Año 20

número 883

diciembre 15

1999

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Propaganda internacional

Política Cardenal: moralismo y diversión

Economía Vetos contra el desarrollo social

Regional Nicaragua: los malabarismos de Alemán

Opinión Pública Evaluación del país a finales de 1999 y perspectivas electorales para el 2000

Derechos Humanos La declaración de La Haya sobre la CPI

Noticias

El Salvador es el país latinoamericano ideal para invertir. Así lo presentó —o quizás debiéramos decir con más precisión: así lo ofreció— el presidente Flores a un selecto grupo de empresarios, reunidos en Miami. Según la presentación de Flores, El Salvador ha experimentado transformaciones sustanciales, cuyos resultados más relevantes son un crecimiento promedio del 5.2 por ciento; la reducción de la inflación al 2 por ciento; el control del déficit fiscal; la simplificación del sistema fiscal, basada en muy pocos impuestos y una tasa baja; la estabilidad del tipo de cambio; el incremento de las reservas internacionales; la privatización de las pensiones, las telecomunicaciones y la energía; una moderna ley de bancos y mecanismos para proteger al usuario; avances notables en las tecnologías de información y desarrollo del conocimiento —un centro de llamadas y cien cabinas comunitarias para entrar en internet—, y administración de aduanas por teledespacho. Estas novedades estarían avaladas por instituciones internacionales que colocan a El Salvador al nivel de Chile —en América Latina— y Taiwán y Canadá —a nivel mundial—, en cuanto a libertad económica.

Esto quiere decir que los antiguos derechos ciudadanos se han reducido al derecho individual frente al Estado y el derecho al voto. La "responsabilidad compartida" de la que tanto habla el presidente Flores no quiere decir otra cosa, sino que cada individuo se ocupa por buscar lo que necesita, compitiendo con otros que también buscan lo mismo. La diversidad de intereses, en cuanto cada uno compite por unos recursos escasos, es resuelta por el mercado. Además, esos intereses, incluidos los sociales y personales, son reducidos a su dimensión económica. La competencia es impuesta como garantía única para que los beneficios lleguen a sus destinatarios legítimos. En la esfera social, el criterio ordenador es la eficiencia, entendida como la prestación de servicios que compiten entre sí al menor costo posible, en términos de recursos públicos. Lo que el gobierno ahorra en la prestación de estos servicios lo utiliza para promover al capital privado. Es así como los servicios públicos se mercantilizan y la ciudadanía es despojada de sus derechos colectivos. En suma, el discurso del presidente Flores en Miami evade la realidad nacional y, en este sentido, no dice verdad; pero, por el otro lado, pone en evidencia los principios verdaderos que informan sus decisiones y sus políticas.

Cardenal: moralismo y diversión

ARENA sabía que en la competencia por la Alcaldía de San Salvador su corredor, cualquiera que fuera, iniciaría con rezago y cuesta arriba su faena. Igualar —no se diga superar— la figura carismática y popular de Héctor Silva parecía una tarea titánica. Incluso se llegó a rumorar que el partido en el gobierno sólo buscaba un candidato que accediera a perder con alguna dignidad frente al actual alcalde. Y es que el candidato arenero por la principal alcaldía del país tendría que luchar no sólo contra el capital electoral de un gobierno municipal relativamente exitoso en su gestión, sino también con el desgaste que le produciría a ARENA el timo Francisco Flores.

De lo primero poco habría que decir, ya que son de sobra conocidos los logros y virtudes que han hecho del alcalde de San salvador una figura de respeto y aprecio entre la ciudadanía; por ende, un rival electoral difícil de batir. En cuanto a lo segundo, no es descabellado suponer que ARENA buscaría distanciar a su candidato de la imagen con la que se promovió a Francisco Flores. Ello no porque ésta haya sido poco exitosa, sino más bien por que ya estaría mostrando su falsedad, su calidad de mero producto de una hábil, aunque engañosa, estrategia electoral. Flores ha resultado ser completamente otro del que se vendió durante la campaña presidencial. Así, otorgarle al nuevo candidato características similares a las que se utilizaron para promocionar a Flores, probablemente despertaría la suspicacia y desconfianza de una población ya desengañada.

Luis Cardenal surgió como una respuesta a estos dos elementos adversos. Y ello explica muchas cosas. Principalmente, su viraje: el Luis Cardenal de la campaña adelantada que impulsa ARENA tiene poco que ver —al menos públicamente— con el que antes se distinguió por su papel como miembro de la empresa privada y como articulista de ocasión en los medios impresos del país. El Luis Cardenal precandidato figuró por su moderación en un sector duro y profundamente conservador. Aunque nunca fue un liberal ni rompió con el abecé mínimo de todo empresario, sí sobresalió en algún momento por pretender discutir los asuntos del país apoyándose en la razón y la creatividad. De ese Cardenal poco o nada queda. El Luis Cardenal de ahora ha resultado tan duro, con tan poca imaginación y tan conservador como el arenero de más profunda raigambre. En este sentido, diametralmente opuesto al Francisco Flores candidato.

Hasta el momento, la campaña de Luis Cardenal se ha distinguido más por su talante pintoresco y combativo que por sus propuestas y moderación. Enfocado en desprestigiar y minar la figura de Héctor Silva, Cardenal ha desestimado presentar propuestas serias y plausibles para el desarrollo del gran San Salvador. Y es que en este punto el candidato de ARENA también se la ve difícil: ¿cómo proponer algo nuevo cuando el equipo de Silva ha sido prolífico en ideas y proyectos atinados? ¿cómo proponer sin repetir lo que Silva ha planteado con anterioridad o está implementando? Tal vez con el fin de no caer en la repetición y reconocer que difícilmente podrá plantear algo que no haya sido ideado ya por Silva, Cardenal se ha atrincherado en un conservadurismo moral asfixiante.

