Año 20

número 884

diciembre 30

1999

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial 1999: un año incierto para la democracia

Balance político

Balance económico

Balance social

Balance regional

Balance de la opinión pública

Los derechos humanos en 1999 (I)

Cronología

Índice General: Proceso

El año de 1999 ha sido aleccionador en cuanto a las dificultades por las que puede atravesar un proceso de democratización toda vez que no se hayan afianzado con la suficiente solidez las instituciones que habrán de sostenerlo desde sus etapas iniciales hasta sus fases de mayor desarrollo. En El Salvador, la transición —esa etapa de establecimiento de los mecanismos básicos para la edificación de un ordenamiento democrático— no ha preparado el terreno para la consolidación —la fase de reconocimiento y puesta en práctica de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Entre ambos momentos, se ha operado una especie de ruptura que alimenta el pesimismo y la incertidumbre acerca del futuro de la democratización en El Salvador.

1999 deja muchas dudas acerca del futuro de la democratización en El Salvador. La sombra del autoritarismo se cierne como una amenaza inobjetable sobre una transición democrática incompleta. El año 2000 plantea como desafío ineludible completar la transición y avanzar decididamente hacia la consolidación democrática. Sin embargo, eso no podrá hacerse sin un compromiso del conjunto de la sociedad —o al menos de amplios sectores de la misma— con los valores y opciones democráticos. Este compromiso es el mejor antídoto contra las opciones autoritarias, sean del signo que sean.

El editorial del balance anual de Proceso en 1998 concluía con palabras desesperanzadoras: "Lo más preocupante es que nada indica que en 1999 estos dinamismos van a ser erradicados. Las mismas figuras y partidos seguirán regentando la política, los mismos intereses empresariales continuarán disputándose lo que queda del país, al parecer el mismo partido controlará el ejecutivo por un quinquenio más. Hay suficientes razones para no alegrarse por el futuro de El Salvador. Un cambio sustantivo en el modo de hacer política, de asumir los retos empresariales y de orientar los esfuerzos estatales no se vislumbra en el horizonte". Ahora, al finalizar este año que entonces comenzaba, sólo puede decirse que aquel editorial, lamentablemente, estaba en lo cierto.

En efecto, ARENA continúa a la cabeza de un ejecutivo que gobierna para favorecer al partido y al grupo de privilegiados que lo rodean; ese mismo grupo de privilegiados continúa concentrando sin límites los bienes del país; las mismas figuras y partidos siguen regentando la política; y, en definitiva, 1999 no ha sido si no la repetición de los mismos dinamismos de siempre. No sólo hay suficientes razones para no alegrarse al evaluar este año, sino que, además, hay motivos de peso para decepcionarse de lo que la clase política ha hecho a lo largo de él. La situación política en El Salvador, lejos de haberse encaminado hacia una mejoría, continúa estancada en los vicios que lleva cargando durante décadas. Si acaso ha habido cambios, éstos han sido en su mayoría meramente cosméticos y, por consiguiente, irrelevantes en lo fundamental.

¿Qué hechos sustentan la afirmación de que la valoración del desempeño del sistema político en 1999 arroja un saldo a todas luces negativo? Es lo que veremos a continuación. Para ello analizaremos tres aspectos: la conducta política de Francisco Flores, el desenvolvimiento del FMLN, tanto en el ámbito interno como en su gestión legislativa (el análisis de la gestión edilicia fue dejado de lado por razones de espacio y porque consideramos que el caso de Héctor Silva es más la excepción que la regla en una valoración global del Frente), y las características más sobresalientes de los partidos pequeños. La idea es mostrar con algunos de los hechos más relevantes del año cómo es que los institutos políticos en general han contribuido a cerrar más el círculo vicioso en el que se ha convertido la política salvadoreña.

Francisco Flores es la viva imagen de la actitud que caracteriza a los políticos en El Salvador: el cinismo. Se llena la boca hablando de un país democrático con oportunidades para todos mientras se da el lujo de derrochar vetos contra decretos favorables para el desarrollo social del país; asegura estar preocupado por resolver el agudo problema de la seguridad pública a la vez que respalda sin objeciones una Ley de Armas destinada a legitimar la armamentización de la ciudadanía; pretende erigirse como estandarte de honestidad y moralidad, pero poco le importa averiguar si es verdad que accedió al poder gracias a la compra de votos; considera de especial relevancia invertir dineros estatales para enterrar una "cápsula de tiempo", con una fotografía suya incluida, y en cambio soslaya el diálogo con los trabajadores del Seguro Social, quienes ya llevan más de un mes en paro de labores.

Así ha sido la administración de "Paquito" a lo largo de los seis meses que lleva ocupando la silla presidencial. Sin el mínimo de pudor, se deshace en discursos floridos que entran en flagrante contradicción con su práctica política. Más que un presidente serio y responsable, lo que Flores resultó ser fue un pseudo intelectual, cuyos aires poéticos y acciones rimbombantes bien pueden pasar por una burla abierta hacia la situación de miseria y violencia en la que vive sumida la población de El Salvador.

Desde que Francisco Flores se hizo del poder pudo empezar a verse que lo que en un principio se vendió como un modelo de moderación y compromiso para con los problemas del país terminaría por ser un fraude. El espectáculo que se montó para celebrar su arribo al poder fue elocuente al respecto. El nuevo presidente y sus publicistas convirtieron la toma de posesión en un acto de total exaltación a su persona. Por un lado, mediante artilugios tecnológicos hábilmente disimulados, Flores se mostró al público como un portento intelectual capaz de dar un discurso kilométrico sin más ayuda que su memoria —un embuste que, en sí mismo intrascendente, caló hondo en espectadores acostumbrados a las limitaciones que caracterizan a los mandatarios salvadoreños. Por otro, quién sabe si planificado de antemano, contó con un público que le vitoreó e interrumpió con aplausos incansablemente. Lo que debió haber sido una ocasión para enunciar con seriedad y mesura las políticas concretas de su gobierno, se convirtió en un espectáculo en el que el engaño y la adulación corrieron de la mano.

Un examen de lo que había sido hasta ese momento su conducta frente a la opinión pública permitía ver el show de la toma de posesión como uno más de los hechos que caracterizarían la administración Flores. Lo primero fue el lanzamiento de su precandidatura. El optimismo que se generó ante la suposición de que, por haber emanado de una nueva generación de areneros, no ligada a ninguna de las argollas del partido gobernante, Flores traería la renovación al interior de ARENA encontró rápidamente un freno. Resultó que "Paquito" sí estaba vinculado con algunos de los "duros" de su partido: con el grupo de Armando Calderón Sol.

Fue el primer indicio de que su astuta movida política —la de autonombrarse precandidato, con el respaldo de la "nueva generación" de areneros—, más que haber surgido espontáneamente de la "frescura" de un arenero joven y sobresaliente, podía responder a un plan orquestado por los altos mandos de ARENA con el objeto de sacar bien librado al partido de su desgaste y obtener nuevamente la silla presidencial. No obstante, con todo y lo comentado que fue el vínculo entre Flores y la familia Calderón Sol, el cometido de que aquél fuera percibido por los salvadoreños como un audaz e inteligente aspirante a la presidencia se logró.

Eso contribuyó a que en un segundo momento, meses antes de la campaña electoral y durante ella, el ahora presidente empezara a presentarse como ejemplo de tolerancia y deseo democratizador. Entonces el optimismo empezó a ensancharse de nuevo y "Paquito" empezó a ser reconocido por sus cualidades de intelectual conciliador. Pero no se trataba sino de otro espejismo. Un espejismo que se disipó cuando, en la última fase de la campaña, Flores puso toda clase de cortapisas al debate presidencial y al final —haciendo gala de la característica prepotencia de los miembros de ARENA— se negó a participar en él.

Una vez electo presidente, Flores disparó su tercer tiro de gracia contra la ingenuidad de la opinión pública anunciando que la elección del gabinete estaría abierta a todas las instancias sociales que estuvieran interesadas en participar en ella. Nueva oleada de optimismo: el Presidente contravenía la tradición arenera —representada por su "enemigo" Alfredo Cristiani— e iniciaba su mandato dando muestras de que sus intenciones de rehacer la política en El Salvador eran sinceras. Nueva decepción: la polémica elección del gabinete estuvo lejos de ser lo que se esperaba. Un sólo dato basta para hacerse una idea de cuán alejado estuvo el proceso de selección del equipo de gobierno de ser todo lo democrático que se prometió: ni siquiera la empresa privada fue tomada en cuenta en él. La misma ANEP —cuya voz siempre ha tenido eco más allá de los límites de lo saludable para la transición democrática— se quejó de que ni Flores ni ninguno de los miembros de la "comisión técnica" destinada a elegir a los nuevos titulares se dignó a responder sus llamadas telefónicas. ¿Podían esperar los demás sectores de la sociedad ser escuchados por Flores y los suyos?

Otra evidencia de que el proceso eleccionario en cuestión terminó siendo una jugada más de Flores para continuar difundiendo una imagen de amante de la democracia cuya coincidencia con la realidad es dudosa fue el resultado de la elección. Seis de los diez ministros electos (el de Hacienda, Obras Públicas, el del Interior, el de Seguridad Pública, el de Salud y la de Educación) habían ocupado cargos en las pasadas administraciones de ARENA o habían sido miembros de la "comisión técnica" —lo cual significa que se eligieron a sí mismos— o eran miembros activos del partido oficial. El novedoso gabinete del que se habló resultó siendo, pues, una falacia.

Además, el hecho de que Flores hubiera aceptado que Mario Acosta Oertel se mantuviera al frente del Ministerio del Interior y que Mauricio Sandoval asumiera la dirección de la Policía Nacional Civil desdijo mucho de sus tan publicitados ímpetu renovador, interés de independizarse de los lineamientos del partido, deseo democratizador... Nada en la trayectoria de estos funcionarios que hoy ocupan cargos decisivos en la transición democrática daba pie a creer que sus ideales coincidían en algo con los que Flores decía defender. Que personas tan ligadas al pasado escuadronero de ARENA continuaran acaparando semejantes cuotas de poder no pudo sino despertar serias dudas con relación no sólo a las posibilidades de Flores de cumplir con sus promesas, sino, y sobretodo, a sus verdaderas intenciones de hacerlo.

Al inicio de su gestión, Flores figuraba como el más bienintencionado de los políticos del país y como el más dispuesto a traducir en hechos concretos esas buenas intenciones. Pues bien, remitiéndose a los hechos que se han venido dando en estos últimos seis meses —a los relatados arriba hay que sumar, entre otros: la negligencia de esta administración a dar respuesta a la intensa conflictividad laboral registrada en este período; la necedad, propia de los gobiernos areneros, de vender al país al exterior ofreciéndolo como un dechado de virtudes que las mayorías no logran percibir; y la falta de una orientación clara de hacia dónde nos dirigimos, más allá de un mero afán privatizador cuyos beneficios no alcanzan a vislumbrarse—, puede afirmarse que el desempeño de Flores, lejos de renovar algo, parece seguir ciegamente los pasos de Calderón Sol.

Que su accionar esté aderezado por palabras que superan en número y barroquismo la monótona insistencia del ex presidente en los beneficios del "Estado de Derecho" no cambia en nada las cosas. Al fin y al cabo sigue tratándose de querer ver al país desde el simplismo de la conquista de la "democracia" y el relativo éxito de los índices macroeconómicos.

Hay quienes han insistido en que lo prudente es darle el "beneficio de la duda" a Flores. Sin embargo, éste ha dado desde el inicio señales que invitan más a la sospecha que a la confianza. Flores inició su mandato reproduciendo el juego de imágenes y la propaganda que lo han acompañado siempre. Ahora cierra el año del mismo modo: con un show —el de la "cápsula de tiempo"— en el que no pierde oportunidad para continuar engalanando su figura. La ambigua e hipócrita personalidad del Presidente terminó de salir a flote. Una personalidad en la que el discurso florido y la sonrisa siempre presente no alcanzan a cubrir las taras que caracterizan a los areneros de corazón: hermetismo, autoritarismo y prepotencia. A estas alturas, de lo que ya no puede dudarse es de que habrá pose, espectáculo y aplauso nutrido para "Paquito", pero poco o nada de los cambios políticos, sociales y económicos que necesita un país pobre y violento como el nuestro.

El fracaso electoral del FMLN en los comicios de marzo de 1999 fue la previsible consecuencia de la conflictiva y accidentada carrera que sostuvo ese partido por la silla presidencial. El Frente pagó con creces el haber hecho de sus múltiples Convenciones Nacionales el campo de batalla para el perpetuo enfrentamiento entre "ortodoxos" y "renovadores". La fórmula Facundo Guardado-Nidia Díaz no logró llegar ni siquiera a la segunda vuelta, no sólo porque en sí misma era poco atractiva, sino también porque ilustraba diáfanamente la problematicidad del proceso de la cual había sido fruto. Los adversarios de la línea renovadora convirtieron a Guardado en el único responsable de la derrota. Fue una forma fácil de evadir su parte de responsabilidad. Olvidaban que fue precisamente en el marco del conflicto irresuelto entre su tendencia y la de Facundo Guardado que éste último se erigió como candidato. Ambos grupos quisieron imponer su fórmula presidencial excluyéndose mutuamente. Ambos pecaron de la misma ambición y obraron de modo similar para satisfacerla.

Lejos de actuar a la altura de las expectativas que tras los comicios de 1997 se generaron en torno a él, el accionar electoral del FMLN presentó a un partido sin ideas claras, sin capacidad de convencimiento y con una oferta política pésimamente comunicada. La misma pobreza de la campaña dejó claro que en lugar de encaminarse hacia el triunfo, cosa que a esas alturas era ya bastante difícil, el Frente caminaba seguro hacia el fracaso. Y eso facilitó las cosas a los ortodoxos, quienes muy rápido encontraron cómo volver a hacerse del control del partido, al tiempo que Guardado salía del poder por la puerta de atrás. Pero el razonamiento que prevaleció sobre tal cambio —"el que perdió no fue el Frente, sino Facundo Guardado"— ni era el más cercano a la verdad, ni contribuía a llevar a cabo la transformación interna de la que urgía el partido. Transformación que suponía una renovación de sus cuadros dirigentes y una discusión a fondo de las divisiones que atraviesan al principal partido de oposición. Esa era una de las más importantes tareas que le quedaban pendientes al Frente para lo que restaba del año.

Y, efectivamente, el Frente ha hecho esfuerzos por salir de su crisis. En su Convención Nacional de julio, destinada a elegir de manera oficial a la dirigencia del partido, los correligionarios dieron muestras de mayor madurez y racionalidad. Como era de esperarse —dado que continuarían capitalizando para sí el fracaso de Guardado— fueron los ortodoxos quienes más puestos obtuvieron en la contienda interna; pero ello no impidió que se diera una configuración mixta de la cúpula, muestra de la preocupación conjunta por el futuro del FMLN. Fabio Castillo estrenó su ascenso a la Coordinación General del partido negando la existencia de dos "tendencias" contrapuestas. Según su apreciación, los efemelenistas coinciden en lo fundamental y las diferencias tienen más que ver con un problema de paciencia que de desacuerdo ideológico; para Castillo, de lo que se trata es de que algunos exigen cambios inmediatos mientras que otros creen que esos cambios han de venir lentamente.

Tales declaraciones no dejaron de inquietar, dada la conocida costumbre de los correligionarios del Frente de negar la existencia misma de la división intrapartidaria. La pregunta que surgió ante esas primeras declaraciones de Castillo fue: ¿estaría el nuevo Coordinador General queriendo reducir a un asunto semántico o temporal lo que constituye una de las grandes limitaciones del FMLN?

Ciertamente, 1999 ha sido para el FMLN un año mucho menos convulso que 1998. Todo parece indicar que las "tendencias", "líneas de pensamiento", "grupos" o como prefieran llamarse, están aprendiendo a manejar más democrática y pacíficamente sus desavenencias. Aun así, diversos analistas coincidieron en señalar que el pluralismo logrado en la Convención fue provisional, lo cual significaba que, mientras las diferencias no empezaran a zanjarse, la coexistencia de los dos grupos no sería pacífica por mucho tiempo. Mucho pueden pretender las autoridades efemelenistas restar importancia al conflicto intestino, pero lo cierto es que la forma que ese conflicto va adquiriendo repercute directamente tanto en la simpatía del electorado hacia el partido, como en la capacidad de éste de ofrecerle a aquél un desempeño gubernamental satisfactorio. Y ni en una ni en otra el Frente salió bien librado este año.

Que el Frente perdió adeptos se hizo obvio en las elecciones de marzo. Que su desempeño gubernamental —en el campo legislativo— dejó mucho que desear es algo que el mismo Shafik Handal reconoce cuando asegura que el trabajo de la Asamblea Legislativa ha sido mediocre. Eso, por supuesto, no es responsabilidad exclusiva del FMLN, pero es que, como se ha dicho en otras oportunidades, es de ese partido del único que cabe esperar algún tipo de cambio positivo para el país. Lejos de ello, por lo único que se ha destacado la fracción legislativa del Frente a lo largo de 1999 es por su consuetudinario oposicionismo carente de un fundamento sólido, por la beligerancia del veterano Handal en el pleno y por dar muestras de estar adoptando los viejos vicios de la política salvadoreña. De los tres, el primero y el último revisten especial gravedad.

La evidencia de que el FMLN está dejándose llevar por la forma tradicional —y sucia— de hacer política es posible encontrarla en el proceso de elección del Fiscal General. Pasó con este lo mismo que con la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos: fue fruto de un acuerdo motivado por intereses partidistas. Que los diputados retrasaran meses el nombramiento de funcionarios de semejante importancia, para terminar eligiendo a personas poco o nada idóneas para el desempeño del cargo, sólo permite afirmar que es un error poner en manos suyas ese tipo de decisiones; decisiones cruciales para la construcción de la democracia.

Con la Procuraduría de derechos humanos el arreglo fue entre ARENA y el PDC. Lo que nunca alcanzó a comprenderse fue el motivo que tuvo el FMLN para dar su anuencia a lo que a todas luces era un equívoco. Ese equívoco tuvo consecuencias negativas no sólo sobre el Frente y sobre la Asamblea, sino, sobre todo, sobre la ciudadanía, que aún hoy padece la falta de una institución estatal realmente comprometida con la defensa de sus derechos. Los diputados efemelenistas han dado muestras de arrepentimiento, pero en su intento de deshacer el entuerto han caído en los juegos sucios de nuestro sistema político.

