Año 20

número 886

enero 19

2000

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Coyuntura electoral

Política Aproximación a los planes de gobierno de Luis Cardenal y Héctor Silva (I)

Economía Situación socio-económica del sector agropecuario

Política Mujeres: coartada electoral

Opinión Pública Los salvadoreños frente a las elecciones

Derechos Humanos Peñate Polanco: ya no sorprende

Noticias

La coyuntura electoral se abrió en El Salvador desde el año pasado. Esto hizo que el quehacer de los partidos, hacia dentro, estuviera marcado por los arreglos y las disputas acerca de quiénes iban a figurar como candidatos a alcaldes y diputados, mientras que, hacia fuera, se caracterizó por el esfuerzo de hacer sentir su presencia en la sociedad. Lo primero supuso, de nueva cuenta, que las rivalidades políticas se convirtieran en uno de los ejes principales del quehacer de los partidos. Ello se hizo particularmente notorio en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), al interior del cual volvieron a plantearse las disputas que han acompañado a Ronal Umaña desde que se convirtió en una figura clave de la cúpula pedecista. Pero también en los partidos que pretenden aglutinarse en el siempre problemático "centro político" las disputas intestinas estuvieron a la orden del día, ya fuera por el tema de la bandera única o ya fuera por los intentos de cualquiera de los aliados —o de sus líderes— de convertirse en el principal portavoz del confuso proyecto centrista.

Sobre la presencia social de los partidos y sus figuras, es claro que una de las lecciones básicas de la práctica política es que para conseguir votos es necesario fijar en el imaginario colectivo rostros y emblemas que los conviertan en referentes cotidianos para los ciudadanos. Ahora bien, esta lección puede traducirse en una saturación publicitaria —spots televisivos y radiofónicos, pinta y pega de propagada, visitas a la población—, justo desde que la ley electoral declara abierta la campaña hasta que la misma se cierra.

La lectura del FMLN parece ser la misma de ARENA, sólo que en sentido inverso: una victoria de Silva apuntalaría al Frente en vistas a sus aspiraciones de acceder al ejecutivo en un futuro no muy lejano. Así las cosas, la contienda Silva-Cardenal ha hecho pasar a un segundo plano lo más importante de unas elecciones municipales y legislativas, al menos desde la perspectiva del proceso de democratización del país: la posibilidad de reestructurar los ejes de poder prevalecientes en la Asamblea Legislativa y la posibilidad de fortalecer o reencauzar el trabajo de los gobiernos locales.

Aproximación a los planes de gobierno de

Luis Cardenal y Héctor Silva (I)

A partir de las elecciones presidenciales del año pasado se empezó a evidenciar un hecho curioso: los discursos, las promesas electorales del FMLN y ARENA tendían a convergir. Cualquiera que haya revisado los programas de gobierno que en su momento presentaron Facundo Guardado y Francisco Flores tuvo que haber notado que en aquéllos eran más notables las similitudes y coincidencias que las divergencias (ver Proceso, 842, 844 y 845). A pesar de provenir de las antípodas del espectro ideológico y político, los candidatos de los dos más grandes partidos presentaban planes de gobiernos casi idénticos, con las mismas debilidades y generalidades.

Cambiaban los títulos y nombres de las políticas que se ofrecían a la población, pero, en lo fundamental, el espíritu que las animaba parecía ser el mismo. Sin embargo, si bien existió está notable convergencia en los planes de gobierno, las figuras de los candidatos a la presidencia no pudieron ser más diferentes: entre el académico y casi desconocido Francisco Flores y el ex comandante y hombre de pocas letras Facundo Guardado mediaba un abismo que impedía cualquier comparación o semejanza. Al final, la fina y astuta campaña que promovió a Francisco Flores terminó inclinando la balanza a su favor. Fue la imagen y no la palabra lo que al final fue decisivo en la elección presidencial.

Ahora bien, esta tendencia de ARENA y el FMLN hacia la semejanza en sus campañas electorales ha alcanzado su punto más alto en el marco de la competencia por la Alcaldía de San Salvador. Aunque oficialmente la campaña por la principal alcaldía del país aún no ha iniciado, lo que se ha visto hasta el momento muestra a dos partidos compitiendo entre sí con candidatos (Héctor Silva y Luis Cardenal) con perfiles y promesas que, conforme se acerca la fecha de la elección, se asemejan cada vez más. A primera vista, en lo que se refiere a imagen, ha sido Luis Cardenal el que ha marcado la pauta para esta semejanza en la índole de las campañas.

Hasta antes de que ARENA y sus asesores de campaña convirtieran a los valores familiares conservadores en el sustento de la imagen de Luis Cardenal, Héctor Silva había mostrado poco interés en mezclar su dimensión de funcionario público con su dimensión de padre de familia o con su credo moral. Ahora, al igual que Cardenal, Silva se exhibe en todo acto público con su esposa y se ha convertido en un defensor del valor del matrimonio y la familia. Así pues, las adelantadas campañas electorales de Cardenal y Silva, a diferencia de las de Guardado y Flores, han terminado convergiendo en los aspectos pintorescos y superficiales (los relacionados con la cuestión de la imagen del candidato). ¿Qué decir de los discursos o planes de gobierno, el verdadero punto medular de lo que puede llegar a ser un buen o mal gobierno municipal?

Por ahora, los planes de gobierno, tanto de Silva como de Cardenal, están fragmentados e incompletos. No obstante, pese a esta limitante, ya puedan vislumbrarse sus lineamientos básicos. A continuación se pasa revista a los puntos más importantes del plan de gobierno de Luis Cardenal, para luego, en una segunda entrega, compararlos con los planteados por Héctor Silva.

En sentido estricto, no puede decirse que Cardenal tenga su propio plan de gobierno: más bien participa del que, conjuntamente, parecen haber redactado los candidatos areneros a las alcaldías del Area Metropolitana de San Salvador (AMSS). Acá se encuentra el primer gran reparo o debilidad de la propuesta de Cardenal: no la tiene. O al menos no tiene una propia. Obviamente, por ejemplo, el municipio de Mejicanos y el de San Salvador pertenecen al AMSS y, por ello, tienen problemas en común. Pero es difícil que estos problemas (cuya magnitud y características varían de municipio a municipio) y sus soluciones puedan ser metidos en una sola bolsa, tal como pretende Cardenal y sus pares.