Empieza entonces lo pintoresco: por ahora la población no sabe qué hará Cardenal si se diera el caso de que llegara a la Alcaldía de San Salvador, pero sí sabe —tiene que saberlo, pues los medios no han escatimado esfuerzos para demostrarlo— que le encantan los villancicos, que tiene una sólida relación con sus hijos y su esposa (la cual no duda en disfrazarse de pastorcilla para apoyar a su marido) y que odia los casinos; que le encantan los mercados y tiene afición por las piñatas, especialmente si éstas se realizan en las zonas de mayor pobreza y marginalidad de la capital. Y en esto sí es novedosa la campaña de Cardenal: la solidez moral de su familia y el gusto por la caridad (el político que ofrece espectáculos públicos es siempre caritativo con el aburrimiento de la población) son sus únicos ganchos electorales.

Posiblemente las piñatas y los villancicos sean importantes para un sector de la ciudadanía ávido de diversión y sano esparcimiento, pero ni el espectáculo ni la reiteración en el valor del matrimonio y el hogar construyen una ciudad más habitable, con mayores oportunidades de desarrollo; una ciudad más segura y digna. A la política salvadoreña siempre le ha faltado seriedad y compromiso con las necesidades de la población. Un candidato novedoso es aquel que pretende llenar este vacío. Cardenal, al menos el que se ha visto hasta ahora, parece no dar la talla para cumplir satisfactoriamente esta tarea. Está muy ocupado organizando eventos navideños y criticando a un alcalde que sí ha dado señales de estar comprometido con la calidad de vida de los capitalinos y no solamente con su aburrimiento o su moralidad.

Vetos contra el desarrollo social

Una de las características de la relación entre el nuevo gobierno de ARENA y la Asamblea Legislativa ha sido la constante confrontación debido a discrepancias en torno al destino de los ingresos públicos. Casi por regla general, los decretos que son aprobados por la Asamblea Legislativa sin el concurso de los votos de los diputados de ARENA son vetados por el presidente Flores, con lo cual se atenta directamente en contra de la estabilidad socio-laboral, la prestación de servicios básicos y la administración de la justicia.

Entre los decretos vetados recientemente por Flores se encuentran aquellos con los que se pretendía financiar el incremento al Órgano Judicial por 33 millones de colones y a los empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por 292 millones de colones, así como la creación de un fondo de 50 millones de colones para indemnizar a los ex-patrulleros que estuvieron al servicio de la Fuerza Armada durante los años de guerra civil.

También se han vetado decretos con los cuales se perseguía mantener el subsidio, por 570 millones de colones, a las tarifas de energía eléctrica para los pequeños consumidores y, por otra parte, revertir los descuentos efectuados a maestros huelguistas por un monto de 4 millones de colones. En total, el Presidente estaría ahorrando al erario público un total de 916 millones de colones, equivalentes a un 5% del presupuesto general de la nación y reduciendo las presiones hacia el déficit fiscal, pero al mismo tiempo estaría ignorando la problemática de los sistemas de salud, educación y justicia y añadiendo más combustible a la explosiva situación laboral del sector público (ver Proceso, 881 y 882).

Flores dice estar decidido a vetar todos los decretos que no sean beneficiosos para el país y añade: "nos opondremos a las acciones de aquellos que buscan sacar provecho político de las necesidades más sentidas de los salvadoreños", en clara alusión a los huelguistas del sector salud y del sector educación, así como también a los diputados de la oposición que habrían aprobado los decretos. Además, Flores ha expresado en otras ocasiones que el Estado no está en condiciones de financiar con su presupuesto los gastos millonarios que se generarían para cumplir con los diferentes decretos vetados.

Desde que asumió el poder en junio pasado, el Presidente anunció un plan de "austeridad fiscal" con el que pretendería controlar el creciente déficit fiscal, tarea en la que los dos gobiernos precedentes de ARENA no han tenido éxito. Esta aparente obsesión por el control de las finanzas públicas, contrasta con algunas medidas de la política presupuestaria reflejadas en el anteproyecto de Ley General del Presupuesto de la Nación para el año 2000, elaborado por el Ministerio de Hacienda. Entre los años 1999 y 2000 se espera que el presupuesto general de la nación pase de 17,079 a 18,224 millones de colones, lo cual implicó un incremento de 1,145 millones de colones, equivalente a un 6.7% del presupuesto de 1999.

Este incremento presupuestario fue canalizado, principalmente, a los rubros de servicio de la deuda pública, "apoyo a instituciones relacionadas con el ramo de hacienda y otros", financiamiento para los gobiernos municipales, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Con los vetos presidenciales, en realidad, no se está evitando incurrir en gastos que no podrían ser asumidos por el Estado. Por ejemplo, los 33 millones para el incremento al Órgano Judicial se obtendrían fácilmente reduciendo en un 20% la inflada partida dedicada a "apoyo a instituciones relacionadas con el ramo de hacienda y otros", que se incrementó en 128 millones de colones entre 1999 y 2000. Lamentablemente, los vetos a la erogación de fondos públicos afectan áreas sociales muy sensibles: prestación de servicios de salud y educación, administración de la justicia y subsidios a la prestación de los servicios básicos (electricidad). En consecuencia, los vetos se convierten en mensajes negativos para aquellos que esperan mejorías en la prestación de servicios básicos.

En primer lugar, la negativa del gobierno a siquiera negociar el tema salarial dentro de los conflictos de los sectores salud y educación —que además incluyen el tema de la privatización— denota que, aun en la actualidad, las propuestas de mejorar la prestación de servicios sociales básicos continúan siendo discursos vacíos. El gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999) incluso llegó a ofrecer que el presupuesto para el área social llegaría a representar un 50% del presupuesto total para 1999, pero durante su mandato la participación del gasto social en el total se contrajo en varias ocasiones.

