Año 20
Número 896
Marzo 29, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial La presencia de Mons. Romero
Política XX aniversario: un llamado a la reconciliación
Economía ¿Será privatizado el Banco Hipotecario?
Sociedad Pacto de gobernabilidad: a oídos sordos...
Región Reformas al Poder Judicial de Honduras
Derechos Humanos Caso jesuitas: oportunidad para el sistema
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    Mons. Romero ha movilizado El Salvador como ningún partido político, gremio, asociación, sindicado o institución ha podido hacerlo en los últimos años. Convocó a una multitud delante del Salvador del Mundo y en frente a la catedral de San Salvador. Multitudes desfilaron por las calles de San Salvador para dirigirse, desde diversos puntos de la capital, hacia su catedral. La noche del 24 de marzo, un río de gente, en su inmensa mayoría perteneciente a comunidades cristianas y parroquias y conformado por una buena cantidad de jóvenes, se tomó una de las arterias principales de la capital, animada por su presencia. En la UCA se dio cita una multitud hasta ahora nunca reunida para participar en el Festival Verdad 2000. Muchas comunidades y grupos se reunieron para conmemorar su memoria, a lo largo y ancho de El Salvador. Mons. Romero sacó al pueblo salvadoreño a la calle y a las plazas como nadie lo había podido hacer desde la guerra, exceptuando quizás el día en que se firmaron los acuerdos de paz.

    La multitud congregada en calles y plazas experimentó la presencia de Mons. Romero de una manera muy intensa. Su presencia viva y activa fue sentida por muchos. Fue una experiencia de resurrección. De esta manera, Mons. Romero se apareció a su pueblo, el cual tuvo experiencia de su resurrección. Al aparecerse en medio de su pueblo, Mons. Romero hizo presente el poder y la bondad de Dios. El poder de Dios que lo levanta sobre la muerte y lo justifica ante sus asesinos y los encubridores de su crimen. La bondad de Dios que vuelve a mostrar una preferencia especial por este pueblo que lleva su nombre. Mons. Romero no sólo hizo presente esta bondad durante su vida, sino también ahora, más allá de la muerte. Su voz no sólo continúa resonando vibrante y enérgica, sino que todavía continúa siendo muy actual, pese a los cambios y transiciones. El pueblo salvadoreño, al cual sirvió hasta su muerte, sigue necesitando salvación de la pobreza y la violencia. Por lo tanto, sigue necesitando profetas y pastores que denuncien el pecado del país y que lo guíen hacia la salvación prometida por el reino de Dios.

    Desde su presencia viva y actuante, Mons. Romero ilumina el camino a seguir para luchar por la liberación de la injusticia y la opresión, es fuente donde los desanimados y cansados encuentran ánimo para continuar y ofrece razones para seguir esperando el reinado de Dios en El Salvador.
El triunfo de Mons. Romero muestra que no hay que temer la denuncia de las nuevas formas que la injusticia y la opresión han adoptado, como la mundialización y la concentración del capital y la privatización; muestra, además, que no hay que temer al pueblo, sino que lo único a lo cual hay que temer es a la pérdida de la esperanza y con ella a la pérdida de la credibilidad y la confianza del pueblo salvadoreño. Si se pierde la capacidad para dar esperanza y para esperar, se pierde el potencial para salvar al pueblo.

    La actualidad de Mons. Romero está en haber unido dos realidades que, por lo general, están separadas: unió la salvación con el pueblo salvadoreño. La salvación no es algo ajeno a la realidad histórica, sino que es la salvación del pueblo, aunque sin olvidar a las personas, ni la necesidad que éstas tienen de un encuentro personal con Dios. Pero lo primero es la construcción de un pueblo que sea realmente pueblo de Dios. Al unir estas dos realidades, Mons. Romero hizo surgir algo completamente nuevo y de una trascendencia imprevisible.
Para Mons. Romero, salvar es decir la verdad en nombre de todo el pueblo y ése era el propósito de su homilía dominical, que ésta fuera la voz del pueblo salvadoreño y lo consiguió con creces. Por eso precisamente lo mataron, con su asesinato quisieron acallar esa voz. No la voz del arzobispo, sino la voz de un arzobispo que se había convertido en voz del pueblo. Para Mons. Romero, salvar es también dar esperanza a una sociedad sumida en las tinieblas por la negación obstinada de la satisfacción de las necesidades básicas a la mayoría de la población. No hay que temer a los problemas, por grandes y complejos que éstos sean, sino a perder la esperanza ante los desafíos que ellos puedan plantear. Mons. Romero estaba convencido que sobre las ruinas de la sociedad salvadoreña algún día brillaría la gloria del Señor. Salvar, en breve, es anunciar que en el horizonte asoma un Dios liberador.

    La gran novedad de Mons. Romero y de los mártires del siglo XX es que vincularon martirio y salvación de todo un pueblo. Las grandes mayorías del pueblo salvadoreño y de la humanidad, privadas de las condiciones básicas para su existencia, son, en su realidad trágica, exigencia absoluta para que el cristiano y la cristiana trabajen por su salvación personal y colectiva. A estas mayorías, Mons. Romero dedicó su ministerio episcopal. En estas mayorías, Ignacio Ellacuría vio pueblos crucificados por la injusticia y la violencia. Pueblos que sufrían en carne propia lo que le falta a la pasión de Cristo y ante los cuales es inevitable preguntarse, desde la fe cristiana, qué debo hacer para bajarlos de la cruz.

    Preguntarse si Mons. Romero dio su vida por razones cristianas o políticas, por su fe o por su compromiso con la justicia, no tiene sentido. Dio su vida como Jesús, por amor a su pueblo, por salvarlo; para que ese pueblo llegara a ser pueblo de Dios. Mons. Romero no dio su vida sólo por cosas buenas ni sólo por liberaciones pequeñas, sino por algo mucho más grande y abarcador: por la salvación de su pueblo y de las personas que lo conforman. No es mera casualidad que ese pueblo así lo haya interpretado y, en consecuencia, le haya permitido resucitar en su seno. Mons. Romero lo profetizó con sencillez y su profecía se ha cumplido, no por obra suya, sino de Dios. Su resurrección en el pueblo salvadoreño es obra de Dios. Es una manifestación más del amor que Dios tiene al pueblo salvadoreño.

