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Las dos semanas recién pasadas fueron las semanas de las encuestas electorales. Varios sondeos pretendieron dar luz acerca del modo cómo, presumiblemente, se comportarán los electores el próximo 12 de marzo. Así, en la disputa por la alcaldía de San Salvador los informes vaticinan una victoria abrumadora de Héctor Silva sobre Luis Cardenal, lo cual halla explicación, más que en la imagen de Silva, en su notable desempeño como alcalde. Luego, en lo que se refiere a la disputa por los escaños en la Asamblea Legislativa, las encuestas más serias –es decir, las que no provienen de los mismos institutos políticos— apuntan a un virtual empate entre los dos partidos más fuertes, ARENA y el FMLN, a la vez que se sitúan en las tres siguientes posiciones —y en cerrada disputa— el PDC, el PCN y el CDU. Por el lado del abstencionismo, todo parece indicar que el mismo rondará entre el 55% y el 60%.

Esos son los datos gruesos de los sondeos de opinión previos a las elecciones del próximo 12 de marzo. No es necesario un análisis exhaustivo de los mismos ni una comparación minuciosa con datos obtenidos en procesos preelectorales pasados para caer en la cuenta de que ellos hacen ver la persistencia de determinadas tendencias en el proceso político nacional, a saber: hacia el interior del sistema político, concentración de las preferencias electorales en ARENA y el FMLN, supervivencia del PCN y el PDC, así como, salvo el CDU, marginalización creciente de los partidos pequeños; y, hacia el exterior, niveles de abstencionismo que oscilan entre el 55% y el 65%, los cuales se explican por la marcada desconfianza de la población hacia los políticos y la política. Las recientes encuestas electorales han puesto de manifiesto tendencias bien afianzadas en la dinámica política nacional. En ese sentido, no han mostrado cosas realmente novedosas, sino que, a lo más, han servido para reforzar las valoraciones del proceso político nacional perfiladas a partir del mero análisis político.

Porque, en efecto, si se sabe de antemano que las estructuras partidarias no han cambiado desde las últimas elecciones presidenciales —yendo más lejos: desde las primeras elecciones de postguerra—, que los liderazgos políticos se han mantenido casi inalterados, que el sistema político ha fracasado en su función de intermediario entre las demandas ciudadanas y la capacidad estatal para darles respuestas, que la incompetencia y la irresponsabilidad son las características más sobresalientes de los políticos salvadoreños… no se pueden esperar mayores novedades. Al fin y al cabo, son los mismos partidos y líderes, con sus mismos vicios e incapacidad, los que van a protagonizar una nueva contienda electoral. Es decir, si se sabe todo eso, no puede ser sorpresa que se mantengan —o incluso se eleven— los niveles de abstencionismo registrados con anterioridad o que ARENA y el FMLN —seguidos del PCN, el PDC y el CDU— ocupen los dos primeros lugares en la votación general. De las últimas elecciones para acá, nada extraordinario ha ocurrido en el país para que se alteren esos dinamismos políticos. Las encuestas refuerzan este planteamiento, pero no era necesario esperar a leer sus resultados para tener una idea medianamente razonable de hacia dónde se encamina el país en materia electoral.

A nivel de la Asamblea Legislativa, no cabe esperar mayores novedades después del 12 de marzo. Seguramente, se impondrán el mismo equilibrio de fuerzas y la misma dinámica política fraguadas durante la legislatura saliente. ¿En qué consistieron ese equilibrio y esa dinámica? Fundamentalmente, en la preponderancia de los diputados de ARENA —proponiendo e impulsando iniciativas coherentes con el modelo económico-social abanderado por la élite del partido—, unos diputados efemelenistas reactivos a esas propuestas e iniciativas y con serias limitaciones para disputar a los diputados de ARENA el protagonismo legislativo y un compromiso casi incondicional de los diputados del PCN y del PDC con las iniciativas y las propuestas areneras. Como están las cosas, todo apunta a que ese escenario va a volver a repetirse, con leves variantes. Estas últimas quizás tendrán que ver con la virtual paridad de diputados entre el FMLN y ARENA, lo cual abrirá un espacio mayor a la presión que puedan ejercer sobre ambos partidos el PCN y el PDC —a lo mejor también el CDU— para apoyarlos con sus respectivos votos.

Es decir, entre más cerca estén ARENA y el FMLN en su número de diputados, más necesario se hace para ambos ganarse el favor de los partidos que les ofrezcan la oportunidad de romper ese equilibrio. Los ganadores serán, obviamente, estos últimos, pues podrán exigir (y obtener) a cambio puestos de poder y, porqué no, hasta pagos en efectivo. Desde el lado de los que necesitan su apoyo, ARENA la tendrá más fácil que el FMLN: no sólo tiene recursos con los cuales comprar voluntades, sino que tiene experiencia en ello, además de afinidades más que notorias con el PCN y el PDC. Por supuesto que para ARENA todo iría mejor sin tener que estar pagando favores a otros, pero quizás sea mejor así: logra sus propósitos bajo un ropaje democrático.

¿Y el CDU? No se sabe cómo evolucionará este instituto político, lo cual indudablemente dependerá del número de diputados que obtenga y de la propia percepción (e intereses) de Rubén Zamora en cada coyuntura concreta. ¿Qué se quiere decir con ello? Sencillamente, que el FMLN no la tendrá fácil, aun si el CDU ocupara una tercera posición, pues de ningún modo es dable esperar que este último lo apoye incondicionalmente. Descartada la posibilidad de ascenso del CDU, el FMLN tendría que negociar con el PCN y el PDC, para lo cual a todas luces estará en desventaja frente a ARENA. Y si no, como en la legislatura saliente, tendrá que vérselas directamente con este último partido, con el cual habrá de llegar a acuerdos muchas veces contrarios a sus ideales más queridos.

El panorama que se dibuja en el plano legislativo es sombrío para el avance de la democratización del país. Ciertamente, la situación podría dar un vuelco inesperado. A lo mejor se pudiera dar un súbito entusiasmo en ese 60% del electorado que se resiste a asistir a las urnas o un giro radical de las intensiones de voto que llevaran, por ejemplo, a una victoria abrumadora del FMLN y a una subida del CDU a un segundo lugar en la votación general. Esas y otras cosas pueden suceder, pero estarían más allá de las tendencias histórico-políticas vislumbradas por el análisis y validadas por la experiencia.