Con la Fiscalía el arreglo fue ya entre el FMLN y ARENA. Teniendo a la Procuraduría en la mira, el Frente vio en el entrampamiento de la elección del Fiscal una carta de negociación a su favor. Serían los votos rojos a favor del Fiscal que propusiera ARENA contra los votos areneros a favor de la destitución de Eduardo Peñate Polanco. El hecho de que después de meses de estancadas las negociaciones las dos mayores fuerzas políticas del país lograran ponerse de acuerdo en cuestión de horas no permite precisamente desmentir esta hipótesis.

Con respecto a la falta de un fundamento sólido que defina y dé sentido a la actividad opositora del Frente hay que decir que esa carencia está directamente relacionada con el vacío ideológico que ha venido distinguiendo su quehacer político. Es cierto que los problemas del FMLN no se reducen al mero debate de ideas, sino que están atravesados por férreas pugnas de poder. Pero también lo es que la definición de una línea de pensamiento básica es indispensable para la resolución del conflicto que está mermando sustancialmente la potencia electoral y política del partido.

Antes del acuerdo con ARENA para la elección del Fiscal, la fracción legislativa del Frente protagonizó una nueva manifestación divisionista: los renovadores decían respaldar el nombramiento del controversial diputado Arturo Argumedo como Fiscal General, mientras los ortodoxos se oponían rotundamente a esa postulación. Finalmente, la dirección del partido logró hacer primar la unidad de la fracción por encima de las diferencias internas, pero éstas ya habían salido a relucir de nuevo. Es ante este tipo de hechos que cabe exigir al FMLN la definición de una plataforma ideológica a la cual recurrir en caso de confrontación.

Mientras las desaveniencias continúen quedando a discreción del dirigente de turno, las pugnas al interior del partido no podrán ser zanjadas de forma estable y duradera. Además, sólo contando con un esqueleto de principios básicos que aglutinen a sus correligionarios, el Frente podrá ejercer con firmeza su papel opositor. Mientras no lo tenga, sus denuncias y sus opciones de revertir decretos y medidas se diluirán en el suceso coyuntural y se opacarán fácilmente ante el reclamo de su falta de unidad. La declaración de Fabio Castillo citada arriba, según la cual los miembros del FMLN están conciliados en lo fundamental, sigue despertando dudas. ¿A qué se refería cuando hablaba de lo fundamental? ¿Acaso no es justamente eso lo que urge esclarecer?

Cualquier ápice de confianza que pudo llegar a tenerse en que una mayor presencia de los partidos minoritarios en la Asamblea contribuiría a mejorar el desempeño de este órgano del Estado encontró, en 1999, buenas razones para desvanecerse. Veamos por qué. El CDU, que era una coalición formada por la CD, el PD (ahora PSD) y el PPL, se llenó de expectativas cuando en marzo los votantes le otorgaron el tercer lugar en el espectro político. Pero más tardó el CDU en dar muestras de que una opción de centro puede ser verdaderamente independiente y llevar a cabo una buena gestión legislativa, que la coalición en resquebrajarse. Y es que la cohesión de esos tres partidos fue siempre dudosa. En efecto, ahora cierran el año tras una amarga disputa entre la Convergencia y el Partido Social Demócrata (el nuevo nombre del PD), por un lado, y el PPL, por el otro. El motivo: los emblemas que llevaron a la coalición a convertirse en la tercera fuerza política en las elecciones pasadas.

Al final de un conflicto que pasó tanto por los medios de comunicación como por el Tribunal Supremo Electoral, fue Rubén Zamora, cabeza de la CD, el que salió mejor librado, pues fue su partido, en coalición con el PSD, el que consiguió para sí los colores del CDU. Pero la nueva fracturación en el centro político ya había visto la luz pública y con ello la incapacidad de los partidos pequeños de consolidar alianzas duraderas quedó una vez más al descubierto.

El PDC, cuarto partido político más importante del país según los comicios de marzo, continuó estancado en las agrias guerras intestinas que lo caracterizan. El primer escándalo del año explotó en mayo cuando Ronal Umaña, entonces Secretario General del partido, fue acusado por sus detractores de haberse apropiado de una deuda política de 4.8 millones de colones, producto de las elecciones de 1997, y de ser propietario de acciones de varios negocios —una universidad y un motel, entre otros— sobre los cuales no habría efectuado las declaraciones sobre la renta correspondientes. Como era de esperarse, las investigaciones que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia iniciaron tras las denuncias fueron enterradas en el olvido. Así, de haber sido ciertas las acusaciones —cosa nada improbable— las instituciones encargadas de impartir justicia dejaron a Umaña en una absoluta impunidad.

Un nuevo escándalo en el PDC se dio cuando la Convención Nacional, llevada a cabo en junio para elegir a la dirigencia del partido, se convirtió en el escenario de lo que hasta entonces parecía imposible: que Ronal Umaña abandonara la Secretaría General. El evento se realizó en medio del más airado desparpajo. Golpes, gritos e insultos reprodujeron eso que, en palabras de Umaña, constituye la "cultura" pedecista: el divisionismo y la grosería. Y pese a que la salida de ese personaje nefasto que es Ronal Umaña podía considerarse en sí misma como un logro del sistema político en general, nada daba pie a hacerse muchas ilusiones con la nueva cúpula democristiana. El hecho de que fueran los mismos aliados de Umaña los que en ese momento estuvieran detrás de la cabeza del partido anticipaba que nada nuevo iba ocurrir al interior de las negras aguas de "la pecera".

En el PDC no puede haber amigos constantes. Los dirigentes parecen permanecer en el partido con el único objetivo de deambular por la cúpula a la espera de la mínima oportunidad para intentar hacerse de la Secretaría General. El cambio de dirigencia, lejos de traer beneficios a una Democracia Cristiana que no merece llamarse tal, le implicó continuar embarcada en el camino de la conflictividad. El PDC terminó el año enfrascado en una nueva pugna entre René Aguiluz, actual Secretario General, y Ronal Umaña, quien, por lo visto, dará dolores de cabeza para rato.

Del PCN no hay mucho que decir que no se haya dicho antes. El regreso de "El Maneque" a las filas areneras en febrero debilitó al partido hasta el límite de la desaparición en las elecciones presidenciales. Logró sobrevivir, pero su única participación en el juego político —fuera del tradicional apoyo ciego a las iniciativas de ARENA en el pleno— consistió en convertirse en el paño de lágrimas donde los inconformes areneros pudieron ir a llorar sus penas. Si el PDC parece existir sólo para que sus dirigentes vivan rasgándose las vestiduras unos a otros, el PCN parece hacerlo sólo para que los disidentes areneros, inconformes porque el COENA no les da la cuota de poder que ellos demandan, encuentren un lugar donde desahogar su enojo hasta que decidan regresar a su partido de origen. Tanto aumentó a finales de 1999 esa curiosa práctica entre los areneros de saltar de un partidoa otro, que Alfredo Cristiani y Mario Acosta Oertel están apunto de decretar una prohibición que impida a los disidentes retornar al anhelado ARENA.

Y es que el PCN no se queda atrás en lo que respecta a las disidencias. Además de quienes lo abandonan porque desean volver a ARENA, se encuentran los que deciden de la noche a la mañana volverse diputados independientes. Uno de ellos, Horacio Ríos, ya fundó su propio partido —el PAN, en cuya base se encuentran los ex patrulleros—, aprovechando que un pequeño grupo de votantes eligió al PCN en 1997. Seguramente el PAN se sumará a la lista de partidos diminutos que o bien desaparecen sin dejar huella o bien sobreviven a punta de alianzas risiblemente frágiles y efímeras, pero sin que su existencia —tal como sucede con los diputados independientes que hemos tenido— se le encuentra razón de ser.

Pese a que este análisis de algunos de los hechos más sobresalientes de 1999 en el orbe de la política es sólo un resumen, basta para llegar a la triste conclusión a la que se llegó al final de 1998: las cosas están mal y seguirán mal. La única diferencia esperanzadora de este año con respecto al anterior es que la ciudadanía está dando muestras de querer salir de su letargo y reaccionar frente a la corrupción, negligencia, oportunismo e inoperancia que carcomen al sistema político y le impiden cumplir con su única misión: servir a la población, administrar correctamente sus recursos para el bien de todos. Es de la ciudadanía de la única fuerza que cabe esperar movilidad, pues los partidos políticos y las instituciones que dependen de ellos no han dado señales de hallarse en la ruta hacia la superación de sus trabas y el avance de la consolidación democrática.

De la "nueva forma de hacer política" que Francisco Flores anunció durante su campaña nada ha podido verse. Su talante intelectual se redujo a un mero gusto por las frases bonitas con las que llena sus múltiples discursos. Su ánimo conciliador se convirtió en una imperturbabilidad y una inclinación al silencio, rayana en la pasividad más descarada. Su deseo de renovación y cambio se esfumó tras haber encajado a la perfección en el molde del clásico gobernante arenero. Y, en definitiva, de todas las promesas de Flores no quedó más que decepción. El FMLN continúa siendo la única posibilidad de reemplazar a ARENA en el ejecutivo. Pero mientras la resolución de sus conflictos internos continúe siendo una tarea pendiente, esa posibilidad no sólo parece remota, sino que, más grave aún, las dudas sobre cuánto podría el Frente, de arribar al poder, revertir y mejorar la situación salvadoreña seguirán acrecentándose.

Los partidos pequeños, lejos de ofrecerle una alternativa al electorado frente al desgaste de las "extremas", han llegado a convertirse en verdaderas taras contra la institucionalización de la democracia; han llegado a convertirse en vórtices que acaparan inútilmente la atención de la opinión pública, en lugar de esforzarse por moldear su accionar de acuerdo a las más sentidas necesidades de la población. Así las cosas, tampoco al cerrar este año puede esperarse con optimismo el 2000. Al menos en lo que respecta a la política en El Salvador, las dinámicas seguirán siendo, por desgracia, las de rutina.

1999 ha sido un año durante el cual se han obtenido los peores resultados económicos de la década, pues —además de los típicos incrementos en el déficit de la balanza comercial— este año también ha arrojado una de las tasas de crecimiento económico más bajas de toda la década y un sustancial incremento en el déficit fiscal. Afortunadamente estos duros reveses económicos han podido ser afrontados sin mayores traumatismos gracias a la fiel concurrencia de las remesas familiares que, como lo han venido haciendo a lo largo de la década, son el principal elemento que explica las bajas tasas de inflación y estabilidad del tipo de cambio.

Amparados en los anterior, los últimos gobiernos no han desarrollado acciones para lograr una efectiva modernización de la economía, la cual implica diversificación de la producción y exportaciones agropecuarias, así como un proceso de reconversión industrial que permita mejorar la competitividad del sector. La práctica de las autoridades económicas durante la década de 1990 se ha limitado a administrar los recursos provenientes del exterior para equilibrar la balanza de pagos y a mantener una política monetaria restrictiva con objetivos antiinflacionarios. Sin embargo, en 1999 se ha evidenciado con claridad meridiana que la estabilidad económica no es un fin en sí mismo y que en algunos casos puede convertirse en un obstáculo para incrementar las tasas de crecimiento.

Aunque las estadísticas económicas finales para 1999 no están disponibles, algunos datos aislados proporcionados por el gabinete económico ya reflejan que la inadecuada conducción de la política económica actual afecta negativamente a la demanda y producción. Aun así, los miembros del gabinete económico señalan, como causa del mal desempeño económico, a una serie factores externos y no dudan en afirmar que para el año 2000 la situación económica mejorará. Para ellos, los factores que han afectado el comportamiento económico están relacionados con problemas externos como los bajos precios para los productos de exportación y la reducción del comercio intraregional. Por ejemplo, para el Ministro de Economía, Miguel Lacayo, El Salvador es uno de los países con mayor crecimiento real dentro de Centroamérica este año, aun y cuando la reducción de los precios del café y el azúcar habrían provocado una pérdida de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, el Presidente del Banco Central de Reserva, Rafael Barraza, dijo esperar para el año 2000 una recuperación de los niveles de crecimiento económico, los cuales, al combinarse con los bajos niveles de inflación imperantes, permitan augurar un panorama económico más favorable. Agregó que durante 1999 las instituciones financieras han gozado de gran liquidez, debido en gran parte a la reducción de los encajes legales y al vencimiento de los títulos valores; empero, aceptó que, debido a la menor actividad económica experimentada durante el año, también se operó una reducción de la demanda de crédito que afectó el crecimiento del sistema financiero.

Las valoraciones reseñadas parecen sugerir que todo el problema radica en el sector externo, pero la verdad es que al revisar las escasas estadísticas económicas de 1999 e inclusive las valoraciones de representantes de distintas gremiales del sector empresarial, resulta claro que el problema también involucra a las políticas fiscal y monetaria. Aun se logró una baja tasa de inflación, se mantuvo estable el tipo de cambio y se incrementaron las reservas internacionales netas, no puede dejar de señalarse que la situación económica general empeoró. A continuación se pasa revista a los principales resultados macroeconómicos obtenidos durante 1999, al igual que la situación del proceso de privatización para luego examinar los principales desafíos para lograr altas tasas de crecimiento de forma sostenible.

Lo más destacable en cuanto al tema del PIB es que su crecimiento solamente fue de un 2.1% en 1999, lo cual representa apenas la mitad de la tasa de crecimiento proyectada por el BCR y es la segunda tasa de crecimiento más baja obtenida en la década de 1990. La menor tasa fue de 1.8% en 1996, cuando se iniciaba el actual período de desaceleración económica. Al cierre del año no se habrían obtenido los resultados deseados en materia de producción, pese a que se ha venido de más a menos con las metas proyectadas por el BCR, las cuales comenzaron con una tasa de crecimiento de 4%, después fueron reducidas a un 3.5%, para luego ser fijadas en un 3%. Aun así, el cálculo resultó demasiado optimista pues, como se mencionó, al final la tasa de crecimiento fue de tan solo 2.1%. La mayoría de los sectores económicos experimentaron una reducción en sus tasas de crecimiento, aunque los que más contribuyeron a su reducción fueron los sectores comercio y construcción que crecieron a tasas de 1.7% y 2.2%, respectivamente.

Las bajas tasas de crecimiento del sector comercio llaman la atención sobre la reducción de la demanda, ya que es precisamente en este sector donde se manifiesta en primera instancia este fenómeno, que luego también se traduce en una reducción de la producción y oferta de los demás sectores económicos. Por ejemplo, la industria manufacturera, aunque creció a una tasa mayor que el del PIB total (3%), experimentó una nueva reducción en sus tasas de crecimiento: entre 1997 y 1999 ha pasado de una tasa de 4.2% a otra de 3%. De acuerdo al Director Ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, lo anterior se debe a una reducción de la demanda, pero también al incremento de la competencia debido a la desgravación arancelaria implementada por el gobierno, al contrabando y a las deficiencias de infraestructura.

Otro caso que llama la atención es el del sector construcción, pues este pasó de crecer a una tasa de 4.4% en 1998 a crecer a una de 2.2% en 1999, lo cual, de acuerdo al director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), Héctor Vidal, se debió a una reducción en la demanda de viviendas y a los altos costos de financiamiento para la adquisición de las mismas debido a las elevadas tasas activas de interés. Vidal agregó que, debido a la tardía aprobación del presupuesto general de la nación para 1999, también existió un retraso en la ejecución de la inversión pública y en la ejecución de obras de infraestructura que impidieron la contratación de servicios de numerosas empresas constructoras.

Fuente: Banco Central de Reserva

n.d.: No disponible

Desde 1998 se detectó una marcada tendencia hacia la reducción de la tasa inflacionaria, al grado que para ese año la inflación habría alcanzado apenas un 4.5%. Para 1999, la tendencia hacia la reducción ha sido aun más marcada, al grado que en lugar de inflación ha habido deflación a una tasa de -0.5%. Ello implica que el Indice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar de incrementarse, se ha reducido. Este comportamiento podría esta sugiriendo que se ha estado siguiendo una política monetaria demasiado restrictiva que, inclusive, estaría provocando una reducción de la demanda agregada con una subsecuente reducción en el nivel general de precios.

Debido a la reducción del IPC, cabría esperar que, para 1999, los salarios mínimos reales experimenten una mejoría y, de hecho, datos del Departamento de Economía de la UCA establecen que entre enero y agosto aquellos pasaron de 27.04 a 27.37 colones. Sin embargo, no debe perderse de perspectiva que esta recuperación no compensa la gran pérdida de poder adquisitivo de la década de 1990, pues entre diciembre de 1991 y agosto de 1999 los salarios mínimos reales pasaron de 28.18 a 27.37 colones.

La política monetaria practicada durante toda la década de 1990 ha sido, en lo fundamental, restrictiva; pero en 1999 esta tendencia se ha profundizado debido a que ha contemplado incrementos en los encajes legales que, aunque comenzaron a disminuir durante el último trimestre de 1999, afectaron negativamente la liquidez y presionaron hacia la reducción del crédito y el incremento de las tasas de interés.

Al mismo tiempo, se experimentó una marcada reducción en la demanda de crédito que también vino a contribuir para que el crédito asignado por la banca al sector privado creciera solamente en un 4% (700 millones de colones), lo cual implica que no se alcanzó, ni por cerca, la meta de 15% planteada en el programa monetario-financiero. En lo tocante a los depósitos, estos pasaron de 48,733 millones de colones en diciembre de 1998 a 50,454 millones de colones en septiembre pasado, lo cual implica un incremento de más de 1,700 millones de colones, muy por encima del crecimiento absoluto del crédito. En sintonía con lo anterior, el comportamiento de la liquidez, de acuerdo a datos citados por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, muestra que en noviembre de 1999 habría registrado una variación anual de 9.9%, lo cual es una mejoría evidente frente al 5% obtenido en enero.

La reducción en el crecimiento del crédito está directamente relacionada con la caída de la tasa de crecimiento económico, y esto se ha observado claramente desde 1996 cuando la expansión del crédito al sector privado comenzó a ser cada vez más modesta, pasando de tasas de crecimiento de más de 30% a tasas de sólo 20%, hasta llegar al extremo de 4% para 1999. Coincidentemente, las tasas de crecimiento económico han pasado de niveles superiores al 6% a otras de 4%, 3% hasta llegar hasta el actual 2.5%.

En lo tocante a la distribución del crédito, datos de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) muestran que la construcción recibió un 27% del total del crédito, el comercio un 25%, la industria un 14%, el sector agropecuario un 8%, los créditos personales un 8% y otros créditos un 19%. Es decir, en su conjunto, la industria y el agro recibieron menos que el sector comercio.