    El vigésimo aniversario del martirio y de la resurrección de Mons. Romero en su pueblo liberó un grito de júbilo contenido durante muchos años. Un grito de alegría que es al mismo tiempo un grito de protesta contra sus asesinos y un grito de gozo al constatar en nuestros días cómo el poder de Dios levanta a la víctima de la muerte y pone de manifiesto su bondad. Es esa bondad la que ha envuelto al pueblo salvadoreño en estos días que, jubiloso, se ha lanzado a calles y plazas a gritar el triunfo de la vida sobre la muerte.

POLÍTICA

    Justo en los mismos días en los que el papa Juan Pablo II llevaba a cabo su histórica visita a Tierra Santa, en El Salvador concluía la conmemoración del XX aniversario de un suceso también histórico, pero profundamente trágico: el asesinato de Monseñor Romero, perpetrado el 24 de diciembre de 1980 en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Hasta la fecha, el crimen sigue impune, pero el motivo del asesinato ha sido siempre ampliamente conocido. Monseñor fue asesinado por haber asumido, con el valor de un pastor ejemplar, una de las causas que el Papa proclama ahora, la de los pobres.

    El papa ha dedicado los últimos años de su vida —y ha dado muestras de un vigor cada vez más significativo en ello— a esparcir entre los creyentes el mensaje de la paz, la justicia y la reconciliación. Por eso es tristemente paradójico que Monseñor haya muerto por haberse decidido a esparcir ese mismo mensaje. Ahora las fuerzas políticas, sociales y económicas más importantes del mundo hablan de la imperiosa necesidad de combatir la pobreza. "San Romero de América" fue muerto por esa causa hace 20 años, cuando hablar en nombre de los más necesitados era considerado ser subversivo y era suficiente para ser condenado a muerte.

    Juan Pablo II, el máximo líder de la iglesia Católica, aglutinó en Tierra Santa a miles de feligreses cristianos y a un significativo número de judíos y musulmanes. Al mismo tiempo, Monseñor Romero, el máximo líder que ha tenido la iglesia salvadoreña, aglutinó en la celebración de su martirio a miles de católicos, de no creyentes y de numerosas iglesias no tradicionales. Ambos fueron hechos sin precedentes. No obstante, la prensa nacional se ocupó poco y mal de esta trascendental conmemoración del asesinato de Monseñor.

    Para empezar, a excepción de los eventos de mayor relevancia, nada se mencionó a cerca de las numerosas actividades que diferentes instituciones eclesiales, pastorales, académicas y culturales organizaron en torno a la conmemoración. Tampoco se habló de la cantidad de congregaciones, periodistas, grupos diversos y visitantes que vinieron de diferentes partes del mundo a recordar al pastor. No se dijo que a la misa del 24 de marzo y a la procesión de farolitos realizada a continuación asistió un estimado de 30 mil personas. De los dos matutinos de mayor circulación sólo La Prensa Gráfica cubrió el Festival Verdad 2000 —engalanado con la participación del nicaraguense Luis Enrique Mejía Godoy y del grupo venezolano "Guaraguao" y presenciado por, aproximadamente, 8 mil personas—, obviando, eso sí, el dato de que el evento fue organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

    De El Diario de Hoy, dado el consabido dogmatismo que aún contamina su línea editorial, era de esperar que ignorara sistemáticamente el evento, que a todas luces fue un acontecimiento nacional. Pero no bastó con eso. Tal y como sucediera con la conmemoración del X aniversario del asesinato de los jesuitas en noviembre del año pasado, algunos de sus periodistas se prestaron al juego sucio de la confusión de los lectores y de la manipulación de la historia. El pasado lunes 27 fue publicado en ese diario un "reportaje" que pretendía hacer memoria sobre lo ocurrido en aquellos turbulentos últimos días de marzo de 1980. El tinte político de esa publicación no pudo ser más obvio.

    Los redactores no se esforzaron mucho en ocultar que la intención última de su "reportaje" era, más que narrar una noticia, convencer a los lectores de dos cosas: primero, de que la izquierdista Coordinadora Revolucionaria de Masas capitalizó a su favor el asesinato del Arzobispo y los "disturbios" (prefirieron obviar la palabra masacre) ocurridos el día de sus exequias; y segundo, de que los verdaderos responsables de tales "disturbios" fueron los movimientos de izquierda. Como ambas afirmaciones se remiten al ámbito de la opinión y como los hechos están lejos de darle la razón a esta versión de lo ocurrido, los redactores se limitaron a exponerlo sin más y se atrevieron, incluso, a sembrar dudas sobre las conclusiones que al respecto emitiera el informe de la Comisión de la Verdad.

    El informe señala al Mayor Roberto D'Aubuisson como el autor intelectual del crimen. Para El Diario de Hoy la Comisión de la Verdad se basó "en dichos de la gente y señalamientos que nunca resistieron la depuración judicial para convertirse en pruebas". Lo que no explica el diario es cómo puede cuestionar con tal contundencia el informe, quienes son las fuentes y en dónde están las pruebas que respaldan sus aseveraciones.

    La Comisión de la Verdad expuso con detalle cómo fue planeado y ejecutado el asesinato de Monseñor Romero, quienes participaron en su consumación y cómo fue obstaculizado a toda costa cualquier intento de esclarecimiento del mismo. En la página 132 del documento que elaboró se lee: "Para investigar el caso, la Comisión de la Verdad revisó las investigaciones anteriores y el expediente judicial, así como documentos de diversas fuentes, y entrevistó a muchos testigos confidenciales". Aparecen allí los nombres y apellidos de las personas involucradas en el crimen y de algunas de las personas que estuvieron cerca de Monseñor los días previos al asesinato. Aparece también la cita de una publicación hecha el 23 de febrero de 1980, precisamente en El Diario de Hoy, en donde el pastor era llamado un "Arzobispo demagogo y violento... [que] estimuló desde la catedral la adopción del terrorismo" y se llegó a considerar "conveniente que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles".

    En el reciente "reportaje" de ese mismo rotativo, en cambio, no aparecen sino afirmaciones tendenciosas y falsas como la de que: "El aparato policial de la junta golpista, luego el del gobierno de Duarte, el FBI, la INTERPOL y la inteligencia del Ejército no pudieron arrojar pruebas fehacientes sobre la autoría del crimen". Y se privilegian también las opiniones de figuras que comparten los intereses y puntos de vista del diario. Se citó, por ejemplo, al Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, quien opina que Monseñor "se desvió de su labor pastoral y se dedicó a actividades políticas con la izquierda. Lejos de llevarle palabras de aliento a los necesitados, sus discursos se convirtieron en alimento para la lucha de clases". Estas y otras declaraciones similares esgrimidas en otros espacios en torno a la conmemoración, son muestra de cuánto de la mentalidad que en el pasado predominó entre las clases poderosas de la sociedad salvadoreña, y que tanta veces justificó horrendos crímenes, continúa vigente.

