Año 20
número 887
enero 26
2000
ISSN 0259-9864
Editorial Reescribiendo el pasado
Política Aproximación a los planes de gobierno de Luis Cardenal y Héctor Silva (II)
Política El Coronel no tiene quien lo ascienda
Economía Replanteamiento de la modernización del Estado
Sociedad Tragedia en El Tobalón
Regional Guatemala: al César lo que es del César y al general...
Derechos Humanos Democracia, delincuencia y violencia
Reescribiendo el pasado
Los resultados del plan del gobierno de Flores para enfrentar la delincuencia y el crimen son bastante inciertos. Hasta ahora, las medidas adoptadas son más bien inconsistentes, como la de colocar policías en las unidades del transporte público. Aunque el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, alega haber disminuido el impacto de la delincuencia en un 10 por ciento, la institución que dirige no posee registros confiables que sustenten esa presunta disminución. Lo que sí está en marcha es un plan para centralizar en su persona las funciones de inteligencia y las de seguridad. La razón formal de tal centralización es contener de una manera más eficaz la delincuencia y el crimen, pero en realidad lo que busca es tener un control más estricto de la población, en particular, de aquella no afecta al régimen de ARENA.
En las instalaciones de la Policía Nacional Civil opera una dependencia del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), combinando dos funciones que hasta ahora se habían mantenido separadas, de acuerdo a la ley. Esta dependencia de inteligencia opera sin ningún control institucional, exceptuando el que pueda ejercer el actual director de la Policía Nacional Civil, quien fuera, hasta hace poco, director de ese mismo organismo. Así, en la persona del director de la PNC se están acumulando funciones y poderes de una manera peligrosa, todo por carecer de controles democráticos. No obstante no tener rango de ministro, dicho director controla, en la práctica, la comisión ministerial encargada del desarrollo del plan de seguridad. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Seguridad, un organismo consultivo importante del Presidente de la República, ha sido dejado de lado por el director de la Policía Nacional Civil. La visión que de la seguridad tiene dicho Consejo, sin duda más civilizada y democrática, no coincide con la del director de la policía. Si Sandoval consolida su posición al frente de la seguridad y la inteligencia, su poder será casi ilimitado.
Esta concentración de poderes no está debidamente contrarrestada por instancias de supervisión y control. Aparentemente, tanto la policía como el Organismo de Inteligencia del Estado dependen directamente del Presidente de la República, pero es dudoso que éste ejerza control o supervisión alguna. La Asamblea Legislativa, como es usual, tiene poco que hacer o decir en estos asuntos tan importantes, bien sea por ignorancia o por desentendimiento y, ciertamente, porque el Organismo de Inteligencia del Estado está fuera de su jurisdicción. Ni siquiera se ha planteado en serio la necesidad de reformar la legislación y proporcionar así al Estado los instrumentos indispensables para controlar y supervisar las actividades de inteligencia. Entre más centralización exista, más necesarios son el control y la supervisión, sobre todo cuando la seguridad y la inteligencia se concentran en una sola persona.
En realidad, el gobierno de Flores rehuye el control y la supervisión, a los que considera interferencias que deben ser evitadas a toda costa. Para él, los mecanismos básicos de la democracia son obstáculos que le impiden desarrollar sus planes. En este sentido, la participación de funcionarios o instituciones distintas a la Policía Nacional Civil en el campo de la seguridad pública pondría en peligro el éxito del plan. El mismo Ministro de Seguridad, quien ha delegado toda la responsabilidad en el casi todopoderoso director de la Policía Nacional Civil, rechaza la consulta y el asesoramiento por considerarlas contrarias a la eficiencia policial. Consulta y eficiencia no están reñidas. Al contrario, un buen mecanismo de consulta redundaría en mayor eficiencia e incluso estimularía la participación de una ciudadanía que todavía se mantiene alejada de la policía. En realidad, esta actitud lo que muestra es la tendencia autoritaria del gobierno y del mismo presidente Flores. Ambos piensan que el secreto para resolver problemas como el de la seguridad es la autoridad vertical y militarizada.
Este cambio de énfasis, en el control más que en la protección, en la represión más que en la prevención, está, por otro lado, limitando las posibilidades de la Policía Nacional Civil para enfrentar el elevado nivel de delincuencia y de crimen. La policía sigue sin investigar el delito, contamina la escena del crimen, extravía pruebas claves, desconoce los procedimientos judiciales y, en consecuencia, es incapaz de sustentar las acusaciones contra los presuntos criminales. De hecho, la policía tiene muy poco control sobre la seguridad pública y la investigación.
Mientras esto sucede en el área civil, dentro de la Fuerza Armada, el jefe del Estado Mayor ha ordenado, en términos tajantes, a todos los jefes militares el restablecimiento de las unidades de inteligencia, abandonadas —pero no completamente desarticuladas— después de la firma de los Acuerdos de Paz, en todos los cuarteles y destacamentos. La orden y su cumplimiento son abiertamente contrarias al ordenamiento legal de El Salvador, que prohibe al ejército esta clase de actividad. La reactivación de estas unidades de inteligencia en la Fuerza Armada es el primer paso hacia el resurgimiento de los escuadrones de la muerte. Aparentemente, los altos jefes del ejército se sienten otra vez amenazados por fuerzas sociales que estarían fuera del control institucional y consideran su deber combatirlas militarmente. No es tan fácil, pues, dar la vuelta a la página del pasado, tal como el presidente Flores quisiera.
Desde esta perspectiva, los resultados del plan de seguridad son irrelevantes. En directo, no se persiguen la delincuencia y el crimen, sino la constitución de un aparato de seguridad e inteligencia al servicio del gobierno y de ARENA. Sus dirigentes parecieran contar con que su permanencia en el poder está asegurada por años sin término. Precisamente, para asegurarla es que están montando esta poderosa maquinaria no controlada por la institucionalidad estatal y, en esa misma medida, contraria a la democracia. Pareciera que ARENA y su gobierno no pueden tolerar la democracia. No se trata sólo de una cuestión académica, sino que ello significa el regreso paulatino y seguro al pasado. El gobierno de Flores no le ha dado la vuelta a las páginas del pasado tal como asegura, sólo las está reescribiendo.
