Año 20

número 888

febrero 2

2000

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial La Asamblea Legislativa que necesita El Salvador

Sociedad Sobre la muerte de Carlos Cerna

Política Abriendo puertas al autoritarismo

Economía Implicaciones financieras de la reforma previsional

Sociedad A propósito de las "jefaturas femeninas"

Derechos Humanos La justicia como la muerte: que nadie se escape de ella

Noticias

Las elecciones del 12 de marzo están cada vez más cerca. Se está arribando a la etapa más candente de la campaña electoral, es decir, el momento en que los partidos y sus candidatos hacen y ofrecen de todo con el propósito de sumar a su favor un mayor número de votos. Ahora bien, una cosa es lo que partidos y candidatos ofrecen y otra muy distinta lo que la ciudadanía y el país plantean como desafíos ineludibles para la clase política. En este editorial se hace una presentación de lo que cabría esperar de la nueva Asamblea Legislativa en 14 áreas temáticas claves para la sociedad salvadoreña. Dos preguntas articulan el conjunto de temas expuestos a continuación, y son las siguientes: ¿qué tipo de Asamblea Legislativa queremos los salvadoreños? ¿Qué tipo de diputado es el que más conviene a los intereses de los ciudadanos?

1. Con una visión amplia de los problemas fundamentales del país: deterioro ecológico, inseguridad, pobreza, impunidad, corrupción…. ¿Tienen los candidatos a diputado las competencias necesarias para caer en la cuenta de esos problemas? ¿Estarán dispuestos a escuchar a aquellos que puedan iluminarlos al respecto? ¿No cerrarán los ojos a las evidencias que plantea la realidad, con tal de mantener viejas lealtades?

2. Con un franco compromiso por tratar de resolver esos problemas: ¿estarán dispuestos los nuevos diputados a poner los intereses nacionales por encima de sus intereses particulares? ¿Estarán dispuestos a renunciar a los enfoques simplistas de los problemas? ¿Estarán dispuestos a comprometerse tanto en la comprensión de su complejidad como en las tareas para hacerles frente?

3. Con una disposición sincera por hacerse cargo de las demandas ciudadanas y canalizarlas adecuadamente: ¿estarán conscientes los nuevos diputados de su rol como procesadores de las demandas ciudadanas? ¿Se van a conformar con ser unos funcionarios más, que viven del erario público, sin más propósito que obtener los mejores beneficios personales y partidarios?

4. Con un compromiso decidido con la democracia como forma de vida y con la democracia como instrumento de resolución de conflictos: ¿tienen los candidatos a diputado las suficientes credenciales democráticas? ¿Hay plena seguridad de que van a ser los primeros en defender los fueros de la institucionalidad democrática? ¿Son conscientes de su responsabilidad en el avance (o retroceso) de la democracia en el país?

5. Con un compromiso claro con el fortalecimiento de la institucionalidad: ¿estarán los nuevos diputados dispuestos a luchar contra la discrecionalidad propia y ajena? ¿Conocen de la importancia que tiene para la democratización de El Salvador el contar con un sólido entramado institucional? ¿Van a estar ellos mismos dispuestos a promover contra viento y marea el imperio de la institucionalidad en el país?

6. Con una disposición a luchar contra la corrupción no sólo al interior de la Asamblea, sino en el conjunto del aparato estatal: ¿renunciarán los nuevos diputados a las triquiñuelas, la compra de favores y el chantaje? ¿O continuarán con los tradicionales vicios de la política criolla?

7. Dispuestos a aceptar la crítica pública de sus actuaciones y desatinos, lo cual será una muestra de su vocación democrática: ¿aceptarán los nuevos diputados ser fiscalizados por la sociedad? ¿O la seguirán viendo como una servidora de ellos que no tiene nada que reclamar? ¿Serán más transparentes en sus decisiones o las continuarán tomando de espalda a la ciudadanía?

8. Dando muestras de un rechazo decidido al autoritarismo en todas sus variantes: ¿renunciarán los nuevos diputados a la prepotencia y la arbitrariedad, a las decisiones inconsultas y a la imposición de leyes decididas a su antojo? ¿Lucharán decididamente contra cualquier manifestación de autoritarismo generada al interior del aparato estatal, cualquiera que sea el rango o la autoridad de quien se comporte autoritariamente?

9. Con un compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho: ¿defenderán los nuevos diputados los fueros de la legalidad del país, no sólo del abuso de los demás, sino del de ellos mismos? ¿Trabajarán por el mejoramiento de las leyes vigentes y por la derogación o reforma de las que atentan contra la dignidad humana? ¿Promoverán leyes que tengan como mira el bien común y no los intereses de grupos particulares?

10.Comprometidos con el bienestar de la mayor parte de salvadoreños: ¿serán capaces los nuevos diputados de anteponer los intereses de las mayorías populares a los intereses de las elites de poder económico? ¿Estarán dispuestos a trabajar por una distribución más equitativa de la riqueza? ¿Trabajarán por dar fuerza de ley a un modelo económico menos depredador de los recursos naturales y menos concentrador de la riqueza?

11. Dispuestos a trabajar por un modelo integral de seguridad ciudadana, es decir, que no privilegie la dimensión meramente coercitiva en el combate de la criminalidad: ¿estarán dispuestos a ejercer un mayor contrapeso sobre las decisiones cuasi autoritarias que se toman en la dirección de la PNC? ¿Van trabajar para que la policía asuma plenamente los principios democráticos a la luz de los cuales fue concebida?

12. Dispuestos a asumir su rol de interlocutores de los otros dos Órganos del Estado, evitando la sumisión a alguno de ellos o la confrontación gratuita: ¿resistirán los nuevos diputados las presiones que emanan del Órgano Ejecutivo? ¿Seguirán alentando el esquema presidencialista más allá de lo permisible por el proceso de democratización?

13. Dispuestos a asumir y defender su independencia respecto de los partidos y su dependencia de la voluntad e intereses ciudadanos: ¿continuarán los nuevos diputados con la tradición de obedecer, por sobre la voluntad e intereses ciudadanos, los dictados de sus partidos? ¿A quiénes van a representar los nuevos diputados: a la dirigencia de su partido o a los ciudadanos? ¿Van a anteponer los intereses del primero sobre los segundos o van romper con esa tradición?

14. Mostrando voluntad para trabajar en serio por la integración centroamericana, dejando de lado el estrecho nacionalismo o los intereses de grupos económicos particulares: ¿cómo se posicionarán los nuevos diputados ante la integración regional? ¿Qué iniciativas van a emprender? ¿Continuarán dejando en manos del Ejecutivo una tarea tan crucial para el desarrollo del país?

