Editorial Salud y lucro

Economía Nos encaminamos hacia el estancamiento

Opinión Pública Los salvadoreños frente a las elecciones legislativas y municipales de 2000

Derechos Humanos Superando la Impunidad

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En el análisis de coyuntura económica del segundo semestre de 1999 se hace un esfuerzo por leer la evolución de los principales agregados económicos a partir de su comportamiento a lo largo de la década de los noventa. En tal sentido, se interpreta la coyuntura como el resultado acumulado de lo acontecido en años anteriores, junto con los acontecimientos particulares del último semestre.

En el umbral de un nuevo siglo, El Salvador se encuentra en un período de crecimiento cercano a cero, y la economía no logra despegar. Es decir, el país ya no puede conseguir las altas tasas de crecimiento necesarias para reducir la pobreza y entrar a una etapa de desarrollo sostenible, sin que se hagan importantes transformaciones en la estructura de relaciones económicas y sociales. En 1999 el producto interno bruto (PIB) creció 2.2% y el PIB per cápita 0.1%. En promedio, en el período 1992-1999, el PIB per cápita creció 2.7% al año, concentrándose el crecimiento en la primera mitad de la década, y manteniéndose muy débil en la segunda.

Con respecto a la evolución sectorial de la economía, se evidencia que el sector que más creció —es decir, el que impulsó el escaso crecimiento que se logró este año— fue el sector industrial (el cual cada año crece más despacio). El índice de volumen de la producción industrial creció 5 por ciento en su promedio móvil al mes de noviembre, comparado con 8.9 por ciento en 1998. En segundo lugar, se encuentra la agricultura, cuyo crecimiento se estima en 3.7 por ciento anual, y responde más a condiciones climatológicas que a una reactivación del sector, el cual ha mostrado señales claras de estancamiento a lo largo de la década. El resto de sectores no ha mostrado un crecimiento ejemplar durante 1999, lo que deja a la economía sin un eje de acumulación en torno al cual crecerían los demás sectores.

Por su parte, la evolución del empleo refleja el comportamiento de los sectores productivos y un deterioro en la calidad de vida de los salvadoreños. La tasa de desempleo abierta llegaba a 6.5 por ciento en noviembre de 1999, y la tasa de subempleo alcanzó un promedio de 32.2 por ciento en 1999. Así mismo, la evolución de los últimos seis meses —visto de desde el punto de vista de la tasa de desempleo o del número de cotizantes activos en el sistema privado de pensiones— muestra un deterioro de la situación laboral. A penas dos tercios de la población económicamente activa se encuentra plenamente ocupada, mientras que aproximadamente un tercio de la misma se ve sometida al flagelo del desempleo o el subempleo, donde la calidad y la remuneración del trabajo no permiten satisfacer las necesidades más elementales.

De modo similar, la evolución de los macro precios apunta a un estancamiento en la demanda agregada. Por un lado, la inflación anual, a partir del índice de precios al consumidor, fue del -1% en el mes de diciembre de 1999. El fuerte incremento en los precios del petróleo a lo largo de 1999 comienza a dar señales de presión sobre los precios de los productos industriales, lo que puede incidir posteriormente en una mayor inflación para el año 2000.

Por el lado de los salarios reales, si bien el salario promedio real —medido a partir del ingreso básico cotizable de las AFPs— muestra un crecimiento del 14% con respecto a 1990, este último año sólo creció 0.7%. Mientras que los salarios mínimos permanecen prácticamente estancados en su nivel de 1990. Más aún, cabe recordar que tradicionalmente la distribución del ingreso en El Salvador refleja un modelo excluyente. Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 1998, el 20% de las familias más pobres recibe el 5.7% del ingreso, mientras que el 20% de los hogares más ricos recibe el 48% de los ingresos. Ambos factores, unidos al fenómeno del subempleo y desempleo, son razón suficiente para pensar en una demanda de consumo deprimida, aunada al problema del crecimiento económico mencionado anteriormente.

Adicionalmente, tasas de interés activas reales que llegaron a 16.3% en diciembre de 1999, junto con las comisiones por las transacciones financieras, implican un elevado costo para las empresas, lo que conlleva a una disminución en la demanda por inversión y vivienda. Finalmente, el deterioro en el tipo de cambio efectivo real, es decir, la apreciación de la moneda en más del 50% a lo largo de la década, resultado del flujo de divisas, conlleva a un mayor crecimiento en las importaciones, contribuyendo al desequilibrio externo de nuestra economía.

En cuanto a los agregados monetarios, se encuentran indicios claros de una política monetaria restrictiva y de que existe un esfuerzo deliberado por conducir la economía hacia un esquema de caja de convertibilidad o de dolarización. Los datos que sustentan este argumento son: (a) la reducción en el crecimiento de la oferta monetaria M2 y M3, que crecieron 6.4% y 7.3%, respectivamente, en 1999, comparadas con tasas de crecimiento por encima del 20% en la primera mitad de la década; (b) el alza en el encaje legal, que prevaleció a lo largo de casi todo el año, ya que apenas los indicadores del 24 de noviembre de 1999 regresaron a su nivel inicial de noviembre de 1998; (c) la compra neta de dólares por parte del Banco Central de Reserva, que ha conllevado a tal aumento de los activos externos netos de la Base Monetaria que representan el cien por ciento de aquélla, y de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que en noviembre llegaban a representar un 118.6% de la Base Monetaria y 6.9 meses de importaciones; (d) la política de esterilización del BCR, de tal manera que la emisión de títulos valores llegaba a 6,340.8 millones de colones en noviembre de 1999, comparado con 2,890 millones en diciembre de 1996.