Si en la cuestión del manejo de la imagen Luis Cardenal ha marcado el ritmo de una campaña por la alcaldía que aún no ha comenzado oficialmente, en lo relacionado con las políticas y proyectos que componen un plan de gobierno, Héctor Silva ha tenido y tendrá una influencia decisiva sobre sus contendientes. La razón es obvia: qué tanto podría proponerse fuera de las líneas de acción que Silva ha planteado e impulsado durante su administración. En este sentido, la ventaja de Silva sobre sus competidores es monumental.
En un estilo de administración edilicia novedoso en la historia política del país, el equipo de Silva ha llevado a cabo sus obras a partir de líneas de acción claras y definidas. Líneas sobre las cuales se ha avanzado con tino y generando efectos palpables sobre la ciudad, y que, aún más importante (al menos a nivel electoral), han sido recibidas con beneplácito por una buena parte de los citadinos. El verdadero valor de Silva ante el electorado no reside en su figura o en sus obras, sino en que éstas se han realizado en el marco de unos ejes rectores claros y definidos. Con ello, Silva le ha dado a la población algo que pide y no encuentra en la clase política: sentido de orientación; confianza en que se avanza hacia el futuro con claridad.
Superar la improvisación, engarzar y darle sentido a las obras concretas a través de macro proyectos que atacan de raíz algunos de los problemas más graves de San Salvador ha sido el gran logro del alcalde de cara a los ciudadanos. Su gran conquista política: haber obligado a que proyectos como el Rescate del Centro Histórico y el manejo integral de la basura pasen a formar parte del plan de gobierno de cualquier candidato que aspire seriamente a la alcaldía. Silva, a través de su exitosa administración, ha obligado a que sus contendientes lo imiten; a que tengan que ofrecer, de una forma u otra, la continuidad de sus líneas de acción.
Desde este marco es entonces lógico que la piedra angular de la campaña de Héctor Silva sea la continuación y profundización de los macro proyectos que han orientado a su administración. Así, en su plan de gobierno no caben las sorpresas. A continuación se presentan los rasgos más relevantes de lo que en alguna medida ya es conocido por todos.
Silva: la apuesta por la continuidad
Fundamentalmente, el plan de gobierno de Héctor Silva se concentra en el documento "Desarrollo social y seguridad ciudadana", pero es necesario también tener en cuenta, para hacerse una idea global de lo que Silva propone, los documentos publicados en su sitio en internet (http://www.amss.gob.sv/) y "Hablemos en serio de cosas importantes", artículo escrito por el alcalde y distribuido por su oficina de prensa.
Teniendo como objetivo "contribuir a hacer de San Salvador una ciudad que ofrezca condiciones para mejorar la calidad de vida... y oportunidades para que [los ciudadanos] se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo", el plan de gobierno de Silva contempla tres ejes estratégicos: (a) desarrollo humano, (b) tranquilidad, orden y convivencia ciudadana y (c) participación ciudadana. Los programas relacionados con el desarrollo humano son: revitalización de espacios y vecindarios urbanos (lo cual implica, entre otras cosas, la construcción de obras de infraestructura comunal, fomento de micro empresas de servicios comunitarios y prevención y protección de desastres); promoción del deporte y recreación; promoción de la salud (en la que se destaca la profundización de los programas de salud en los mercados, la información en salud reproductiva y la conversión de las guarderías en Centros de Desarrollo infantil); fomento y promoción de la cultura y programas de asistencia social.
Los programas que se proponen para el segundo eje estratégico son: promover la tranquilidad ciudadana (aplicación de la ordenanza municipal de contravenciones, recuperación del Centro Histórico, recuperación de aceras para el uso peatonal e investigación sistemática de la presencia de menores en lugares de prostitución); servir a la comunidad desde el CAM; iluminación de espacios públicos y organización y capacitación de la ciudadanía para la prevención de la violencia delincuencial. En lo relacionado a participación ciudadana se plantean dos programas: fomento de la concertación y organización territorial y sectorial (apoyo al fortalecimiento del liderazgo social y registro y legalización de organizaciones presentes en el municipio), e implementación de espacios y mecanismos de participación (cabildos abiertos, consulta popular, comisiones consultivas especializadas y contraloría social).
Ahora bien, en su sitio en internet y en su artículo Silva plantea como prioridades de su gobierno municipal cinco macro proyectos: manejo integral de deshechos sólidos, desconcentración de los servicios municipales, recuperación del Centro Histórico, política de participación ciudadana y seguridad ciudadana en base a una modernización y reestructuración del CAM. En ambos documentos se realiza un breve resumen de los logros alcanzados en la implementación de estos proyectos y se reconocen algunos fallos y puntos débiles. Además, se identifican los actores sociales que han sido claves en la ejecución de los proyectos, tanto a nivel financiero como de colaboración y participación con la Alcaldía.
Conclusiones
A primera vista son obvias las coincidencias en los planes de gobierno de Silva y Cardenal. Ambos hacen de la seguridad ciudadana, el desarrollo humano y el ordenamiento de la ciudad pivotes de sus propuestas municipales. Más aún, en políticas precisas como los programas de asistencia social y la promoción del deporte más que semejanzas hay repeticiones exactas. Sin embargo, diferencias las hay, y muy importantes. En primer lugar, es notable en el plan de gobierno de Silva la falta de un apartado dedicado al problema del transporte. Tal vez con la intención de enfocarse sólo en aquellas áreas y políticas sobre las que ya ha obtenido algún avance, Silva no toca en su propuesta temas como el problema del parqueo en las áreas céntricas de la ciudad y la búsqueda de un medio masivo de transporte (algo que sí tuvo en cuenta en los albores de su administración).
Sobre este punto ahonda con cierto detenimiento la propuesta de Luis Cardenal, aunque con las debilidades ya expuestas en la anterior entrega. En segundo lugar, Silva enfoca sus políticas de desarrollo humano principalmente hacia los sectores más pobres y desprotegidos de la población. En contraste, Cardenal habla de desarrollo humano en términos vagos y sólo aterriza cuando aborda el problema de los drogadictos, alcohólicos y niños de la calle, y plantea programas de apoyo a los micros y pequeño empresarios. Así, el tema de la pobreza aparece como prioridad para el primero y está ausente en el plan de gobierno del segundo.
