Año 20

número 890

febrero 16

2000

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Conflictivo escenario social

Política PDDH: mea culpa parlamentario

Economía Proteccionismo estatal: el caso de la industria azucarera

Economía La globalización cuestionada

Sociedad El gran negocio de la prostitución de menores

Derechos Humanos Para El Salvador: ¡salud!

Noticias

Con el inicio formal de la campaña proselitista para alcaldes, el proceso electoral ha entrado en su fase más álgida. Obviamente, la campaña para alcaldes comenzó mucho antes de lo estipulado por la legislación electoral; sin embargo, es a partir del 12 de febrero que la misma ha cobrado su impulso decisivo, lo cual quiere decir que, desde esa fecha, los partidos no tendrán más límites que sus propios recursos y creatividad para tratar de ganarse el favor popular. En los primeros días de haber sido autorizada legalmente, la campaña para alcaldes ya está dejando ver las líneas maestras que la caracterizarán: saturación publicitaria, promesas para todos los gustos y manipulación ciudadana. En fin, nada que la haga distinta de las campañas políticas de otras épocas. Asimismo, todo parece indicar que, de nuevo, las jugadas sucias se están haciendo presentes: por ejemplo, el partido ARENA, en su empeño por hacer creer que la administración de Héctor Silva ha manejado turbiamente los recursos de la alcaldía, se está valiendo —en abierta complicidad con algunos medios de comunicación— de recursos más que cuestionables para que la ciudadanía acepte su tesis.

El escenario social en el que se realiza la actual campaña electoral está atravesado por fuertes conflictos, de los cuales los partidos y sus líderes todavía no se han hecho cargo con seriedad y responsabilidad. Así pues, para medirle el pulso a la realidad nacional es conveniente dar una mirada a lo que sucede fuera de los partidos políticos, sus ofertas, su música y sus afiches. Hasta ahora los ritmos del país se han medido por las exigencias de la política; quizás ya va siendo hora de medir a la política por los ritmos del país, especialmente por los ritmos exigidos por las necesidades de la mayor parte de sus habitantes

PDDH: mea culpa parlamentario

El pasado 8 de febrero Eduardo Peñate Polanco decidió renunciar al cargo de procurador para la defensa de los Derechos Humanos. Con ello, evitó caer más bajo de lo que ya había caído en su inexplicable aferramiento al cargo, pero sobre todo salvó a la Asamblea Legislativa de continuar entrampada en una de las mayores muestras de incompetencia que ha dado desde la firma de los Acuerdos de Paz. Y es que, pese a todo lo nefasto que Peñate Polanco resultó ser como procurador, la responsabilidad última de que semejante personaje hubiera llegado a ocupar uno de los más importantes cargos del país es de los diputados que ofrecieron sus votos para que eso fuera posible.

Ello porque, antes de resultar electo, las negras credenciales de Peñate ya se habían puesto sobre la mesa. Se sabía (ver Proceso, 814) que sobre las espaldas del entonces juez pesaban desde expedientes abiertos en su contra en la Corte Suprema de Justicia y en la propia PDDH, hasta denuncias por acoso sexual y corrupción, pasando por irregularidades en la aplicación de sentencias que en su momento llegaron a requerir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Con el afán de justificar lo injustificable, los diputados del FMLN —que en este caso era el único partido del que cabía esperar un mínimo de sensatez y compromiso para con la institución— llegaron al punto de argumentar disparates, como que al fin y al cabo Peñate nunca había sido condenado y que no se trataba sino de uno más de los muchos jueces que habían cometido faltas similares. No bastó con eso. Cuando, muy poco después, empezaron a asaltarlos las dudas sobre lo atinado de la decisión que habían tomado, continuaron arguyendo desfachateces como que después de todo a alguien había que poner al frente de la Procuraduría y que a Peñate había que darle el beneficio de la duda.

Fue ese beneficio de la duda lo que al final se tradujo en el peor desempeño del cual la PDDH podía ser víctima. Dudoso manejo de fondos, despidos y aumentos de sueldo injustificados, uso incorrecto de los bienes de la institución, enfrentamientos con la comunidad internacional —lo cual provocó el retiro de la cooperación sueca—, mentiras a la sub comisión de la Asamblea que lo investigaba y violaciones a la Constitución... estas son sólo algunas de las acusaciones que a la fecha engrosan el oscuro historial de Peñate.

Es la certeza de que en su momento hubiera sido perfectamente previsible que el ex juez no iba a poder desempeñarse de un modo mínimamente satisfactorio como Procurador de Derechos Humanos lo que hace responsables a los diputados del fracaso de éste y de los graves retrocesos que tal fracaso supone para la institución. Ciertamente, Peñate resultó ser más pícaro, más cínico y más desvergonzado de lo que se pensó en un principio, pero su proceder en la PDDH no da para asombrarse. ¿Acaso cabía esperar otra cosa de un funcionario con una trayectoria como la suya?

Su funesto desempeño como juez inquietó desde el principio, pero no es eso lo que más indigna a la hora de hacer un balance de sus resultados. Lo más indignante es que la Asamblea, con los votos y las razones del Frente incluidas, haya puesto en grave riesgo a la Procuraduría de la manera deliberada en la que lo hizo. Los diputados sabían quién era Peñate Polanco antes de elegirlo —y, peor aún, todavía tuvieron un mes más para terminar de investigarlo y ratificarlo definitivamente—; por tanto, sabían que en sus manos la PDDH corría peligro. ¿Qué se puede decir o hacer ahora para justificar o enmendar semejante error?

De poco sirve que los efemelenistas se la pasen rasgándose las vestiduras, reconociendo haberse equivocado. No es que esté mal reconocer los errores, lo que está mal es que lo hagan después de haber demostrado tal desinterés por uno de los más valiosos logros del fin del conflicto armado. Y está mal sobre todo porque eso que ahora llaman equivocación fue en realidad un antiético traslape de prioridades: Peñate llegó a la cabeza de la Procuraduría en virtud de una turbia y políticamente interesada componenda. Lo que predominó no fue, pues, la preocupación por salvaguardar la entidad, sino la consecución de un arreglo que beneficiaría al partido. Después de eso simplemente había que esperar que el destino fuera benevolente con la PDDH y que el dudoso Procurador electo no resultara tan malo como parecía.