De los tres debates organizados por diferentes noticieros nacionales en esta etapa final de la campaña para profundizar en las plataformas municipales de los candidatos a la alcaldía capitalina, quizá fue el último el que más expectativas generó entre la población. Se trataba del debate "Decisión 2000", promovido por TV 12 y liderado por el reconocido entrevistador Mauricio Funes. Pero "Decisión 2000" no se convirtió en el espacio crítico y alternativo que se esperaba.

Con ese debate se esfumaron las posibilidades de interrogar a los principales aspirantes a alcalde de San Salvador sobre aspectos claves. Por ejemplo, nadie le preguntó a Luis Cardenal si, en caso de ganar, continuaría con los proyectos inconclusos de Héctor Silva que han sido ampliamente reconocidos ni lo cuestionó sobre su devaluada e ineficaz campaña electoral. Tampoco se aprovechó ese espacio para permitir que Silva esclareciera las dudas que se sembraron en torno al manejo de los recursos de la alcaldía ni se aprovechó el dominio de los temas que poseían los panelistas para interpelar más a fondo al actual alcalde sobre los proyectos específicos que ofrece iniciar o simplemente continuar.

En definitiva, "Decisión 2000", exceptuando ciertos cambios en la mecánica del programa y en el staf de panelistas, no fue más que la repetición del debate anterior. Incluso, giró alrededor de los mismos ejes temáticos. Entonces, aparecieron nuevamente ante la palestra pública un Héctor Silva, quien ofrece tanto proyectos concretos como soluciones a los problemas, frente a un Luis Cardenal, demagogo que promete vaguedades inverosímiles como "descontaminar el río Acelhuate", "fortalecer la autoestima de los capitalinos" o hacer de San Salvador una ciudad "más humana". Un alcalde diestro en la problemática del gran San Salvador y resuelto enemigo de la confrontación frente a un aspirante arenero que, para encubrir su ignorancia en la materia y cómo único recurso de combate, saca críticas de debajo de la manga contra su adversario a la menor oportunidad y acude a las generalidades para evadir la discusión a fondo de sus planteamientos.

Al desencanto que produjo el desenvolvimiento del último debate vino a sumarse la notoria superficialidad y pobreza de la cobertura de la prensa escrita, más afanada en describir la vestimenta de los presentes y en enumerar los errores de dicción cometidos por los candidatos, que en exponer las ideas de los participantes y en asumir una postura crítica frente al evento.

Ahora bien, más allá de la valoración específica de "Decisión 2000", conviene analizar el modo en el que la sistematización de los debates, nota característica de esta campaña electoral, ha sido asumida por la opinión pública. El hecho de que los candidatos a la alcaldía capitalina hayan accedido a participar en tres debates y hayan enfilado sus baterías para hacer de esa participación una parte exitosa de sus respectivas campañas ha dado pie a que diversos analistas vean en este proceso un punto de inflexión en materia de democratización. La postura generalizada frente a la realización de los debates es que, gracias a ellos, este proceso electoral marca un antes y un después en cuanto a institucionalización democrática. De acuerdo a esta postura, en El Salvador se ha implantado al fin la "cultura del debate" y por eso la ganadora final de ello ha sido la democracia.

Tal perspectiva halla eco en la pluma de analistas internacionales. José Juan González Encinar, a propósito del proceso electoral que está por comenzar en España, publicó el 2 de marzo en El País una columna titulada "Elecciones sin debates". En ella critica duramente a los políticos españoles que se han negado a debatir en público, bajo la premisa de que son los debates, y no el voto, lo que define a una auténtica democracia. Para este columnista español, al igual que para la mayor parte de la opinión pública salvadoreña, el debate es propio de los países civilizados, signo inequívoco de racionalidad, prueba del talante democrático y profesional de los candidatos y muestra de respeto a un electorado considerado competente.

En el marco de su apología al debate, González Encinar hace una distinción pertinente para esta coyuntura nacional. Se trata de la diferencia entre democracia y oclocracia. La primera encuentra su legitimidad en el pueblo, en la mayor parte de los ciudadanos. La segunda, en cambio, busca legitimarse acudiendo a la minoría más ignorante. Según este autor, debatir sería el antídoto contra la oclocracia y la forma privilegiada de mantener vivo a un régimen democrático. Es justo la convicción que yace bajo el optimismo despertado por los últimos debates llevados a cabo en El Salvador.

Pero la realidad política no es tan sencilla. En el caso salvadoreño los optimistas parecen haber olvidado ciertas cosas. Primero, que Luis Cardenal participó en los debates obligado por las circunstancias. Ya Francisco Flores había dejado claro durante su campaña que los areneros no debaten por convicción propia. Segundo, que los debates se centraron exclusivamente en los candidatos a alcalde de San Salvador, de nuevo porque así lo exigía la excepcional situación de que el FMLN estuviera aventajando a ARENA en la carrera por hacerse de la catapulta hacia la silla presidencial. Tercero, que los medios de comunicación, más interesados en agenciarse un buen show que en fortalecer la democracia, soslayaron completamente a los candidatos a diputados, cuya gestión será mucho más decisiva, por su impacto nacional, que la del alcalde capitalino. Y cuarto, que el país se encuentra en una convulsión social grave que el Estado no ha sabido enfrentar.

A nivel general, los amigos incondicionales del debate olvidan también algunos detalles. Primero, que un debate no siempre sirve para conocer más a fondo las propuestas de los candidatos —"Decisión 2000", que sólo fue una repetición de lo mismo, es una buena muestra de ello. Segundo, que la demagogia o tendencia a la "oclocracia" no se evita poniendo a los candidatos a debatir; precisamente en los países "civilizados" que González Encinar pone de ejemplo los candidato se venden como productos y han aprendido a usar los debates como una más de sus estrategias publicitarias —aquí ARENA va por ese mismo camino. Y tercero, que la prueba de fuego de un régimen democrático no es si se debate o no, sino si la mayor parte de la gente cree en él o no.