Estos hechos ayudan a explicar en parte la existencia de tasas de interés reales elevadas. También es de lamentar que los esfuerzos de esterilización del BCR conduzcan a la desviación de fondos financieros que podrían destinarse a la inversión productiva. En noviembre, 495.9 millones de colones de las AFPs, 353.6 millones de los bancos comerciales y 3,937.1 millones de la bolsa de valores estaban invertidos en títulos valores emitidos por el BCR.

El sector bancario ha mostrando una tendencia a la concentración del mercado, reforzando su estructura de competencia monopolística. Así se tiene que, con las fusiones recientes de Bancorp y el Banco Capital, y la del Banco de Comercio con Atlacatl, el índice de concentración IHH subió de 1,274.5 en marzo de 1997 a 1353.0 en septiembre de 1999. De materializarse la fusión entre el Banco Desarrollo y el Banco Agrícola Comercial, este índice subiría a 1,738.2 en el año 2000. Es de destacar que la entrada de capitales extranjeros, (como el Hamilton Bank en el Unibanco, o el Scotiabank en Ahorromet) y la presencia de accionistas extranjeros en otros bancos no ha logrado revertir esta tendencia hacia la concentración bancaria. Si bien hay varios factores que explican el mantenimiento de altas tasas de interés —como se mencionó en el párrafo anterior—, la estructura de competencia monopolística de los bancos no se puede pasar por alto como posible factor explicativo. En tal sentido, aunado a las altas comisiones que cobran los bancos por algunas de las transacciones financieras, el sector puede convertirse en un generador de estancamiento y, en lugar de ser un apoyo para impulsar el crecimiento, puede ser un obstáculo más a enfrentar.

En el segundo semestre de 1999 continuó el deterioro de la cartera de los bancos, al aumentar la mora bancaria hasta un 7.33% de los préstamos brutos; mientras que el crecimiento a septiembre de los depósitos y de los activos totales (5.66% y 5.52%, respectivamente) es mucho más bajo que los obtenidos en 1997 y 1998, reflejando lo difícil que se encuentra la situación económica. En el mes de septiembre, se aprobó la nueva Ley de Bancos, la cual hace más estricta la supervisión y los requerimientos de funcionamiento de los bancos, con el objetivo de lograr estabilidad en el sistema financiero; sin embargo, además de una legislación adecuada, se necesitan instituciones fuertes que la hagan efectiva. La Superitendencia del Sistema Financiero, el Instituto de Garantía para los Depósitos y el Banco Central de Reserva deberán demostrar que logran este objetivo plasmado en la ley.

A más de un año de la instauración del nuevo sistema de pensiones, el valor nominal de los fondos llegaba a ¢1,835 millones en diciembre de 1999, representando aproximadamente un 1.8% del PIB. Esto ha llevado a las AFPs a saturar el mercado de valores, en el sentido de que éstas casi no encuentran opciones de inversión. En octubre, el 97.8% de los fondos de pensiones estaba invertido en instrumentos de renta fija, la mayoría en instrumentos públicos —incluyendo los títulos valores emitidos por el BCR y las emisiones de los bancos—, mientras que apenas un 2.2% correspondía a instrumentos de renta variable, casi en su totalidad perteneciente a la empresa Telefónica. Por otra parte, las AFPs representaban 48.4% del mercado secundario de la bolsa de valores.

Las finanzas públicas continúan siendo el talón de Aquiles de los últimos años. El déficit fiscal alcanzó un 3% del PIB en 1999, la proporción más alta desde 1993. Esto se explica por la evolución asimétrica que existe entre los gastos y los impuestos. Mientras los gastos han aumentado su participación sobre el PIB (de 12.82% en 1997 a 13.99% en 1999), la carga tributaria se mantiene estancada por debajo del 11%, llegando a apenas 10.78% en 1999. Para el año 2000, se ha proyectado un meta de déficit fiscal de 2.6% del PIB que se sustentaría en un incremento en la recaudación tributaria a 12.6% del PIB, lo cual no se considera factible dada la evolución de los últimos años. Adicionalmente, la reforma de pensiones implica un incremento en el gasto público de ¢452 millones en el año 2000. Por supuesto, cabe esperar en cada año subsiguiente incrementos adicionales mayores, para lo cual el gobierno no ha explicado cómo va enfrentar dicho problema, a pesar de ser una situación perfectamente previsible.

Continuando con la política fiscal, por primera vez en tres años, el año 2000 comienza con un presupuesto aprobado. Consistente con la evolución de años anteriores, el gasto en Desarrollo Social aumentará su participación a 37.2% del total de los gastos por área de gestión, comparado con un 32.1% en 1997. Sin embargo, el gasto referente al Apoyo al Desarrollo Económico reduce su participación de 14.4% en 1997 a 10.6% en el año 2000. Si bien el incremento del Gasto en Desarrollo Social —que incluye gastos en educación y salud— es muy positivo para el desarrollo nacional, se cuestiona la reducción del gasto en Apoyo al Desarrollo Económico, al no dejar clara cuál es la intención del gobierno al respecto. Ante las urgentes necesidades sociales del país y la paz alcanzada a nivel centroamericano, no se entiende por qué el Ramo de la Defensa Nacional todavía absorberá el 5.2% del presupuesto nacional —es decir ¢950.3 millones de colones—, cuando ya el Ramo de Seguridad y Justicia tiene asignados ¢1,468.4 millones de colones.