En tercer lugar, aunque ambos candidatos entienden a la colaboración con la ciudadanía como un elemento clave de la administración municipal, Silva le da un lugar preeminente en su plataforma de gobierno. Yendo más allá de la mera colaboración, Silva reconoce en la ciudadanía sus derechos a participar, supervisar y controlar los proyectos comunales que emanan de la alcaldía. Más aún, plantea claramente en su plan de gobierno los espacios y mecanismos que son necesarios para que los ciudadanos intervengan directa y decisivamente en el desarrollo de sus comunidades. De esto nada hay en el propuesta de Cardenal.
En definitiva, con excepción de la cuestión del transporte y algunos elementos menores, la mayor parte del plan de gobierno de Luis Cardenal es una copia de lo propuesto por Silva, aunque una copia en la que no se repiten ni los valores democráticos ni la preocupación por los más pobres del alcalde. Así, Cardenal se presenta ante el electorado con promesas y planes prestados. Esto, como ya se ha mencionado antes, hace que su campaña tenga que volcarse hacia el desprestigio y el ataque contra su contendiente, pues en cuanto a propuestas novedosas se ha quedado absolutamente corto.
En un momento histórico en el que el protagonismo de la Fuerza Armada salvadoreña se encuentra reducido a su mínima expresión, la polémica en torno al ascenso del coronel David Munguía Payés ha hecho de la institución castrense noticia. Es probable que el caso de Munguía no tenga en sí mismo nada de extraordinario. Nadie sabe cuántos como él han tenido que ver injustamente truncadas sus aspiraciones de ascender en la escala militar, resignándose a aceptar motivos confusos que escapan del marco legal. Lo que ha hecho de este un caso particularmente interesante es el precedente que sentara en él la decisiva participación del entonces presidente de la República, Armando Calderón Sol y el cariz político que adquirió el ascenso de Munguía desde entonces.
Munguía Payés ha sido dos veces privado del grado de General. La primera vez fue víctima del enojo de Calderón Sol. Éste, al enterarse que dos de sus amigos personales —simpatizantes de ARENA— no serían promovidos, decidió romper con la tradición castrense de nombrar cada año al menos a un General y se negó a ascender a quienes el Tribunal de Ascensos había considerado aptos. Ni el malestar que su arbitraria decisión ocasionó en los altos mandos de la Fuerza Armada (incluso se llegó a rumorar la posibilidad de un golpe de Estado), ni las críticas que tal actitud le agenciaran de parte de la opinión pública hicieron al ex presidente dejar de argumentar que como Comandante General de la institución castrense tenía derecho a obrar como mejor le pareciera (ver Proceso, 838). El autoritarismo y la discrecionalidad propias de los gobernantes areneros se pusieron una vez más —y con diáfana claridad en esta ocasión— de manifiesto.
El Coronel Munguía esperó un año su ascenso, esperanzado sin duda en que Flores sería más razonable que su antecesor. Pero en esta segunda oportunidad la negativa a convertirlo en General provino del propio Tribunal de Ascensos. ¿Por qué? No parece haber una respuesta definitiva. Lo que se sabe es que factores de diversa índole intervinieron en la decisión de ponerle freno a la carrera militar de Munguía (ver revista Vértice de El diario de hoy, 16.01.00). En primer lugar, la excesiva publicidad que adquirió el caso en virtud de la intromisión de Calderón Sol disgustó a la cúpula de una institución que prefiere resolverlo todo a puertas cerradas. Lo polémica que llegó a ser la figura del Coronel y el hecho de que éste se hubiera atrevido a dar declaraciones públicas en aquella ocasión trascendió por completo los estrechos límites disciplinarios de la Fuerza Armada, convirtiéndose en uno de los principales puntos en su contra.
En segundo lugar, se encuentra el hecho de que Munguía haya enviado en junio de 1999 una carta al actual Ministro de Defensa, recordándole que ya había sido avalado una vez por el Tribunal y que consideraba improcedente ser sometido a una segunda evaluación. El haber acudido al Ministro y no al Estado Mayor, responsable de los ascensos, le valió una mancha en el expediente que, pese a no haber sido lo suficientemente grave como para entorpecer su ascenso, pudo haber repercutido a la hora de valorar su desempeño a lo largo de 1999.
En tercer lugar, hay que mencionar las rivalidades y resquemores que la trayectoria de Munguía generó entre sus superiores. Sobre este punto el reportaje de Vértice es esclarecedor: "Alguien le advirtió en junio [a Munguía] que en los despachos del Estado Mayor ya se había tomado la decisión de que nunca fuera General". Una semana antes, el Coronel figuraba en un reportaje sobre "el gabinete ideal" como una de las personas idóneas para encabezar el Misterio de Defensa. "La imagen debió de caer como un jarro de agua fría en la cúpula militar... Su popularidad, según varios oficiales retirados, era incómoda. Y probablemente lo fue más a medida que cobraron fuerza los rumores que en los últimos meses auguran cambios al frente del Ministerio de Defensa el próximo junio".
En cuarto y último lugar, se encuentra lo que muchos consideran el factor definitivo: la presunta tendencia izquierdista de Munguía. Ciertos elementos abonan a la tesis de que el Coronel no encaja con el perfil de furibundo ultraderechista que suele ir asociado a los que escogen las armas por profesión. Para empezar, su padre, Mariano Munguía, fue uno de los militares que se insubordinaron contra el General Martínez en 1944. Fue, además, amigo y compañero de insurrección de Belisario Peña —padre de Felipe Peña Mendoza, uno de los fundadores de las FPL—, y de Mariano Castro Morán, autor de Función política del ejército en el presente siglo. Y fue, finalmente, precandidato a la presidencia de la República por la democristiana Unión Nacional Opositora (UNO). Esto puede ser un indicativo de que la formación que David Munguía Payés recibió desde la cuna no estuvo plagada de la clásica beligerancia contra cualquier tipo de postura revolucionaria. Por eso mismo no sería de extrañar que la procedencia de Munguía Payés sea mal vista por muchos en la institución castrense.
