Año 20

número 885

enero 12

2000

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Miedo al derecho

Economía Situación del TLC con México

Sociedad Violencia social, el desafío del año 2000

Derechos Humanos Los derechos humanos en 1999 (II)

Noticias

Ninguna vida humana vale más que otra. Todas son igualmente valiosas. En esto tiene toda la razón el presidente Francisco Flores. Donde su lógica se vuelve inconsistente es que establecida esta igualdad en respeto y aprecio a la vida humana, no se sigue que ninguna de las violaciones cometidas en su contra deba ser investigada y juzgada. Al contrario, precisamente porque todas las vidas tienen un inmenso valor, todas debieran ser igualmente respetadas y defendidas de manera incondicional. Esta es la razón por la cual la Compañía de Jesús y la UCA insisten en concluir el caso de los jesuitas. La reapertura del caso para investigar lo no investigado y para juzgar lo todavía no juzgado, es decir, la autoría intelectual, es muy importante para la defensa universal y sin condiciones de la vida. El mismo ex presidente Alfredo Cristiani reconoce que hizo lo que pudo en aquel entonces, que no es todo lo que debía. El derecho no ha sido satisfecho ni la justicia cumplida.

El poder está por encima de derecho, no sólo en el campo criminal, sino en todos los ámbitos de la vida nacional. Los ejemplos abundan en la vida diaria. El poder tiene secuestrado al derecho en El Salvador y mientras no sea sometido, no habrá derecho ni Estado fundamentado en él. Acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana sobre el caso de los jesuitas sería una oportunidad histórica para comenzar a someter el poder al derecho.

Situación del TLC con México

Durante los últimos meses, los esfuerzos del gobierno por promover el libre comercio se han intensificado al grado que, de acuerdo al Ministro de Economía, Miguel Lacayo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negocia entre los países del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y México se encontraba completo en un "99 por ciento"; en este mismo orden, en octubre pasado se habrían iniciado las gestiones para firmar un TLC con Chile (Proceso, 875).

La firma del TLC con México sería una buena noticia para el gobierno salvadoreño, especialmente porque las negociaciones se han extendido durante casi nueve años sin ningún éxito, prácticamente desde que se suscribió la Declaración de Tuxtla Gutiérrez en 1991 entre los presidentes de Centroamérica y México. En el documento se establecía lo siguiente: "al analizar el estado actual de comercio entre Centroamérica y México, los mandatarios reafirmaron su compromiso de contribuir a la creación de un sistema comercial nacional justo y equitativo... [y] resaltaron la importancia de la apertura de los mercados como forma de promover la competencia, estimular la eficiencia, la modernización, y la competitividad". En este acuerdo se establecieron también las bases de un Acuerdo de Complementación Económica que sería el punto de partida para la conformación de una virtual zona de libre comercio.

Desde entonces, el proceso ha enfrentado diferentes traspiés, como el retiro de Nicaragua de las conversaciones, la suspensión de las negociaciones por la crisis económica mexicana de 1994 y, finalmente, la firma de un tratado de comercio bilateral entre Costa Rica y México. Por lo anterior, en la actualidad sólo tres países se encuentran en negociaciones conjuntas con México y existe la posibilidad de que al final cada país establezca acuerdos por separado.

De acuerdo al Ministro Lacayo, el TLC con México estaría por acordarse e inclusive los negociadores presentarían el 12 de enero "la propuesta final y cerrar el TLC por teléfono". Sin embargo, después de estas afirmaciones, han surgido dos nuevos elementos que modifican el escenario sensiblemente: primero, la existencia de desacuerdos sobre los productos a excluir y, segundo, la posibilidad de que el tratado de libre comercio sea firmado de forma bilateral por cada país del triángulo norte.

Debido a lo anterior se vuelve importante revisar el estado de las negociaciones y las diferentes valoraciones que sobre el proceso tienen representantes de la empresa privada y del gobierno.

El pasado 10 de enero se iniciaron conversaciones entre representantes de gremiales empresariales y del Ministerio de Economía con el objetivo de presentar una respuesta a las más recientes contrapropuestas mexicanas: no aceptar cuotas ni plazos para las exportaciones de textiles y confecciones, ni tampoco otorgar exclusión total de todos los productos considerados sensibles. De acuerdo a versiones periodísticas, se habría llegado a un impasse en las negociaciones debido a que inicialmente México habría aceptado la lista de productos a excluir: cemento, autos, hierro, cerveza, cigarrillos, productos porcinos, embutidos, lácteos, frutas, hortalizas, granos básicos, café tostado, azúcar y productos avícolas; pero posteriormente solicitó la exclusión del cemento y los autos.

Adicionalmente, los mexicanos elaboraron una nueva propuesta para la rama de textiles que, aunque no ha sido dada a conocer públicamente, supone la eliminación del trato preferencial otorgado a los textiles de los países centroamericanos en el TLC, que inicialmente contemplaba exención de aranceles bajo la condición de que adquirieran de proveedores mexicanos la fibra sintética para elaborar sus textiles durante un período de cinco años. Aun se desconoce si el resto de productos negociados en el TLC con México también deberán ser elaborados con materia prima mexicana.

En este contexto de contrapropuestas se ha conocido que México había presentado una propuesta alterna del TLC a Guatemala, lo cual abre la posibilidad de que el TLC sea firmado bilateralmente por cada uno de los países del triángulo norte y ya no en conjunto; esto complicarían aún más las posibilidades de integración centroamericana. Según Miguel Lacayo, "puede que algún país logre amarrar su acuerdo días antes que el otro, pero se pretende que sea entre los tres". Sin embargo, también se conoció que México ha propuesto a El Salvador un acuerdo bilateral, lo cual tampoco fue negado por Lacayo.