Sobre la muerte de Carlos Cerna

Tal como sucediera el 17 de noviembre de 1989 con la noticia del asesinato de los seis padres jesuitas y sus dos colaboradoras, el miércoles 12 de enero de los corrientes otra noticia trágica sacudió de consternación a la comunidad universitaria: Carlos Cerna, ex alumno y ex catedrático de la UCA, había sido brutalmente asesinado en su apartamento, aledaño al campus universitario. Hace diez años los motivos fueron políticos, ahora las causas del crimen se esconden en los oscuros pasadizos de la violencia que azota al país. Así como en el momento de la ofensiva guerrillera aquellas muertes hicieron llorar de rabia, de dolor y de impotencia a todos los que alguna vez tuvieron acceso a la bondad y sabiduría de los mártires, hoy, momento de perpetua ofensiva social, ésta muerte arranca lágrimas similares.

Por segunda vez, la UCA ve morir bajo manos psicópatas a miembros suyos de la más alta calidad humana y el más alto valor intelectual. Personas que consagraron su vida al cultivo del intelecto, al ejercicio de la enseñanza y a la práctica del bien y la generosidad. Personas cuyo único error a la hora de morir fue confiar: Ignacio Ellacuría confió en que la cúpula del estamento militar no se atrevería a dar la orden de matarlos, sabiendo que serían los militares los primeros inculpados; Carlos Cerna confió en todos, fue el amigo y consejero de todos, a todos les abrió la puerta de su casa, convencido de que la entrega era garantía de seguridad. Ahora se sabe que quien lo mató tuvo que haber sido alguien muy cercano a él y se presume que el móvil del asesinato fue el robo.

Justamente porque las credenciales humanas e intelectuales de los mártires y del Master en literatura Carlos Cerna son por todos conocidas, la impunidad en la que quedó el primer caso, la ligereza con la que el sistema judicial ha manejado el segundo y lo tendenciosos e irresponsables que los medios de comunicación han sido en ambos, no pueden menos que indignar. Indigna que aun pasados ya diez años —cuando se supone que la prensa escrita se ha profesionalizado de manera ejemplar— El Diario de Hoy haya publicado, en ocasión de la conmemoración de los mártires, un editorial disfrazado de noticia en donde, falseando completamente la verdad, se les identifica como cabezas del movimiento insurgente. Indigna del mismo modo el hecho de que diversos medios se hayan dado a la tarea de difundir una hipótesis sobre las preferencias sexuales de Carlos Cerna y la posible vinculación de esas preferencias con el asesinato, cuando no había pruebas ni fundamentos reales que sostuvieran esas afirmaciones.

Y ambas falsedades e imprecisiones vertidas en los periódicos y noticieros televisivos indignan, no sólo porque evidencian que el pretendido compromiso con la verdad del que permanentemente hacen gala los medios es un engaño, sino, sobre todo, porque de un modo u otro buscan justificar y minimizar la gravedad de los crímenes. "Los jesuitas se metieron en política" es la frase que se esconde bajo la falsedad de su vínculo orgánico con el FMLN; "y esa vinculación justifica su muerte" es lo que en el fondo quieren decir. "Si era homosexual", es lo que se trasmite implícitamente con los juicios sobre Cerna, "quien sabe en qué tipo de cosas andaba metido para que al final resultara muerto".

En el caso de los mártires, El Diario de Hoy publica una noticia basada en la mentira, apelando a la ignorancia política y a la extrema derechización de la que adolecen ciertos sectores de la población. En el caso de Carlos Cerna, el fiscal que estaba a cargo de las investigaciones especula sin pruebas ni argumentos convincentes —más allá de las "opiniones de los vecinos"— sobre sus prácticas sexuales (y los medios, en franca violación a la ética periodística, hacen eco de ello, sin dignarse siquiera a corroborar los datos proporcionados por la fuente), apelando a la falsa moral que predomina en las mentes de muchos salvadoreños. En ambos casos, ante lo horrendo y criminal de los asesinatos se anteponen consideraciones extra judiciales, como si hubiera razones capaces de justificar tales actos de barbarie. Al final, resulta que puede pesar más el que Ellacuría y sus compañeros hayan participado en política, o la posibilidad de que Cerna hubiera tenido preferencias sexuales que trascendieran los estrechos límites de la intolerante moral de este país, que el hecho tan simple como perverso de que fueron violentamente privados de la vida.

Este año 2000 que simbólicamente inaugura la entrada a un nuevo milenio, empieza para la UCA con la tristeza de la muerte de uno de sus miembros y con la desazón que produce el hecho de que esa muerte indique cuántas cosas no han cambiado, cuánto falta aún por transformar y cuántas víctimas más va a cobrar la historia de El Salvador antes de llevar a cabo esas transformaciones. Pero el año empieza también con algunas luces esperanzadoras. Por un lado, la recomendación que la Comisión Internacional de Derechos Humanos hiciera al gobierno del presidente Flores sobre la necesidad de abrir nuevamente el caso de los jesuitas presenta la posibilidad de que el asesinato no quede para siempre en la impunidad. Por otro, el inusitado protagonismo que ha cobrado el sector justicia gracias a las presiones de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales da pie a pensar que, pese a la imprudencia e incompetencia de ciertos funcionarios y de la mayor parte de los medios de comunicación, las investigaciones del crimen perpetrado contra Carlos Cerna llegarán a buen término.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) está trabajando actualmente en la viabilidad de interponer una demanda contra el fiscal que, sin el menor respeto por la memoria y la dignidad de Carlos, declaró ante el noticiero más sensacionalista del país que sospechaba sobre su condición homosexual y sobre la posible relación entre esto y su muerte. Lo ideal sería que esa demanda pudiera hacerse extensiva a todos los medios que tomaron a pie juntillas la palabra del fiscal y que aún ahora (ver, por ejemplo, La Prensa Gráfica del 3 de febrero, p. 29) dan por sentado que esas declaraciones —a las cuales añaden otras distorsiones— son verdaderas y vinculan el asesinato a otros hechos de violencia. Ello pese a que las autoridades judiciales han desestimado esos vínculos, a que nunca se ha contado con muestras fehacientes para sostener el homosexualismo de Cerna y a que se ha dicho ya que lo más probable es que el causal del crimen sea el robo.