Referentes más cercanos en el tiempo y directamente relacionados con el haber del Coronel son, primero, su participación en la "Acción Universitaria" de la controvertida Universidad de El Salvador de principios de la década de 1980; participación que, pese a haberse limitado al área deportiva, debió haber sido muy mal vista por la Fuerza Armada en ese entonces. Segundo, su presencia en el Estado Mayor durante el gobierno de Napoleón Duarte. Desde allí asesoró al presidente democristiano en los primeros pasos de la reforma agraria y en el manejo de las relaciones con la Fuerza Armada. Ciertas políticas diseñadas por ese gobierno afectaron a muchos de los militares más duros. Munguía Payés despertó recelos entre varios e importantes colegas suyos (los de la tandona, por ejemplo), que reprobaban el hecho de que se hubiera convertido en uno de los hombres de confianza de Duarte.
En definitiva, David Munguía Payés se agenció hace años el calificativo de "no afín a la causa" y sería ingenuo pensar que eso tuvo poco que ver a la hora de ponerle cortapisas a su carrera militar. Puede no ser un disparate afirmar que el capricho de Calderón Sol —que tanto daño hizo al Coronel— estuvo aderezado con la "no afinidad a la causa" de Munguía. El razonamiento del ex presidente pudo haber consistido en pensar que si militares de su estima y de su confianza, meritoriamente pertenecientes a su credo político, no iban a ser ascendidos, ¿por qué habría de serlo alguien que había dado muestras de cercanía con el bando contrario?
Situaciones diversas impidieron que Munguía Payés fuera General, pero las más decisivas de ellas parecen haber sido estrictamente políticas. A su carácter ajeno a las posiciones de derecha se sumaron sus posibilidades de convertirse en Ministro. Según la Constitución Política, la Fuerza Armada es apolítica. Sin embargo, la institución es financiada con fondos del Presupuesto General de la Nación, sus miembros participan en política y los altos mandos toman en consideración aspectos políticos para la toma de decisiones.
Si la realidad es que la institución castrense es un organismo más del Estado y quienes la integran pueden ser vistos como funcionarios del mismo, tal vez sea positivo que la Asamblea Legislativa esté metiendo mano en la investigación del caso de Munguía Payés. Tal vez sea positivo resquebrajar el hermetismo que la caracteriza, para que su funcionamiento interno pueda ser valorado con criterios apegados al derecho y no abandonados al vaivén de las emociones o la discrecionalidad de los presidentes de turno.
El tema de la modernización del Estado salvadoreño se remonta a la Plataforma Económica y Social del primer gobierno del partido ARENA (1989-1994), en la cual se planteó que para convertir a El Salvador en un país de "oportunidades, con igualdad para todos" se necesitaba que el Estado cambiara su papel, pasando "de una función dirigista, centralizada y ejecutora de carácter paternalista, a una normativa, de planificación estratégica y coordinación de políticas para el desarrollo". El mismo documento reconocía que este proceso tomaría más de "un período de gobierno".
Las siguientes administraciones siguieron con el discurso de la modernización, especialmente el segundo gobierno de ARENA (1989-1994), durante el cual se creó la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado, encargada de planificar y ejecutar las reformas más significativas al Estado salvadoreño en la presente década. El actual gobierno también ha propuesto continuar con las reformas del Estado y en la práctica está utilizando el conflicto del sector salud para introducir apresuradamente una serie de reformas al funcionamiento del ISSS que apuntan hacia la privatización de sus servicios.
Ningún gobierno ha realizado reformas tendientes a promover la "planificación estratégica" o la "coordinación de políticas". Así lo muestran algunos ejemplos: el agotamiento del proceso de rápido crecimiento, el empeoramiento de los desequilibrios de la balanza comercial y las finanzas públicas, y la descoordinación de políticas, así como también la desvinculación del tema de la desgravación arancelaria con el de la reconversión industrial y diversificación del agro.
El nuevo gobierno de ARENA ha debido enfrentar el tema de la modernización del Estado en medio de la agudización de los conflictos laborales en diferentes dependencias del sector público, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Órgano judicial y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Este último ha sido el más prolongado y complicado. Sus orígenes se remontan a por lo menos tres años atrás y su característica más peculiar es que no solamente involucra demandas de tipo laboral, sino también cuestionamientos al programa de ajuste estructural y, concretamente, a la reforma del sector salud. Contrariamente a las demandas del sector sindical del ISSS por la no privatización de los servicios de salud, la respuesta del gobierno ha sido la implementación de un proceso de transferencia de los servicios de consulta médica, suministro de medicinas y servicios de cirugía al sector privado.
La privatización o la liquidación han sido dos factores muy comunes en las iniciativas de modernización estatal implementadas durante la década de 1990: la reforma de la banca; la liquidación del Instituto de Vivienda Urbana, del Instituto Regulador de Abastecimientos y del Instituto Salvadoreño del Café; las reformas en la distribución de energía eléctrica, el servicio telefónico y el sistema de pensiones.
La práctica política de los gobiernos de ARENA muestra que desde su mentalidad modernización equivale a privatización, cuando en realidad el concepto es mucho más amplio y ofrece inclusive alternativas de solución para las problemáticas del desequilibrio de las finanzas públicas, la prestación de servicios básicos y, especialmente, la redefinición del papel del Estado en la economía, el cual pretende reducirse a la mínima expresión aun cuando existen señales claras de que la regulación estatal es imprescindible.
Lo anterior se evidencia con los recientes casos de irregularidades en los cobros por los servicios telefónicos; casos que llevaron incluso a sanciones para las empresas telefónicas y devoluciones para los usuarios. También se evidencia en la ineficiencia macroeconómica de la banca salvadoreña; es decir, en su tendencia a no asignar recursos financieros a actividades económicas que dinamicen la producción. Aun así, muchos funcionarios públicos continúan argumentando que la privatización es la panacea para todos los problemas del desarrollo y descartan reformas estructurales del aparato público que podrían beneficiar tanto a los procesos de estabilización como a los de crecimiento económico.
En varios casos ha resultado evidente que las empresas públicas que han sido privatizadas presentaban serios problemas de ineficiencia e ineficacia, pero no puede negarse que a pesar de ello generaban ingresos y rentas para el Estado. El caso de la Administración Nacional de Telecomunicaciones es emblemático (Proceso, 817). Si en lugar de privatizarla se hubiese recurrido a procesos que mejoraran la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la prestación de los servicios, lo más probable es que la rentabilidad de la empresa pública se hubiera incrementado y con ello se hubiera contado con mayores recursos para hacer frente al creciente déficit fiscal.