Además, existen contradicciones evidentes entre los funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador en relación al estado de las negociaciones con México. Mientras en El Salvador el Ministro de Economía se muestra optimista hacia el TLC, en los dos países vecinos los funcionarios opinan que las negociaciones se estancaron y que se necesita flexibilidad o nuevas alternativas. Según el gobierno salvadoreño, el TLC con México incrementaría en U$100 millones las exportaciones hacia aquel país y se crearían entre 5 mil y 10 mil puestos de trabajo, pero para representantes de la empresa privada los beneficios del TLC no son tan automáticos y merecen ser evaluados. De hecho, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) ha solicitado al gobierno que se desarrolle un estudio de impacto del TLC con México que constaría de dos áreas fundamentales: el estudio del impacto fiscal, social y económico; y la fiscalización de los aspectos administrativos del TLC.

De acuerdo al presidente de ASI, Leonel Mejía, es necesario cuantificar las implicaciones de la eliminación de aranceles sobre el déficit fiscal el cual, afirmó, es uno de los elementos que "más preocupan" del desempeño económico. Por su parte, Jorge Arriaza, director ejecutivo de la gremial habría señalado que el estudio económico y social debe cuantificar la inversión mexicana que vendrá al país, su tipo y su capacidad de generación de empleo. Esta no sería la primera muestra de desconfianza del sector privado frente al TLC con México, pues ya previamente representantes de la empresa privada también habían expresado que el tema de la desgravación arancelaria debe realizarse con "cautela"; inclusive la ASI había solicitado previamente que se incrementaran los aranceles (Proceso 884).

El TLC con México ha sido adoptado por el gobierno como un fin en sí mismo, creyendo a ciegas en los planteamientos neoliberales de la declaración de Tuxtla Gutiérrez: en la apertura de los mercados se encuentra la panacea para todos los problemas del desarrollo. Lo cierto es que el libre comercio ha mostrado en muchos casos no ser una fórmula infalible. Ejemplos de ello son el tratado de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos y el Mercado Común Centroamericano, pues en ambos casos los países de menor desarrollo relativo (Canadá en el primer caso, Nicaragua y Honduras en el segundo) experimentaron un deterioro de su balanza comercial, cierres de empresas, caída de la producción y pérdida de empleos.

En la actualidad, el aparato productivo salvadoreño atraviesa uno de sus peores momentos debido al lento crecimiento de las exportaciones no tradicionales y la contracción de las tradicionales (Proceso, 884), así como a la ampliación de los sectores comercio y servicios. En un contexto así, un TLC con México podría profundizar estas tendencias al promover la sustitución de la producción nacional y dar mayor impulso al comercio y los servicios.

Violencia social, el desafío del año 2000

La década de los años 70 se cierra en El Salvador con una grave crisis política. El gobierno del general Carlos Humberto Romero, por más que puso en marcha medidas como la "Ley de defensa y garantía del orden público" —inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional que los gobiernos militares suramericanos habían implementado para contener la participación socio-política de amplios sectores de la sociedad— fue incapaz de controlar el desborde de las organizaciones populares. El 15 de octubre de 1979 un grupo de militares progresistas realizó un golpe de Estado, con pretensiones reformistas, que fue cooptado por militares conservadores. Mientras tanto las organizaciones populares radicalizaron sus demandas y, como consecuencia de ello, tuvieron que soportar los embates de la represión estatal.

La Junta Revolucionaria de Gobierno no pudo hacer frente a la crisis política, respondiendo a las movilizaciones de las organizaciones populares con enormes cuotas de represión estatal. Cuando José Napoleón Duarte se incorporó a la Junta, en diciembre de 1980, se iniciaron unas reformas económicas y sociales —reforma agraria y nacionalización de la banca y del comercio exterior—, pero las mismas fueron acompañadas con fuertes dosis de violencia estatal. Los líderes de las organizaciones populares percibieron que no había otro camino que optar por la insurrección revolucionaria. Esta opción se concretó en la creación, en mayo de 1980, de la Dirección Revolucionaria Unificada-Político-Militar (DRU-PM), un mando conjunto que coordinaría las actividades militares de los diferentes núcleos guerrilleros y la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), que se encargaría de coordinar el trabajo político de los frentes de masas. En abril del mismo año, se constituyó el Frente Democrático Revolucionario (FDR), que aglutinó a la gran mayoría de organizaciones revolucionarias y a los partidos de oposición, instituciones, gremios y personalidades democráticas del país. En octubre de 1980, la DRU se transformó en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El 10 de enero de 1981 el FMLN lanza su "ofensiva final" u "ofensiva general" y se inicia formalmente la guerra civil.

Durante los doce años de conflicto armado, el FMLN desplegó todas las potencialidades forjadas durante la década anterior. Innumerables miembros de las organizaciones populares de la ciudad —muchos de ellos sobrevivientes de la represión que se desataba en el país de entre 1981 y 1983— se incorporaron a sus filas. Lo mismo hicieron innumerables campesinos procedentes tanto de la FECCAS-UTC como de otras organizaciones campesinas, quienes no sólo pasaron a integrar las filas del ejército guerrillero, sino que se convirtieron en su base social fundamental, su fuente de abastecimiento y la garantía de su supervivencia material. En estas condiciones, militarmente, el FMLN se convirtió en una guerrilla poderosa, capaz de enfrentarse a un ejército de más de 50 mil hombres, asesorado, entrenado y financiado por Estados Unidos, en un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados, sin grandes montañas y rodeado de países con regímenes hostiles a la lucha guerrillera (Honduras y Guatemala).

