Año 20
número 889
febrero 9
2000
ISSN 0259-9864
Editorial Lucha de poder
Política ¿Ascenso político del PAN?
Economía Ineficiencia administrativa en el BFA
Sociedad Perspectivas del conflicto en el Seguro Social
Regional Guatemala: el sector privado riñe con Portillo
Derechos Humanos Por el rescate de la PDDH: el primer paso
Lucha de poder
Dirigirse a la población para explicar el plan de gobierno municipal, reunirse con diversas comunidades para saludar y repartir recuerdos de toda clase, proyectar la imagen de un candidato limpio, exitoso, con una intensa vida familiar y muy creyente son actividades propagandísticas que nadie ha podido impedirle al candidato de ARENA para la alcaldía de San Salvador, Luis Cardenal. El candidato se ampara en que le asiste el derecho para ejercer su libertad de expresión y reunión. El que los colores del partido que lo propone, sus símbolos, su música y sus imágenes aparezcan por todas partes no es campaña electoral, según él, porque no estaría pidiendo el voto a los habitantes del municipio.
Es cierto que el derecho a la libertad de expresión y reunión está garantizado y debe ser protegido, pero también es cierto que ese derecho está reglamentado, en el caso de la elección municipal, por una ley específica que establece que la campaña comienza un mes antes de los comicios. Por lo tanto, ningún ciudadano puede arrogarse el ejercicio de un derecho que la ley norma. De lo contrario, cualquiera podría hacer lo que le viniera en gana y alegar que tiene derecho porque es libre.
En seguida, Cardenal protesta porque su principal contrincante es el alcalde actual, quien busca su reelección. Considera que los tres años que Héctor Silva lleva al frente de la comuna son tres años de propaganda continua. En parte tiene razón, está en desventaja. Es la desventaja de todo candidato de oposición, cuyo contrincante principal busca la reelección. Pero esas son, tal como al empresario Cardenal le gusta afirmar en otro contexto, las reglas del juego. Sus opciones son dos. No jugar porque se considera en desventaja o cambiar las reglas. Lo que no puede hacer es violar las reglas porque, entonces, atenta contra el juego mismo. Es paradójico que estos razonamientos tan peculiares no sean aplicados al mercado, donde la mayor parte de los ciudadanos se encuentra en desventaja y donde las reglas operan en contra de los más débiles.
Mientras Cardenal viola la ley, los funcionarios responsables de aplicarla, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, prefieren no darse por enterados de que la campaña electoral ha comenzado con muchas semanas de anticipación no sólo en San Salvador, sino también en otros municipios del país. Han encontrado una cómoda formalidad: los candidatos no hacen campaña, puesto que no piden el voto. Magistrados y candidatos violan la ley cuando así conviene a sus intereses. No debiera extrañar, entonces, que el ciudadano haga otro tanto. Proceder simétricamente contra los dos partidos grandes es otra salida salomónica de un Tribunal Supremo Electoral que no tiene poder para controlar a los partidos políticos y a sus candidatos. El control sobre el proceso electoral se le ha ido de las manos como lo prueban el asesinato de dos activistas de un partido de oposición, las lesiones causadas en otros, también miembros de la oposición, y la propaganda anónima, en su mayor parte contraria a la oposición.
El plazo establecido por la ley electoral para la campaña municipal les resulta muy corto a los partidos y a sus candidatos. Piensan que, entre más tiempo tengan, más posibilidad existe para conseguir votos, cuando la realidad es otra, al menos en las últimas elecciones. La mayoría de los electores —el 70 por ciento— toma su decisión antes de que la campaña se inicie y son pocos los que cambian de opinión durante su desarrollo. Por otro lado, los candidatos no se toman en serio la campaña como una oportunidad para discutir los problemas que enfrentan las comunas. En vez de ello, hablan de planes y hacen promesas muy poco reales y demasiado generales —tanto que a veces pareciera que se trata de una campaña presidencial. La campaña municipal debiera girar alrededor de dos o tres problemas concretos por comuna. La competencia por la alcaldía de San Salvador ilustra este aspecto. Cardenal y Silva están de acuerdo en debatir, pero debaten acerca del debate y aseguran que cuando debatan, debatirán sobre los temas cruciales del municipio. Esto, que puede parecer un galimatías, no lo es, porque lo que refleja es la superficialidad de una campaña electoral cuya trascendencia se deriva de una lucha de poder entre los representantes de los dos partidos grandes y no entre quién puede realmente ser mejor alcalde o entre planteamientos diferentes sobre los problemas principales de la comuna.
Cardenal tiene dos meses de estar en campaña electoral porque sabe que debe superar dos obstáculos, que constituyen su desventaja real: el ser poco conocido para las bases de ARENA y para la población mayoritariamente pobre del municipio y el tener como rival principal a un alcalde con una gestión exitosa. Estas razones explican, pero no justifican, la actuación de ARENA y su candidato. La reelección de un funcionario tiene dos caras. Si su gestión es aprobada por los electores, con toda probabilidad será reelecto y sus rivales casi no tienen posibilidades. Si su gestión no es aprobada, con toda probabilidad no será reelecto y, en consecuencia, sus rivales tienen bastantes probabilidad para reemplazarlo.
En los últimos días, la campaña ha subido de tono hasta el extremo de la agresión física, con lo cual se ha colocado en el campo de la ilegalidad e incluso del delito. En Metapán y en San Martín ya se ha derramado sangre. En San Salvador, ARENA comienza a experimentar la presión de una brecha que no se cierra, pese a los meses de campaña, a los millones de colones gastados y a los golpes bajos contra Silva y el FMLN. La lucha por recapturar la alcaldía de la capital se ha vuelto estratégica para ARENA. La contienda por la alcaldía es una contienda anticipada por la Presidencia de la República. Desde esta perspectiva, lo que sea mejor para San Salvador con facilidad pasa a ocupar un lugar secundario.
La actitud del candidato de ARENA para la alcaldía de San Salvador proyecta la imagen típica de ese partido: la prepotencia de quien se sabe por encima de la ley y de quien se considera con derecho a todo, porque cuenta con el respaldo incondicional del poder. Este es el ARENA real y no el que, por el lado de la campaña de diputados, promete cumplir y respetar la ley.