A pesar de la solvencia de la que goza el país, el sector externo sigue mostrando serias debilidades. La balanza comercial obtuvo un déficit equivalente a 13.2% del PIB, lo cual se explica por la desarticulación productiva de los diferentes sectores económicos y el fuerte flujo de remesas familiares. Sin embargo, a lo largo de esta década, se observa una tendencia a disminuir la vulnerabilidad externa, dado que la relación exportaciones entre importaciones ha aumentado de 47.8% en 1991 a 61.1% en 1999. Esto es positivo considerando que este ha sido un año adverso para las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones apenas crecieron 2.1% a lo largo del año, en contraste con las altas tasas de crecimiento en años anteriores. La caída de las exportaciones se explica por la baja en los precios del café, la pérdida de dinamismo de las exportaciones no tradicionales al resto de Centroamérica (las cuáles crecieron 2.2% en 1999) y de las exportaciones de maquila, que también crecieron menos que el año anterior.

Por otro lado, el déficit en cuenta corriente llegó a 1.6% del PIB en el mes de septiembre, un porcentaje bastante bajo comparado con el déficit en la balanza comercial. Esto se logra por el enorme flujo de remesas familiares, las cuales representaron aproximadamente un 11.2% del PIB en 1999. Por su parte, la cuenta de capital experimentó un saldo positivo de 0.7% del PIB al mes de septiembre, el cual es mucho menor que los saldos positivos obtenidos en años anteriores.

Finalmente, la deuda externa pública llegó a un 23.1% del PIB, manteniéndose en niveles similares a años anteriores. Mientras que la relación entre los servicios de la deuda y las exportaciones de bienes alcanzó un 21.8%.

El objetivo de los análisis de coyuntura es hacer un diagnóstico de la situación económica, distinguiendo entre los fenómenos de largo plazo y aquellos de corto plazo que corresponden al período analizado. En tal sentido, se trata de entender dónde estamos y a dónde vamos, y por lo tanto se busca hacer un pronóstico y un comentario sobre lo que se espera para el año 2000.

Así, tenemos que el escaso crecimiento económico observado en los últimos cuatro años cuestiona seriamente el rumbo que lleva el país. Durante la primera mitad de la década de los noventa se lograron altas tasas de crecimiento. No sería aventurado asegurar que aquellos fueron años de crecimiento "fácil", favorecidos por la firma de los Acuerdos de Paz, la ayuda extranjera para cumplir con aquéllos, la reactivación de los sectores productivos ante un mayor optimismo y la expansión en la utilización de recursos productivos que habían permanecido ociosos por el conflicto. Recursos productivos tales como la mano de obra, el capital y la tierra, aunado a un "boom" de consumo y del mercado de bienes raíces. Sin embargo, a partir de 1996, El Salvador ha entrado en una tendencia al estancamiento, ya que con la limitación de recursos no se puede aumentar el crecimiento si éste no se basa en incrementos en la productividad y la eficiencia. En tal sentido, los esfuerzos de todos los sectores y actores del país deben ser monumentales.

Al problema del escaso crecimiento hay que agregar las enormes deficiencias sociales que existen en el modelo económico imperante. Si bien el análisis no ha sido exhaustivo en este campo, con los datos aquí presentados se evidencian altos niveles de desempleo, el estancamiento por una década de los salarios mínimos reales —que es la moda estadística para la gran mayoría de los trabajadores—, el lento crecimiento de los salarios reales promedio y la concentración del ingreso —en que el 20% de las familias más pobres reciben a penas el 5.7% del ingreso. Todo lo cual se traduce en cientos de miles de personas viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En este contexto, encontramos que a lo largo de los últimos cuatro años el país no logra despegar para entrar en una etapa de desarrollo económico sostenido y sostenible. El agotamiento del crecimiento económico se ve reflejado en una caída del dinamismo en aquellos sectores que más han sustentado el crecimiento, como es el caso del sector industrial y las exportaciones de maquila. Esto se ve agravado por el hecho de que existe en el país una demanda agregada deprimida, en gran parte por el estancamiento de los salarios mínimos reales, el exiguo dinamismo de la inversión privada y la contracción en el crecimiento de las exportaciones. Adicionalmente, la política macroeconómica no ha sido capaz de crear un entorno favorable para la inversión, a pesar del éxito en el combate de la inflación. Mucho menos ha logrado articular una política de desarrollo sectorial para la agricultura. Por la manera en que se ha "atado" el tipo de cambio se esterilizan las entradas de divisas al BCR y se aumenta el encaje legal en el último año. Por la tendencia al oligopolio en la industria bancaria las tasas de interés reales han aumentado hasta alcanzar niveles tan altos que dificultan la operación de las empresas y desestimulan la inversión tanto productiva como en vivienda. Agregado a este fenómeno, se tiene una creciente mora bancaria y un incremento de los activos embargados de los bancos, reflejo de la deteriorada situación económica.

En conclusión, no se visualiza un cambio sustancial en la evolución de la economía, ni en la política económica. Además, seguiremos postergando la eliminación de las graves deficiencias económicas y sociales del país. Para salir adelante es necesario articular un nuevo eje de acumulación que le imprima dinamismo permanente a la economía. El eje de acumulación podría estar constituido por la maquila y por las exportaciones no tradicionales —especialmente esta última, porque puede adquirir un carácter más diversificador y permanente. En este eje los productos agrícolas y agroindustriales podrían jugar un papel importante. Pero esto debe estar condicionado a la creación de instituciones fuertes que promuevan la competencia (ley de competencia y antimonopolios), los derechos de los trabajadores (seguridad social y protección al empleo) y los derechos de los consumidores (derechos del consumidor), con el fin de que se vaya creando un modelo de acumulación más humano.