    Tal vez el hecho de que 73 de los 84 diputados hayan logrado ponerse de acuerdo para reconocer en un pronunciamiento público que Monseñor Romero fue un "Pastor que luchó por alcanzar la justicia, la libertad, la democracia y la paz" puede ser considerado un pequeño avance en el pedregoso camino de la reconciliación nacional. Pero ese tipo de manifestaciones seguirán siendo tibias e insuficientes mientras en ellas se siga evadiendo la responsabilidad de exigir justicia y se siga evadiendo el deber de dar al pastor el lugar que le corresponde en la historia.

    Hablar de Monseñor Romero de la forma fría y pretendidamente objetiva con la que se hizo en el pronunciamiento de la Asamblea significa agachar la cabeza frente a las voces de odio que, encerradas en los estrechos límites de su dogmatismo, se niegan a aceptar el papel irremplazable que jugara en vida —y que continúa jugando aún en su muerte— el más grande pastor que ha tenido El Salvador como dador de fuerza y de esperanza a su pueblo.

    Con todo, el hecho de que el espíritu de Monseñor permanezca en el corazón de las mayorías populares salvadoreñas y de que esté, además, contagiándose por el mundo, es, tal y como lo fuera la palabra de "San Romero de América", esperanzador. Ojalá que el mensaje de paz que el papa se ha dedicado a esparcir, las intenciones de conciliación que últimamente han aflorado en el país y el ejemplo de Monseñor Romero contribuyan a hacer ver a las mentes dogmáticas que la búsqueda de la verdad y la justicia nada tiene que ver con las ideologías. Que esa búsqueda debería ser, más que un problema político o económico, un proyecto humano.

ECONOMÍA

    La privatización de la banca fue el primer proyecto de un proceso de privatización más amplio emprendido por el primer gobierno de ARENA, encabezado por Alfredo Cristiani, quien a la postre se convertiría en uno de los mayores accionistas del Banco Cuscatlán, probablemente el más importante del país por su monto de activos y ganancias. Prácticamente, todos los bancos y financieras fueron privatizadas antes de 1993, exceptuando el Banco Hipotecario que no pudo incorporarse al proceso debido a desavenencias sobre los mecanismos de venta de acciones. Incluso, en 1996, el presidente de la Junta Directiva de la institución renunció, aduciendo que existían anomalías en la venta de acciones debido que el gobierno —por aquel entonces presidido por Armando Calderón Sol— pretendía manipularla a su antojo.

    Recientemente, se ha conocido que el gobierno desea emprender nuevamente el proceso de privatización del Banco Hipotecario, para lo cual ya se habría elegido a un banco internacional que brindará asesoría financiera para la venta de acciones, la cual se espera concluir antes de que finalice el presente año. Posteriormente, el presidente de la república, Francisco Flores, desmintió estas versiones, pero el tema ha quedado suspendido en el aire, sumándose al creciente malestar generado por la ola privatizadora levantada por los gobiernos de ARENA. Así pues, es pertinente revisar rápidamente cuáles han sido los resultados históricos obtenidos con la privatización de la banca para tenerlos en cuenta a la hora de modificar el funcionamiento —o la propiedad— del Banco Hipotecario.

    Cuando inició la reprivatización de la banca, en 1990, el gobierno de Alfredo Cristiani insistió en que la medida respetaría el proceso de democratización del capital, para lo cual se promovería la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas privatizadas y, además, se convertiría al sistema financiero en el "motor de apoyo" para el desarrollo económico. Casi una década después es claro que ninguno de los dos ofrecimientos fue cumplido.

    En pleno proceso de reprivatización de la banca, surgió el mismo cuestionamiento que posteriormente surgiría cuando se frustró la privatización del Banco Hipotecario: irregularidades en el proceso de venta de acciones. Según trascendió en 1993, se sospechaba que la venta de acciones de los bancos reprivatizados habría violentado la Ley de Privatización del Sistema Financiero, especialmente en lo que se refiere al valor de las acciones que podían ser adquiridas por grandes inversionistas, el cual no debía exceder los cien mil colones.

    Sin embargo, en aquel momento existían indicios de que grandes inversionistas utilizaban los nombres de sus empleados para adquirir acciones que luego éstos transferían a nombre de las sociedades anónimas de sus patronos. Esta información fue confirmada por el mismo presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla, quien, el 24 de febrero de 1993, reveló que se estudiaba la posibilidad de reformar la Ley de Privatización del Sistema Financiero para corregir las anomalía mencionada. Esta problemática trascendió a nivel internacional con las publicaciones del semanario mexicano Proceso, el cual, en su edición del 15 de febrero de 1993, informó haber comprobado, con su propia investigación, “que las empresas del presidente Cristiani y de su esposa figuran entre los principales accionistas de la banca privada, además de familiares".

    Este planteamiento ha adquirido mayor fuerza con una investigación reciente sobre la concentración económica en El Salvador, según la cual "se observa la recomposición de la élite alrededor de la privatización de la banca". Según este estudio, los mismo banqueros también poseen las empresas aseguradoras y más recientemente adquirieron la propiedad de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyos principales accionistas "también corresponden a los principales bancos". (Albiac, D. "Los ricos más ricos de El Salvador", ECA, octubre 1999, pp. 841-864).

    Por otra parte, el que la reprivatización de la banca haría de ésta el "motor de apoyo" del desarrollo económico fue otro ofrecimiento que no ha sido cumplido, tal como lo demuestra la situación económica actual. La banca reprivatizada se dedicó a financiar proyectos bajo el criterio de una rápida recuperación de los créditos, lo cual implicó relegar proyectos de más larga maduración, pero que habrían estimulado el crecimiento de los sectores productivos. Consecuentemente, en la actualidad el sector agropecuario ha perdido importancia en la generación del Producto Interno Bruto, mientras que la industria ha estancado su participación y crece a tasas menores que el promedio de la economía. En cambio, los sectores construcción, comercio y financiero han experimentado un vigoroso crecimiento que, sin embargo, también mostró rápidamente señales de agotamiento.