Así pues, la primera debilidad de este plan de gobierno consiste en que, si bien da líneas generales de acción para los problemas del AMSS, no aterriza en las particularidades de cada municipio, en sus cuestiones más concretas y distintivas. Por ello es que, por ejemplo, no se abordan ni se discuten algunas problemáticas típicas del municipio de San Salvador, como qué hacer con la Finca del Espino o cómo descongestionar el centro de San Salvador. De esta manera, Cardenal habla en "su" plan de todo, pero sin concretar en nada en particular con esmero y detalle.

Dejando aparte esta primera gran limitante, el plan de gobierno de los candidatos areneros del AMSS, cuyo logo y esquema organizativo son calcos de la Nueva Alianza, abarca cuatro áreas: seguridad, ordenamiento, desarrollo humano y nuevas oportunidades. En la primera área se proponen como líneas de acción: organización de "vecinos unidos"; coordinación PNC-Alcaldía Municipal de San Salvador; programas de rescate y rehabilitación de indigentes y drogadictos; programas de deporte y recreación; programas de emergencias y prevención de desastres, y programa especial de seguridad.

En cuanto a "ordenamiento" se plantea: ordenamiento vehicular, transporte público masivo, sistema de transporte metropolitano, rescate de centro histórico, solución integral a las ventas ambulantes, tratamiento integral de la basura, infraestructura vial y accesibilidad y fluidez de mercados. En la tercera área, "desarrollo humano", se propone: servicios básicos para todos, legalización de propiedades, talleres vocacionales y de capacitación, creación de guarderías infantiles y clínicas de salud, obras de infraestructura comunitaria, y programa de rescate de valores y de fortalecimiento de la familia.

Finalmente, en "nuevas oportunidades" la propuesta se enfoca hacia: inversión municipal en proyectos especial, bolsa de trabajo (conexión de trabajo entre empleados y empleadores), programas educativos, programas de mercados, fomento de turismo, creación de centros comerciales para pequeños y microempresarios, bancos comunales dirigidos a la pequeña y microempresa, programa de arborización y parques, y modernización de la Alcaldía Municipal (ISO 900 e ISO 14000).

De estas cuatros áreas, sólo la segunda, la referida al ordenamiento del transporte del gran San Salvador, se encuentra desarrollada, aunque de una forma bastante particular. En el documento (publicado en internet) se dedica un poco más de una página a bosquejar algunas de las acciones a tomar sobre la cuestión (implementar transporte público masivo, renovar la flota de transporte público, continuar con la construcción de pasos a desnivel, ordenar los mercados del AMSS y reubicar las terminales de buses, entre otros); pero el resto es una repetición y resumen de algunos de los diagnósticos que sobre el problema de transporte en el AMSS se han realizado.

Abunda, pues, en el documento el diagnóstico y la generalidad, pero no se precisan en ninguna parte de él las fuentes de financiamiento externas para impulsar las medidas que se planean llevar a cabo, ni se establece una jerarquía entre ellas. Además, es de destacar que en el plan se evita tocar el tema de los impuestos municipales, fuente interna de financiamiento para los proyectos de las alcaldías. En este sentido, el plan de gobierno de ARENA para el AMSS no dice nada nuevo ni se salva de la deficiencia característica de anteriores planes de gobierno: se propone mucho, pero sin dejar claros los mecanismos concretos que permitan pasar del deseo a la realidad.

Situación socio-económica del sector agropecuario

El tema de las políticas económicas y su efecto sobre el sector agropecuario ha sido polémico y contradictorio en prácticamente todos los países. De hecho, los países industrializados mantienen políticas proteccionistas hacia sus sectores agropecuarios al tiempo que recomiendan aplicar medidas de liberalización económica para esos mismos sectores en los países en vías de desarrollo. En El Salvador, la política agropecuaria no está definida claramente y se mueve, según el caso, entre el proteccionismo y la liberalización económica. Esta indefinición persiste pese a que en diferentes ocasiones los gobiernos de ARENA han anunciado planes y medidas para promover el desarrollo del sector.

En 1996, el ex presidente Armando Calderón Sol anunció su "Plan de Desarrollo Agropecuario"; en junio de 1999, el presidente Francisco Flores anunció su propuesta para la recuperación del sector agropecuario; y, más recientemente, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunciaron que se están adoptando medidas para la elaboración de otro "Plan de Desarrollo Agropecuario".

Mientras se plantean estas opciones, el sector agropecuario continúa con una clara tendencia hacia la reducción de la producción y de los ingresos, lo cual hace del área rural la zona de mayor concentración de pobres en el país. Precisamente, es en el área rural donde la pobreza no se reduce, a diferencia de las áreas urbanas en donde las cifras oficiales registran reducciones en la extensión de la pobreza. Lo anterior obliga a tomar acciones inmediatas para el sector agropecuario.

Entre 1990 y 1998, la producción de este sector ha pasado de representar un 22% del total del PIB, a representar un 12.8% (a precios constantes de 1990); mientras que en términos de participación en las exportaciones totales su monto ha pasado de 55% a 19% durante el mismo período. Concomitantemente, la pobreza en el sector rural se encuentra en niveles cercanos al 60% y no ha dado señales de reducción durante los últimos años, pese al fuerte flujo de remesas familiares que ha recibido.

La propuesta del presidente Flores para el sector agropecuario parte del supuesto de que los problemas del sector agropecuario se limitan al tema de la rentabilidad; contempla, por ello, el desarrollo de programas de infraestructura física, promoción de la asociatividad, fomento del microcrédito rural y la promoción de canales de información. Más de seis meses después de su anuncio, aún no se conocen medidas concretas que hayan dado seguimiento a este ofrecimiento, a excepción de un censo de zonas donde se necesita realizar obras de infraestructura.