A nivel inmediato, el Estado debería asumir medidas de emergencia para aliviar las condiciones de aquellos que viven en extrema pobreza, sobre todo haciendo más eficiente el gasto público y la recaudación de impuestos, y eliminando gastos innecesarios del presupuesto nacional para ponerlos al servicio del bienestar social. No estaría de más sugerir que aprendamos del ejemplo de Costa Rica, que hace varias décadas eliminó sus gastos militares y ubicó a la educación en primer plano.

El 57.2 por ciento de los salvadoreños tiene poco o ningún interés en las elecciones municipales y legislativas a celebrarse el próximo 12 de marzo, según revela el último estudio de opinión pública del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado con el propósito de comprender cómo se sienten los salvadoreños de cara al proceso electoral de 2000, fue llevado a cabo entre el 12 y el 20 de febrero del año en curso, con dos muestras separadas: una muestra nacional de 1,233 entrevistas a adultos salvadoreños, que incluye los catorce departamentos del país, y una muestra de 631 adultos que residen en el municipio de San Salvador. En total, para esta encuesta se entrevistaron a 1,864 personas. El estudio de opinión pública reveló que solamente el 22.6 por ciento de los salvadoreños se encuentra muy interesado en las elecciones y que el resto de personas llegan a sentir "algo" de interés por el proceso.

De hecho, la encuesta de la UCA encontró que el interés por las elecciones mostrada por las elites políticas y por los medios de información del país no es compartido por la mayor parte de la población salvadoreña, especialmente por aquella de menores recursos socioeconómicos. Esto explica, en parte, el hecho de que sólo el 30.7 por ciento se ve muy motivado a votar el próximo 12 de marzo, frente a un 21.5 por ciento que se muestra "algo" motivado para votar y un 47.8 por ciento que se expresó poco o nada interesado en asistir a votar. Elecciones anteriores han demostrado que al final sólo asiste la gente que se muestra muy motivada para votar.

Además, los resultados muestran que sólo el 30 por ciento de los ciudadanos cree que las elecciones serán limpias. El resto de los salvadoreños piensan que habrá fraude (41.4 por ciento) o simplemente no saben si las elecciones serán transparentes (28.6 por ciento).

La encuesta de la UCA encontró nuevamente que a la base de estas actitudes hacia las elecciones se encuentran tres grandes grupos de opiniones sobre la política y el país que también están muy relacionadas entre sí. En primer lugar, la mayor parte de los salvadoreños piensa que los partidos políticos no le beneficia ni tampoco le representa adecuadamente. En concreto, el 63.6 por ciento estuvo en desacuerdo con la idea de que los partidos políticos benefician a la población; mientras que, por otro lado, el 59.2 por ciento considera que los partidos políticos no representan los intereses de los salvadoreños.

En segundo lugar, detrás del poco afecto de los salvadoreños por las elecciones existe la impresión de que las mismas no son útiles para cambiar y mejorar las cosas en el país. De hecho, el 54 por ciento de los consultados afirmó que las elecciones son una pérdida de tiempo, pues las cosas nunca cambian en el país. Esta opinión es particularmente grave entre una ciudadanía en la que prevalece la percepción (69.5 por ciento) de que la situación del país está empeorando.

Finalmente, el sondeo realizado por el IUDOP indica que buena parte de la apatía hacia las elecciones está profundamente vinculada a la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas del país y en la gestión del gobierno central (lo cual también explica parte de las intenciones de voto). La mayor parte de las instituciones políticas del país, con excepción de las alcaldías, no recibe más allá del 15 por ciento de confianza absoluta por parte de los salvadoreños. Instituciones como el gobierno, la Asamblea y, sobre todo, los partidos políticos han recibido los menores índices de confianza ciudadanos.

Cuando se trata del desempeño, el gobierno de Francisco Flores fue calificado con una nota promedio de 4.84 (la más baja en todos los mandatos de ARENA), mientras que la Asamblea Legislativa recibió una nota media aún menor: 4.74. Sólo los gobiernos municipales, en su conjunto nacional, parecen recibir menos críticas de la población (5.92), aunque el promedio sigue siendo bajo.

Estas evaluaciones sobre el desempeño de las instancias del gobierno no sólo afectan a los partidos directamente involucrados, sino también a todo el sistema político electoral dado que, decepcionados de sus propios gobernantes, buena parte de los ciudadanos se retira de la posibilidad de ejercer su voto.

En este contexto de mucho desinterés y desconfianza ciudadana, el sondeo realizado por la UCA revela que más de la mitad de los salvadoreños no se siente simpatizante de ningún partido político en contienda y que la identificación partidaria por cada uno de los partidos no supera al 18 por ciento de toda la población adulta en edad de votar. Para febrero de 2000, el porcentaje de personas que se identifican con ARENA es del 17 por ciento; mientras que el FMLN reúne al 14.6 por ciento de todos los adultos del país; el PDC logra una identificación partidaria del 2.8 por ciento; en tanto que el PCN y el CDU logran el 2.2 y el 1.3 por ciento, respectivamente. El resto de partidos juntos no logran más allá del 3 por ciento.