    Las tasas de interés y comisiones cobradas por los bancos son otro factor que, al igual que la asignación del crédito, ha incidido negativamente sobre el crecimiento de la producción y el empleo. Aunque, según los mismos banqueros, las tasas de interés se encuentran entre los niveles más bajos de Latinoamérica, la verdad es que las tasas de interés y las comisiones que cobran los bancos colocan una carga financiera innecesaria sobre los usuarios del crédito, y así lo han reconocido en múltiples ocasiones las mismas gremiales empresariales de la industria, agro y construcción.

    En este contexto es normal que se levanten dudas sobre la conveniencia de privatizar el Banco Hipotecario siguiendo la misma tónica implementada con los demás bancos y, sobre todo, considerando que el entorno del sistema financiero provocará que esa institución se convierta —al igual que los bancos reprivatizados— en otro agente estrangulador del crecimiento económico de los sectores productivos.

    Aún así, el pasado 21 de marzo, el presidente de Junta Directiva del Banco Hipotecario afirmó que el gobierno habría avalado la continuación del proceso de privatización del banco. Agregó que, para 1999, se estimaba que la institución contaba con 2,257 millones de colones en activos, 1,067 millones en préstamos y 1,832 millones en depósitos; además, se estimaba que se enfrentaron pérdidas por un monto de 171.5 millones de colones en el mismo año, lo cual no sería impedimento para proceder a su privatización pues, al igual que los bancos reprivatizados, sería saneado —con fondos del Estado— antes de ser puesto a la disposición de ávidos compradores.

    Este anuncio fue desmentido, el 27 de marzo, por el presidente de la república, Francisco Flores, quien afirmó que no "estamos vendiendo ni privatizando el BFA [Banco de Fomento Agropecuario], ni el Banco Hipotecario", pues "consideramos que ambas instituciones deben dedicarse al pequeño [empresario]. Las instrucciones que hemos dado al Hipotecario es que busque y se especialice en la pequeña y mediana empresa". Al parecer, con esta postura quedaría definido el futuro de esta institución: permanecerá siendo propiedad mayoritaria del Estado y además orientará sus servicios financieros hacia la pequeña y mediana empresa. De ser esto cierto, serían buenas noticias para los sectores mayoritarios del país, ya que, por una parte, se estarían evitando nuevos procesos de concentración de la propiedad de la banca y, por otra, se estarían abriendo nuevas oportunidades para orientar el crédito hacia sectores que no son atendidos adecuadamente por la banca privada.

SOCIEDAD

    Inmediatamente después de haber confirmado su victoria, el alcalde reelecto de la ciudad capital, Héctor Silva, invitó a sus homólogos del Gran San Salvador, a la empresa privada y al Gobierno Central a participar en la elaboración de lo que él llamó un “Pacto de Gobernabilidad”. En dicho pacto, se discutirían aquellos “grandes proyectos” —definidos y discutidos con insistencia al calor de la campaña electoral— que el área metropolitana de San Salvador necesitaba. El contexto en el que se produjo esta invitación la revistió de un valor especial: según los resultados preliminares de los comicios del 12 de marzo, en la Asamblea Legislativa ningún partido gozaría de la mayoría absoluta y el área metropolitana de San Salvador sería gobernada, en gran proporción, por el FMLN. Previo a esto, el presidente Flores había adoptado un discurso de corte partidista, atacaba con argumentos maniqueos a la oposición —esa misma a la que había pedido una “crítica constructiva” para beneficio del país— y trazaba una línea en el suelo de su convulsionado gobierno: de un lado estaba él y su partido; del otro, aquellos que representaban la antítesis del desarrollo y la prosperidad que necesitaba el país.

    Así, el ambiente que caracterizó a la carrera por la alcaldía capitalina se presentó como la esencia de todo lo que el alcalde Silva había tenido que sortear durante los tres años anteriores de su gestión. En poco menos de tres meses, la figura del alcalde y su concejo, sus proyectos y logros, sus propuestas y sus metas, fueron el blanco de una avalancha de señalamientos y de acciones que pretendían no sólo restarle mérito, sino principalmente hundir en el peor de los descréditos a la administración edilicia más exitosa de la oposición. Un escenario como este justificaba por sí solo el llamado hecho por Silva de, al menos, garantizar la gobernabilidad para las dos millones de personas que se concentran en el Gran San Salvador. De hecho, varios sectores y altos funcionarios del país dijeron apoyar la iniciativa, entre ellos la misma empresa privada, las autoridades de la iglesia católica, diversos alcaldes del área y, sin falta, el presidente Flores.

    Entre todos los llamados a construir el pacto, quizás Flores era de quien se tenían las mayores expectativas. El mandatario había cerrado filas frente a la creciente posibilidad de gobernar de la mano de una oposición que, en términos generales, contaba con el reconocimiento de un buen porcentaje de la población y que, en términos municipales, tendría que rendir cuentas a un grupo poblacional casi tan amplio como el de ARENA. Pero, de cara a una composición de fuerzas cualitativamente diferente a la que le recibió en el cargo de presidente, a Flores no le quedaba otra que sumarse al grupo de quienes hablaban en nombre del trabajo conjunto, de la necesidad de acuerdos y, en definitiva, de la concertación. Justamente esa fue la propuesta que el presidente lanzó después de que se oficializaran los resultados de las elecciones pasadas: la necesidad de concertar.
Sin embargo, de esta materia el gobierno ya ha dado suficientes muestras de arbitrariedad entre discurso y hechos como para confiar de lleno en su oferta. Ciertamente, el diálogo y el acuerdo ya formaban parte de paquete con el que Flores se vendió a los electores en los comicios presidenciales de 1999. Sus “Alianzas” apelaban al trabajo de todos en función de unos intereses y problemas que él su equipo consideraban comunes para el país. Pero a diez meses de haber asumido el cargo, Flores no ha dedicado el mismo esfuerzo que durante su campaña para convertir su anhelo concertador en una práctica del Estado, en una “nueva forma de hacer política”. De nuevo, se apela al diálogo para trazar un camino a seguir, pero ese diálogo —tal y como se observó durante el conflicto del ISSS— adolece de tres grandes males.

