Año 20
Número 897
Abril 5, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial Importancia y necesidad de la verdad
Economía ¿Hacia la reactivación del sector agropecuario?
Política ¿Plan de espionaje estatal?
Política ¿Habrá concertación nacional?
Social Nuevos matices en la solución al conflicto del ISSS
Derechos Humanos A propósito del perdón
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    Al menos en teoría, nadie en su sano juicio rechaza la importancia y la necesidad de la verdad. No hay quien abiertamente sostenga que la verdad no sirve para nada o que no le interesa. Más bien, sucede lo contrario: medio mundo afirma estar a favor de ella. Sin embargo, cuando se contrastan los discursos con los comportamientos y actitudes concretas la situación es bien distinta: abundan los que le ponen trampas y obstáculos a la verdad, sobre todo cuando por ella sus intereses se pueden ver afectados. Ello es particularmente evidente cuando se han producido graves violaciones a los derechos humanos, tras las cuales sus responsables se valen de mil argucias para hacer creer a la opinión pública que de nada sirve conocer lo que efectivamente sucedió cuando se dieron aquellos hechos violentos; más bien, insisten en lo contraproducente que puede ser para la “estabilidad” política abrir viejas heridas.

    Obviamente, se entiende que responsables de crímenes atroces hagan resistencia a que esos casos se examinen a fondo y se descubra la verdad acerca de los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo. Por ejemplo, no es para nada extraño que el general René Emilio Ponce afirme, con la mayor desfachatez, que los esfuerzos de la UCA por llegar a fondo en torno al caso jesuitas sean algo “orquestado por toda la izquierda” y que “se está buscando más allá, una venganza, un revanchismo y todo esto nos puede llevar a una confrontación”. Y a la pregunta de si es sano para la democracia que se juzguen hechos pasados, el general Ponce responde lo siguiente: “yo creo que no. En lugar de fortalecer la democracia, eso va a confrontarnos y a polarizarnos más” (La Prensa Gráfica, lunes 3 de abril de 2000, p. 14). En la perspectiva del general Ponce, lo más conveniente —para quienes como él aparecen involucrados en el asesinato de los jesuitas de la UCA— es la renuncia a conocer esos hechos pasados en toda su contundencia; lo más conveniente es pensar que, desde el olvido, la impunidad y la mentira, se puede fortalecer la democracia. Tendría que ser muy honorable y honesto consigo mismo para reconocer lo contrario; al mismo tiempo, tendría que estar dispuesto a asumir las consecuencias penales por su responsabilidad criminal. Y eso difícilmente va a suceder, lo cual no es de extrañar en lo absoluto.

    Lo que sí extraña es que la resistencia a conocer a fondo la verdad de hechos criminales del pasado encuentre acérrimos defensores en algunas de las figuras del periodismo nacional de la postguerra, de quienes, por lo demás, no puede presumirse que vayan a perder algo porque se conozca aquella verdad. Sin embargo, en varias oportunidades han dejado ver —muchas veces en un tono burlón— su rechazo a los intentos de volver la mirada al pasado reciente y sus hechos más dolorosos. Han insistido en el argumento de siempre: conocer la verdad de aquellos hechos no sirve de nada; peor aún, eso sólo puede contribuir a que se abran viejas heridas y a que la tan ansiada reconciliación no se establezca sobre bases firmes. Se trata, evidentemente, de argumentos sin sustento histórico o filosófico: en la nueva moda de análisis que inunda los periódicos nacionales, la opinión sobre los temas más serios se apoya en la subjetividad del analista; en lo que él sintió o creyó sentir ante tal o cual problema. Estamos ante lo que los griegos antiguos llamaban doxa, opinión: juicios ligeros, superficiales y sin fundamento en la realidad.  Otra cosa es que estos periodistas de la postguerra crean que, por provenir de ellos, lo que dicen tiene fuerza y contundencia. Pero existen argumentos fundamentados que ponen en entredicho la opinión que ellos difunden a través de las páginas que les tienen reservadas en los periódicos.

    Así, desde la filosofía se pueden perfilar argumentos de peso para sostener la importancia y la necesidad para la vida humana de la verdad. Xavier Zubiri, en su libro El hombre y la verdad,  lo dice de este modo: “pienso que la verdad es un ingrediente esencial del hombre, y que todo intento —teórico y práctico— de aplastar la verdad sería en el fondo un intento —teórico y práctico— de aplastar al hombre. Estos intentos son un homicidio, que a la larga o a la corta se cobran la vida del propio hombre”. Reflexión profunda —no dicha a la ligera, sino sobre la base de un largo estudio sobre la materia—, formulada por un hombre dedicado toda su vida a analizar en serio los problemas humanos fundamentales. Desde este punto de vista, quienes insisten en pasar de largo sobre los crímenes del pasado reciente en El Salvador, al aplastar la verdad  que esos crímenes cargan consigo, atentan contra la vida y la dignidad de quienes actualmente viven en el país tras aquella época de barbarie. Ignacio Ellacuría finaliza su resumen del libro de Zubiri citado arriba con las siguientes palabras: “el hombre poseído por la verdad muestra cuán esencialmente le pertenece la verdad al hombre y cómo con la muerte de la verdad muere también el hombre”.

    Ellacuría y sus compañeros jesuitas fueron brutalmente asesinados. Su muerte, al igual que la de otros muchos salvadoreños, estuvo rodeada de un ambiente caracterizado por los intentos de los grupos de poder económico y político de matar la verdad. Nunca lo lograron del todo en aquellos momentos, por más que utilizaron todo lo que estuvo a su alcance para salirse con la suya. En la actualidad, persisten en sus esfuerzos por dar muerte a la verdad, con la complicidad de periódicos y periodistas, cuyo compromiso con la democracia es más que cuestionable. Una de las batallas que hay que librar, si se quiere edificar un orden democrático sobre bases firmes, es la batalla por la verdad del pasado reciente de El Salvador. Como dice el filósofo hispano-mexicano Eduardo Nicol, “el pasado exige tanto como el presente y cuando negamos la vigencia actual de esta exigencia, ocasionamos la desintegración existencial y cultural que produce la discontinuidad histórica... la cancelación del pasado, la nulidad de la tradición”. Nicol lanza el desafío de recuperar, con la verdad del pasado, la memoria histórica, pues la ausencia de ella termina por convertir a los hombres en esclavos del “destino”: “el pasado se vuelve programa o ‘predestinación’ que desde un pretérito indefinido dictamina órdenes respecto de acciones y pasiones futuras”.