La encuesta muestra que no siempre la gente parece estar dispuesta a votar en función de su simpatía partidaria. El estudio de opinión realizado por el IUDOP de la UCA revela un virtual empate en la intención de voto para diputados a nivel nacional.

Para mediados de febrero, el 21.8 por ciento de las personas que tienen carnet electoral dijo que votaría por ARENA, el 21.6 por ciento dijo que votaría por el FMLN, un 4.2 por ciento sostuvo que votaría por el PCN, un 3 por ciento afirmó que votaría por el PDC y un 2.5 por ciento votaría por el CDU. Cerca de un 10 por ciento no votaría por partido alguno y un poco más del 35 por ciento no quiso expresar su intención de voto.

¿Cómo se explica este virtual empate entre ARENA y el FMLN? Las respuestas parecen estar fundamentalmente en la evaluación que los ciudadanos hacen sobre la gestión del gobierno de Flores y la cual parece estar debilitando a ARENA y beneficiando indirectamente al FMLN y al PCN. Los resultados de la encuesta de la UCA indican que las únicas personas que aprueban la gestión presidencial —es decir, los que evalúan con promedio arriba de 6— son los electores de ARENA, el resto de personas, independientemente de su afiliación partidista, no aprueba la gestión ejecutiva.

De hecho, ARENA parece estar dependiendo más de su voto duro y de votantes nuevos jóvenes que de antiguos correligionarios de otros partidos. Por su parte, el FMLN parece estar ganando un poco más de adeptos entre las personas que votaron para otros partidos en las elecciones de 1999, especialmente de ARENA. El desplazamiento desde ARENA no sólo se da hacia el FMLN sino también hacia el PCN y hacia un grupo importante de posibles abstencionistas electorales.

Por otro lado, la UCA preguntó a la población sobre cuál es el tipo de Asamblea que le conviene más al país. Alrededor del 40 por ciento de los salvadoreños cree que al país le conviene una Asamblea en la que no domine partido político alguno, es decir, en la que haya equilibrio de todas las fuerzas; un 14.5 por ciento considera que la Asamblea debería ser dominada por ARENA; un 9.1 por ciento cree que debería ser dominada por el FMLN y un 11.4 por ciento otorga relevancia a los partidos pequeños. El resto de personas no supo responder a la pregunta.

Por la importancia que tiene el gobierno municipal de San Salvador, el IUDOP decidió realizar una muestra aparte de 631 entrevistas para el municipio de San Salvador, con el objeto de explorar las actitudes de la población con respecto a las elecciones municipales.

En primer lugar, los residentes en el municipio de San Salvador muestran un nivel de interés relativamente mayor por las elecciones que en el resto del país. De acuerdo a los resultados, un 40.1 por ciento de los capitalinos estaría muy interesado en asistir a votar el próximo 12 de marzo.

En segundo lugar, las intenciones de voto para el municipio de San Salvador favorecen ampliamente a Héctor Silva y al FMLN. De acuerdo a los resultados, el 40.2 por ciento de los residentes del municipio de San Salvador votaría por la Coalición FMLN-USC, seguido de un 23.1 por ciento que votaría por ARENA, un 2 por ciento que votaría por el PDC y un 1.8 por ciento que elegiría al resto de partidos. Sin embargo, un poco más del 25 por ciento no reveló su intención de voto y casi el 7 por ciento dijo que no votará por partido alguno.

En cuanto a la simpatía por el candidato, los resultados confirman la ventaja del candidato de la Coalición FMLN-USC. Héctor Silva recibe el apoyo del 53.2 por ciento de los capitalinos, en tanto que Luis Cardenal recibe el apoyo del 23.1 por ciento. El resto de candidatos no recibe más del 4 por ciento de las simpatías capitalinas y un poco más del 20 por ciento restante no define su candidato de simpatía.

¿Cómo se explica esa considerable ventaja de Héctor Silva y la Coalición sobre ARENA? Hay muchas razones, pero la encuesta registra un significativo desplazamiento hacia la Coalición de personas que en las elecciones de 1999 votaron por ARENA y otros partidos. En este caso, ARENA depende mucho más de su voto leal que el FMLN, el cual está logrando sumar adeptos por efecto de la gestión capitalina.

En efecto, en este caso, las tendencias parecen estar asociadas con la valoración que hacen los capitalinos sobre el desempeño del gobierno municipal. Los votantes del bloque FMLN-USC acusan un elevado promedio de evaluación a la gestión del alcalde Silva, lo cual estaría teniendo más peso a la hora de decidir el voto que la propaganda del partido oficial.

La última encuesta preelectoral del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA revela que, al igual que los procesos electorales anteriores, la mayor parte de la gente no está interesada ni motivada por las elecciones legislativas y municipales de 2000. A la base de esta apatía parecen encontrarse varios factores. Por un lado, la ya inveterada percepción de que lo político no es de utilidad para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población; por otro lado, la sensación popular de que el país está cada más emproblemado; y, en tercer lugar, la poca credibilidad que se han forjado la mayor parte de instituciones políticas del país y el desencanto provocado por el desempeño del gobierno y de la Asamblea Legislativa.

Lo más relevante de la encuesta de la UCA no está en la predicción de las intenciones de voto partidario, sino en el hecho de que muestra cómo el sistema político salvadoreño sigue siendo incapaz de conectarse efectivamente con los anhelos y preocupaciones más importantes de los ciudadanos y cómo esto tiene un impacto negativo en la participación electoral.