Otro aspecto que merece destacarse es que durante 1999 se ha reportado un importante incremento en la mora bancaria, que se había evidenciado prácticamente desde mediados de año. Para el mes de septiembre pasado se estimaba que se habría llegado a un nivel de saldos de cartera vencida 3,400 millones de colones, cifra que representa un incremento de 58% en relación al monto obtenido para el mismo mes del año 1998. Al mismo tiempo, los bienes recibidos en calidad de pago o adjudicación se incrementaron desde 693 a 1,168 millones de colones entre el mismo período, lo cual implica un incremento de 68.5%. Debido a lo anterior se anunció en octubre un programa de salvataje de empresas, con el cual se pretendía hacer frente al problema de la creciente mora y que contemplaba la reclasificación de los créditos para algunas empresas. Para finales de año, aun no se había avanzado nada en la implementación de este programa.

Finalmente, en lo tocante a las tasas de interés destaca que estas se mantuvieron en niveles de entre 15% y 16% en promedio, pese a que el encaje legal se comenzó a reducir desde agosto pasado por disposición del BCR y a que la inflación se contrajo radicalmente hasta convertirse en deflación. Estas tasas de interés han sido cuestionadas en reiteradas ocasiones a lo largo del año por representantes de los sectores agropecuario y construcción por considerarlas restrictivas para el crecimiento económico. Inclusive personeros de gremiales de estos sectores han señalado que para la reactivación de la economía es fundamental una reducción significativa de ellas.

Fuente: ABANSA

El déficit de la balanza comercial mostró un incremento que lo llevó a alcanzar los 1,654 millones de dólares; lo cual representa un incremento de más de 9% en relación a los niveles observados para 1998. Afortunadamente, en este año la situación del sector externo ha sido salvada nuevamente por la afluencia de remesas familiares, las cuales, al final de cuentas, permitieron que las Reservas Internacionales Netas se incrementaran en 100 millones de dólares, con lo cual totalizaron 1,865 millones de dólares.

Por sus implicaciones sobre la producción, importaciones y balanza comercial es importante destacar que las metas de desgravación arancelaria se cumplieron en 1999 y, por tanto, se han fijado aranceles de 0% para materias primas, un rango de 5 a 10 por ciento para los bienes intermedios y una tasa de 15% para los bienes terminados. La desgravación arancelaria ha sido señalada por el sector industrial como uno de los elementos que han provocado una reducción de sus tasas de crecimiento, por lo cual han solicitado públicamente que se incrementen los aranceles a los siguientes niveles: 20% para bienes finales; 15% para bienes intermedios y de capital; 10% para materias primas producidas y 0% para bienes de capital, insumos y materias primas no producidas.

Por otra parte, se estima que las remesas familiares para el mes de noviembre de 1999 alcanzaron los 1,232.7 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 25.3 millones de dólares en relación al nivel obtenido para el mes de noviembre de 1998. Para finales de año, el BCR estimó que las remesas familiares alcanzarían los 1,400 millones de colones, con lo cual prácticamente se estaría financiando el déficit de la balanza comercial (1,654 millones de dólares) aunque siempre se obtendría un saldo negativo de cerca de 254 millones de dólares. Anteriormente, cuando el déficit de la balanza comercial no sobrepasaba los 1,200 millones de colones las remesas familiares eran suficientes para cubrir el déficit de la balanza comercial.

El déficit del sector público se estima rondará cerca de un 3% del PIB para 1999; ello supera la proyección del BCR para este año, la cual era de 2.5%. Estos indicadores revelan que el crecimiento de los ingresos fiscales no es suficiente para hacer frente a los niveles de gasto, pese a que desde junio se anunció que se adoptaría una política de estricto control del gasto público y de incremento en las recaudaciones.

En su toma de posesión, el Presidente Francisco Flores anunció la implementación de un programa tendiente a corregir los desequilibrios de las finanzas públicas, que contemplaría medidas como: reducción del gasto público (suspensión de viajes, congelamiento de plazas y compras de vehículos, racionalización del combustible); creación de un código tributario; simplificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector informal; eliminación de la base exenta de 75,000 colones para el pago de impuestos y, finalmente, combate al contrabando. Adicionalmente, en su programa para la reactivación del agro también anunció medidas con implicaciones tributarias como la de aplicar el IVA a granos básicos, leche, verduras, frutas y medicamentos.

Más recientemente, el Ministro de Hacienda anunció que con la adopción de una política de austeridad se logró un ahorro de 400 millones de colones en el presupuesto y para el año 2000 se espera continuar con la misma política y de esa manera lograr que el déficit fiscal expresado como proporción del PIB se reduzca a un 2.6%.

Con todo, es obvio que tanto la política de reforma tributaria, como la de reducción del gasto público ameritan ser revisadas, pues en los últimos años el déficit fiscal se ha vuelto incontrolable y, conjuntamente con el déficit de la balanza comercial, se han convertido en las mayores debilidades de la política económica.

Durante 1999, el proceso de privatización no experimentó mayores avances en relación a 1998, especialmente debido a que en este último se procedió a la privatización de las telecomunicaciones, del sistema de pensiones y de la distribución de la energía eléctrica. Aun así se continuaron registrando más ventas de empresas públicas, como las distribuidoras de energía eléctrica y varias plantas térmicas de generación eléctrica; mientras que se han anunciado medidas tendientes a permitir la participación del sector privado en la prestación de servicios de salud ofrecidos por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Esta posibilidad ha tenido fuertes implicaciones sobre la estabilidad laboral en el sector público, como lo demuestran las numerosas y prolongadas huelgas que se han mantenido durante el año.

Algunos elementos que llaman la atención al revisar la dinámica de la privatización son las políticas de fijación de tarifas definidas por la misma ley de privatización y, por otro lado, la ambigua postura del gobierno de Calderón Sol y de Francisco Flores frente al tema de los subsidios a las tarifas de servicios públicos. En primer lugar, al observar la dinámica y perspectivas de las tarifas, una vez ejecutada la privatización del servicio telefónico y de la distribución de la energía eléctrica, se constata que estas no presentan tendencias hacia la disminución —como predecían los apologistas de la privatización— sino más bien hacia el alza. Los ejemplos más recientes son los incrementos de las tarifas telefónicas, registrados en marzo y los anunciados incrementos en las tarifas de la energía eléctrica para los grandes consumidores. Estos incrementos se fundamentan legalmente en diferentes artículos de la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, de la Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento; y de la Ley General de Electricidad. En estos instrumentos legales se establece la posibilidad de que las operadoras telefónicas ajusten sus tarifas de acuerdo a la tasa de inflación y que las distribuidoras eléctricas revisen sus tarifas cada tres meses. Afortunadamente, para el año 2000 podría esperarse una reducción de las tarifas telefónicas de 0.5%, igual a la tasa de deflación obtenida en 1999.

Por otra parte, también es pertinente revisar la situación del sistema de pensiones pues este fue privatizado en 1998 y a la fecha muestra también que en realidad la privatización provoca incrementos en los costos de los servicios. Durante 1999, se experimentó un aumento en las cotizaciones de los trabajadores de aproximadamente 15%, mientras que para el año 2000 se espera un aumento de similares proporciones.

Las incrementos en las tarifas eléctricas han llegado incluso a poner en duda la continuidad de los subsidios a los pequeños consumidores de energía eléctrica, y ha llevado al que el Presidente Flores declare públicamente que "vamos a continuar con el subsidio", solo unas semanas antes de vetar el decreto legislativo con el cual se pretendía mantener los subsidios. Al igual que su predecesor Armando Calderón Sol, el Presidente Flores se muestra ambiguo frente al tema de los subsidios: aunque su discurso neoliberal no los considera como una opción, su práctica política sigue evidenciando que en realidad los considera de utilidad.

En general 1999 ha sido un año en el cual el desempeño económico en su conjunto ha sido negativo, aun y cuando las cifras de inflación y de acumulación de Reservas Internacionales Netas sugieran lo contrario. Las tasas de crecimiento de la producción han caído drásticamente, incluso por debajo de los estimados más conservadores, llegando a afectar a sectores que anteriormente era sumamente dinámicos como el comercio; el déficit de la balanza comercial se ha ampliado y se ha profundizado la dependencia de las remesas familiares; el déficit fiscal se incrementó a pesar de las medidas de austeridad fiscal y de incremento de las recaudaciones; la política monetaria estranguló el crecimiento del crédito y mantuvo altas las tasas de interés; la mora del sistema financiero se incrementó sustancialmente y, por si fuera poco, los procesos de privatización están provocando incrementos en las tarifas de servicios básicos y una fuerte conflictividad laboral en el sector público.

Casi durante toda la década se ha venido señalando un pésimo aprovechamiento de las bases de estabilidad económica que las remesas familiares otorgan para la modernización del aparato productivo. Con los resultados económicos de 1999 el señalamiento cobra mayor validez, pues en el pasado al menos se obtenían tasas de crecimiento económico de más de 7%.

El gobierno de Francisco Flores ha ofrecido medidas puntuales para la reactivación del agro, pero aun no acepta públicamente la necesidad de inducir cambios sustanciales en el aparato productivo y en la política económica, tal como lo refleja el hecho de que para sus Ministros los resultados de 1999 obedecen más al contexto internacional que a deficiencias de la política económica.

Esta postura implica aceptar que no se tiene una inserción favorable en la economía internacional, pues el país continúa dependiendo en buena medida de productos primarios y, por lo mismo, ello estaría sugiriendo que se necesitan diseñar e implementar nuevas políticas económicas. El contexto internacional no es el único factor que explica el comportamiento económico nacional; de hecho otros países del área centroamericana, como Costa Rica y Nicaragua, han logrado tasas de crecimiento de más de 8% y 6%, respectivamente, pese a estar sometidos al mismo contexto internacional que El Salvador. Esta realidad debe mover a las encargados del diseño de la política económica a evaluar la necesidad de que se promueva la modernización del aparato productivo, ya que resulta evidente que la economía salvadoreña no está a la altura de los retos que plantea la globalización. Frente a este reto, la estabilidad económica debería quedar en un segundo plano, más como medio que como fin. Adicionalmente, en el corto plazo es vital adoptar medidas para corregir las tendencias negativas en diferentes ámbitos a través de medidas como reducción de los encajes legales, incremento y reasignación del crédito, revisión de la desgravación arancelaria y replanteamiento de la política fiscal.

1999 fue un año desconsolador por varias razones: en primer lugar, llegó al gobierno un candidato presidencial que prometía una renovación de la forma de hacer política y que se decía amigo del diálogo y de la participación ciudadana. Pero incluso antes de que finalizara la campaña electoral y Flores resultara ganador del proceso ya se percibía que el nuevo Presidente no era todo lo que decía ser. A lo largo del año se comprobó que el verdadero Francisco Flores era duro e intransigente; aun más que su predecesor. Esto, sin lugar a dudas, marcó en gran medida la dinámica social del país durante 1999, pues, lejos de infundir un cambio en la relación entre la política y la sociedad, exacerbó actitudes que ya eran lamentables y peligrosas: negativa al diálogo con los sectores sociales, instrumentalización de la participación ciudadana y pérdida del valor concertación en la formulación de las políticas estatales.

En segundo lugar, se experimentó un resurgimiento de la actividad sindical, la cual no encontró en el nuevo gobierno una respuesta razonable e inteligente a sus demandas laborales. Fruto de ello, los sindicatos radicalizaron sus posturas y se acogieron a las medidas de hecho (principalmente a las huelgas) para expresarse y hacerse sentir. La gran perdedora en esta situación fue, sin duda alguna, la población que se vio privada de los servicios que prestaban las instancias gubernamentales en las que los sindicatos paralizaron sus labores. Aunque a simple vista es obvio que en el casi permanente choque entre el gobierno de Flores y los sindicatos (agrupados en el MOLI) la balanza terminó inclinándose a favor del primero, nada da pie para afirmar que los sindicalistas fueron vencidos definitivamente y que los conflictos laborales no se repetirán —incluso con mayor intensidad— durante el 2000.

En tercer lugar, el proceso de privatización continuó, pero no se hicieron sentir los supuestos beneficios que los usuarios obtendrían de ella. Aun peor, muchas de las irregularidades que se daban cuando el Estado administraba los servicios de telefonía y distribución de electricidad se repitieron punto por punto en los proveedores privados. Esto sin que las instancias creadas para regular el sector pudieran o quisieran hacer algo para poner orden y garantizar servicios a precios justos. El ciudadano se encontró muchas veces preso de la arbitrariedad con la que las empresas responsables de la telefonía y la distribución de la electricidad fijaron y cobraron las tarifas por los servicios. Libres del papel supervisor del Estado, las compañías privadas de telefonía y electricidad pudieron actuar únicamente atendiendo a su discrecionalidad.

En el balance de 1999 atendemos a estas tres áreas temáticas, pues configuran, aunque de modo sombrío, lo que en buena parte cabe esperar de la dinámica social en el 2000. Ahora bien, es necesario reconocer que no todo fue negro en el año que acaba de finalizar. Son dignos de crédito, entre otros: (a) la continuada labor del alcalde Héctor Silva por modernizar y hacer más habitable el gran San Salvador. Entre las acciones que llevó a cabo durante 1999 destacan: el plan "tranquilidad ciudadana" (que normó con relativo éxito la instalación de centros nocturnos en áreas residenciales); la continuación del proyecto de rescate del centro histórico (que remozó, con la colaboración de la empresa privada, importantes espacios públicos); el proceso de descentralización de los servicios municipales; la puesta en marcha de la planta de tratamiento de basura de Nejapa;las campañas de educación cívica y el acuerdo que se estableció con el gobierno de Calderón Sol y el Viceministerio de Transporte para regular la circulación del transporte público y sacar las terminales de buses de la capital. (b) Los decididos aunque fallidos intentos del Viceministerio de Transporte por llevar adelante las normativas de ley que habrían regularizado el anárquico sector del transporte público. (c) Los esfuerzos de los agentes de la PNC por responder ante el flagelo delincuencial con profesionalismo y eficacia, aun en el marco de una Asamblea sin la menor claridad sobre las medidas legislativas adecuadas para apoyarlos y de una dirección institucional más bien errática y demasiado pendiente del espectáculo mediático. (d) La labor crítica y fiscalizadora que algunos gremios de profesionales y ONGs pasaron a ejercer ante la crisis institucional de instancias como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República.

Este año, el desencanto con la política alcanzó cotas considerables, tal vez las mayores desde la firma de los Acuerdos de Paz. Del entusiasmo y la esperanza que éstos generaron se ha pasado a una actitud generalizada de pesimismo y profunda desconfianza hacia la capacidad de la esfera política para representar y ser coherente con los intereses y necesidades de las mayorías. En una dinámica sumamente contradictoria, pocas veces en la historia reciente del país se ha insistido tanto en la participación de la sociedad civil en la política y al mismo tiempo los miembros de esta última (partidos políticos y gobierno) se han ensimismado de modo tan radical en sus intereses particulares.

No injustificadamente un editorial de este semanario concluía, en relación con el proceso de elección del Fiscal General, que "no vale la pena... tomar parte en los juegos de poder de la Asamblea" ("Un fiscal a la medida", Proceso, 878). Y es que en 1999 nada ha dado pie para afirmar que valga la pena participar en la dinámica política. Por el contrario, es claro que las invitaciones a colaborar que los partidos políticos y los órganos del Estado dirigieron a la sociedad civil buscaban más amenizar con tintes democráticos sus fiestas privadas que hacerla efectivamente participe en la toma de decisiones.

Los ejemplos que ilustran esta situación sobran. Las "consultas populares" que como candidato realizó Francisco Flores para la elaboración de su plan de gobierno (política que no tardó en imitar Luis Cardenal, candidato a la Alcaldía de San Salvador) y el llamado de la Asamblea Legislativa solicitando que la sociedad presentara una lista de candidatos para elegir de ella al Fiscal General son dos hechos que ejemplificaron a la perfección el distanciamiento entre la política y la sociedad. En ambos, el supuesto acercamiento de los políticos a la sociedad civil fue completamente estéril: ni el Presidente ni la Asamblea reflejaron en su acción diaria algún efecto de su descenso a la ciudadanía.

Las razones que explican el fracaso de la participación civil en la política son varias. En primer lugar, la posibilidad de la sociedad civil de participar ha estado dada por los actores políticos: es el candidato de turno o una instancia del Estado la que ha condescendido a permitir la participación de los sectores sociales en su práctica política. En segundo lugar, y debido a esta relación vertical entre los políticos y los ciudadanos, son los primeros los que han decidido el cuándo, el cómo y el quién de la participación. Así, por ejemplo, fue el Francisco Flores candidato quien diseñó la modalidad con la que escucharía a un sector de la población en el transcurso de su campaña electoral. Con esto, obviamente, ni se escuchó a todos ni a los pocos que participaron se les trató de la misma manera.

En tercer lugar, en cuanto es la política la que se ha acercado —instrumentalizando— a la sociedad civil —por supuesto, a los sectores de ella que más le convienen— se ha echado de menos un poder vigilante que garantice el cumplimiento por parte de los políticos de los compromisos y promesas —por mínimos y limitados que estos sean— que se originan de la participación. Finalmente, ha sido determinante para el fracaso de la participación ciudadana en la política el que aquélla se conciba en términos de simple consulta y no en términos de formulación conjunta de proyectos. Este año, la esfera política ha limitado la participación ciudadana a permitir que la sociedad hable y proponga, impidiendo que decida efectivamente. Las consultas ciudadanas hoy por hoy han servido más para desviar la atención y hacer menos traumáticas decisiones y proyectos tomados de antemano que para hacer operativo el sentir y las exigencias de la sociedad en la práctica política. Uno de los más duros ejemplos de esto fue la culminación del proceso que se dio en torno al documento de las Bases para un plan de nación.

En el balance de 1998 afirmábamos que con el proceso generado a partir de Bases para un plan de nación se sembraba la semilla para que la población participara abiertamente en los formulación de proyectos y líneas de acción para el país. La dinámica que se inició con las Bases... era importante en la medida en que pretendía acercar la discusión sobre el rumbo de la nación a la ciudadanía, cualquiera que fuera su nivel profesional o extracción social. También era interesante en tanto que se planteaba por primera vez en mucho tiempo la tarea de crear e impulsar un proyecto de nación de corte participativo y pluralista. Por ello, el éxito de la empresa dependía de la efectiva participación de los ciudadanos en el proceso, por un lado, y del compromiso gubernamental y de la clase política con los resultados finales de la consulta y discusión del documento, por otro.

En octubre, luego de 29 meses de trabajo, luego de la publicación y difusión de los resultados parciales del proceso de consulta ciudadana de Bases..., la Comisión Nacional de Desarrollo le entregó a los tres poderes del Estado el documento "Acciones iniciales del Plan de Nación". El discurso con el que el presidente Flores recibió el documento no pudo ser más desconsolador. Con su usual retórica, el mandatario dejó en claro dos cosas: que su gobierno no adoptaría como líneas de acción —no se volvería ejecutor de— "esas cosas" que se planteaban en el documento y que, por ende, los últimos responsables de llevarlas a buen término serían los individuos y no las instituciones. Así pues, Flores reconoció la importancia del documento, pero evadió darle el carácter institucional necesario para impulsarlo.

