Año 20
Número 898
Abril 12, 2000
ISNN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

EDITORIAL

    Los resultados de las últimas elecciones legislativas y municipales han obligado a la cúpula de ARENA a encarar el tema del cambio institucional. Y todo parece indicar que han decidido comenzar allí en donde, desde diversos ángulos, se percibía una concentración de poder que impedía avanzar en la renovación partidaria. En efecto, para nadie es un secreto el peso de Cristiani dentro del partido, su capacidad para imponer líneas de acción política y económica, así como su capacidad para hacer abortar cualquier iniciativa contraria a aquéllas. Para nadie es un secreto el poder económico detentado por el ex presidente de la república, quien, montado sobre la cresta de un sistema financiero voraz, ha amasado una enorme fortuna. Cristiani, pues, no es ni dentro del partido ni dentro de los grupos de poder económico cualquier hijo de vecino. Más bien, todo lo contrario: es todo un jerarca, sabedor de su poder y reconocido en los círculos empresariales nacionales e internacionales. Pero, con todo y eso, tiene que dejar la presidencia del COENA. Y, si eso sucede, es porque para la cúpula arenera los resultados electorales son más preocupantes de lo que a primera vista pudo parecer.

    Que Cristiani deje el COENA no significa que, automáticamente, el partido de derecha va a embarcarse en un proceso de cambio en la línea que se esperaba cuando Francisco Flores asumió la presidencia de la república. En aquel momento, los más optimistas creían que, con Flores, se iba a desencadenar una dinámica que llevaría no sólo a la redefinición interna de los liderazgos areneros, sino también a la superación de las influencias de los empresarios vinculados al partido en el Estado. Ni una ni otra cosa sucedió. El Estado ha continuado siendo caja de resonancia de los intereses empresariales más voraces, mientras que, en ARENA, han persistido los viejos reinados. Ciertamente, el principal reinado ha sido el de Cristiani; y, en consecuencia, que sea desplazado del mismo no deja de ser en sí mismo significativo, por más que de ello no se sigan grandes transformaciones partidarias. Así pues, dado el enorme poder concentrado en manos de Cristiani, es claro que una renovación en ARENA exige como condición previa su relevo del principal cargo de dirección del partido. Pero ese relevo no es garantía de nada, sobre todo si Cristiani, con la habilidad que lo caracteriza, logra quedarse gobernando al partido tras bastidores.

    Sin duda, Cristiani hará todo lo posible por hacerse de una cuota de poder que le permita seguir influyendo en las decisiones fundamentales de ARENA. De aquí que quienes pretenden sacar adelante la renovación interna del partido —si es que en serio lo pretenden— tendrán que medir fuerzas con Cristiani y los suyos, llegando quizás a concesiones inevitables en aras de la unidad partidaria. Con la salida de Cristiani del COENA, pues, apenas se insinúa el inicio de un proceso de cambio en ARENA. El mismo o bien puede avanzar o bien puede verse abortado desde sus mismos inicios. Ello dependerá del modo cómo se posicionen los diversos grupos de poder que se expresan en el partido de derecha.

    Mientras tanto, Cristiani no ha ocultado su desazón y profunda tristeza que le causa dejar el cargo de presidente del COENA. Es curioso cómo los dirigentes más aguerridos de ARENA —los duros, los que no se acobardan, los que siempre imponen su criterio— están prestos a derramar sus lágrimas ante el menor revés político. Es curioso no que siendo tan duros lloren —como dice alguna canción mexicana, "los machos también lloran"— o que lloren por nimiedades —como perder una elección o dejar la presidencia de un partido—; al fin y al cabo, cada quien llora cuando tiene ganas. Lo curioso —o, peor aún, chocante— es que lloren por tan poca cosa hombres que nunca derramaron una lágrima por miles de compatriotas suyos brutalmente asesinados. Más bien lo contrario: varios de los que ahora lloran por votos o por cargos partidarios, se alegraron y congratularon por la muerte de otros seres humanos; se alegraron y congratularon por el sufrimiento —muchas veces ordenado directamente por ellos— de las víctimas y sus familiares.