El problema de la reactivación del agro está íntimamente relacionado con la posibilidad de reducir la pobreza rural, la cual constituye uno de los principales problemas históricos del país y que se ha agudizado con el proceso de estabilización y ajuste económico que han venido realizando los gobiernos de ARENA en la década de 1990. Cualquier plan de desarrollo agropecuario debería apuntar a un doble propósito: fomentar la producción agropecuaria y mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida del país. Lamentablemente, la timidez con la que los diferentes gobiernos han abordado el tema ha devenido en la ya mencionada pérdida de importancia del sector agropecuario.

El desarrollo del agro requiere, antes del establecimiento de las prioridades de la política económica, que el gobierno defina si continuará con el proceso de liberalización tal como se tiene propuesto o implementará medidas tendientes a la protección y fomento de la producción agropecuaria. Es evidente, incluso para sus apologistas, que la liberalización económica conduce a una reducción de la importancia del sector agropecuario, al grado que ello se considera "un resultado normal del desarrollo económico de un país".

Esto explica, en parte, por qué la mayoría de los países industrializados han subsidiado sus respectivos sectores agrícolas con los excedentes generados en otros sectores económicos para mantener las condiciones de vida de la población rural a niveles aceptables. Aun en la actualidad, cuando se propugna la importancia de la liberalización para el desarrollo económico, los subsidios al sector agrícola siguen utilizándose en países como Japón, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. De hecho, se estima que el subsidio al productor agrícola en estos países supera el equivalente al 60% del total de la producción; es decir, los consumidores y/o el Estado otorgan a los agricultores subsidios por un monto que supera el 60% de su producción total.

En el caso de El Salvador, es claro que una liberalización sin límites no es conveniente, puesto que reduciría la producción y el empleo del sector agropecuario sin que existan otros sectores económicos que dinamicen la producción y que absorban la mano de obra que pueda resultar desplazada. Por otra parte, en el caso hipotético de que se decidiera adoptar una política de subsidios, los consumidores de productos agropecuarios tampoco estarían en condiciones de aportar los recursos necesarios a través de mayores precios, por lo cual la medida debería ser asumida por el Estado, que ya de antemano presenta un elevado déficit fiscal que reduce su margen de maniobra. Esto no implica que no se puedan implementar medidas en el corto plazo, mientras se discute y se diseña una estrategia de desarrollo agropecuario de largo plazo.

Asimismo, la política agropecuaria ofrecida por el gobierno no toca temas medulares como los precios y aranceles, los cuales, conjuntamente con el crédito, deberían de ser los puntos de partida de una estrategia de promoción del sector agropecuario. La estrategia de diseñar un "Plan de Desarrollo Agropecuario", emprendida recientemente por el MAG, no es despreciable, pero no debería implicar que se desatiendan las necesarias medidas de corto plazo que deben implementarse.

En definitiva, la reinstauración de la política de banda de precios para los granos básicos, el fomento de las exportaciones no tradicionales y la adopción de una estructura crediticia de acuerdo al tipo de productor, son algunas de las medidas que deberían implementarse al más corto plazo. La banda de precios mostró en su momento ser un instrumento de utilidad para mantener los precios de algunos granos básicos dentro de rangos establecidos y, por lo mismo, bien podría ser un instrumento para regular los precios de productos agropecuarios esenciales, como los granos básicos u otros.

El fomento de las exportaciones no tradicionales podría lograrse mediante la creación de incentivos económicos hacia actividades específicas, como el cultivo de frutas y legumbres, y el incremento de la inversión en infraestructura, promoción internacional y asistencia técnica. Por otra parte, debe mejorarse el acceso al crédito mediante la creación de tres diferentes espacios crediticios: la banca privada para los productores comerciales; el Banco de Fomento Agropecuario para agricultores con potencial productivo y un "Programa de crédito solidario" para financiar a productores con cartera vencida y sin potencial productivo.

La situación socio-económica del país amerita la adopción rápida de medidas emergentes que, en última instancia, deben estar orientadas hacia el fomento de la producción agropecuaria, pero no sólo bajo el criterio de fomentar la agricultura comercial, sino también de focalizar esfuerzos hacia la búsqueda del bienestar de los agricultores más empobrecidos.

Mujeres: coartada electoral

Nuevamente, y apenas recuperado, El Salvador se prepara para entrar en un bombardeo electoral que, de hecho, dio inicio mucho antes de lo establecido por la ley. Con poco disimulo y mucho descaro, los candidatos a alcalde de San Salvador de los partidos principales, ARENA y FMLN, se adelantaron al período proselitista oficial. Luis Cardenal, candidato por ARENA, es quien más se ha encargado de "exponer" a los votantes sus propósitos y propuestas para el programa de gobierno local. Y es que siendo Cardenal un candidato hasta hace poco desconocido por la ciudadanía, ha tenido que dedicar más tiempo, espacio y recursos para hacerse la publicidad necesaria.

Las campañas electorales son un período de suma importancia para los partidos políticos y sus candidatos. De éstas depende, en gran medida, retener a los adeptos ya ganados, atraer a los indecisos e, incluso, robar algunos a los demás competidores. El proselitismo requiere extremo cuidado, una rigurosa preparación y un rígido estudio de lo que puede ser atractivo para los votantes. Se trata de vender a un candidato (o a varios), de crear una imagen, de generar credibilidad y confianza en él. Nada de lo que se diga o haga dentro de una campaña electoral será producto del azar o la casualidad. Todo se prepara con un objetivo específico: alcanzar el poder y derrotar al contrincante.