Determinar cuáles fueron las motivaciones para responder de esa manera a un esfuerzo tan prolongado y en el que pusieron su empeño un gran número de ciudadanos preocupados por el futuro del país es lo de menos. Lo importante es que este hecho confirma lo dicho: que la política (el gobierno, los partidos) llama a la participación ciudadana pero se abstiene de adoptar compromisos sólidos con los resultados del proceso; que la participación ciudadana se utiliza más como recurso de propaganda gubernamental que como motor de cambio y progreso; en definitiva, que la invitación a que la ciudadanía participe en la formulación de sus proyectos de vida es por hoy más un simulacro de democracia social que un signo de acercamiento entre la sociedad y la política. Si ante un proceso tan grande e inédito en la historia del país Flores sólo supo responder con evasivas, ¿qué compromiso cabe esperar por parte del gobierno con los resultados de procesos de participación ciudadana más pequeños y limitados?

Hace unos años habría sido difícil apostar algo por la actividad de los sindicatos del país. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, con la conversión de la izquierda armada a partido político y su relativo alejamiento de sus organizaciones sociales de base, los sindicatos habían ido paulatinamente perdiendo fuerza y cohesión. Las esporádicas manifestaciones sindicales se perdían en su inmediatismo y desvinculación. La privatización de algunas de las más importantes autónomas del Estado (el caso más claro: ANTEL) pareció anunciar el punto final de unas organizaciones que aparentaban estar en franca decadencia y descomposición, incapaces de renovar su propuesta y acción frente a las exigencias de los nuevos tiempos.

Sin embargo, en ruptura con esta tendencia, en 1998 entró de llenó a la dinámica social el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS); un sindicato novedoso por su composición profesional y por sus exigencias: la reforma a un sistema de salud en crisis, estancado en la excesiva burocracia y la corrupción. La lucha, larga y escabrosa, que entabló SIMETRISSS con las autoridades de la institución marcó la pauta para el nacimiento de un movimiento sindical de nueva índole: independiente y con una plataforma de exigencias clara y coherente, no limitada a aspectos meramente laborales. Algo aún más importante: la lucha sindical de SIMETRISSS fue exitosa, estableció un precedente al obligar al gobierno de Calderón Sol a negociar en pie de igualdad y ceder a muchas de las exigencias sindicales.

Además, SIMETRISSS puso el dedo en la llaga: mostró al ISSS como la institución ineficiente y supremamente desorganizada que es, urgida de drásticos cambios en su dirección, estructura y propósitos. Con ello, elevó a la agenda de discusión pública un problema institucional que afectaba —y, pese a todo, continúa afectando— a muchos y que hasta entonces descansaba en la sombra de la apatía (complicidad) gubernamental. Sin embargo, la importante actividad sindical de SIMETRISSS no dejó de ser excepcional: la amplitud de sus demandas reivindicativas, su labor continuada y el relativo éxito de su lucha sindical contrastaron con las esporádicas actividades de otros sindicatos en 1998 y, sobretodo, con la limitación y falta de creatividad de éstos.

En 1999 el panorama sindical cambio sustancialmente. Tanto como para afirmar que, sin lugar a dudas, este ha sido el año de los sindicatos del sector gubernamental; el año en que los sindicatos de empleados públicos tuvieron una presencia permanente en la dinámica social del país (realizaron un total de 18 huelgas en áreas tan diversas como correos,juzgados,seguro social, educación, salud pública y aeropuerto, entre otras) y en el que quedó clara la forma en la que el gobierno responderá de acá en adelante ante las demandas de los trabajadores del sector público.

Lo realmente novedoso de la actividad sindical de 1999 en relación a la de 1998 no fue que sus demandas alcanzaran mayor éxito (pese a las muchas huelgas y manifestaciones, los sindicatos sólo obtuvieron del gobierno promesas de futuros diálogos y vetos a los decretos legislativos con los que se pretendió resolver —o al menos aliviar— los conflictos del seguro social, educación y el órgano judicial); tampoco la diversidad de sus reivindicaciones (con excepción del caso de SIMETRISSS y el STISSS, fundamentalmente todos los sindicatos coincidieron en demandas de tipo salarial); mucho menos la creatividad puesta en las estrategias para alcanzar sus metas (el recurso de la huelga fue en la mayoría de los casos la primera y única opción para presionar al gobierno).

En 1999 la gran novedad de los sindicatos fue más bien la creación del Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI), que agrupó a los gremios de trabajadores de educación, salud, obras públicas, juzgados y aduanas, entre otros. El MOLI le permitió a la lucha sindical llenar dos de sus más grandes vacíos: por un lado, la falta de una instancia que dirigiera y coordinara a los sindicatos del área pública y, por otro, la ausencia de solidaridad intergremial. Con la creación del MOLI, los sindicatos de trabajadores gubernamentales, hasta entonces fáciles de silenciar en su aislamiento, unieron plataformas reivindicativas y se apoyaron entre sí. De ese modo quedó superada la barrera institucional: una huelga en una instancia gubernamental no tardaba en generar una reacción en cadena que involucraba a ministerios que nada tenían que ver con la problemática inicial.

El surgimiento del MOLI y la intensificación de las huelgas y acciones sindicales marcaron el contexto en el que el gobierno de Francisco Flores inició y desarrolló sus primeros meses de labores. En la actitud de Flores y su gabinete ante el descontento en el sector público cabe distinguir dos etapas: en la primera, el Presidente estuvo más bien ausente, evitó participar directamente en la solución de los conflictos sindicales, y en el gabinete (con excepción del Ministerio de Educación) fue notoria la incapacidad o falta de voluntad para lidiar con los sindicalistas y entablar las negociaciones pertinentes. En la segunda, que inició a partir de septiembre con los vetos presidenciales, Flores asumió un rol protagónico y definió su estrategia ante la actividad sindical: cero concesiones, aplicación estricta de la ley (manifestada en despidos y descuentos) y dejar que los sindicatos se desgastaran volviendo a la opinión pública en su contra.

En el paso de una etapa a la otra, las posturas, tanto de los sindicalistas como del gobierno, se fueron endureciendo. Con el paulatino distanciamiento de las posiciones, ambos bandos tiraron por la borda cualquier posibilidad de encontrarle salidas negociadas a los conflictos. En este sentido, la finalización de gran parte de las huelgas se debió más a la especial dureza y terquedad del gobierno de Flores que al éxito sindical en sus demandas. En el fondo, gobierno y sindicalistas compartían un prejuicio común: con su contrario era imposible dialogar. Del lado de los sindicatos porque —no sin cierta razón— suponían que el gobierno sólo atendería a sus peticiones por medio de la fuerza (el error estuvo en pensar que al final terminaría cediendo frente a ello).

Por su parte, el gobierno desestimó el recurso del diálogo recurriendo al cliché de la trama conspirativa: para el gobierno de Flores las huelgas y manifestaciones sólo obedecían a un plan de desestabilización tras el cual se ocultaba la izquierda. Además, los sindicalistas fueron siempre entendidos como meros agitadores y transgresores de la ley, nunca como iguales en un proceso de negociación o diálogo. El que el FMLN hubiera decidido en varias oportunidades apoyar a los huelguistas sólo sirvió para que el gobierno reforzara sus tesis sobre el movimiento sindical y se negara siquiera a revisar las demandas del movimiento.

Ahora bien, el caso de la huelga en el Seguro Social merece, por su prolongación e implicaciones, una consideración aparte de las líneas generales que hasta acá se han planteado. Lo que originó la huelga fue el fracaso de las negociaciones entre la directora del ISSS, Vilma de Escobar, y el Sindicato de Trabajadores de la institución (STISSS) en torno a un aumento salarial que había sido acordado por la anterior administración e incluido en el contrato colectivo 1997-1999. Lo que en un principio fue un paro administrativo de labores, limitado al área metropolitana, con el paso del tiempo y debido a la intransigencia de ambas partes se terminó convirtiendo en un paro generalizado y casi total. Paro al que se unió, casi desde un principio, SIMETRISSS y fue apoyado por un gran número de organizaciones sindicales.

Sobre la intervención de SIMETRISSS en el conflicto es importante señalar dos puntos: por un lado, su decisión de participar en la huelga del STISSS no se debió a un exabrupto: desde principios de 1999 el sindicato venía señalando el estancamiento del proceso de reforma del sector salud y había hecho reiterados llamados a la Corte de Cuentas para que realizara una auditoría externa que aclarara de una vez por todas el estado financiero del ISSS (algo clave para determinar la posibilidad de la reestructuración de la institución y exponer públicamente las irregularidades administrativas que la debilitaban). En sus numerosos comunicados, SIMETRISSS apelaba a la responsabilidad del gobierno para que se cumplieran los acuerdos previos y afirmaba que sólo en última instancia se recurriría a las medidas de hecho para impulsar la reforma. Incluso antes de septiembre (fecha en que los médicos se unieron al STISSS) era claro que Flores no tenía intenciones de dar cumplimiento a lo acordado por el gobierno anterior y que no negociaría al respecto con el sindicato.

Por otra parte, teniendo en cuenta lo anterior, es obvio que la participación de SIMETRISSS en la huelga no buscaba alcanzar únicamente —como lo pretendió hacer creer el gobierno— reinvindicaciones salariales. Su apuesta fue —y continúa siendo— por la reforma, colegiada y negociada, del sector salud. En este sentido, y como se ha dicho antes, quien ganaría si SIMETRISSS lograra hacer cumplir sus demandas no sería sólo el sindicato, sino también la institución y los derechohabientes que utilizan el servicio. Entender esto es vital para evaluar con justicia las demandas de los sindicalistas, sus acciones y la respuesta que frente a ambas han dado Flores y los directivos del ISSS.

Ante la huelga y las exigencias de los sindicalistas, el gobierno respondió con prepotencia y desatino. Fue desatinado ordenar que se aplicaran descuentos a los trabajadores que participaron en la huelga de octubre; provocador que se pidiera la presencia y vigilancia de la PNC en los edificios del Seguro Social; absurdo e incoherente que se descalificaran las exigencias salariales de los sindicalistas aduciendo falta de fondos y una política de austeridad mientras se destinaron mil millones para CREDISA, se crearon nuevas plazas para asesorar a la primera dama y se le otorgaron aumentos considerables a funcionarios que percibían salarios superiores a los 30 mil colones; irresponsable que se llamara a los sindicalistas a deponer sus acciones mientras se prosiguió con un plan piloto de privatización de los servicios de salud que no fue discutido con las gremiales y que viola los acuerdos a los que se llegó con SIMETRISSS.

SIMETRISSS y STISSS también hicieron lo suyo. Fundamentalmente, al atrincherarse en el recurso continuado de la huelga sin permitirse gestos de buena voluntad y apertura; gestos que emplazarían al gobierno a reanudar las negociaciones. Obviamente, ambas partes utilizaron a los usuarios del servicio como medio de presión. Si bien la razón de fondo que animaba a SIMETRISSS a apoyar a STISSS es noble y razonable (la reforma del sector salud), los medios que utilizó no lo fueron tanto. Hasta la fecha de corte de este balance, los servicios del seguro social estaban reducidos al mínimo, se había cerrado ya Oncología y sólo se atendían los casos de urgencia máxima. Así, miles de consultas y operaciones se han cancelado sin que se vea que ello haya incidido en la posición gubernamental. Finaliza 1999, el seguro social está casi completamente paralizado y la única medida que les queda por tomar a los sindicalistas es el abandono de los hospitales.

Evidentemente, ante un cese completo de labores, las autoridades del ISSS no podrán disponer del recurso humano necesario para atender a la población necesitada de servicio. Aunque se aceptara que esta es la única vía para hacer entrar en razón al gobierno, es este un recurso demasiado extremo y pernicioso, por lo que debe ser descartado por principio. Los médicos y los trabajadores del Seguro Social parecen haber perdido de vista lo más simple y obvio: la nobleza de una causa no implica el extremismo ni la irracionalidad en los medios para alcanzarla. Es éticamente inaceptable —y socialmente irresponsable— que para impulsar las necesarias mejoras estructurales en el ISSS se deba de pasar por encima de las necesidades coyunturales de un gran sector de la población. Caen en un absurdo los que diciendo defender la salud a futuro de los asegurados están dispuestos a comprometer tan gravemente su salud inmediata.

A estas alturas es obvio que el proceso de privatización de los entes estatales encargados de prestar servicios es imparable. Ni los sindicatos ni los partidos de oposición —cada vez con posturas más ambiguas y tibias— han podido frenar el afán privatizador de los gobiernos de ARENA. La banca, la electricidad y el servicio de telefonía ya descansan en manos privadas, y todo apunta a que el servicio de salud y de distribución de agua potable correrán igual suerte. Francisco Flores ha sido en esto tajante y ha dado señales manifiestas de que, guste o no, el proceso de privatización continuará.

Como ya se sabe, la política gubernamental de privatización descansa sobre varios axiomas: (a) el Estado es per se ineficiente en la administración de los servicios públicos; (b) ante esta ineficiencia, que resulta onerosa para las arcas estatales, es necesario confiar la prestación de los servicios al sector privado, el cual se entiende como sinónimo de buen servicio y calidad; (c) el juego del mercado, la libre competencia entre las empresas encargadas de prestar determinado servicio, tiene como efecto un abaratamiento de las tarifas; y (d) el principal beneficiado de la privatización es el consumidor; el ciudadano que, ante la gama de ofertas que se le presentan, puede elegir la de mejor calidad y mejor precio.

Al margen de los señalamientos de corte ideológico, una buena forma de valorar el proceso de privatización que han impulsado los gobiernos de ARENA es contrastar sus resultados concretos con los supuestos beneficios que traería; es decir, contrastar la realidad de la privatización con los objetivos que la han animado. 1999 ha sido un año idóneo para esta tarea. Por un lado, porque en él la privatización de los servicios de telefonía y distribución de electricidad ha alcanzado su forma definitiva (por lo que se han podido medir los efectos que aquélla le ha traído a la población); por otro, porque ha quedado suficientemente en claro la capacidad y voluntad del Estado para que la relación entre la sociedad que demanda el servicio y las empresas que lo prestan sea satisfactoria para ambas partes.

En septiembre, los resultados de una encuesta realizada por La Prensa Gráfica-UNIMER se tradujeron en la más dura y apolítica crítica que se le ha hecho al proceso de privatización en mucho tiempo. Según el sondeo, para el 94.9% de los encuestados la privatización del servicio telefónico no se ha traducido en tarifas más económicas; el 77.3% opina que el servicio no es de mejor calidad y el 80.4% manifiesta que la cobertura del servicio no ha mejorado. Los porcentajes fueron incluso mayores cuando se cuestionó sobre el servicio de electricidad (96.4%, 81% y 89.6%, respectivamente). En definitiva, la población no percibió ningún beneficio ni mejora en los servicios de telefonía y electricidad luego de su privatización. Ello pese a que en ambas áreas entró en competencia un número significativo de empresas, a que en el caso de la telefonía las tarifas de celular y llamada al exterior se redujeron significativamente, y a que ambos sectores se tecnificaron visiblemente.

¿Qué explica el descontento? Fundamentalmente, dos cosas: las irregularidades en las tarifas y la desprotección de la ciudadanía ante los abusos de las compañías que brindan ambos servicios. Con respecto a lo primero, es claro que la reducción en las tarifas por llamada a celular y al exterior no tuvo una gran impacto en la ciudadanía, principalmente porque son sectores reducidos del mercado y porque son servicios en cierta medida prescindibles. Es en la cuestión de las tarifas por telefonía fija y electricidad donde se dio el problema, pues no hubo —ni hay— posibilidad de opción y sus precios, lejos de reducirse, se incrementaron.

El descontento con la privatización se volvió rechazo en la medida en que esta elevación de las tarifas (pese a todo, avalada por la ley) se vio acompañada de serias irregularidades en el cobro por los servicios. Las largas colas de usuarios reclamando por cobros injustificados en sus facturas de electricidad y de telefonía fija y celular (en la modalidad de "paga quien llama") fueron suficientemente elocuentes. La privatización de los servicios no sólo no se tradujo en una reducción de las tarifas, sino que, aún peor, las compañías encargadas de brindarlo repitieron las irregularidades que caracterizaron a las desaparecidas ANTEL y CAESS.

Frente a los excesos (rayanos en la ilegalidad), la respuesta de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), única instancia a la que los usuarios podían recurrir para hacer valer sus reclamos, no pudo ser más decepcionante. Fuera de débiles llamados de atención a las compañías que habían incurrido en irregularidades, la SIGET se limitó a recomendarle paciencia a los usuarios y a aconsejarles que recurrieran a los mecanismos (supremamente engorrosos y confusos) diseñados por las empresas responsables del servicio para encauzar los reclamos. El usuario, pues, se encontró indefenso.

Pero la cuestión no se quedó ahí. La poca disposición de la SIGET de hacer valer la ley y regular una sana competencia en la prestación de los servicios también afectó en 1999 a las empresas de telefonía que entraron con rezago al mercado. TELEMOVIL y TELECOM, haciendo valer su posición privilegiada en el mercado (en cuanto a capacidad de competencia y en tanto decisivas para la interconexión), no tuvieron reparos en obstaculizar —sino boicotear— a sus competidores. La inicial negativa de TELEMOVIL a permitir la interconexión celular de su mercado con el de Telefónica y Personal y la sospechosa lentitud con la que TELECOM solventó las dificultades de acceso de los otros servicios de llamadas al exterior, son sólo dos ejemplos que ilustraron que la modalidad con la que se implementó la privatización del servicio de telefonía no sólo resultó nociva para los usuarios, sino también para las empresas que invirtieron en el sector.

Ausencia de beneficios tarifarios para el usuario y falta de garantías para la existencia de una competencia libre y transparente son las lecciones que 1999 lega sobre el proceso de privatización. Es desde este punto, y no sólo a partir de la oposición ideológica a las políticas económico-sociales del neoliberalismo, que pueden formularse sólidos reparos a la intención del gobierno de Francisco Flores de privatizar el servicio de salud y distribución de agua potable. En 1999 fue claro que la privatización no cumple lo que promete y que no hay voluntad gubernamental para hacer valer los mecanismos dispuestos por la ley para beneficio tanto del usuario como de las empresas que prestan el servicio. El proceso de privatización, pues, quedó nuevamente en entredicho.