Sirven de poco los golpes de pecho a estas alturas, además, porque el pleno se tardó casi cuatro meses en decidir quién regiría los destinos de la Procuraduría. Es verdad que en este triste capítulo de la gestión de la Asamblea, los partidos de derecha obstaculizaron muchas de las buenas opciones con las que se contaba para elegir al Procurador. Pero eso no resta gravedad al hecho de que el FMLN haya posibilitado la elección de la persona menos idónea argumentando que a alguien había que poner en el cargo y que a ese alguien debía dársele el beneficio de la duda.

Si ya había sido tan larga la espera, ¿por qué no prolongarla hasta encontrar un profesional que al menos llenara los requisitos mínimos para hacerse cargo de la PDDH? Si iban a tardarse una cantidad tan prolongada de tiempo, dejando todo ese período acéfala a la institución, para terminar eligiendo al más inadecuado de los candidatos ¿cómo explicar la demora? ¿No hubiera sido mejor elegir al azar desde el principio?

Al cabo de todo este proceso no queda más que un sabor amargo. No es sólo que nuestros diputados se hayan tardado meses para poner en manos de un personaje inescrupuloso a una de las más decisivas instituciones del país, sino que, aun después de cometidos todo tipo de abusos y de contar con todas las pruebas en su contra, fue necesario hacer una increíble inversión de tiempo, dinero, despliegue informativo y desgaste para lograr sacar a Peñate de un cargo en el que se había enquistado. Y lo peor es que, de no haber sido él quien renunciara, el pleito se hubiera postergado quién sabe cuánto tiempo más después de las elecciones, con el derroche de quién sabe qué cantidad más de recursos. No es sólo que la historia de un ex juez de baja estofa que llegó a Ombudsman se haya convertido en una de las más claras objeciones al futuro de la institucionalización democrática de El Salvador, es que el caso aún pudo haber sido peor.

Si el avance de la democratización del país se pone en duda con hechos como este es porque demuestran que el pluralismo alcanzado con la firma de la paz no garantiza el fortalecimiento de las instituciones. Se suponía que con la incorporación del FMLN a la vida democrática existiría un contrapeso a la hegemonía política de la derecha. Desde sí y con todas sus limitaciones, el Frente velaría por la defensa de los intereses de las mayorías. Pero a partir del caso Peñate, la única conclusión que puede extraerse es que la izquierda salvadoreña no sólo no cuenta con un proyecto alternativo de gestión gubernamental, sino que, a la hora de ejercer como oposición, resulta ser terriblemente vulnerable a los vicios que los viejos políticos llevan lastrando durante décadas.

Ahora el partido de izquierda reconoce abiertamente que se equivocó. Pero ¿cómo creer que ese reconocimiento es auténtico, cuando desde el inicio fue obvio que podía evitarse? ¿No será que los sistemáticos mea culpa de los efemelenistas responden más a lo políticamente correcto en esta circunstancia que a un arrepentimiento sincero? Después de las consecuencias políticas que la equivocación les ha traído, ¿qué más les queda que declararse arrepentidos? Como quiera que sea, lo único de lo que no se puede dudar a estas alturas es de que, por muy rasgadas que aparenten estar las vestiduras de los diputados del Frente, nada de ello va cambiar la desastrosa situación de la PDDH. De esto tiene especial responsabilidad el FMLN, pero ninguno de los diputados que eligió a Peñate puede eximirse de ella.

Proteccionismo estatal: el caso de la industria azucarera

Desde hace algún tiempo se ha vuelto evidente que en El Salvador el mercado de azúcar presenta distorsiones que favorecen los márgenes de ganancia de los empresarios azucareros. En lo fundamental, el mecanismo es simple: mantener cuotas de venta para todos los ingenios azucareros, fijar un precio mayor del que podría establecerse en condiciones de libre mercado y mantener aranceles elevados a las importaciones. De esta manera, se favorece a un sector de la agroindustria en detrimento del sector industrial y de los consumidores en general, los cuales deben comprar azúcar a un precio mayor del que se pagaría si se permitiera su libre importación y comercialización.

Este escenario se modificó sensiblemente cuando uno de los ingenios azucareros más pequeños del país, El Carmen, decidió irrespetar las reglas de comercialización que se observan en el sector y procedió a vender el 100% de su producción, algo que teóricamente no debe hacerse porque las ventas están reguladas por una "Comisión de Desarrollo Azucarero". Este ingenio fue el mismo que recientemente resultó involucrado en posibles casos de asignación indebida de créditos del Banco de Fomento Agropecuario (Proceso, 889). De hecho, sus propietarios no tienen reparo en aceptar que están procediendo a liquidar toda su producción debido a que poseen fuertes compromisos financieros con dicho banco.

Esta situación generó una rápida reacción de los propietarios de los demás ingenios, quienes, después de dos semanas de presiones, lograron que la Asamblea Legislativa aceptara intervenir para regular la comercialización del azúcar. Con una sorprendente votación de 78 votos a favor, la Asamblea aprobó la "Ley Transitoria de Ordenamiento de la Agroindustria Azucarera", la cual establece que el abastecimiento de azúcar para "el consumo interno del país será cubierto por todos los ingenios que se encuentren operando en el territorio nacional, a prorrata de sus respectivas producciones". Con ello se pretende evitar que algún ingenio venda su producción a precios y en cantidades diferentes a los que se le estipulen.

Curiosamente, esta disposición fue aceptada tanto por los partidos cercanos a ARENA, grandes defensores del libre mercado, como por el FMLN, el cual afirma estar en "contra de los vicios del mercado". La contradicción entre el discurso y la práctica de ARENA resulta más que evidente, pues, con la aprobación de la mencionada ley, en el fondo se estaba avalando una intervención del Estado en asuntos estrictamente económicos. De hecho, la opción más consecuente para ARENA habría sido la liberalización del mercado del azúcar, tal como ocurrió con los mercados del petróleo y de granos básicos, con lo cual se habría tenido que avalar la posición adoptada por los propietarios del ingenio El Carmen.