Mucho se pudo haber debatido en esta campaña, pero eso no puede ser considerado un triunfo absoluto de la democracia mientras médicos y pacientes del ISSS eran agredidos por los antimotines de la Policía Nacional Civil Asimismo y salvando las diferencias del caso, mucho pueden debatir los políticos españoles que este año aspiran a convertirse en presidentes, pero eso ni contrarrestará la violencia de ETA, ni, mucho menos, convencerá a sus líderes de abandonar las armas y sentarse a discutir ante las cámaras.

Los debates pueden ser sanos para un sistema que pretende ser democrático, pero ni son la panacea de los problemas políticos de un país ni son el elemento fundamental que decide cuando una democracia es o no tal. Son, en definitiva, un instrumento, cuya utilización y utilidad están sujetas a intereses determinados. Lo que pone a un régimen democrático en cuestión son las fuerzas que precisamente dudan de que la democracia, tal y como se vive en la actualidad —con todo y debates—, sea el mejor de los regímenes posibles.

Una de las primeras reformas económicas emprendidas por ARENA fue la liberalización de los precios de los hidrocarburos o productos derivados del petróleo iniciada en 1990, con la privatización de la importación de petróleo crudo y sus derivados. Hasta entonces, y desde 1980, la CEL venía encargándose de la importación y venta de hidrocarburos, con lo cual obtenía ganancias de cerca de 130 millones de colones anuales.

En aquel entonces, el Ministerio de Economía consideraba que la privatización de la importación de hidrocarburos generaría "una mayor competitividad (competencia) entre los diferentes agentes que deseen importar tales productos". Nada más alejado de la realidad, pues diez años después lo que puede constatarse es una mayor concentración de la propiedad en grandes empresas transnacionales que vinieron a reducir la participación de pequeños distribuidores de los derivados del petróleo. Así, dos transnacionales —EXXON y SHELL— están a cargo de los tres ciclos de la producción: importación de petróleo e hidrocarburos, refinamiento y distribución.

Una de las medidas con las que se acompañó la privatización de la importación de hidrocarburos fue el establecimiento de un mecanismo de fijación de precios que se denominó Sistema de Paridad de Importación (SPI) y que, en lo fundamental, consiste en ajustar los precios de forma directamente proporcional al movimiento de los precios internacionales. Los primeros efectos de este esquema se hicieron sentir con la guerra del golfo pérsico a principios de 1991, cuando los precios internacionales se incrementaron fuertemente y, consiguientemente, también lo hicieron los precios internos de la gasolina y el diesel no subsidiado. Cabe señalar aquí que, afortunadamente, los precios al consumidor del gas licuado y del diesel para el transporte público están subsidiados por el Estado, por lo cual no se ven afectados en la misma medida que los precios de los restantes hidrocarburos.

Desde el pasado mes de junio de 1999 hasta marzo de 2000 los precios internacionales del petróleo han alcanzado niveles similares o inclusive superiores a los experimentados en 1991, debido a la política de reducción de la extracción de petróleo implementada por los países exportadores. Consecuentemente, también los precios internos de los hidrocarburos han experimentado alzas proporcionales y prácticamente ininterrumpidas.

Del 26 de mayo al 1 de junio de 1999 y de 8 al 14 de marzo de 2000, los precios de la gasolina para los distribuidores han pasado de 7.75 a 12.94 colones la especial y de 7.33 a 11.39 la regular, lo cual implica incrementos de 67% y 55%, respectivamente. A estos precios se agregan los costos y utilidades de los distribuidores, de modo que los precios al consumidor para la segunda semana de marzo alcanzaron los 20 colones la gasolina especial y los 17.50 colones la regular. De momento, se espera que los precios del petróleo continúen con tendencia hacia el alza en tanto que los países exportadores no incrementen su producción.

Curiosamente, los constantes incrementos en los precios de los combustibles no provocaron un incremento en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) ni impidieron que entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999 se experimentara un inflación negativa de 1%, pese a que dichos incrementos afectan los costos del transporte. En el mismo período, los precios de los derivados del petróleo experimentaron fuertes aumentos, al grado que la gasolina especial incrementó su valor en 85%, la regular en 67% y el diesel en 80%.

En este contexto, llaman la atención dos aspectos, a saber: el mecanismo de fijación de precios de los hidrocarburos y la construcción del Indice de Precios al Consumidor. La fijación de los precios de los hidrocarburos pretende regular el mercado, con lo que se impide que las distribuidoras fijen precios al consumidor excesivamente altos y, al menos en este aspecto, el mecanismo sí funciona y los precios no dependen tanto de los márgenes de utilidad que las empresas deseen obtener, sino del comportamiento del precio internacional del petróleo. Pese a lo anterior —y muy a pesar de los partidarios de la liberalización—, no puede dejar de señalarse que bajo este nuevo sistema los consumidores enfrentan precios mucho más volátiles e inestables que los que prevalecían antes de la reforma del mercado de hidrocarburos.

En lo tocante a los precios, resulta destacable el hecho de que —como se señaló— los precios de los combustibles parecen no afectar significativamente el IPC, pese a que el rubro de "transporte privado" tiene una ponderación de 7.68% dentro de ese índice. Aunque el rubro "misceláneos", donde se ubica el rubro "transporte privado", fue el rubro que experimentó la mayor tasa inflacionaria —para diciembre de 1999 (3.6%)—, ésta no se compara ni remotamente con las fuertes tasas inflacionarias que experimentaron los hidrocarburos. Además, los precios de los combustibles parecen no incidir significativamente sobre los precios de otros rubros como el de alimentos y vestuario, pues en el primer caso los precios experimentaron una reducción de 5.2% entre diciembre 1998 y diciembre 1999, mientras que en el segundo se redujeron en 1.5%.

Evidentemente, quienes han resultado más afectados con la liberalización del mercado de hidrocarburos son los consumidores, mientras que los que se han beneficiado en mayor medida del proceso son las empresas transnacionales, las cuales han encontrado un buen negocio en El Salvador, tal como lo evidencia la proliferación —excesiva en algunos casos— de estaciones de servicio y la próxima llegada de nuevas empresas petroleras.