En 1999 quedó suficientemente claro que el gobierno se está quedando solo para hacer a sus anchas. Los actores sociales que podrían haber hecho un efectivo contrapeso a las políticas sociales gubernamentales se han estrellado contra el muro de la negativa de Francisco Flores a negociarlas, especialmente si tienen que ver con aumentos salariales para el sector público o con la privatización de los pocos servicios que aún quedan en manos del Estado. No se trata de afirmar que los sindicatos no continuarán con sus actividades durante el 2000, sino más bien de señalar que sus estrategias ya demostraron ser ineficaces para arrancarle concesiones a Flores y que éste, paralelamente a las huelgas, ha proseguido con sus proyectos de gobierno.

Paradójicamente, los sindicatos regresaron de su exilio de la dinámica social, realizaron una actividad frenética y llamaron la atención de la opinión pública, pero sin lograr casi nada. El caso más grave y preocupante es sin duda el del Seguro Social. 1999 finalizó con una huelga que lleva más de un mes y a los sindicatos sólo les ha quedado abocarse a un proceso de arbitraje que, si bien podría resolver la cuestión del contrato colectivo a su favor, no tocará lo que era verdaderamente trascendental en su lucha: la reforma del sector salud. SIMETRISSS quedó atrapado por el gobierno: incapaz de profundizar en sus medidas de presión sin abandonar a su suerte a los derechohabientes y teniendo que confiar en un mecanismo de solución de la problemática que no tocará sus exigencias de años, ha sido testigo impotente de la privatización parcial de los hospitales Lamatepec y Roma, de la puesta en práctica de un sistema alternativo de consultas y de la apertura a licitación de las cirugías que a lo largo de 1999 quedaron pendientes por la huelga.

¿Qué cabe esperar entonces para el 2000? En lo que respecta a los sindicatos hay dos posibilidades: o reconocen que nada lograran si siguen con la misma línea de acción de 1999 o intensifican las huelgas hasta que la situación se vuelva insostenible. Obviamente, lo razonable sería apostar por la primera vía y no por la segunda. No es necesario decir que con ésta se abriría la posibilidad de la confrontación violenta, de la cual, pese a todo, hubo poco en 1999. El reto es, pues, para la creatividad y lucidez de los sindicatos, ya que de Flores y su gobierno ha quedado demostrado que no puede esperarse mucho.

Simbólicamente, el fracaso de la lucha sindical por detener la privatización del sector salud es también el fracaso de la sociedad por influir en las políticas públicas. Si ni el MOLI ni SIMETRISSS lograron siquiera retrasar la privatización del Seguro Social, poco podrán hacer los futuros usuarios del servicio privatizado para manifestar su descontento. Este año más que nunca ha quedado en evidencia que el gobierno es sordo a las voces de la sociedad civil; que no le interesa la participación ciudadana más que para sus propios fines (generalmente electorales) y que en el país las cosas pueden ir mal, terriblemente mal, sin que nadie pueda hacer algo para remediarlo.

El fin de una década y el fin de un siglo han supuesto para Centroamérica importantes cambios. La forma como se aceleraron durante los últimos diez años los procesos de pacificación y democratización en varios de los países que componen la región —incluido el nuestro—, unido a la aplicación arrolladora de políticas económicas inspiradas en la era de la globalización, presentan una Centroamérica muy diferente a la de la década de 1980. Ya no hay guerras que atasquen el dinamismo de los países, pero la violencia generalizada sigue siendo cotidiana para la mayoría de centroamericanos y empieza a convertirse en un denominador común en el istmo. Las economías mostraron cierta capacidad de recuperación durante los primeros años de la presente década, sobre todo debido a gestiones gubernamentales enfocadas en el aspecto macroeconómico. Sin embargo, ninguna de ellas deja de depender fundamentalmente de factores externos como la fijación internacional de precios para los productos de exportación y el flujo de remesas provenientes del extranjero.

Además, la fragilidad de la región quedó evidenciada luego de la tragedia que dejó el huracán "Mitch" a finales de 1998. Nuevamente, durante el invierno recién pasado la dimensión de los daños volvió a poner énfasis en la necesidad urgente de promover no sólo medidas contingenciales frente a los embates de la naturaleza, sino sobre todo un verdadero desarrollo que responda a las necesidades de los niveles más necesitados de la sociedad. Por otra parte, en términos generales los procesos de democratización y pacificación que se desarrollan en países como Guatemala y Honduras no han logrado consolidarse, mientras que Nicaragua da preocupantes muestras de desgaste institucional luego de cuatro años de gobierno del Partido Liberal Nacional. Por su parte, Costa Rica —cuya estabilidad social, económica y política le colocaban en un lugar privilegiado en la región— se perfila como uno de los países con menores niveles de representatividad, especialmente a causa del arraigado bipartidismo existente.

En lo que a la dinámica de la región en su conjunto se refiere, muy pocos acontecimientos han sido sobresalientes. El ritmo integracionista se ha visto prácticamente detenido desde hace casi dos años. Los encuentros regionales realizados hasta la fecha han tenido como motivación fundamental el fortalecimiento o la apertura de relaciones económico–comerciales tanto dentro como fuera de la región. Ya no se ha alimentado el sueño de hacer de la región un solo país en el que los beneficios para sus ciudadanos sean algún día homogéneos. Además, viejos problemas siguen sin ser resueltos, tales como la regulación de los flujos migratorios internos (el caso más representativo es el de Nicaragua y Costa Rica) y las demarcaciones fronterizas pendientes que prácticamente todos los países de Centroamérica poseen.

En este sentido, cada país por separado ha mostrado unas tendencias particulares que los diferencian entre sí. En Guatemala el conservadurismo político alcanzó su primera victoria limpia en la arena democrática del sufragio, sembrando con ello bastantes dudas a cerca del avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en el futuro próximo. Honduras ha tenido que sortear con extrema dificultad la reconstrucción nacional, lo cual ha dejado al país prácticamente en números rojos al final de la década. Encima de esto, la democratización todavía se ve amenazada por algunos sectores del ejército que ven con recelo el proceso de desmilitarización del aparato estatal. Costa Rica sigue luchando por sanar su economía del yugo de la deuda interna y el déficit fiscal, mientras observa cómo, poco a poco, el sistema político otrora alabado se desmorona en medio de escándalos de corrupción y manoseos partidistas. Finalmente, en Nicaragua el gobierno de Arnoldo Alemán sigue asestando duros golpes a la institucionalidad del país. Su última jugada: dar el visto bueno al arresto del contralor general Agustín Jarquín, luego de que éste le acusara de enriquecimiento ilícito.

En las siguientes líneas se intentará dar cuenta de los principales acontecimientos que han esbozado el perfil de Centroamérica durante 1999, iniciando con una apreciación general de la actividad regional para acabar con un acercamiento a la dinámica en cada país.

Como ya se mencionó, la región ha enfilado sus recursos hacia el fortalecimiento de sus relaciones económicas y comerciales, suspendiendo con ello los avances que hace dos años se dieron en beneficio de una integración mucho más que económica. Más bien durante 1999 año se consolidó la tendencia que desde mediados de la década empezó a dominar el ambiente regional: la integración regional es en estos momentos el resultado de los procesos de globalización que cada país asume por separado. No obstante, este proceso ha avanzado paso lento sobre todo por la prioridad que ha tenido la obtención de ayuda para la reconstrucción de la región tras el paso del "Mitch". Así, la política exterior de los gobiernos del istmo ha ignorado disimuladamente cualquier beneficio que se podría obtener con la consolidación de la integración regional para dedicarse a allanar el camino de la cooperación internacional. En la mayoría de los casos, se ha hablado de acciones "agresivas" de gestión de fondos y de definición de metas comunes pero, ¿a qué tipo de agresividad hacen referencia esas tendencias en la política exterior de la región?

La primera actividad significativa del año la constituyó la visita a la región del presidente de EE.UU., Bill Clinton, en marzo pasado. Los presidentes del área no escatimaron esfuerzos para presentarle una agenda bastante cargada de requerimientos y peticiones, la mayoría de ellas tendiente a facilitar el intercambio comercial del istmo hacia la potencia norteamericana. Aunque las ofertas de Clinton habían sido anunciadas con bastante anticipación, los presidentes centroamericanos no dudaron en insistir en la necesidad de retomar la ampliación de los beneficios contemplados en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (algo de lo cual todavía desvela a los negociadores regionales apostados en Washington), la "humanización" de la política migratoria impulsada desde el Congreso y la definición de líneas concretas de apoyo a la reconstrucción de la región.

En su momento, los resultados de la reunión no fueron muy alentadores ni para el gobierno ni para los sectores más interesados en los beneficios económicos que prometía. Pero los términos de repatriación de inmigrantes centroamericanos fueron moderados gracias a la intervención de Clinton y los presidentes pudieron anotarse una victoria en el plano de la política internacional. Sin embargo, basta con atender las estadísticas de deportación que se difunden día a día a través de los medios informativos para hacer un balance negativo de la gestión que con tanto ahínco y gasto realizaron los presidentes y/o sus delegados en favor de los compatriotas centroamericanos.

En lo que a la tragedia del "Mitch" se refiere, la declaración de Antigua Guatemala (donde se desarrolló la cumbre) no hizo más que reconocer el apoyo brindado por EE.UU. y plantear posibles desembolsos para la región. En esta misma línea, en mayo se realizó una importante reunión con el Grupo Consultivo para la Reconstrucción de Centroamérica en Estocolmo, Suecia, con el fin de definir los lineamientos que seguirían los países cooperantes con la región en el proceso de reconstrucción exigido tras el "Mitch". El clamor de la comunidad internacional fue claro: el esfuerzo que supondría llevar de la mano esa reconstrucción debía verse compensado con la inauguración de un nuevo tipo de desarrollo, más incluyente y equitativo, que posibilitara la progresiva liberación de la dependencia externa que tanto daño ha hecho a la región.

En suma, se ofrecieron US$9 mil millones que, en países como Honduras y Nicaragua, han sido el único soporte para desarrollar modestos esfuerzos de rehabilitación de infraestructura dañada. Y es que si algo se le debe al "Mitch", eso es el haber despertado conciencia de que la vulnerabilidad que cala los huesos de Centroamérica no depende de los caprichos de la naturaleza, sino que tiene raíces más profundas, que tienen relación con la pobreza estructural y la mala orientación de las políticas de desarrollo económico.

La reunión de mayo en Estocolmo fue quizás la única reunión en la que los cooperantes establecieron una relación directa entre los compromisos a adquirir —en términos económicos— y la viabilidad que ofrecía cada país para el cumplimiento de metas a mediano plazo de beneficio social. Así, se puso atención al avance del proceso de paz en Guatemala en lo tocante a los derechos humanos, la crisis en la atención en salud y en la evolución económica que vive Honduras, los conflictos institucionales que se producían entonces en Nicaragua (con especial dedicatoria hacia el casi de Jarquín) unido al combate a la pobreza, la transformación del Estado y la transparencia en el manejo de recursos financieros. En definitiva, las condiciones internas de cada país son las que en última instancia determinan la viabilidad de un proyecto de reconstrucción sustentado por la ayuda internacional de las dimensiones del anhelado en Estocolmo.

Esto supone que la actitud de los gobiernos en materia de política exterior debe empezar a superar el talante de súplica que los ha caracterizado desde siempre. Ese talante se mantuvo aún en actividades posteriores, como la Cumbre de las Américas en Cuba, las negociaciones con Taiwán, la XX reunión ordinaria de presidentes de la región, sirvieron además de palanca para acelerar las negociaciones con México para un TLC y de argumento ante el endurecimiento de las políticas migratorias de EE.UU. Y es que frente a una región que se dice tan desvalida, los resultados de millonarias gestiones siempre parecerán poca cosa en virtud de todo lo que queda por hacer. Las responsabilidades pueden verse diluidas en el mar de llanto que suele llenar los discursos de los mandatarios centroamericanos cada vez que tienen oportunidad de hablar con sus dadivosos amigos de la comunidad internacional.

De esta manera, si bien es cierto que la política exterior seguida por los gobiernos centroamericanos se ha mostrado un tanto más agresiva que otros años y puede contar algunas victorias para su haber, esa agresividad no es otra cosa que un máscara para ocultar la actitud suplicante con la que los representantes oficiales se han abalanzado a los bolsillos de la comunidad internacional. Al final del siglo, Centroamérica se puede sentir orgullosa porque a los ojos del mundo está más desahuciada que nunca, pero sigue con ánimos de sacar adelante su macroeconomía (tal y como lo ha hecho Carlos Flores Facussé en Honduras, Arnoldo Alemán en Nicaragua y el mismo Francisco Flores en nuestro país) para seguir siendo el blanco de las recomendaciones de organismos internacionales, misma que son, en última instancia la mejor carta de presentación con que cuentan para ganar credibilidad hacia afuera.

Guatemala. Este país ha atravesado un año difícil. Su economía ha sufrido duros golpes y recomposiciones apresuradas que fueron perjudicando la imagen del gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN). En este contexto tan poco prometedor, dos han sido los ejes que han definido la dinámica particular de Guatemala durante este año: el virtual estancamiento del proceso de pacificación y los riesgos que plantea para la democratización aún pendiente el alzamiento del Frente Republicano Guatemalteco como primera fuerza política del país. Al finalizar 1998, el huracán "Mitch" dejó para los guatemaltecos algunos malos recuerdos en la cosecha de café y en otros rubros de exportación; empero, el país tuvo suerte al escapar de lo peor que dejó en la región este fenómeno climatológico e inició el año con más expectativas positivas que temores. Sin embargo, en enero se produjo una crisis financiera si precedentes luego de que varias instituciones del ramo presentaran niveles de endeudamiento tales que, en algunos casos, les obligaron a declararse en quiebra.

La devaluación de la moneda se vio reflejada en las variaciones alarmantes en el precio del dólar, lo cual provocó un airado enfrentamiento entre el sector privado y el gobierno de Álvaro Arzú, cada uno de los cuales hizo hasta lo imposible para descargar la responsabilidad de la sacudida financiera en el otro. Así, al final de 1999 el dinamismo de la economía guatemalteca se redujo significativamente, registrando al final del año un crecimiento del 3.5% del PIB, en comparación con el 5% con que cerró en 1998. De la misma manera, el déficit del gobierno central alcanzó el 3.2% del PIB, aunque ello supuso un incremento significativo de los gastos por reconstrucción de infraestructura básica y cierta ampliación de los proyectos sociales. Además, la política de privatizaciones de los servicios públicos se mantuvo firme y la balanza comercial cerró con un déficit comercial menor que el del año pasado, provocado fundamentalmente por la contracción de las exportaciones y de las importaciones durante 1999. Este es el panorama con el que el gobierno saliente deja a Guatemala.

Por otra parte, el proceso de pacificación en este país atraviesa uno de sus momentos de mayor depresión. Al inicio del año ya se adivinaba que el lento cumplimiento de lo suscrito en los Acuerdos de Paz se mantendría constante. Efectivamente, este proceso se vio completamente opacado por la acelerada dinámica electoral que prácticamente abrió a mediados del año con la escandalosa búsqueda de candidatos a diputados, alcaldes y mandatarios y con la inconstancia política de la mayoría de partidos inscritos para la contienda. Entre los requisitos indispensables que el proceso de paz debía cumplir para hacer un balance positivo del mismo estaba no sólo la discusión y aprobación de un pacto fiscal que le permitiría a Guatemala financiar por su propia cuenta el proceso, sino también la aprobación de unas 50 reformas a la constitución de la república en una consulta popular.

La primera gran derrota que sufrieron los Acuerdos la constituyó el resultado de la Consulta: el "NO" se impuso con un 50.6% de los votos válidos del proceso. Sin embargo, según estimaciones propias, ese voto (que fue también el que le otorgó el triunfo al FRG en las elecciones de diciembre pasado) sólo constituyó un 3.49% de la población del país. La irresponsabilidad demostrada tanto por el PAN y los que apoyaban el "SÍ", como por el FRG y sus seguidores, al dar por sentado que era la "voluntad popular" la que había puesto en jaque el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Así, la consulta popular de mayo no sólo trajo a colación el ya tradicional irrespeto con el que opera la clase política de este país, sobre todo en lo que a escuchar a la población se refiere; también puso al descubierto la necesidad urgente de buscar nuevos mecanismos para hacer realidad las transformaciones derivadas de la firma de la paz.

Finalmente, la victoria que obtuvo el FRG en las elecciones generales que se realizaron entre noviembre y diciembre pasados han sembrado serias dudas de cara a la necesidad de impulsar esas nuevas formas de apropiación de lo establecido por los Acuerdos de Paz. En definitiva, el fortalecimiento político del conservadurismo y su casi definitiva instalación en la mayoría de los organismos del estado suponen para Guatemala un virtual retroceso en el proceso de democratización iniciado en 1996. La pacificación, si bien es cierto no deja de plantearse como un proceso obligado para el futuro gobierno, se perfila aún lejana para una sociedad que todavía no logra asentarse sobre la justicia, la igualdad de derechos y la plena libertad de expresión y participación política.

Honduras. En términos generales, en Honduras no se pudo superar del todo los efectos provocados por el huracán "Mitch" durante 1999. De hecho, la actividad económica de este país ha sido la más baja de toda el área y los brotes de conflictividad social se incrementaron desde principios del año. Desde principios del año las perspectivas de crecimiento eran desalentadoras: prácticamente no existiría banano que exportar para este año y la comercialización del café había sufrido una fuerte disminución a causa de los bajos precios en el mercado internacional. Así, al finalizar el año el país retrocedió 2% del PIB en su desarrollo económico, pese a una intensa gestión macroeconómica que pretendía, entre otras cosas, mantener lo más sano posible el ambiente para la llegada de la ayuda internacional para la reconstrucción.

En todo caso los saldos son, en su mayoría, negativos: el déficit fiscal alcanzó un 5% del PIB, imposible de corregir sobre todo con una taza de recaudación fiscal que apenas alcanzó el 18.5%. el crédito para el sector público bajó, sólo en el primer trimestre del año, en un 146% con respecto al año anterior. El sector agropecuario redujo en 9 puntos porcentuales su participación en el PIB, mientras que el resto de sectores de la economía (entre los que habría que exceptuar a la construcción y la maquila) experimentaron una sensible desaceleración. Ese el panorama económico con el que Honduras despierta al nuevo siglo y que le ha marcado en muchos de los procesos que se han desarrollado durante 1999 y que conforman el perfil del país al principio de este año. Así, dos son los ejes, aparte de la crisis económica, que más han afectado a la sociedad hondureña: los altibajos del proceso de desmilitarización y la conflictividad social a la que se ha enfrentado el gobierno de Carlos Flores Facuseé.