ECONOMÍA

    Al menos desde los últimos cinco años, gobierno y gremiales empresariales han venido sugiriendo distintas soluciones a la crisis del sector agropecuario. Se han conocido dos planes oficiales e incontables propuestas de los representantes de los empresarios que buscan la recuperación del sector agropecuario. Existen en estos planteamientos propuestas que resultan recurrentes y que, sin embargo, nunca han sido ejecutadas, como la creación de programas especiales de crédito, la elevación de aranceles a productos agropecuarios y la eliminación  de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado a esos productos.

    Los datos más recientes de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado a esos los ha aportado el gobierno al anunciar que el próximo 4 de mayo informará del inicio de una nueva estrategia de reactivación del agro, la cual responde a los ofrecimientos que el presidente de la república, Francisco Flores, hiciera en su discurso de toma de posesión hace más de 10 meses. En lo fundamental, el programa agropecuario del gobierno propone la adopción de medidas tendientes a incrementar la intervención del Estado en las áreas del financiamiento y diversificación de la producción agropecuaria, además de adoptar medidas ad hoc para crear un entorno macroeconómico favorable para las actividades agrícolas.

    De cumplir sus ofrecimientos, el gobierno estaría avanzando hacia la reactivación del sector agropecuario, aunque centrándose en la reactivación de la producción de los grandes empresarios agropecuarios, y prestando menor atención a la problemática de la economía campesina, principal refugio de la población más pobre del país. Por otra parte, es importante considerar que la efectividad del plan no depende solamente de su diseño y de una satisfactoria implementación, sino también de factores exógenos determinados por los vaivenes del mercado internacional de los productos agropecuarios, los cuales pueden llegar a ser el factor dominante.

    De acuerdo al Ministro de Agricultura y Ganadería, Salvador Urrutia, en la "Política Agropecuaria y Gestión Agraria Nacional período 1999-2004" se busca la implementación de un plan que devuelva la rentabilidad al agro y que establezca una política macroeconómica "proagraria", una política arancelaria flexible y otro tipo de salvaguardas para proteger al sector. En líneas generales, los componentes de la mencionada política son cuatro: nueva alianza para el desarrollo agrario nacional; agro estable, sostenible, rentable y competitivo; reconversión agroempresarial; e inversión pública rural.

    La nueva alianza propone la implementación de una política macroeconómica "proagraria", con componentes fiscales, monetarios, financieros y comerciales; asimismo, supone la participación del sector privado y del sector público; el agro "estable, sostenible, rentable y competitivo" se conseguiría afianzando la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, diversificación de la producción, manejo genético de semillas y plantas, manejo sostenible de los recursos naturales y promoción de la seguridad alimentaria; la reconversión agroempresarial supone la promoción de la asociatividad productiva, cadenas de agronegocios, control de calidad e innovación tecnológica; finalmente, la inversión pública rural exige el desarrollo de infraestructura física productiva, investigación y transferencia tecnológica, entre otros.

    Esta propuesta surge en un contexto de marcado deterioro del sector agropecuario, evidente en una caída de su importancia en el Producto Interno Bruto, así como en dinámicas sociales como las reiteradas demandas de representantes de gremiales agroempresariales por políticas sectoriales y el anuncio de procesos de embargo en contra de cooperativas agrícolas beneficiarias del proceso de reforma agraria.

    Los problemas del agro encuentran sus motivaciones en condiciones específicas del mercado internacional y en las políticas económicas nacionales. Dentro de las primeras, han tenido un enorme peso el desplome de los precios internacionales de los principales productos de exportación: el precio del café ha experimentado sustanciales bajas a lo largo de la década de 1990, mientras que ahora también los precios del azúcar amenazan con provocar nuevas reducciones en el ingreso del sector agropecuario. Por lo que refiere al sector de granos básicos, la restricción más importante surge de la posibilidad de importar productos agrícolas a precios muy bajos, lo cual es posible por las políticas de subsidios que los Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y otros países industrializados ofrecen a sus respectivos productores agrícolas.

    Cabe agregar también que, por su parte, las políticas públicas domésticas han privilegiado los intereses de los consumidores urbanos por sobre los intereses de los agricultores, principalmente porque el objetivo de la política económica ha sido evitar alzas excesivas en los precios de los alimentos, ya sea a través de la reducción —y hasta eliminación— de aranceles a los granos básicos en épocas de escasez, la comercialización y distribución de donativos de alimentos, y otras prácticas que en muchas ocasiones han incluido los controles de precios. Aunque no se trata de negar que esta política ha sido beneficiosa para los consumidores de alimentos, y especialmente para la población urbana, no puede obviarse que la contrapartida han sido precios bajos para el productor, reducción de ingresos y profundización de la pobreza de los pequeños productores de granos básicos.

    Este escenario justifica la necesidad de una reforma de la política económica en función del sector agropecuario, pero no solamente bajo la óptica de la reactivación de cultivos tradicionales o de la creación de un clima de negocios que favorezca principalmente a los grandes productores aglutinados en gremiales empresariales. Aunque sea cierto que para reducir la pobreza es necesario también producir incrementos significativos en las tasas de crecimiento, es igualmente cierto que el crecimiento económico en sí mismo tampoco garantiza la reducción de la pobreza. En el caso del agro salvadoreño basta revisar la experiencia del café, el azúcar y el algodón: se tuvieron sorprendentes incrementos en el área cultivada, la producción, productividad e ingresos, pero ello estuvo —y está— acompañado de la permanencia de salarios rurales de miseria, empleo estacional y una proliferación escandalosa de la pobreza. De hecho, este fue el principal detonante de la guerra civil que se desató entre 1979 y 1992.

    En la más reciente oferta del gobierno se contempla apoyo para los pequeños productores a través de la asignación de 440 millones de colones al Banco de Fomento Agropecuario (BFA) para promover el microcrédito rural y a través de un fideicomiso de 36 millones de colones para el alivio de la pobreza rural. Lamentablemente, debe decirse que estas medidas son de poca incidencia para atender a un sector de pequeños productores compuesto por cerca de 500,000 personas. Tal como se vislumbra, la política "proagraria" beneficiará principalmente a aquellos que exportan, tienen acceso al crédito en la banca privada y, en general, que pueden incorporarse e influir en los programas gubernamentales.