No deja de ser una paradoja que una universidad que siempre ha defendido la vida esté al mismo tiempo atravesada tan profundamente por la muerte; que una universidad que se ha propuesto estar siempre al servicio de la verdad y de la justicia, haya sido cercenada de manera tan brutal, tan injusta y arbitraria de tantos de sus más nobles y mejores talentos; que una universidad volcada sobre el ejercicio de la razón y el intelecto haya sido arrasada en más de una ocasión por la barbarie y la ceguera. Pero de esas paradojas se compone la vida que la universidad defiende. Asumirla y enfrentarla es lo que nos toca como comunidad universitaria y cristiana. En la última misa celebrada por la memoria de Carlos Cerna en la capilla de la UCA, el padre Jon Cortina insistió en la imperiosa necesidad de combatir la impunidad. Librar esa batalla es parte del compromiso con los valores que nos caracterizan.

Abriendo puertas al autoritarismo

En un artículo inusualmente pesimista, David Escobar Galindo reflexiona sobre el estado anímico de la nación y llega a unas conclusiones con las que difícilmente puede estarse en desacuerdo. Para el analista, la sociedad se encuentra en un estado de profunda desorientación y desencanto a raíz del permanente desengaño con la clase política. Galindo le recomienda al Estado y a los partidos políticos poner "las barbas en remojo" para evitar los peligros inherentes a la búsqueda de salidas autoritarias al atolladero nacional; especialmente de cara a los sucesos políticos en Venezuela, Perú y Ecuador.

La importancia de su reflexión estriba en que, por primera vez en mucho tiempo, una de las figuras más cercanas al círculo gubernamental relaciona el desencanto de la población, su sentimiento de incertidumbre, con la ineficacia de la clase política para responder a las expectativas y necesidades de la sociedad. Más aún, reconoce que en este contexto se estarían abriendo las puertas para que el fantasma del autoritarismo levante cabeza. Sin embargo, Galindo se queda corto en su análisis al no señalar que el sistema político está abonando al surgimiento del autoritarismo no sólo de manera pasiva (al no hacerse cargo de los problemas nacionales), sino también de manera activa.

Los sondeos de opinión y las cada vez más agudas críticas de los analistas y columnistas del país coinciden en que el gobierno de Flores y la clase política en general están en bancarrota (la confianza y credibilidad que la ciudadanía deposita en ellos está en números rojos). Ensimismados en sus intereses y afanes particulares, le han dado la espalda a un país que renquea visiblemente y amenaza con la postración completa. La incertidumbre, la desorientación y la desesperación sobre el futuro de la nación campean ante la ausencia de una dirección política honesta y decidida. Es esta, pues, la primera vía por la cual el autoritarismo podría entrar a la escena nacional.

Pero esta vía no es la única. El gobierno que preside Flores y el sistema político en general abonan al autoritarismo no sólo no haciendo, no sólo a través de su ausencia en el acontecer nacional, sino también de manera activa. Si el vacío de poder (la falta de dirección y liderazgo: el virtual abandono de funciones) es la semilla del autoritarismo, la sistemática negativa al diálogo, la opción por el dogmatismo y el conservadurismo son los nutrientes del suelo en el cual aquella puede germinar. Y en la generación de estos vicios, tanto las entidades estatales como los partidos políticos, han sido muy generosos.

Es obvio que la negativa al diálogo favorece al autoritarismo en tanto que aboga por la imposición unilateral de decisiones; en tanto que rompe el abecé de la democracia al desestimar el consenso y la abierta discusión como mecanismos de resolución de conflictos. Por su lado, el dogmatismo (del cual el conservadurismo, ya sea político o moral, es hijo dilecto) abona a las posturas autoritarias en la medida en que se afirma en la preeminencia de una postura por sobre las demás, en tanto que desestima y persigue todo punto de vista contrario a lo que se cree correcto y adecuado. El dogmático no negocia, se impone. Dogmatismo y negativa al diálogo componen, pues, dos de las facetas del rostro autoritario.

Ejemplos de estas dos actitudes en la clase política abundan. El manejo gubernamental de la problemática del Seguro Social es uno de ellos. A estas alturas es claro ya que la negativa de Flores a negociar con los huelguistas obedece más a su dogmatismo privatizador que a una improbable intención de rescatar a la institución del resumidero en el que la han hundido décadas de corrupción y malas administraciones. Sólo el dogmatismo de Flores explica por qué está llevando a cabo programas pilotos de privatización de la institución a pesar del rechazo ciudadano, los indicios de que la concesión de los servicios supondrá un golpe al estado financiero del ISSS (Proceso, 887) y a que estas medidas sólo intensificarán la magnitud del conflicto. Como buen epígono de las salidas autoritarias, a Flores no le interesan los resultados, sólo la fidelidad con la que se apega a su dogma.

Otro ejemplo de la generación de actitudes autoritarias puede hallarse en la peculiar manera en que la clase política entiende la cuestión de la moralidad. Se promueve el autoritarismo cuando los partidos políticos, haciendo eco de las posturas ultra conservadoras que emanan de ARENA y los sectores sociales que le son afines, condenan las casas de juego y se niegan sistemáticamente a escuchar cualquier voz con posturas más sosegadas y realistas. Se promueve el autoritarismo cuando el Ministerio del Interior, violando el derecho ciudadano a expresarse libremente y a optar según sus preferencias, ordena sacar de circulación canciones o películas que no son del gusto de sectores más bien reducidos —aunque no por ello menos influyentes.

Buena muestra de la intolerancia que ha generado esta imposición autoritaria del conservadurismo moral es el valor de prueba que se le ha dado al pasado alcohólico y supuestamente drogo dependiente de Carlos Miranda, el principal acusado en el asesinato y violación de la niña Katya Miranda, su nieta. Sólo en una sociedad profundamente dogmatizada en sus principios católicos y morales cabe que la acusación contra un individuo encuentre buena parte de su asidero legal en lo que un pastor enfierecido condenaría desde el púlpito. Una cosa es que el alcohol y el consumo de drogas puedan ser censurados por cierto tipo de moralidad y otra muy distinta que ello se convierta en indicio de la culpabilidad de un sujeto. El paso de una cosa a otra sólo puede darse en un clima marcado por la intolerancia y el excesivo apego a los dogmas. (Vale aclarar que no se desestiman con esto el resto de las pruebas que pesan sobre Miranda ni mucho menos se alega por su inocencia o culpabilidad).