Al iniciar el año, y luego que el gobierno renunciara al discursos optimista que lució en los meses que siguieron al "Mitch", Flores Facussé se agenció un punto a su favor gracias a sus esfuerzos por impulsar con relativa agilidad la reconstrucción de infraestructura en todo el país y, sobre todo, por su compromiso hacia la desmilitarización. En febrero, la cuestionada figura del Jefe de las Fuerzas Armadas —que en su momento llegó a ser considerada como una presidencia paralela al poder ejecutivo— fue sustituida definitivamente por la figura del Ministro de la Defensa. Este cargo no sólo garantizaría el total y sometimiento de la institución armada al presidente, sino que también estaría en manos de un civil, el abogado Edgardo Dumas. Junto a estos cambios se produjeron otros que prácticamente confirmaron el interés del presidente por "sanear" de una vez por todas el aparato estatal, durante tantos años controlado por los altos mandos militares.

Sin embargo, los desacuerdos que estas medidas generaron entre los sectores más reaccionarios de la milicia salieron a la luz cuando, en agosto, un grupo de oficiales se declaró en rebeldía frente a la negativa de aprobar una serie de ascensos efectuados sin el consentimiento del ministro Dumas. La rápida reacción de Flores Facussé —suprimiendo de sus cargos a los militares rebeldes y verificando él mismo los ascensos y degradaciones que garantizarían la vuelta a la normalidad— lo consolidó como un político convencido no sólo de la necesidad de mantener el aparato estatal libre de manoseos que vulneraran la institucionalidad democrática, sino también de la necesidad de mantener el control absoluto de su brazo armado.

Empero, la buena reputación cosechada entre los círculos políticos por la firmeza del presidente ante las desobediencias militares no se trasladó de la misma manera hacia importantes sectores de la sociedad. Así, desde marzo varias organizaciones de trabajadores rurales, de pequeños productores de café y de la empresa privada, entre otras, empezaron a dar signos de descontento frente a la manera como el gobierno estaba manejando la situación económica general. Y es que la constante del gobierno de Flores Facussé ha sido su identificación con los intereses de los sectores económicos dominantes y durante este año ni siquiera la limitada efectividad de su programa de reconstrucción nacional lograron "reparar" su imagen. Dedicado casi exclusivamente a llenar los huecos que los índices macroeconómicos pudieran mostrar a la comunidad internacional, el gobierno actual no se ha preocupado demasiado porque los beneficios de esa estabilidad a nivel macro y de la reparación física se traduzca en otro tipo de oportunidades, tanto o más apremiantes que las tratadas hasta la fecha.

De hecho, los índices delincuenciales han experimentado un preocupante incremento desde principios del año, en especial en lo referente a crimen organizado. Asimismo, la alianza de organizaciones no–gubernamentales Interforos criticó fuertemente la tendencia que había adoptado la reconstrucción nacional, en la medida que ignoraba aspectos como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la transparencia en el manejo de los fondos internacionales, el manejo adecuado de la deuda externa, las garantías alimenticias y, sobre todo, la elaboración consensuada de una política de recuperación agropecuaria.

Al final del año, el presidente había adoptado una serie de medidas (algunos aumentos salariales, una mayor fiscalización de las finanzas públicas, etc.) pero ninguna representa una solución a largo plazo de los problemas de fondo que vive el país: la tradicional discrecionalidad con la que han operado las esferas gubernativas desde que los regímenes militares cedieron la silla presidencial a los civiles hace casi 20 años. Es esta situación la que mantiene vivo y latente el descontento social de gruesos sectores de la población hondureña. En la medida en que han visto avanzar un proceso bastante largo de transición y fortalecimiento democrático sin que se les haya pedido otra cosa más que sus votos, en esa misma medida las salidas que encontrarán para salir al paso de la crisis (sea económica, social o política) se manifestarán con desórdenes y protestas. En suma, todavía le queda mucho camino por recorrer a esta nación en lo que a conflictividad social se refiere.

Costa Rica. Al final del siglo veinte, Costa Rica está bastante lejos de ser el paraíso de democracia que se proclamó durante la década de los 80 y principios de la de los 90. Agobiada por los crecientes niveles de corrupción y todavía desorientada por los desbalances de su economía interna, esta nación terminó 1999 con un crecimiento de 7.5% del PIB que no significó mejoría para todos los sectores, puesto que al separar la maquila (dentro de la cual se lleva medalla de oro la empresa Intel), este crecimiento fue mucho menor que el del año anterior: sólo 4.3%. El déficit de los gastos del gobierno siguió avanzando a un preocupante paso al registrar un 3.9%, en comparación al 3.3% que se produjo el año pasado. La agricultura también se vio afectada tras el descenso de los niveles de exportación de café y banano y, finalmente, la sempiterna deuda pública alcanzó el 33% del PIB. En el plano socio–político, los principales fenómenos que dan cuenta del estado actual del país son, por un lado, los exiguos esfuerzos destinados a fortalecer el desgastado sistema de representación política y el balance del cuarto año de gestión del presidente Miguel Ángel Rodríguez.

Lo primero que se debe decir de Costa Rica es que su sistema político está cada vez más viciado por un ejercicio del poder cada vez más centralizado en los dos partidos mayoritarios del país: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el gobernante Partido Unión Social Cristiana (PUSC). En efecto, cuando por fin se introdujo al Congreso la discusión de un paquete de reformas a la Constitución que pretendía darle vida al referéndum como mecanismo de participación política, el PLD impugnó la medida sin que sus adversarios social cristianos dijeran una sola palabra. Prácticamente, el sistema político de esta nación ha dependido casi exclusivamente de la conformación de partidos que participan en elecciones periódicas, pero no se ha mostrado un verdadero interés por abrir nuevos espacios de expresión popular sin intermediarios.

Durante varias décadas el bipartidismo ha hincado sus raíces en el aparato estatal dejando poco o ningún espacio de desarrollo a otro tipo de tendencias políticas. Las propuestas de liberales y social cristianos se han ido homologando con el pasar de los años y esto empieza a afectar notablemente el interés del electorado costarricense por participar de las acciones impulsadas por estos dos titanes de la lucha política. De esta manera, al principio de la gestión de Miguel Ángel Rodríguez salió a la luz uno de los efectos más deplorables de este control partidista: algunos de los más importantes proyectos de cooperación para familias de escasos recursos habían servido para engrosar las cuentas de funcionarios públicos corruptos sin que nadie hiciera algo al respecto.

De esta manera, los manoseos que la actividad política de Costa Rica ha hecho sobre el quehacer estatal están comenzando a cercar todo tipo de avance que se pueda dar en el manejo eficiente y transparente de la cosa pública. Este punto cobra especial importancia sobre todo si se toma en cuenta que el proceso de privatización de las empresas públicas del país fue prácticamente inaugurado desde finales de marzo en el Congreso. Y aunque existe un organismo en el que participan altos representantes de los sectores de la sociedad para alcanzar consensos sobre este tipo de asuntos —el Foro Nacional de Concertación convocado hace un año por Rodríguez— sus facultades se limitan a la construcción conjunta de propuesta casi definitivas que deberán ser estudiadas por el órgano legislativo y no tienen nada que ver con la fiscalización de los funcionarios públicos.

Este contexto hizo que el primer año de gobierno de Rodríguez se convirtiera en una virtual pesadilla, perdiendo 14 puntos de popularidad en las encuestas de opinión, enfrentado al incremento vertiginoso de los índices de criminalidad y de la desconfianza de la población hacia la gestión presidencial, sin logros reconocibles por el grueso de la población, en fin, todo ello confirmando que para Costa Rica, el fin de un siglo no sólo es cuestión de calendarios; también implican el fin del supuesto esplendor en el que se desarrolló el país durante los últimos lustros.

Nicaragua. Durante 1999, Nicaragua se ha caracterizado por un crecimiento inusitado de la actividad económica —sostenido casi en su totalidad por el flujo de fondos del extranjero destinados a la aún pendiente reconstrucción del país— y por una serie de golpes a la institucionalidad que han sido considerados por muchos verdaderas involuciones en la transición iniciada hace casi diez años. Lo sorprendente de este país ha sido el balance más o menos positivo que se puede sacar de la actividad económica, pese a que fue uno de los más golpeados por el "Mitch" hace poco más de un año. La reactivación de la que se jacta el gobierno del liberal Arnoldo Alemán se expresó con un crecimiento del 6% del PIB para 1999, posibilitado principalmente por la utilización de recursos externos en beneficio de la estabilidad macroeconómica.

De esta suerte, el déficit en los gastos del gobierno sólo creció 2.7% del PIB, a lo cual también ayudó el establecimiento de nuevos impuestos y la modificación de los ya existentes en las bebidas gaseosas y alcohólicas y a los cigarrillos. Al igual que en El Salvador y Guatemala, la política monetaria de Nicaragua se orientó al control más detenido de las fluctuaciones del dólar, de tal manera que la tasa de devaluación se redujo de 12% a 6% en noviembre. En todo caso, se aumentaron las tarifas de algunos servicios básicos, lo cual contribuyó a que la inflación cerrara el año con 7.7%. Sin embargo, desde un principio los datos manejados por el gobierno fueron severamente criticados debido a que nunca se logró determinar con certeza el monto de los daños que dejó el "Mitch" y, por lo tanto, tampoco se pudo confiar en los números de la "recuperación" anunciada a los cuatro vientos por Alemán y su equipo.

Ya desde los primeros meses del año se empezaba a dudar de la forma como el gobierno procedería en la administración de los fondos extranjeros orientados a la recuperación de los sectores más sensibles —y que constituyen una mayoría de la población nicaragüense—, sobre todo en lo referido a los créditos para pequeños y medianos empresarios y productores agrícolas. Para nadie era un secreto de que en las altas esferas gubernamentales la corrupción se había desatado. Pero la revelación más escandalosa se produjo en febrero, cuando el contralor general de la república, Agustín Jarquín, publicó las declaraciones de probidad de Alemán durante sus últimos tres años de gestión presidencial. En estas declaraciones se comprobaba que el patrimonio del presidente había crecido cerca de un 900%, pasando de 26 mil dólares a 1 millón de dólares en pocos años.

Aparte de argumentar que su familia tenía derecho a adquirir todo cuanto les permitiera su nuevo e inflado salario, el presidente inició una cruzada de confusión y acusaciones en contra de Jarquín hasta que, en noviembre, se dictó una sentencia de encarcelamiento en su contra por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Estas actitudes no sólo le acarrearon a Alemán y a su gobierno un importante desgaste en su imagen dentro y fuera del país, sino que también provocaron una serie de manifestaciones de protesta que sacaron a la luz pública dos de las características de la Nicaragua de fin de siglo: la casi total inutilidad de los mecanismos de representación política y creciente falta de credibilidad en el funcionamiento de los aparatos del Estado.

Entre tanto, las manifestaciones sociales también se tornaron violentas durante los meses de abril y mayo. Estudiantes y transportistas lograron poner en jaque al gobierno por medio de constantes medidas de presión. Por otra parte, los seguidores de Daniel Ortega, en el FSLN, se unieron con sus tradicionales adversarios del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para aprobar, en los primeros días de diciembre, un paquete de reformas que limitaron el alcance de las medidas adoptadas por Violeta Barrios de Chamorro para garantizar mínimamente la democracia política y la transparencia estatal. Además, se sometía al control partidario importantes las instituciones electorales y contraloras, además de haber fortalecido la impunidad de altas figuras del gobierno, entre ellas al presidente de la república.

En definitiva, la suma de acciones que han caracterizado al gobierno de Nicaragua, unido a la respuesta que se ha ido desatando de a poco entre ciertos sectores de la sociedad nicaragüense ponen en evidencia que en este país la debilidad estructural del sistema político, la ausencia de mecanismos de concertación nacional, la vuelta al autoritarismo más descarado del poder ejecutivo y el patente compromiso del gobierno hacia los intereses de los "nuevos ricos" —nutridos por actividades ilícitas ya sea desde dentro o desde afuera del Estado— refuerzan la ausencia de un proyecto de nación. Como tal, este proyecto debería guiar la transición a la democracia de este país, sobre la base de la participación real de todos los sectores de la sociedad, y debería servir como garantía para el desarrollo y la reconstrucción que se espera de una nación tan golpeada por la corrupción y la vulnerabilidad.

Al final de la década, Centroamérica se presenta como una región que pese a los signos comunes que presenta en todas las áreas (social, económica, política y cultura), sigue caracterizándose por su inestabilidad. Es esta inestabilidad —que se manifiesta de diferentes maneras en cada país— la que pone freno a los procesos en los que se ha embarcado la región desde que se congregaron los mandatarios en Esquipulas. Los procesos de pacificación iniciados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala no terminan de desembocar en beneficios palpables y —más importante aún— duraderos para los habitantes de la región. La democracia sigue estando atada a mecanismo formales que no satisfacen la necesidades de sus habitantes de cara al nuevo siglo.

Las tendencias económicas, invariablemente guiadas por un afán globalizador, siguen impulsando políticas económicas centradas meramente en la corrección de imperfecciones macroeconómicas, maquillando con cifras globales las contradicciones propias de la estructura de los pueblos centroamericanos. Pobreza, corrupción, fragilidad, ausencia de proyectos nacionales a largo plazo y una creciente explosión de descontento social son, pues, los elementos que mejor podría definir la situación de la región al final del siglo XX.

El primer trimestre del año 1999 estuvo marcado por la dinámica política electoral. Las elecciones que se realizarían en los primeros días del mes de marzo contribuyeron no sólo a la avalancha de propaganda electoral que suele inundar a los medios de comunicación en esas fechas, sino también a que la agenda de los mismos y de las instituciones del país estuviesen determinadas por el paso de la campaña presidencial. En tal sentido, la opinión pública salvadoreña estuvo mediatizada por eso, y específicamente por los sucesos políticos alrededor de la misma.

Francisco Flores y los problemas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fueron los principales focos de atención de la opinión pública en ese primer tercio del año. El primero, como producto de una astuta y bien planificada estrategia de posicionamiento político por parte de su equipo de campaña, y la cual dio inicio desde principios del año anterior. Por su lado, los problemas al interior del FMLN siguieron llamando la atención de buena parte de los ciudadanos, en parte como producto del tratamiento que la prensa nacional hizo de esos asuntos y los cuales habían sido destapados formalmente hacia la segunda mitad de 1998.

Las encuestas de opinión pública mostraban, a inicios de 1999, una creciente simpatía por la figura del candidato de ARENA. Como se ha dicho, esto fue producto de la bien lograda estrategia electoral de tal partido, pero no sólo eso. La ausencia de un contrincante que poseyera los atributos de independencia, frescura y que contara con todos los recursos de propaganda con los que contaba Flores favorecieron la figura del candidato oficialista, haciéndolo ver como el único candidato que poseía la capacidad para hacerse cargo de la Silla Ejecutiva. Flores supo acercarse a las preferencias políticas de los ciudadanos proyectando una imagen de independencia con respecto del partido oficial e inclusive con respecto al gobierno en funciones. Criticó y tomó distancia de algunas acciones del gobierno en el área económica y especialmente en el campo de la seguridad pública; llegó a hacer eco de las palabras del Papa para criticar las desigualdades que ha creado el neoliberalismo y anunció que implementaría una nueva política de seguridad pública que fuese efectiva. Pero probablemente, el lema o mensaje que más impacto parece haber tenido en su aceptación como presidente fue el que le presentaba como un político dispuesto a escuchar a la gente, a atender de forma interesada las demandas y reclamos de la población.

Eso no sólo le granjeó la imagen de independencia política frente al público, sino que además le confirió un aura de frescura en el campo tan denostado de la política nacional. El otro lema de campaña que acompañó al esfuerzo propagandístico fue que Francisco Flores representaba una nueva forma de hacer política. A pesar de que tenía ya una trayectoria en los anteriores gobiernos de ARENA y era presidente de la Asamblea Legislativa a la hora de ser elegido como el candidato oficialista, Flores fue presentado como una persona joven, con muy buenas intenciones y maneras, con una profesión excepcional, que no podía considerarse un político tradicional y que estaba dispuesto a dejarse guiar por las aspiraciones de la población.

Ello le representó no sólo un significativo respaldo de buena parte de la población electoralmente activa más allá de ARENA, sino que además generó una expectativa considerable sobre las capacidades del candidato arenero para dirigir al país en un momento nacional de creciente desencanto. Es bajo ese contexto que Francisco Flores gana la presidencia.

Por otra parte, el FMLN tuvo dificultades para rescatar su imagen luego de los incidentes en torno a la unidad de su partido. Aunque en el primer trimestre de 1999, los dirigentes de ese partido de oposición se esforzaron por dar una imagen de unidad, los problemas del partido continuaron siendo publicitados por la prensa nacional y el tema siguió estando en la agenda de discusión de la opinión pública. El candidato del Frente, Facundo Guardado, por su parte, no pudo contribuir a proyectar la imagen de independencia partidista y de frescura que pareció tan necesaria para la gente en ese momento. Por el contrario, su sola designación como candidato de la coalición de izquierda proyectaba la imagen opuesta de la que buena parte de la población estaba esperando en las elecciones. Por un lado, el candidato de la izquierda representaba la faceta más tradicional del hombre de partido, un candidato que salía precisamente de la dirigencia del partido y con una trayectoria muy vinculada al mismo. Esto contribuyó muy poco al buen desempeño electoral del FMLN, contribuyendo a la victoria indiscutible del candidato oficialista.

El resultado de las elecciones no fue, por tanto, sorpresivo. Las mismas se realizaron, hay que decirlo, con el más bajo nivel de participación ciudadana en una elección presidencial desde que comenzó el ciclo eleccionario actual. En otras palabras, el fenómeno predominante fue nuevamente el abstencionismo. De hecho, todas las encuestas preelectorales mostraban que la mayoría de los salvadoreños tenía muy poco interés en el proceso y que poseía muy poca confianza en el mismo; más aún, la opinión más frecuente era que las elecciones no eran útiles para resolver los problemas y para mejorar las condiciones del país. De tal manera, que la mayoría de los ciudadanos dejó correr la campaña sin involucrarse en ella y ya sea por indiferencia o por connivencia pasiva esperaron a ver el resultados de las mismas. El avance del candidato oficialista en la aceptación popular se dio esencialmente entre el sector de la población que estaba dispuesta a votar y a participar electoralmente y que proviene en su mayoría —relativa— de las clases medias y altas de la sociedad; de tal manera que aquellas personas que no votaron —la mayoría proveniente de los sectores más pobres de la ciudadanía— no lo hicieron porque no le dieron importancia al evento y sencillamente se quedaron esperando el desempeño del nuevo gobierno.