Cuando el ex militar, ex arenero, ex pecenista y actual diputado independiente Horacio Ríos anunció que fundaría un nuevo partido político integrado por el controversial sector de los ex patrulleros, la noticia no pareció alertar a nadie. En principio, fue fácil pensar que no se trataba sino de uno más de esos inoficiosos movimientos que en época electoral se levantan como la espuma, para luego desvanecerse aún con mayor rapidez el día de las elecciones. Recientes experiencias similares, lideradas por solitarios demagogos que terminan fracasando en su intento de convertirse en secretarios generales de su propia institución, son muestra de que nada garantiza que el Partido Acción Nacional (PAN) —el instituto político recién fundado por Ríos— esté exento de correr esa suerte. No obstante, desestimar a priori sus posibilidades electorales para los siguientes comicios puede llegar a ser, en el futuro próximo, un craso error de cálculo.
Para empezar, conviene no perder de vista que Horacio Ríos no es un Mauricio Meyer. No se trata de un pintoresco personaje salido de la nada y movido por el oportunismo a la hora de aspirar a un cargo público. Se trata de un funcionario cuya experiencia como militante de dos partidos distintos, sumada a los años que lleva ejerciendo cargos públicos de suma importancia, lo convierten en un conocedor de los entresijos de la política salvadoreña. Si Meyer, con su extinto LIDER, daba la impresión de no estar interesado en otra cosa que no fuera sobrevivir en el orbe político con el objeto de sacar el mayor provecho personal que le fuera posible, Ríos, con la fundación del PAN, parece perseguir algo más que prevendas personales; de lo contrario, no hubiera necesitado asumir compromisos con los ex patrulleros.
Sería ingenuo descartar la posibilidad de que Horacio Ríos esté queriendo catapultarse, aprovechando el apoyo de un sector poblacional que, en virtud de su relativa fuerza y de su presencia a nivel nacional, exige representación política. Pero lo cierto es que, por el momento, no hay señales que apunten hacia ello. El PAN es el brazo político de los ex patrulleros y Ríos la cabeza al frente de un movimiento que, sintiéndose abandonado por ARENA, procura afianzar espacios que le permitan velar por sus intereses particulares.
El reciente asesinato de dos militantes panistas (uno de ellos dirigente de APROAS) en Metapán, Santa Ana, ha venido a darle mayor realce al incipiente partido justo ahora, cuando la campaña electoral empieza a aproximarse a su momento más álgido. "Rencillas políticas" es la hipótesis que salta a la palestra pública como móvil del crimen. Los primeros en defenderla son los correligionarios del PAN, para quienes el asesinato sería fruto de una venganza fraguada por ARENA en contra de los ex patrulleros, por haber denunciado una presunta compra de votos en las pasadas elecciones presidenciales.
Los panistas aseguran que los militantes asesinados habían sido seguidos, días antes, por uno de los vehículos que utilizan los areneros de esa zona en sus mítines políticos. Los dirigentes de ARENA, al igual que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval, se apresuraron a negar rotundamente tales acusaciones e hipótesis. Lo que no puede dejar de extrañar es que la PNC haya decidido no montar un operativo de búsqueda inmediatamente después de ocurrido el hecho, siendo ésta la práctica habitual y reglamentaria. El móvil político, lejos de ser descartado, es contemplado por la Fiscalía.
De ser ciertas las sospechas de que ARENA es responsable de las muertes de los dos correligionarios de Ríos, existirían más razones para no desestimar el potencial político del PAN. No es improbable que ciertos areneros hayan sido capaces de ensuciarse las manos dejándose llevar únicamente por la sed de venganza. Tampoco lo es que hayan llegado a ver el asesinato de los panistas como una necesidad: además de que los ex patrulleros armaron un escándalo público que perjudicó la imagen del presidente Flores durante los primeros meses de su gestión (lo cual pudo haberlos convertido en "traidores", merecedores de algún castigo ejemplar), ahora el partido que fundaron cuenta con algunas posibilidades de ubicarse en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías; algo que los más cavernarios areneros no podían pasar de largo.
Ahora bien, más allá del lamentable hecho de violencia del que fueran víctimas los militantes del PAN (que, como tantos otros, reclama ser investigado hasta sus últimas consecuencias) y más allá de las presuntas implicaciones de miembros de ARENA en el asesinato, lo cierto es que —tendiendo en cuenta los altos índices de abstencionismo que caracterizan a las elecciones en El Salvador y contando con que el PAN podría recibir un amplio apoyo en las urnas por parte de los ex patrulleros y sus familias— el que este nuevo partido pueda llegar a dar resultados sorprendentes en los comicios del próximo marzo es una posibilidad que no debe soslayarse.
Suponer que el PAN obtendrá resultados más o menos exitosos de su participación en las futuras elecciones da pie a dibujar tres escenarios posibles. En el primero, los panistas, pese a estarse convirtiendo en críticos cáusticos de lo que denominan la extrema derecha —conformada por ARENA y sus "partidos satélites", el PCN y el PDC—, cuentan con un escaso número de curules, lo cual restringiría al mínimo sus posibilidades de protagonismo, tal como le sucedió y continúa sucediéndole al PLD, el partido de Kirio Waldo Salgado.
Un segundo escenario supone que el PAN gana un número considerable de curules en el pleno —tal como el que se agenció el PCN en las elecciones de 1997— y ello le permitiría asumir el papel de un partido de centro fuerte, verdaderamente independiente y capaz de responder a los desafíos que él mismo se plantea en su "Manifiesto político" —especialmente, consolidarse como una alternativa frente a las "extremas" y fortalecer y apoyar en todo lo que sea necesario al sector agropecuario del país.
En el tercer escenario, una vez alcanzado el poder, se vuelve evidente que los fundadores del PAN no estan auténticamente interesados en dar respuesta a los problemas que enuncian en su documento y se limitan o bien a convertirse en nuevos "satélites" de ARENA —beneficiarios de los favores que el partido oficial ofrece por debajo de la mesa— o bien a esperar que las siguientes elecciones municipales y legislativas los hagan desaparecer.
Estos escenarios, claro está, exigirían como condición previa que la conjetura de que el PAN puede llegar a alcanzar un relativo éxito el próximo 12 de mazo se hiciera realidad. Y eso es todavía dudoso, primero, porque nunca se ha terminado de saber a ciencia cierta a cuánto asciende la cantidad de ex patrulleros y tampoco se puede contar sin más con que el cien por ciento de ese sector apoyará al nuevo partido; segundo, porque las elecciones suelen traer un componente sorpresa, muy difícil de prever —en este caso podría darse una disminución significativa del abstencionismo o el repunte inesperado de alguno de los partidos minoritarios, por ejemplo.