Otro ejemplo grave del clima autoritario que se está propiciando se encuentra en la polémica que se generó en torno al plebiscito que pretendía llevar a cabo Héctor Silva para decidir el tema de los casinos. Por un lado, se dio un ejercicio de autoritarismo político en la medida en que se obstaculizó que la población decidiera sobre un tema que le afectaba directamente. Por otro, se ejerció autoritarismo moral en tanto que se condenaron, a priori y sin posibilidad de defensa ni de diálogo de ningún tipo, los efectos que la operación de las casas de juego traería para la ciudadanía. "No decidas, pues esto es malo" fue la fórmula fácil, mas terriblemente dañina para las dinámicas democráticas, con la que se dio por terminado el asunto.

El líder autoritario es aquel que surge para imponer "orden" en una sociedad y que desestima o anula cualquier voz crítica o mecanismo institucional para hacerse del poder de manera absoluta. El líder autoritario siempre tiene la razón y posee la verdad última sobre los asuntos nacionales. En el país se le estaría tendiendo la alfombra roja para su ingreso triunfal en la medida en que la clase política se ausenta del acontecer nacional y crea la sensación de un clima de ingobernabilidad. La sociedad estaría preparando su parto en tanto permite que desde el Estado y los partidos crezcan las voces que hacen caso omiso de la tolerancia, se niegan al diálogo, se encierran a cal y canto tras sus dogmas, persisten en el verticalismo y entienden a la sociedad como un conglomerado de niños a los que hay que dirigirles —incluso por la fuerza— en el espinoso camino del bien y del mal.

Implicaciones financieras de la reforma previsional

Uno de los aspectos a los que se presta poca atención en las evaluaciones económicas es la efectividad (o inefectividad) de la privatización para lograr los objetivos con los que se justificó su implementación, especialmente en lo relacionado a la reducción de tarifas de los servicios básicos y de las presiones sobre el gasto público.

Probablemente ello se deba a que la acumulación de efectos negativos resultante del proceso de privatización es considerable. Esto se evidencia en incrementos en las tarifas de servicios públicos, pérdida de ingresos de empresas públicas (como en el caso de las telecomunicaciones), cobros arbitrarios de las empresas telefónicas e, inclusive, mayores presiones hacia el déficit fiscal. No resulta extraño que la privatización haya sido rechazada por la mayoría de la población consultada en encuestas de opinión (Proceso, 870), y que un sondeo reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA revelara que la mayoría de los entrevistados (más del 70%) se mostró en desacuerdo con la posible privatización de Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o de alguno de sus hospitales.

En el caso de la reforma del sistema previsional puede afirmarse que llevará al Estado a fuertes compromisos financieros para las próximas décadas, pues con la privatización del sistema de pensiones aquél deberá transferir a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) todos los pagos que haya recibido de sus antiguos cotizantes. De acuerdo a datos gubernamentales, esta deuda asciende a cerca de 64,000 millones de colones (casi 4 veces el presupuesto de la nación para el año 2000), la cual deberá ser amortizada en aportes anuales crecientes que, para comenzar, se estiman en 453 millones de colones para el año 2000 y en 3,355 millones de colones para el año 2004. Estas cifras representan un 2.5% y un 20% del presupuesto de la nación para el año 2000, respectivamente.

Como es obvio, esta amortización tendrá un impacto seguro sobre las finanzas públicas que, aunque importante, no es el problema de fondo que se percibe al examinar la situación de la reforma previsional. El verdadero problema consiste en la instrumentalización del proceso de privatización para beneficio de un pequeño grupo empresarial salvadoreño. Esto ha sido especialmente cierto en lo que se refiere a la privatización de la banca y del sistema de pensiones, donde las mismas familias que adquirieron los bancos más importantes (Agrícola, de Comercio, Cuscatlán y Salvadoreño) tienen participación en las Administradoras.

Los beneficios netos de estas dos reformas no son claros todavía, pues la banca no ha mejorado su eficiencia macroeconómica y no se ha convertido en dinamizador de la producción. En cuanto al sector de las pensiones, aún no se sabe cuáles serán los efectos de la reforma previsional sobre los montos de las pensiones por vejez que recibirán los trabajadores o sobre el ahorro y la inversión productiva. En este momento, lo que sí resulta claro, además de la ya citada carga fiscal, es que con la reforma los trabajadores pagan ahora más por sus pensiones.

Antes de la reforma, los trabajadores pagaban 1% en concepto de aportación para el fondo previsional común que administraba el Estado; mientras que, con la entrada del nuevo sistema de pensiones, la mayoría de trabajadores afiliados pasaron a pagar 4.5% de su sueldo, porcentaje del cual 3.5% era para comisión de las AFP’s y sólo 1% para la cuenta de ahorro individual. En la actualidad, los trabajadores pagan 5.75% de su salario para el fondo de pensiones, de lo cual 3.25% es para comisión de las AFP’s y el restante 2.5% para la cuenta de ahorro individual. Es decir, las AFP’s hacen muy buen negocio, ya que reciben más del 3% del total de la masa salarial de sus afiliados solamente por administrar sus fondos.

A partir de este año, las AFP’s comenzarán a recibir también los cuantiosos aportes del Estado, los cuales, aunque deben ser capitalizados a las cuentas individuales de los cotizantes, no deben ser pagados de inmediato por las AFP’s. Esto les permitirá utilizarlos como capital de trabajo. Dicha operación representa para el Estado un gasto anticipado muy cuestionable en un momento en que se enfrentan elevados niveles de déficit fiscal (3% del PIB).

Pese a que no puede negarse que estos fondos tendrían que ser desembolsados aunque no se hubiera implementado la reforma previsional, es obvio que por la forma en que se han programado se colocará más presión sobre las finanzas públicas, especialmente porque la reforma del sistema de pensiones contemplaba que todas las personas mayores de 50 años debían mantenerse en el antiguo sistema. Ello implica que, en sus primeros años de funcionamiento, las AFP’s no tendrán que desembolsar pensiones por vejez y, a lo sumo, deberán responder a reclamos de pensiones por invalidez o muerte que, en todo caso, son responsabilidad de las aseguradoras que los mismos cotizantes pagan.

Las amortizaciones para los fondos de pensiones resultan muy convenientes para las AFP’s, pues serán capitalizadas con fondos del Estado y continuarán recibiendo de los trabajadores sus comisiones por administrar sus cuentas individuales. Aunque la ley del sistema de pensiones establece que las AFP’s deben manejar por separado su capital social y el capital de sus afiliados, la verdad es que este último constituye su principal capital de trabajo.