    Los intereses de los sectores campesinos aun no están adecuadamente representados en la propuesta agropecuaria gubernamental. Y es que ni siquiera al interior de aquellos existe claridad sobre las políticas que se necesitan para mejorar sus ingresos. Por lo anterior, es recomendable que, además de crear un contexto macroeconómico favorable, se promueva también la incorporación de estrategias para extender los beneficios de cualquier programa agropecuario hacia la mayoría de los productores. Evidentemente, esto aun requiere del diseño, discusión y concertación de una política agraria democrática que asuma el reto de la reducción de la pobreza rural como su principal objetivo.

POLÍTICA

    El pasado 17 de marzo la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer el "Plan de combate al crimen organizado en El Salvador", con el cual pretende hacer frente al grave problema de la violencia. En lo fundamental, el plan mantiene la inveterada práctica de los últimos gobiernos salvadoreños de confundir causa y efecto a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. En concreto, se pretende atacar el problema de la violencia a través del combate del delito en lugar de la prevención del mismo y, de paso, también se pretenden implementar estrategias de investigación policial que riñen con principios constitucionales y con el respeto a los derechos humanos.

    Una de los principales problemas del citado plan es que no parte de un diagnóstico de las causas de la violencia para proponer estrategias para su reducción. Una anterior propuesta de plan de seguridad pública del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que partió de un diagnóstico aparentemente más elaborado contemplaba programas de inserción de adolescentes en actividades productivas y deportivas, lo cual —como se examina más adelante— contrasta con las medidas draconianas propuestas por la actual dirección ejecutiva de la PNC.

    De acuerdo a informaciones emanadas de la PNC, los objetivos principales del nuevo plan serían el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional, las alianzas internacionales y las reformas constitucionales. Dentro de estas últimas se contemplaría la separación de la PNC del Ministerio de Seguridad Pública para adscribirla directamente bajo el mando de la presidencia de la república, la intervención de conversaciones telefónicas, la reglamentación de la figura del agente encubierto y el procesamiento de oficio en casos de secuestro.

    La propuesta levantó casi de inmediato una avalancha de críticas de diferentes actores sociales, gremios de abogados, miembros del gobierno y representantes de partidos políticos de oposición. Estos últimos ven en las propuestas de la PNC un punto de partida para revivir prácticas de espionaje gubernamental en contra de miembros de la oposición política; pero más allá de ello, el cuestionamiento de fondo es su potencial efecto negativo sobre el respeto a los derechos humanos.
Considerando la trayectoria del actual director de la PNC, quien anteriormente fungía como director del Organismo de Inteligencia del Estado, no debería de extrañar que la nueva propuesta de seguridad pública se asemeje en algunos componentes a un plan de “espionaje” o de inteligencia estatal, más que a un programa de seguridad pública que ataque el problema de la violencia desde sus raíces.

    El punto de partida para promover programas de prevención de la violencia es aceptar que ésta no se genera simplemente porque existen actores sociales que nacen con una especie de “patología del delincuente”, sino más bien porque existen condiciones sociales objetivas que la generan, como bajos niveles educativos, bajos niveles de ingreso y empleo, insatisfacción de las necesidades básicas, deficiente prestación de servicios sociales básicos (educación y salud), y presencia de entornos locales que reproducen esquemas delictivos —especialmente aquellos relacionados con las “maras”.

    Frente a esta realidad es totalmente necesario que cualquier plan que pretenda erradicar el problema de la violencia de una forma permanente y, sobre todo, sin recurrir a más violencia, tenga que apuntar al establecimiento de condiciones sociales que promuevan que los grupos de alto riesgo tengan una inserción más provechosa en la sociedad. Inevitablemente, esto pasa por tomar acciones que rebasan con mucho el ámbito de acción de un cuerpo policial o inclusive de un ministerio de seguridad pública, pues se requiere la articulación de un sistema de prevención de la violencia que involucre a instituciones que cumplen una función específica en este terreno, como los ministerios de educación, salud, trabajo y vivienda, por ejemplo. De la misma manera, los gobiernos locales están llamados a desempeñar un importante papel en la promoción del desarrollo y, consecuentemente, también en la prevención de la violencia social que tiene como caldo de cultivo la insatisfacción de necesidades básicas elementales.

    El plan de la PNC responde a la necesidad de combatir los efectos inmediatos de la violencia y, aunque pudiera brindar algunos resultados positivos, ello entraña el peligro de institucionalizar prácticas de irrespeto de los derechos humanos que, a final de cuentas, en nada contribuirán a evitar que la frecuencia e intensidad de los hechos violentos se incrementen en el futuro.

POLÍTICA

    En el marco de las elecciones pasadas, se ha dado un fenómeno bastante inusual en el ambiente político nacional.  A  ocho años de la firma de los acuerdos de paz, se está hablando de la necesidad de una concertación para definir una agenda nacional sobre los temas más cruciales de la vida del país. Después de la ofensiva de noviembre de 1989, la realidad apremiante obligó a la derecha a reconocer que no podía ganar la guerra. Hoy, después de la relativa derrota del partido oficial, se retoma el tema de la concertación. ¿Será que la tan debatida “lecciones de la elección” va  a obligar a una reflexión profunda a los actores políticos o solamente se trata de una frase para salir al paso y engañar otra vez a los más crédulos?

    El mensaje del presidente Flores, después de conocer el resultado de las elecciones, parece invitar a tomar en serio el tema de la concertación. En un discurso a la nación reconoce  que es imperioso “empezar a trabajar juntos para todos los salvadoreños”. Es un reconocimiento tácito de que hasta ahora no se ha estado trabajando para todos los salvadoreños. Dice que obliga a ello el hecho de que los votantes de las elecciones pasadas exigen “salir al encuentro de las necesidades del pueblo”.
Sin embargo, cómo confiar en quien tan sólo unas semanas atrás se mostraba intransigente e incluso decía que no dialogaba con personas “anti-sistema”, en referencia a un llamamiento que se le hiciera para dialogar con los huelguistas del Seguro Social. ¿Será que se dio realmente un cambio profundo de actitud, una vez que se ha “interpretado” correctamente el mensaje de los electores?  En principio, se puede  asumir que es un llamado sincero que, a pesar de resultar de un cálculo coyuntural, puede ser aprovechado para plantear seriamente la solución de los problemas más cruciales que aquejan a la mayor parte de salvadoreños.