Lamentablemente, este parece ser el espíritu de las reformas implementadas por los tres gobiernos de ARENA: liberalizar mercados para ampliar los campos de acumulación empresarial, aun cuando ello suponga mayores precios para los consumidores. Los casos emblemáticos son la privatización de la telefonía y de la distribución de la energía eléctrica, la cual supone la revisión periódica de los precios para mantener intactos los márgenes de ganancia de las empresas operarias.

Sin duda, de haberse mantenido el sistema anterior de fijación de precios de los hidrocarburos, el gobierno se habría visto en la misma necesidad de incrementar los precios o, en su defecto, de asignar crecientes subsidios para mantenerlos estables y con ello aumentar el ya de por sí abultado déficit fiscal. La duda que persiste es la siguiente: ¿qué habría pasado si el Estado hubiera mantenido bajo su control la importación de hidrocarburos adoptando el sistema de paridad de importación para la fijación de precios? Puede decirse que, cuando menos, existiría la posibilidad de que el Estado percibiera ingresos fiscales producto de las utilidades de operación, o bien que estas se transfirieran a los consumidores por la vía de menores precios.

El gusto por la espectacularidad y por el juego de imágenes, ha sido una de las características que ha distinguido al gobierno de Francisco Flores desde sus inicios, incluso desde antes de que ocupara la silla presidencial. Flores mismo, su candidatura y su presidencia, son el resultado de una sagaz estrategia de imagen. Estrategia de imagen en tanto estrategia de impostura, de enmascaramiento de la realidad. A estas alturas ya es obvio que quien ahora ocupa la presidencia dista mucho de aquel que se promocionó durante la campaña electoral. La impostura es, pues, evidente: Flores ni es propenso al diálogo ni guarda una distancia crítica respecto a los sectores duros de su partido ni, mucho menos, ha insuflado una nueva forma de hacer política.

Pero además de tener a la impostura como objetivo, la estrategia del juego de imágenes buscaría algo más: la distracción de la opinión pública sobre la índole de las respuestas para algunos problemas nacionales de urgente solución y, consecuentemente, la adopción inconsulta de decisiones y políticas. Dos ejemplos ilustran a la perfección estos dos últimos puntos: la reciente campaña de promoción de la PNC y la puesta en marcha del plan alternativo de salud. A principios de este año, el director de la PNC, Mauricio Sandoval, montó un espectáculo novedoso en la historia de la Policía: "la semana de la PNC". Se programaron actividades públicas, se realizaron desfiles por las principales calles de la capital y se destinaron ingentes recursos para una campaña de promoción de imagen. Esto conectaba con la elección de San Miguel Arcángel como patrono de la entidad y con una serie de operativos que respondían más a un afán de espectacularidad que a los lineamientos de un programa concreto en contra de la delincuencia.

¿Qué exactamente pretendía Sandoval con esto? La respuesta es obvia: la distracción y la continuación de una línea de dirección más que cuestionada. "La semana de la PNC" se montó en un momento en que las críticas a Sandoval arreciaban y en el que la imagen de la PNC se venía abajo fruto del constante involucramiento de sus miembros con el crimen organizado y la delincuencia común. La respuesta de Sandoval ante esta situación no pudo ser más típicamente arenera: acudió al espectáculo para evadir responder a los cuestionamientos y discutir abiertamente la reorientación de un programa de lucha contra la delincuencia que está dando magros resultados. Con "la semana de la PNC" se reforzó la devoción hacia su patrono protector, se obstaculizaron arterias importantes para que un par de policías patinaran en compañía de nadie y se coparon las páginas principales de los rotativos con información supremamente superflua sobre la Policía, pero nada, absolutamente nada —al menos públicamente—, cambió al interior de la corporación policial.

Por su lado, el plan de salud alternativo que ha impulsado Flores con el pretendido objeto de paliar los efectos de la huelga y debilitar la posición de los sindicatos no es más que un juego de imágenes, un triste espectáculo que difícilmente solucionará la crisis estructural en la que está hundido el ISSS. Los repetidos testimonios de pacientes que, al acudir a las clínicas provisionales para que se les preste el servicio suspendido por la huelga, se han topado con "médicos" que se ven obligados a consultar diccionarios de medicina para diagnosticar enfermedades; o la creación de las "curaciones a domicilio", cuando antes ni con todos lo recursos del Seguro Social disponibles se había podido brindar una atención adecuada in situ —no se diga, pues, una en el domicilio del paciente—, se constituyen en fuertes indicios de que la "solución" del Presidente a la problemática del ISSS es más un golpe de imagen que una medida medianamente acertada y coherente con la realidad.

Tanto con "la semana de la PNC" como con el plan alternativo de salud, el gobierno se escabulle del acontecer nacional, evade dar la cara a los problemas más graves del país y discutirlos con los sectores de la sociedad necesarios para encontrarles soluciones realistas y de largo plazo. Mientras la delincuencia asfixia a la dinámica social y el conflicto en el Seguro Social paraliza la operatividad de un servicio fundamental para un gran sector de la población, Flores y su gabinete se ensimisman en su juego de imágenes, le brindan a la ciudadanía espectáculos de inciertos resultados y progresan en la imposición de políticas administrativas que —las encuestas lo demuestran— no son del agrado de la opinión pública.

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Colaboración de Marcel Vargas Escolero, Oficina de Comunicaciones

Este año ha iniciado con algunas buenas noticias para las mujeres, especialmente para las de América Latina. Si hay algo que celebrar este 8 de marzo, Día Internacional de Mujer, es la realización de la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (del 8 al 10 de febrero de 2000). La capital de Perú, Lima, fue la sede de este evento que se realiza, aproximadamente, cada tres años, desde 1977. La organización y preparación de la Conferencia una iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y los participantes son todos los países miembros de esta organización, los asociados y los observadores con carácter consultivo.