    Algún periodista de la nueva ola ha visto en las lágrimas de Cristiani una muestra palmaria de su humanidad. Al llorar abiertamente, el ex presidente estaría mostrando a todos que él es también un hombre sensible, que sufre y se entristece como todos los demás. Todo un gesto de humanidad que merece ser reconocido por todos, y antes que nadie por los formadores de opinión, esas jóvenes luminarias del periodismo criollo, cuya agudeza analítica se pone a prueba cuando detectan el "lado humano" de Cristiani. Pero, ¿lloró Cristiani cuando se enteró que los cuerpos de seguridad asesinaban impunemente a estudiantes, obreros, campesinos, religiosas y religiosos? ¿Le brotó acaso un breve sollozo cuando se enteró que elementos del Batallón Atlacatl habían asesinado a los jesuitas de la UCA y a sus dos empleadas? ¿Le tembló siquiera la voz cuando intervino en aquellas reuniones macabras en la que se decidía por la vida y la muerte de otros seres humanos? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que Cristiani debió haber asumido esas situaciones con dureza, como corresponde a un anticomunista bien nacido. Claro está, era la vida de otros la que estaba en juego; era la vida de unos "enemigos", cuya destrucción tenía que ser celebrada.

    Con ese trasfondo, las lágrimas de Cristiani son ridículas. Pero más ridículos son quienes quieren ver en ellas una muestra de la humanidad del ex presidente. La profunda humanidad de una persona sólo tiene sentido ante las situaciones límite: aquellas que involucran la vida y la muerte. Hasta ahora de personas como Cristiani sólo ha brotado inhumanidad. Y si él quisiera dar muestras de su humanidad más que llorar por el cargo que ha perdido debería asumir la responsabilidad que le corresponde en el asesinato de los jesuitas y sus dos empleadas. Ciertamente, el ex presidente tiene todo el derecho del mundo a llorar por lo que considera importante; sin embargo, no todos los llantos tienen la misma hondura humana. Hay quienes lloran por cosas más superficiales, importantes quizás para su vida, pero irrelevantes para la vida de los otros. Hay quienes lloran por el sufrimiento de los demás, del cual directa o indirectamente se sienten responsables. Este es el llanto que expresa profunda humanidad.

POLÍTICA

    En una sesión del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) efectuada en el local del partido ARENA el pasado 6 de abril, Alfredo Cristiani anunció su decisión de renunciar al cargo de presidente del COENA, máxima instancia de poder en el partido oficial. Algunas versiones especulan que esta decisión obedece a que se quiere iniciar un proceso de "profunda renovación" en este instituto político. La renuncia de Cristiani ha sido una noticia a la que los medios escritos de mayor circulación del país han dado gran cobertura, llegando al extremo de mostrar al ex presidente cabizbajo, ojos enrojecidos y con un gesto interpretado con "profundidad" como el de "gran hombre, que es capaz de llorar".

    La manera como se han de interpretar estas lágrimas puede variar de acuerdo al análisis de cada quien. Lo único que debe evitarse es caer en especulaciones fantasiosas tendientes a adular a un personaje, presentándolo como un prototipo de humanidad, olvidando hechos y decisiones tomadas en determinados momentos de su vida y por las que quizás tendrá que responder ante la justicia, como en el caso de la masacre de los seis jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras. Dejando de lado el sensacionalismo y la clara intención de algunos medios de orientar la opinión pública sobre este hecho, hay que preguntarse, sin tapujos, por lo que está pasando al interior de ARENA. ¿Se está iniciando un proceso real de renovación o se está queriendo maquillar la realidad? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una transformación profunda en este instituto político? ¿Hay algunos intereses que pueden estar en juego? ¿Qué ventajas puede sacar ARENA de una renovación verdadera y profunda?