Sin embargo, en este caso se ha optado por intervenir en el mercado porque existen intereses empresariales que se desean proteger desde el ejercicio del poder público, concretamente desde el poder legislativo. De hecho, de liberarse el mercado del azúcar se reducirían significativamente los precios del producto, los costos de la industria que lo utiliza como materia prima y, por tanto, se incrementaría la competitividad de sus exportaciones. Como contraparte, se tendría una reducción de los ingresos de los sectores agroindustriales propietarios de ingenios y de los cañicultores que los abastecen con materia prima (caña de azúcar); lo cual, considerando la evidencia reciente, no será permitido por el partido en el gobierno.

Es difícil negar que detrás de la intervención en el mercado del azúcar se encuentran intenciones de privilegiar a determinados sectores económicos cercanos a ARENA, lo cual no es en realidad una práctica nueva de este partido. Lo que llama la atención es que también el FMLN se haya alineado con ARENA para mantener los privilegios de ese sector, aun a costa de los intereses de los consumidores. Incluso para el FMLN era un buen momento para evidenciar las contradicciones en que recurrentemente cae el partido gobernante al pregonar ser defensor del libre mercado y a la vez negarse a liberalizar mercados.

Además del mercado del azúcar existen otros múltiples casos en los que se revela con claridad meridiana que los gobiernos de ARENA salvaguardan los intereses económicos de grupos empresariales de gran poder económico. Prueba de ello es la sistemática negativa a discutir los anteproyectos de ley de libre competencia y antimonopolio, los cuales fueron concebidos como herramientas para corregir imperfecciones del mercado muy arraigadas en el caso salvadoreño, como lo son el monopolio y el oligopolio.

Existen tres rubros que evidencian la tendencia gubernamental a favorecer a los grandes empresarios: el mercado de la cerveza, el mercado del cemento y el mercado del transporte aéreo. La cerveza es distribuida en El Salvador por una sola compañía, la cual funciona bajo condiciones monopolísticas que prácticamente han detenido, desde su inicio, el surgimiento de cualquier nueva empresa cervecera, concentrando todos los ingresos generados en la industria. En el caso del cemento se mantiene una clara política de proteccionismo hacia el sector (en realidad formado por dos empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial), al grado de haberse convertido en una de las temáticas "sensibles" de las negociaciones de libre comercio con México, ya que la intención del gobierno de El Salvador es mantener los aranceles para el cemento para proteger los intereses de la industria, aun a costa de los consumidores y de los demandantes de insumos.

Al igual que en los casos anteriores, el transporte aéreo de pasajeros es operado por una sola compañía, con base en El Salvador. TACA controla la mayor parte del mercado centroamericano y goza de proteccionismo por parte del gobierno de ARENA debido a que se ha bloqueado la implementación de una política de "cielos abiertos" que permitiría la competencia en igualdad de condiciones con otras compañías aéreas. De hecho, las tarifas de TACA alcanzan precios superiores a lo normal, dándose casos en los que, según los operadores de turismo, el precio de un vuelo Estados Unidos-Europa es menor al de un vuelo El Salvador-México, por ejemplo.

Otro caso reciente de instrumentalización del Estado para obtener ventajas en los mercados lo constituye el impasse en las negociaciones de libre comercio con México, el cual obedece a que los países negociantes (El Salvador, Guatemala y Honduras) se niegan a incluir en la lista de productos libres de aranceles a la cerveza, el cemento y los automóviles. Los dos primeros por razones conocidas; el tercero debido a que las principales empresas distribuidoras de automóviles (incluidos los ensamblados en México) son propiedad de influyentes miembros del sector empresarial de ARENA.

Un modelo económico en el cual, en su afán por alcanzar el crecimiento económico, se justifiquen y promuevan prácticas monopolísticas no fomenta el desarrollo, pues limita fuertemente las posibilidades de una distribución equitativa del ingreso. Por ello, es de vital importancia combatir decididamente estas prácticas de instrumentalización del Estado con fines de lucro. La actuación de la fracción legislativa del FMLN frente al caso del mercado de azúcar abre la interrogante sobre si dentro de su próxima oferta electoral se incluirá el tema del fomento de la libre competencia, el combate del monopolio y, por supuesto, el fomento de la micro y pequeña empresa. Temas cuya discusión pasa necesariamente por la eliminación de los privilegios de los grupos económicos que financian, dirigen y pertenecen al partido ARENA.

La globalización cuestionada

Aunque para muchos el fracaso del socialismo real fue la última y definitiva señal del futuro predominio del capitalismo como forma de organizar la producción y el consumo en todo el mundo, diez años después no puede decirse que el capitalismo real sea aceptado como la respuesta para los problemas de desarrollo en todos los países. Las muestras más recientes de esto han sido el boicot a la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle, Estados Unidos, y, hace sólo unos pocos días, las protestas en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la X Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Estas últimas incluso desbordaron en una agresión contra el Presidente saliente del FMI, Michael Camdessus, quien fue víctima de un "pastelazo" en pleno rostro, lanzado por activistas tailandeses furiosos por los efectos de las políticas del FMI sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

Coincidentemente, ambas protestas fueron lideradas por ONGs de desarrollo social, sindicatos obreros, ecologistas y miembros de la sociedad civil de los países en que ocurrieron. El principal cuestionamiento es que la globalización de la economía no está produciendo ningún beneficio para las economías en vías de desarrollo, sino más bien para las economías desarrolladas, las cuales imponen a los países pobres estrictos programas de apertura de sus mercados, mientras que a su interior practican políticas proteccionistas e, incluso, subsidian a sus productores. La situación sería tan clara que aun la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que "los gobiernos latinoamericanos y caribeños, como los demás países en desarrollo, están convencidos de que la instrumentación de sus obligaciones [de Acuerdos Multilaterales de Comercio] entraña costos superiores a los beneficios que obtendrán del pleno cumplimiento de los compromisos por parte de los países industrializados. Numerosas evaluaciones académicas de la Ronda de Uruguay han respaldado ese convencimiento".