En este sentido, los candidatos deben llegar a los diferentes sectores de la sociedad, cada uno por su lado, para atraer los votos de los mismos. Ya no se trata tanto de llegar a la población en general, sino a grupos determinados y ofrecer propuestas específicas. La ley de la oferta y la demanda requiere de una actitud más particularizada al momento de llegar a los electores. Comerciantes, comunidades y colonias, jóvenes..., todos conforman grupos de posibles votantes a los que hay que "conquistar". Como señalan especialistas de la Fundación Arturo Rosenbluethm, "lograr el ascenso a los diferentes ámbitos de poder se ha convertido en la actualidad en un ejercicio político que requiere alta profesionalización respecto a los objetivos y métodos para conseguirlos. Se está liquidando viejos procedimientos y formas para hacer la política, privilegiándose, en cambio, el pleno conocimiento de las necesidades reales de los ciudadanos y la construcción de ofertas políticas y mensajes atractivos para los electores".

Bajo esta lógica, las mujeres constituyen un grupo importante al cual atraer y sus necesidades conforman el principal gancho de atracción. Las mujeres, pues, se convierten en un recurso electoral, lo cual, hasta cierto punto, podría beneficiarlas. Durante el período de campaña electoral, los partidos políticos prometen soluciones a los problemas de las mujeres; los candidatos incluso se acercan al sector femenino para hacer sus ofrecimientos personalmente. Luis Cardenal es un claro ejemplo de ello. Ha ofrecido la instalación de guarderías infantiles para que las madres tengan la posibilidad de "trabajar con tranquilidad". Asimismo, ha visitado junto a su esposa, Regina Sol de Cardenal, mercados capitalinos que en su mayoría están poblados por mujeres, con tal de lograr un mayor acercamiento a las posibles seguidoras. Cardenal ha tocado puntos claves de la problemática de la mujer, como el fortalecimiento de la familia.

Regina de Cardenal es, en un sentido proselitista, el lado femenino y caritativo del candidato. Ella simboliza, superficialmente, una porción de la representatividad femenina dentro del contexto de la campaña. Primero, cantando villancicos en las comunidades, luego de que su esposo se dirigiera a los oyentes. Por otra parte, se le ha felicitado públicamente por recibir un reconocimiento como una de las ocho "mujeres valiosas para El Salvador en el milenio". Esto por su supuesta "distinción en el campo del trabajo humanitario", defendiendo la vida y los valores cristianos. Aunque su presencia ante los votantes es superficial, no se puede negar que la imagen que de ella se exhibe podría servir de gancho para buena parte de las electoras.

Así pues, las campañas políticas intentan abrir un espacio para reivindicar el valor y la labor de las mujeres en general. Pretenden sacar a flote algunos de sus problemas y dificultades y plantear soluciones al respecto. Buscan hacerlas sentir representadas. Esto se ha visto en las últimas campañas electorales y, actualmente, son parte de las mismas. Los partidos políticos necesitan del voto femenino y, siendo éste el sector mayoritario de la población, buscan métodos para ganar su simpatía en las urnas. En las elecciones de marzo de 1999, el abstencionismo femenino fue revelador. El 60% de los votantes eran hombres y sólo el 40% eran mujeres. Superar la cifra requiere no sólo de mayor presencia de las mujeres en las promesas de campaña, sino del cumplimiento de las mismas.

Es necesario y alentador que la visión de género esté incluida dentro de la oferta electoral, pues ese es el primer paso para que la misma se emplee dentro de las políticas gubernamentales. Llamar al voto femenino implica —o debería implicar— la creación de políticas y medidas en pro de las mujeres. No obstante, hasta el momento, aquello ha servido más para la "compra de votos" que para diseñar y llevar a cabo soluciones concretas. Las experiencias pasadas demuestran que, una vez en el poder, los gobernantes relegan a un segundo o tercer plano las necesidades particulares de las mujeres. Lo ilegítimo aquí es aprovecharse de los puntos débiles y la imagen de éstas para conseguir cuotas de autoridad política.

Es imprescindible que la atención hacia el problema de género deje de ser únicamente parte del marketing político. El voto femenino es importante, entre otras cosas, por su cantidad, pero atraerlo basándose en engaños, de hacer creer algo que probablemente no sucederá es una jugada sucia. La responsabilidad de un político y de su partido se mide, en principio, por el grado de veracidad y certeza con el que habla; es decir, por su capacidad de convertir en acción la palabra. Las mujeres (y la población en general) otorgarán su voto a cambio de acciones concretas, cuyo primer indicio es la promesa otorgada por el o los candidatos durante el tiempo de campaña. En este sentido, el abstencionismo deriva en gran medida de la evidente irresponsabilidad de los políticos una vez instalados en el poder.

De nuevo se presenta ante la historia electoral de El Salvador una oportunidad de hacer una campaña de altura, que no se base en mentiras y engaños. Las mujeres tienen la necesidad de creer en lo que se les plantea. Sin embargo, el escepticismo las detiene con justa razón. Mientras sus problemas se reduzcan a ser tomados en cuenta por motivos de propaganda política, habrá muchas que se abstendrán de votar. Otras, una vez más, se sentirán engañadas por la "politiquería". Esos son los síntomas de un sector de la población que se encuentra todavía fuera de la palestra política y lejos de ver resueltos sus problemas fundamentales. A su vez, la población en general también está invadida por el desencanto y el pesimismo, aunque no por eso cierran las puertas a los partidos políticos. La búsqueda del poder y la autoridad debe ir ligada a la voluntad de cumplir, a la necesidad de cambiar desequilibrios y de generar confianza. Ideal utópico o posibilidad real: como quiera que sea, es por lo que la ciudadanía otorga su voto.

Los salvadoreños frente a las elecciones

A mediados de 1999 y en seguimiento al proceso electoral de ese año, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA realizó una encuesta nacional para evaluar el proceso eleccionario presidencial. La encuesta no sólo exploraba las razones del comportamiento electoral de los ciudadanos que asistieron a votar unos meses atrás, sino también de aquellos ciudadanos que decidieron no hacerlo o que por alguna razón no pudieron asistir a las urnas.

Casi un año después y de cara a un nuevo proceso electoral, el IUDOP de la UCA cree conveniente traer a cuenta de la discusión política preelectoral, algunas de las opiniones sobre las elecciones pasadas y la situación del país; opiniones que, a pesar del tiempo, siguen teniendo mucha vigencia para entender las preocupaciones políticas de los salvadoreños y responder apropiadamente a ellas.