Lentamente, el FMLN comenzó un proceso de readecuaciones internas que se tradujeron en cambios significativos en sus planteamientos estratégicos, todo lo cual no fue ajeno a la reestructuración del escenario internacional propiciado por el derrumbe del bloque del Este, así como a la nueva correlación de fuerzas que al interior del país —tras doce años de una guerra civil empantanada, el cansancio social generalizado y el fuerte impacto nacional e internacional del asesinato, el 16 de noviembre de 1989 y por tropas del ejército, de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López y López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina Maricet— se impuso entre los bandos en contienda.

En ese escenario, el FMLN transitó, no sin dificultades y largos debates ideológico-políticos, de una lucha revolucionaria por el poder político del Estado a una lucha revolucionaria por la fundación de una nación en que la democracia social y política llegaran a ser los ejes axiales de la vida social, económica y política. Por su parte, el partido ARENA, tras dejar atrás sus antecedentes de institución vinculada a los escuadrones de la muerte a principios de la década de los años 80 y respaldado por su ala más moderada encaró los desafíos que planteaba una negociación del fin de la guerra con el FMLN. La ofensiva lanzada por los insurgentes en noviembre de 1989 puso de manifiesto no sólo que un triunfo militar definitivo por cualquiera de los bandos no estaba cercano, sino que los costos económicos de la guerra hacían inviable cualquier propuesta de desarrollo económico-social. El consenso sobre este punto —al igual que la buena voluntad y el empeño puestos por las comisiones negociadoras— fue lo que desencadenó la ronda de negociaciones que culminaron en enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.

Los Acuerdos de Paz de Nueva York (1991) y Chapultepec (1992) constituyeron un punto de partida fundamental para el nuevo proyecto de nación que el FMLN hizo suyo en el transcurso de los 12 años de guerra civil. También se convirtieron en el punto de partida para que el gobierno de ARENA pudiera implementar sus planes de desarrollo económico orientados no sólo a fortalecer el sistema financiero, sino a generar confianza entre los grupos empresariales nacionales e internacionales. Cuatro años después de firmados, los Acuerdos de Paz fueron declarados oficialmente cumplidos. No obstante, aspectos sustantivos de ellos —como la implantación de nuevas relaciones entre trabajadores, Estado y empresarios, y la democratización de los partidos políticos— quedaron pendientes y constituyen, en la actualidad, puntos medulares en la agenda de la democratización del país.

En definitiva, los doce años de guerra civil, los triunfos, las derrotas, los asesinatos, las persecuciones, el temor y la inseguridad, contribuyeron decisivamente a moderar las posturas políticas más extremas y a aceptar que si no se podía exterminar al enemigo al menos había que intentar convivir con él. El FMLN decidió, al firmar los Acuerdos de Paz, competir electoralmente por una cuota de poder, siempre revocable a través de las urnas, y el sistema político se abrió a las propuestas ideológicas y políticas del FMLN convertido en partido político. Este fue uno de los logros más importantes de los Acuerdos, con lo cual la transición a la democracia dio un paso sin precedentes. Ahora existe un amplio consenso entre los más diversos grupos sociales y políticos de que la democracia es mejor que el autoritarismo.

Desde la década de los años 70 hasta el momento actual, se han operado importantes transformaciones en la realidad salvadoreña. La violencia socio-política, que abatió al país en los años setenta y se convirtió en un conflicto armado abierto en la década siguiente, dio paso a un proceso de reformas políticas de carácter democrático. Lentamente, se va construyendo un Estado de derecho, con el subsiguiente respeto a la legalidad que el mismo supone; el equilibrio de poderes, aún con limitaciones, poco a poco va permitiendo un ejercicio sin abusos del poder político. En el ámbito económico se ha operado importantes cambios en la estructura productiva; El Salvador está dejando de ser un país agrícola para convertirse en un país dominado por el sector terciario.

La reforma agraria de los años ochenta, la guerra civil y la aplicación de una serie de reformas neoliberales por las dos administraciones de ARENA —y que están siendo continuadas por la administración de Francisco Flores— incidieron en forma decisiva en la transformación de la economía nacional. Como complemento de estos procesos de cambio económico y político, se está operando una importante reforma del Estado, la cual está encaminada a reducir el protagonismo económico que comenzó a adquirir en 1931. De un modelo económico en el cual el Estado era un actor decisivo, estamos pasando, en la década de los noventa, a un modelo económico que exige del Estado una participación mínima. El Estado salvadoreño se va acomodando, a través de su reforma institucional a esas exigencias.

En este marco, el desafío del año 2000 —una vez que la violencia política ha sido superada— lo constituye la violencia social, cuyos brotes más llamativos (la delincuencia, los secuestros, los enfrentamientos entre pandillas de jóvenes, la violencia intrafamiliar) hacen que la mayor parte de la población se sienta insegura y muchos de sus miembros, alentados por diversas figuras políticas, añoren la vuelta al control y la fuerza que predominaron durante el largo reinado de los militares. En el siglo que termina, El Salvador, tras dejar atrás la violencia política que dominó la vida nacional en las dos décadas pasadas, está siendo presa de la violencia social, la cual plantea desafíos sin precedentes no sólo a las autoridades gubernamentales, sino al conjunto de la sociedad.