En esta línea y sin negar la posible influencia propagandística, hay que caer en la cuenta de que el resultado de las elecciones parlamentarias depende también de lo que el gobierno central y las alcaldías hayan hecho o hayan dejado de hacer durante su gestión.

El caso de la municipalidad de San Salvador y de otras de cualquier signo político es un ejemplo de cómo una gestión valorada positivamente por la mayoría de los ciudadanos puede no sólo atraer más votos inusuales a un partido político, sino que también puede beneficiar al sistema político porque fomenta el interés ciudadano por la participación y la competitividad electoral.

San Salvador, 24 de febrero de 2000

En teoría, la población entera de nuestro país tiene derecho a demandar y recibir justicia. Desde la señora víctima de los ladrones que le robaron su salario mínimo, hasta el dueño de los furgones a quien en repetidas ocasiones le han robado su mercadería; desde las señoras que día a día son agredidas en sus casas hasta la niña secuestrada, violada y asesinada; desde la empleada acosada sexualmente y despedida por no ceder a la solicitud patronal, hasta el buen funcionario público separado de su cargo por negarse a cometer un acto de corrupción; desde los familiares de las personas que fueron desaparecidas durante los años del conflicto y aún siguen sin encontrarse, hasta el joven asesinado —después de la guerra y sin motivación política— por elementos de la "nueva" Policía. Nadie que haya sido responsable de algún delito en nuestro país, debería quedar sin recibir su merecida sanción; así lo establece la Constitución, los diversos tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa y la legislación secundaria. Pero en la práctica, las cosas no están funcionando exactamente de esa manera. Ejemplos de ello, sobran en El Salvador y no queremos, en esta ocasión, abundar en eso; nos interesa más difundir el esfuerzo y los logros de un matrimonio empeñado en hacer valer sus derechos.

Se trata de los esposos Manuel Ramos y Martha Elisia Flores, quienes —según su denuncia judicial y en el IDHUCA— debido a una mala práctica médica perdieron a su hijo Manuel Alejandro Ramos, de tan solo 15 días de nacido. Convencidos de la necesidad de reclamar justicia en su caso y contribuir de esa forma a evitar que sucedan otros hechos similares, el matrimonio Ramos Flores decidió librar una difícil batalla. Este caso de negligencia médica —por el que fueron víctimas la señora y su pequeño hijo— presenta características muy singulares pues no sólo tiene que ver con la responsabilidad ética y legal del profesional de la medicina, sino también porque en él se conjugan una cantidad de elementos que hacen de su justa solución una misión bastante delicada.

Uno de los principales obstáculos que enfrentó el matrimonio Ramos Flores fue el de su desconocimiento sobre las regulaciones existentes para las instituciones del sistema de salud. A pesar de que ser ambos profesionales en la ciencia del derecho, tuvieron que superar muchas dificultades para acceder a las normas específicas que regulan cada tratamiento. Esta situación, irremediablemente, nos lleva a una reflexión alrededor de tantas personas sencillas, con pocos estudios y menos recursos económicos, que también han sido y son víctimas —directas o indirectas— de inadecuadas prácticas médicas. La dificultad para conocer a profundidad los reglamentos internos de dichas instituciones, es un primer elemento que vuelve aún más compleja la resolución justa en este tipo de casos.

Es lógico que cuando vamos a pasar consulta o nos sometemos a una intervención quirúrgica, con la aflicción de una dolencia grave o no, depositamos toda nuestra confianza en la capacidad del médico; es obvio, que nuestro principal interés sea el de recuperar la salud y no esté centrado en preguntar —previendo alguna complicación posterior— sobre las responsabilidades legales de la persona que nos atiende. Sin embargo, al asumir su papel como profesional de la medicina, ésta adquiere un contrato tácito al momento de tomar en sus manos el cuido de nuestra salud.

Con relación a lo anterior, cabe traer a cuenta el Código de Ética elaborado y aprobado por el Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico; en su preámbulo, éste fundamenta las responsabilidades de sus miembros de la siguiente forma: "Queremos reafirmar que la práctica de la medicina es una manera de aspirar a ser un profesional virtuoso. El encuentro médico-paciente requiere un depósito tan ciego de fe y confianza de parte del paciente en el médico que escoge, que exige de éste un esfuerzo denodado para actuar virtuosamente en beneficio del paciente. Ese encuentro es mucho más que un mero proceso mecánico de recetar, coser o cortar. Es la más pura y franca unión de dos personas en busca de un bien para uno de ellos, pues para el médico no puede haber ninguna otra meta que no sea el bienestar del paciente".

Los problemas de nuestro país en ese ámbito, no radican en la falta de postulados éticos que orienten la profesión; en El Salvador existe un Código que debería ser respetado por todas las personas que hacen de la medicina su área de trabajo; existe pues, acá, una guía que debería ser asumida como una verdadero manual de actuación No obstante, en el quehacer cotidiano de las personas que se desenvuelven en campo de la salud entran en juego otros intereses menos altruistas; uno de ellos es una especie de "espíritu de cuerpo" o lo que algunas personas llaman la "solidaridad entre colegas" que, más que un valor, resulta ser una especie de complicidad gremial mediante la cual —en bastantes ocasiones— se deja de lado la ética frente al paciente.

Cuando un doctor, doctora, anestesista, enfermera o enfermero y más técnicos aparece involucrado en un caso de mala práctica, sus compañeros de profesión casi siempre —porque también hay honrosas excepciones— le dan prioridad a la protección y el bienestar de su colega sin importar lo que suceda con el paciente. Eso coloca a las víctimas frente a una muy difícil situación: la falta de disponibilidad por parte de las y los profesionales de la salud para colaborar en el estudio de los casos, asesorar a las personas afectadas y establecer si existe o no algún tipo de negligencia, imprudencia o impericia que deba ser sancionada al nivel que corresponde.