    La izquierda, consciente del descenso electoral de ARENA, ha hecho suya la bandera del diálogo. En sendas declaraciones, cartas abiertas al presidente e incluso una visita a la sede del  COENA por el Coordinador General del FMLN, Fabio Castillo, se ha reiterado la voluntad de concertar y definir una agenda nacional sobre los principales problemas de la nación.  También los otros partidos políticos se suscriben a los esfuerzos por un diálogo. Hablan de la necesidad de fortalecer las instituciones y la gobernabilidad en el país. Tanto la izquierda como la derecha reconocen la necesidad de dialogar y concertar sobre las acciones a tomar para embarcar al país en un nuevo rumbo. Se trata, pues, de un escenario que a primera vista puede ser alentador para los intereses de la mayor parte de salvadoreños, en la  medida que se ofrece poner, al menos según  los discursos y declaraciones, la política al servicio de los intereses de la nación. Quizás en esta coyuntura de concertación se pueda operar el tan esperado cambio en las políticas económicas impulsadas por ARENA y diseñar un plan integral de rescate  de los sectores más deprimidos de la sociedad. Sería el momento de atacar los temas de “la reactivación de la economía, la descentralización, el acceso de la población a los servicios básicos” y finalmente de promover un crecimiento con equidad social y justicia económica.

    Con todo, a pesar de las esperanzas que puedan despertar estas propuestas, es necesario preguntarse si hay una voluntad real para llegar a una concertación desde el convencimiento de la necesidad de un cambio de rumbo. En caso contrario, podría ser que los distintos actores estén usando la misma palabra, pero con distintos significados. Para la izquierda la concertación parece ser el camino a tomar para poder concretar sus propuestas de campaña. Al conocer los resultados de las elecciones, el candidato reelecto por la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, propuso “un pacto de gobernabilidad con los capitalinos, la empresa privada y Francisco Flores” para hacer frente a los grandes problemas de la capital. Y es que, en buena medida, muchos de los proyectos contemplados en el plan de gobierno de Silva necesitan de un cierto apoyo de la empresa privada y del gobierno central. De manera más amplia, a nivel nacional, el FMLN, que gobernará gran parte de la población desde las alcaldías, no podrá hacer mucho sin los recursos necesarios. Por lo tanto,  no es casual que ya se perfile como punto de discusión el tema de la descentralización, especialmente el famoso 12% a las alcaldías. Pero ¿cuál es la postura de la derecha, más allá de las declaraciones meramente coyunturales?

    En su reacción a la nueva correlación de fuerzas en la asamblea legislativa, el presidente de la ANEP, Ricardo Simán, exhortaba al FMLN a respetar las reglas del juego, “evitar incertidumbre, inseguridad jurídica y no ahuyentar inversiones nacionales y extranjeras”. Simán le pidió “sensatez” a la izquierda. Una reacción bastante interesante. Empero, ¿cómo se puede hablar de ir al encuentro de las necesidades del conjunto de salvadoreños cuando ni siquiera se está dispuesto a revisar las reglas del juego? Y no es secreto para nadie que la situación del país se debe en gran medida por las reglas de juego impuestas por la gran empresa representada por la cúpula de la ANEP.

    Por otra parte, el ex presidente Alfredo Cristiani  está claro que lo que necesita el país es que “haya acuerdos de trabajar y no bloquear, y permitir al gobierno desarrollar sus planes”. En otras palabras, la concertación no vendría a  cuestionar los planes del gobierno ni mucho menos redefinir las reglas del juego. Por ello, no es de extrañar que, hasta ahora, el sector oficial no haya presentado ninguna propuesta concreta sobre los temas a concertar;  aunque el presidente Flores dijo que la agenda nacional saldría de la concertación. Su partido y el ex presidente Cristiani no parecen compartir la misma opinión.  La razón de ello es bastante obvia: definir una agenda nacional en una concertación seria significaría tocar los intereses de la gran empresa, misma que actualmente mantiene secuestrada la economía nacional. Habría que tomar medidas que modifiquen la “seguridad jurídica” que ha favorecido su enriquecimiento en detrimento de la gran mayoría de salvadoreños.

    En este sentido,  si es que se llega a una concertación que efectivamente sea tal, más allá de discutir prebendas y repartos de cuotas de poder en las instituciones, más allá de la agenda electoral de cada partido, lo que estará en discusión son intereses y privilegios férreamente establecidos. Si se quiere tomar en serio el mensaje de las elecciones —tal como fue interpretado por el presidente Francisco Flores, de “ir al encuentro de las necesidades del pueblo”— se tendrán que discutir el tema de la concentración económica en manos de un sector social minoritario; habrá que discutir con seriedad y profundidad el tema de la descentralización, así como el tema de los recursos para las alcaldías. Habrá que plantear una agenda realmente nacional que tenga como propósito fundamental la implementación de un modelo de desarrollo con justicia social y económica.  Si no se va en la dirección correcta, si no hay un entendimiento para plantear los problemas reales de la nación, la mayoría de salvadoreños, hasta ahora ausente en las grandes decisiones del gobierno, tendrá que hacer oír otra vez su voz de un modo que a lo mejor no sea tan agradable para los intereses de los partidos políticos.

SOCIEDAD

    Cuando los médicos, sindicalistas y autoridades del ISSS accedieron a firmar un documento que puso fin a más de cuatro meses de paro laboral, las esperanzas se cifraron en la posibilidad de que la solución al conflicto por fin adquiriera un matiz de concertación. Teniendo como origen el incumplimiento de unos acuerdos que el gobierno de Francisco Flores no consideró vinculantes, la necesidad de que ambas partes se decidieran a participar de lleno en un proceso de solución bajo términos comúnmente establecidos era vital para la estabilidad de los sistemas de seguridad social y de salud pública. En apariencia, y gracias al tratamiento que los medios de información nacionales hicieron del acontecimiento, entre gobierno y sindicalistas habría imperado la mayor voluntad de cooperación. La presencia de un grupo de “facilitadores” ajenos a la problemática habría servido sólo para acercar las posturas de los involucrados en el conflicto e iniciar un diálogo que era inevitable. En suma, se instalaron cuatro mesas de trabajo en las que se sentarían las bases para negociar los puntos fundamentales de las transformaciones del sistema de salud: apertura de los hospitales Roma y Amatepec, cumplimiento de los acuerdos firmados durante el gobierno de Armando Calderón Sol y revisión del proceso de reforma impulsado por Flores hace casi un año, entre otros temas.