    En primer lugar, en él se plantea una discusión que no forma parte de las prioridades del gobierno, sino que surge como respuesta última a situaciones críticas y/o en extremo conflictivas para el gobierno. Segundo, ese diálogo se fundamenta en unos términos que el mismo gobierno pretende sentar como válidos e imprescindibles. Ese ha sido el caso particular de la huelga del ISSS, de la que no se espera mayores modificaciones en los planes que Flores y las autoridades del ISSS se han trazado en torno al sistema de seguridad social. En tercer lugar, el gobierno actual apela a un diálogo en el que tiene cabida dos tipos de actores: los que quieren “lo bueno” para el país y los que procuran con todas sus fuerzas “lo malo”. En este sentido, el diálogo y la discusión de la que se habla implica más que una oportunidad para el país, una oportunidad para esa molesta oposición, puesto que a través de aquél puede darle vía libre a las iniciativas que provienen del gobierno y encarrilarse al camino de los que en verdad trabajan por el bienestar social.

    Estas mismas ideas subyacen en la propuesta que ha lanzado el presidente Flores. Con ella, parece que el mandatario quiere poner sobre la mesa sus propias cartas con respecto al llamamiento hecho por Silva, sólo que, en lugar de hablar de acciones en pro de la gobernabilidad, el mandatario prefiere hablar de concertación. Y es que aceptar la idea del alcalde implica asumir como cierto que existen unos elementos que no le permiten gobernar de la mejor manera posible para la población de San Salvador. Implica reconocer que el mismo Flores, su partido y su gabinete de gobierno han actuado —por acción u omisión— en contra de esa gobernabilidad que el edil capitalino reclama. Implica, además, darle el valor que se merece a una evaluación del contexto postelectoral que presupone la existencia de problemas y que, en lugar de alistar las armas en contra de ellos, analiza sus orígenes y aboga por soluciones de consenso. Y lo más comprometedor es que esta evaluación proviene de un alcalde de oposición.

    Flores habla de concertación en un tono que no despierta mucho interés de parte de las fuerzas políticas del país; además, en sus acciones persiste ese contraste entre hechos y palabras que le ha caracterizado en lo que lleva de gestión. En ese sentido, lo más preocupante de su propuesta no es tanto todo aquello que ésta niega, sino lo que puede llegar a confirmar. Otra vez el diálogo surge como una medida coyuntural frente a una situación crítica para el poder del partido gobernante. Tal y como el mismo Flores lo indicara, su actitud es una respuesta a los repetidos llamados que le hicieron varios partidos políticos y no una iniciativa propia, fruto de un análisis más o menos objetivo del nuevo panorama político del país. De hecho, según su opinión, los resultados de las elecciones no representaban “mayores cambios” para su gestión presidencial.

    Asimismo, el nuevo esfuerzo por concertar que se le plantea a las fuerzas políticas que sobrevivieron a las elecciones ni siquiera va acompañado de un plan que garantice su aplicación y seguimiento. El pacto sugerido por Silva, al menos, lleva implícito un fin muy concreto: la elaboración de un documento que defina con claridad las líneas que guiarán el trabajo a favor del área metropolitana y las competencias de cada uno de los participantes en este esfuerzo. Además, por ser un pacto, su desarrollo supone la presencia de todos los llamados a participar en él, la definición de unos temas prioritarios y la elaboración del documento definitivo en base a unas propuestas y unos aportes aceptados por todos. Pero la idea de Flores adolece de ese objetivo y de ese procedimiento mínimo que garantice su efectiva aplicación.

    Así las cosas, el presidente y su gobierno, lejos de hacerle un bien al país en esta etapa de reorganización de fuerzas políticas, se apresta a darle más de lo mismo: un gobierno que crece en su convicción de que las cuestiones del Estado le competen única y exclusivamente a la presidencia y al gabinete, y que no se preocupa por sustentar su trabajo con la participación de todos los sectores interesados. En definitiva, el presidente contribuye a generar un clima en el que la ingobernabilidad aparece como una seria amenaza para la estabilidad del país.

REGIÓN

    El sistema judicial en Honduras está enfermo y los síntomas se han manifestado en un sentimiento de inseguridad y desconfianza en la población que trae consigo un atraso en el fortalecimiento del proceso democrático y la consolidación del Estado de derecho. A esto se suma un deterioro social evidenciado en los altos índices de criminalidad y el estancamiento de los procesos judiciales en los tribunales de justicia, una de cuyas consecuencias es el crecimiento de la población de reos sin condena. De ahí que la reforma del Poder Judicial se vuelva un tema de discusión ineludible: este es un requisito indispensable para ofrecer a todos los hondureños una administración de justicia confiable y eficaz.

    Dos son los problemas que priman en el interés de los profesionales del derecho de aquel país: la corrupción y la injerencia de la política en la administración de justicia. En el nombramiento de los funcionarios judiciales intervienen criterios nada técnicos, como el apadrinamiento político y la influencia de amistades en los sectores económicos dominantes. La ineficiencia de muchos de estos funcionarios se explica, en primer lugar, por la dependencia que tienen respecto de quienes influyeron en su nombramiento, en segundo lugar, porque no necesariamente están calificados para desempeñar cargos en el Poder Judicial. Mientras tanto, la población tiene que resignarse al maltrato cotidiano, debido al deterioro moral por el que atraviesan los tribunales de justicia.

    Múltiples análisis y opiniones han denunciado las transgresiones al Estado de derecho y señalado la necesidad de buscarle solución al problema. El Congreso Nacional hondureño debería tomar en cuenta esos estudios y aportes, cuyo fin es garantizar la independencia económica y política del Órgano Judicial; sin embargo, debido a que tocan intereses particulares del Ejecutivo y del propio Congreso, es fácil entender la apatía con que es vista la necesidad de una reforma.

    Otro gran obstáculo es la inaccesibilidad al sistema de justicia para la mayoría de la población del país. Es una realidad que el ciudadano común no tiene los suficientes recursos económicos para tener acceso a los tribunales y, si los tiene, no se arriesga a recurrir a ellos por lo difícil y hasta denigrante que puede resultar un proceso judicial.

    En los principales diarios del país han aparecido críticas fogosas denunciando la corrupción imperante en todo el sistema. La situación es tan grave que existen grupos de profesionales del derecho que se dedican libremente a traficar con la administración de justicia dañando la dignidad de las personas, a quienes acusan de cometer delitos de orden público para luego exigirles cantidades millonarias de dinero con la condición de no continuarlas acusando. De oponer resistencia, las víctimas son amenazadas de muerte y denigradas públicamente en campañas pagadas en los medios de comunicación del país.