El Código de Ética antes citado, en su postulado 28, hace referencia a este tema estableciendo que el y la profesional de la salud deberá denunciar ante las autoridades competentes "a cualquier persona que practica ilegalmente la medicina e informará, dentro de los cauces adecuados, las actuaciones incompetentes y engañosas de quienes están autorizados para la práctica de la medicina. El médico tiene el deber, aún más, el derecho de corregir, amonestar y, de ser aún necesario, revelar ante las autoridades correspondientes toda mala práctica, impedimentos al ejercicio profesional competente e íntegro de sus colegas". Tomando en consideración lo anterior, en seguida ofrecemos algunos detalles del caso.

Martha Elisia Flores de Ramos fue remitida a consulta externa en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) el 18 de junio de 1998, por embarazo de alto riesgo. Cuando llegó al hospital Martha Elisia había superado una crisis de posible aborto y la atendió el doctor que había controlado su embarazo. El 9 de noviembre, la señora Ramos llegó nuevamente al hospital con una hemorragia; como no presentaba labor de parto, ni ruptura de membranas —o de "fuente", como se conoce comúnmente— fue enviada a su casa, con la indicación de regresar si cambiaba su condición. La madrugada del día siguiente, Marta Elisia volvió a consultar; pero, en esta ocasión, ya con fuertes dolores y membranas rotas de forma prematura.

Una doctora la atendió. Al evaluar su situación, pasó por alto una serie de normas de atención que son fundamentales para garantizar el bienestar de su paciente. Por ejemplo: no tomó en cuenta su historia clínica —embarazo de alto riesgo— y tampoco indicó los exámenes de laboratorio que necesariamente se deben hacer en casos como el que ahora analizamos; asimismo, no inició la evacuación del bebé. En ese marco se pudo haber generado una infección en la paciente, hasta el grado de poner en peligro su vida; no obstante, la doctora decidió enviarla paciente a su casa, con membranas rotas y sólo con un examen físico que incluyó un tacto vaginal en condiciones no estériles.

La señora Ramos Flores siguió al pie de la letra las indicaciones de la doctora; se fue a su casa en la madrugada del 10 de noviembre, pero tuvo que regresar al hospital en a las dos de la tarde. En esta ocasión fue atendida por otra doctora quien la evaluó, le realizó un nuevo tacto vaginal en condiciones no estériles y la ingresó a las cuatro de la tarde. Ya empezada la labor de parto, la llevaron a la sala respectiva y fue hasta las once y media de la noche cuando confirmaron la infección. Hasta este momento, la doctora no decidía ordenar una cesárea aún cuando los manuales sugieren que —en esas circunstancias— se debe hacer.

Finalmente, el niño Manuel Alejandro Ramos vino al mundo el 11 de noviembre a las siete y quince minutos de la mañana. El recién nacido fue remitido a observación, donde otras doctora —diferente a las anteriores— lo evaluó como niño sano, sin haber tomado en cuenta ninguno de los factores de riesgo que los antecedentes de la madre señalaban. Al obviar tales factores, no ordenó los cultivos necesarios para poder descartar, prevenir o atacar una posible infección en el menor. Efectivamente, esta fue la razón por la que el bebé murió.

Frente a tantas decisiones erróneas y actuaciones negligentes por parte de las doctoras y después de mucho pensarlo, los esposos Ramos Flores decidieron no permitir que la impunidad ganara de nuevo. La lucha que están librando desde la muerte de su pequeño hijo, se animaron a recurrir a las instituciones judiciales correspondientes donde poco a poco han avanzado en la determinación de responsabilidades pues —si bien es cierto no podrán recuperar la vida de su menor— las doctoras tienen la obligación de responder, reparar o indemnizar el daño causado.

Este caso es de suma trascendencia porque puede llegar a constituirse en un precedente positivo para las instituciones de salud, que deben reflexionar sobre su labor cotidiana. No es posible que un médico argumente que no atendió como corresponde a su paciente, porque estaba fuera de horario o porque no era su turno. Las y los galenos deben tomar conciencia de la responsabilidad que adquieren cuando se gradúan y hacen el juramento de Hipócrates; a eso debe sumarse que a cada momento se ponen en sus manos la vida de seres humanos. Por otro lado, este caso abre buenas posibilidades para que otras víctimas de este tipo de prácticas que afectan la vida o la integridad física de muchas personas, puedan acudir a los tribunales y demandar justicia con la posibilidad cierta de que serán escuchadas.

El caso de los esposos Ramos no persigue "chivos expiatorios". En él no se están juzgando sólo a tres personas; sí se persigue que éstas respondan si la justicia falla en contra de ellas y, por tanto, deben asumir las consecuencias que esto les traiga. El interés no radica en arruinar la trayectoria de nadie, ni mucho menos cobrar una fuerte cantidad fuerte de dinero. Lo que menos interesa es que alguien pase años y tiempos difíciles en una cárcel. Lo que realmente interesa es abrir una brecha, aunque sea pequeña, en el muro de la impunidad. Además, las instituciones públicas que ofrecen servicios de salud tienen que aprender a ofrecerlo con calidad, independientemente de quién sea la persona a la cual se le vaya a brindar. El Órgano Judicial tiene el deber de tutelar los atropellos que se cometen en el campo de la salud si éstos configuran un delito; al Órgano Legislativo le corresponde aprobar las normas que garanticen una adecuada protección para las víctimas. El caso del matrimonio Ramos Flores es una oportunidad para que dichos Órgano demuestre que tienen voluntad de hacer valer el primer artículo de nuestra Constitución.