Como quiera que sea, lo deseable sería que, de erigirse una nueva fuerza política en el país, ésta estuviera dispuesta a comprometerse honesta y eficazmente con los intereses del sector que pretende defender, de responder a los desafíos que ella misma se plantea al presentarse como novedosa y a contribuir con la democratización del país —lo cual supondría apegarse al segundo escenario dibujado—, en lugar de actuar en desmedro de la misma, tal y como lo han hecho otros partidos similares, en sus inicios, al PAN.
La ineficiencia del Estado para la administración de sus empresas es uno de los principales argumentos que se esgrimen para recomendar la privatización y la reducción de la administración pública. Así como debe reconocerse que el Estado no necesariamente es sinónimo de ineficiencia, no puede ignorarse que muchas veces las prácticas de funcionarios de la administración pública lo hacen aparecer como "inepto" por definición. Lo anterior puede llevar a la conclusión errónea de que, en la búsqueda de la eficiencia, es imprescindible reducir la administración pública a su mínima expresión, cuando en realidad también existe la posibilidad de buscar nuevas formas organizativas que la vuelvan eficiente.
La mayoría de casos de ineficiencia de empresas públicas se originan por la ausencia de suficientes regulaciones para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas. Después de 10 años de gobiernos de ARENA persisten empresas públicas poco competitivas sin que este partido promueva políticas que rompan con las formas tradicionales de conducirlas; inclusive puede notarse que los funcionarios areneros también han caído en las prácticas de gobiernos anteriores a los cuales han criticado duramente.
Uno de los ejemplos más ilustrativos es la administración antojadiza del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) durante el último gobierno de ARENA (1994-1999). Dicha conducción habría dado paso a que se realizaran operaciones crediticias que propiciaron la concentración del crédito y el empeoramiento de la situación financiera del BFA. Curiosamente, este es uno de los entes públicos más tildado de ineficientes por los directivos de ARENA y señalado también como una muestra fehaciente de la incapacidad del Estado para administrar sus empresas. Sin embargo, las evidencias disponibles sugieren que el caso del BFA se ha originado por causas diferentes a la supuesta ineficiencia estatal. De acuerdo a Roberto Lorenzana, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa, el problema del Banco de Fomento ha sido más bien "el manejo fraudulento de la institución, sobre todo por la administración anterior", la cual fue encabezada por Raúl García Prieto, un influyente miembro del partido ARENA.
El caso más concreto que da pábulo a las versiones de "manejo fraudulento" serían los créditos otorgados a la sociedad que adquirió el ingenio azucarero El Carmen. De esos créditos el primero ascendió a 54 millones de colones y el segundo a 42 millones, para hacer un total de 96 millones. El destino de los créditos era adquirir el ingenio e iniciar operaciones, respectivamente; la sociedad favorecida únicamente debió pagar 5 millones de colones para completar el precio del ingenio que, según el BFA, era de 59 millones. Llama la atención que, este mismo ingenio hubiera sido valuado previamente en 24 millones de colones por una empresa estadounidense.
La recuperación de estos créditos se ha vuelto tan difícil que la nueva administración del BFA habría exigido la cancelación total del segundo crédito otorgado (42 millones de colones) para diciembre de 2000, debido a que la sociedad "Administradora El Carmen S.A. de C.V." habría incumplido tanto con la programación de los pagos, como con el requisito de nombrar un interventor que garantizara la recuperación de los créditos. De acuerdo al presidente del BFA, Guillermo Funes, existen otros grandes deudores que se encuentran en mora con la institución, lo cual hace pensar que en realidad el BFA no ha estado cumpliendo con su papel de financiador de los pequeños agricultores; por el contrario, pareciera que la institución ha financiado créditos para grandes empresarios agropecuarios o agroindustriales, como en el caso del ingenio El Carmen.
Es innegable que la situación del BFA es crítica, pero ello ha sido resultado de políticas que deliberadamente han afectado sus finanzas. La primera política que provocó una situación desventajosa para el BFA fue que, a diferencia de todos los bancos reprivatizados, no fue saneado para descargarlo de créditos considerados de difícil o imposible recuperación; más recientemente, y como ya se mencionó, se evidencia que los miembros de ARENA han provocado un rápido deterioro de las finanzas del BFA al asignar elevados montos de crédito para "grandes deudores" que no están pagando.
De cualquier modo, en su discurso de toma de posesión el presidente ofreció incrementar el microcrédito para los pequeños agricultores a través del BFA, pero lo cierto es que en su actual situación el banco no será de mucha ayuda para cumplir este ofrecimiento. Hará falta la aplicación de criterios técnicos para el manejo del BFA, el saneamiento de su cartera morosa —tal como se hizo con los bancos reprivatizados— y la democratización en la asignación del crédito para que éste pueda ser asignado a pequeños agricultores y no a miembros de los círculos del poder político y económico.
La huelga de trabajadores y médicos del ISSS cumplirá dentro de poco tres meses sin que hasta la fecha se aprecien signos visibles de que el conflicto se solucionará a corto plazo. Más aún, aparecen señales peligrosas que apuntan a que la solución a la problemática podría discurrir por vías ajenas al diálogo y la negociación. Por su lado, el gobierno ha iniciado una fuerte campaña de desprestigio y ataque en contra del movimiento sindical y sus funcionarios han dejado entrever que se estaría sopesando la posibilidad de terminar la huelga a través de medidas de hecho. Por su parte, el movimiento sindical, ante la negativa del gobierno a dialogar tomando en cuenta sus condiciones, se está abocando cada vez más a la paralización completa del sistema de salud.
Sin duda alguna, un punto de inflexión en el endurecimiento de las posturas ha sido el fallo del tribunal de arbitraje. En principio, era obvio que el tribunal (independientemente de si su resolución fuera favorable al gobierno o a los sindicatos) no resolvería la problemática. La razón es simple: el arbitraje sólo decidiría sobre la cuestión del contrato colectivo, pero no sobre los otros dos elementos que componen el leitmotiv del movimiento sindical: la oposición a la privatización del sistema de salud y el reinstalo de los 221 trabajadores del ISSS despedidos. Además, la labor del tribunal se daba en un contexto en el cual los sindicatos alistaban las armas para una pelea de larga duración (por ejemplo, reviviendo a la Comisión Tripartita, que agrupa al Colegio Médico, a SIMETRISSS y a los médicos del sistema público de salud), y en el que el gobierno intensificaba los planes pilotos de concesión de los servicios.