Una reforma del Estado para modernizarlo también permitiría retomar algunas iniciativas que han sido anunciadas por los tres últimos gobiernos, pero nunca implementadas. Entre ellas destacan: reconversión industrial, diversificación agropecuaria y apoyo a la micro y pequeña empresa. Evidentemente, esto permitiría incrementar la producción y las exportaciones, estabilizar el sector externo y mejorar las perspectivas de una inserción exitosa en la economía internacional.
Lamentablemente, esta visión incide poco o nada sobre las directrices de modernización del Estado, las cuales se han concentrado en la implementación de procesos de privatización de forma tan dogmática que incluso se han cerrando oportunidades para que el Estado desarrolle la necesaria política de compensación social que debe acompañar los procesos de liberalización económica. La privatización en la prestación de servicios de salud es el ejemplo más reciente.
La concesión de servicios de consulta médica del ISSS al sector privado o "consulta alternativa" es una medida con la que el gobierno ha iniciado la privatización de los servicios de salud del ISSS y consiste en que a los cotizantes se les permite consultar cualquier médico y luego se les reembolsa el costo de una consulta médica promedio (175 colones). No se reembolsa el costo de los medicamentos, pero se pretende proceder próximamente a transferir el suministro de medicamentos a empresas farmacéuticas privadas, para luego pasar también a la contratación de los servicios de cirugía del sector privado.
De acuerdo a la Directora del ISSS, estas medidas serán permanentes y no dependerán de los resultados del conflicto laboral, con lo cual abre la interrogante sobre sus efectos sobre las finanzas del ISSS. Lo más probable es que mediante este sistema los costos de operación de los servicios de salud se eleven fuertemente. En la actualidad el costo promedio de una consulta médica en el ISSS es mucho menor a 175 colones y, en general, los costos promedio de los servicios de salud en el dicha institución —con todo y sus deficiencias— constituyen solamente una pequeña fracción de los precios ofertados por el sector privado, ya que éste incorpora, inevitablemente, las utilidades del empresario.
El momento actual es propicio para que el gobierno retome los principios de modernización establecidos por su partido. Ello con el fin de implementar reformas al Estado que le permitan desarrollar su planificación estratégica y superar los grandes problemas de la economía nacional, como el bajo crecimiento de la producción exportable, los desequilibrios comerciales y fiscales, la persistencia de la pobreza rural y la precaria o nula prestación de servicios sociales.
La noche del 11 de diciembre de 1999, cerca de unos 120 pobladores del caserío El Tobalón de San Juan Talpa, La Paz, resultaron intoxicados por las emanaciones de dos barriles que contenían el químico Ethil Mercaptano, el cual se utiliza para odorizar el gas propano. Posteriormente, en un período de 21 días, se registraron tres víctimas como producto de la intoxicación. La primera, de 6 meses de edad, falleció a los tres días del desastre; la segunda, de 88 años, murió el 16 de diciembre y la tercera, de 17 años, falleció el 31 de ese mismo mes. La sintomatología de los dos últimos casos fue descrita por el Instituto de Medicina Legal como vómitos, síntomas febriles, sangramiento pulmonar y "posible intoxicación". Solamente en el caso de la primera víctima existen dudas sobre si resultó afectada por la intoxicación, por lo cual el 7 de enero se exhumó el cadáver para realizarle pruebas de toxicología.
Ya antes se habían registrado este tipo de desastres tóxicos en el país sin causar víctimas mortales, aunque sí intoxicaciones masivas. Entre los casos más recientes se cuentan escapes de cloro en la ciudad de Acajutla, Sonsonate, y el caso de los tóxicos que pretendían inhumarse en el departamento de Cuscatlán. El caso de El Tobalón muestra que el problema del inadecuado manejo de sustancias tóxicas no sólo se relaciona con la contaminación de recursos naturales, sino también con efectos sobre la salud y la supervivencia de la población, por lo cual demanda una intervención decisiva de parte de las instancias estatales encargadas de la protección de la vida y el medio ambiente.
En 1998 fue aprobada la Ley del Medio Ambiente que regula y sanciona este tipo de casos. Sin embargo, al igual que la mayoría de leyes salvadoreñas, ni es aplicada por las instituciones encargadas ni se cuenta con los reglamentos que deben acompañarla. Por si fuera poco, hasta ahora el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha revelado a la Fiscalía General de la República información relacionada con la posible procedencia de los tóxicos. Esto pese a que las autoridades aseguran contar con un listado de los tipos de tóxicos que utilizan las empresas en sus procesos y a que, además, la cantidad de compañías que distribuyen gas propano en el país es muy baja.
Si el incumplimiento de la Ley del Medio Ambiente ya es un hecho sumamente alarmante, el incumplimiento de las leyes que regulan los delitos contra la vida es totalmente inaceptable. Resulta claro que la ley por sí misma no garantiza cambios en la actitud de los actores sociales y, en este caso, pareciera que se requieren de casos extremos o de presiones ciudadanas para que la administración de justicia funcione.
La tragedia de El Tobalón también llama la atención sobre la necesidad de que las empresas traten sus desechos tóxicos, lo cual no corresponde ni al Estado ni a los consumidores, sino a las entidades que los generan. Evidentemente, esta situación plantea el problema del posible impacto de la implementación de procesos de tratamiento de los efluentes sobre los costos de la industria o, dicho en otros términos, de la internalización de los costos de la descontaminación. En algunos casos, el tratamiento de efluentes podría implicar incrementos en los costos de las industrias; sin embargo, la viabilidad del tratamiento queda demostrada con la existencia de industrias que sí siguen los procedimientos de rigor al respecto.
Para mediados de la década de 1990 se estimaba que un 6% del total de industrias asentadas en San Salvador trataban sus efluentes para disminuir sus contaminantes, el restante 94% de las industrias descargaban sus desechos tóxicos sin ningún tratamiento al sistema de alcantarillado o directamente en ríos y quebradas, donde también se descargan, sin tratamiento, los efluentes del sistema de alcantarillado de ANDA.
Los problemas de contaminación por manejo inadecuado de tóxicos han empeorado al final de la década de 1990 y se ha planteado ya como un ingente problema para la salud de toda la población que vive en las cercanías de ríos o industrias o se abastece de fuentes de agua contaminadas. La amenaza de contaminación ambiental y de intoxicaciones masivas requiere de una pronta intervención de las autoridades vinculadas con la protección de la vida y el medio ambiente, no sólo investigando los casos ya consumados, sino también implementando medidas de prevención, como la inspección de empresas contaminantes y la imposición de normativas que las obliguen al tratamiento de sus desechos tóxicos.