Así pues, unos de los grandes retos del país para el nuevo milenio lo constituye esa violencia social, cuya presencia está socavando los fundamentos de la convivencia entre los salvadoreños. Muchos de los esquemas culturales que propician actitudes y comportamientos violentos en la actualidad surgieron en las dos décadas anteriores. La idea de que la fuerza y la prepotencia son la mejor salida tanto para controlar a la sociedad (autoritarismo) como para cambiarla (rebeldía revolucionaria) ha arraigado tanto en la cultura política salvadoreña que aun ahora constituye una amenaza para el avance del proceso de democratización. En este sentido, las décadas de los años 70 y 80 están mas cerca de nosotros de lo que parece y es conveniente —si queremos recuperar lo mejor de esos años y superar sus peores secuelas— no olvidarlo.

Los derechos humanos en 1999 (II)

Al analizar la historia reciente de nuestro país, irremediablemente se debe considerar el rol desempeñado por la comunidad internacional. A través de sus órganos especializados, ésta se involucró de manera directa —desde finales de los años setenta hasta que acabó la guerra— intentando contener las numerosas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; asimismo, facilitó y participó en las negociaciones entre las partes enfrentadas y, además, concretó una inédita experiencia de observación internacional, en cuyo centro estuvo el tema de los derechos humanos. En este balance no viene al caso analizar si lo hecho, todo o en parte, estuvo bien o mal; lo que sí interesa destacar ahora es que —frente a lo que sucede ahora o pueda suceder en el mediano plazo— ya no se cuenta con una preocupación fuerte ni la participación de agentes externos. Eso indica que todo lo relacionado con la vigencia o no de los derechos humanos en El Salvador nos corresponde resolverlo, en una buena parte, mediante el funcionamiento de los mecanismos internos.

Así, pues, se vuelve imprescindible estudiar con la mayor objetividad posible las condiciones en que se encuentran —a estas alturas del llamado "proceso salvadoreño"— los pilares estatales que son considerados las bases de lo que se conoce como el "sistema nacional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos": la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Órgano Judicial. De su buena marcha depende mucho que nuestro país, de verdad, logre ser mejor.

La PNC inició con una ventaja: la fundamentación de su accionar en el respeto a los derechos humanos, lo que le permitiría borrar de la memoria colectiva la negativa imagen de los antiguos cuerpos. La misión constitucional de la institución está clara: proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, así como prevenir y combatir toda clase de delitos y mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública en todo el territorio nacional. Sin duda, ese marco teórico y normativo contrastado con el pasado reciente contribuyó a que en sus inicios fuera vista con simpatía y contara con un notorio apoyo de la población. No obstante, el escenario cambió rápido y la nueva corporación empezó a generar desconfianza entre la gente, llegando a convertirse en la principal responsable de las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en día; eso se complica con los elementos policiales que aparecen, con demasiada frecuencia, involucrados en hechos delictivos.

No es posible ni conveniente intentar pasar por alto tal estado de cosas. Los esfuerzos oficiales de su conducción por ofrecernos una imagen distinta han sido intensos, tanto durante la administración del presidente Armando Calderón Sol como en lo que va del quinquenio recién iniciado, aunque sea otro el formato utilizado. De las más serias y destacadas fallas concretas ubicadas resaltan las que siguen, las cuales hemos señalado en ocasiones anteriores: incapacidad para enfrentar el fenómeno delincuencial; preparación y realización de fraudes procesales; malas investigaciones; mecanismos de control internos y externos poco activos y productivos; y falta de una proyección estratégica adecuada para cumplir su misión.

Durante el pasado período presidencial, las autoridades de Seguridad Pública y la misma cúpula de la PNC no mostraron disposición real para asumir las críticas y superar las causas que las originaron; al contrario, se cerraron ante los señalamientos aunque en privado hubo cierto reconocimiento de algunas de ellas y hasta de su magnitud.

Como se dijo al principio de este balance, el candidato Francisco Flores generó expectativas; de eso no se escapó lo relativo a la seguridad pública y, por lógica, a la situación de la PNC. Sin embargo, poco antes de asumir la presidencia comenzó a lanzar señales preocupantes que luego se confirmaron al conocerse públicamente quién dirigiría la Policía y otras designaciones para ocupar importantes cargos en ese ramo. Así se empezaron a desvanecer las ilusiones en este tema, que es el que más continuó afligiendo a la población; es el tema que —digan lo que digan— siguió cuestionando el mal llamado "modelo salvadoreño", junto a otros dos grandes males estructurales: la inadecuada distribución de los bienes y la impunidad. Bastó saber que el señor Mauricio Sandoval conduciría la PNC, para dudar de las intenciones de Flores o de su capacidad para imponerse sobre el poder real al interior de ARENA.

Algo se conoció ya de la trayectoria de Sandoval, sobre todo lo relacionado con su actuación durante la ofensiva de 1989 como director de la cadena nacional de radio y televisión, siendo secretario de información de Alfredo Cristiani. En esa "cadena" —como aparece en el informe de la Comisión de la Verdad— se difundieron llamadas telefónicas contra el padre Ignacio Ellacuría mediante un "micrófono abierto". Según Martha Dogget —en su libro "Crónica de una muerte anunciada"— los "contenidos de estas llamadas eran virulentos, llenos de odio y, muy frecuentemente, pidiendo actuaciones violentas contra quienes nombraban".

Entre otros, Dogget conversó sobre ese punto con el mayor Mauricio Chávez Cáceres, director del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) durante la ofensiva y ahora ya fallecido; el militar "negó cualquier responsabilidad, ya que él había salido de vacaciones a Guatemala el día en que empezaron los combates. Dijo que el gobierno controlaba la cadena a través del Centro de Información Nacional (CIN) y que la responsabilidad correspondía a Mauricio Sandoval, director de la oficina de prensa del gobierno". También se habló de su paso por la dirección del cuestionado Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y su mención en el informe confidencial de la Comisión de la Verdad sobre los "escuadrones de la muerte".