    Sin embargo, el camino de la negociación emprendida hace más de tres semanas no ha dado signos de un verdadero avance. Lo que fue visto como una oportuna invitación al diálogo, sólo le ha dado tiempo al gobierno para detener las crecientes presiones del gremio médico, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de hacer valer sus reivindicaciones. Ante los medios, los agotados facilitadores —ex presidentes del Colegio Médico y antiguos funcionarios públicos que ofrecieron sus servicios para acercar a las partes— parecen no encontrar la fórmula para desvanecer las dificultades en la negociación.

    Según los acuerdos firmados el 10 de marzo pasado, tanto el gobierno como los médicos y trabajadores sindicalistas del ISSS (a quienes para entonces ya se les habían sumado los médicos de la red de hospitales nacionales) se comprometían a sacar de toda discusión el posible reinstalo de los 221 empleados del Seguro Social despedidos durante la huelga. El tema sería resuelto hasta que la Corte Suprema de Justicia hiciera pública la sentencia al respecto. El gobierno, en particular, se comprometió a renegociar el cumplimiento de los acuerdos de 1998, descartó cualquier tipo de represalia en contra de los huelguistas y, nuevamente, negó toda posibilidad de privatizar los servicios de salud a nivel nacional.

    La continuación del proceso de concesión de servicios, anteriormente avalado por al Comisión Tripartita, estaría determinado por las conclusiones a las que se llegara por medio de la nueva jornada de diálogo. “Ni vencedores ni vencidos” dijeron los editorialistas en su momento. Aunque la afirmación parezca fruto de la retórica propia de los medios informativos nacionales, la naturaleza misma de los acuerdos que se firmaron y las condiciones a las que se había llegado por el extremismo de las partes no hicieron de ellos más que la conclusión de una situación coyuntural, sin que abordaran en serio las raíces del problema. Y es que los términos en los que se firmó el compromiso entre gobierno y sindicatos no suponía la solución definitiva a las causas de la crisis del sistema nacional de salud. Con esto sólo se abrían las puertas para iniciar el verdadero proceso de solución de una problemática que ha sufrido sensibles modificaciones con respecto a la suscitada durante el gobierno de Calderón Sol.

    Esas modificaciones han venido dadas, principalmente, por la postura que Flores y su gabinete ha adoptado frente a las peticiones del gremio médico. A la víspera de que se consumaran los nuevos acuerdos, ni el mandatario ni las autoridades del ISSS abandonaban dentro de su discurso la necesidad de proseguir con la “reforma” al sistema que ellos habían iniciado a espaldas del trabajo de la Comisión para la Reforma del Sector Salud. Los ministros de salud y de trabajo, en celosa custodia de la directora del ISSS, desdeñaban las amenazas de los médicos de entregar los hospitales si el gobierno no accedía a negociar. Muy pocas veces un gobierno ha dado muestras tan descomunales de su incapacidad de analizar objetivamente los beneficios y las desventajas de su postura ante una situación crítica no sólo para la administración estatal, sino también —y principalmente— para la población del país. Asimismo, pese a que al Plan de Acción por la Salud le sobraban deficiencias, las autoridades estatales se empeñaban en lanzarle laureles para inclinar a la opinión pública a favor de las medidas alternativas a la huelga.

    En definitiva, estas y otras actitudes de la administración de Flores ayudaron a configurar un escenario diferente al que se enfrentó el sector salud en ocasiones anteriores. Lo más llamativo en ese escenario es la absoluta falta de disponibilidad del gobierno para reconocer su cuota de responsabilidad en una problemática a la que se había llegado en parte por su indiferencia. Por ello, el alcance de la “solución” a la que se llegó a pocos días de las elecciones sigue siendo limitado. Todavía hoy, las autoridades del ISSS se mantienen firmes no sólo en cuanto a la necesaria apertura de los hospitales Roma y Amatepec bajo el sistema de concesión que se pretendió iniciar durante el período más grave de la huelga. También pretenden que los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas —referidos a los despidos y a los descuentos y retenciones de salarios que se operaron durante la crisis, respectivamente— se conviertan en banderas de su propia causa, en detrimento de la organización del gremio médico y, por lo tanto, de sus exigencias.

    En este sentido, uno de los más grandes retos a vencer es, precisamente, la indiferencia del gobierno frente a la problemática del ISSS. Y más aún cuando esta indiferencia cede el paso a la censura y la cerrazón. A los esfuerzos por no dejar a discreción de las autoridades del ISSS el proceso de reforma de salud, se suma también el de combatir la postura de un mandatario que, queriendo pregonar con el ejemplo frente a su equipo de trabajo, cierra toda posibilidad de escuchar a lo que él considera “oposición anti-sistema”. Su tarea, en este sentido, se desarrolla en dos ámbitos excluyentes el uno del otro: el que tiene un lugar para la oposición que no pretende ningún cambio en ese “sistema” del que Flores habla —eufemismo petulante para referirse a su propio trabajo desde el Ejecutivo— y el que únicamente se dedica a evitar que las acciones de los anti-sistema degeneren en delincuencia o terrorismo. Así, las puertas de la represión violenta, o a través de castigos con evidente intención ejemplarizante, quedan abiertas con la postura del presidente Flores.

    El ritmo que llevan las negociaciones iniciadas el 10 de marzo no provoca muchas esperanzas respecto a la consecución de un acuerdo en el que la participación de las partes esté asegurada y definida dentro de los límites que a cada una le compete: a los médicos, su cuota en la redefinición del proceso de modernización del sistema de salud; a los trabajadores, su estabilidad laboral; a la población, la definición clara de las reglas que regirían una transformación radical de la salud pública, en donde queden asegurados sus derechos y las obligaciones del Estado y de todos los servidores públicos. Por el momento, lo que domina en las mesas de trabajo es la incapacidad de encontrar aquellos términos que, de común acuerdo, contribuyan al desentrampamiento de la negociación. Evidentemente, el sector sindical cedió su parte al aceptar la resolución de la Corte Suprema de Justicia en el tema de los despidos. Habrá que esperar que el gobierno dé muestras reales de flexibilidad y pueda proceder al replanteamiento de su política de modernización en beneficio de la participación y la concertación de la que tanto habla.