    Con todo, hay que reconocer que un importante logro del sistema judicial ha sido la creación de la Inspectoría General de Tribunales, cuyo fin es vigilar la conducta de los funcionarios y empleados judiciales y la impartición pronta de justicia. Lastimosamente, las recomendaciones de destitución de algunos funcionarios presentadas por la Inspectoría son resueltas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia con un simple llamado de atención o con una orden de traslado a otro tribunal, dejando en la impunidad los delitos cometidos.

    Las deficiencias en la administración de justicia son patentes y ya son tema de discusión seria en el Congreso Nacional. Afortunadamente, ya se está trabajando en un Proyecto de Reforma de la Constitución de la República para lograr un cambio estructural del Poder Judicial. Las áreas de acción prioritarias para encarar y corregir las deficiencias ya fueron identificadas; las mismas han sido presentadas por el Procurador Mauricio Velasco, quien fue llamado por los asesores legales del presidente del Congreso hondureño para trabajar en el proyecto de Reforma antes mencionado. A continuación, hacemos un resumen de las áreas más significativas del proyecto de Reforma contenidas en el documento Reformas al Poder Judicial de Honduras, difundidas por el Procurador Velasco en Internet.

1. Despolitizar el Poder Judicial. El primer paso para lograr la despolitización es, sin lugar a dudas, la implementación de un nuevo sistema para nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todos los sectores de la sociedad hondureña coinciden en la desconfianza que genera el poder judicial si está atado a la política y los políticos. La tarea le corresponde al congreso nacional en donde están archivados innovadores proyectos de reforma; sólo falta analizarlos en su conjunto para presentar un nuevo anteproyecto que responda a las necesidades actuales.

2. Darle plena vigencia y cumplimiento a la Ley de la Carrera Judicial y adoptar el sistema de concursos para el nombramiento de funcionarios y empleados judiciales. La ley de la carrera judicial garantiza a los funcionarios y empleados judiciales la inamovilidad de sus cargos con el fin de capacitarlos en las diferentes ramas del derecho. No obstante, esta ley no se respeta y deben ser los magistrados quienes velen por su cumplimiento. Asimismo, la Dirección de Personal debe practicar libremente el sistema de concursos para nombrar a los funcionarios y empleados judiciales.

3. Otorgarle plena autonomía a la Inspectoría General de Tribunales y hacer que sus informes sean conocidos públicamente y aplicados estrictamente por la Dirección de Personal. Las irregularidades de los funcionarios y empleados de justicia pueden ser denunciadas por los procuradores y el público en general ante la Inspectoría General de Tribunales. Si la denuncia se declara procedente, se traslada a la Dirección de Personal, y de allí al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lo ideal es que la facultad de sancionar a los infractores sea compartida por la Dirección de Personal y la Inspección de Tribunales.

4. Creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Este se encargaría de vigilar y sancionar las violaciones contra las garantías y derechos fundamentales de las personas consignados en la Constitución de la República y los convenios internacionales suscritos por Honduras.

5. Que el Congreso Nacional, en estricto cumplimiento de la ley, haga transferencia efectiva del 3% del presupuesto nacional al Poder Judicial. La Constitución de la República establece un 3% del presupuesto nacional al poder judicial; sin embargo, en la práctica, son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo los que deciden el porcentaje a asignar.

6. Revisión de las leyes arcaicas para actualizarlas a los tiempos modernos. Es conveniente una revisión total de los códigos más utilizados: Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código de Trabajo, Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, entre otros.

7. Mejorar la calidad de la Educación Universitaria. La calidad del Profesional del Derecho es muy pobre, por lo que se vuelve necesaria una pronta actualización del curriculum de estudios en las universidades. Al mismo tiempo, se deben crear estudios de postgrado y ubicar a tiempo completo catedráticos especializados en las diferentes ramas del derecho.

8. Que el poder judicial atienda los justos reclamos de los procuradores y les dé participación. Los señalamientos hechos por los procuradores no son escuchados por los funcionarios del poder judicial; éstos a menudo entorpecen el trabajo de los procuradores y cuando se trata de emitir o reformar leyes no se les toma en cuenta.

    Las áreas señaladas anteriormente apuntan a un cambio sistemático en el poder judicial para dejar de lado la injerencia de los políticos y la política sobre el mismo, y ofrecerle a todos los hondureños un sistema judicial confiable y seguro. Lamentablemente, aún falta voluntad política para cambiar el panorama de la administración de justicia en Honduras y sustentar un verdadero Estado de derecho en este país centroamericano.

DERECHOS HUMANOS

    El pasado lunes 27 marzo, el padre José María Tojeira —Rector de la UCA— en su calidad de ciudadano entregó al Fiscal General de la República la denuncia penal contra un civil y seis militares en situación de retiro, por la masacre realizada en nuestra Universidad la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Todos ellos, durante la época, eran integrantes del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES); sus grados y cargos de entonces, son los siguientes: Alfredo Cristiani Burkard, Comandante General de la FAES y Presidente de la República; Rafael Humberto Larios, General y Ministro de Defensa Nacional y Seguridad Pública; René Emilio Ponce, Coronel y Jefe del Estado Mayor Conjunto; Juan Rafael Bustillo, General y Comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña; Juan Orlando Zepeda, Coronel y Viceministro de Defensa Nacional; Inocente Orlando Montano, Coronel y Viceministro de Seguridad Pública; y Francisco Elena Fuentes, Coronel y Jefe de la Primera Brigada de Infantería. Los dos primeros son considerados responsables por omisión de los asesinatos en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas, de Elba Ramos y de su hija Celina Mariceth; los restantes son señalados como autores mediatos de esos crímenes.

    Dentro de la denuncia —en la relación circunstanciada de los hechos— se describen antecedentes tales como las campañas de difamación y los atentados contra la UCA durante el conflicto armado, los actos preparatorios de los asesinatos, el retorno al país del padre Ignacio Ellacuría, los virulentos ataques verbales contra sacerdotes jesuitas y otras personas a través del micrófono abierto de la Radio Cuscatlán, el cateo realizado por comandos del Batallón Atlacatl en la UCA el 13 de noviembre y su informe posterior, así como el amplio operativo de seguridad militar alrededor de la Universidad. En el relato En el relato concreto de los hechos, la mencionada denuncia ofrece elementos que apuntan hacia la sede del Estado Mayor Conjunto como el sitio de donde salió la orden criminal; asimismo, se detalla el operativo militar de la masacre y la deficiente investigación oficial.