A todo ello, al igual que frente otros señalamientos, el presidente Flores hizo caso omiso; mientras, su director general de la PNC anunció medidas "bastantes duras" para combatir la delincuencia y comenzó a desarrollar una notable campaña publicitaria para "vender" una nueva imagen de la corporación basada en una supuesta eficiencia en el combate a la delincuencia, aunque los resultados en la práctica hayan seguido siendo pobres.

Por lo que se conoció a lo largo de 1999, esas medidas "bastante duras" pueden llegar a convertirse en una serie de disposiciones dispersas, mal aplicadas y frustrantes como las anunciadas y aplicadas en años anteriores: ley de emergencia, juntas de vecinos, endurecimiento de las normas legales y tantos otros "palos ciegos" dados por quienes —debido a sus antecedentes de incapacidad o falta de idoneidad— no pudieron cargar con una responsabilidad tan grande.

Además del nombramiento de Sandoval como director de la PNC, también preocuparon otros: el del subdirector general de operaciones y el del inspector general del cuerpo policial. En el caso de Romeo Melara Granillo, cabe decir que su trayectoria anterior al frente de la Fiscalía General de la República dejó mucho que desear; prácticamente no hizo mayor cosa y se plegó a decisiones de otros que teóricamente no tenían que influir en él y mucho menos debían hacerlo; esa experiencia no es una buena carta de presentación para esperar algo positivo mientras dure su paso por la Inspectoría General de la PNC.

En ese marco, desde que inició esta "nueva etapa" se impulsó una reestructuración de todo lo relacionado con la seguridad pública. Sin entrar en detalles sobre su pertinencia o no, sus responsables sostuvieron que de esa manera lograrán —entre otras cosas— colocarle "dientes" a la Inspectoría General otorgándole el mando sobre el Tribunal Disciplinario, y las unidades Disciplinaria, de Control y de Asuntos Internos; si nos atenemos a lo que hasta ahora ha sido Melara Granillo, más bien se podría pensar que las reformas apuntan a ponerle una "placa dental" a esa dependencia para usarla sólo cuando convenga y "morder" a algunos malos elementos del nivel básico, pensando más en los intereses publicitarios de la dirección general que no son precisamente los de la Nación.

Además, según se supo, en adelante la Inspectoría General será controlada por Sandoval; tal disposición viola el espíritu que la creó en lo que toca a su independencia, al otorgarle demasiado poder a una sola persona e instalarnos ante el riesgo de que se incrementen los actuales niveles de impunidad existentes al interior de la PNC; aunque se entreguen "peces chicos", como ha sucedido hasta ahora, los "grandes" podrían continuar gozando de mayores beneficios con un director en total libertad para "hacer y deshacer" sin que nadie controle su actuación. Por su parte, los promotores y ejecutores de esta iniciativa sostuvieron que las reformas no se traducirían en una pérdida de autonomía por parte de la Inspectoría; el director de la PNC, dijeron, será supervisado por el ministro y el presidente de la República.

Dentro de este panorama, la tan promocionada política de seguridad pública de la nueva administración puede y debe ser cuestionada. No por las acciones que, según anunciaron, ya se están impulsando; por eso no sino, más bien, por lo que pueda haber tras ellas: en aras de garantizar la tranquilidad de la población ante la delincuencia común se pueden cometer iguales o peores atropellos que los ocurridos hasta ahora, sin que existan elementos objetivos y suficientes para pensar que ahora sí se está combatiendo efectivamente al crimen organizado. Pero los hechos serán los que hablen por sí mismos y por ello la población está en la obligación de observar —estricta y profesionalmente— la actividad de los dos factores claves que han sido el centro de las críticas a lo largo de la corta historia institucional: su conducción y sus mecanismos de fiscalización. El reto para la PNC es muy grande: tiene que ganar de nuevo la confianza y el apoyo perdidos, lo que sólo logrará realizando una labor técnica eficaz y —sobre todo— coherente con su filosofía basada en el respeto a los derechos humanos.

Si el diagnóstico de la entidad encargada de garantizar la seguridad pública en el país no es bueno, la situación de la PDDH es aún peor; lo ocurrido desde julio de 1998 a la fecha sólo puede interpretarse como el gran retroceso en el breve trayecto recorrido en la ruta hacia la consolidación de la Procuraduría y el peor atentado —hasta el momento— contra la institucionalidad democrática surgida de la negociación y los acuerdos entre el gobierno salvadoreño y FMLN.

Durante sus dos primeros períodos —de 1992 a 1998— se detectaron fallas; sin embargo, fueron más los avances en el desarrollo institucional, no obstante los diversos obstáculos encontrados en el camino. Pese a las dificultades, la Procuraduría logró agenciarse un destacado lugar entre la opinión pública y la comunidad internacional, a partir de los progresivos niveles de confianza y credibilidad que fue generando. Pero con la llegada de Eduardo Peñate Polanco a su titularidad, en julio de 1998, comenzó un vertiginoso descenso que ahora la tiene en el nivel más bajo de su breve historia y en un sitio similar —o quizás hasta peor— al de otras instituciones viejas.