Además, en varios países atrasados se han hecho cada vez más manifiestas las amenazas contra la gobernabilidad. Amenazas consistentes en diferentes tipos de conflictos laborales o no laborales relacionados con las políticas de estabilización y ajuste. Sin ir muy lejos, en El Salvador se han experimentado en la presente década diferentes conflictos sociales de gran envergadura, como la huelga en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social que arriba ya a su tercer mes de vida y que, según el sector sindical de la institución, pretende detener los procesos de privatización de los servicios de salud.

Por otro lado, se están generando enormes diferencias sociales debido a la desigual distribución del ingreso nacional, lo cual, lamentablemente, no es de extrañar en los países en vías de desarrollo en donde la principal ventaja "competitiva" es la venta de la mano de obra de su población a bajo precio. Sin embargo, sí es llamativo que la ampliación de las diferencias sociales haya llegado a afectar a los sectores obreros de los Estados Unidos; país que ha perdido cientos de miles de empleos de la industria de la confección debido a la emigración de empresas hacia países beneficiados por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, en los que, además de estar libres de impuestos, pagan salarios mucho menores y pueden exportar sin aranceles sus productos al enorme mercado estadounidense.

Si a lo anterior sumamos los dramáticos efectos de las severas crisis financieras mundiales de los últimos años, no es difícil concluir que el capitalismo "globalizado" adolece de contradicciones intrínsecas, como lo revela el hecho de que para generar riqueza necesita concentrarla. La prueba de ello es que, después de casi dos décadas de reformas económicas, continúan latentes las condiciones que justifican la exigencia de políticas tendientes a promover una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico y de la globalización, tanto entre países como entre grupos sociales.

El gobierno de El Salvador, que siempre se ha mostrado dispuesto a insertarse incondicionalmente a la globalización y al libre mercado, debe reflexionar sobre la pertinencia de continuar con sus políticas, sobre todo considerando que hasta los mismos sectores empresariales han reaccionado, en su momento, en contra de los procesos de liberalización comercial que se implementaron durante la década de 1990 y que tienen mucho que ver con la reducción del crecimiento de varios sectores productivos. Los esfuerzos más recientes del gobierno de cara a la globalización han sido la firma apresurada de un Tratado de Libre Comercio con Chile —que en realidad aún no está en vigor— y, posteriormente, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México. Sobre esas últimas el Ministro de Economía, Miguel Lacayo, habría expresado, a principios de diciembre, que las negociaciones se encontraban completas "en un 99%" y que se esperaba que el tratado fuera firmado "por teléfono". Más de dos meses después las negociaciones continúan y, al parecer, se han experimentado retrocesos debido a que México desea obtener más ventajas.

Antes de enfrascarse en negociaciones y tratados de libre comercio es necesario tener en cuenta que, tal como lo evidencian las manifestaciones reseñadas al principio, la globalización por sí misma no garantiza la consecución del desarrollo y por ello no debe ser el objetivo último de las autoridades económicas. Antes de pensar en eliminar las barreras al comercio y someter a la economía nacional a una competencia desigual con países como México y Chile, es necesario que se desarrollen programas de modernización de la agricultura y de reconversión industrial que tengan como eje transversal la promoción de la micro y la pequeña empresa; de lo contrario, los mayores efectos de la liberalización del comercio no serían el incremento de la producción, las exportaciones y el empleo, sino más bien la quiebra de empresas nacionales, la reducción de la producción y el empleo y el incremento de las importaciones.

Frente a la evidencia, los apologistas del capitalismo y la globalización no pueden menos que ser cautelosos sobre la viabilidad de este modelo tal como pretende imponerse. El mismo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pidió a las multinacionales tomar en cuenta las críticas recibidas contra la OMC en Seattle para obtener mayor apoyo al proceso de apertura económica. Por su parte, el presidente saliente del FMI, Michael Camdessus, señaló, después de la agresión sufrida en Tailandia y como cierre a su gestión de 13 años en el FMI, que el "foso" y el "abismo" entre naciones y clases sociales son "moralmente escandalosos, económicamente desastrosos y potencial y socialmente explosivos".

Esperemos que en El Salvador los partidarios incondicionales de la globalización y del libre mercado tomen nota de que los resultados del capitalismo continúan siendo tan cuestionables como lo eran hace 80 años. Por ello, aunque se requiera de la formulación de políticas económicas que recurran a las ventajas que ofrece el libre mercado, no por ello se puede renunciar a la intervención del Estado allí donde el mercado se oponga a los objetivos del desarrollo sostenible.

El gran negocio de la prostitución de menores

"Niños" y "niñas" son palabras que nos remiten a un mundo de juego, diversión, fantasía, inocencia y escuela. El mundo de la niñez es muy particular, aparentemente alejado de las responsabilidades sociales, de las preocupaciones, del trabajo y del estrés. La infancia es una etapa en la que se puede vivir, legítimamente, en una fantasía y dependiendo de las decisiones de los adultos. Pareciera que aquí la vida no corresponde al conocimiento de la realidad social, sino a un juego de descubrimientos y aprendizaje. Al menos esto es lo que debería ser teóricamente el inicio de la existencia. Sin embargo, aunque muchos niños son parte de este "mundo feliz", otros miles tienen que crecer y aprender en el mundo más duro: el de los adultos.

Estos niños tienen pocas —o ningunas— oportunidades de desarrollarse plena y naturalmente, pues sus días transcurren entre el trabajo, la limosna, el maltrato, el abuso y la explotación. Una gran porción de niños en el mundo es utilizada por los adultos como generadores de ingresos, como instrumentos de explotación. En este sentido, uno de los casos más inhumanos y aberrantes del abuso infantil es el de la explotación sexual. La prostitución infantil es, hoy por hoy, una industria floreciente y bien organizada. La Comisión de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas ha reportado que unos 10 millones de niños en el mundo están regularmente envueltos en sexo por dinero. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha estimado que, anualmente, por lo menos un millón de menores, la mayoría de ellos niñas, viven de la prostitución.