Para El Salvador, donde los niveles demográficos son tan altos y cada momento las mujeres dan a luz, este caso es muy ilustrativo ya que cualquiera de ellas se puede ver expuesta a una situación similar a la de Martha Elisia. Hasta este momento, el proceso para encontrar justicia avanza: ya fue a la audiencia preliminar y, en ella, el juez determinó que existen pruebas suficientes para llamar a juicio a dos de las personas imputadas. El grado de involucramiento o responsabilidad, deberá definirlo un jurado integrado por cinco ciudadanos. Falta, entonces, mucho camino por andar; Sin embargo, los esposos Ramos Flores están luchando y lo seguirán haciendo pues es necesario que las y los salvadoreños entendamos que debemos denunciar las violaciones a nuestros derechos. Si no lo hacemos, nunca le ganaremos la batalla a la impunidad.

Las más recientes noticias sobre el caso de corrupción en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUTBOL) y el desempeño fiscalizador de la Corte de Cuentas, causan asombro y desilusión. Las acusaciones graves en contra de la administración de FEDEFUTBOL por Eduardo Torres, ahora resultan desvanecidas y a punto de ser enviadas al archivo de la Corte de Cuentas, donde han quedado enterrados tantos casos de corrupción.

Gracias a la excelente labor investigativa de La Prensa Gráfica el pueblo salvadoreño ha tenido la oportunidad de conocer la oscura administración de la FEDEFUTBOL. Recordemos un poco:

• Convencer a jugadores extranjeros a cambio de dinero, para que aceptaran la nacionalidad salvadoreña, y el consecuente fraude al Art. 92 de la Constitución que se refiere a los requisitos para obtener la nacionalidad salvadoreña.
• Omisión de la celebración de contratos con los jugadores.
• Malversación de fondos, especialmente en los pagos recibidos de Inter/Forever, firma representante a nivel internacional de la Selección Nacional.
• Pago de salarios y servicios a personas que no tenían contrato con la FEDEFUTBOL.
• Premios en exceso a jugadores e injustificados a personal médico y administrativo.
• Fraude en la adquisición de un autobús, que fue presentado como una donación de parte de un banco, cuando en realidad se trato de un préstamo.
• Sobornos a periodistas.
• Desorden administrativo, que incluye la falta de registros, emisión de cheques sin fondos, deudas a jugadores, etc.

También hay otras acusaciones que vienen desde 1997 y que nunca fueron investigadas a profundidad para determinar posibles irregularidades en los contratos de la empresa Inter/Forever y del técnico Omar Pastoriza.

Como han iluminado La Prensa Gráfica y la Fiscalía General de la República, lo más cuestionable de todo esto es el papel desempeñado por la Corte de Cuentas, la que, a expensas de un procedimiento oscuro y discrecional, ha venido desvaneciendo los señalamientos en contra de la FEDEFUTBOL y entorpeciendo la labor de la Fiscalía.

Como La Prensa Gráfica ha reportado, no es un secreto para nadie los compromisos políticos que tiene la Corte de Cuentas, cuyos funcionarios y muchos de sus empleados se mantienen en sus cargos gracias a pactos políticos con el partido gobernante y a la dominación del Partido de Conciliación Nacional (PCN) sobre el ente contralor por dos décadas. En el caso de FEDEFUTBOL, la situación está agravada por los vínculos de las autoridades de la Corte de Cuentas con la familia Torres, quienes también son militantes del PCN.

A toda esta relación oscura no escapa la Asamblea Legislativa, que ha omitido su mandato de auditar la gestión de la Corte de Cuentas, permitiendo que el organismo contralor actúe arbitrariamente y sin el menor sentido de responsabilidad por sus actos.

Las experiencias de la Corte de Cuentas, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras son un claro ejemplo de los perjuicios que se cometen en contra de la sociedad cuando instituciones como estas están tan politizadas y responden a los intereses de grupos de poder.

Rechazamos las argumentaciones que han dado los personeros de la Dirección de Responsabilidades de la Corte de Cuentas para justificar que no hayan tomado en cuenta el informe de los auditores, ya que no se trata de razones que tengan fundamento legal. También condenamos la poca colaboración mostrada por la Corte de Cuentas con las investigaciones de la Fiscalía General.

Reconocemos y felicitamos el ejemplar trabajo de La Prensa Gráfica de mantener la ciudadanía informada sobre todos los aspectos del caso de FEDEFUTBOL y su (no sorprendente) tratamiento cuestionable de la Corte de Cuentas, y a la vez, hacemos una llamada a este matutino para que siga su vigencia de este caso.

También, esperamos que los otros medios de comunicación, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General, cumplan con sus deberes de investigar por qué la Corte de Cuentas ha cambiado un informe de sus auditores que señaló indicios de responsabilidad penal contra directivos de FEDEFUTBOL. Ya es tiempo que acabemos con la impunidad y sus perpetradores y que la Corte de Cuentas comience a actuar con responsabilidad, ética y transparencia y a asumir con un profundo compromiso y muestras significantes su papel como ente luchador contra la corrupción.

Escribanos a: cidai@cidai.uca.edu.sv