Así pues, la verdadera relevancia del tribunal de arbitraje en la problemática del Seguro Social no estuvo nunca en la índole de su fallo (el cual, por cierto, fue equilibrado), sino más bien en la manera en que las partes en pugna vincularon la labor de aquél con el mantenimiento o cese de la huelga. Para los sindicatos, por la razón ya apuntada, el resultado del arbitraje no era desde ningún punto de vista vinculante con la terminación del conflicto. En cambio para el gobierno, coherente con su línea de reducir las exigencias sindicales a aspectos puramente salariales, el arbitrio resolvería definitivamente la disputa entre las autoridades del ISSS y los sindicatos. Por ello, si —tal como ha sucedido— luego del fallo los sindicatos persistían en la huelga, podría tildarse su movimiento de ilegal —se confirmaría su supuesta politización—, pues estarían actuando en contra del mecanismo legalmente establecido para la resolución de conflictos laborales, y se abrirían las puertas para que las autoridades buscaran soluciones de hecho a la problemática.
Como se esperaba, luego del fallo sindicalistas y gobierno han continuado enfrascados en su diálogo de sordos. El pequeño pero significativo espacio de apertura que se abrió para el establecimiento de una mesa de negociaciones se estrelló contra lo previsible: pese a que los sindicalistas habían renunciado momentáneamente a amarrar el inicio de la negociación al cumplimiento de condiciones previas (algo que es justo valorar positivamente), el gobierno no giró la invitación formal pertinente, ni dejó de exigir la finalización de la huelga como condición para iniciar el diálogo ni desistió de su negativa a siquiera comentar el reinstalo de los despedidos o la cuestión de la privatización (para las autoridades gubernamentales no cabe hablar de ella ya que no se estaría vendiendo el Seguro Social, sino más bien concesionando sus servicios, algo que está permitido por el marco normativo de la institución).
Habiendo emitido el tribunal su fallo y ante el nuevo fracaso de la vía del diálogo, las partes han endurecido sus posiciones. Incluso circulan ya rumores (los cuales no fueron desvirtuados por la directora del ISSS en un reciente programa de entrevistas) de que el gobierno estaría contemplando, basado en la tesis de que estaría enfrentándose a un movimiento político y no sindical, implementar nuevos despidos, sustituir a los que se mantienen en huelga y, sin duda lo más grave, ordenarle a la PNC el desalojo de los huelguistas. Por su parte, el movimiento sindical continúa avanzando en su estrategia de integrar a los médicos del servicio público de salud en la huelga y empieza a realizar llamados serios para que otras organizaciones sociales (sindicales y campesinas, entre otras) se unan a su lucha.
Paralización del sistema de salud público y privado, y despidos masivos y/o desalojo por la fuerza de los huelguistas son, por ahora, las dos únicas apuestas que se están realizando por la finalización del conflicto. La situación se complica más ahora que se acerca la fecha de las elecciones y es obvio que los dos principales partidos en contienda utilizarán —están empezando a utilizar ya— la problemática del Seguro Social como elemento esencial de sus campañas en contra de su competidor. Así, la politización del conflicto está entrando por la puerta grande a la escena nacional y con ella todos los vicios y miserias que acompañan a la política. Una vez más, la razón y el diálogo quedan reducidos a meras florituras, a simples recursos discursivos sin presencia en la vorágine nacional.
En Guatemala, las armas apuntaban contra el presidente Alfonso Portillo, pero el alto al fuego lo dictó la defensa parlamentaria. El mandatario recién instituido de la nación centroamericana logró irritar —como muy pocas veces alguien lo había hecho— a uno de los sectores más poderosos de la sociedad: la empresa privada. Hace dos semanas, Portillo volvió a sorprender a los guatemaltecos al anunciar que propondría al Congreso un decreto de ley para incrementar los salarios de los trabajadores públicos y privados en 200 quetzales mensuales. El ánimo de muchos sectores se caldeó tras conocer la medida y un nuevo estira y encoge empezó a evidenciarse en los informativos locales. La más fuerte oposición provino, como era de esperar, de parte de las gremiales agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la entidad más influyente de empresarios del país.
Ninguna de las líneas de acción esbozadas por el mandatario en los días anteriores apuntaban a la posibilidad de impulsar una acción de este tipo. De hecho, como ya varios sectores se lo han hecho ver, el mismo Portillo declinó, durante su campaña política, ofrecer algún tipo de incentivo salarial a los trabajadores del país. En ese entonces, el mensaje del carismático candidato era claro y tranquilizador para la clase empresarial guatemalteca: la política económica general debería ser elaborada sin arriesgar los intereses claramente planteados por quienes acumulan buena parte del capital de la nación. La consulta y el diálogo (entiéndase la consulta y el diálogo entre el gobierno y la empresa privada), se dijo, estarían a la orden del día cada vez que se quisiera proceder a todo tipo de ajuste económico.
De más está decir que la propuesta de Portillo no pretendía más que aliviar superficialmente una rémora que el gobierno precedente dejó enquistada en el panorama económico de Guatemala. El debilitamiento del poder adquisitivo de la población, alimentado por los desórdenes financieros que llevaron a un encarecimiento del dólar y a un aumento significativo de la inflación, ponía en una situación delicada al nuevo gobierno. Las necesarias medidas urgentes y eficaces para solucionar el problema eran una prioridad no sólo para aquellos que le otorgaron su voto al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), sino también para quienes tuvieron que conformarse con la victoria arrolladora del mismo. En este sentido, el debate que se desató en torno al anuncio presidencial —que en principio gozó del incondicional apoyo de la bancada del FRG en el Congreso— no es importante sólo por los argumentos que se esgrimieron a favor o en contra de él.