Este acontecimiento es de gran importancia en tanto que sirve como espacio para discutir la problemática actual, presentar recomendaciones y realizar evaluaciones de las actividades realizadas en el cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el tema de género. A través de este foro de debates se consigue impulsar acciones en los diferentes países participantes, luego de discutir diversos puntos de interés. Este año, el tema central de análisis fue "Equidad de género: base de una sociedad justa y equitativa". Delegadas de 45 gobiernos, numerosos organismos de Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales participaron en la discusión de ese tema y sacaron a relucir los problemas más apremiantes de las mujeres en América Latina y el Caribe.

La CEPAL preparó diferentes documentos que sirvieron de fondo para la discusión en la Conferencia y en base a los cuales se llegó a importantes conclusiones respecto a la problemática de género. Vale la pena mencionar algunos de los puntos más importantes que en aquella ocasión se extrajeron de tres de los documentos analizados en el encuentro.

El primero de ellos: "Aspectos económicos de la equidad de género", cuya raíz es la necesidad de formular políticas exitosas en pro de las mujeres, basándose en las diferentes realidades de ambos géneros. El estudio da cuenta de las condiciones de injusticia bajo las cuales las mujeres se integran al mercado laboral. Asimismo, apunta a cuatro aspectos problemáticos del campo laboral del sector femenino que son compartidos en todos los países participantes: 1) el trabajo doméstico de las mujeres, ya sea remunerado o no, es desvalorizado, respecto al valor económico y social que se le otorga al trabajo remunerado de los hombres; 2) las tasas masculinas de participación laboral continúan siendo más altas que las de las mujeres, aún cuando en muchos países éstas se incorporan cada vez más al trabajo remunerado; 3) la relación de ingresos de asalariados es desfavorable para el conjunto de las mujeres, pese a los avances que ha habido en la última década; y 4) a medida que las mujeres elevan su nivel educacional, lo cual ha sido un importante logro en los años 90, aumentan sus tasas de actividad laboral. Sin embargo, a la educación de las mujeres no se les asigna el mismo valor que a la de los hombres en el mercado de trabajo. Las desigualdades de ingreso económico han aumentado debido a las diferencias educacionales.

"El desafío de la equidad de género y los derechos humanos en los Albores de América Latina del siglo XXI" es el otro documento. De su debate durante la Conferencia se extrajeron importantes reflexiones a cerca de cómo la globalización ha generado una "situación paradójica en relación a los derechos de las mujeres". Y es que la globalización ciertamente ha creado grandes oportunidades de desarrollo económico y social —especialmente de las finanzas y del comercio— pero estas, a su vez, se han ido distribuyendo de forma poco equitativa. documento enfoca que la equidad de género, como punto constituyente de la equidad social, únicamente puede lograrse con un enfoque integrado de las políticas públicas. "La concentración de la riqueza y el poder, y el aumento de la pobreza absoluta ponen en peligro los adelantos logrados en materia de igualdad entre hombres y mujeres", condena la CEPAL. Contra ello, el organismo propone la evidente necesidad de "humanizar la economía", integrando la política económica con los valores y aspectos sociales.

Asimismo, el estudio se refiere a que, pese a que los gobiernos se han preocupado por institucionalizar políticas de género y han creado oficinas nacionales de la mujer, éstas adolecen de un bajo presupuesto, fragilidad institucional, escaso reconocimiento de diversos sectores sociales y estatales, y, además, son vulnerables a los cambios de gobierno. Por ende, reflexiona la CEPAL, surgen dificultades para que los planes de equidad se traduzcan en compromisos políticos y esto provoca, a su vez, la reproducción de la tendencia a tratar los temas de las mujeres como un asunto de protección paternalista hacia un "grupo vulnerable".

Por último, el escrito "Ciudad y relaciones de género" es un aporte interesante en la discusión de los problemas de las mujeres. Se trata de aprovechar el recurso que constituyen las ciudades por sí mismas, pese a los problemas que las caracterizan. Para la CEPAL, la forma de hacer buen uso de ellas consiste en superar las condiciones de inequidad social en el mundo urbano, especialmente las que afectan a las mujeres. A veces se olvida la potencial fuente de desarrollo que son las ciudades. Gracias a su carga histórica, cultural e institucional, las urbes son "matrices multiuniformes que contribuyen a dar forma a la sociedad". Como construcciones sociales que son, condicionan la vida de sus habitantes y determinan la calidad de los intercambios en ellos.

Con una nueva concepción de desarrollo social se lograría incorporar a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho; sin embargo, para ello es básico, entre otras cosas, no transformar las diferencias biológicas en desigualdades sociales. Por otra parte, nuevamente aquí se enfatiza la necesidad de abolir la concepción de "grupos vulnerables" que se tiene de las mujeres, y entender la solución a sus problemas como parte integral del desarrollo y de una nueva construcción social basada en la equidad.

Esto ha sido sólo un ejemplo de lo que en aquella Conferencia se discutió. Los aportes son básicos para el problema de género no tanto en acciones y políticas, sino como una fuente de análisis, reflexión y visiones novedosas sobre el tema. El Salvador es uno de los países participantes y se verá beneficiado en tanto amplíe sus horizontes reflexivos lo que, a la vez, contribuirá a realizar cambios y acciones. Es una pena que, en el país, poco o nada se yaya hablado y publicado sobre la Conferencia regional. A los medios de comunicación, organizaciones feministas y al gobierno poco parece importarles involucrarse e involucrar a la ciudadanía en general en la materia. Lo que ahí se expuso constituye un importante aporte para las sociedades latinoamericanas que se esfuerzan por sacar adelante a sus mujeres. El Salvador ha tenido significativos avances al respecto, pero aún se hecha de menos un mayor interés por parte de las autoridades. Su participación en el evento fue útil, pero más lo sería la puesta en práctica y la difusión de lo que ahí se concluyó. Los conocimientos y las reflexiones son infructuosos mientras no se apliquen a la realidad.

Las recientes provocaciones de China continental hacia Taipei, contenidas en el "Libro Blanco sobre el asunto de Taiwan", deben ser motivo de reflexión para los países centroamericanos y un motivo para pasar revista a la política internacional que el área en un solo bloque ha mantenido hacia la República de China en Taiwan. Conviene además hacer un breve análisis sobre los acuerdos suscritos con esa nación en las dos últimas cumbres de presidentes y jefes de gobierno. La primera, convocada en San Salvador, y la más reciente, celebrada en Taipei, cuyos temas centrales fueron la cooperación económica y comercial, y las inversiones entre las partes involucradas.