A pocos días de instalado en la presidencia, Alfonso Portillo ha hecho que en Guatemala, literalmente, se le dé vuelta tras vuelta al tema de la desmilitarización del país. El discurso ambicioso y populista que abrió, el 14 de enero, la gestión del controversial mandatario recogía en uno de sus ejes la necesidad ineludible de "consolidar la democracia y la reconciliación nacional, tomando como punto de partida los acuerdos de paz". En función de este compromiso, Portillo anunció que procedería sin demora a desmantelar cualquier vestigio de "poderes paralelos" al del Estado, para lo cual pondría especial atención a las reformas pendientes de la Ley Constitutiva del Ejército, a la disolución del Estado Mayor Presidencial (EMP) —bastión del poder militar apostado tras la silla presidencial— y, como punto de honor, al pronto esclarecimiento del asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera, en el que resultaron implicados altos jefes de la milicia guatemalteca.
Tales ofrecimientos no han tardado en hacerse realidad. La agenda del recién instituido mandatario ha procedido conforme a las posibilidades que la transición entre su gobierno y el de Álvaro Arzú ofrecen: pendientes de estudio las reformas a la institución militar, un coronel ocupará el Ministerio de la Defensa mientras se posibilita que un civil asuma ese cargo; las investigaciones del caso Gerardi ya dieron como resultado la captura de tres militares relacionados con unidades de inteligencia y acción especial de las fuerzas armadas; el Alto Mando Presidencial atraviesa una etapa de transformación mientras se le da forma a la estructura civil que lo reemplazará. De esta manera, a menos de dos semanas de asumir la presidencia, Portillo ha sido capaz de despertar expectativas positivas en torno a su mandato o, por lo menos, a lo que tiene que ver con el proceso de desmilitarización de la sociedad guatemalteca.
Tal ha sido la sorpresa provocada por las medidas de emergencia adoptadas por el mandatario que hasta los sectores políticos que más criticaron el triunfo de la derecha en las pasadas elecciones han optado, ahora, por ofrecer compases de espera al nuevo gobierno. La izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN), desolada con 9 de 113 diputados en el Congreso, se ha mantenido cautelosa, aunque no por ello opuesta a las decisiones presidenciales. De la misma manera ha reaccionado el principal rival del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el Partido de Avanzada Nacional (PAN). A esto ha contribuido la igualmente sorpresiva conformación del gabinete de gobierno, dentro del cual se dio cabida a líderes sindicales, activistas de derechos humanos y un buen número de demócrata-cristianos. Flota en los aires de todo el país la posibilidad de que el trabajo de este gobierno no renuncie a la complementariedad que otras fuerzas y actores sociales puedan ofrecer, en beneficio, claro está, de Guatemala.
Sin embargo, poco se ha analizado el curso que ha tomado uno de los más importantes obstáculos que Portillo podrá encontrar en su carrera presidencial: su lazo con el sector duro del FRG. Para nadie es un secreto que la postulación y empuje que el ahora mandatario recibió dentro del partido se debió a la influencia que ejerce entre sus bases su máximo líder, el general retirado Efraín Ríos Montt. Tampoco es infundado el temor de que ese apoyo llegue a convertirse en la correa que dirija la presidencia durante los cuatro siguientes años de Portillo. Lo que algunos consideraron como la sentencia de muerte de la pacificación y democratización de Guatemala, deja ahora de ser una posibilidad oscura, rodeada de incertidumbre, para ser una preocupación palpable y mensurable. Y han sido precisamente las acciones adoptadas por Portillo las que dan pistas sobre lo que a futuro se podría esperar del matrimonio entre el camaleónico e impredecible mandatario y el impune dictador.
Ríos Montt, quien estuvo a la cabeza del Estado durante uno de los períodos más cruentos del conflicto armado, se ha mantenido bastante al margen de las empresas de su ahijado político en la presidencia. Su eterno legado, eso sí, tiene relación con la imposibilidad de deducir responsabilidades institucionales ante los diversos crímenes que se atribuyen a miembros del ejército. En otras palabras, para Ríos Montt, las atrocidades que investigaron y detallaron los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala han sido producto de voluntades individuales que, en desobediencia de los preceptos militares, mancharon el nombre de las fuerzas armadas guatemaltecas. En este sentido, ninguna de las acciones que hasta la fecha el ejecutivo ha adoptado contradicen la postura del general, ni mucho menos parecen alimentar los planteamientos contrarios.
Resuelto en cuanto al crimen de Gerardi, a la transformación del EMP y a la designación del titular de Defensa, Portillo no ha demostrado estar del todo interesado en la resolución de uno de los puntos medulares de la desmilitarización que ahora enarbola: la depuración definitiva de la institución militar. El medio por el cual dicha depuración sería posible —el proyecto de reformas antes mencionado— simplemente escapa a sus atribuciones inmediatas. En este sentido, el mandatario y el general sí han demostrado su voluntad de permanecer "separados" para no intervenir en las funciones de cada uno. Mientras uno decreta polémicos aumentos salariales, se jacta de su compromiso con la verdad y la justicia y hace gala de su astucia frente a las limitaciones legales que le rodean (tal es el caso de la designación temporal del ministro de la Defensa), el otro puede mantenerse tranquilo, dirigiendo la amplia mayoría legislativa con que cuenta (63 diputados) y con la cual puede orientar a su gusto el rumbo de la desmilitarización.
En estos pocos días de gobierno eferregista, nadie puede negar que existe un alejamiento notable entre el "pollo ronco" y el ex dictador, pero ese alejamiento se ha reducido á una separación de poderes que, tal como están las cosas, no necesariamente se traduce en una verdadera demostración de independencia política. Teniendo en cuenta el proceder del gobierno de Portillo no se puede descartar la posibilidad de que esa separación de poderes pretenda otorgar facultades mayores a Ríos Montt con relación a los acuerdos de paz. Un primer signo preocupante de esta posibilidad ha sido el reciente nombramiento del Ministro de la Defensa. Por ser este un coronel, 20 oficiales de mayor rango han pasado inmediatamente a la cesantía. Para algunos, esta jugada política es una forma de procurar una depuración selectiva y mediada por intereses particulares de la institución castrense.