Más bien, dicho debate se presenta como una muestra de las prioridades que dos de los sectores más determinantes de la vida de esta nación tienen con respecto a su desarrollo. Del lado del nuevo gobierno, ni siquiera se alcanza a deducir una línea clara de objetivos que vayan a guiar a su accionar en los próximos cuatro años. Numerosas organizaciones sociales e instituciones financieras internacionales han insistido en la necesidad de que Portillo y su gabinete asuman como punta de lanza para el crecimiento sostenido de la nación la implementación de un Pacto Fiscal que permita autofinanciar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y las transformaciones estructurales pretendidas en éstos. Asimismo, para proceder a la aplicación de incentivos salariales, es necesario primero establecer una política sólida de fomento de empleo y apoyo a la productividad del agro, la industria y el comercio. Nada de esto debería ser desconocido para el mandatario, puesto que todo ello se plantea como la sensata y lógica continuación de ese acuerdo de alcance nacional con el que se puso fin a la guerra.
Para la empresa privada, por otro lado, las prioridades de cara al crecimiento económico están más que alejadas del espíritu de los Acuerdos. Para las gremiales agrupadas en el CACIF, el punto de partida de todo proceso de reactivación económica debería pasar por la recomposición del sistema financiero —cuya iliquidez no le permite responder de lleno a las exigencias de la población—, la apertura de nuevos mercados en el extranjero, la corrección de la actual política monetaria, la exclusión radical del Estado de los asuntos relacionados con el mercado y la definición de "reglas claras" para el ejercicio económico en todas sus facetas. Altos representantes de la entidad han asegurado hasta la saciedad que un aumento en los salarios no es posible si no se fundamenta en el nivel de productividad real de los trabajadores —cuya irresponsabilidad y desidia es una de las principales causas de la crisis que se vive en Guatemala, según su perspectiva. Toda posibilidad de optar por la responsabilidad social ha quedado radicalmente excluida del discurso de la gran empresa privada.
Sin importar el desenlace al cual llegue la riña entre empresa privada y gobierno, lo cierto es que los planteamientos que hasta ahora se han expuesto no contribuyen a un verdadero avance en materia económica para Guatemala. La encrucijada guatemalteca se definirá entre una posición corto placista y meramente coyuntural y otra adherida ciegamente a intereses particulares y con una casi nula perspectiva nacional de largo plazo. A este panorama se debe sumar el signo de lo que se perfila será la práctica política de este primer gobierno pos conflicto armado: la unilateralidad. Buena parte de la sorpresa que trajo consigo el anuncio hecho por Portillo tuvo que ver con las implicaciones políticas del mismo. Un candidato que apeló al diálogo más pluralista e inclusivo durante su campaña y que criticó la excesiva discrecionalidad con la que procedió su antecesor desde la presidencia, un día amaneció con la intensión de dictar un aumento por decreto y no a través del consenso. Precisamente, esa fue la actitud que el mismo Portillo satanizó hasta el cansancio previo a su elección.
Sin embargo, en el rumbo que siguió el conflicto ya no cupo del todo su tajante decisión. De la cancha presidencial, la pelota de los salarios empezó a jugarse en la cancha parlamentaria y el árbitro era nada más y nada menos que el general Efraín Ríos Montt, máximo líder del FRG y padrino político de Portillo. En principio, los partidos minoritarios, aunque no despreciaron el rédito político que un aumento de sueldos les podía traer, propugnaron por un mecanismo de consulta abierta de la medida. Sin embargo, los eferregistas se consolidaron alrededor de su presidente y amenazaron con hacer retroactivo el aumento en caso de que las discusiones para su aprobación resultaran en extremo dilatadas. Esto no amilanó a la cúpula del CACIF, que no dejó de ver en la bancada del FRG a una virtual aliada. Así, la dosis de unilateralidad que utilizó Portillo al anunciar a los cuatro vientos su disposición de aumentar los salarios le fue devuelta cuando Ríos Montt, después de dialogar con los empresarios, avaló la adopción de un aumento "opcional" para el sector privado, cuyo monto está todavía por definir.
Con esto se declaró el alto al fuego cruzado que se había desatado entre el Presidente y el sector empresarial. ¿Confirmación de un feliz término? Probablemente haya que esperar a ver el papel de Portillo en lo sucesivo del proceso. Lo cierto es que Ríos Montt y sus aliados del Congreso le dieron al pueblo guatemalteco muestras fehacientes de su capacidad de diálogo, siempre y cuando ésta no transgreda los intereses de quienes deberán ser potenciales aliados en el futuro. En consecuencia, la riña entre el Ejecutivo y los empresarios ha sido superada, no así las cortapisas que cada uno de estos sectores le ha puesto al cumplimiento de lo que en materia económica está plasmado en los Acuerdos de Paz.
Peñate Polanco presentó su renuncia y no vale la pena seguir hablando sobre eso; ya se perdió mucho tiempo y se desperdiciaron muchos esfuerzos durante año y medio para corregir otro de los graves errores de los grupos políticos a los cuales —sólo por los graves daños que ocasionan— ya deberíamos de habernos acostumbrado. Como se dijo en este mismo espacio hace unos meses, esta lamentable situación por la que tuvimos que pasar debe asumirse como un "accidente" en el tránsito de El Salvador hacia la consolidación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y —por consiguiente— de un verdadero Estado de Derecho, democrático y participativo, con una institucionalidad confiable. Eso sí; denuncias penales hay en su contra y no se puede permitir que las arbitrariedades que cometió queden en la impunidad. La administración de justicia debe seguir su curso para sentar precedentes, serios y a todo nivel, contra la impunidad; más aún cuando, como en este caso, se ha maltratado un cargo tan importante por su incidencia en lo relativo a una vida digna para todas las personas sin distinción.
Es necesario evitar perderse en discusiones estériles como, por ejemplo, incluir o no los delitos y faltas que se le imputan a Peñate Polanco en el dictamen legislativo mediante el cual se aceptó su renuncia; estamos en medio de una campaña electoral de muy poca altura y ese tipo de polémicas, en medio de tan especial marco, sólo contribuyen a ensuciar más a la PDDH. Veamos mejor hacia adelante. Pero antes es necesario destacar lo más valiosos de todo lo sucedido: la capacidad de una buena parte de la sociedad salvadoreña que —por encima de todos los antecedentes y lo difícil que resultó dar este primer paso para el rescate de la institución— se planteó un objetivo loable y lo alcanzó. Este es quizás el mejor ejemplo que tenemos, hasta ahora, del poder que existe en nuestro pueblo y las posibilidades que se le abren para generar un movimiento social de nuevo tipo que —de una vez por todas— le empiece a pasar las facturas a los políticos cuando le complique más la vida y se las cobre en las urnas.