Así pues, la reforma previsional no necesariamente se traducirá en un alivio para los compromisos financieros del Estado; por el contrario, resulta evidente que se han colocado mayores presiones sobre las finanzas públicas con tal de implementar, a como dé lugar, el proceso. Un vacío de éste ha sido, además, el no haber contado con un estudio que definiera cuál era la opción de reforma con menores costos fiscales.

En general, la privatización ha afectado negativamente a los consumidores, pues ha provocado incrementos en las tarifas de los servicios telefónicos y de electricidad, imposición de pago de comisiones para la administración de fondos de pensiones y, a partir del año 2000, asignación de crecientes montos de las finanzas públicas para el pago de pensiones. En cambio, algunos empresarios han obtenido los mayores beneficios del proceso, al grado que muchos grupos familiares pertenecientes a la elite económica han encontrado en la privatización un nuevo campo donde ampliar y diversificar sus posibilidades de acumulación.

En este contexto, se justifica que el proceso de privatización sea revisado para reorientarlo en función del beneficio de la mayoría de la población del país y no sólo de una selecta minoría allegada a las círculos de poder político y económico. Una forma de lograrlo es promoviendo la instauración de mecanismos de regulación que, cuando menos, garanticen que la reforma previsional conduzca a que los trabajadores reciban una pensión digna y que, además, los fondos de las cuentas individuales de los trabajadores sean utilizados para financiar inversiones productivas e incrementar la producción, el empleo y los ingresos. Además de la revisión de las privatizaciones ya implementadas, se vuelve necesario también que se realicen estudios objetivos sobre los costos y beneficios de nuevas privatizaciones sugeridas por el gobierno en el futuro.

A propósito de las "jefaturas femeninas"

Se dice que la pobreza ataca sin distinción de sexo, raza, edad o religión, lo cual no es del todo cierto. La pobreza invade sólo a ciertos sectores, bajo determinadas circunstancias. Como ya se sabe, las condiciones de pobreza tienen su origen en las desigualdades sociales y económicas; por lo tanto, hay unos grupos sociales más afectados que otros. De hecho, de los 1,400 millones de pobres que se estima hay alrededor del mundo, el 70% son mujeres. El problema de discriminación e injusticia en el que vive el sector femenino trae como consecuencia que un gran porcentaje del mismo se enfrente con la pobreza. La situación es más grave cuando el total de responsabilidades del hogar quedan bajo el manejo de las mujeres, pues su capacidad y oportunidad para desempeñarse dentro del campo laboral, sea cual sea éste, se encuentra bajo el criterio de selección de una sociedad indudablemente patriarcal.

El PNUD ha dado a la pobreza una visión de género. El documento La dimensión de género en la pobreza, la desigualdad y la reforma macroeconómica en América Latina es muestra de ello. El estudio apunta a dos cosas importantes: que los niveles de pobreza varían según las diferencias en la movilidad salarial y que las mujeres tienen menos espacios en el campo laboral. Es decir, las dificultades con las que tropiezan las mujeres en su tarea por entrar al sector productivo son mayores que las de los hombres y, por lo tanto, los criterios salariales son también desiguales. Es un hecho, pues, que hay una distinción de género dentro de los niveles de pobreza. El Salvador es, junto con Guatemala y México, uno de los países latinoamericanos cuya segmentación a partir del sexo en los mercados laborales es más aguda, lo cual va especialmente en detrimento del sector femenino. Esto, a su vez, motiva algunas de las diferencias persistentes en el monto salarial, desfavoreciendo tajantemente a aquél.

En este sentido, y con el fin de explorar las dimensiones de género en la pobreza, se hace uso del término "jefatura femenina". Este surge, según el documento del PNUD, de una dimensión económica, utilizando el sexo de la persona que produce más ingresos en la familia para determinar el tipo de jefatura. En otras palabras, los hogares con jefaturas femeninas "se definen como aquellos en los que más del 50% del total de ingresos del hogar es generado por o se le puede atribuir a la mujer". La jefatura femenina puede ejercerse por diferentes circunstancias. El fallecimiento de la pareja, las separaciones matrimoniales (lo cual es bastante frecuente) o el desempleo del hombre, quien generalmente es el que genera los ingresos, son causales comunes de ella. En el país existe una buena porción de hogares con jefaturas femeninas y éstos están creciendo con características de pobreza. Se acepta como un dato casi imposible de refutar que tres cuartas partes de este tipo de hogares no alcanza a cubrir las necesidades más elementales.

Pese a que el sector femenino salvadoreño se incorpora paulatinamente al campo laboral, sus ingresos aún no le han permitido nivelar o superar el régimen de ingresos salariales masculino. Aun cuando las mujeres constituyen el 36.17% de la participación económica del país, muchas de ellas deben lidiar con el desempleo, la inestabilidad laboral, bajos salarios y descuentos injustificados. A esto se suma el hecho de que, en no pocas ocasiones, deben restringirse a empleos temporales en el sector de servicios o en el informal. Nada menos que el 70% de las mujeres está agrupada en los trabajos más inseguros y mal pagados del sector informal. Fábricas, maquilas, servicio doméstico y ventas ambulantes son los espacios laborales en los que generalmente ellas son ocupadas.

La condición reproductiva ha llegado a convertirse en un grave limitante, pues las mujeres en período de embarazo son, en muchas ocasiones, discriminadas, despedidas o no aceptadas por los empleadores. La crianza de los hijos conforma otra de sus dificultades. En el país no existe un servicio de guarderías nacionales confiable, eficiente y accesible, por lo que el cuidado de los hijos riñe con la necesidad de emplearse. Las desigualdades en el acceso al capital, el mercado, el crédito, la tierra y el comercio se agregan a la lista.

El problema del no acceso a la tierra y a los recursos de producción merece una mención especial. La pobreza afecta extremadamente a las mujeres que habitan el sector rural salvadoreño. Estas fueron prácticamente excluidas de la reforma agraria de los años 80, pues —según datos de la Agenda Latinoamericana de 1997, recopilados por Carlos Gardin— no pasan de poseer entre el 4% y el 25% de los títulos de propiedad. Otro dato sobre este tema —extraído de la Política nacional de la mujer de 1997— apunta que de cada 10 beneficiarios de la reforma, sólo uno es mujer. La proporción de hogares sostenidos por mujeres, entre pobres y extremadamente pobres, aumenta tanto en zonas urbanas como en las rurales, pero el incremento es considerablemente más dramático en estas últimas. Y es que los pésimos sistemas de comunicación, las pocas oportunidades de estudio, las escasas fuentes de empleo y el atraso tecnológico hacen de las mujeres campesinas un caso especial de pobreza en el país.