En países como El Salvador, donde la pobreza es uno de los problemas más agudos, las leyes padecen de serios vacíos y los programas y medidas contra la prostitución infantil son terriblemente escasos, este negocio se instala con facilidad. Aquí, la prostitución infantil se ejerce, principalmente, en locales que, disimulados bajo el nombre de "cervecerías", comercian con menores que no tienen hogar y viven en condiciones de extrema pobreza. La Policía Nacional Civil, en colaboración con la Fiscalía General de la República y el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM), ha realizado en los últimos meses una serie de allanamientos en este tipo de locales en los que en la mayoría de las veces se ha rescatado a menores prostituidos.

En mayo de 1999, 10 prostíbulos clandestinos fueron descubiertos y 3 menores prostituidas, de las cuales una se encontraba embarazada, fueron trasladadas al ISPM. El 20 de noviembre del mismo año, 17 adolescentes fueron rescatadas de 12 prostíbulos y burdeles, y 5 personas fueron detenidas por el delito de inducción, promoción y favorecimiento del ejercicio de la prostitución, contemplado en el artículo 169 del Código Penal. Otra noticia informaba sobre el allanamiento en 14 "cervecerías", realizado el 28 de noviembre de 1999, en las cuales fueron encontrados tres menores: una nicaragüense, una hondureña y el hijo de esta última, un menor de 2 años. En no pocas ocasiones, los dueños de estos negocios proporcionan a las menores cédulas de identidad falsas para despistar a las autoridades.

El tráfico de menores para la prostitución se magnifica aceleradamente. Se afirma que actualmente este delito (junto al de tráfico de mujeres) ocupa el tercer lugar en la lista de los negocios ilícitos más rentables a escala mundial, antecedido por el tráfico de drogas y la venta de armas de fuego. La UNICEF ha señalado que en "este negocio de la prostitución se manejan alrededor de 20 mil millones de dólares por año" ("Prostitución Infantil IV", Noticieros Televisa, 1998). Sabiendo que el 40% de los menores salvadoreños viven en la extrema pobreza, no es de extrañar, pues, que El Salvador sea un país con alto índice de prostitución infantil,

El turismo sexual, la pornografía infantil y la pedofilia son los tres rostros de este fenómeno. Guatemala, El Salvador y Honduras son países en los que ya se practica el llamado "turismo sexual"; es decir, "que personas de otros países llegan a la región para satisfacerse sexualmente con menores". La relativa facilidad con la que se burlan las leyes en estos países es uno de los mayores atractivos para que extranjeros acudan a buscar "favores sexuales" en la región, acción que, generalmente, no se atreverían a realizar en sus propios países ("Prostitución en Guatemala", Siglo Veintiuno, 1998).

La pornografía infantil es una industria aparte, pero dependiente de la explotación sexual infantil. Alrededor del mundo existe un mercado de considerable solidez para esta modalidad del abuso infantil. El medio más inmediato y factible para acceder a ella es el Internet, cuyo uso es más popular y barato cada vez. Éste también sirve para conocer y establecer contactos con los destinos de turismo sexual. En la red existen más de 450 mil sitios de contenido sexual, de los que al menos 10 mil difunden este tipo de pornografía (¿fuente?).

Finalmente, la pedofilia es un tema poco investigado en El Salvador, pero más común de lo que se imagina. Se trata de adultos que mantienen relaciones sexuales con menores. La pedofilia es, en muchos países, considerada un delito y, como tal, existen leyes que la sancionan penalmente bajo la lógica de que la relación sexual entre un adulto y un menor es una relación de explotación. Ahora bien, la legislación salvadoreña no tipifica este delito, aun cuando el problema es por demás común. Generalmente, las relaciones de este tipo suelen darse entre hombres y niñas, en especial cuando hay un vínculo de dependencia económica. Tradicionalmente se cree que cuando una niña se supedita sexualmente a un adulto es por que resulta ser una "buena" alternativa ante la pobreza, la necesidad y la escasez, sobre todo cuando es la familia de la menor la causante de su explotación.

En fin, la explotación sexual infantil es más alarmante de lo que aparenta porque se expande en silencio, a grandes zancadas y las redes que aseguran su funcionamiento están altamente organizadas. Por fortuna, la legislación salvadoreña no es del todo ciega ante esta situación. Los artículos 167, 168, 169 y 173 del Código Penal sancionan los delitos de explotación, promoción, inducción y favorecimiento de la prostitución infantil. Asimismo, se plantean la sanción a personas que se dedican a la pornografía infantil. Las penas para estos delitos son, sin embargo, risibles. El máximo castigo es de 12 años de prisión cuando el delito es extremo, pero, por lo general, la sentencia no rebasa los 4 años de cárcel.

"La Red contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescente de El Salvador" es casi la única institución que previene e investiga la prostitución de menores; que vela y promueve el respeto a los Derechos de la niñez, consignados en la Convención de los Derechos de la Niñez de la ONU, y que divulga y promueve la aplicación de la Agenda Contra la Explotación Sexual Comercial, firmada en 1996. Es alentadora la continuidad de los allanamientos realizados por las instituciones competentes, pero no es suficiente. Se necesita de una ley específica para la explotación infantil, reformas a los actuales códigos y acciones más efectivas, globales y preventivas.

Para El Salvador: ¡salud!