De cara al futuro inmediato y considerando que esos grupos políticos ya comenzaron a sobrevolar con derroche de rapacidad sobre la titularidad de la PDDH, el IDHUCA trató de adelantarse a la renuncia de Peñate Polanco y propuso —a la Asamblea Legislativa— lo que a continuación reproducimos. Pensamos que, pese a que ya salió del despacho de procurador este señor, lo esencial de nuestra iniciativa sigue vigente.
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Contribución del IDHUCA para solucionar la situación actual de la PDDH |
San Salvador, lunes 7 de febrero del 2000
Hace exactamente un mes, estuvimos presentes en este espacio para responder a las interrogantes que nos planteó la subcomisión legislativa creada para investigar el desempeño de Eduardo Peñate Polanco como procurador para la defensa de los derechos humanos; ahora venimos de nuevo, atendiendo al llamado hecho por la misma subcomisión. Aprovechando la ocasión, queremos hacer de su conocimiento algunas ideas sobre el tema.
Tras la investigación que realizada durante las últimas semanas, se ha conocido públicamente la posición de esta subcomisión legislativa al respecto; según información brindada a través de los medios periodísticos, existen razones suficientes para que el señor Peñate Polanco cese en el cargo. En ese marco, a fin de evitar nuevos e innecesarios estancamientos y errores que sólo agravarían la crisis institucional, de manera respetuosa el IDHUCA propone lo siguiente:
1. Se destituya oficialmente al señor Peñate Polanco en la plenaria de esa honorable Asamblea Legislativa a realizarse durante la semana comprendida entre el 14 y el 20 de febrero del año en curso, con el objeto de que el actual procurador adjunto permanezca como su titular desde ese momento hasta la semana comprendida entre el 13 al 19 de marzo y evitar así cualquier manipulación interesada del tema durante la campaña electoral.
2. Que la actual Asamblea Legislativa se comprometa a no perpetuar al actual procurador adjunto como titular de la PDDH, con el objeto de "limpiarle la mesa" a la futura legislatura.
3. Que el nuevo titular sea nombrado el 16 de marzo; sin embargo, antes de ese acto, las dirigencias de los partidos políticos que logren presencia legislativa en los comicios del 12 de marzo del año en curso deben comprometerse a que dicha persona complete el período actual y que sea reelegido para otro más, a menos que existan razones constitucionales y legales en contra tras el ejercicio del cargo. Ello, con el fin de poder realizar un esfuerzo sostenido frente al enorme reto que representa el rescate de la institución en lo relativo a su credibilidad nacional e internacional, su depuración administrativa y su necesaria consolidación.
4. Que entre el 14 de febrero y el 14 de marzo se organice y desarrolle un proceso que garantice una selección idónea; para eso, podrían adoptarse las medidas que a continuación se plantean:
a. Se integre un grupo de trabajo para la realización de un seminario-taller con participación selectiva pero a la vez representativa, que elabore una propuesta dirigida a esa honorable Asamblea Legislativa.
b. Que dicha propuesta incluya:
- Un diagnóstico de las situación del país, desde la perspectiva de los derechos humanos.
- Un diagnóstico del estado en que se encuentra la PDDH.
- Los desafíos que, en ese marco, se le presentan a la sociedad salvadoreña.
- El perfil que actualmente se requiere de la institución y su titular para hacer frente a tales desafíos.
- Una terna incluyendo a las personas más idóneas que reúnen las características planteadas en el perfil, elaborada solamente con el concurso de actores nacionales.
- La reforma estructural necesaria de la normativa relacionada con la PDDH.
c. Que, entre otros, participen en el seminario-taller los siguientes actores:
- Internacionales:
Gonzalo Elizondo (director de instituciones nacionales del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el cual detenta la secretaría ejecutiva de la Federación Iberoamericana de Ombudsman).
Leo Valladares Lanza (comisionado nacional de derechos humanos en Honduras y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman).
Julio Arango (procurador de derechos humanos en Guatemala y presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos).
Rodrigo Alberto Carazo (anterior defensor de los habitantes en Costa Rica).
Representantes de organismos de las Naciones Unidas acreditados en El Salvador.
- Nacionales:
Juan Héctor Vidal (director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada).
David Escobar Galindo (rector de la Universidad Matías Delgado).
Mauricio Rodríguez Loucel (rector de la Universidad Tecnológica).
María Silvia Guillén (directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho).
María Julia Hernández (directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado).
Armando Pérez, (vice presidente del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y miembro del Consorcio de Derechos Humanos de El Salvador).
Ricardo Quiñonez (director de la Fundación Olof Palme).
Eulogio de Jesús Guerra Payés (miembro de la comisión redactora del proyecto de la Ley de la PDDH).
Ricardo Iglesias (miembro de la comisión redactora del proyecto de ley de la PDDH).
Cecilia Gallardo de Cano (gerente de redacción de La Prensa Gráfica).
Sandra de Barraza (coordinadora de la Comisión Nacional de Desarrollo).
David Morales (coordinador del recién finalizado proyecto de cooperación sueca con la PDDH).
Carlos Mauricio Molina Fonseca (primer titular de la PDDH)
Victoria Marina Velásquez de Avilés (segunda titular de la PDDH).
Representantes de esa honorable Asamblea Legislativa.
Con seguridad, pueden y deben haber mejores propuestas que la nuestra. Sería conveniente y altamente positivo que éstas aparecieran y se debatieran para bien de todas y todos. Nadie se molestaría; lo que sería deplorable y condenable, es que se vuelva a cometer el mismo error u otro peso y se le dé el tiro de gracia a la PDDH. Recordemos que esa institución tiene una importante misión que cumplir según lo establecido por el artículo 2 de su ley: velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos.
En el estado actual en que se encuentra, la Procuraduría reclama de la sociedad salvadoreña un esfuerzo serio de reflexión y de acción estructural, responsable y comprometido con el presente y el futuro del país. De no hacerlo, se corre el riesgo de echar por la borda lo poco o mucho que se haya avanzado en la materia y —sin lugar a dudas— de esa forma se estaría dando otro paso hacia el precipicio.
Presentamos a continuación las palabras pronunciadas por el Rector de la UCA, P. José María Tojeira, en la apertura de la conferencia "Proliferación de armas y violencia social", celebrada el 3 de febrero de 2000.