Los antecedentes
    En 1997, tras las elecciones municipales y legislativas, en las cuales el partido oficial experimentó una disminución en su preferencia electoral —tuvo 11 diputados menos que en la legislatura anterior y perdió la comuna capitalina— se habló de una "lección de las elecciones". El entonces presidente de la república, Armando Calderón Sol, había interpretado el mensaje de los electores como un llamado a realizar cambios en el COENA, que se justificaban porque ARENA era "un partido de apertura en constante renovación" o "un partido futurista con posiciones no ortodoxas" (La Prensa Gráfica,15 de abril de 1997 p.4a). En aquel momento también se hablaba de la necesidad de incorporar en la cúpula partidaria elementos de todos los sectores de la vida económica para responder efectivamente a los problemas de la población. En ese contexto, se promovió la llegada de Carlos Borja Letona al COENA, de quien se decía que como "proviene del sector agropecuario, su presencia permitirá seguir ahondando en la reactivación agraria" (Ibid p. 5a). Hoy, después de conocer los resultados de las elecciones del 12 de marzo se quiere democratizar el partido, reactivar la economía y buscar el bienestar de todos los salvadoreños. Pero, ¿por qué se tuvo que retrasar estas decisiones anunciadas desde 1997? ¿Eran solamente palabras vacías, producto de un cálculo coyuntural? Los hechos indican que no había ninguna voluntad para avanzar en tal dirección.

    Hasta la fecha siguen pendientes los temas de la reactivación del agro, la apertura de ARENA y su democratización, lo que invita a no tomar en serio las declaraciones que en esta coyuntura vierten los dirigentes de ARENA. Estos siempre se han caracterizado por manipular la opinión pública hablando de renovación, pero los cambios anunciados nunca han llegado a tocar las estructuras cuestionadas y han sido "de caras y no de propósitos". Sin embargo, la realidad actual parece estar llamando al partido ARENA a una reforma profunda.

¿Qué puede estar en juego?
    Declaraciones recientes del actual ministro del interior, Mario Acosta Oertel, caracterizado por su activismo y poca prudencia política, y defensor de la línea dura del partido, hacen suponer que las cosas están calientes al interior de ARENA, por más que se hable de una total cohesión y de un partido homogéneo. Prueba de ello es que Acosta Oertel parecería estar dispuesto a "armar un motín a bordo". Quizá no haya que esperar tal decisión del ministro del interior, pero sí de líderes departamentales y elementos de las bases. Desde el proceso de selección de candidatos para los comicios pasados había denuncias de verticalismo e imposición de la cúpula. Y, en más de una ocasión, las denuncias alcanzaron grandes proporciones y degeneraron en violencia. Hay un creciente malestar por parte de las bases respecto de la actitud despótica de los dirigentes: ciertos los hacen responsables, por su actitud poco democrática, de las derrotas electorales. Así, de no darse cambios que favorezcan una apertura real y democrática a la opinión de las bases, crecerá el descontento y ARENA puede pagarlo muy caro.

    Por otra parte, dice Acosta Oertel, que "el partido debe buscar sus raíces entre la clase media [pues] mucha gente cree que, en algún momento, debemos defender un sistema financiero. Nos han confundido. ARENA no es la banca. Y si alguien se mete a ARENA para defender la banca, está equivocado si piensa que ARENA y gente como nosotros vamos a ser su escudo, su defensa" (El Diario de Hoy, 8 de abril de 2000, p.12). Se le puede decir a Acosta Oertel que su partido ha gobernado para la banca e incluso muchos de sus dirigentes tienen grandes intereses en la misma. Pero, lo que más importa es resaltar el hecho de que Acosta Oertel está obligado a aceptar que ARENA no puede seguir exclusivamente al servicio de las familias con fuertes intereses en el sistema financiero. Es una de las visiones del partido de gobierno que han venido criticándose: El Salvador es más que un sector financiero que representa los intereses de una minoría. Si se quiere reactivar la economía y solucionar los problemas cruciales de la nación es imprescindible un cambio de rumbo.

    La necesidad de un cambio en las políticas gubernamentales se inscribe en la línea de que una renovación no sólo debe darse al interior del instituto político, sino también de cara a los electores no militantes del partido. Por lo general, estos últimos son los más críticos de los partidos. Son los que no participan en las elecciones o que dejan de votar por ARENA porque no creen en sus propuestas, o no ven mejoradas sus condiciones económicas. Por eso, ARENA no va a convencer tan sólo hablando de elecciones primarias o cambiando las viejas caras que simbolizan el verticalismo y autoritarismo en su interior. Convencerá en la medida en que esté dispuesto a revisar sus políticas económicas poniéndolas al servicio de las mayorías. De no efectuarse estos cambios, ARENA estaría comprometiendo su propia permanencia en el poder en la medida en que la izquierda se perfile como una opción cada día más atractiva y menos temida, cuya capacidad de gobierno se ha puesto de manifiesto en la gestión de algunos municipios bajo su control.