    Tal como se establece en el documento formal que presentó el padre Tojeira, la acción penal contra los siete denunciados procede pese a la vigencia de “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz", aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993. Su existencia ha sido el principal argumento esgrimido para impedir, erróneamente, el procesamiento penal de los autores intelectuales en este caso. Sin embargo, tanto sobre la base de nuestra Constitución como por lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y en sentencias de carácter vinculante, emitidas por la justicia internacional, es posible establecer la procedencia de una acción penal contra las personas denunciadas.

    Se debe considerar que el Estado salvadoreño ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 23 de junio de 1978; así, ésta se convirtió en ley de la República de obligatorio cumplimiento para sus autoridades y habitantes. En ese marco y según nuestro ordenamiento jurídico, la Convención goza de un carácter de superioridad respecto de las leyes secundarias de la República; la base constitucional de ello la ubicamos en lo establecido por el artículo 144 Cn., que a la letra reza: "La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre un tratado y la ley, prevalecerá el tratado". Al respecto, también conviene tomar en cuenta lo establecido en el “Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución” el cual señala —a la letra— que "los tratados tienen una jerarquía superior a las leyes secundarias, sean éstas anteriores o posteriores a la vigencia del tratado".

    En esas condiciones, conviene citar que la Convención Americana reconoce —entre otros— los derechos a la vida y a la justicia; además, establece la obligación inteligible por parte del Estado de investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como su deber de adoptar disposiciones internas para hacer efectivos los derechos y las libertades consagrados en ella. Sin embargo, tanto con el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras como por la deficiente manera en que se investigaron los hechos y la aprobación de la antes mencionada Ley de Amnistía, las disposiciones citadas fueron violentadas de manera flagrantemente en este caso.
Cabe destacar que con la referida Ley se decretó una "amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hubieran participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos, antes del 1 de enero de 1992, por un número de personas no menor de 20". El efecto de esta Ley, establecido en sus mismas disposiciones, es el de la libertad para las personas que estuvieran detenidas por cualesquiera de esos delitos y —para las que no estuvieran procesadas— la garantía de utilizarla para evitar la acción penal, cuando fueran reclamadas judicialmente. Así las cosas, cuando la Asamblea Legislativa aprobó dicha Ley no tomó en cuenta que estaba contraviniendo la Convención Americana, al violar sus artículos 2, 1.1, 8.1 y 25.

    ¿Por qué? Pues porque —tal como lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso “Velásquez Rodríguez”— el “Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación... El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre e impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”.

    Si la Fiscalía General de la República —ante la denuncia presentada por el padre Tojeira sobre el caso jesuitas— no atiende lo dispuesto en la Convención Americana, estaría rompiendo el orden legal establecido pese a que por mandato constitucional le corresponde todo lo contrario: defender la legalidad. Eso equivaldría, entonces, a socavar las bases de un Estado de Derecho que las leyes de la República nos obligan a respetar. En ese marco, la única interpretación válida que resuelve el conflicto entre la Convención Americana y la Ley de Amnistía, es la aplicación de la primera por encima de lo dispuesto en la segunda; de esa manera, la consecuencia jurídica derivada es que las personas acusadas ahora —que nunca han sido procesadas por este caso— no pueden ampararse en la Ley de Amnistía porque procede iniciar, a partir de lo presentado por el padre Tojeira el lunes 27 de marzo, la acción penal correspondiente.

    Pero la cuestionada Ley de Amnistía, cuya vigencia en la actualidad pende de un hilo —por existir un recurso de inconstitucionalidad contra ella en la etapa de sentencia— no sólo contradice los dictados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también riñe con nuestra Constitución respecto a lo dispuesto en su artículos 144 y 244. Del primero, ya se habló antes de manera explícita. En cuanto al segundo, es necesario señalar que éste prohíbe que se conceda tal gracia a funcionarios civiles y militares de una administración gubernamental, siempre que se cumplan las dos condiciones que adelante veremos.

    Textualmente, dicho artículo establece lo siguiente: “La violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”. Tenemos, pues, las dos condiciones referidas: que sea un acto contrario a lo establecido en la Constitución; es la primera; y que la iniciativa mediante la cual se pretende evitar la acción penal en su contra o suspender una condena, tenga lugar en el mismo período presidencial en que ocurrió el hecho.

    En el caso de la muerte de los jesuitas y sus dos colaboradoras, queda claro que tales hechos criminales ocurrieron después de casi seis meses que tomó posesión el presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard. Como la Ley de Amnistía fue aprobada el 20 de marzo de 1993 y los ahora acusados por el Rector de la UCA eran funcionarios de esa administración. La situación, entonces, es la siguiente: la Ley de Amnistía no puede cubrir a los cinco señalados como autores mediatos de estos asesinatos ni a los dos responsables por omisión en esos crímenes. Actuar en sentido contrario, representa otro atentado más contra el orden constitucional y, por ende, una dificultad mayor para la construcción de un verdadero Estado de Derecho.

    Es necesario, además, aclarar qué significa la autoría mediata. Según el Código Penal salvadoreño anterior, aplicable a este caso concreto, se considera autores mediatos a los que por medio de la fuerza física constriñen a otro a ejecutar el delito; a los que determinen a otro a cometer el delito; a los que dieren la orden ilegal en el caso previsto en el ordinal tercero del artículo 40 de dicho Código (no exigibilidad de otra conducta por miedo insuperable, coacción o peligro); y, por último, a los que presten su cooperación de tal modo necesaria que, sin ella, no hubiere podido realizarse el delito.
La autoría mediata es, pues, una forma de comisión del delito frecuente en actos realizados por lo que la doctrina penal llama un "aparato organizado de poder", dentro del cual los responsables de los delitos que se comenten mediante su activación son sus dirigentes. Ellos tienen “dominio del hecho”: son “dueños” de la situación delictiva, aunque no tengan participación directa en su realización. En la masacre de la UCA hay indicios graves, precisos y concordantes entre sí, que apuntan a una estructura de este tipo con la participación decisoria y decisiva de los ahora denunciados.