El sondeo en cuestión fue realizado con una muestra nacional de 1,247 adultos de todo el país, con un error muestral de +/- 2.8 por ciento en los resultados globales.

En el sondeo, casi el 50 por ciento de los consultados admitió no haber votado en el 99. A éstos se les preguntó las razones de su absentismo o abstencionismo. El 39 por ciento de los que no votaron no lo hicieron porque no tenían carnet electoral; el 8 por ciento no pudo votar por problemas a la hora de presentarse en el centro de votación (no encontrarse en el padrón, porque no se lo permitieron, etc.). El resto de ciudadanos que no votaron, el 53 por ciento, tenía carnet pero no asistió a votar.

Las razones para no asistir a las urnas fueron diversas, pero la mayoría parece apuntar a la falta de interés en el proceso electoral. De hecho, el 28.9 por ciento de las personas que no asistieron a votar dijo que tenía cosas personales que hacer que le impidieron ejercer el sufragio; el 17.2 por ciento sostuvo que no le interesaban las elecciones; el 12.3 por ciento dijo que no le gustaba ningún partido; el 12 por ciento dijo que no sirve para nada votar pues ganan siempre los mismos y el 10.7 por ciento argumentó razones laborales. El resto de consultados dio otras razones que revelaban poca confianza en el proceso (por los problemas, es un fraude, etc.).

La falta de interés y confianza en las elecciones no sólo fue expresada por quienes desistieron de ir a votar, sino también por una parte de aquéllos que no poseían carnet electoral. La misma encuesta reveló que del grupo de personas que no tenían carnet electoral, el 57.4 por ciento no lo solicitó porque "no tuvo tiempo para hacerlo"; el 30.4 por ciento dijo que no quiso solicitarlo y un 7.4 por ciento afirmó que no sabía cómo obtenerlo. En otras palabras, mucha gente no tenía carnet porque en realidad no deseaba tenerlo.

Los resultados de la encuesta sugieren que la falta de participación electoral estuvo más ligada a la indiferencia de la gente hacia el proceso electoral que a las dificultades propias del sistema para ejercer el derecho de voto. Buena parte de la población, tanto aquella que votó como la que no lo hizo, atribuyó la poca participación electoral a la falta de confianza en el proceso, al desinterés y al desencanto con los partidos políticos. Más aún, cuando se preguntó a la gente si el absentismo podía ser atribuido al miedo de los ciudadanos de involucrarse en política, el 52.6 por ciento respondió que más bien a la gente no le gusta la política; mientras que un 36.9 por ciento estuvo de acuerdo con la idea de que la gente aún tiene miedo. Estos resultados sugieren que, a diferencia del pasado, lo que más prevalece en la apatía hacia lo político y obviamente hacia lo electoral, ya no es el temor de los ciudadanos a que les ocurra algo —al menos no como antes—, sino lo que prevalece es el poco sentido que encuentran a lo político-partidista.

Y es que el análisis de los resultados indica que a la base de estas opiniones en las que se destaca la indiferencia, se encuentra el sentimiento de que los partidos políticos no han logrado representar los intereses de los ciudadanos. De acuerdo a los datos arrojados por el mismo sondeo, el 69 por ciento de los consultados, es decir, siete de cada diez salvadoreños, sentía que sus intereses no estaban representados en partido político alguno; frente a un 23 por ciento que sí se sentía representado por algún partido político. Encuestas más recientes indican que esta percepción no ha mejorado.

Esta sensación de distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos parece ser la que al final tiene un peso mayor en la decisión de muchos ciudadanos para no participar en la política y, por consiguiente, en el valor que se atribuye a los procesos electorales.

Cerca del 40 por ciento de los salvadoreños consideró que las elecciones contribuyen poco o nada al proceso de democratización del país, en tanto que un 25.7 por ciento afirmó que las elecciones fueron algo útiles y un 31.8 por ciento sostuvo que fueron muy útiles para la democratización del país. Buena parte de los ciudadanos no termina de encontrar el sentido a los procesos electorales porque para muchos de ellos los partidos políticos no se acercan a la población para atender sus problemas más fundamentales.

Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de la gente señala aspectos más estructurales como las causas principales para la poca participación electoral ciudadana, los salvadoreños —al menos dos de cada tres— no obvian el hecho de que el sistema electoral necesita amplias reformas para estimular la participación. Luego de las pasadas elecciones, el 61.7 por ciento de los ciudadanos consideraba que el sistema electoral debía ser reformado, en tanto que el 32.8 por ciento pensaba que debía quedarse como está.

Las reformas que reciben mayor nivel de apoyo por parte de la ciudadanía son: el acercamiento de urnas o voto domiciliar, el documento único de identidad, la depuración del padrón electoral, el voto en el extranjero y la representación proporcional en la elección de los concejos municipales.

No obstante, a punto de celebrarse otro evento electoral y luego de una cuantiosa inversión para implementar algunas de las reformas electorales, ninguna ha sido llevada a cabo. Ello contribuye al clima de frustración hacia el sistema político-electoral, el cual alimenta la misma apatía electoral mostrada por los sondeos.

Cumplir las promesas, ser honestos con la población, escuchar y atender las demandas de los ciudadanos, trabajar por el país, mejorar las campañas, los candidatos y las propuestas, son —entre otras— las cosas que las personas pidieron a los partidos políticos para aumentar la participación de la gente en las elecciones.

La mayor parte de tales peticiones se refieren al trabajo de los partidos políticos, a su responsabilidad de cara a la gente y al país y a la necesidad de que cumplan con su deber como representantes de toda la población.

A ocho años de la firma de los acuerdos que sentaron las bases para la institucionalización democrática del país, los salvadoreños parecen defraudarse cada vez más de su sistema y de sus instituciones políticas. Las próximas elecciones corren el riesgo de convertirse en el proceso electoral menos concurrido en la historia salvadoreña, en un ciclo marcado por la apatía, el desencanto y la frustración.