El problema del acceso de las mujeres a la vida laboral tiene sus raíces más profundas en la historia. Ciertamente, su paso por la vida política, social y económica a través del tiempo ha sido más escabroso que el de los hombres, debido a la extensa serie de barreras culturales imperantes. Su superación se ha visto muchas veces limitada por la preferencia masculina en todos los círculos de la trayectoria social. Sin embargo, también hay que admitir que muchas han aceptado con comodidad y resignación su posición de "sumisas amas de casa". Buena parte de las mujeres, especialmente las de antiguas generaciones, han corrido por la vida aprobando, a ojos cerrados, la supuesta "superioridad del hombre" y, hasta el día de hoy, aún hay gran cantidad de ellas que se conforman con ser "la que obedece".

En este sentido, podría decirse que, de buscarse algún culpable por la difícil situación femenina, éste sería la sociedad en general. Hombres y mujeres han contribuido a que la participación de estas últimas, especialmente en el campo de trabajo, sea tan tortuosa y difícilmente accesible. Podría decirse que las jefaturas femeninas son una situación moderna, una característica de la época actual. La modernización trae consigo una oleada de independencia, donde las mujeres emprenden la búsqueda por ocupar los lugares que nunca antes quisieron o pudieron ocupar. Las generaciones femeninas actuales son las que, con mayor necesidad, deben enfrentarse al legado cultural que obstaculiza su progreso económico.

La única manera de contrarrestar los graves niveles de pobreza de las mujeres es permitiendo su participación en la fuerza laboral, lo cual, a su vez, contribuiría a la producción de la riqueza del país en general. Es por ello que los programas de generación de empleo deben tener un diseño más integral; es decir, un diseño en el que, tanto hombres como mujeres, cuenten con las mismas oportunidades. Reformular los sistemas de seguridad social, aplicado al beneficio de las trabajadoras y de las solicitantes, es algo que en el país no se ha implantado nunca y que es visiblemente necesario. En resumen, aunque el problema de la pobreza afecta a la mayor parte de la población del país, es indudable que se cierne con mayor fuerza sobre las mujeres; y esa situación tiene mayores repercusiones cuando se trata de familias cuya única fuente de sostén la constituye la mujer.

La justicia como la muerte: que nadie se escape de ella

Desde hace mucho tiempo, los reclamos de justicia para la sociedad salvadoreña están relacionados directamente con la rabia, el desencanto y la frustración. Se pierden tiempo, recursos y —en ocasiones— hasta la vida; se pagan altos precios por una justicia que, muchas veces, no se obtiene o se obtiene a medias. Lo peor de todo es que son las personas más pobres a las que más les cobran. Estas situaciones están a la orden del día en los tribunales del país; y, pese a la guerra y los acuerdos para terminar con ella, todavía no se quiere comprender que el verdadero Estado de Derecho es aquel en el cual prevalece la justicia para todas y todos sus miembros, sin importar la condición social. No resulta nada extraño, pues, escuchar de casos o situaciones donde personas de escasos recursos económicos se ven atacadas por aquellas que —valiéndose de su posición privilegiada— pretenden arrebatarles lo poco que poseen. La mayoría de veces —si no es que siempre— consiguen esos objetivos a través de presiones, actitudes mal intencionadas, amenazas o compra de voluntades. A ello se debe sumar el trabajo poco confiable que en bastantes ocasiones realizan los representantes estatales, además del desconocimiento generalizado que tiene la mayoría de la población salvadoreña acerca de sus derechos, así como de los procedimientos y mecanismos a su disposición para hacerlos valer.

En ese marco, adquiere una importancia fundamental el que se conozcan experiencias positivas que —con tenacidad— revierten la negativa dinámica general. Para demostrar que es posible lograr ese tipo de éxitos en El Salvador, vale la pena dar a conocer el esfuerzo y la lucha que un grupo de personas realizaron y continúan realizando para defenderse ante los ataques en su contra por parte de la sociedad empresarial ROXHEN, S.A. de C.V., que quiso despojarlos de sus lugares de vivienda. Estas personas representan a casi 20 familias residentes en predios ubicados en el cantón Potreríos de La Laguna, caserío El Limonal, a la orilla del lago Coatepeque.

Cabe destacar que dichos predios se encuentran están situados en unos aluviones; es decir: en porciones de tierra que se fueron formando con el tiempo, al irse secando las aguas del lago. La empresa ROXHEN, S.A. de C.V. es propietaria de una considerable cantidad de terrenos que están separada de los predios por una calle. Cuando esta empresa adquirió su propiedad, los predios donde residen esas 20 familias no existían; por lo tanto, no pertenecen a ROXHEN sino al Estado. Aun así, la empresa se atrevió a demandar a estas personas por el delito de Usurpación.

De esa forma, ROXEN, S.A. de C.V. inició un proceso civil mediante el cual pretendía demostrar ser la propietaria de esos terrenos. Sin embargo, las pruebas que presentó no fueron suficientes para comprobar que les pertenecían en las diferentes instancias de la jurisdicción de lo Civil; al final, los fallos terminaron favoreciendo a las personas demandadas. Y aunque hipotéticamente ROXHEN, S.A. de C.V. hubiese demostrado ser la propietaria, la demanda por el delito de Usurpación no podía ni debía progresar ya que sus actuales habitantes tienen de vivir en ese lugar —en forma quieta y pacífica— al menos 10 años, la mayoría, y algunos desde hace más de 30 años. Esto significa que, según la ley, son propietarias irregulares y no usurpadoras; dicho de otra manera, nos encontraríamos ante un grupo de gente que pese a no tener registrada legalmente la tierra en la que se encuentra asentado, tiene derecho a la misma por el tiempo que ha permanecido en ella.

No conforme, la empresa —con un evidente interés puramente económico, reflejado en la intención de hacerse de estas tierras para llevar a cabo un proyecto turístico— presentó el caso en la instancia Penal. Ello, aun cuando no había concluido el proceso civil.

Pero remontémonos al origen del conflicto. El calvario para estas humildes personas comenzó en 1995; desde entonces recibían constantemente citatorios y llamadas de atención sin saber por qué, hasta que el 20 de enero de 1999 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) las arrestaron en horas de la madrugada, sin explicarles lo que pasaba. La captura se publicitó ampliamente en los medios de difusión masiva, presentándolas como delincuentes que habían sido capturadas en uno más de los "exitosos operativos policiales". En este grave error, de fatales consecuencias para un grupo de familias honestas y pacíficas, gran parte de la culpa recae en la PNC al presentar a las personas detenidas en la forma que lo hizo.