El presidente Flores ofreció en su discurso de toma de posesión un "incremento de la inversión social en educación, salud, agua, saneamiento básico y vivienda, garantizar la seguridad y la justicia", pero las señales recientes hacen dudar de este ofrecimiento, pues en el fondo, y al margen de que se quiera o no combatir a aquellos que "buscan sacar provecho" de las necesidades de los trabajadores, se está poniendo en entredicho la capacidad del Estado para brindar servicios de salud, educación y justicia.

En segundo lugar, el veto a los salarios de los empleados del Órgano Judicial también muestra que el nuevo gobierno no tiene ningún reparo en intervenir en la formulación del presupuesto de ese poder del Estado, el cual, debido a la reforma constitucional de 1983, cuenta con autonomía para la estructuración de sus gastos.

Como se mencionó antes, en ambos casos el gobierno califica las demandas salariales de "intereses particulares", pero lo cierto es que en el país nadie puede negar que los salarios promedio, y aun los mínimos, se encuentran muy por debajo del costo de la canasta básica ampliada, e inclusive de la canasta básica de alimentos. En sintonía con lo anterior, la demanda salarial de los trabajadores de salud, educación y del Órgano Judicial es legítima, el problema estriba en que además de ellos existen otro millón y medio de trabajadores que también necesitan aumentos. Afortunadamente para el gobierno, no todos sus empleados están reclamándolos.

Finalmente, el veto al subsidio de las tarifas de energía eléctrica es otra mala señal enviada por el gobierno para la mayoría de la población, ya que ello implicaría un incremento en las tarifas para los pequeños consumidores. Sin embargo, pese a que el Presidente ya había vetado el decreto, el ministro de Economía, Miguel Lacayo, expresó que el subsidio continuará por un tiempo indefinido, pues, según afirmó, se "está trabajando para ver como se maneja".

Los recientes vetos del presidente Flores muestran con claridad meridiana la contradicción entre las políticas de estabilización y las políticas de desarrollo social. Así, mientras unas proponen limitar el gasto público, las otras exigen que se dediquen recursos públicos para "compensar" los efectos negativos de las políticas de estabilización y ajuste a través de programas de educación, salud e inclusive de contención de la violencia social, a través del fortalecimiento de las instancias encargadas de la seguridad pública y la administración de la justicia.

Según la Directora del ISSS, Ana Vilma de Escobar, en el futuro se proyecta "concesionar" los servicios de salud a la empresa privada, lo cual da más elementos para la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de la privatización de los servicios básicos, más aun considerando los efectos negativos de las experiencias de la privatización de la telefonía y la distribución de energía eléctrica (Proceso, 870).

Nicaragua: los malabarismos de Alemán

El presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, tiene ante sí una nueva oportunidad de atraer a su favor la atención de la comunidad internacional y de la población de su país. Hace pocos días, la sorpresiva firma de un tratado entre Colombia y Honduras con el que pretendían poner fin a su querella fronteriza en el Océano Atlántico provocó una violenta reacción por parte del gobierno nicaragüense. Con la componenda se estableció que la frontera marítima entre las naciones centroamericanas se encontraba en el paralelo 15 y no en el 17 como pretende Nicaragua; asimismo, se le reconoce a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y sobre los callos Roncador, Quitasueño y Serranía, cercanos al meridiano 82. Desde entonces, al reclamo que Alemán ha hecho a los signatarios (respetar el espacio marítimo de su país) se le ha sumado una serie de medidas unilaterales que han caldeado los ánimos de propios y extraños en la región.

La traumática definición de fronteras terrestres y marítimas en toda la región centroamericana forma parte de la vida de sus naciones desde hace muchos, muchos años. Empero, los múltiples gobiernos que han conducido los destinos de sus respectivos países han podido calmar este dolor de cabeza con el mejor de los analgésicos: la indiferencia política. Por lo general, esto ha provocado esporádicas reacciones de protesta cuando alguna de las partes decide poner cartas en el asunto por su propia cuenta y todo suele terminar en la firma de frágiles e insustanciales acuerdos que, con el tiempo, han sido desconocidos total o parcialmente por los firmantes. De ahí que las revisiones y reelaboraciones de acuerdos y tratados hayan sido muy comunes a lo largo de la última mitad del siglo. Ha sido en el marco de este "estira y encoge" que ha ido tomando forma el problema de la indefinición fronteriza de todo el Istmo.

Sin embargo, el caso de Nicaragua presenta ciertas particularidades. Durante el tiempo en que el sandinismo se mantuvo a la cabeza del Estado —y desde principios de siglo también— Honduras y Costa Rica aprovecharon para impulsar iniciativas que pretendían cercar el control marítimo nicaragüense. Una de estas, el tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, fue desconocido por el gobierno sandinista a principios de los 80 y ha sido este mismo acuerdo el que sirvió de base para impulsar de forma definitiva el reciente tratado de Honduras y Colombia. Ahora, el gobierno de Alemán se ha servido de la medida sandinista para justificar una campaña de defensa de la "soberanía nacional" —por medios pacíficos y apegados al derecho internacional, según sus más cercanos colaboradores—, que se ha visto amenazada por lo que él mismo ha llamado una "descabellada ambición" de los hondureños.

Una Nicaragua cada vez más convulsionada y malherida en su democratización e institucionalización adereza el impulso de dicha campaña. Aunque fuentes gubernamentales de la vecina nación han hecho hasta lo imposible por reducir el conflicto a un asunto que debería desarrollarse por la vía diplomática de alto nivel, los beneficios que podría obtener el envalentonado Alemán al adoptar un discurso exageradamente nacionalista no son despreciables en lo más mínimo. Si hasta hace menos de un mes las irreflexivas acciones del mandatario le había ganado el reproche hasta del sector financiero —acusado por Alemán de especular con una parte de la deuda externa—, ahora éste le ha asegurado su apoyo en esta cruzada por la defensa nacional. La empresa privada, preocupada por las reformas constitucionales que impulsa el gobierno en contubernio con el FSLN, tampoco rechazó el llamado de apoyo que le hizo el Presidente frente a la medida hondureña.