    La responsabilidad por omisión, por la que se acusa a Cristiani y Larios, también debe ser explicada; ocurre cuando cual no actúa determinada persona que tiene el deber de evitar un resultado, pese a que el orden jurídico se lo imputará —de producirse— como obra suya. Se deben considerar tres elementos básicos para ello: una situación de peligro, que es la que genera la obligación de actuar; que no se realice la acción que el derecho obliga a realizar; y que exista capacidad real o “poder de hecho” para realizar la acción demandada que impida el resultado. No cualquier persona que omite comete delito: debe haber una relación especial entre la persona que omite y la situación de peligro. A esta relación especial la llaman "posición de garante". Por ejemplo, la madre que deja de alimentar a su hijo está en posición de garante y es responsable penalmente; en cambio, la vecina que no lo alimenta no es responsable penalmente por la muerte del niño, porque no está en posición de garante.

    En el presente caso, la acción debida de algunos oficiales hubiera sido controlar o impedir que sus subordinados realizaran los asesinatos, ya que el mando es responsable de lo que haga o deje de hacer su tropa; tal responsabilidad no puede ser delegada ni compartida. Así, en las circunstancias del 16 de noviembre de 1988, el Ministro de Defensa y Seguridad Pública y el Comandante General de la FAES estaban en posición de garantes; no cumplieron ese papel y, por ello, se pide que respondan ante la justicia. La pelota está, ahora, en la cancha de la Fiscalía. Ojalá, funcione la institucionalidad salvadoreña.

NOTICIAS

CANONIZACION. La iglesia salvadoreña, en ocasión de la celebración del 20 aniversario de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, volvió a pronunciarse en favor de su canonización, la cual fue solicitada al Vaticano en 1995. El arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, presidió la misa en la Catedral de San Salvador, acompañado del clero y del cardenal de Los Angeles, Roger Mahony. En el marco de la conmemoración, se realizó también una peregrinación desde el hospital La Divina Providencia hasta la Catedral de San Salvador. Las autoridades capitalinas rindieron tributo a la memoria de Monseñor Romero, al denominar "Monseñor Oscar A. Romero" a una importante arteria de la ciudad. También se puso su nombre a una plaza en Nueva San Salvador. A estas demostraciones de recuerdo agradecido se sumaron numerosos carteles con sus recordadas palabras: "les suplico, les ordeno, !Cese la represión!" (LPG, 25.03, p.24).

PRONUNCIAMIENTO. Conmemorando el vigésimo aniversario de la muerte de Monseñor Romero, la Asamblea Legislativa, realizó un pronunciamiento público, en San Salvador, el 23.03. En primer lugar, dicho pronunciamiento reconoce a Monseñor como "Pastor que luchó por alcanzar la justicia, la libertad, la democracia y la paz". Luego la Asamblea, como primer Organo del Estado, asumió el compromiso de "contribuir a profundizar la cultura de paz impulsando decididamente: el respeto estricto a los derechos humanos, la justicia social y la libertad, la ética en nuestro trabajo legislativo, la concertación nacional y, sobre todo, impulsar decididamente nuestro trabajo legislativo, teniendo siempre en cuenta al pueblo salvadoreño, de manera especial a los más necesitados". (LPG, 24.03, p.65).

EDUCACIÓN. El programa alimenticio de las Escuelas Saludables, el cual se beneficiaba de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), está por finalizar. Ante esta situación la Ministra de educación, Evelyn Jacir de Lovo, anunció que se seguirán garantizando los "refrigerios nutritivos" con fondos estatales, los cuales se tomarán de la venta de ANTEL. La ministra afirmó que "por primera vez se utilizarán fondos estatales para este programa. La continuidad de este programa es de suma importancia ya que las carencias alimenticias en los estudiantes crean mayores dificultades en el aprendizaje". El programa beneficiará los planteles educativos de San Salvador, Santa Ana, La Libertad, San Miguel y La Unión. Del fideicomiso de ANTEL también se tomará dinero para financiar 1300 becas de educación media y superior. Asimismo, Jacir de Lovo informó se incrementará el número de docentes en los departamentos de Ahuachapán y Cabañas, pues parece haber un "rezago educativo" con índices bastante altos en estos dos departamentos, lo cual se debe a la falta de suficiente personal e infraestructura. Las autoridades de educación desatacaron el elevado índice de ausencia escolar, en niños de cuatro a ocho años. Ocho de cada diez escolares, entre estas edades, no asisten a la escuela en Ahuachapán. Se habilitarán 623 plazas de docentes en todo el país, y 71 docentes adicionales en Ahuachapán, aunque las autoridades educativas destacan que dicho incremento en las plazas no implicará la llegada de docentes nuevos, "ya que existen casos de maestros que ya imparten clases en dichas localidades, pero sus salarios corren a cuenta de la comunidad educativa". El ministerio sostiene que con el incremento de docentes se incorporará a los profesionales de la educación a la ley de salarios. (LPG, 24.03, p.12).

REFORMAS. La Federación de Asociaciones de Abogados efectuará las elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 1.04. Las reformas sugeridas por ARENA y FMLN son las que predominan en la discusión, mientras que el PDC y el PCN no promuevan ninguna, limitándose a la revisión de las otras propuestas. Serán revisados seis puntos: "1) Reformar los plazos y periodos que tendrán para ejercer sus cargos el presidente de la República, los diputados y los consejos municipales. 2) Convertir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un organismo independiente de los partidos políticos y que los magistrados reúnan requisitos como los de un magistrado de la CSJ. 3) Separar en el TSE las facultades jurisdiccionales de las administrativas. 4) Aplicar cadena perpetua a los delincuentes, dependiendo de la gravedad del delito y la reincidencia. 5) Asignar parte del 6% del presupuesto de la CSJ al Ministerio Público. 6) Autorizar al gobierno a firmar convenios para la extradición de nacionales a otros países". Por otra parte, los abogados escogerán a 15 candidatos (para las 5 plazas vacantes en la CSJ), mientras que el Consejo Nacional de la Judicatura presentará también a sus 15 candidatos. Los diputados a la Asamblea escogerán a los nuevos magistrados entre ambas listas de 15 miembros. Al parecer, lo que inquieta en la discusión de dichas reformas es la reducción del presupuesto de 6% al Organo Judicial. El diputado pedecista Arístides Alvarenga advirtió "[que] en este tipo de reformas, cada quién busca sacar su raja política. ARENA y FMLN parecen estar preocupados, pero se debe tener cuidado con el manejo de estas cosas para que no se les vaya a revertir". (LPG, 27.03, p.8; EDH, 27.03, p.4).