Como de Peñate Polanco ya se dijeron infinidad de cosas sobre su trayectoria y se dieron a conocer la inmensa cantidad de "irregularidades" —por utilizar un eufemismo— que se han cometido mientras ha permanecido en el despacho del procurador, ahora no vamos a centrar nuestra atención en eso. Mejor aprovechar la ocasión para enumerar algunas de las medidas que sugerimos a lo largo de 1999, las cuales —sin ser todas ni presentarlas en orden de importancia— deberían ser consideradas en el futuro inmediato para rescatar la institución. Con el objeto de que la PDDH cumpla lo que la ley le manda —"velar por la promoción y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos"— el IDHUCA propuso lo siguiente:

1. Elaborar un estudio sobre la situación actual de la Procuraduría, sus prioridades y necesidades.

2. Impulsar un proceso de selección minucioso y profesional de su personal, a partir del conocimiento en la materia y la coherencia práctica con los principios que la sustentan.

3. Crear mecanismos efectivos para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el país; entre ellos destaca la edición regular de informes relativos a la situación nacional en la materia, previa discusión de su contenido con expresiones organizadas de la sociedad.

4. Garantizar el amplio conocimiento público de sus informes a través de los medios masivos de difusión, trascendiendo la simple presentación de datos en la línea de descubrir, presentar y explicar las principales y objetivas tendencias sobre la situación de los derechos humanos en el país. También se debe cuestionar en ellos a los funcionarios que dificulten u obstaculicen la vigencia de los mismos, incluyendo además propuestas de solución, posibles y puntuales que ataquen las causas que originan las violaciones y que sean objeto de seguimiento.

5. Crear y hacer funcionar canales fluidos y permanentes de comunicación y coordinación con otras instituciones estatales para impulsar acciones adecuadas y oportunas ante violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir su ocurrencia.

6. Impulsar un programa específico de atención a las víctimas —directas e indirectas— de violación a los derechos humanos, encaminado concretamente a garantizar su reparación moral y material.

7. Realizar investigaciones constantes, especializadas y públicas.

8. Diseñar e impulsar un programa específico destinado a crear un registro de víctimas de muertes violentas intencionales, a fin de contribuir al análisis y la definición de políticas estatales de acción en lo relativo a la seguridad de las personas.

9. Diseñar y ejecutar una estrategia inmediata encaminada a erradicar el temor y a generar confianza ciudadana, haciendo énfasis en el combate frontal a la impunidad.

10. Transformar su Consejo Consultivo en un ente eficaz y participativo.

11. Impulsar campañas publicitarias —televisivas, radiales e impresas— con recursos creativos y novedosos para dar a conocer sus facultades, mandato, funcionamiento y ubicación geográfica de los locales de atención al público.

12. Fomentar el involucramiento de la sociedad en la labor de protección, defensa y promoción de los derechos humanos.

13. Impulsar una estrategia educativa que privilegie la formación de promotores y promotoras así como el apoyo a procesos de participación social organizada.

14. Retomar, evaluar y estructurar como política educativa la iniciativa de fomentar la participación de maestras y maestros jubilados en la formación para los derechos humanos.

15. Fomentar mecanismos de comunicación y coordinación entre la PNC y las organizaciones naturales de la sociedad, en aras de propiciar un esfuerzo común y eficaz —respetuoso de los derechos humanos— para velar por la seguridad de la población local.

La anterior es sólo una pequeña lista de acciones que podrían realizarse; pero para ello se necesita —entre otras cosas— que la dirección de la institución tenga conocimiento del tema de los derechos humanos, autoridad moral, vocación de servicio, honestidad, transparencia, apertura, inteligencia y sentido común. El caso es que Peñate Polanco carece de todo eso y los resultados saltan a la vista. Pero el empeño de la sociedad salvadoreña por enderezar el rumbo de la PDDH, no ha sido en vano; eso se puede decir con propiedad, sobre todo ahora que su salida parece ser inminente al haber perdido hasta el apoyo de la actual dirigencia demócrata cristiana. El panorama, al final del año y pese a todo, se observaba positivo con el establecimiento de un mecanismo legislativo para investigar la infeliz gestión de Peñate Polanco y se espera que éste arroje resultados positivos en enero del 2000. Es un deber de la Asamblea Legislativa corregir el tremendo error que cometió, aprender la lección y poner las condiciones para que esto no se vuelva a repetir.

De las instituciones relacionadas con la vigencia de los derechos humanos, son muchas las opiniones que apuntan a calificar ésta como la peor. La percepción generalizada apunta hacia un descrédito total de este Órgano estatal y, pese a que resulta difícil desmentirla, sí se debe señalar que no es del todo exacta esa apreciación. La mayoría de la gente en El Salvador —que objetivamente vive las consecuencias de una impunidad reinante— tiene suficientes razones para sentirse abandonada por la justicia pero eso no tiene que ver únicamente con la Corte Suprema, las cámaras de segunda instancia y el resto de los tribunales; la mayoría de esa gente, ve así las cosas debido a que ignora el rol que le corresponde a otras dependencias estatales en este campo —como auxiliares del Órgano Judicial— o por la desinformación que se produce al respecto.