Alemán, como era de suponer, cuenta con escasas simpatías de la población nicaragüense y sus posibilidades de poner en manos de uno de sus "confiables" el próximo gobierno se le esfuman punto a punto en las encuestas de opinión. Líder indiscutible del proceso de difamación y encarcelamiento del contralor general de la República, Agustín Jarquín, Alemán se ha presentado ante la opinión pública internacional como uno de los más grandes enemigos de la justicia y de la fiscalización de las prácticas corruptas dentro del Estado. Coautor de las reformas constitucionales que harán de Nicaragua un dinosaurio sin disfraz en medio de las democracias latinoamericanas, someterá sin más a los organismos electorales al control de los dos grandes y desacreditados partidos del país (liberal y sandinista), se permitirá poseer niveles de inmunidad reprobables y consumirá lo poco que le queda al sistema de representación política vigente.

Así, aunque es difícil hacer un análisis certero de la conveniencia o no de la postura adoptada por Nicaragua frente a la acción de Honduras y Colombia, es un hecho que, directa o indirectamente, parte de los beneficios que pueda obtener el país con la intervención extranjera se los quedará Alemán. Distraer la atención de una cada vez más crítica comunidad internacional sobre la candente coyuntura que atraviesa el país sería, tal vez, la más importante victoria que, desde ahora, Alemán se estaría anotando a su favor. Ni hablar de las grandes posibilidades de aminorar la presión que se le impone a su gobierno para que deje de golpear la institucionalidad del país y se apegue a una administración más transparente de los recursos de la nación. Estas manifestaciones de reproche saltan por todos los flancos para señalar la irregularidad con la que el gobierno liberal ha conducido el Estado en los últimos años.

En definitiva, el peligro que conlleva la actitud de un gobierno como el de Alemán frente a estos latentes conflictos de soberanía no radica en esa agresión que el binomio Honduras-Colombia le ha hecho a la descuidada Nicaragua. A fin de cuentas, lo más sensato sería esperar una resolución definitiva poniendo el problema en manos del derecho internacional. La constante marginación con la que se ha tratado a Nicaragua al momento de definir problemas que a todas luces le atañen, le favorecería si se llegara a consolidar del todo esta vía de solución. Tampoco radica en el riesgo de perder importantes fuentes de explotación pesquera y mineral, o centros turísticos codiciados por su enorme capacidad de atraer riquezas a los países que le circundan. En caso de retenerlos para sí, el gobierno de Nicaragua ganaría un problema más de cara a su incapacidad no sólo financiera sino también —y ante todo— administrativa y frente a las urgentes necesidades de reconstrucción que todavía pesan sobre sus espaldas luego del "Mitch".

El problema de fondo radica en la posibilidad de otorgarle la razón a un mandatario que ha demostrado ser un artero y dedicado dominador de la opinión pública internacional y nacional. Su capacidad para movilizar a los actores indicados en las situaciones más desfavorables lo hacen uno de los mandatarios más astutos, pero menos confiables, que haya podido tener Nicaragua; de quien se puede esperar, tanto la construcción del discurso más diplomático o nacionalista, como la puesta en marcha de todo un aparato de presión paralelo que, en esta ocasión, se manifiesta en forma de sanciones arancelarias, despliegues militares y amenazas encubiertas. Sin duda alguna, lo nocivo de la nueva campaña de Alemán no será tanto la resolución (necesaria) de un conflicto de larga data. Será hacerle honor a las causas de un presidente copado por la impopularidad y el desprestigio.

Evaluación del país a finales de 1999

y perspectivas electorales para el 2000

A finales del año 1999, la mayoría de los salvadoreños siguen preocupados por los problemas de delincuencia y de economía nacional, según revela la última encuesta de opinión pública llevada a cabo por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado con el propósito de que los ciudadanos evaluaran la situación del país a finales de 1999, fue realizado entre el 4 y el 8 de diciembre del año en curso, con una muestra nacional representativa de 1,327 personas adultas que habitan en las zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos del país. Sin embargo y a diferencia de otros años, un porcentaje de la población ha comenzado a preocuparse por la inestabilidad social generada por la crisis laboral (7.6 por ciento) y por la forma de gobernar de la administración Flores (5.2 por ciento).

De hecho, el 37 por ciento de los encuestados dijo que la situación política del país ha empeorado en este año que finaliza, frente a un 45.5 por ciento que afirmó que la situación sigue igual y un 12.1 por ciento que sostuvo que ha mejorado. El resto no brindó su opinión.

En el área económica, las opiniones tienden a señalar que la situación ha empeorado a nivel nacional, pero que se ha mantenido igual a nivel familiar. Concretamente, el 47.8 por ciento sostuvo que la situación económica general del país empeoró en el presente año; mientras que un porcentaje cercano, el 42.4 por ciento dijo que la situación ha seguido igual y un 8.6 por ciento dijo que la situación económica ha mejorado. En términos familiares, más de la mitad de la población, el 57.1 por ciento, sostuvo que su situación económica se ha mantenido igual; mientras que el resto de ciudadanos se divide al afirmar que ha empeorado (29.2 por ciento) o que ha mejorado (13.5 por ciento).

Sobre el tema de la delincuencia, un poco más de la mitad de los ciudadanos, el 52.1 por ciento, piensa que la misma aumentó en el año 99, mientras que el 30.9 por ciento percibe que se mantiene igual y un 16.6 por ciento cree que disminuyó. El 23.4 por ciento de los ciudadanos dijeron haber sido víctimas de un hecho delincuencial durante este año, porcentaje muy parecido al de años anteriores.