A estas alturas, la prolongada crisis del Seguro Social ha resultado ser una especie de obra teatral bastante complicada que casi raya en el absurdo. Hasta hoy, sus protagonistas destacados han sido parte del personal administrativo y técnico, autoridades de la institución y funcionarios gubernamentales de alto y mediano nivel. El escenario: la casi permanente lucha partidarista, en un país condicionado por un apretado e insoportable calendario electoral. En la cartelera luce, con todas sus letras, algunos posibles títulos que ahora giran alrededor de la privatización. Algunos medios, dan cabida a una supuesta "crítica especializada"; abundan las personas que intentan exponer, a veces con mucha dificultad, sus "análisis" con aires de infalibilidad y buenas dosis de subjetividad. Y la población salvadoreña —que es la más afectada por la mala calidad de los servicios de salud en general— permanece como la obligada espectadora en medio de una información cruzada y contradictoria, de valoraciones divididas y posiciones intransigentes; sentada en su butaca, la gente "común y corriente" sigue sin saber de qué lado se encuentra la verdad mientras escucha un guión poco atractivo, cargado de lugares comunes por una parte y eufemismos retóricos por la otra, que en nada ayudan a fomentar su participación.

El mensaje central de la "puesta en escena" tiene que ver con la deficiente calidad del sistema nacional que en teoría debe garantizar la protección de la salud. Hay quienes sostienen que eso responde a la mala administración gubernamental; hay quienes dicen que la culpa se debe buscar entre el personal que atiende mal a las personas usuarias por falta de mística, debido a que tienen demasiados privilegios. De cualquier forma, el caso es que —mientras en esa "sala de espectáculos" llamada El Salvador la obra se complica cada vez más, adquiriendo niveles de drama— a la población se le continúa negando la realización de un derecho básico.

Esto último no es invento nuestro. A finales del siglo XIX, el tema de la salud comenzó a enfocarse desde esa perspectiva; asimismo, se empezó a dejar sentada la necesidad de una administración estatal capaz de responder con calidad en este terreno a todas y todos sus integrantes. En la evolución de esa discusión se logró llegar hasta la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1946; entonces se dijo lo siguiente: "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económico social". Además, en el preámbulo de la Constitución de la OMS quedó establecida una importante definición; la salud —se afirmó entonces— "es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Dos años después, en 1948, tanto la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre como la Declaración Universal de Derechos Humanos lo incluyeron en sus artículos XI y 25, respectivamente.

En nuestro país, el reconocimiento de ese derecho también se encuentra contemplado de manera clara. Como lo registra Francisco Bertrand Galindo en un estudio sobre el tema a solicitud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta 1950 no existía ninguna norma constitucional que incorporara el concepto de salud; hoy en día, la cuarta sección del segundo capítulo dentro de nuestra Constitución trata sobre la salud y la asistencia social. Entre otras cosas, se habla de un "bien público" cuya conservación y restablecimiento debe ser garantizado por el Estado y las personas; asimismo, se determina la "asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos".

En la "Exposición de motivos" elaborada por la comisión que redactó el proyecto de la Constitución vigente, se encuentra un texto que debería ser considerado en serio para iluminar la discusión actual. La salud es —según se afirma en el documento— "uno de los factores más determinantes en la consecución de ese bien común que se valora como una de las metas finales de la organización estatal. La persona humana no es un ser abstracto sino viviente, cuyas necesidades primarias son corporales. En tal sentido, la salud preventiva como curativa, es parte de los medios que el Estado debe promover para la realización de sus propios fines". Y se agrega lo que sigue: "La realidad salvadoreña hace que el Estado tenga que definir y aplicar determinadas políticas de salud". Sobre esa base, la comisión redactora de nuestra Constitución dejó establecido "con claridad que la política nacional de salud es determinada, controlada y supervisada por el Estado". A esas referencias de la normativa internacional y nacional, se deben agregar otros insumos más prácticos para ser considerados. Veamos.

Hace apenas dos años, iniciando 1998, la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) le propuso al pueblo salvadoreño algo: "pensar en grande"; según la CND, de esa manera también se podría "hacer grande a nuestro país: El Salvador". Así arrancó un esfuerzo real de consulta y participación impulsado por la administración del doctor Calderón Sol; dicho esfuerzo fue conocido como "Bases para el Plan de Nación" o, simplemente, como "Plan de Nación". Pero poco importa cómo lo hayan llamado; al final de cuentas, no se logró impulsar lo que —con algo de pretensión o, quizás, demasiada ingenuidad— se planteó entonces como la activación de un "dinamismo social" mediante el cual se podría brindar "soporte a la toma de acuerdos nacionales" en aras de "lograr el desarrollo integral del país".

Vale la pena rescatar las condiciones básicas que se establecieron para obtener, de esa experiencia, algunos planteamientos y propuestas interesantes: autonomía de funcionamiento y para la producción teórica de cada una de las mesas, a partir de las mismas instrucciones y propuestas al momento de su arranque; involucramiento de las personas desde una perspectiva individual, libre de posiciones institucionales y por encima de cualquier vinculación o restricción de cara a su opinión pública o posición política sobre el tema tratado; participación indelegable e intransferible; mesas concebidas como espacios abiertos a la participación y en capacidad de expandirse; un solo compromiso de las personas participantes: la producción de un informe que, posteriormente, debía ser difundido sin modificar sus conclusiones; la integración de las mesas debía caracterizarse por la pluralidad de posiciones. En ese marco y conocidos el producto de la mesa que abordó la reforma del sistema de salud, es válido imaginar que si el "Plan" o sus "Bases" se hubiesen asumido con seriedad por parte del presidente Francisco Flores y quienes están tras él, el escenario actual y la obra en exhibición deberían ser otros.

No obstante el desperdicio de recursos invertidos y el desprecio a las propuestas que resultaron de la experiencia coordinada por la CND, muchas de ellas atinadas, quedan algunas cosas que ahora nos pueden servir como insumos en cualquier discusión seria y responsable sobre los asuntos más trascendentales para la Nación. En el caso de la salud, encontramos un buen diagnóstico que reclama y merece ser conocido y considerado de verdad.

La mesa especializada encargada de este tema entregó un documento que, en su introducción, hacía referencia a la reforma del sistema de salud como "un proceso que además de urgente es de naturaleza prioritaria e impostergable". Desde el inicio de su planteamiento, las personas que participaron en esa mesa —integrada de forma muy plural— establecieron la necesidad de realizar cambios estructurales y jurídicos "en el modelo de atención de salud de la población y del ambiente", así como en "la manera de administrar y financiar los servicios"; todo ello, sobre la base de "un alto grado de voluntad política" y "fuerte liderazgo".