El segundo trimestre del año estuvo marcado por un aumento en las expectativas de la población con respecto al nuevo gobierno arenero. Una vez elegido formalmente al presidente, las acciones del mismo y las promesas efectuadas en campaña operaron como caldo para que buena parte de la población se mantuviera a la expectativa de los cambios que habría de promover en el país desde el poder. El anuncio de nombrar personas en el gabinete sobre criterios técnicos y no políticos, dando a entender que estaba más interesado por tener un equipo competente que por tener un equipo comprometido políticamente, contribuyeron a tales expectativas.

Mientras tanto y una vez bajada la atención sobre la política, por parte de los medios de comunicación, los salvadoreños volvieron a fijarse en el problema más grave que ha venido enfrentando el país en los últimos años: la violencia criminal. Para ser más precisos, hay que decir que la delincuencia en realidad nunca dejó de estar entre las preocupaciones fundamentales de los salvadoreños en el año que recién finaliza, pero la preponderancia del mismo ha dependido de qué tanto los medios de comunicación se han dedicado a él a lo largo del año. Desde la población, existe la opinión generalizada de un aumento general en los niveles de criminalidad, pero a decir verdad, distintas fuentes y registros indican que la magnitud general del mismo seguiría la tendencia de disminución registrada desde el año pasado. Sin embargo, incidentes como los ocurridos en los centros de readaptación de menores con las pandillas, los casos de asesinatos de niños en diferentes lugares del país, los asaltos en los que estaban involucrados policías en servicio y los atracos a instituciones bancarias y comerciales, reforzaron la idea de que la delincuencia seguía aumentando. En todo caso, los niveles de ansiedad social producto de la acumulación temporal del problema han seguido en aumento, y para 1999 cierto sector de los salvadoreños —especialmente la juventud— parecía estar más dispuesto a apoyar soluciones más drásticas.

Luego de un receso en lo político, el tercer trimestre del año estuvo marcado por la evaluación del desempeño del tercer gobierno de ARENA. A diferencia de sus antecesores, Francisco Flores tuvo que enfrentar un coro de desaprobación por sus primeras acciones al frente del Ejecutivo. El desencanto y la frustración de mucho ciudadanos llenaron las páginas de los editoriales y de los noticieros de los medios de comunicación, los cuales coincidían en que el nuevo gobierno no parecía estar tan dispuesto a comunicarse con la población como lo había prometido en su campaña el ahora presidente; además de que los pasos en política económica no parecían ser los que la gente estaba esperando. El anuncio, por ejemplo, de las intenciones de dejar sin efecto la exención de pago de IVA a los productos agrícolas y medicinales, con el argumento de reactivar la economía fue muy mal recibida por la población. Ello sumió al gobierno en una crisis de imagen de la cual no ha podido recuperarse del todo luego de seis meses. De hecho, en las primeras evaluaciones públicas, el presidente y su gobierno fueron reprobados por la mayoría de la población y obtuvieron las calificaciones más bajas que un presidente ha tenido en sus primeros cien días de gobierno. El resultado de ello en las esferas gubernamentales fue un replanteamiento de la política de comunicaciones, lo cual se evidenció en la renuncia del portavoz presidencial y en la puesta en práctica de los mensajes semanales por parte del presidente. Sin embargo, ello no acalló las críticas a la gestión gubernamental, las cuales paradójicamente fueron el producto de las enormes expectativas creadas en torno a la figura del nuevo presidente.

Aunque cierta parte de la población seguía viendo de forma positiva a la persona del presidente y expresaban aún ciertas esperanzas respecto a su capacidad, la mayoría de la población criticaba la forma aún más furtiva de conducir los asuntos públicos y pensaba que, en realidad, no era él quien tomaba las decisiones al interior el gobierno. El presidente fue criticado por ocultarse en la Casa Presidencial y por contradecir su mensaje de campaña de que estaba dispuesto a escuchar a la población y las sospechas de la existencia de un poder detrás de la silla presidencial hallaron espacio entre la opinión pública.

Adicionalmente, el gobierno fue criticado por su plan de seguridad pública, el cual parecía estar más dirigido al raterismo callejero que a atacar los centros medulares del crimen organizado en el país. En un principio, la gente recibió con optimismo dicho plan, pero posteriormente sumó razones al desencanto cuando comenzó a ver que muchos de esos despliegues tenían más un sentido propagandístico que un sentido de prevención efectiva en contra del crimen.

El tercer trimestre del año fue escenario del incremento de las protestas sociales, como producto de algunas de las medidas anunciadas por el gobierno. Aunque la mayoría de la gente no apoyaba tales protestas, sobre todo las huelgas y las manifestaciones callejeras, sí se mostraron a favor de las demandas de los trabajadores y de los patrulleros. Ello se enmarcó en la crisis que tuvo que enfrentar el gobierno en los primeros cien días de gestión y en ocasiones la gente llegó a preocuparse por la formación de un ambiente de ingobernabilidad.

Finalmente, el último trimestre del año estuvo caracterizado por dos temas. Por un lado, por la profundización de los conflictos laborales, como producto esencialmente de la huelga en el Seguro Social. Por otro lado, por el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios municipales, especialmente en San Salvador. En términos sociales, la huelga del Seguro Social fue acaparando paulatinamente la atención del público salvadoreño en la medida en que las partes en conflicto radicalizaron sus posiciones y otros sectores se fueron involucrando en el mismo. La opinión pública, en lo esencial, varió con respecto a la problemática. Por un lado, seguían no estando de acuerdo con las huelgas como medida de presión por parte de los trabajadores del Seguro, pero por otro lado las opiniones se dividieron al considerar si las demandas eran justas o no. Sin embargo, en dos aspectos los ciudadanos coincidieron mayoritariamente. Primero, en la necesidad de que ese conflicto, tanto como otros puedan ser resueltos acudiendo al diálogo y a la negociación. Segundo, en que la privatización del Seguro Social –uno de los temas en conflicto— no debía llevarse a cabo. El año cerró con el conflicto vigente y con una ciudadanía preocupada por las repercusiones del mismo.

Por el lado de la política, la dinámica electoral se reactivó de nuevo y de forma prematura de cara a las elecciones del 2000. El candidato de ARENA para la Alcaldía de San Salvador, Luis Cardenal comenzó a tener proyección en los medios tanto noticiosos como comerciales una vez fue proclamado por su partido, iniciando así su propia campaña de posicionamiento frente a la población, al tiempo que comenzó una campaña de desprestigio en contra del Alcalde Silva y principal favorito para la elección. Una de las puntas de lanza de esa campaña de desprestigio lo constituyó el tema de los casinos, asunto que apareció desde mitad de año y al cual los medios de comunicación prestaron gran atención. Algunos medios de comunicación, algunos miembros del gobierno y el candidato arenero a la alcaldía de San Salvador acusaron a la alcaldía capitalina de haber permitido la instalación de casinos en la capital; el asunto tuvo ciertas repercusiones, pero no parece haber sido un tema central en las preocupaciones de la población, por lo que a medida que pasó el tiempo el tema fue abandonado por quienes lo promovían de forma política.

Los medios de comunicación y buena parte de los capitalinos –así como también los residentes del interior del país— siguieron con interés ese inicio no oficial de la campaña y, prácticamente, desde octubre de 1999, buena parte de la discusión pública se centra en la posibilidades o no de reelección de la izquierda en la Alcaldía de San Salvador.

El balance sobre la opinión pública de 1999 no estaría completo si no se hiciera referencia a la discusión sobre el tema de valores que apareció recurrentemente en la agenda de discusión pública del país. Sucesos como la corrupción en el gobierno anterior y el fraude de la PAES generaron discusión pública en torno a los valores de los salvadoreños y sobre los cuales prevalece la idea de pérdida entre amplios sectores de la población.

El año finaliza con un creciente pesimismo e incertidumbre sobre el futuro del país. Al terminar el año 99, los salvadoreños aún no vislumbraban soluciones cercanas y efectivas para los problemas de violencia y economía del país, y, más bien, tenían la impresión de que los mismos se habrían de agudizar por la falta de tino en la conducción del país.

Desde la perspectiva que nos ocupa, el año que recién finalizó debe ser analizado con detenimiento tomando siempre en cuenta los hechos concretos que afectaron a la población mayoritaria así como la situación en que se encuentran los mecanismos estatales que —mediante su buen funcionamiento y adecuada utilización— le deben y pueden servir para vivir en una sociedad donde alcance niveles de vida plenos de dignidad; esto último, en otras palabras, no significa más que una existencia segura en todos sus aspectos: personal, comunitario, económico, político, social y ambiental, por mencionar algunos de los más importantes. Convencidos de que para llegar a esa condición resulta necesario el involucramiento consciente, libre y organizado de la gente, pensamos que también debe ser considerado —para este análisis— lo que en definitiva es quizás el punto de partida más básico para lograr tal participación: la esperanza de que es posible transformar nuestro país no sólo en la forma sino, sobre todo, en el fondo y lograr que en él brille la justicia.

Antes de entrar de lleno en materia, vale la pena echar un rápido vistazo a los hechos más sobresalientes que conspiraron contra esa esperanza desde eso que llaman "clase política". No nos referiremos aquí a la actuación de un Órgano Legislativo cuyos diputados y diputadas no han hecho suyo el mandato constitucional de su investidura, el cual —según lo establecido en el artículo 125 de nuestra Ley Fundamental— dice que "representan al pueblo entero" y no a sus partidos; de esas actuaciones que han deteriorado la institucionalidad estatal y la confianza ciudadana en ella, hablaremos más adelante. Ahora sólo queremos hacer un breve comentario sobre el proceso electoral y el desencanto que este produjo en la población, arrancando desde antes del inicio oficial de la campaña proselitista.

Por el lado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pesaron mucho sus disputas internas y su falta de capacidad para administrar con habilidad —teniendo presente a la gente y de cara a ésta— tales diferencias; desde el trabajo relacionado con los derechos humanos, dicho conflicto tuvo consecuencias más graves al encontrarse en el "ojo de la tormenta" la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, quien venía de realizar un buen papel como "defensora del pueblo" desde la administración pública.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) supo manejar mejor sus problemas domésticos, pese a que desde adentro se escucharon importantes voces cuestionando la postulación de Francisco Flores como su candidato presidencial. Tras esos "tragos amargos" para algunos, las aguas volvieron a su cauce y la población fue apabullada con una descomunal propaganda para crear una imagen que —pese a todos los grandes recursos invertidos— no logró generar una significativa motivación entre la población electoralmente activa, más allá de su disminuido "voto duro". Así pues, ni el FMLN ni ARENA lograron impactar y el resultado de eso se reflejó en un mayor abstencionismo que cuestiona la legitimidad de los comicios realizados en marzo de 1999, no obstante que en ellos la mayoría de la minoría participante se haya pronunciado por colocar una tercera administración "arenera" en el Ejecutivo.

En este ámbito, finalmente, cabe mencionar que Flores llegó y no tardó nada en comenzar a socavar la poca esperanza que había logrado generarle a ciertos sectores, sobre todo entre los políticos y los más desposeídos. De ello dan cuenta tanto su discurso de toma de posesión —en general, retórico; en particular, severo con la oposición— como las medidas económicas iniciales que anunció el viernes 25 de junio en el cantón Las Isletas, departamento de La Paz. En esa última ocasión, ante un reducido grupo de invitados y con una escenografía bastante "especial", habló de reactivar la producción agrícola y mejorar la recaudación fiscal; el costo para lograrlo: eliminar la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los granos básicos, medicinas, verduras y frutas para trasladárselo al consumidor. Además, su ausencia política más que física durante los cien primeros días de gobierno contribuyeron al vertiginoso descenso de su imagen y se convirtió en otro insumo más para la frustración. Dicho lo anterior, pasemos a examinar los datos y hechos más sobresalientes durante los doce meses que ahora nos ocupan.

A pesar de la propaganda oficial incrementada con la actual administración del Ejecutivo, mediante la cual se pretende minimizar —porque no es posible ocultar— lo que realmente está sucediendo, la característica más sobresaliente de nuestro país en el presente es la violencia; esa es la forma más expedita y por tanto más utilizada para "resolver" los conflictos de cualquier índole: tanto aquéllos derivados de hechos anteriores cuya motivación tiene que ver con la violencia política como los de la etapa posterior a la guerra. Ocupar o no el primer lugar en el escalafón de la violencia en América Latina y el mundo, no es el problema; lo que debe preocuparnos es que, pese a la inédita e importante inversión de la comunidad internacional y del pueblo salvadoreño —que puso su sangre y su angustia durante todos estos años— para hacer de la nuestra una sociedad fundada en el respeto a los derechos humanos de todas las personas que la integran, la inseguridad y la intranquilidad se mantienen desde el fin de la guerra en niveles inaceptables.

En ese estado de cosas, durante los doce meses examinados en este balance el IDHUCA ubicó en la prensa escrita —como en años anteriores— la muerte de un elevado número de personas en forma violenta e intencional, la mayoría de ellas por arma de fuego. Eso es lo que a continuación ofrecemos, advirtiendo que dicha cantidad no representa la totalidad de los homicidios dolosos que se cometen en el territorio nacional; más bien, resulta ser una mínima parte de lo que realmente está sucediendo. Hecha esa prevención, nos encontramos con el siguiente resultado: 909 víctimas mortales, que se traducen en un promedio de más de 75 muertes por mes y casi tres diarias, según lo registrado.

La cifra total de la información periodística por rubros es la siguiente:

(DC: delincuencia común; AD: asesinados por desconocidos; T: tortura; E: explosión de granada/uso de armas de guerra; CNI: circunstancias no identificadas; PF: asesinados por militares o policías; EM: escuadrones de la muerte)

En el cuadro aparece que las cantidades más elevadas se ubican entre las muertes cometidas por sujetos desconocidos (33.99%) y aquellas atribuidas a la delincuencia común (57.64%). Con ello, entre los crímenes atribuidos a "desconocidos" y "delincuentes" se alcanza el 91.63% de todas las muertes registradas en cuatro periódicos nacionales durante 1999. Les siguen las víctimas alrededor de las cuales, con los datos a la mano, no fue posible determinar las circunstancias que rodearon sus muertes (4.08%); después se encuentran aquellos hechos en los que se utilizó armamento restringido para el uso exclusivo de la Fuerza Armada de El Salvador (2.31%) y las personas fallecidas que se encontraron mostrando evidentes señales de tortura (1.36%); además están las víctimas de efectivos policiales o militares (0.88%) y, por último, las de los "escuadrones de la muerte" (0.54%). Con todos estos datos se establece que las personas fallecidas producto de la delincuencia común —a diferencia de años anteriores— ya superó a todas las demás víctimas de lo que desde antes calificamos como "delincuencia especial" favorecida por la impunidad que persiste en el país.

Cabe hacer mención que a lo largo de 1998, el mismo seguimiento de la prensa escrita realizado por el IDHUCA arrojó un total de 960 víctimas; así se pudo establecer un promedio mensual levemente superior a lo ocurrido en el año examinado ahora: 80 muertes de los mismos tipos ubicados en el cuadro y también casi tres diarias. Tan mínima diferencia no puede ser motivo de orgullo para nadie, menos para una conducción de la PNC que —pese a tener pocos meses de haber iniciado su labor— heredó lo que ARENA había hecho con la institución desde que nació ésta; más bien, debería ser una razón para plantearse y realizar una revisión crítica de lo hecho desde 1992 a la fecha y un punto de partida para enmendar los graves errores cometidos hasta ahora.

Al sumar los homicidios denunciados ante la Fiscalía General de la República durante 1994, 1995, 1996 y 1997 el total es de 30,985 víctimas y el promedio anual es de 7,746. En la información obtenida, sólo se incluían los tres primeros meses de marzo pero parecía que la tendencia apuntaba a algo parecido a los años anteriores o más; no tenemos razones objetivas y ni siquiera subjetivas para pensar que lo ocurrido en 1999 fue distinto. Así, se puede establecer que desde al menos hace cinco años en El Salvador se producen cerca de 130 homicidios por cada 100,000 habitantes; según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en nuestro continente la tasa promedio es de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes y en los Estados Unidos de América se habla de 10. Lo más "cercano" a lo que sucede acá es la situación de Colombia: alrededor de 80 homicidios por cada 100,000 habitantes.

A propósito, cabe señalar que el director de la OPS se refirió en marzo de 1998 al "aumento de la violencia y sus efectos en la salud física y mental de las personas y las poblaciones", calificándolo como "un verdadero problema de salud pública"; el citado funcionario, George Alleyne, añadió: "La salud es vital para una buena sociedad. Es un elemento crucial para el desarrollo humano y es esencial para otros aspectos del desarrollo humano, como la educación y el crecimiento económico. Por consiguiente, cuando la violencia perjudica la salud se debilita el potencial que tiene un país de fomentar el desarrollo humano".

Entre la información recopilada de los periódicos llama la atención el elevado número de homicidios con arma de fuego de niñas y niños; también resaltan las muertes de elementos policiales, de jóvenes —la mayoría de ellos aparentemente pertenecientes a pandillas ("maras") y de homosexuales ejerciendo la prostitución callejera,(travestíes). Sobre las ejecuciones de "mareros" y travestíes, la realidad de este año nos reitera que siguen existiendo graves manifestaciones de intolerancia ante problemas sociales que se "resuelven" violentamente por individuos conscientes de que no corren ningún riesgo de ser sancionados.

Asimismo, por las circunstancias que obviamente se infieren de las características o vinculaciones particulares de las víctimas, destacamos tres hechos individuales que ocurrieron en 1999 y que aún permanecen en la impunidad: Rafael Mejía Alférez, hermano de un asesor del ahora ex presidente Armando Calderón Sol, y diputado suplente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN); Kathya Natalia Miranda Jiménez, de nueve años de edad, hija del jefe de logística de la seguridad del presidente de la República y sobrina del sub jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Policía Nacional Civil (PNC); Jorge Alberto Palacios Carrillo, sargento de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la PNC designado para coordinar la custodia de las y los diputados, destacado integrante de las fuerzas especiales guerrilleras durante la guerra, y hermano e hijo de dos mujeres detenidas por su presunta complicidad en publicitados casos de secuestros.

No obstante el panorama anterior, en los primeros días de julio la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares mediante la cual, entre otras cosas, ahora es permitido portar y utilizar armas de grueso calibre. Algunos intentaron justificar tal decisión como una forma de armar a la población para defenderse de la delincuencia; uno de ellos fue el entonces recién nombrado director de la PNC, institución encargada de velar por la seguridad pública y que —según parece por esas declaraciones— intenta delegar en la población parte de su responsabilidad en el combate a la delincuencia en todas sus manifestaciones.