Antes de revisar la política internacional de Centroamérica hacia Taiwan, es útil decir dos palabras sobre la situación actual, en el plano mundial, de las relaciones entre Taiwan y China continental. En este punto, el gobierno de Taipei ha declarado que tratará a su hermana mayor, la República Popular de China, como de "Estado a Estado", lo cual ha desatado una serie de reacciones encontradas. Por un lado, el gobierno del presidente chino en Pekín, Jiang Zemin, califica a Taiwan como una provincia "rebelde" y mantiene su anhelo de ver "una sola China" para lograr la reunificación antes del 2007, cuando termine su gobierno. Por otra parte, Estados Unidos ha mostrado una postura ambivalente al apoyar en un principio la idea de "una sola China", pero a la vez dando señales de apoyar a la isla ante una posible invasión. La postura de la Unión Europea es clara: grandes trabas para la inclusión del Gobierno de Pekín a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Está claro que las dos potencias de las que más ayuda recibe Centroamérica apoyarían, en caso de un eventual conflicto armado, al proceso democrático que se viene desarrollando en Taiwan, por lo que es fácil definir el rumbo de nuestros países en este conflicto, al menos en materia diplomática.

Centroamérica forma parte del selecto "club de amigos" de Taiwan, que en su mayoría son países del América de Sur y Africa. Como tal, reconoce al Gobierno de Taipei como Estado soberano e independiente y mantiene con el mismo estrechos vínculos diplomáticos y de cooperación. A ello se suma el respaldo que reiteraron todos los presidentes de Centroamérica, excepto Alvaro Arzú, a la inclusión de Taiwan en la ONU para lograr la representatividad de sus 22 millones de habitantes, en el marco de la 54a. Asamblea General del organismo mundial, celebrada en septiembre pasado.

Ante este apoyo diplomático de los países del Istmo, el presidente de China en Taipei, Lee Teng-hui, ha mostrado sus deseos de fortalecer las relaciones de cooperación y ha manifestado su interés de asociarse al Sistema de la Integración Centroamericana. Luego de su primer encuentro de presidentes centroamericanos, la República de China, en sintonía con los gobiernos de Centroamérica, reconoció que uno de los medios para alcanzar la cooperación era la creación de un Fondo de Desarrollo Económico. Taiwan se comprometió a contribuir con US$20 millones por año, por un período de 12 años: el primer desembolso se efectuaría el día 1 de septiembre de 1998, mientras que el último se haría el 1 de septiembre del 2009. Este fue un primer paso decisivo para la integración de la República de China y todo el bloque centroamericano.

La segunda cumbre de los presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Taiwan se inauguró el día 7 de septiembre pasado y previo a su inauguración el Ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Jason Hu, declaró que dicha cumbre reflejaba la integración de la República china a la "política de bloques internacionales". Tal declaración revela el interés de Taiwan hacia la región por considerarla puente hacia regiones más importantes como Estados Unidos, su principal aliado en el conflicto con Pekín; de tal manera que, si bien el presidente Lee ha reiterado su ayuda a Centroamérica, con ello, muy inteligentemente, consigue un paso fácil en materia comercial para expandirse hacia mercados grandes en Norteamérica. Asimismo, logra un acercamiento geográficamente importante y de gran significado en términos diplomáticos, como subrayó el Ministro taiwanés, Jason Hu.

Los beneficios obtenidos de la segunda cumbre fueron ampliamente reconocidos por los presidentes centroamericanos y sus respectivos ministros de Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores. En ese sentido, el presidente Francisco Flores en nuestro país, junto al Ministro de Economía, Miguel Lacayo, destacaron el apoyo en el sector empresarial con la creación de la Cámara de Comercio de El Salvador-Taiwán y el crecimiento de la inversión taiwanesa en el país; en el sector financiero, el establecimiento del First Commercial Bank; y finalmente, en el sector agrícola hicieron nota el compromiso de cooperación técnica para los productores salvadoreños. Por otra parte, en San José, Costa Rica, se dio mucha importancia a la construcción de una carretera regional que una Centroamérica desde Guatemala hasta Costa Rica para fortalecer los vínculos comerciales en el Istmo.

En conclusión, este acercamiento Taiwan-Centroamérica nos deja muy claras dos cosas. En primer lugar, la casi nula importancia que se le otorga a cada país de la región en términos individuales y la necesidad de una pronta integración para enfrentarse a las grandes potencias como un solo bloque. En segundo lugar, el predominio de una política internacional atada a los dictámenes de las grandes potencias mundiales. A primera vista pareciera que la ayuda taiwanesa a la región obedece única y exclusivamente al apoyo diplomático de los presidentes centroamericanos y la insistencia de estos para lograr la inclusión de Taiwan en la ONU.

Sin embargo, detrás de esta dinámica se esconden razones ideológicas como la de no vincularse con el gigante comunista y sus mil 500 millones de habitantes en el momento en que Centroamérica acaba de salir de sangrientas guerras civiles y se encuentra en un período de democratización. En esta etapa de postguerra, aunque se hayan firmado unos acuerdos de paz en Guatemala y El Salvador, todavía el fantasma del comunismo ronda por los ambientes políticos centroamericanos. Esto lo pone de manifiesto la postura desinteresada de algunos presidentes hacia la IX Cumbre Iberoamericana, desarrollada en Cuba del 15 al 16 de noviembre pasado, por considerar que su permanencia en suelo cubano era signo de aprobación del régimen comunista liderado por Fidel Castro.

Otra razón a tomar en cuenta es la desventaja comercial producto de la economía de Estado adoptada por la China continental. Allí la actividad económica está controlada por el gobierno a pesar de las libertades que el presidente Jiang Zemin impulsa en un intento de acercamiento hacia occidente y particularmente hacia Estados Unidos. De allí que se vuelve imposible para las pequeñas economías centroamericanas entrar en condiciones favorables al gran mercado chino. Finalmente, por razones de política internacional, es obvio que los presidentes del Istmo se hayan inclinado por apoyar a un "amigo" de Estados Unidos para tomar así el camino hacia Taipei.