Sobre el futuro del país, las opiniones muestran tendencias de incertidumbre y de pesimismo. El 38.3 por ciento piensa que el país estará peor dentro de un año; frente a un 18.4 por ciento que sostiene que estará igual y un 17.6 por ciento que piensa que estará mejor. El resto de ciudadanos, el 25.7 por ciento, no sabe cómo estará el país dentro de un año. A más largo plazo, a cinco años, la proporción de personas que no saben cómo estará el país aumenta al 42.8 por ciento.

A finales de 1999, la mayoría de la población, el 86 por ciento, no cree que el país se esté conduciendo por un buen camino y, por el contrario, piensa que necesita un cambio.

Preguntados sobre lo que necesita políticamente este país para mejorar, la mitad de los ciudadanos contestaron que el país necesita un gobierno que sepa escuchar a la población; mientras que un 18.6 por ciento apuntó a un gobierno de mano dura y un 15.4 por ciento dijo que era necesario un diálogo y concertación entre los diversos sectores de la vida nacional. Otras personas señalaron la necesidad de que todos los ciudadanos participen políticamente y el resto dio otras respuestas.

La encuesta de la UCA abordó el tema de la conflictividad socio-laboral que ha enfrentado el país en el presente año. Las opiniones se encuentran repartidas con respecto a las causas que provocan tal problemática. El 38.3 por ciento de los ciudadanos piensa que los conflictos laborales en general se deben a las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores; el 33.8 por ciento considera que los problemas se deben a la mala gestión del gobierno y el 19.1 por ciento sostiene que las huelgas responden a planes de desestabilización que promueven ciertos sectores políticos.

Sobre la huelga o paro en el Seguro Social, los resultados siguen tendencias parecidas. Un poco más de la tercera parte de los encuestados piensa que el problema del Seguro Social se debe a la falta de cumplimiento de compromisos por parte del gobierno; casi otra tercera parte piensa que no existe voluntad de dialogar por parte de los sectores involucrados; mientras que el 19.1 por ciento reitera que el problema obedece a un plan de desestabilización política. El resto de consultados ofrece otras respuestas.

Sin embargo, al preguntar directamente si las demandas de los empleados del ISSS son justas o no, las opiniones se presentan divididas. Casi el 42 por ciento cree que las demandas de los trabajadores del Seguro no son justas, frente a un 38.3 por ciento que considera que sí son justas. El resto de personas no conoce las demandas o prefiere no opinar.

La encuesta revela además que el 66.8 por ciento de los ciudadanos no está de acuerdo con la huelga o paro como forma de reivindicar las demandas laborales, frente a un 24 por ciento que sí está a favor.

Preguntados sobre lo que debería hacer el gobierno para enfrentar los conflictos laborales que se desarrollan en la actualidad, la mayor parte de los salvadoreños (58.1 por ciento) señaló que el gobierno debería tratar de negociar las mejores condiciones para ambas partes, el 20.5 por ciento es de la opinión que debería despedirse a los sindicalistas y contratar a otra gente, mientras que el 17.5 por ciento sostiene que deberían cumplirse las demandas de los trabajadores, entre otras respuestas.

Sobre el tema del Seguro Social, la encuesta de la UCA reveló que siete de cada diez ciudadanos están en contra de la privatización del Seguro Social o de alguno de sus hospitales.

El IUDOP preguntó a los salvadoreños sobre sus preferencias electorales de cara a los comicios del próximo año. En términos nacionales, las intenciones de voto a principios de diciembre favorecen al partido ARENA, seguido del FMLN en segundo lugar, y a buena distancia el resto de partidos políticos.

En cuanto a diputados, el 27.5 por ciento votaría por ARENA, mientras que el 15.4 por ciento lo haría por el FMLN y el 4.9 por ciento lo haría por el CDU. El resto de partidos no suman más del 3 por ciento. En lo que se refiere a concejos municipales, la diferencia entre los partidos más grandes se reduce: el 27.1 por ciento votaría por ARENA, en tanto que el 21.3 por ciento votaría por el FMLN; el 2.8 por ciento votaría por el CDU y el 2.2 por ciento lo haría por el PDC. El resto de partidos suman menos del 2 por ciento.

Por otro lado, más de la mitad de los consultados (56 por ciento) piensa que ARENA tiene más probabilidades de ganar más diputados.

La encuesta de la UCA incluyó una muestra especial de 639 entrevistas en el municipio de San Salvador para explorar las tendencias electorales de los residentes de la capital de cara a los comicios municipales. Los resultados muestran, a finales del 99, una clara ventaja a favor de Héctor Silva y del FMLN.

A los entrevistados que residen en el municipio de San Salvador se les preguntó a quién escogerían para alcalde entre Luis Cardenal y Héctor Silva, los resultados revelan que el 54.1 por ciento dijo que escogería a Héctor Silva como alcalde, mientras que el 29.1 por ciento afirmó que optaría por Luis Cardenal. El 10.3 por ciento sostuvo que no escogería a nadie y el 6.4 por ciento dijo que no sabe a quién escoger por ahora.

A la pregunta sobre el partido por el cual votaría para la alcaldía de San Salvador, el 41.8 por ciento sostuvo que votaría por el FMLN, seguido de ARENA con un 26.8 por ciento. El resto de partidos obtienen preferencias electorales que no superan en 3 por ciento en el municipio de San Salvador. El FMLN encuentra su mayor apoyo entre los sectores medios y obreros, mientras que ARENA sigue siendo más fuerte entre los sectores altos y marginales.