Desde la labor que desarrollamos, podemos plantear una situación que comúnmente conocemos y que confirma lo anterior: un porcentaje mínimo de los casos de violación a los derechos humanos que ocurren en el país es llevado a los tribunales, muchas veces con más publicidad por parte de la PNC que con elementos probatorios y sin considerar que —en repetidas ocasiones— se presentan con serios errores de procedimiento. Pese a todo lo anterior, el Órgano Judicial no está libre de culpa; al contrario, es mucha su responsabilidad para que sea tan mal visto por la sociedad. En ese sentido, cabe recordar que el IDHUCA tuvo la oportunidad de participar en la mesa especializada que —como parte de la consulta cuyo resultado se encuentra en el documento denominado "Temas claves para el Plan de Nación", presentado en enero de 1999— abordó lo relacionado a este punto. El diagnóstico producido en ese espacio plural sobre la administración de justicia, resultó bastante acertado y por ello vale la pena traerlo a cuenta. Veamos una síntesis del mismo:

1. Falta independencia y capacidad para investigar y castigar violaciones a los derechos humanos.

2. Corrupción que genera impunidad, injusticia e inseguridad jurídica.

3. Retardación de justicia.

4. Concentración excesiva de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia y especialmente en su presidente.

5. Carencia de una real carrera judicial.

6. Deficiente proceso para la selección y el nombramiento de jueces y magistrados, tanto de segunda instancia como de la misma Corte Suprema.

7. Descrédito ante la población.

Partiendo de lo anterior, consideramos que tras lo observado en 1999 ese diagnóstico se puede actualizar y enriquecerlo aportando otros elementos. En primer lugar, es importante señalar que la retardación de justicia continúa, aunque en materia penal y procesal penal la nueva normativa resulta ágil en comparación con el pasado. Siguen presentes males tan graves como la corrupción y la incapacidad técnica que caracterizan a buena parte de su personal, sin que la depuración del mismo se acelere con profundidad y transparencia. Ante sus diferencias y las críticas y/o ataques provenientes tanto de los órganos Ejecutivo y Legislativo como de la prensa, en muchas ocasiones adoptan actitudes tímidas —por decirlo suavemente— aun teniendo la razón y la ley de su lado. Finalmente, el proceso de selección permite que elementos faltos de idoneidad —desde la perspectiva de su moralidad y/o su capacidad— accedan a cargos de importancia, comprometidos con determinados intereses particulares.

Sintetizar en diez o doce cuartillas de papel lo que está ocurriendo en el país, ocho años después del fin de la guerra, es un reto sumamente difícil. Acá no se pueden incluir con todas sus letras las dificultades y padecimientos de las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y de la impunidad, ni los obstáculos de aquellos funcionarios que intentan cumplir su misión constitucional. Además, faltaría espacio para hablar, entre otras cosas, sobre lo ocurrido durante la coyuntura para la elección del nuevo fiscal general de la República y el impacto de la resolución sobre el "caso jesuitas" que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer públicamente en diciembre de 1999.

En la materia que nos corresponde analizar, son tantos los problemas del país y tantas las amenazas que se ciernen sobre él. Sólo se acepta, a veces, el señalamiento superficial de que algunas cosas no caminan bien pero —en general— se afirma a manera de consuelo que "estamos mejor que antes"; discrecionalmente se apela al respeto a la legalidad para enfrentar unas situaciones y en otras se le ignora impunemente. Independientemente de lo que acá se logre incluir y la aceptación que esto tenga, para avanzar en la construcción de un Estado donde tengan vigencia los derechos humanos se debe superar eso, mediante una enorme dosis de responsabilidad y evitar que estalle lo que parece ser una "bomba de tiempo". Los ingredientes para ello existen y casi nadie se preocupa realmente por eliminarlos, pero aún es tiempo de hacerlo. En el momento actual de El Salvador, vale la pena recordar a Hubert Lanssiers —sacerdote belga radicado desde hace mucho en Perú— diciendo: "Cuando uno aserrucha con perseverancia los pies de la silla en que está sentado, se expone a experimentar en carne propia la dureza del piso".

APOYO. La fracción legislativa del FMLN insistirá nuevamente en aprobar un decreto para amnistiar a los 221 empleados despedidos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El jefe de fracción del Frente, Shafick Handal, dijo, el 05.01, señaló que tratarían de convencer a otras fracciones para lograr los votos necesarios. "Nosotros, junto con los demás partidos que estamos en este enfoque, vamos a insistir", dijo. Por su parte, para el coordinador del FMLN, Fabio Castillo, las huelgas son "un arma legal". Y esa legalidad les asegura el apoyo institucional del partido. Castillo argumenta que la huelga es la forma más confiable de lograr mantener paz social. Asimismo, opina que la huelga del sindicato del ISSS está rebasando los intereses particulares para convertirse en un problema que "nos atañe a todos". "Este sindicato ha planteado algo vital que es el problema del sistema de salud", dijo Castillo. El Frente, según el Coordinador, está apoyando el que haya una solución al problema de salud, y de salarios que permitan un mejor nivel de vida. Castillo asegura que el problema de la huelga se está agudizando, en parte, por la actitud que ha tomado el Gobierno para enfrentarla. La solución de la huelga mantenida por los trabajadores del Seguro Social desembocará en beneficio del sistema de salud de El Salvador, opinó Castillo (LPG 06.01 p.10, EDH 08.01 p.10).

PEÑATE. Para el 20 de enero podría conocerse el informe definitivo de la Comisión especial que investiga al procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco. Pese a que las indagaciones en torno al funcionario no han concluido, todo apunta a que Peñate podría ser destituido del cargo. Benjamín Cuellar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentó, el 07.01, ante la mencionada Comisión, un fólder con 16 pruebas en contra de Peñate. En el informe expuesto se establece que el funcionario ha violado el artículo 194 de la Constitución, que se refiere a las atribuciones que por ley le corresponden. Según el IDHUCA, Peñate ha utilizado hasta 40 mil colones en concepto de viáticos, y se ha autoinvitado, vía internet, para asistir a eventos internacionales a los cuales no ha sido convocado. Para el legislador Kirio Waldo Salgado, del PLD, la situación es clara. "Este informe nos confirma que él debe ser destituido y además determinar si ha cometido delitos para que sea juzgado". Al parecer, los diputados han tomado ya la decisión de destituir al funcionario, no obstante, deben escuchar otros argumentos. René Figueroa, de ARENA, aseguró que, por el momento, no anticiparían ningún juicio. "Hay bastantes elementos que pesan en la balanza. Antes, sin embargo, es necesario depurar y evaluar las pruebas", anunció (LPG 08.01 p.20, EDH 08.01 p.16).