Junto a la falta de oportunidades reales para un desarrollo humano colectivo, en medio de un ambiente plagado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, la inseguridad de las personas se pasea campante por la región latinoamericana. No afirmamos que, necesariamente, la pobreza sea la causa de la delincuencia y que por ende —al menos en teoría— exista una solución mágica a la vuelta de la esquina; sí tiene incidencia para que se observen altos índices de criminalidad y violencia, pero el análisis de una situación tan compleja también debe incluir elementos tales como: los conflictos políticos y la represión de las décadas pasadas; la impunidad para los victimarios de entonces y la negativa de justicia para las víctimas; el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción; la debilidad institucional; la proliferación de armas; el desplazamiento del campo a la ciudad, el exilio masivo y la pérdida de identidad; el difícil retorno de quienes se vieron forzados a salir; el ajuste y la globalización; la perniciosa influencia de algunos medios.

Ubicados en ese marco, resulta importante retomar algunas consideraciones sobre una de las herramientas fundamentales para garantizar la seguridad de las personas. Se trata de la institución policial, cuyo estado no es el mejor desde la perspectiva de una actuación ética y su papel en el combate a la delincuencia en todas sus manifestaciones; contrario a eso y por encima de las modificaciones que se hayan impulsado en algunos países, la policía deja mucho que desear y las consecuencias de eso las paga la población. De ahí que resulte interesante e importante rescatar, del Curso Interamericano SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOS HUMANOS realizado en 1998, parte de la intervención de Rafael Nieto Loaiza; en concreto, para ilustrar a quienes dirigen la Policía Nacional Civil en El Salvador, a continuación resumimos los que deberían ser sus comportamientos según Rafael.

1. La misión fundamental y razón de ser de la policía es la protección de los derechos y las libertades; por tanto, esos derechos y libertades no deben entenderse como un límite para su accionar, como una "camisa de fuerza", sino como el eje alrededor del cual gira toda su actividad.

2. En su misión, estructura, funcionamiento y sistemas de control la policía debe ser un servicio público democrático.

3. Dentro de la estructura estatal, la policía debe ser un cuerpo armado de naturaleza civil y no militar.

4. En su misión, estructura, funcionamiento y sistemas de control la policía debe estar determinada por la Constitución y las leyes.

5. La policía debe contar con un código de ética propio que refleje su carácter, naturaleza y misión cuya inspiración se encuentre en los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

6. Por ser público el servicio de la policía, las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la elaboración de las políticas nacionales de seguridad y criminalidad; también tienen el derecho pero no el deber de colaborar, sin reemplazar, en la ejecución de las tareas de seguridad; por último, tienen el derecho y el deber de controlar su accionar.

7. Por ser el suyo un servicio público, la policía debe estar abierta a la demanda social de permanente eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus funciones; asimismo, la policía debe rendir cuentas de su accionar a la sociedad.

8. La policía sólo debe usar la fuerza cuando sea necesario y en la medida estricta de esa necesidad.

9. En su función represiva, la policía debe ser parte de la estructura de la administración de justicia y debe actuar en consonancia con ella.

Tanto la inseguridad como la situación económica y social aparecen, en casi todas los sondeos de opinión durante los últimos años, como las mayores preocupaciones para casi toda la población salvadoreña; mientras esa situación no se modifique en un sentido positivo, seguirá siendo muy difícil alcanzar un significativo nivel de participación por parte de la gente y un aceptable grado de consolidación institucional. Sin embargo, se deben considerar las reflexiones de Patricia Valdez —aquella argentina que tan bien se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión de la Verdad en nuestro país— sobre los aportes que la llamada "sociedad civil" puede brindar a la democratización de la región. Veamos:

1. Constituye una reserva de recurso políticos, económicos, culturales y morales para efectuar pesos contrapesos hacia el poder.

2. Además de su fortaleza, importa también su diversidad y pluralismo.

3. Su rica vida asociativa puede servir como un complemento de los partidos políticos, en aras de estimular la participación e incrementar la eficacia política y las habilidades ciudadanas.

4. El interés profundo de la población por el orden social enriquece la organización y brinda mayor estabilidad al Estado.

5. Dentro de ella, existe la posibilidad de reclutar y entrenar nuevos líderes políticos.

6. Cuenta con una enorme capacidad de resistencia al autoritarismo.

Es un hecho inobjetable que Latinoamérica no es la misma que hace diez o veinte años; en algunos aspectos para bien y en otros para mal, la región ha cambiado. Y esa realidad no puede ser ignorada por nadie; mucho menos por quienes trabajan en el ámbito de los derechos humanos, para promoverlos y defenderlos. Es cierto que existen posibilidades pero, sin duda, también hay riesgos enormes; ello nos obliga a ubicar los desafíos actuales con el mayor grado de objetividad que se pueda a fin de sumar y no restar, de multiplicar y no dividir en un esfuerzo que debe ser convocante y amplio. Temas como los ahora comentados, entonces, adquieren una especial relevancia y reclaman creatividad de nuestra parte; iniciativas como las del Curso Interamericano SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOS HUMANOS, organizado por el IIDH, también se vuelven claves.

Según versión periodística y de personas afectadas, cerca de las 11:40 horas del lunes 6 de marzo del año en curso se encontraban dialogando —cerca del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)— un oficial de enlace de la Policía Nacional Civil (PNC) con representantes de los sindicatos en huelga, junto a personeros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a fin de terminar en forma pacífica la protesta pública que ese día habían realizado los trabajadores y evitar una confrontación innecesaria.

El grupo de manifestantes aceptó retirarse del lugar a las 12:00 horas; se dice que el oficial de enlace policial de acuerdo pues faltaban pocos minutos para ello. No obstante, ocurrió lo que ahora lamentamos: otro oficial de la PNC a cargo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), notificó a su colega que tenía órdenes de despejar las vías antes de ese plazo. En esas circunstancias, el oficial de enlace intentó detener tal medida comunicándose por teléfono con la autoridad superior para que no se procediera al desalojo violento, pues ya se había alcanzado una solución racional. Sin embargo, a las 11:45 de la mañana el señor Mauricio Sandoval —director de la PNC— reiteró la orden y la UMO procedió con un uso desproporcionado de la fuerza.