Hablar de violencia y de armas implica remontarse al concepto de civilización. No faltan quienes afirman que la historia la hacen los violentos, y que al final las innumerables luchas y confrontaciones aceleran el progreso de la humanidad. La pasión del fuerte por dominar se convierte así en acicate de la historia y de la misma civilización. Sin esclavos no habría cultura y sin violencia no habría esclavos.
Sin embargo, la racionalidad construida sobre la dignidad humana no nos dice eso. Nos indica exactamente lo contrario. Que la civilización y la cultura se construyen desde la capacidad humana de resolver sus conflictos dialogando, considerándose iguales, aceptando la diversidad y tolerando la diferencia. El uso de la violencia, aunque pueda someterse a un uso racional, no deja de ser un reflejo animal ante el peligro. Lo propio y característico del ser humano, es utilizar la razón para solucionar pacíficamente los conflictos.
Por eso, reunirnos para debatir en torno al tema de violencia y proliferación de armas es un acto profundamente racional, universitario y civilizatorio. La vieja esperanza bíblica de convertir las armas en arados, sigue siendo lema para todos aquellos que piensan que el ser humano es el centro de toda construcción social de la realidad. Y es también la meta que debemos proponernos en este país, El Salvador, tan desangrado, ayer y hoy, aunque por diversas razones, pero siempre por el exceso de confianza en las armas.
Esta tarea se vuelve más urgente cuando dentro de los procesos de privatización se observa la tendencia a privatizar también legalmente la seguridad ciudadana. Privatización consagrada por la actual ley de armas que da, además, a los más violentos la facultad de usar una fuerza desproporcionada para la resolución de sus supuestos conflictos. El hecho de que ni siquiera se atreva la ley a disponer un examen psicológico antes de optar a la portación de armas, nos demuestra que no es literatura la afirmación que acabo de hacer. Por que son en general los más violentos los que tienden a comprar armas cuando éstas son de fácil acceso.
El Salvador ha dado un gran paso terminando un conflicto a través del diálogo y la negociación. Un paso clave para ello fue la entrega de armas de la entonces guerrilla y la reducción del tamaño y presupuesto de la Fuerza Armada. Esto generó en el país el inicio de una nueva cultura: la cultura de la tolerancia, del diálogo, de la solución negociada del conflicto. Amenazada por diversos factores, esta cultura permanece todavía con fuerza en diversos sectores de nuestra sociedad. Pero si algo la puede amenazar, en su propia dimensión de cultura de paz, es la proliferación de armas. Así como la persona desarmada es el símbolo del diálogo y del apego a la ley que nos gobierna a todos igualitariamente, el particular armado se convierte en el símbolo de la ley del más fuerte. Y más cuando ese particular tiene acceso a las armas sin necesidad de demostrar la peligrosidad de su situación, el equilibrio y serenidad de su carácter, o la capacidad de indemnizar a cualquier persona que por accidente pueda ser víctima del uso privado de las armas.
Los símbolos nos mueven y nos transforman. Ojalá que de este diálogo y debate en torno a la relación entre la violencia y la proliferación de armas salgan símbolos de una cultura de paz. Racionalidad comprometida con la dignidad de la persona y opuesta a esa razón instrumental que usa la capacidad de pensar del ser humano para ponerla al servicio de un interés no humano: el interés indigno de que la ley del más fuerte sea el símbolo de nuestro futuro. Ante la proliferación de armas y ante las leyes que la permiten, no cabe más que apelar una vez más a que la fuerza de la razón se imponga sobre la razón de la fuerza.
HIPOTECAS. En diciembre de 1999, la Alcaldía de San Salvador se percató de que estaba en problemas financieros. Se necesitaba dinero para pagar algunos proyectos y reconstruir la parte del Mercado Central que se quemó a finales de 1998. En reunión de concejo se decidió solicitar un préstamo bancario. Se pidieron 30 millones de colones. Como garantía, la Alcaldía presentó al banco una lista de inmuebles, esperando que éste las aceptara como "prendas" de pago. Sin embargo, no se percataron de que, entre esos inmuebles, había zonas verdes, las cuales, por ley, no se pueden tomar como fianza. Los ejecutivos bancarios desestimaron las garantías, debido al problema de tener que lidiar con los pobladores de los bienes a hipotecar. En la prisa por obtener liquidez financiera, Silva y su concejo "llegaron a los límites". Ofrecieron en hipotecas varias plazas capitalinas y el parque Centenario, lo cual fue rechazado de inmediato por los ejecutivos. Al respecto, la Alcaldía asegura que es legal el trámite del préstamo. El gerente general de la comuna, Mario Cerna, afirmó que toda institución bancaria pedía garantías y que no había posibilidad de que los inmuebles hipotecados se perdieran porque "había capacidad de pago". El funcionario incluso aseguró que han "multiplicado la capacidad de pago sustantivamente" (EDH 26.01 p. 2 y 3).
ACUSACIONES. Acusaciones de realizar gastos dispendiosos, de acumular un faltante de 81 millones y de endeudar a la Alcaldía de San Salvador en ¢75 millones en muy corto tiempo, son las nuevas críticas que escucha Héctor Silva. El 01.02, el diputado Walter Araujo afirmó poseer una "caja de expedientes llena" de documentos que demostrarían supuestas anomalías en la Alcaldía capitalina. El partido ARENA encargó a varios economistas que analizaran los presupuestos de la Alcaldía de los últimos tres años. De acuerdo con ese estudio, el programa de gastos y entradas de la Alcaldía muestra un endeudamiento neto de ¢75 millones y un déficit acumulado de ¢81 millones. El análisis de los documentos demostraría que, entre 1997 y 1999, la municipalidad tuvo ingresos totales por ¢707 millones, en tanto que gastó ¢788 millones, lo cual da como resultado el déficit mencionado. En la cuenta de ingresos del municipio, los impuestos ya fueron superados por las tasas, cuya recaudación pasó de ¢79 millones en 1997 a ¢200 millones el año pasado. Una expansión de ese orden permitiría pensar que la Alcaldía se empeñó en un serio proceso de mejoramiento de sus ingresos. Pero, según los economistas al servicio de ARENA, en la administración Silva no es eso lo que habría ocurrido, sino también un acelerado incremento del gasto, en desmedro de la inversión (EDH 03.02 p. 6).