Los resultados de esta encuesta no muestran variaciones fundamentales en las opiniones sobre los problemas de delincuencia y economía; sin embargo, los conflictos laborales parecen haber introducido un elemento de preocupación entre los ciudadanos, quienes ven con incertidumbre el futuro del país. Aunque las opiniones sobre los problemas laborales están divididas, las declaraciones más frecuentes apuntan a reconocer los problemas de los trabajadores, la incapacidad para negociar de los sectores involucrados y al rechazo a la huelga como forma de reinvidicación. Los ciudadanos están más dispuestos a apoyar salidas negociadas a los conflictos que la imposición de alguno de los bandos.

En el ámbito político, la encuesta revela que ARENA sigue siendo el partido más apoyado a nivel nacional, aunque Héctor Silva y el FMLN han logrado establecer, por ahora, una clara ventaja a su favor como favoritos para gobernar la capital.

La declaración de La Haya sobre la CPI

Previo a comentar este documento sobre la CPI, debemos ubicar al lector sobre el tema al cual nos referimos en esta ocasión. Nos referimos a la Corte Penal Internacional, cuyo nacimiento tuvo lugar cuando las representaciones de 120 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reunidas en Roma, el 19 de julio de 1998, acordaron establecerla; desde entonces se definió su carácter permanente, con una responsabilidad a nivel mundial y en capacidad de comenzar a sesionar cuando su estatuto hubiese sido ratificado por 60 miembros de la citada organización. Según Wolfhart Saul —de la institución alemana conocida como la "Sociedad Internacional de Derechos Humanos"— esa decisión representa un importante avance para la realización exitosa del Derecho Internacional Humanitario, al contar —en adelante— con la ayuda de un tribunal independiente "dotado de los medios con que cuenta cualquier Estado para garantizar el Estado de Derecho", evitando así la dependencia absoluta de una discrecional y bastante cuestionable "buena voluntad" gubernamental.

Tras ese difícil inicio —porque realmente costó mucho alcanzar ese logro— han habido cuestionamientos al esfuerzo, lógicamente provenientes en su mayoría de los sectores que, por su actuación en el pasado y sus inveteradas costumbres, se sienten amenazados; pero también han habido, en un nivel más significativo, apoyos. Uno de los más destacados es el "Llamamiento de La Haya por la paz"; este documento fue signado el 13 de mayo de 1999 por importantes expresiones de la población mundial que, de entrada, afirmaron la necesidad de una instituciones de este tipo.

Organizaciones e individuos de África, América Latina, el Medio Oriente, el Caribe, Asia y el Pacífico reafirmaron —en esa oportunidad— su apoyo "al establecimiento de una Corte Penal Internacional independiente, justa y efectiva a través de la pronta ratificación de su Estatuto".

"Al final del siglo más violento que recuerda la historia —sostuvieron entonces—, una rápida mirada a las realidades terribles de la guerra, la tiranía y la discriminación nos fuerza a reconocer que el género humano continua sufriendo bajo flagelos de su propia creación, aún cuando tiene los medios intelectuales y materiales para evitarlo. En los albores de un nuevo siglo, este reconocimiento nos inspira sentimientos encontrados de ansiedad y esperanza: los hombres y mujeres del siglo XXI, nuestros hijos, recibirán el legado de nuestros fracasos o éxitos en la lucha por la paz y la justicia. La tarea de crear un mundo justo para ellos se hace sentir con más urgencia en nuestras sociedades del Sur Global, marcadas por una trágica historia común de colonialismo, genocidio y esclavitud y internacionales por la persistencia de las violaciones a los derechos humanos".

Pensando en las posibilidades de transformar radicalmente ese panorama bastante desolador, pensaron el Derecho Internacional como "una herramienta esencial para el avance de la paz y la justicia". No obstante, sostuvieron que "los valiosos principios establecidos en tratados internacionales son a menudo violados por los mismos gobiernos que los han proclamado". Por ello— desde su perspectiva— se vuelve urgente y necesario la construcción y consolidación de instituciones internacionales "efectivas para proteger nuestros derechos cuando se compruebe que los sistemas judiciales nacionales son incapaces o no tienen la voluntad para cumplir con su deber. De otra manera, la cultura de la impunidad se reforzará, debilitando así, la esperanza en la justicia y alentando la repetición de los mismos delitos".

Aprobado en 1998, el Estatuto de Roma de la CPI fue calificado por el llamado "Sur Global" como "un cuerpo permanente facultado para juzgar a aquellos individuos acusados de los crímenes más horrendos que ofenden la conciencia humana", entre los cuales se encuentran: la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Para las y los firmantes del documento de La Haya, dicho Estatuto:

- Evidencia "el crecimiento del consenso mundial sobre la necesidad de frenar la impunidad de la que disfrutan aquellos responsables de actos de agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Su jurisdicción comprende aquellos crímenes derivados de los conflictos internos y las violaciones que son cometidas en tiempos de paz".

- Constituye "el principio de complementariedad, enfatizando de este modo la responsabilidad primaria de los sistemas judiciales nacionales de juzgar los crímenes mencionados líneas arriba, pero al mismo tiempo garantiza un remedio cuando esos sistemas son incapaces o no tienen la voluntad para cumplir con sus obligaciones".

- Establece las condiciones para "la existencia de "una fiscalía independiente, facultada para iniciar investigaciones motu propio, en casos donde los alegatos y pruebas provistas por la sociedad civil, las víctimas, los medios y otras fuentes no estatales proveen fundamento suficiente para presumir la comisión de graves crímenes.

- Garantiza "el principio de responsabilidad de los individuos ante la justicia internacional, sin considerar que hayan cometido los crímenes en su desempeño oficial como jefes de Estado o jefes militares".

- Ampara "a las víctimas, defendiendo su derecho de participar en todas las fases del proceso, velando por su seguridad y estableciendo formas de compensación y rehabilitación".