La mayor parte de los ciudadanos, más de la mitad, aún cree que este país se merece el sistema político que tiene, aunque piensa que debería ser más transparente. El reto de los políticos y de los ciudadanos está en ello. Los primeros cumpliendo con su labor de representar los intereses ciudadanos y los segundos pidiendo cuentas a sus representantes.

Peñate Polanco: ya no sorprende

El tiro de gracia en la crisis de la Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos (PDDH) lo dio, para variar, Eduardo Peñate Polanco. En la audiencia del Procurador ante la subcomisión que investiga su desempeño en el cargo, el pasado 19 de enero, quedó más que evidenciada —otra vez— su poca capacidad política y administrativa para manejar una institución de semejante importancia, cosa que ya no sorprende, después de conocer la larga lista de denuncias en su contra.

La "representación", despiste del señor Procurador, en la Asamblea Legislativa es comparable a la de un tenista en una cancha de fútbol: no dio pie con bola. Basándose en argumentos repetitivos —además de ridículos— se dedicó a evadir preguntas concretas, a hacer comparaciones sin sentido, de su gestión con la de su antecesora, Dra. Victoria Marina de Avilés; hasta caer en la desesperación y cometer el grave error de atacar a personas e instituciones tan serias y de peso internacional como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD).

Las preguntas que se le formularon a Peñate Polanco se basaron en puntos específicos de los informes y denuncias que presentaron a la subcomisión, entre estos el de los empleados de la PDDH, el del Embajador de Suecia con relación al Proyecto Sueco de Cooperación y el del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Este último contenía el desarrollo de dos puntos básicos para profundizar en las investigaciones:

a) Causas por las que Eduardo Peñate Polanco debe cesar en el ejercicio del cargo de Procurador. Aquí se señala el Incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales así como la negligencia grave en el desempeño de sus funciones.

b) Razones por las cuales Eduardo Peñate Polanco no debió haber sido nombrado Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, mencionándose en este punto que Peñate Polanco había sido declarado responsable por violación a los Derechos Humanos y por incumplir los requisitos de moralidad y competencia, pues el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en 1993 y 1996, evaluó su desempeño como "malo" y "no satisfactorio". Razones que el IDHUCA venía advirtiendo con anterioridad.

Un buen número de los cuestionamientos del IDHUCA al Procurador se enfocaron en la no aplicación de las propuestas que, de manera fundamentada, presentó la agencia Sueca de Cooperación en su proyecto, como parte de los compromisos adquiridos por la PDDH con esta Agencia. De las propuestas de la Cooperación —ignoradas por el Procurador— pueden mencionarse la creación y puesta en marcha de una estructura operativa de prevención a violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de la seguridad pública y la aplicación de un plan de mediación preventiva en situaciones de violencia. Proyectos como el de prevención, que se trabajarían en la PDDH como una experiencia piloto para América Latina y que a pesar de eso, el señor Procurador los tomó con indiferencia. Además, la subcomisión indagó en el manejo irregular de los fondos de la Cooperación Sueca y de la misma Procuraduría, tema que Peñate Polanco no supo responder, más que con las constantes evasiones y el auxilio, —mal logrado, por cierto— del supuesto "equipo de técnicos" que lo acompañó.

Las mismas reacciones tuvo el Procurador, ante los señalamientos sobre el deterioro de la relación, con la cooperación técnica y económica de la comunidad internacional especializada en el tema de los derechos humanos, como producto del desinterés y la política de incomunicación que han caracterizado a este funcionario.

De todas estas ineficiencias, han dejado constancia, respetables personalidades, tales como el Coordinador del Proyecto de Cooperación Sueca, Lic. David Morales y el representante del PNUD en El Salvador, señor Bruno Moro, a quien por cierto, Peñate Polanco —para rematar en su cinismo— acusó de dar apreciaciones a título personal y acuso también al PNUD concretamente, de haber sustraído "hasta la última copia de los documentos" del proyecto.

Es risible ver hasta donde puede llegar la mentira como instrumento de exoneración de las culpas o errores que muy difícilmente podría conseguir. Hasta se atrevió a asegurar que las relaciones y el trabajo con estos organismos internacionales son tan buenas que un día después de la audiencia firmaría un convenio con una agencia sueca lo que por supuesto, era otra mentira.

Y es que, ni aunque quisiera argumentar, que estas irregularidades a nivel de organismos internacionales han sido por falta de tiempo, menos se le podría creer, porque es precisamente en el nivel nacional donde menos se ha preocupado por trabajar durante el año y medio de "gestión".

La ausencia del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho notar desde su nombramiento. Hasta la fecha, el trabajo de la PDDH se ha limitado y congelado a razón de la misma desestructuración interna en la que se encuentra. La responsabilidad de velar, promover y defender los derechos humanos de la población salvadoreña han tenido que asumirla organismos no gubernamentales que de no existir, habrían quedado en el aire una gran cantidad de casos y denuncias. El Procurador se olvidó, por ejemplo, de los problemas nacionales que demandaban del pronunciamiento de la PDDH y no lo hizo. La lista es más larga de lo que él se imagina, desde situaciones como la de los ex patrulleros de APROAS, pasando por la creación de la ley de armas, la huelga de maestros, casos como el de la niña Katya Miranda y el conflicto del Seguro Social que, por cierto, de no ser por habérsele cuestionado sobre el tema en una entrevista, no se conociera, —aunque de manera superficial—, su "opinión".

A todos estos señalamientos, se les pueden agregar las denuncias detalladas del personal de la Procuraduría, que incluso han desmentido la información de los 16 documentos que el mismo Peñate Polanco presentó en su defensa. El desorden administrativo salta a la vista y es algo que, por más que se alteren informes del funcionamiento de la PDDH, —como lo hizo en el llamado "Informe de labores julio 98-mayo 99—, que entregó a la Asamblea Legislativa, no lo puede ocultar.

Ante este panorama, la acción de la Asamblea Legislativa debe estar determinada por la imperante necesidad de la ciudadanía, de contar realmente con la institución que defienda sus derechos ante los abusos del estado, y no —como ahora— un procurador que se defiende a sí mismo.