DERECHOS HUMANOS

    La semana anterior, en este mismo espacio, se afirmó que la denuncia presentada por el padre José María Tojeira el lunes 27 de marzo en la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la masacre ocurrida en la UCA hace una década, era una buena oportunidad para la construcción de un nuevo El Salvador. Sobre esa iniciativa, nuestra Universidad expresó en comunicado de prensa que —pese a las ofertas recibidas desde el exterior— se había “preferido estudiar, buscar, encontrar y abrir las vías internas a fin de lograr el propósito de conocer la verdad y recibir justicia”, para “mostrarle a la sociedad salvadoreña y al mundo que en el país existe la voluntad real para superar, de una vez por todas, la impunidad que tanto nos lastimó durante la guerra y nos sigue dañando en el presente”.

    De igual forma, se aseguró que esa “acción legal y legítima había sido preparada meses atrás, después de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso”, pero fue impulsada tras la realización de las elecciones “para evitar interpretaciones distorsionadas y malintencionadas que —como en otras oportunidades— califican los esfuerzos de este tipo como campañas a favor o en contra de algún partido político”. Pero de nada valió cuidar tanto esos aspectos.

    Transcurridos unos días y pese a las numerosas muestras de aprobación y aliento por esa decisión, ciertos sectores se empeñan en rechazar algo que —insistimos— puede ser beneficioso para el país. Con sobrada razón, los primeros en pronunciarse en su contra fueron algunos de los denunciados por la UCA como autores mediatos de los hechos y como responsables por omisión. Ellos también recibieron el apoyo, incondicional e institucional, de la cúpula “arenera”; eso, también lo entendemos.

    Pero a esas voces, naturalmente opuestas a que se descubra la verdad y se haga justicia a estas y otras víctimas, se comienzan a sumar otras. Una de ellas, columnista de un periódico nacional, apareció publicada el pasado domingo 2 de abril; su contenido generó una respuesta —que ojalá también pudiese ser leída en el mismo espacio— por parte de una mujer símbolo de la lucha contra la impunidad en nuestro país: Gloria Giralt de García Prieto. Su lucha es de conocida ampliamente, dentro y fuera del país, por las circunstancias especiales que rodean al asesinato de su hijo, Ramón Mauricio García Prieto Giralt, y las serias dificultades que la familia ha tenido que enfrentar en su esfuerzo por obtener justicia. Qué mejor que escuchar a esta madre, para entender de qué se trata el verdadero perdón. Leamos.

    "Recientemente leí en El Diario de Hoy un artículo de la licenciada Teresa Guevara de  López, a quien conozco y de quien disfruto mucho de algunos de sus escritos. Me llamó la atención porque el título es llamativo y oportuno ante los recientes acontecimientos que vive el país, aunque difiero con ella del enfoque que le da al tema del perdón. Por mi condición personal de madre a quien le arrebataron a un hijo en un asesinato bien planificado y aún impune, mi condición de católica con una formación religiosa tanto a nivel colegial como familiar, así como también por mi condición de ciudadana salvadoreña que desea un mejor país para todos, me es difícil aceptar que el perdón se tenga que dar así, sin más, sin pedir una explicación y sin recibir una disculpa, sin dar a conocer públicamente la verdad y sin captar un ápice de arrepentimiento de parte de los culpables; y, lo que es más grave aún, sin intención de cambio y reparación.

    Estas condiciones me vienen a la mente por las distintas ocasiones en que en la Biblia, directa o indirectamente, se toca el tema del perdón. Para ejemplo: cuando Caín asesina a su hermano Dios Padre le castiga, no porque Dios no fuera infinitamente misericordioso sino porque Caín miente y no se arrepiente de lo cometido. El mismo Jesucristo tan perfectamente conocedor de la naturaleza humana, no perdonó a los fariseos su hipocresía y soberbia; no porque El no  lo deseara como cordero inmolado para la salvación de todos nosotros, sino porque ellos no deseaban cambiar y nunca cambiaron.

    En cambio, aquel fatídico Viernes Santo tan lleno de sufrimientos para el Señor Jesús cuando ya se siente a punto de expirar, Él mismo clama desde la cruz, como para que no nos quede duda de su infinita misericordia: “Padre mío...  Perdónales —pero inmediatamente agrega— porque no saben lo que hacen”. Es decir que para perdonar al que no sabe lo que hace, existen otros condicionantes. Y esos condicionantes tienen que ser: primero, el arrepentimiento; segundo, el firme propósito de no volver a cometer la culpa; y, tercero, la reparación del daño. Este último adquiere un carácter superior cuando el daño es de carácter social; es decir, que tergiversa los valores de toda una sociedad y la coloca a ésta en alto riesgo de su descomposición, con consecuencias impredecibles.

    Estoy perfectamente de acuerdo con la licenciada de López cuando dice que no se debe permitir que el deseo de venganza y el rencor se lleven los mejores esfuerzos para traer el progreso y el bienestar a nuestro país, pero yo puedo asegurarle que el término venganza es completamente opuesto al término justicia, de manera que quién pide justicia es precisamente porque no acepta la venganza. En cuanto al rencor, que es uno de los sentimientos más destructivos para la belleza interior del ser humano, no habría que confundirlo con la natural indignación de quien mira a personas cuestionadas —chorreantes sus manos de sangre— aparecer con un cinismo escalofriante queriendo ser los que opinan, analizan o participan en la creación de ese bienestar y progreso para El Salvador. ¿Son moralmente aptas para cimentar el bienestar y el progreso del país?

    La actitud del que está arrepentido de sus malos actos es de humildad, de mansedumbre, de perfecta sincronización con las leyes tanto divinas como terrenales. Y entre las terrenales están la de satisfacción de culpa y cumplimiento de pena. De manera que no hay por qué escandalizarse si alguien que conoce de todas estas cosas pide justicia, ya sea esta persona religiosa o laica, porque ella únicamente lo que está haciendo es facilitar a los culpables su reconciliación con Dios, con su propia conciencia —si la tuvieren— y con la sociedad, así como también, están evitando a otros caer en la tentación de recibir equivocados mensajes de impunidad que sigan causando dolor.