Desde ese entonces hasta hace unos días, estas personas se vieron envueltas en procesos "legales" que, pese a todos los intentos fraudulentos, resultaron favorables para las familias afectadas; no obstante, escasamente se difundió cuando quedó establecida la inocencia de estas víctimas de un sistema que actúa —por regla general— en favor de quienes tienen recursos económicos o de otro tipo para torcer el rumbo hacia la justicia. Así las cosas, la empresa vio frustrados sus esfuerzos por hacerse de los terrenos utilizando instancias judiciales en materias Civil y Penal. Sin embargo, resultan intolerables las humillaciones públicas que ROXHEN, S.A. de C.V., les causó a estas personas cuando fueron arrestadas y al ofrecerles 7,500 colones para que desalojaran sus propiedades. Vale la pena señalar que los demandados aceptaron el dinero en acuerdo "amistoso" al cual se llegó bajo fuertes presiones, no sólo por parte de la empresa; también presionó el juez, el secretario del tribunal y hasta el mismo abogado que los estaba defendiendo. A todo lo anterior, debe agregarse la muerte de un joven que residía en el sitio con su familia, quien recibió dos disparos de parte de uno de los agentes de seguridad que la empresa contrató para vigilar algunos lotes. Por si fuera poco, esos vigilantes todavía se encuentran en el lugar.

Hay mucho que denunciar en este caso; no sólo la acción de la empresa que quiso obtener esos terrenos a toda costa, sino también la actuación de representantes estatales como los tres fiscales que participaron en las distintas etapas del proceso; contrario a lo que corresponde, dichos agentes del Ministerio Público parecían estar de lado de la empresa. Esas y otras irregularidades se observaron en el largo y difícil camino recorrido por estas personas para hacer valer sus derechos.

El pasado 1 de febrero vencía el plazo para que los demandantes presentaran un recurso de casación, el cual tiene por objeto el hacer un estudio a fondo sobre la legalidad del proceso; tal recurso fue presentado el 28 de enero. Era de esperarse que impulsaran esa acción; lógicamente la empresa va a continuar agotando hasta el último recurso a su disposición, sobre todo cuando ha invertido tanto para pagar a sus representantes legales; no importa que la razón y la justicia no estén de su lado. Aunque falta conocer el desarrollo de esta última etapa de un proceso que únicamente congestiona más nuestro saturado y deficiente sistema para impartir justicia, resulta evidente la inocencia de estas personas que fueron acusadas injustamente.

Queda claro que todavía abundan quienes siguen creyendo que el dinero y la posición social pueden comprar cualquier cosa, sin tomar en cuenta que con eso contribuyen a socavar las endebles bases de la legalidad en El Salvador. No obstante, en el otro lado de la moneda —el de las más de 20 familias afectadas por estos devaneos de nuestra "justicia"— nos encontramos ante un grupo de personas humildes que, pese a todos los serios problemas que tuvieron que enfrentar, han demostrado que la justicia debe estar al servicio de todos y todas por igual.

Al rescate de la PDDH

San Salvador, 1º de febrero del 2000

Apreciables amigos y amigas de la PDDH.

Presente.

En relación a la actividad que Ustedes han organizado para este día y a la cual he sido muy cordialmente invitada, me permito manifestarles que celebro y me complace la decisión de Ustedes de promover y luchar por la institucionalidad de la Procuraduría, a partir de que ésta es una conquista del pueblo salvadoreño que debe preservarse aun a costa de cualquier sacrificio. Les repito, es loable esa actitud asumida por Ustedes y más cuando en la consecución de sus legítimos intereses no se han detenido, pese a los obstáculos que deliberadamente han sido colocados para impedir que el camino de la legalidad y la concordia sea allanado en el menor tiempo posible.

Por razones ajenas a mi voluntad no podré acompañarlos físicamente, pero estaré en espíritu con Ustedes como siempre lo pretendí estar y estuve, pues para mí uno de mis caros ideales fue el que la Procuraduría se constituyese en un ejemplo edificante y en una magistratura de persuasión para encausar el derrotero de los funcionarios públicos hacia un comportamiento de respeto a la Constitución y a la ley, todo ello con la ayuda de los trabajadores y trabajadoras, que siempre apoyaron mi esfuerzo y donde desde la propia institución, pudimos aunar ideas, propuestas y soluciones para alcanzar tales cometidos.

En esta ocasión es oportuno recordarles que el respeto a la institucionalidad es el único camino que existe para preservar la estabilidad laboral y la seguridad jurídica de los empleados y funcionarios. Esta es una reflexión que siempre me hice y tuve presente para dinamizar y potenciar toda esa gama de esfuerzos y de inquietudes que todos Ustedes pusieron al servicio de esa causa noble, todavía incomprendida, como es la defensa de los derechos humanos. Pero lo anterior tampoco se puede concretar si no existe el deseo de trabajar con transparencia y una altísima dosis de probidad, como creo que Ustedes y yo pusimos en nuestra agenda diaria.

Quiera Dios que pronto salgamos de esta crisis y que sus votos y ruegos hagan el milagro de rescatar de una vez por todas la majestad de una institución que, como lo dije en un principio, es el resultado de tanto sacrificio y lucha constante demostrada a lo largo de más de diez años de guerra fratricida. Quiero para Ustedes muchos éxitos en la celebración de este importante evento.

Fraternalmente,

Victoria Marina Velázquez de Avilés.

CATEDRÁTICO. Carlos Salvador Cerna, ex catedrático de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) fue encontrado en avanzado estado de descomposición, el 12.01, en el interior de su apartamento. Una doméstica que descubrió el cadáver informó que ella ingresó al apartamento para realizar labores de limpieza y percibió una fetidez que provenía de una de las habitaciones. Fue entonces cuando encontró al catedrático sobre una cama, con evidencias de haber sido estrangulado, y con varios muebles y objetos que lo cubrían. Una hermana de la víctima, quien no se identificó, dijo que su pariente era divorciado y que su ex esposa e hijos residían en Francia. Indicó que desconocía si su hermano tenía problemas con alguien. Las autoridades iniciaron el mismo día las pesquisas del crimen. El 16.01, la Policía Nacional Civil encontró el vehículo de Cerna en la ciudad de Santa Tecla. Un detective señaló que "el vehículo no tenía reporte de robo y, al parecer, fue dejado en ese sitio por quienes asesinaron al profesional". Mientras tanto, elementos del laboratorio científico policial se apersonaron para buscar pistas, aunque fue difícil sacar huellas u otros datos, pues el vehículo permaneció en el lugar durante 5 días, según dijo el técnico policial. Mientras tanto, las investigaciones del crimen continúan (EDH 13.01 p. 18 y LPG 17.01 p. 24).