Para esto, la Asamblea Legislativa, tiene que garantizar un cambio profundo en los procedimientos para elegir a la nueva o nuevo procurador, porque está muy clara la necesidad de que se destituya a Peñate Polanco, y de esta forma poder demostrarle al pueblo salvadoreño, la transparencia e imparcialidad que tanto mencionan los políticos en sus campañas proselitistas.

El tema en juego —en esencia— no es la destitución de Peñate Polanco, ni los delitos que se le puedan comprobar que ha cometido, sino que es el peligro que corremos, como sociedad salvadoreña, de sufrir el descalabro total de un país en proceso de paz que no termina de consolidar las bases necesarias para la misma, aunque se debe estar claro de que, para no llegar a esos niveles de crisis, se hace imprescindible la destitución de este señor que ahora ocupa el despacho del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y que las intenciones de la Asamblea Legislativa, de someterlo a juicio al comprobarse que cometió delitos no se quede en palabras; pero sobretodo, aunque suene difícil, que la clase política entienda, que no deben tomarse decisiones apresuradas y menos partir de intereses "politiqueros", para el nombramiento de tan importantes funcionarios.

También nos damos a la acostumbrada tarea de recordarles, en vista de la amnesia legislativa, cuales deben ser las cualidades de todo funcionario público y en especial de quien ocupe el cargo como Procuradora o Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos: autoridad moral; vocación de servicio; honestidad; transparencia; inteligencia; sentido común; conocimiento del tema de los derechos humanos.

Peñate Polanco ha realizado un excelente trabajo de descrédito institucional, ha creado un caos administrativo y ha protagonizado el abandono de las y los salvadoreños en el marco de la protección y prevención de los derechos humanos, se ha dedicado a mentir y aún así, pretende convencernos de su honestidad y honorabilidad, cosa, que de él, no nos sorprende.

Es fundamental, quizá hoy más que nunca, que la persona que ocupe el cargo de Procurador cumpla con el mínimo de estos requisitos. No nos podemos dar el "lujo" de seguir desaprovechando las oportunidades de comenzar a prevenir las violaciones de los derechos humanos, con el fin mejorar la calidad de vida de la población, como lo sugiere el Proyecto Sueco de Cooperación.

El actual escenario de los derechos humanos en El Salvador presenta una oportunidad para generar cambios que beneficien, más en la práctica que en la teoría, el proceso de construcción de la democracia.

Hilda María Jiménez Molina, ante las Capturas que este día efectuara la Policía Nacional Civil en contra de Carlos Antonio Miranda, Edwin Antonio Miranda y los dos mozos que estuvieron en el lugar del asesinato de mi hija Kathya Natalia Miranda Jiménez, manifiesto lo siguiente:

1. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la población salvadoreña, a los medios de comunicación y a las autoridades, por estarme apoyando en mi lucha contra la injusticia, principalmente ahora en que se ha dado el primer paso concreto en el esclarecimiento de los hechos.

2. Quiero externar también, mi satisfacción por las órdenes de detención giradas por la Fiscalía General de la República contra las personas ya mencionadas, aunque esto implique en lo hondo de mi corazón un profundo dolor, al conocer el resultado de la investigación, pero mi lucha era y es por la verdad y no me detendré en mi afán de justicia, sean quienes sean los responsables del injusto asesinato de mi pequeña Katy.

3. Reitero, que así como emprendí este esfuerzo para que se agilizaran las investigaciones en la Policía y en la Fiscalía, continuaré pidiendo justicia, ahora ante las autoridades judiciales, teniendo la firme convicción de que el crimen de mi hija no debe quedar en la impunidad, no sólo por ella y por mí, sino por todas las madres, todos los niños y niñas a quienes a diario se les abusa o se les mata en este país.

Otra etapa comienza para mí y mi familia, en este tormentoso camino de esclarecer la muerte de mi hijita, quizás el más difícil y largo, pero confío en que el sistema de justicia de El Salvador, esta vez si va a funcionar.

San Salvador, 19 de enero de 2000

PNC. La Policía Nacional Civil (PNC) anunció la reestructuración "más importante" desde su creación, que incluye el funcionamiento de cinco nuevas divisiones. Entre las novedades está la creación de la Unidad de Delitos Financieros, cuyo primer jefe será el subcomisionado Rafael Garciaguirre, quien fuera, hasta el 15.01, jefe de la Región Metropolitana. El anuncio lo hizo la Policía mediante la orden de cambio que entra en vigencia a partir del 16.01. Esta orden estipula que los más altos jefes policiales deben involucrarse en el patrullaje de las calles y acercarse a la población. Otra de las creaciones es la División de la Policía Montada, cuya sede se encontrará en Nejapa y se espera que en un tiempo prudencial se haya extendido a todo el país. Su área de responsabilidad será el campo y las zonas de difícil acceso, aunque no se descarta que algunas unidades también vigilen zonas urbanas. Asimismo, se creó la División de la Policía Científica, en la cual colaboran expertos internacionales. La PNC también se prepara para recibir la sede subregional de la INTERPOL en el país. Por otro lado, la Unidad de Asuntos Internos se encargará de investigar a los policías involucrados en hechos delictivos. Por el momento, las nuevas divisiones no han sido puestas en funcionamiento, pues aún faltan asuntos por afinar como la organización interna y el nombramiento de personal (EDH 16.01 p.12).