En definitiva, los intempestivos movimientos del nuevo gobierno a favor de la desmilitarización corren un riesgo de proporciones históricas: quedar sin efecto si no se ven acompañados de la oportuna y coherente acción del Congreso de la República. La discusión de las reformas a la Ley Constitutiva del Ejército se producirá en una arena que, de momento, favorece al conservadurismo político representado por el FRG. Así, de nada servirá encarcelar a unos cuantos si los procedimientos ilegítimos con los que ha procedido el ejército continúan enquistados en la estructura estatal y, por ende, siguen haciendo mella en el Estado de Derecho guatemalteco. Lo que está en juego en el futuro inmediato de la vecina nación, eso que el mismo Portillo tiene en sus manos desde el 14 de enero, es la posibilidad de que en Guatemala se reduzca el poder militar; de ello depende en gran medida la influencia que el general Ríos Montt tenga sobre ese vital proceso.
A partir del final de la guerra en 1992, en nuestro país se ha intentado construir un Estado de Derecho. Para ello, es necesario e importante considerar que el ideal de la democracia, al que se debe aspirar llegar, debe ser entendido como un orden socio-político tal, dentro del cual existan posibilidades reales de participación —directa o indirecta— por parte de la población y que sus derechos sean plenamente respetados, sin ningún tipo de exclusión; lo anterior debe estar fundamentado en un conjunto de garantías y procedimientos orientados a concretar una representatividad política y a frenar los abusos del poder, principalmente cuando éstos provienen de agentes estatales. Sólo con el enlace de estas dos líneas en el quehacer diario de la Nación, podría hablarse de una verdadera democracia.
Vista esta doble implicación, necesaria para el bienestar y la prosperidad del pueblo salvadoreño, cabe acotar que la imperiosa búsqueda de alcanzar estos preceptos debe ser el afán y razón de ser, no sólo de los políticos en particular sino de la sociedad entera en general; es decir: tanto de los personeros de los diversos órganos del Estado como de la llamada "sociedad civil", cada cual desde su perspectiva particular: sea de propuesta, implementación, denuncia o crítica constructiva.
Partiendo de esas consideraciones, conviene atender con especial preocupación el fenómeno de la delincuencia y la violencia generalizada que abruma actualmente a la inmensa mayoría de salvadoreñas y salvadoreños. ¿Por qué? Pues porque estos elementos están atacando y limitando frontalmente sus derechos fundamentales; cuando la gente no encuentra una respuesta efectiva por parte de las instituciones creadas para prevenir y reprimir los mismos, se genera un ambiente de inseguridad pública y jurídica que socava algunos de los preceptos básicos de la democracia.
Se tiene por ejemplo, en estadísticas recientes, que en El Salvador se puede hablar de más de siete mil muertes violentas como promedio anual después del fin de la guerra: Semejante cifra, de suyo alarmante, no incluye otras manifestaciones delictivas como robos, hurtos, violaciones y secuestros; hablamos de los hechos denunciados a los cuales hay que agregar aquellos que, por miedo u otras causas, la gente los ha guardado para sí y no forman parte de las estadísticas. Estos números sobre el accionar delincuencial y la violencia en El Salvador nos están llevando a consolidarnos, según análisis de expertos, en los primeros lugares de los países más violentos del mundo y en un lugar donde más delitos se cometen a diario.
A esa alarmante situación se le debe buscar y encontrar solución dentro de un país que pretende ser democrático. La democracia implica un marco socio-político de seguridad social que debe ser animado y sostenido institucionalmente por el Estado, apoyado por supuesto desde la "sociedad civil". Si los elementos necesarios para el proceso democrático se desvanecen, destruyen o fallan —como en el caso de la violencia en la que vivimos actualmente— le corresponde a las instituciones creadas al efecto y la participación ciudadana, estrechamente ligadas, una acción urgente para el rescate del referido proceso. En nuestro caso, es fundamental el rol de las instancias estatales para hallar una solución apropiada para la prevención y combate de la delincuencia; es, además, necesaria la participación de los entes civiles para denunciar los hechos y lograr una mayor eficacia del Estado en su respuesta
Así, tenemos que organismos oficiales como el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, el Órgano Judicial, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como organizaciones sociales de derechos humanos, universidades gremios empresariales y medios de comunicación —entre otros— son los llamados a enfrentar la crisis de la delincuencia y la violencia, surgida en el novato proceso de instauración de la democracia en El Salvador.
El problema principal en este momento radica, más que en el propio accionar de la delincuencia, en dos puntos básicos: el primero, referido a las causas que la generan; el segundo tiene que ver con la falta de capacidad para saber y poder solucionar el fenómeno, ya que la institucionalidad que debería "garantizar la democracia" no ha funcionado como idealmente se hubiera esperado y la sociedad lo está resintiendo grandemente.
Como muestra, se tiene la constante percepción ciudadana de que las leyes no funcionan o, peor aún, que los encargados de hacerla cumplir y aplicarla no lo hacen por negligencia, incapacidad, corrupción o falta de voluntad. En ese marco, las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública y jurídica, están siendo seriamente cuestionadas por la ciudadanía en general.
En este aspecto, el IDHUCA ha insistido muchas veces en la necesidad de adoptar políticas institucionales integrales y audaces que permitan enfrentar el problema en su totalidad, empezando por impulsar una auténtica prevención del delito sobre la base de una seria constatación de las causas que generan los actos delictivos y pasando por una auténtica depuración de aquellos malos miembros del sistema judicial, de la Policía y del Ministerio Público para garantizar una investigación del delito eficiente y sin impunidad. De esa manera, es posible animar a las y los ciudadanos a que denuncien sin temor los hechos que las han causado agravio, a fin de activar y determinar —por medio de la presión que ejerzan en cada caso— el que las instituciones cumplan con el deber que les corresponde.
Sin embargo, poco puede hacerse —como se ha dicho también en repetidas ocasiones— si no se ubican las causas fundamentales del delito y si no se cuenta con el concurso de las autoridades respectivas para que se impulsen políticas apropiadas que ataquen y eliminen aquéllas. Por ejemplo, en el caso de la pobreza y el desempleo como factores que inciden en la delincuencia, se necesitan medidas eminentemente sociales y económicas que de verdad busquen solucionar los problemas; si a ello se agregan esfuerzos reales en el combate a la impunidad y la corrupción, se estaría ejerciendo una labor ejemplarizante sin antecedentes en nuestro país.