Se detectaron algunos aspectos positivos en lo relativo al sistema de salud, entre los que resaltan ciertos esfuerzos para ampliar la cobertura. "Se han realizado —dice el texto— grandes esfuerzos para ampliar la red de servicios en cuanto a infraestructura, horarios de atención al público y equipamiento; sumando a la capacidad instalada de la seguridad social y la oferta de servicios privados, se puede considerar que en términos generales se cuenta con una red de servicios que podría satisfacer la demanda de la población nacional". ¡Qué bueno! Sin embargo, hay algunos problemas graves que cuestionan ese logro.

Aunque se haya extendido la capacidad de atención al público hasta una dimensión capaz de incorporar a toda la gente, para la mayoría de la población —sobre todo aquella que vive en condiciones de extrema pobreza— no existen las condiciones reales que le permitan beneficiarse de ese estado de cosas. Lo que se define en el documento como la "inequidad en el acceso a los servicios de salud" tiene que ver entonces con factores económicos, geográficos, culturales y de confianza; entre ellos, destacan los siguientes: incapacidad para pagar consultas y/o medicinas, condiciones negativas en lo relativo a las vías de comunicación, costo del transporte, atención impersonal y autoritaria, desigual distribución geográfica del personal especializado, falta de equipo y medicinas.

A lo anterior, se deben agregar dos aspectos que cuestionan con fuerza el avance ya mencionado. El primero tiene que ver con la incapacidad del sistema para estar cerca de la gente y resolverle sus problemas de salud más comunes, debido a "la gran concentración de la oferta técnica y tecnológica en los grandes centros nacionales con desatención a los niveles regionales y locales"; el segundo: las "formas de organización y administración de los recursos de salud, tanto financieros y físicos, como de recursos humanos y tecnológicos, muestran duplicaciones y desperdicios evidentes, debidos a la centralización, los esquemas gerenciales burocráticos, falta de personal debidamente capacitado, deficientes sistemas de información gerencial, sobrecarga de tareas no prioritarias y otras".

Todo ello ocurre en medio de un evidente desfase entre la evolución del sector y sus exigencias de cambio frente al marco legal que lo regula en la actualidad; así, muchos vacíos del sistema de salud no pueden ser llenados porque la misión de las instituciones que lo integran no están en sintonía con las actuales demandas de la sociedad salvadoreña. Pero tanto el marco legal y la concentración de servicios, como la desigualdad de condiciones en el acceso a los servicios de salud, pueden explicarse en cuatro palabras: sus causas son estructurales.

La realidad es que, en estos momentos, El Salvador enfrenta una de las crisis más profundas de su sistema de salud; el principal afectado, no por casualidad, es el pueblo salvadoreño. Aunque el diagnóstico es poco alentador, darse cuenta de las debilidades y sus causas reales resulta ser un muy buen paso para revertir la situación. Lo fundamental en estos momentos es buscar soluciones; soluciones inclusivas que tomen en cuenta, de forma equitativa, las necesidades de todas y todos los salvadoreños. Porque se debe insistir: la salud es un derecho esencial para cualquier ser humano; ello, independientemente de su condición social, política o económica.

Ya duró mucho en cartelera esa tragicomedia dentro de la cual se encuentran enredados sus protagonistas, afectando más la salud y la confianza de una población cansada de sus serias carencias materiales y con menos esperanza en los políticos del país. En lugar de seguir en eso, bueno sería empezar a considerar los elementos que ahora comentamos junto a la propuesta incorporada en el "Plan de Nación", para orientar la discusión y obtener logros verdaderamente positivos en favor de las mayorías; eso es posible si las partes enfrentadas, pese a lo que han mostrado hasta ahora, comienzan a sacar a flote un sincero interés de caminar en tal dirección.

PROCURADOR. Luego de la renuncia del procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, el pasado 08,02, el asunto sobre la mesa es la elección del sustituto al cargo. Esta se decidirá con base al acuerdo con el que el líder del movimiento renovador del FMLN, Facundo Guardado, y el jefe de la bancada arenera, Walter Araujo, negociaron la elección del Fiscal General de la República. Los areneros lograron que todos los diputados de izquierda votaran por Belisario Artiga a cambio de apoyar la destitución de Peñate. Y aunque este último renunció, ARENA se muestra dispuesta a pagar la deuda. Araujo se reunirá con Guardado para discutir la elección del sustituto del Procurador. Se ha conocido que la tendencia reformista aboga por la socióloga y catedrática de la UCA, Zoila de Inocenti, quien al parecer es del agrado de ARENA. Este partido, sin embargo, esperará hasta después de las elecciones para hacer pública su posición. El 09.02 se supo que las fracciones minoritarias y ARENA votarían a favor de Mauricio Meyer, fundador del ex partido LIDER, para el cargo de procurador. Esta coalición partidaria le concedería a Meyer 57 votos, los suficientes para ganar. Meyer ocuparía el puesto el tiempo suficiente para limpiar la imagen de la PDDH. Al terminar, lo sustituiría el candidato de la tendencia izquierdista y así el pacto llegaría a su fin. (EDH, 10.02, p.12).

POLÉMICA. Nuevamente el pleno legislativo se convirtió en el escenario para que los diputados realizaran su campaña proselitista. Los dos jefes de fracción de los principales partidos, Walter Araujo, de ARENA, y Shafick Handal, del FMLN, "se enfrentaron en una guerra de acusaciones y contraacusaciones". "Yo no he matado, Shafick, y tú sí. Tú has tenido secuestrado a un menor de edad y todo el mundo lo sabe", expresó eufóricamente Araujo, luego de que Handal manifestara que Araujo no tenía derecho moral para manchar el prestigio del partido de izquierda, por encontrarse como imputado en el asesinato de Siegfried Guth Zapata. Por su parte, Araujo acusó a Handal de haberle pagado 50 mil colones al testigo clave para que lo incriminaran en dicho asesinato. "Tengo el valor de decírtelo en tu cara", le gritó Araujo al efemelenista. Los gritos e insultos llegaron a tal extremo que las bancadas legislativas del Partido Demócrata Cristiano y el Partido de Conciliación Nacional decidieron abandonar el pleno en señal de rechazo a la actitud mostrada por los legisladores. "Nos vamos a salir, los vamos a dejar peleando y cuando termine este circo vamos a regresar", manifestó Aristides Alvarenga, del PDC. El presidente de la Asamblea, Juan Duch, decretó un receso para reunirse con los jefes de fracción y calmar los ánimos (EM, 03.02, p.6).