- Introduce "la perspectiva de género, definiendo claramente aquellos crímenes que involucran la explotación sexual y discriminación de género, tales como la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzoso y la esterilización forzada. Además asegura una composición de la Corte sensible frente a específicas violaciones basadas en el género".

- Establece "los más altos estándares del debido proceso, garantizando los derechos de los acusados y evitando formas de castigo crueles e inusuales tales como la pena de muerte".

No obstante lo anterior, que en su conjunto representa un gran avance en la lucha contra la impunidad, falta mucho camino por andar. Entre los retos que aún quedan, están los siguientes que se encuentran registrados en la citada Declaración:

- "El hecho de que la Corte no haya sido erigida sobre el principio de jurisdicción universal sobre los casos que envuelven graves violaciones a los derechos humanos. En realidad, la Corte sólo intervendrá en aquellos casos donde las conductas alegadas involucren al territorio o a los ciudadanos de un Estado que es parte del Estatuto. Esto resulta problemático porque en muchos casos, puede ocurrir que las graves violaciones involucren a los ciudadanos y al territorio de Estados que no son parte del Estatuto. Esto plantea una presión adicional sobre los gobiernos del mundo para producir un alto número de ratificaciones, a fin de reducir las áreas de no jurisdicción de la Corte. De otra manera, la Corte podría verse incapacitada para actuar a menos que reciba una remisión por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

- "La capacidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de retrasar los procedimientos de la Corte. El Consejo de Seguridad, en ejercicio de sus deberes de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, estará facultado para referir casos a la Corte pero también será capaz de retrasar los casos por períodos renovables de doce meses. Ningún miembro del Consejo tendrá el poder de vetar individualmente el accionar de la Corte debido a que el aplazamiento deberá ser solicitado por la mayoría absoluta del Consejo de Seguridad, incluyendo a todos los miembros permanentes. Sin embargo, el hecho de que el Consejo como tal tenga el poder de retrasar los casos preocupa, por la posibilidad de que los casos se aplacen por periodos prolongados, y nos recuerda poderosamente la necesaria tarea de democratizar la estructura de las Naciones Unidas"

- "La disposición temporal que permite a cualquier Estado declarar al momento de la ratificación que —por un periodo de siete años— no aceptará la jurisdicción de la Corte sobre casos relacionados a crímenes de guerra que hayan sido cometidos de acuerdo a la acusación en su territorio o por sus nacionales. Esta disposición no tiene justificación moral alguna y sólo puede ser descrita como una «licencia para matar». Esto plantea a la sociedad civil mundial la tarea urgente de presionar a los gobiernos a no hacer uso jamás de esta cláusula".

Los firmantes del documento hicieron "un llamado urgente a los Estados del mundo", reclamando las siguientes acciones:

1. Proceder inmediatamente a la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aceptando no comprometerse con política alguna que pudiera ir en detrimento de su pronta entrada en vigor.

2. Dar prioridad al proceso de ratificación, ya sea facilitando los procedimientos parlamentarios o a través de decisiones ejecutivas donde eso sea posible. Si la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional hace necesario comprometerse necesariamente en enmiendas constitucionales previas a la ratificación, entonces pedimos a los Estados que procedan cuanto antes con esos procedimientos.

3. Participar activamente en el trabajo actual de la Comisión Preparatoria para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, la cual tiene la delicada misión de establecer las Reglas de Procedimiento y Prueba, los Elementos del Crimen, discutir la definición de agresión y otros importantes temas. La discusión en esta Comisión debe ser asumida con la máxima eficiencia y con el objetivo de facilitar el trabajo actual de la Corte, preservando la integridad del Estatuto de Roma.

4. Luego de la ratificación, los parlamentarios necesitan asumir la importante misión de crear legislación habilitadora para asegurar que los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI sean además crímenes bajo las leyes nacionales. Esto es esencial para asegurar que el accionar de la Corte será complementario y que los Estados mantendrán su responsabilidad primaria como protectores del derecho humanitario y los derechos humanos.

5. Aprobar legislación habilitadora sobre aspectos de cooperación con la Corte en áreas tales como la acción policial, procedimientos judiciales, responsabilidades financieras y ejecución de las penas.

6. Rechazar la activación de la cláusula de los siete años, que escudaría a sus nacionales de ser juzgados en el caso de crímenes de guerra.

7. Evitar los tratados bilaterales con Estados no partes en temas tales como la extradición que pudieran afectar la obligación de un Estado Parte de entregar a los individuos acusados, y de cooperar totalmente con la Corte.

8. Crear un fondo especial para apoyar a los países en vías de desarrollo o los menos desarrollados en el cumplimiento de sus obligaciones financieras con la Corte.

9. Ratificar otros instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos y el Derecho Humanitario, y aceptar la jurisdicción de organismos regionales tales como las cortes internacionales de derechos humanos, a fin de reforzar el nuevo orden jurídico dentro del cual operará la CPI.

10. Apoyar el pronto establecimiento de la CPI en las reuniones regionales y contactos bilaterales, creando el compromiso en organizaciones regionales como la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Liga Árabe, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Organización de la Unidad Africana, la Asociación para la Cooperación Regional en el Sur de Asia (SAARC) y la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC), de modo tal que el apoyo a formas efectivas de justicia internacional se convierta en una de las líneas de acción permanente de estas organizaciones.