CAMPAÑAS. Con un mitin en la plaza Gerardo Barrios dio inicio oficialmente la campaña electoral del FMLN, el 16.01. Shafick Handal fue el encargado de pronunciar el discurso principal. En él, reiteró su apoyo a la huelga laboral que mantienen los trabajadores del Seguro Social. Por otro lado, agregó que pedirán una reforma a los aranceles para los productos de importación, pues esto, según el Frente, ayudará a eliminar la competencia desleal. Junto a esto, impulsarán medidas para perseguir y combatir el contrabando. El segundo discurso fue del alcalde Héctor Silva. "Hemos emprendido la carrera del triunfo para gobernar mejor", dijo el edil. El FMLN pidió a sus militantes que cada uno se convierta en propagandista para lograr obtener mayoría en la Asamblea Legislativa. El partido de izquierda espera ganar 43 curules en el pleno y 150 alcaldías en las próximas elecciones. Mientras tanto, ARENA realizó, el 15 y 16.01, mítines en el interior del país. Acompañados por el presidente del partido, Alfredo Cristiani, los postulantes visitaron algunas comunidades de Lourdes, Colón y el Puerto de la Libertad, entre otras. Como en otras ocasiones, el discurso no varió: los candidatos expusieron los cuatro ejes que conforman la plataforma legislativa: seguridad, participación ciudadana, nuevas oportunidades y visión de futuro (LPG 17.01 p.14 y EDH 17.01 p. 6).

PEÑATE. El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, se reunió, el 17.01, con los diputados de la subcomisión que investiga su labor. El objetivo: defenderse de las acusaciones que los empleados de la Procuraduría, el director del IDHUCA y el representante del PNUD han vertido en su contra. "Me siento no sólo inocente, sino violentado de mis derechos", dijo Peñate. Entre otras cosas, acusó al representante del PNUD, Bruno Moro, de haber sustraído, ilegalmente, los documentos que comprobaban cómo se gastó el dinero que la comunidad internacional canalizaba a través de este organismo. Según Peñate, esa información demostraba que el dinero recibido nunca ingresó a la jefatura financiera de la Procuraduría. Asimismo, desmintió las declaraciones emitidas por Moro sobre el despido de algunos trabajadores. De acuerdo con Peñate, nunca ha despedido a nadie de su trabajo; más bien no ha renovado sus contratos. "Dada su calidad de extranjero, Bruno Moro no debería dar ese tipo de declaraciones. Es muy delicada su posición ofensiva", sentenció el Procurador. Sin embargo, al término de la reunión, los diputados afirmaron no estar satisfechos y mucho menos convencidos de los argumentos expuestos por Peñate. Los diputados analizarán el informe que enviarán a la Comisión Política (LPG 18.01 p.4 y EDH 18.01 p.24).

TSE. Los candidatos a la alcaldía capitalina, Luis Cardenal, de ARENA, y Héctor Silva, del FMLN-USC, tendrán que acudir, el 19.01, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para escuchar el dictamen de la institución sobre su propaganda. Ambos han sido citados debido a la difusión de diferentes mensajes violatorios del Código Electoral; es decir, mensajes fuera del período oficial proselitista. La campaña para alcaldes debía comenzar sólo 30 días antes de las elecciones del 12 marzo. Se espera que Cardenal y Silva escuchen "las reglas del juego". Además, se estudia una sanción para los dos candidatos de entre 10 y 30 mil colones. De acuerdo con Silva, "el Tribunal es la máxima autoridad electoral. Vamos a escuchar lo que tiene que decir". Y es que el TSE suspendió, el 14.01, parte de la propaganda de esos partidos. A Cardenal le ordenó abstenerse de distribuir un folleto en el cual presentaba su fotografía y parte del plan de gobierno municipal. Mientras que a Silva le prohibió la publicación de la frase "un proyecto que debe continuar". Esta resolución se registró un día después de que el FMLN demandara a Cardenal en el Tribunal por considerar que estaba haciendo campaña adelantada. Alfredo Cristiani, presidente de ARENA, declaró en aquella ocasión que respetarían la decisión del TSE, aunque no la compartieran (LPG 15.01 p.26 y 19.01 p.22).

ISSS. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) adjudicó a siete hospitales privados las cirugías electivas del Área Metropolitana de San Salvador, suspendidas debido de la huelga de los médicos y trabajadores de la institución. La directora del Seguro, Ana Vilma de Escobar, confirmó, el 18.01, que los hospitales comenzarán a practicar las intervenciones quirúrgicas dentro de dos semanas. Se estima que desde el 15 de noviembre han sido suspendidas más de 2,000 operaciones. "Determinamos ciertos parámetros para poder acreditar cada una de las instituciones. Hemos dicho que no podemos enviar a los pacientes del Seguro Social a cualquier clínica u hospital", aseguró la funcionaria. Los contratos con los hospitales privados durarán entre seis meses y un año. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores, Óscar Aguilar, criticó la adjudicación de cirugías. "Debemos enfatizar que este tipo de medidas son simplemente parches a una problemática nacional que requiere un tratamiento con mayor responsabilidad", expresó. En este mismo contexto, si los sindicatos levantan la huelga, el instituto se sentará a negociar sobre la contratación de servicios de salud, que los sindicatos consideran privatización. Esa fue la propuesta que presentó, el 18.01, el Consejo Directivo del Seguro para resolver la problemática (LPG 19.01 p.10).

PROPUESTAS. Algunas de las propuestas que los candidatos a alcalde, Luis Cardenal, por ARENA y Héctor Silva, por el FMLN, plantearon ante los problemas de la ciudad son: respecto al transporte, Cardenal afirmó que dentro de su propuesta de ordenamiento del tráfico se plantea, entre otras medidas, el establecimiento de transporte masivo (buses articulados); Silva, por su parte, promete implementar la administración de los nuevos sistemas vehiculares y de transporte. En cuanto al problema de la basura, Cardenal considera que lo primero será impulsar una campaña de educación y concientización entre la ciudadanía, a la vez que proporcionarán recipientes adecuados para la recolección de basura. Al respecto, Silva se compromete a dar continuidad y profundidad a sus sistemas de recolección y tratamiento de desechos, a los programas educativos y al sistema de recolección final, que antes de su gestión no existía. El tema del alumbrado eléctrico es para Silva "uno de los principales retos que la administración ha tenido que enfrentar". Según el edil, el problema no es la instalación sino el mantenimiento del mismo. Cardenal, por su parte, dijo que tratará de llevar alumbrado eléctrico a las comunidades que carecen de él en el área metropolitana de San Salvador. "Si se paga por algo se debe cumplir", opinó el candidato (EDH 15.01 p. 2, 3 y 4).