    Ningún país puede progresar con esas ideas aberrantes acerca del perdón, porque para eso —si fuera cuestión de simplemente olvidar la sonrisa de los seres amados arrebatados a balazos prematuramente o privarse del cordial abrazo del hermano asesinado brutalmente— no habría necesidad de tribunales, fiscalías, policías e investigaciones, porque el más vivo sentimiento de fe nos obliga a pensar que todo aquel que muere y ha llevado una vida buena va a disfrutar de una eternidad plena de felicidad en compañía del Señor, que es la meta de todo cristiano. De manera que no sólo sería cuestión de olvidar y perdonar, sino de agradecer a los asesinos.

    El progreso de una nación se evalúa por la cultura de sus gentes, por sus leyes, por su grado de civilización, por su conocimiento y respeto de los derechos humanos, por la erradicación de la extrema pobreza. Y no entiendo —no sé si es porque no tengo suficiente inteligencia— cómo se están debilitando estos factores en El Salvador al pedir y demandar justicia en forma correcta si, muy por el contrario, me parece que sería saludable ir construyendo un verdadero Estado de Derecho para beneficio de todos. No es mi intención polemizar, porque simplemente me parece que es una diferencia de enfoques y cada quien tiene perfecta libertad de opinar; pero cuando leí el artículo en mención sentí una urgente necesidad de expresar cómo veo yo las cosas, para que no quede en el espacio racional ciudadano solamente la opinión en un solo sentido.

    Estoy segura que tanto los sacerdotes de la orden jesuita como los parientes de monseñor Óscar Arnulfo Romero, así como también los parientes de otras víctimas de muchísimos otros casos de impunidad, han sabido perdonar. Un testimonio muy ejemplarizante lo dio le Santo Padre, Juan Pablo II, cuando fue a visitar a la cárcel para propiciarle su perdón a quien había atentado contra su vida en 1981; pero, a pesar de perdonarle, no interrumpió el debido proceso para el cumplimiento de su castigo puesto que Alí Agca aún sigue preso y la posición del Vaticano ha esperado hasta 1996 para expresar que “no es contraria a un acto de clemencia”, quedando así muy claro de que la justicia no es incompatible con el perdón.

    Yo por mi parte puedo asegurar que he perdonado, como cristiana que soy, a los asesinos de mi hijo y deseo fervientemente que ellos comprendan el valor de sus propias almas respecto a esta vida tan pasajera, para que cumplan con lo que deben a la sociedad y alcancen la tranquilidad de sus conciencias, condición tan necesaria para ser salvados. Pero este perdón no me impide ni me impedirá, nunca, pedir y exigir hasta el último instante de mi vida una justicia clara, impecable, legítima y tan necesaria para una democracia que beneficie a todos los salvadoreños". (San Salvador, abril 2 del 2000. Gloria Giralt de García Prieto.)

    ¿Son políticas las expresiones, claras y tranquilas, de esa madre? ¿Son políticas las demandas de Rosalía de Vilanova, madre de Manuel Adriano? ¿Son políticos los angustiados reclamos de justicia para Katya Natalia que, desde hace meses, lanza Hilda María Jiménez y que continúan golpeando el rostro de nuestra sociedad, haciéndole un serio cuestionamiento a la supuesta estabilidad de nuestro país que se debate en la violencia e inseguridad? ¿Serán políticos los esfuerzos de la madre de Wendy y la familia de los niños asesinados en El Paisnal? Si queremos vivir realmente en paz, la justicia debe florecer y el perdón  brotará de los corazones de las víctimas. Pero, para eso, hay que tomar en cuenta la opinión de éstas.

    En el mismo periódico que publicó el artículo comentado por la señora Giralt de García Prieto, también apareció —el jueves 6 de abril— el de otro columnista regular opinando alrededor de la denuncia en la Fiscalía por la masacre en la UCA. En su comentario, Salvador Samayoa especula sobre la posición que adoptaría el padre Ignacio Ellacuría; y, textualmente, dice: “si tuviera que analizar su propio asesinato o el del un grupo de personas de su comunidad religiosa, vería mucho más adelante que hacia atrás”. Ante eso, consideramos que —más que atrás o adelante— el padre Ellacuría miraría hacia abajo: hacia las víctimas, tanto las del presente como las del pasado. Así se expresó, en mayo de 1989, nuestro Rector mártir:

    A veces se impone la muerte a muchos para que la vida de unos pocos pase de la necesidad a la superfluidad... lo que de hecho más se da es que el disfrute de unos derechos no fundamentales por unos pocos se constituye por lo menos en un obstáculo real, para que la mayor parte se vea desprovista o privada de derechos fundamentales.  No podrían los pocos (grupos o países) disfrutar de lo que consideran sus derechos, si fuera por la violación o la omisión de esos mismos derechos en el resto de la humanidad. Sólo cuando se acepte esto, se comprenderá la obligación de los pocos a resarcir el mal hecho a los muchos y la justicia fundamental al exigir lo que realmente les es debido. No puede darse la muerte de muchos para que unos pocos tengan más vida; no puede darse la opresión de la mayoría para que una minoría goce de libertad.

NOTICIAS

SNF. La Primera Dama de la nación, Lourdes de Flores, realizó una visita a San Vicente, el 31 de marzo, donde recorrió los Centros de Bienestar Infantil (CBI) y verificó los trabajos de construcción de las bordas en el Bajo Lempa. En su calidad de presidenta de la Secretaría Nacional de la Familia (SNF), informó que tiene proyectado inaugurar 41 nuevos centros de bienestar, los cuales son un tipo de guarderías donde los niños que provienen de familias de bajos recursos reciben atención diariamente. Dichos centros reciben mensualmente una cantidad de 3 mil 900 colones del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM) para comprar alimentos. Dentro de sus tareas, la Secretaría Nacional de la Familia (SNF) tiene como prioridad la mejora de las condiciones de vida de las familias pobres salvadoreñas. Para llevar a cabo sus objetivos, la institución abrirá Centros de Bienestar Infantil para la atención de los niños desfavorecidos, los cuales trabajan con unos 30 niños residentes de los alrededores. Además, está supervisando la construcción de las bordas de contención en el río Lempa. En la zona del bajo Lempa se realiza un proyecto de intercambio de alimentos por la ayuda en los trabajos de la construcción de la borda. Diversas ONGs participan en el proyecto, junto a la Secretaría, esperando beneficiar en el primer semestre de este año a 62 mil 500 personas afectadas por la tormenta del "Mitch". A cambio de la mano de obra en los trabajos de construcción, los beneficiados recibirán unas 2 mil 654 toneladas métricas de alimentos (EDH, 04.01, p.4).