DIRECTORES. Directores de ocho hospitales nacionales del área metropolitana de San Salvador fueron destituidos, el 28.01, por las autoridades del Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Francisco López, confirmó las destituciones, pero lo atribuyó a "cambios normales y rutinarios" en dicha cartera. "No es destitución, que quede bien claro, son cambios totalmente normales que una administración lleva a cabo", explicó. Descartó que las causas fueran la falta de capacidad de los médicos o la existencia de quejas en su contra. Por su parte, el viceministro del ramo, Herbert Betancourt, desvirtuó que los cambios obedezcan a negociaciones con el Colegio Médico o a presiones sindicales. Aunque, según declaraciones del vicepresidente del Colegio Médico, Mauricio Ventura, dicha gremial había solicitado la expulsión de varios directores de hospitales nacionales. Betancourt también descartó que la medida constituya una sanción para los profesionales. Destacó que las modificaciones se habían considerado desde el inicio de la nueva gestión, como parte del proceso de reforma del sector sanitario. Para el viceministro, las modificaciones no son despidos, sino cambios administrativos, ya que los profesionales continuarán al servicio del Ministerio como especialistas o jefes de otras unidades (LPG 29.01 p. 4 y 5).

CAMBIOS. El 31.01, cuatro mujeres y cinco hombres fueron nombrados por el Ministerio de Salud para dirigir la red hospitalaria metropolitana y de Chalatenango a partir del 01.02. De la nómina de antiguos directores, sólo una profesional conservó su cargo en otro centro médico. El ministro de Salud, José López Beltrán, insistió en que los cambios no son improvisados y que obedecen a una planificación de cara a la reforma del sector sanitario. Reconoció que las modificaciones estaban programadas desde meses atrás, pero el conflicto del Seguro Social habría entrampado los cambios. "En vista de que [la crisis] se ha prolongado, no podíamos seguir esperando", comentó. Descartó que las modificaciones hayan emanado de peticiones del Colegio Médico. Enfatizó, además, que los cambios se realizaron sin ninguna indicación o consulta al Presidente de la República. López también desvirtuó que los cambios en los directores estén vinculados con algún plan de privatización de la red nacional hospitalaria. "Lo que queremos es implementar un nuevo modelo de gestión, que facilite el proceso de desarrollo a través de una administración participativa", declaró el funcionario. Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Guillermo Mata, dijo que desconocía si los nuevos directores están afiliados o no a la institución (LPG 01.02 p. 5).

CENSURA. La Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión emitió, el 01.02, un documento que afirma que la película "Estigma" "atenta contra el orden público", según afirmaron fuentes de los distribuidores que no quisieron ser identificadas. Según Morena Serpas, titular de dicha dirección, el mandato para retirar la cinta obedece a las quejas recibidas del público, las cuales afirman que el filme es peligroso para los valores cristianos. La funcionaria agregó que los reclamos han sido presentados por instituciones como Lumen 2000, Sindicatos de Artistas, parroquias, etc. "Ya se giró la orden a las empresas distribuidoras y exhibidoras de cine que, a petición de la gente, la película queda suspendida", expresó Serpas. "Estigma" narra cómo una joven, atea confesa, sufre repentinamente las heridas de Cristo. La cinta, además, cuestionaría las bases de la actual iglesia católica. Según los distribuidores nacionales de la película, la Dirección, en un principio, aprobó la cinta y la clasificó para mayores de 18 años, por lo que el Ministerio del Interior se estaría contradiciendo al obligar a suspender su proyección. Además, los distribuidores afirmaron que, mientras el Ministerio no compruebe de qué forma la cinta ha alterado el orden público, "Estigma" continuará en las carteleras (LPG 02.02 p. 78).

DESPIDOS. El juez primero de lo laboral, José Roberto Medina, ratificó, el 26.01, el despido de 221 empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al resolver en contra de una petición de reinstalo, presentada por el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS). La petición del Sindicato se basó en la presunta violación a dos cláusulas del contrato colectivo de trabajo, atribuida a las autoridades de la institución al despedir, en noviembre de 1999, a dichos empleados. Sin embargo, el juez no encontró asideros legales para decretar el reinstalo de los trabajadores. Por el contrario, resolvió sobre la ilegalidad de la huelga que mantienen desde el 15.11, decretada por el Juzgado Tercero de lo Laboral. Medina basó su fallo en los artículos 369, 474 inciso 2º, 417, 418 y 419 del Código de Trabajo, al tiempo que declaró inexistente la violación a las cláusulas 36 y 73 del contrato colectivo. Estas se refieren al derecho de estabilidad y suspensión colectiva de trabajadores, respectivamente. El funcionario reforzó la resolución en el hecho de que "persiste la situación de ignorar el requerimiento judicial, hecho por el Juez Tercero de lo Laboral, desde el 16 de noviembre de 1999, de incorporarse a las labores, mediando la especial agravante de afectarse un servicio esencial de la comunidad" (LPG 27.01 p. 4 y 5).

CAMPAÑA. El candidato a la alcaldía de San Salvador por ARENA, Luis Cardenal, continuó su campaña proselitista el pasado 30.01 en una colonia de la capital, donde dialogó con más de un centenar de habitantes de la comunidad. Los asistentes a la reunión expusieron sus inquietudes y peticiones. Según Cardenal, es preferible realizar "pequeños acercamientos" a las comunidades, para poder establecer un diálogo abierto con sus habitantes, en lugar de organizar mítines multitudinarios. El candidato explicó a sus oyentes por qué continúa realizando actividades para promover su imagen. "Lo que estamos haciendo es dando mensajes a los cuales nosotros creemos tener derecho, haciendo uso de nuestra libertad de expresión", dijo. Además, añadió que las denuncias hacia sus actividades se deben a que sus adversarios políticos están temerosos de que su mensaje esté llegando a al población. "Ellos quisieran que sólo la alcaldía pudiera gastar millonarias cantidades en promover el alcalde, y que yo me quede callado", expresó. Por su parte, el candidato por el FMLN, Héctor Silva, tuvo su propia gira proselitista un día antes. Se presentó en la comunidad San Luis donde inauguró la casa comunal. Asimismo, introdujo el servicio de agua potable y drenaje de aguas negras en la comunidad Tutunichapa (LPG 31.01 p. 14).