    Si, de acuerdo a la coyuntura, parece que ARENA no puede seguir postergando su renovación, nada indica que los intereses de sus dirigentes dejarán de primar sobre los intereses generales. Y es que efectuar una transformación en el sentido que se ha apuntado supone la realización de cambios profundos en la dirección de ARENA, mismos que apuntarían a una refundación partidaria, lo cual no parece posible en la medida en que los dirigentes areneros tienen intereses que proteger que opacan toda ilusión de cambio. En este sentido, el partido de derecha puede seguir defendiendo los intereses de siempre, pero también los salvadoreños pueden escoger la opción que mejor responda a sus aspiraciones.

ECONOMÍA

    El incremento en las tarifas de los servicios básicos es probablemente el aspecto más sensible dentro de todo el tema de la privatización y "modernización" del Estado. Otras privatizaciones no tienen un impacto tan visible sobre la mayoría de la población como las de servicios básicos: agua, electricidad y telefonía; sin embargo, debe mencionarse que, aunque su incidencia no sea tan visible, algunas privatizaciones tienen un impacto muy significativo sobre la población. En el caso del sistema financiero, por ejemplo, resulta claro que con su privatización se abrieron las puertas para que un grupo de banqueros mantenga tasas de interés y comisiones bancarias innecesariamente altas (con una tasa de inflación de apenas 4% en 1998, y una tasa de deflación de –1% en 1999). Con ello se ha dejado a asalariados y empresarios no financieros a merced de los criterios de maximización de ganancias de los banqueros, lo cual, en realidad, expresa una conducta típica de casi todo el sector empresarial salvadoreño.

    El que la privatización haya tomado auge alrededor de todo el mundo no quiere decir que, por definición, la misma signifique automáticamente incrementos en los niveles de bienestar. Casos como los de Inglaterra y Chile muestran cómo la privatización de la prestación de servicios básicos, sin una correspondiente política de subsidios a las tarifas, tiene resultados catastróficos sobre el bienestar de la población: las tarifas pueden llegar a subir hasta en 300% y además provocar que las familias caigan en fuertes endeudamientos con las compañías de agua y energía eléctrica, con lo cual pierden automáticamente el acceso a estos vitales servicios. En El Salvador, el segundo gobierno de ARENA (1994-1999) dio los primeros pasos para la privatización del suministro de servicios básicos como la energía eléctrica y el servicio telefónico. En la actualidad, la distribución de la energía eléctrica y el servicio telefónico es operado por empresas privadas, facultadas por la ley correspondiente a incrementar sus tarifas de acuerdo al comportamiento de los costos de operación y de las tasas inflacionarias, respectivamente.

    El impacto de estas privatizaciones sobre la mayoría de consumidores aún no se ha manifestado debido al subsidio que el gobierno otorga a los usuarios con un consumo inferior a los 200 kilovatios al mes. Los usuarios con consumos superiores ya no son sujeto de subsidios y, por lo mismo, las tarifas que se les aplica varían periódicamente. Durante los primeros once meses del tercer gobierno de ARENA, el tema de los subsidios a las tarifas del servicio eléctrico ha resurgido con mayor fuerza, primero por los rumores de que se pretendía eliminarlo, y luego porque el gobierno ha manifestado su intención de mantener su política de subsidios. El anuncio más reciente se dio en el contexto de los nuevos ajustes tarifarios propuestos por las distribuidoras de energía eléctrica, ante lo cual el gobierno reiteró que mantendría los subsidios e, inclusive, que los extendería para absorber la mayor parte del incremento que sufriría el sector industria y comercio, lo cual —hasta ahora— no formaba parte de la política de subsidios.