INOCENCIA. A lo largo de una entrevista concedida a La Prensa Gráfica, el general René Emilio Ponce, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, sostuvo su inocencia en el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas. Luego de que autoridades de la UCA solicitaran ante la Fiscalía que se reabrieran las investigaciones sobre el caso, el militar dijo "estar convencido de su inocencia". Asimismo, afirmó que la insistencia en reabrir el caso obedecía a "un plan orquestado por la izquierda". Algunas de la preguntas y respuestas de la entrevista fueron las siguientes: pregunta: “¿Usted mantiene que la decisión de ordenar asesinar a los jesuitas se dio de forma aislada?”. Respuesta:  "fue una acción que tomó un grupo de militares sin el conocimiento del Estado Mayor". Pregunta:  “¿usted nunca ha buscado expresarse en conjunto con los otros militares que han sido demandados por la UCA para salir al paso de los señalamientos?”. Respuesta: "es algo orquestado por toda la izquierda...Se está buscando más allá, una venganza, un revanchismo y todo esto nos puede llevar a una confrontación".  Pregunta: “¿no es sano para la democracia que se juzguen hechos pasados?”. Respuesta: "Yo creo que no. En lugar de fortalecer la democracia, eso va a confrontarnos y polarizarnos más". Pregunta: “¿Esa orden (de hacer un cateo en la UCA) quién la dio?”. Respuesta: "En el estado Mayor la dimos".  Pregunta: “¿Esa orden fue suya?”. Respuesta: "Sí, yo la ordené autorizado por el presidente (Alfredo Cristiani)" (LPG, 04.03, p.14)

NEGOCIACIÓN. A las lentas negociaciones por el futuro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) la Directora de la institución, Ana Vilma de Escobar, responde que ello se debe principalmente al "clima de rivalidad" imperante. La directora del ISSS dijo no estar preocupada por el retraso del trabajo en ciertas mesas de negociación, ya que en éstas se discute el futuro del sector de la salud en El Salvador. Uno de los problemas de mayor envergadura parece ser el de las largas esperas dentro de los hospitales de especialidades. Para las autoridades del ISSS, la agilidad de las consultas se logrará una vez que se vayan descentralizando los servicios médicos. La directora de Especialidades, Alhely del Cid, explicó que las clínicas comunales y unidades médicas deben atender a algunos pacientes de especialidad. De esta manera, se espera reducir a la mitad la cantidad de visitas diarias al hospital de Especialidades (EDH, 03.31, p.12).

FRAUDE. El martes 4 de abril se hizo pública una acusación en contra los partidos políticos PAN y USC —mencionados extraoficialmente— por emitir bonos fraudulentos, cuyo valor oscila entre los 100 y los 600 mil colones. La Dirección General de Impuestos Internos, del Ministerio de Hacienda, sigue la pista de tales bonos, presuntamente emitidos por esos partidos. La Dirección de Impuestos Internos parece tener pruebas que respaldan sus sospechas. Los bonos fueron comprados por valores inferiores a los declarados, con lo que los partidos políticos, según fue informado por El Diario de Hoy, obtuvieron un financiamiento de su campaña electoral. El fisco declaró "no querer complicar la vida a los partidos políticos, sino buscar que los contribuyentes no evadan impuestos en su declaración de Renta"( EDH, 04.04, p.8)

CONCERTACIÓN. El FMLN convocó a los partidos políticos para una concertación, lo cual ha sido aceptado por ellos. Sin embargo, los partidos parecen diferir en sus métodos de negociación. Esto ha provocado una lentitud en el reparto de la Junta Directiva de la Asamblea. "La Junta Directiva de la próxima legislatura no tiene rostro" se afirma en El Diario de Hoy (04.06). ARENA y el FMLN han propuesto efectuar reuniones donde estén representados todos los partidos políticos que ganaron diputados. Ante ello, el secretario general del PCN, Ciro Cruz Zepeda, afirmó no estar de acuerdo en ir donde estén todos, pues en su opinión se deben realizar primero reuniones bilaterales para poder avanzar hacia una reunión más general. Aunque dicho partido ya sostuvo negociaciones con miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), los efemelenistas tienen su particular punto de vista. Desde la perspectiva del partido de izquierda está claro que debe discutirse a fondo el problema de la composición de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, a partir de la firma de un protocolo donde se establezcan acuerdos de gobernabilidad interna. A partir de dicho protocolo, se procedería a la generación de criterios sobre los puestos de la Junta Directiva. Hasta la fecha, las negociaciones entre FMLN y ARENA no han iniciado, por lo que se espera la semana entrante se sienten a discutir en serio el tema de la próxima legislatura que entrará en funciones el 1 de Mayo (EDH, 04.06, p.10).

AMNISTÍA. Según fuentes de la Fiscalía General de la República, la institución aún no puede reabrir el caso de los jesuitas. Para el asesor jurídico de la Fiscalía Armando Rodríguez Eguizábal existen obstáculos legales que impiden reabrir el caso, además de existir recursos de inconstitucionalidad pendientes sobre la Ley de Amnistía. Aunque la Fiscalía tenía como plazo hasta el 5 de abril,  no se emitió ninguna resolución sobre el caso. La complejidad del mismo obedece a que la Fiscalía tiene que esperar la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la constitucionalidad o no de la Ley de Amnistía. Al ser enmarcado bajo la Ley de Amnistía, la Fiscalía no tiene ningún hecho que denunciar, porque ya se perdonó, argumentó Rodriguez Eguizábal, quien también hizo referencia a diversos obstáculos legales encontrados en el caso, además del significado que se le ha dado a la ley como de "perdón y olvido".  Para el asesor jurídico de la Fiscalía, en el derecho internacional se habla de los delitos que no prescriben —como el crimen de guerra y el genocidio—, pero en su opinión el caso jesuitas no se enmarca en ninguno de esos tipos de delito. "Estamos frente a un simple delito común", afirmó. En su óptica, conforme al Código Penal vigente en el momento en que los hechos sucedieron (1989), la prescripción para estos delitos era de diez años; por tanto, no se puede reabrir una investigación sobre ellos. El delito está prescrito, sentenció finalmente el asesor jurídico de la Fiscalía (EM, 04.05, p.4).