Los resultados son de sobra conocidos: pacientes y sus familiares, personal médico y administrativo, comerciantes, periodistas, personas de la tercera edad, mujeres, niños, niñas y población vecina en general resultaron afectados; incluso, se registraron casos de asfixia y paros cardio-respiratorios. Consideradas armas "no letales" por el director de la PNC, las granadas lacrimógenas penetraron a los nosocomios ocasionando graves daños a la seguridad e integridad física de las personas; ¿qué diría el señor Sandoval si sus hijos o familiares fueran alcanzados por estos gases o por las "balas de goma", el "gas mostaza" o el agua a presión? Además, testimonios gráficos dan cuenta de policías portando armas letales, de fuego.

Con esos hechos, los derechos humanos han recibido un duro revés. La actuación policial no puede menos que ser denunciada pues, además de evidenciar una incapacidad para buscar salidas civilizadas a este tipo de conflictos, cuestiona el rumbo de una institución que por mandato constitucional y legal debe garantizar la seguridad de las personas respetando sus derechos fundamentales.

Es cierto que tras varios meses de conflicto en el sistema de salud, la población —sobre todo la que demanda atención médica— está cansada y le ha exigido a las partes que encuentren una salida. Pero lo ocurrido ayer desborda cualquier límite y puede contribuir a que el país entre en una espiral de violencia inaceptable, pues aún vivimos en un ambiente donde persisten manifestaciones claras de intolerancia, violencia e impunidad.

Con el proceder de la UMO, bajo las órdenes directas del director de la PNC, se violaron los siguientes artículos:

• 2, 6 y 7 de la Constitución de la República;
• 1, 5, 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y
• 1, 4, 25, 27 y 31 de la Ley Orgánica de la PNC.

Asimismo, se violaron disposiciones establecidas en el documento denominado "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", aprobado en el Octavo Congreso sobre el Delito celebrado en La Habana, Cuba, en septiembre de 1990. Finalmente, con esa actuación --además del irrespeto a las normas antes citadas-- se han revivido prácticas represivas propias de hace veinticinco años.

Por todo lo señalado, EXIGIMOS:

1. Que las partes involucradas en el actual conflicto del sistema de salud, le den cumplimiento inmediato a las recomendaciones del procurador para la defensa de los derechos humanos en funciones, licenciado Marcos Valladares, incluidas en su resolución de fecha 18 de febrero del año en curso.

2. Que se investigue exhaustivamente al señor Mauricio Sandoval, quien públicamente aceptó haber ordenado la brutal y desproporcionada acción policial mediante la cual se violaron los preceptos constitucionales y legales arriba señalados, así como los derechos humanos de muchas personas; corresponde a la Fiscalía General de la República proceder en ese sentido para establecer si existe o no responsabilidad penal de este funcionario por el delito de actos arbitrarios.

3. Que no se vuelvan a producir hechos violentos como los que ahora condenamos.

San Salvador, 8 de marzo del 2000.

Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA); Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES); Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec"; Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en El Salvador (CODEFAM); Comité de Madres "Monseñor Romero" (COMADRES); Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desparecidos y Asesinados (COMAFAC); Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

HUELGA. Según el resultado de la última encuesta CID-Gallup, realizada con una muestra de 1,770 encuestados, la mayor parte de la población salvadoreña rechaza la huelga de los trabajadores del Seguro Social. "Para muchos, no es justo que los huelguistas jueguen con la salud de los enfermos al rehusarse a brindar sus servicios. Otros dicen que no importa, que los trabajadores tienen derecho a buscar sus reivindicaciones con una huelga, sin que importe el tipo de servicio que ofrecen". Esto se traduce en 58% de encuestados que considera "injusta" la huelga y 25% que considera que los trabajadores están en su derecho a buscar mejoras salariales, independientemente de las implicaciones del paro de labores. Es decir, seis de cada diez salvadoreños considera que no es justo que los trabajadores paralicen las actividades en el ISSS, porque con ello están dejando de atender la salud de los enfermos. Aquellos que apoyan la actitud de los huelguistas son principalmente simpatizantes del FMLN, así que, una vez más, en ambas opiniones tiene un gran peso la simpatía partidaria. Para muchos, resulta obvio que aquello que comenzó como una actividad de reclamo laboral, con el fin de conseguir aumentos salariales y la efectividad del contrato colectivo, se ha convertido en un entramado político (EDH 23.02 p.10).

DEBATE. Los dos principales candidatos a la alcaldía capitalina, Héctor Silva, del FMLN, y Luis Cardenal, de ARENA, participaron en un debate organizado por Telecorporación Salvadoreña (TCS), el 02.03. La participación ciudadana en la solución de los problemas fue el tema principal de la noche. Silva aseguró que durante tres años aprendió a gobernar tomando en cuenta a los ciudadanos. Cardenal, por su parte, consideró que lo mejor de la ciudad no son las edificaciones, sino las personas. Además, recordó que su plataforma municipal incluye la consulta a través del programa "Vecinos Unidos" y la creación de la figura del "Defensor de los Derechos Municipales". Asimismo, Cardenal hizo hincapié en la colaboración que podría tener con el Gobierno Central, puesto que está bajo el control de su partido. El candidato arenero recalcó la necesidad de hacer obras grandes, como limpiar el río Acelhuate, mientras Silva lo criticó e insistió en que lo más viable en tres años era aumentar las regulaciones ambientales. Por otro lado, Silva propuso estudiar una nueva tarifa en los impuestos municipales, pero Cardenal prefiere "reorientar" los actuales recursos económicos en obras. Sobre el asunto, el candidato del FMLN-USC propuso "igualar las tasas", ya que antes de alcanzar la administración municipal, en 1997, los gastos de la comuna eran de 93 millones de colones, cuando sólo recibía 43 millones de colones (EDH 03.03 p. 4 y 8).