CONCESIÓN. El presidente Flores anunció, el 09.12, que la reforma al sistema de salud empezará en el 2000 y que una de las primeras acciones será concesionar los servicios médico-hospitalarios para ampliar la cobertura de los usuarios. Según el mandatario, los dos nuevos hospitales Roma y Amatepec, aún no habilitados a los usuarios, iniciarán operaciones bajo el esquema de las concesiones, que es diferente al esquema administrativo que utiliza el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Flores citó varios tipos de concesiones que se implementarán en las clínicas y hospitales del ISSS: firma de convenios con médicos interesados en prestar sus servicios profesionales, contratación de servicios de lavandería y cesión de la administración de hospitales a congregaciones religiosas en el interior del país o apoyo en hospitales estatales. "No estamos vendiendo los hospitales", aclaró Flores. Agregó que "el Estado asume la responsabilidad de entregar servicios de salud a la ciudadanía totalmente, pero busca la manera más efectiva de entregarlos según el caso". "Nosotros creemos que replicar las condiciones burocráticas e ineficientes de los hospitales actuales sería un grave error y un desperdicio de recursos. Hay un camino intermedio, y es que hay formas de concesionar servicios de manera que los hospitales puedan ser eficientes", afirmó. (LPG 10.12 p. 4).

PEÑATE. El 10.12 dio inicio la investigación sobre el procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, para determinar su capacidad o incapacidad al frente de la institución. Durante una entrevista realizada por un periódico matutino, Peñate expresó que su destitución es inminente en el campo político, pero que es ilegal. Aseguró que la investigación giraría en torno a "peleas de cuotas y caprichos" de gente comprometida políticamente. "Los políticos me han violentado el derecho a la imagen y hasta mi propia vida privada", aseguró. Peñate insistió en que quienes están detrás del asunto son los que manejan el negocio de los derechos humanos. "Como no coinciden en mis decisiones, quieren que me destituyan para poder negociar cargos", agregó. Ante la acusación de "ineficiente" que se le ha hecho, el Procurador aseguró que no es verdadera, porque, entre otras cosas, se habrían superado las metas propuestas dentro de la institución. Afirmó que su error ha sido "no haber sido político jamás, haber sido sincero, y que cuando me han venido a pedir cuotas políticas no lo he permitido". "Prefiero morir parado en la defensa de los derechos y la democracia, y no ser un títere como otras personas pudieron haber sido anteriormente", alegó (EDH 10.12 p. 11).

ISSS. El intento por resolver el conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) y la dirección de la institución, a través de la etapa conciliatoria, fracasó, el 10.12. Ambas partes firmaron una acta en el Ministerio de Trabajo donde establecieron sus desacuerdos. La conciliación inició meses atrás y era la única vía de comunicación constante que mantenían. El próximo paso, según la ley, es el arbitraje, donde cada parte involucrada deberá nombrar un representante para discutir la problemática del contrato colectivo junto con los aumentos salariales. El subdirector del ISSS, Emilio Velasco, sostuvo que para iniciar el arbitraje debe esperarse la resolución del Director General de Trabajo, quien dará sus recomendaciones. La petición para iniciar el arbitraje queda a opción de las partes y del director general de trabajo. Este último tiene un plazo promedio de 48 horas para definir una resolución sobre el conflicto. Por su parte, el secretario del STISSS, Oscar Aguilar, dijo que el sindicato presentó una contrapropuesta, el 10.12, en la que aceptaba 60 millones de colones de aumento salarial y no 92 millones, como fue acordado en 1998. La única condición que pusieron, explicó, era no modificar su contrato colectivo y restituir a los 221 trabajadores. Sin embargo, la patronal "se mostró negativa", aseguró el sindicalista (LPG 11.12 p. 22).

ARAUJO. Walter Araujo, jefe de la fracción del partido ARENA, no será investigado por la Asamblea Legislativa debido a un supuesto error de procedimiento. Por una falla procesal, la Comisión Especial de Antejuicio debió suspender la investigación del expediente enviado por el juez 6º de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo, sobre el asesinato del presidente de LAFISE de El Salvador, Siegfred Guth Zapata. Un testigo mencionó a Araujo como supuesto involucrado en la muerte del empresario, por lo que, en un principio, se hizo necesaria la investigación del diputado. Sin embargo, en la petición del antejuicio se reconocieron tres errores que impiden la realización de la plenaria. En primer lugar, según los diputados, el juez debió enviar el expediente original y no una copia. En segundo lugar, la Constitución establece que quien debe emprender la acción penal es la Fiscalía. Además, se pasaría por alto la disposición del Artículo 383 del código Procesal Penal, que establece que la Fiscalía General de la República es la que debe promover un antejuicio. El presidente de la Comisión Especial de Antejuicio, Arturo Argumedo, explicó que los errores de procedimiento detectados desde el momento en que se integró la comisión, no pueden ser resueltos por ésta. La solución del problema le compete al pleno (LPG 14.12 p. 28 y EDH 14.12. p. 12).

SILVA. El candidato a alcalde por la coalición FMLN-USC y actual edil capitalino, Héctor Silva, esperará hasta enero para difundir su nueva plataforma municipal, y en febrero dejará su cargo para dedicarse de lleno a conquistar su reelección. La bandera con la que competirá en los próximos comicios, además de incluir las insignias de los partidos aliados, incluirá una foto del rostro del edil, lo cual se da por primera vez en la historia electoral del país. Por otra parte, Convergencia Democrática (CD) no fue inscrita como parte de la unión partidista. Jorge Villacorta explicó que tal decisión fue muy discutida. "Esa fue la decisión tres a uno dentro de la Comisión Política dentro de Convergencia", dijo Villacorta. Y es que la CD propondrá a la reelección a dos concejales, pero no apoya legalmente a la coalición. Por su lado, el FMLN será quien administre la reelección del Silva. La USC explicó que ellos sugirieron que el Frente administrara todo el dinero, "para que de una sola vez lo apliquen a la campaña". Según cálculos no oficiales, la USC recibiría al menos 99 mil 789 colones, lo equivalente a los 8 mil 761 votos que obtuvo como Partido de Renovación Social Cristiana (PRSC) en las elecciones de 1997. El FMLN se agenciaría cerca de 540 mil 990 colones (EDH 15.12 p. 8 y LPG 15.12 p. 36).