Además, la aprobación de dicha ley podría ser un indicador de la poca confianza que existe en las medidas anunciadas en junio por el presidente de la República en esta materia; de lo contrario, la Asamblea Legislativa no habría tenido excusa alguna para concretar una iniciativa que, a todas luces, es errada y desesperada; pero, sobre todo, es una disposición altamente peligrosa sabiendo que El Salvador viene de un pasado violento en el que las armas de fuego se convirtieron en uno de los principales instrumentos para atemorizar a la población y ocasionar miles de víctimas.

La vulneración de los derechos a la vida y a la integridad de las personas contradice lo establecido en el segundo artículo de la Constitución de la República; además y muchas veces ligada a lo anterior, en nuestro país continúa la violación flagrante de los derechos económicos, sociales y culturales para una significativa porción de su gente; de esa manera, se impide su desarrollo humano pleno y se atenta contra mucho de lo establecido en el segundo capítulo constitucional. De los reiterados análisis sobre esa situación realizados por especialistas nacionales y extranjeros se desprende que aún se está muy lejos de poder brindar la condiciones mínimas de vida para —al menos— casi la mitad de la población, pese a que en los discursos oficiales pretenden presentarnos otra imagen.

Los datos hablan por sí solos, el Banco Mundial indica que el 48 por ciento de la población salvadoreña vive en pobreza. En el informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano de 1998, El Salvador apareció ubicado en la posición 114 cuando en 1997 apareció en la casilla 112. El cuadro que nos presenta ese y otros estudios no tiene más que una explicación: las políticas gubernamentales no han estado enfocadas a resolver esta problemática. Las dos primeras administraciones "areneras" del Ejecutivo prometieron trabajar "por los más pobres de los pobres" y "romper con la fatalidad del que nace pobre tiene que morir pobre"; sin embargo, la población no recibió estos beneficios en la realidad.

La mesa especializada número 3 de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), que inició sus labores en marzo de 1998 tras su creación a iniciativa del ex presidente Armando Calderón Sol, caracterizó la situación del país en lo relativo a la exclusión social y la pobreza utilizando la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples para 1977; de acuerdo a ella, se dijo, "el 29% del total de hogares eran pobres extremos y el 29% pobres relativos. La concentración de la pobreza es claramente rural. Mientras que casi el 62% de los hogares rurales son pobres (extremos o relativos), sólo el 38% de los hogares urbanos lo son".

En su informe, la citada mesa especializada añadió que los "resultados de los trabajos más recientes indican que en el conjunto de los hogares en condición de pobreza se está afirmando una nueva brecha, posiblemente más dramática: la de los pobres cuyas condiciones de pobreza son sensibles a las mejoras de las variables macroeconómicas y la de los pobres que prácticamente se encuentran desconectados de la economía nacional". Se habla, además, de un estudio reciente donde se señala que "el porcentaje de los pobres rurales en general y de los hogares rurales sostenidos por mujeres en particular, no sólo no se han visto favorecidos por el dinamismo mostrado por la economía durante el «boom» de crecimiento de los noventa, sino que ha permanecido invariable y en el caso de los hogares sostenidos por mujeres ha aumentado. En ambos casos parece haber aumentado significativamente la intensidad de la pobreza".

El 26 de abril de 1999, la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible —integrada por varios sectores sociales y del gobierno— publicó un informe en el cual se presentaban las siguientes alternativas para enfrentar tal situación: hacer más equitativo el acceso de la gente al mercado, reformar el sistema de salud, revertir la violencia y —como uno de los puntos más relevantes— respetar los derechos humanos. La novena mesa especializada de la CND planteó programas para enfrentar el problema de la exclusión y la pobreza.

En el corto plazo mencionó los siguientes: integración de familias en estado de vulnerabilidad y marginalidad, apoyo a la incorporación productiva de las mujeres de los hogares pobres, caminos de acceso, extensión e institucionalización del programa "Escuela Saludable" y extensión de la cobertura rural del subsistema privado no lucrativo de salud. En el mediano plazo planteó los que a continuación se mencionan: fortalecimiento y rehabilitación de programas de bolsas de trabajo, infraestructura vial y de apoyo a la producción y generación de ingreso, desarrollo de una política de transformación productiva de la micro y pequeña empresa, marco legal para abrir espacios de fortalecimiento a los intermediarios dedicados a ofrecer servicios financieros a la pequeña y mediana empresa, promoción de la asociatividad, descentralización y/o desconcentración regional y/o departamental de la oferta de bienes y servicios públicos. Finalmente, para el largo plazo propuso la reforma institucional para la promoción del desarrollo de la competividad, el aumento significativo del presupuesto dirigido a las áreas sociales, la educación en población, un mayor acceso a la información y el conocimiento, y el rescate de valores.

No es halagüeño el panorama en lo que toca a las oportunidades para el desarrollo humano en El Salvador, como tampoco lo es la situación relacionada con el acceso a la justicia sobre todo en lo que respecta al debido proceso; éste es otro de los derechos más violados en nuestro país y con ello se irrespeta el texto constitucional fundamentalmente lo establecido en los artículos 2, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 27, 35, 174, 182 (Nos.1 y 5), 194, 245 y 247. Por la experiencia diaria del IDHUCA, en particular destaca dentro de este ámbito lo siguiente: retardación de justicia, denegación de justicia, y violación al derecho de audiencia y de defensa.

Muchos, mucho y desde hace muchos años se ha criticado la actuación del Órgano Judicial y de sus entes auxiliares; 1999 no fue la excepción y a ello nos referiremos en el numeral que sigue, considerando que quizás la última carta que nos queda por jugar —si de verdad queremos hacer realidad las aspiraciones plasmadas en los acuerdos de paz, sobre todo en lo relativo al respeto a los derechos humanos— es la del buen funcionamiento y la consolidación de las instituciones estatales. Sólo así podremos hacer realidad lo que nuestra Constitución determina en el primer párrafo de su artículo inicial: "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que esté organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común".

6. Cerca de 2000 habitantes de las comunidades región del Bajo Lempa se apostaron frente a Casa Presidencial para exigir frontalmente al gobierno la implementación de un plan integral para el tratamiento de la cuenca que habitan, elaborado por ellos mismos.

837 Heraldos de la dignidad humana

838 Crisis en la Fuerza Armada

839 Les falta altura

840 La necesidad de un debate presidencial

841 Debilidad ante la banca

842 El Procurador da pena

843 Preocupante escenario político

844 Sin ganas de ir a votar

845 Flores sin pétalos

846 Triunfo pírrico

847 Crisis postelectoral en el FMLN

848 El voto en El Salvador

849 Vacaciones: un problema de salud pública

850 La "autocrítica" del FMLN

851 Presupuesto entrampado

852 El proceso de democratización en El Salvador

853 Incapacidad de las autoridades

854 Perspectivas del FMLN

855 Política disfrazada de técnica

856 ARENA: la difícil conciliación de lo económico y lo social

857 Sin convencer

858 Perspectivas del nuevo gobierno

859 Evaluar y elegir

860 Cuestión de honor

861 Responsabilidad no compartida

862 ¿Continuaremos en la barbarie?

863 El Salvador: un país de absurdos

864 Una pésima defensa de la democracia

865 Paradigmas predominantes en la economía, la política y la cultura

866 Crisis social: solución social

867 Lo sucio de la política salvadoreña

868 Cien días después

869 El desafío de las "maras"

870 Obstáculos del discurso presidencial

871 Monseñor Romero, un verdadero patriota

872 ARENA da señales de agotamiento

873 Moralización de la polis

874 Expectativas falsas

875 La transformación de las ciudades

876 "Esas cosas" háganlas ustedes

877 ARENA: en la ruta de las elecciones

878 Un fiscal a la medida

879 A diez años del asesinato de los jesuitas de la UCA

880 Los problemas en el ISSS

881 ¿Fraude político?

882 ¿En la ruta de la ingobernabilidad?

883 Propaganda internacional

884 1999: un año incierto para la democracia

838 Los desafíos de la PNC

839 La campaña de ARENA, ¿algo diferente?

840 Corrupción en la Asamblea Legislativa

Etica y política

841 El regreso de "El Maneque" a ARENA

842 La seguridad pública en las plataformas del FMLN-USC y ARENA

844 Políticas sociales en las plataformas de ARENA y FMLN-USC

845 ¿Aclaración necesaria o mentira pública?

ARENA

846 El FMLN ante su fracaso electoral

850 Los desafíos del nuevo gobierno

¿Está cambiando algo en ARENA?

852 La discusión sobre la normativa penal

853 FMLN: ideología vrs. práctica política

855 ¿El ocaso de Umañana?

857 Los reveses de Francisco Flores

Un espectáculo para Flores

¿Apertura y diálogo en el nuevo gobierno?

858 Mensaje presidencial: de la crítica a la autocrítica

859 La nueva dirigencia del PDC: ¿cambio o continuismo?

861 El nuevo plan de seguridad pública (I)

862 El nuevo plan de seguridad pública (II)

Corte de Cuentas: una cuota de poder a repartir

864 Armas y Flores

865 El FMLN no termina de convencer

866 ¿Qué sucede con el centro político?

868 Flores: ¿otro Calderón Sol?

869 Comprendiendo a Flores

871 ¿Civilizar la política?

873 Luis Cardenal en ARENA

875 El caprichoso CDU

876 Perdiendo ARENA

879 El aporte de Ellacuría a la paz en El Salvador

La cuestión de la tercera fuerza

880 El último escándalo en el centro político

882 Lo de rutina

883 Cardenal: moralismo y diversión

884 Balance político

838 Tasas de cotización y de comisiones en las AFPs

839 Los Acuerdos de Paz, siete años después

840 Situación de la pobreza

841 La banca de nuevo en cuestión: el caso CREDISA

842 Sobre la privatización de las generadoras de energía

845 Las propuestas económicas de ARENA y FMLN-USC

847 Preocupante coyuntura económica

848 El gasto social en el presupuesto nacional

849 Desaceleración económica y sistema financiero

Cambios en el sector agrícola salvadoreño (1970-1980)

Los costos monetarios de la violencia

850 ¿Cuánto más estará el país sin presupuesto?

851 La propuesta económica de FUSADES

852 Desarrollo económico, ciencia y tecnología

853 Desarrollo económico y dolarización

855 ¿Crecimiento y estabilidad económica?

856 Balance económico del gobierno Calderón Sol

857 Un discurso vacío

858 Reactivación del sector agropecuario

Nuevo gobierno hereda economía débil

859 ¿Hacia la recesión económica?

860 Competitividad e integración económica

Porter, Sachs y el cluster centroamericano

861 Posible impacto de las medidas económica del gobierno

El laberinto del IVA

862 Situación de las finanzas públicas

863 Incremento en las tarifas: la cara real de las privatizaciones

864 ¿Hacia el realismo económico?

865 La disputa entre CEL y Nejapa Power

866 Sobre la nueva Ley de bancos

867 ¿Cuál es la política económica del gobierno de Flores?

868 El FSV y la crisis habitacional

869 ¿Reactivación del agro?

870 La privatización y el incremento tarifario

871 Reforma tributaria: ineficacia y desaciertos

872 El problema del déficit fiscal

874 El Presupuesto Nacional para el año 2000

875 ¿Libre comercio entre Chile y Centroamérica?

876 AFP Profuturo: debilidades del manejo privado de las pensiones

877 Indicadores económicos en el tercer trimestre de 1999

878 Déficit de la balanza comercial: quiebre de los dogmas neoliberales

880 Situación actual de la tenencia de la tierra

881 Situación del sistema financiero

884 Balance económico

839 Las encuestas sobre el tapete

840 El trabajo infantil en El Salvador

841 Armas para la violencia

846 El acierto de las encuestas

847 ONGs y movimientos socio-políticos

850 Rescate histórico en manos privadas

851 ¿Enfermedades sociales o patologías individuales?

El debate sobre el absentismo

852 Un examen para la educación en valores

853 Delincuencia y medios

San Salvador: ¿grandes cambios para quién?

858 Cambio de actitud: uno de los retos para ordenar San Salvador

861 La ética periodística, perdiendo la guerra

864 Publicidad de cosifica

865 El desempeño de Héctor Silva según la opinión pública

866 Conflictividad social y ausencia de liderazgo presidencial

867 Salud reproductiva en marcha

868 A las armas...

870 Patriotismo vacío

La historia de los vencedores

871 ¿Por qué tanto escándalo por la PAES?

874 El Diario de Hoy y los casinos

La ciudad fabricada por los medios

875 Las trampas en el debate sobre los casinos

876 Atropellando la legalidad

877 ¿Educación para el bien?

879 Los mártires de la UCA en los medios

La cuestión de la tercera fuerza

La filosofía y "las mayorías populares"

La psicología de la liberación en Ignacio Martín-Baró

881 ISSS: necesidad de flexibilidad y realismo

La necesidad del periodismo investigativo

882 Conflictividad laboral en el sector público

En punto muerto

883 Vetos contra el desarrollo social

884 Balance social

844 El componente de género en las plataformas de ARENA y FMLN-USC

847 El absentismo femenino

858 ¿Solucionará Francisco Flores los problemas de género?

862 Un movimiento mundial contra la violencia de género

872 Las leyes existen... hace falta conocerlas

874 Para entender las perspectivas de género

877 La representatividad de género de los partidos mayoritarios

878 El abuso comienza en casa

854 Planes de reconstrucción y prevención de desastres

873 Desastres y planificación del desarrollo

837 Nicaragua: tras el "Mitch", el pacto FSLN-Gobierno va

839 Cómo vio Managua el paso del huracán "Mitch"

843 Las tierras del Presidente Alemán

844 Sobre la próxima gira de Clinton por Centroamérica

845 Un referéndum para el futuro de Guatemala?

846 Nicaragua:liberales vendiendo optimismo

847 Después de la Cumbre...

848 Ecuador, ¿Isla de Paz?

849 Alemán juega "bola recia"

851 La controlaría y la corrupción ¿qué opina Managua? (I)

852 La contraloría y la corrupción, ¿qué opina Managua? (II)

853 Nicaragua: la lucha es por la transparencia

854 Nicaragua: violencia, ¿un ciclo interminable?

855 El "No" de Guatemala

859 Nicaragua: fantasías y falsas imágenes sobre Estocolmo

860 Integración centroamericana: Flores empezó mal

861 ¿Nueva forma de hacer política? ¡Ojalá! (II)

La propuesta económica

863 Nicaragua: ¿cambiará Posoltega después de Estocolmo?

864 Panorama preelectoral en Guatemala

865 ¿Resurge la "Madre Rusia"?

866 Honduras: ¿bajo la sombra de los militares?

867 Colombia entera agoniza

868 Ex bolsones: el "espaldarazo" de los presidentes

869 Nicaragua: 20 años después, un pacto sin pueblo

870 Nicaragua: oscuras privatizaciones y leyes financieras

871 Un asunto de intereses...

873 Centroamérica: la tempestad no acaba con el invierno

876 Las prioridades del desarrollo de Centroamérica

877 Nicaragua, tan pobre y tan endeudada

878 Guatemala: un incierto futuro

880 La fatuidad de la Cumbre Iberoamericana

Agustín Jarquín y las presiones del FMI

882 Nicaragua: los malabarismos de Alemán

884 Balance regional

837 Rutinas de ilegalidad

838 Independencia judicial

838 Evaluación del país a finales de 1998

843 Los salvadoreños frente a las elecciones presidenciales 99

846 La opinión de los votantes sobre la jornada electoral

856 Los salvadoreños evalúan el gobierno de Calderón Sol y formulan expectativas hacia el nuevo gobierno

863 Evaluación del segundo año de gestión de los gobiernos municipales del AMSS

869 Los salvadoreños evalúan los cien días de gobierno de Francisco Flores

879 El compromiso del IUDOP

883 Evaluación del país a finales de 1999 y perspectivas electorales para el 2000

884 Balance de la opinión pública

837 Nuestro adiós a Don Emilio

No se preocupen yo lo controlo

839 Errar es de humanos, pero...

840 Avanza el monitoreo en las maquilas

841 Respondiendo a las deportaciones.....

842 ¿Resurgieron o nunca desaparecieron?

843 De regreso a la prehistoria (I)

844 De regreso a la prehistoria (II)

845 Elecciones y lecciones del pasado

846 El Salvador: ¿ejemplo de democracia?

847 La sociedad salvadoreña: ¿reconciliada?

848 Conversando sobre Monseñor Romero (I)

850 Conversando sobre Monseñor Romero (II)

Los casos Vilanova y García Prieto (I)

851 Los casos Vilanova y García Prieto (II)

Boletín de prensa

852 ¿Qué esperan para enderezar la PDDH?

Comunicado de prensa

853 "Directo" a otro fracaso (I)

854 "Directo" a otro fracaso (II)

855 Niñas y niños desaparecidos

Intervención del director del IDHUCA en la CDH-ONU

856 PDDH y PNC: al borde de la muerte

857 Se apagó el "Sol": ¿qué sigue? (I)

859 Se apagó el "Sol": ¿qué sigue? (II)

860 ¿Nueva forma de hacer política? ¡Ojalá! (I)

862 La PDDH: un año perdido

863 Justicia y participación ciudadana (I)

¿Cuándo darán una?

864 Justicia y participación ciudadana (II)

866 De treguas y dragones

867 Recordando 14 años ... (I)

868 Recordando 14 años ... (II)

870 La impune inmunidad (I)

871 La impune inmunidad (II)

872 ¿Hasta cuándo?

873 El 7 de octubre y la década de los 90

874 Hasta pronto ...

875 Discurso inicial de la dirección ejecutiva IIDH (I)

876 Discurso inicial de la dirección ejecutiva IIDH (II)

Más de 100 días sin fiscal

877 Una difícil, larga y tenaz lucha

878 Continúa lucha por la fiscalía

879 Un segundo más para la esperanza

880 Un segundo más para la esperanza

Comunicado de prensa

881 Por sus frutos los conoceréis

882 Del derecho al hecho

883 La declaración de la Haya sobre la CPI

884 Los derechos humanos en 1999 (I)

837 Mensaje de año nuevo del Señor Presidente de la República Doctor Armando Calderón Sol

842 Síntesis de las Consultas Territorial e Intersectorial (I)

843 Síntesis de las Consultas Territorial e Intersectorial (II)

847 Declaración de Antigua (I)

848 Declaración de Antigua (II)

856 González: El problema de la violencia no se debe ocultar

Conclusiones del seminario "La violencia en Guatemala"

859 Discurso de toma de posesión del presidente Francisco Flores (I)

860 Discurso de toma de posesión del presidente Francisco Flores (II)

869 Mensaje del Presidente de la República, Informe Trimestral

872 Análisis constitucional de las candidaturas independientes

881 Acuerdo histórico por el mejoramiento del sistema nacional de salud

882 Comunicado de FUSADES ante la crisis institucional del país

Comunicado de la ANEP ante la huelga en el ISSS

884 Cronología 1999