    El tema de los subsidios en el sector eléctrico surgió a la luz pública con los proyectos de privatización de la distribución de energía eléctrica, los cuales partían del supuesto de que, para privatizar, las tarifas eléctricas debían incrementarse significativamente para dar paso a los márgenes de utilidades que volverían atractivas las inversiones privadas en el sector. Sin embargo, el impacto que tendría este incremento tarifario sobre los gastos de los hogares obligó al gobierno a incurrir en una de sus contradicciones más evidentes: pregonar la necesidad de implementar medidas de liberación económica y al mismo tiempo mantener –y hasta profundizar— políticas de subsidio, en este caso a las tarifas de la energía eléctrica.

    Durante el gobierno de Francisco Flores no sólo se ha insistido en la permanencia de los subsidios, sino que en los últimos días se ha anunciado la inclusión de nuevos beneficiarios: la industria y el comercio. De acuerdo al subdirector ejecutivo de la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS), Armando Ojeda, las distribuidoras están por efectuar un incremento de 52% a las tarifas del comercio e industria, del cual el gobierno cubrirá la mayor parte. Al final, los sectores comercio e industria experimentarían un incremento de solo 15%, mientras que el restante 37% sería absorbido por el gobierno, el cual, a través de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ofrecerá a precios más bajos la electricidad generada y vendida a las distribuidoras.
 Con esta medida se pretenden evitar incrementos adicionales en los precios a los consumidores, que resultarían de la incorporación de los mayores costos de la electricidad a los precios de los productos ofrecidos por el comercio y la industria. Con todo, debido a que siempre habrá un incremento de 15% en las tarifas de estos sectores, no puede descartarse que también los precios de los productos experimenten alzas.

    En el caso del sector residencial, no se espera ningún cambio en las tarifas al usuario, aunque en la práctica ello no quiere decir que las empresas distribuidoras no vayan a incrementarlas. Lo más probable es que el gobierno aumente los subsidios que normalmente otorga al sector residencial. De acuerdo al ministro de economía, Miguel Lacayo, todavía no se habrían definido los mecanismos a través de los cuales se subsidiarán los incrementos en las tarifas del servicio eléctrico para los hogares, pero se tratará de que "al menos un millón de consumidores no tengan que pagar el incremento de la energía".

    Sin embargo, en esa misma ocasión Lacayo levantó dudas sobre la duración de este "regalo" gubernamental cuando, para justificar los subsidios, afirmó que "no quisiéramos que las tarifas de energía aumentaran, sino hasta que los precios de los hidrocarburos tendieran a bajar", en alusión a los fuertes incrementos en los precios de la gasolina experimentados en los últimos meses. Ateniéndose a lo anterior, los incrementos tarifarios al sector residencial no serían descartables ni siquiera en el corto plazo.

    Las dinámicas recientes alrededor del mercado de energía eléctrica, además de poner en claro la presencia de fuertes presiones hacia el incremento de las tarifas del servicio eléctrico, muestra que el gobierno no está preparado para hacer frente a los fuertes costos políticos que le acarreará el "libre juego de las fuerzas del mercado" y los consecuentes e inmoderados incrementos en las tarifas que le precederían. Sin duda alguna, este será un nuevo elemento que vendrá a minar aun más el capital político de ARENA pues, aunque de acuerdo a las versiones oficiales, las alzas tarifarias obedecen más al encarecimiento de los costos de generación que a la privatización, es imposible dejar de notar que el encarecimiento de los servicios de electricidad no sería tan elevado si no existieran de por medio las utilidades de las empresas que adquirieron las distribuidoras de energía eléctrica. Las empresas estatales, en cambio, no necesariamente están obligadas a incorporar en las tarifas márgenes de utilidad.

    Tanto en este caso, como en el de las telecomunicaciones, la banca, la importación de hidrocarburos o la administración de pensiones, la experiencia demuestra la necesidad de armonizar la privatización con la generación de beneficios sociales pues, tal como se ha desarrollado hasta ahora, ella sólo ha generado beneficios para una selecta minoría. Por el momento, el gobierno ha asumido los costos de la privatización de la distribución de la energía eléctrica, pero más temprano que tarde los consumidores deberán pagar más para cubrir las "necesidades" de acumulación de los empresarios del sector eléctrico.