RESPUESTA. El Alcalde de San Salvador, Héctor Silva, afirmó el 03.02, durante una reunión abierta con su concejo, que su gestión administrativa es "exitosa". Durante la sesión estuvieron presentes diputados de ARENA, quienes afirmaron que en la administración de la alcaldía capitalina "reina la corrupción" y la "falta de transparencia" en los balances financieros. "Hemos presentado un informe de gestión bastante halagüeño", dijo Silva, tras sostener que el encuentro con sus concejales fue un "rendimiento de cuentas". Silva presentó a su concejo un balance financiero de su administración, iniciada en 1997. Según el edil, la comuna capitalina ha gastado desde entonces 125.1 millones de colones en la protección del medio ambiente, desarrollo urbano, social y seguridad ciudadana. El funcionario municipal también reveló que en proyectos especiales, como la remodelación de plazas y parques capitalinos, se han gastado, en conjunto con el sector privado, 682 millones de colones. "Queremos conocer los balances generales, flujos de efectivos y el nivel de endeudamiento" de la comuna de San Salvador, dijo el diputado de ARENA René Figueroa. Silva respondió que la Alcaldía puede "asegurarle, con absoluta seguridad, que [el nivel de endeudamiento de la Alcaldía de San Salvador] es muchísimo menor que el del Gobierno Central" (EDH 03.02 p. 8).
PAN. Dos miembros del Partido Acción Nacional (PAN) fueron asesinados a tiros, el 01.02, en Metapán, departamento de Santa Ana. Una de las víctimas, además de ser miembro de ese instituto político, era un alto dirigente local de la Asociación de Productores Agrícolas de El Salvador (APROAS). Ambos fueron asesinados a tiros por un grupo de sujetos con los rostros cubiertos. Como si se tratara de una venganza o una acción de exterminio, uno de los atacantes se acercó a una de las víctimas, quien herido y tendido sobre el suelo, recibió dos disparos más en la cabeza. Las autoridades encargadas de la investigación discrepan sobre las motivaciones del crimen. El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval, aseguró que los homicidios fueron el resultado de rencillas personales, mientras que la fiscal Coralia Emperatriz Vega se mostró convencida de que se trata de un crimen político. "Se descartó ayer [04.02] que el móvil fuera el robo. Definitivamente, se habla de que puede haber un matiz político, pues las partes involucradas, tanto los responsables señalados por el partido PAN como víctimas, son miembros de partidos políticos" afirmó Vega. A lo que añadió: "desde ese punto de vista se ve un matiz político, pero en el fondo investigamos si pueden haber rencillas personales, que dentro de esos niveles se configuran en cuestiones políticas" (EDH 03.02 p. 2).
PORTILLO. El presidente guatemalteco Alfonso Portillo anunció, el 26.01, un recorte del 10 por ciento en el presupuesto fiscal de su país para el 2000 y aumentos salariales para empleados del sector público y privado. Ambas medidas son parte de la estrategia presidencial para reactivar la decaída economía de Guatemala. Portillo aseguró que las medidas reducirán el creciente déficit fiscal y dinamizarán la productividad y la confianza de los consumidores. "Con estas medidas el gobierno está dando muestras de que va hacia la disciplina fiscal", dijo Portillo, al divulgar el plan. Pero algunos analistas criticaron de inmediato la decisión del Presidente de aumentar los salarios, calificándola de una medida política que alentará la inflación y creará desempleo. "No es algo muy consistente. Si subes los salarios creas desempleo’", dijo Sigfrido Lee, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala. Anaí Herrera, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, dijo que más que una lógica medida económica, consideraba la decisión del Presidente como "una medida política". Portillo afirmó que el recorte del 10 por ciento en el recién aprobado presupuesto fiscal para el 2000 afectará a todos los sectores, con excepción de los de salud, educación y seguridad (Reuters, 08.02).
PROPUESTA. El sector empresarial organizado de Guatemala, que criticó las primeras medidas económicas del nuevo gobierno, presentó, el 02.02, su propuesta alternativa para recuperar el crecimiento y reactivar la economía. La iniciativa fue entregada al presidente guatemalteco, Alfonso Portillo, por la cúpula del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). El presidente del CACIF, Marco Augusto García, señaló que el plan del sector empresarial busca una reactivación inicial de la economía nacional en un plazo de 100 días. Detalló que la propuesta pretende una política gubernamental que propicie una situación económica de "certeza y confianza", con base en decisiones técnicas, claras, simples y realistas. La propuesta se centra en tres grandes áreas: fiscal (reducción del déficit), financiera (financiamiento proveniente del sistema bancario) y cambiaria (tipo de cambio fijado por el mercado). Así, el plan hace énfasis en la reducción del déficit fiscal de 2.8%, previsto por el anterior gobierno, a por lo menos 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). El plan económico del sector privado, que es estudiado por el gobierno, fue elaborado luego de que Portillo anunció las primeras medidas económicas, a menos de dos semanas de que inició funciones el nuevo gobierno (Notimex, 06.02).
PROCURADOR. El procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, renunció al cargo el 08.02. El funcionario, que tomó posesión del puesto en julio de 1998, hizo llegar su carta de renuncia a los diputados de la Comisión Política. Todo estaba listo para que el grupo de diputados analizara a qué plazo se le destituiría, cuando el presidente de la Asamblea, Juan Duch, informó que el defensor de derechos humanos había dimitido. En la carta, Peñate se queja de haber "sido acosado e injuriado por intereses más que todo políticos". Añade que "por el bien de los derechos humanos de este país he considerado este día renunciar irrevocablemente a mi cargo". De inmediato la decisión de Peñate hizo reaccionar a los diputados, a empleados de la Procuraduría y a organismos internacionales de ayuda. Todas las fracciones, a excepción de la del PCN, que no asistió a la reunión, aceptaron la renuncia complacidos. La Comisión Política acordó enviar, el 09.02, a la sesión plenaria dos dictámenes de aceptación de renuncia, pero sólo uno de ellos incorpora los argumentos que respaldaban la búsqueda de la remoción. Los diputados acordaron reformar el artículo 15 de la Ley de la Procuraduría para que el actual procurador adjunto, Marcos Valladares, se haga cargo de la institución mientras se decide si se elige al sustituto de Peñate (LPG 09.02 p. 8 y 9).
