicas privadas como medida de apoyo a los médicos del ISSS, que luchan, según la entidad, "por robustecer la atención en salud de la población". Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Nieto, dijo que el gobierno evalúa la situación laboral de los huelguistas (LPG 03.12 p. 4 y 5).
MARCHA. Los sindicatos de trabajadores y médicos del Seguro Social realizaron, el 08.12, una marcha para solicitar al gobierno la solución del conflicto laboral y el reinstalo de los trabajadores despedidos del ISSS. Los demandantes pretendían reunirse con el presidente Flores, pero éste había dejado como delegado al secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, Rolando Alvarenga. Sin embargo, al llegar a casa presidencial, los sindicalistas se retiraron, pues, según dijo el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), René Zapata, "queríamos hablar con el señor Presidente no con alguien más". Por otra parte, se anunció que los médicos de los hospitales públicos que participaron en la marcha enfrentarán sanciones por parte de los directores y jefes responsables de los centros de salud a los que pertenecen por abandono de labores. El ministro de Salud, José López Beltrán, aseguró que las leyes laborales exigen sanciones a las personas que no desempeñen su trabajo. "Dura es la ley, pero hay que aplicarla. No es cuestión de que el Ministerio sea el que va a aplicar [las sanciones], están los canales adecuados para ello", sostuvo. En este sentido, los médicos de la red estatal restaron importancia a las sanciones que se les aplicarían por participar en la marcha (LPG 09.12 p. 4 y 5).
DESCENTRALIZACIÓN. El Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) descartaron que se vaya a privatizar la atención médica a la población; más bien se estaría apostando por la descentralización de los servicios. El viceministro del ramo, Herber Betancourt, dijo que el programa de gobierno del presidente Flores plantea que la población debe tener "acceso efectivo a los servicios básicos", entre los cuales se incluye la provisión de los servicios de salud. Según el funcionario, la "alianza solidaria" le apostará, en la parte sanitaria, a la construcción de un sistema nacional "equitativo, eficiente, eficaz y participativo". Para ello se prevé iniciar un proceso de descentralización en el cual se involucren los gobiernos locales, Organizaciones No Gubernamentales y las comunidades. Salud visualiza una reforma al sistema en la que el Ministerio sea el rector de la política a nivel nacional. Entre otras cosas, se apostará a que la consulta general sea brindada en unidades de salud, dispensarios o por medio de otras entidades, ya que en los hospitales es más cara. En cuanto a la necesidad de construir más centros asistenciales públicos, el funcionario dijo que existe "una buena red para el tamaño del país". El ministerio cuenta con 30 hospitales, de los cuales cuatro son considerados de tercer nivel; es decir, cuentan con el equipo más especializado del sector (LPG 09.12 p. 6).
FMLN. El FMLN anunció, el 01.12, su apoyo a las huelgas que mantienen sindicalistas del sector público en demanda de aumentos salariales y otras exigencias. Diputados de ARENA interpretaron el apoyo de Frente a las huelgas del Seguro Social y del Órgano Judicial como una maniobra para "sembrar el desorden social y desestabilizar al país". "Estamos dándoles el apoyo por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos de los contratos colectivos de trabajo", declaró, por su parte, Shafick Handal, del FMLN. Culpó a la vez al gobierno del presidente Flores de impulsar una "política provocadora" contra los trabajadores que mantienen huelgas, al no cumplirles compromisos de aumentos de sueldos, adquiridos de manera anticipada entre éstos y sus antiguos jefes. "[El Gobierno] debería de cumplir [con los contratos colectivos de trabajo] o por lo menos negociar con los trabajadores", recomendó Handal. Walter Araujo, de ARENA, acusó a Handal de estar "manipulando" a los trabajadores del sector público para que paralicen sus labores. Humberto Centeno, diputado del Frente, recordó que Flores ha vetado sus "propias iniciativas", porque cuando fue presidente del congreso avaló los incrementos para los trabajadores de ambas instituciones (EDH 02.12. p. 6).
PEÑATE. Todos los partidos de la Asamblea Legislativa acordaron, el 01.12, iniciar un juicio político contra el procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate. De encontrarlo culpable, están dispuestos a removerlo de su cargo. "Hay que demostrar que no ha cumplido; si no, vamos a dejar un antecedente negativo", señaló René Aguiluz, del PDC. "Estoy de acuerdo con la destitución de Peñate, pero bajo el marco de la ley", opinó, por su parte, Kirio Waldo Salgado, del PLD. Una subcomisión adjunta a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa investigará el desempeño del funcionario para determinar si es apto o no para continuar en el cargo. La idea de la investigación surgió a raíz de una pieza de correspondencia presentada por el PDC, en la cual se señalan supuestas fallas en la conducta personal y la gestión de Peñate. Aguiluz reafirmó, el 02.12, la intención de su grupo político de destituir al Procurador, luego de comprobarse fallas en su gestión. "[Peñate] ha demostrado incapacidad, mal manejo de la Procuraduría. Ha maltratado a los trabajadores y existen anomalías sobre el manejo de vehículos nacionales", sostuvo el político. Agregó que desde la llegada del funcionario a la Procuraduría la institución "no cumple con los objetivos que le manda su Ley Orgánica". "La institución ha perdido credibilidad", argumentó (LPG 02.12 p. 16 y 03.12 p. 30).
FIDEL. El presidente de Cuba, Fidel Castro, denunció, el 01.12, la vinculación del ministro del Interior salvadoreño, Mario Acosta Oertel; del ex ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera y del ex jefe de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, con un grupo terrorista internacional. El diario oficial cubano Granma publicó, en su edición del 2 de diciembre, la conferencia de prensa ofrecida por Castro a periodistas venezolanos, en la cual denunció la existencia de un complot para asesinar a su homólogo venezolano, Hugo Chávez. Castro también aludió a una campaña anticubana orquestada por exiliados de la isla que, según él, operan en Miami y San Salvador. Según el aparato de inteligencia cubana, el complot contra Chávez habría sido preparado por Eusebio Peñalver, cabecilla de un grupo radical de exiliados, que mantiene estrechas relaciones con Luis Posada Carriles. Éste último fue señalado por la justicia cubana como el responsable de los atentados dinamiteros contra centros turísticos en la Habana, en 1997. Por ellos se capturó y condenó a muerte a los salvadoreños Cruz León y Otto Rodríguez. Castro dijo que Posada Carriles se ha mantenido viajando constantemente por varios países centroamericanos para evitar ser ubicado y que, fundamentalmente, "reside en El Salvador". El diario oficial expresaba que las personas de las cuales Posada Carriles recibe mayor apoyo son Barrera, Acosta Oertel y Ávila (LPG 07.12 p. 8).