CAMPAÑA. Los partidos políticos salvadoreños intensificaron, el 08 y 09.01, los preparativos para dar inicio a una campaña electoral que podría romper la pasividad que marcó la de los comicios presidenciales pasados. Los dos principales contendientes, ARENA y FMLN, realizaron el 08.01, por separado, sendas convenciones con sus candidatos a alcaldes y diputados en las que se divulgaron los enfoques que tomarán sus respectivas campañas electorales. ARENA impulsará el programa de seguridad, el cual implica "todo lo que lleve confianza en el país" en los planos jurídico, económico y social, y no sólo en el combate de la delincuencia, según sostuvo Alfredo Cristiani, presidente del partido. Además, ARENA ha planteado dentro de su programa político el pilar de nuevas oportunidades, que incluye inversión humana, desarrollo económico y social. EL FMLN, en cambio, ofrecerá a la población en su campaña política, la reestructuración de la resquebrajada economía del país, reactivación de la agricultura, creación de leyes que beneficien a las mayorías y, ente todo, evitar la privatización de los servicios públicos. El Frente también propondrá frenar el alto costo de la vida, mediante la búsqueda de mecanismos que permitan la estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica (EDH 09.01 p. 2 y 3).

EXTRADICIÓN. La reforma al artículo 28 de la Constitución de la República fue consensuada, el 10.01, por los miembros de la Comisión de Extradición de la Asamblea Legislativa. El artículo impide que una persona sea enviada al extranjero para ser juzgada. Se acordó excluir cualquier tipo de delito vinculado a la política, aunque de ellos resulten delitos comunes. Asimismo, se determinó la no aplicación de la retroactividad del tratado, pero sí de reciprocidad procesal: el delincuente gozará de los derechos que establezca la ley del país donde será juzgado. También se establece que no se podrá extraditar a un salvadoreño a un país donde se aplique la pena de muerte. Rubén Zamora, del CDU, destacó que, aunque no se ha acordado en forma definitiva el contenido de la enmienda, se espera alcanzar el consenso general para poder enviarlo a la aprobación del pleno. "Esto es el principio, pero creemos que vamos por buen camino, de tal forma que lo podamos aprobar y que la siguiente legislatura lo ratifique", aseguró. Para garantizar el respeto a estas condiciones, antes de entrar en vigencia cualquier tratado tendrá que ser ratificado por 56 diputados. Para Kirio Waldo Salgado, del PLD, la reforma "refleja el sentir del pueblo y sobre todo contiene el principio básico de la reciprocidad" (EDH 11.01 p.10 y LPG 11.01 p.4).

STISSS. Frente a la cautela del Gobierno, sindicalistas del Seguro Social renunciaron a agregar algunas ventajas patrimoniales al contrato colectivo que suscribieron con esa institución, durante un encuentro que sostuvieron, el 10.01, con los tres árbitros que analizan el conflicto. Esas renuncias se produjeron en medio de manifestaciones hechas por voceros sindicales y el propio representante de los trabajadores en el grupo arbitral, Feliz Ulloa. El Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) pidió que se "dejaran igual" cinco cláusulas del convenio que rige en la actualidad. Esto, debido a que los tres árbitros producirán en los próximos días una laudo con poder jurídico para que sean acatados por las dos partes en conflicto. Esto significa que los sindicalistas renuncian a nuevas ventajas en el escalafón, a elevar la evaluación por mérito que reciben los trabajadores del Seguro Social y a incrementar los tabuladores salariales y las gratificaciones por trabajos realizados. También renunciaron a que se les conceda un aumento de ¢300 durante este año, como lo demandaron desde que se planteó en conflicto en marzo pasado. El gobierno tomó las renuncias del sindicato a las ventajas patrimoniales como "un signo positivo", sin embargo, esperan nuevas señales para "no caer en una trampa", como expresó un vocero gubernamental (EDH 11.01 p.2).

DESACUERDO. El conflicto entre el Gobierno y los sindicalistas del ISSS continúa. Mientras el SIMETRISSS anunció nuevas protestas, médicos del ISSS abogaron por poner fin al problema. Especialistas y cirujanos sostuvieron una reunión el 11.01 con el fin de buscar una solución inmediata a la huelga. Los especialistas revelaron que la mayoría de ellos ya no apoyan la huelga, porque su objetivo inicial (la no privatización del sistema de salud) ha perdido fuerza frente a la restitución de los despedidos del STISSS. Se dijo que los médicos solicitaron permiso a la dirigencia sindical para iniciar las cirugías pendientes por la huelga (EDH 13.01 p.4).

CAMPAÑA. La campaña electoral para las elecciones de diputados dio inicio el 12.01. Se disputan 84 plazas para diputados propietarios en la Asamblea Legislativa y 20 para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). ARENA, CDU, PDC, PLD y PAN realizaron mítines y caravanas al inicio oficial del período proselitista. ARENA reunió unas cinco mil personas en Izalco, donde tradicionalmente inicia sus campañas proselitistas. En el acto, el presidente del COENA, Alfredo Cristiani, criticó la labor de los diputados del partido de izquierda (EDH 13.01 p.2).