VIOLENCIA. Según la Policía Nacional Civil (PNC) en los últimos meses la criminalidad disminuyó en 31 por ciento. Sin embargo, los datos de la Fiscalía y las estadísticas policiales revelan que los índices de violencia son similares a los de la época bélica. Al menos así lo valora la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). La Fiscalía General de la República recibió durante 1999 un total de 12 mil 276 denuncias relacionadas con la violencia doméstica; es decir, unos 33 casos diarios de violencia contra niños y mujeres dentro de sus familias. La mayoría de delitos son violaciones sexuales, irresponsabilidad paternal y maltrato físico o verbal. Pero la violencia en las familias es sólo una de las caras de un problema "cuasi bélico" en el país. Según cifras de FUSADES, las muertes violentas en la actualidad se asemejan —en cantidad— a las que prevalecieron en los años de la guerra civil. "Tenemos un promedio de 139 muertes anuales por cada 100 mil habitantes", señaló el director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales, Roberto Rivera. Por otro lado, según la Dirección General de Estadísticas y Censos, este año acaecen 21 muertes violentas por día. Durante 1999, la PNC reportó dos mil 278 homicidios, que equivalen a 6 asesinatos por día, de los cuales sólo se logran detenciones en la mitad de los casos (EM, 03.02, p.5).

AZÚCAR. La Asamblea Legislativa aprobó, el 09.02, por 78 votos, un decreto transitorio que autoriza al Ministerio de Economía regular las ventas internas de azúcar por parte de los ingenios que operan en el país. La Ley Transitoria del Ordenamiento de la Agroindustria Azucarera fue propuesta inicialmente por el FMLN y ARENA. El acuerdo, que fue apoyado por los demás partidos, se produjo luego de que dueños de ingenios azucareros y productores acusaran al ingenio El Carmen de vender el 100% de su producción en el mercado local, lo cual era considerado por dichos grupos como "competencia desleal", según el dirigente cañero Gustavo Chiquillo. Para los diputados, la ley transitoria aprobada, que regulará la producción hasta el 31 de octubre de 2001, viene a establecer las reglas del mercado a través de la equidad, pero también a endurecerla contra quien abuse. Jorge Villacorta, del CDU, sostuvo que con la aprobación de la ley se está demostrando que "nos vamos a oponer a cualquier monopolio, estamos en contra de los vicios del mercado". Orlando Arévalo, de ARENA, afirmó que "nuestro objetivo es responder a la confianza del sector y lograr una equidad en las ventas". Por su parte, Roberto Lorenzana, del FMLN, insistió en que "con esta ley se vendrá a poner orden en medio del desorden, con justicia..." (LPG, 10.02, p. 39).

COSTO. Los industriales agremiados en Dulces y Bocadillos de El Salvador (DULBOSAL) se quejaron de los altos costos que les representa el azúcar en el mercado nacional, pues en el extranjero dicho producto se comercializa a precios inferiores. En ese sentido, los empresarios solicitaron una reducción del precio del azúcar que utilizan para la elaboración de dulces y chocolates. Datos de la industria revelan que mientras el precio del azúcar local se cotiza arriba de 20 dólares el quintal, en el mercado mundial vale seis dólares, situación que no satisface a los industriales del país. El vicepresidente de DULBOSAL, Carlos Melgar, manifestó que los precios que actualmente pagan por el azúcar restan competitividad al sector de confiteros. "Compramos al mismo precio de todo comerciante a ¢200 el quintal, por lo que competir en el mercado nacional o mundial tiene costos muy altos", afirmó Melgar. En este sentido, indicó que para competir en el mercado en condiciones aceptables es necesario que el precio de venta del azúcar disminuya al menos 40 por ciento (que el quintal cueste menos de 120 colones). "En México existen altos subsidios para el sector y se les protege con altos aranceles a las importaciones, situación que les favorece", ejemplificó Melgar. Cifras en el mercado indican que, en los últimos años, las importaciones de confites aumentaron en 62% (LPG, 14.02, p. 49).

SINDICALISTAS. Magistrados de la Cámara Primero de lo Laboral aclararon, el 14.02, que la resolución emitida el pasado 11.02, sobre los despedidos del Seguro Social, no ordena el reinstalo de los 221 trabajadores a la Dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Uno de los magistrados, Wilfredo Sánchez, manifestó que "la Cámara lo que ha resuelto es que ha habido violación de varias cláusulas y normas del Código de Trabajo, pero eso no significa reinstalo. Lo que la Cámara ordena es que se incumplió". Julio Fernández, también magistrado de la Cámara Primero de lo Laboral, explicó que "en la legislación salvadoreña no hay derecho a reinstalarse". A partir de tal aseveración, el trabajador afectado tendrá que recurrir al tribunal competente para reclamar sus derechos por haber sido despedido. La Cámara se pronuncia sobre la violación de las cláusulas 36 (referida a la estabilidad del puesto de trabajo) y 73 (que se refiere a la suspensión colectiva de los trabajadores) del Contrato Colectivo de Trabajo; y de los artículos 29 (sobre la obligación del pago de los salarios por parte de los patronos) y 30, inciso cinco (que está relacionado con la discriminación al trabajador por ser sindicalista) del Contrato de Trabajo. Según parece, los trabajadores tendrán un plazo de 10 días, siguientes a la fecha de notificación, para reclamar sus derechos y las prestaciones pertinentes por el despido indebido (EDH, 15.02, p. 3).