Es necesario exponer ante todas las personas que intervienen en el proceso global de impartición de justicia en nuestro país —magistrados, jueces, policías, fiscales y procuradores— que su esfuerzo debe orientarse en varios rumbos, dentro de los cuales destaca el tratar de incidir —mediante gestiones, peticiones o propuestas— para la erradicación de las causas esenciales de la delincuencia. Pero mientras eso se consolida o se desarrolla, es necesario desempeñar un papel dinámico y honesto desde sus instituciones: no deben permitir abusos de ninguna índole en lo que respecta al tema de los derechos humanos, deben proceder con todo el rigor que les permite la ley, tienen que ser justos en valorar las pruebas y no prestarse ni al encubrimiento ni a la impunidad, como tampoco a una cacería de brujas indiscriminada contra de personas inocentes sólo para que digan que ahora sí se está combatiendo la delincuencia.
Es necesario señalar que deben, a la vez, desarrollar y mantener una política de apertura y transparencia hacia la sociedad para que ésta pueda ver y valorar objetivamente su trabajo: que no escondan ante la opinión pública las resoluciones, sentencias y procedimientos; que presten la colaboración debida de aquellas instancias, que sin ser parte de la estructura gubernamental, solicitan su servicio o su apoyo en la defensa de los derechos de los ciudadanos; que sean lo suficientemente receptivos ante las quejas, denuncias y comentarios que la ciudadanía les transmita.
Sólo así se podrá contribuir a que se enfrente eficientemente el grave fenómeno de delincuencia y violencia. Es necesario, pues, buscar soluciones integrales que comprendan la participación ciudadana, el adecuado funcionamiento de las instituciones, la profunda investigación del delito y la depuración de funcionarios corruptos. Si en ese marco se logran establecer líneas de trabajo concretas, será posible dar respuestas específicas para ir poco a poco —aun en situaciones de emergencia como la que ahora vivimos— acercándonos al ideal de sistema democrático que tanto sacrificio nos ha exigido desde hace tantos años.
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Agradecimiento de Hilda María Jiménez, madre de Kathya Natalia
Queridas amigas, queridos amigos: A través de esta carta, quiero reiterar mi sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que integran este medio de comunicación. Su labor ha contribuido a impedir el triunfo de la impunidad en el bárbaro crimen cometido en contra de mi hija. El apoyo que recibimos de ustedes, mi familia y yo, ha sido fundamental en mi lucha. Sin ustedes, nos hubiese sido más difícil llegar hasta donde hemos llegado. También deseo expresarles, desde el fondo de mi corazón y en nombre de mi hija menor, Marcelita, que ahora necesitamos el espacio de reflexión, descanso y privacidad que no hemos tenido por razones obvias. Sobre todo, mi pequeña Marcela y mi padre me necesitan. Considero que ya he dicho todo lo que puedo y tengo que decir hasta ahora. Repetirlo, créanme, nos hace mucho daño. Ahora espero que Dios ilumine a las autoridades que llevan el caso de mi hija Kathya y se haga verdadera justicia a ella y a todos las niñas y niños víctimas de la violencia. Espero seguir contando con la comprensión y el respeto que me han brindado, hasta la fecha. Mi familia y yo les decimos, gracias, infinitas gracias por su labor.
Atentamente, Hilda María Jiménez. San Salvador, 26 de enero 2000. |
AUDIENCIA. La jueza de Paz de San Luis la Herradura, Mesanilla Castillo, ordenó, el 23.01, la detención provisional de los cuatro implicados en la violación y el asesinato de la niña Katya Miranda, de 9 años. La funcionaria judicial determinó que existen indicios que apuntan a que Carlos Miranda, abuelo de la niña, es el autor del crimen. Tanto este, como sus dos empleados, acusados de encubrir el delito, y el padre de la víctima, Edwin Miranda, detenido por el delito de abandono y desamparo de la menor, deberán guardar prisión en el penal de San Vicente. "Se ha hecho justicia, se ha hecho justicia", expresó Hilda Jimenez, madre de Katya, al escuchar la resolución de la jueza. El defensor de la causa, Luis Roberto Pineda, pidió la revocatoria de la resolución de Castillo. La moción de Pineda fue declarada improcedente, por lo que el defensor dijo que apelará para que el caso pase a conocimiento de los magistrados de la Cámara de San Vicente. Pineda acusó a la jueza de "sacar la resolución de la manga de la camisa", pues asegura que, antes de la audiencia, ya había tomado su decisión. Al respecto, Castillo afirmó que la defensa no logró aportar los indicios suficientes para desbaratar las acusaciones de la Unidad Especial de la Fiscalía. Pese a que no hay pruebas concretas sino sólo presunciones, éstas son suficientes para decretar la detención, razonó la jueza (EDH 24.01 p. 2).
ARENA. El pasado 20.01 se supo que el candidato arenero a alcalde de San Martín, Valentín Castro, recurrió a la Imprenta Nacional para elaborar folletos propagandísticos, lo cual está prohibido por el artículo 182 del Código Electoral. Según éste, un partido político puede ser cancelado cuando utilice para su propaganda imprentas, órganos de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de difusión que este bajo la administración del gobierno. El fiscal electoral, José Arturo Cruz, inició un expediente con el fin de conocer si hubo o no violación a dicho Código. El director de la Imprenta, Lud Dreikorn, aseguró que "no fue ARENA quien solicitó el trabajo sino Valentín Castro". El recibo que la dirección de la Imprenta Nacional extendió iba a nombre de Castro. Sin embargo, el mandamiento de ingreso y la misma solicitud de cotización tiene como cliente a la Alcaldía de San Martín. Al respecto, el presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, aseguró que en el partido existe una comisión de comunicaciones que desarrolla el material publicitario, "de todo el país". Afirmó que es necesario investigar si el uso de la Imprenta Nacional fue ilegal. "Es difícil controlar a todos los candidatos", aseguró. El candidato Castro será citado por el fiscal electoral para que brinde su declaración sobre el hecho (EDH 25.01 p. 10 y 21.01 p. 14; LPG 25.01 p. 19).