SOCIEDAD

    Todavía está fresco el revuelo que la campaña electoral provocó con relación al tema de la delincuencia en El Salvador. Prácticamente, todos los partidos políticos adoptaron como estandarte de batalla la promesa de reducir los niveles de criminalidad que nuestro país padece y cuyo crecimiento ha sido progresivo desde que se firmaron los Acuerdos de Paz. Varios sondeos de opinión realizados en medio de la campaña proselitista colocaban a este fenómeno en la cumbre de las preocupaciones de los salvadoreños. De hecho, el tema llegó a formar parte de las propuestas políticas de candidatos a cargos públicos, cuyas atribuciones muy poco tenían que ver con el tratamiento del problema, tal es el caso del empresario Luis Cardenal, aspirante a la alcaldía de San Salvador por ARENA, que hasta se dio a la tarea de presentar su propio plan antidelincuencial para este municipio.

    En este sentido, es claro que existe un consenso generalizado de que mientras no se procuren los mecanismos idóneos para el combate de la criminalidad, muchos de los problemas involucrados en la misma sólo se verán resueltos a medias. Y esto es así, independientemente de si esta idea tienda a ignorar un problema estructural cuyos niveles vendrían a confirmar las contradicciones y efectos de un sistema que no beneficia a todos por igual. Estructural o no, la delincuencia merece respuestas urgentes, integrales y efectivas por parte de las autoridades de turno. Precisamente, a la luz de ese consenso generalizado que se avivó durante las semanas previas a las elecciones, en los últimos días se ha presenciado cómo varios sectores y figuras de relevancia han empezado a impulsar sus propias propuestas para darle seguimiento a las promesas hechas al calor de la campaña electoral. Sin embargo, la atención se ha centrado en una de las manifestaciones del problema: la industria de los secuestros.

    En términos generales —cada una desde su óptica y desde sus posibilidades—, estas voces que se han alzado en torno al problema siguiendo un esquema que tradicionalmente aplican cada vez que la situación nacional les permite ganar protagonismo: su posición de gendarmes civiles frente al desamparo y al sufrimiento de la población. Entre ellos, quienes suelen enfilar con mayor dedicación su discurso en contra de la llamada "enfermedad social" han sido los representantes de la gran empresa nacional. Hace pocos días, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se pronunció públicamente en torno a las declaraciones hechas por Mauricio Sandoval, máximo jefe de la PNC, y la camarilla de funcionarios dedicados al rubro de la seguridad pública y la aplicación de justicia. Según balances oficiales, los niveles de delincuencia habrían experimentado una reducción significativa durante los primeros meses de este año con respecto al mismo período en 1999. De esta manera, el trabajo del gobierno en términos de control de la delincuencia estaría dando los frutos esperados. Las acciones arbitrarias del cuerpo de seguridad en casos como la huelga del ISSS podrían verse atenuados gracias a la efectividad demostrada por la PNC en las tareas de lucha antidelincuencial.

    No obstante, la reacción de la ANEP no fue igual de optimista. Según los cálculos de la gremial empresarial, en El Salvador se producirían tres secuestros diarios en promedio. Además, la rentabilidad de la industria del secuestro iría en aumento debido al endeble frente que la policía y las instancias de justicia son capaces de oponer y, por si fuera poco, el grado de organización de las bandas que se dedican a cometer estos crímenes —cuyas acciones se entrelazarían con el tráfico de vehículos y la falsificación de documentos— dificulta su rastreo y su captura. Nada de esto parecía estar dentro de las evaluaciones de las autoridades de seguridad pública. El descrédito de una gestión policial cuestionada desde sus inicios era lo menos que se podía esperar luego de las revelaciones de los empresarios.

    Pero Sandoval y compañía se pueden sentir tranquilos. Estas manifestaciones de rechazo hacia el fenómeno de la delincuencia en nuestro país no suelen llevar dedicatoria en contra de una mala o deficiente administración pública. En este caso, la denuncia de los empresarios entona perfectamente con la propuesta de reformas constitucionales hecha por el director de la PNC, la cual persigue avalar la intervención telefónica para combatir el crimen organizado, ampliar el tiempo de incomunicación para los sospechosos detenidos y habilitar a los jueces para investigar de oficio los casos de secuestro (esto es, sin necesidad de contar con el aval de las víctimas). La propuesta del director de la PNC ha gozado del apoyo de varios funcionarios públicos —entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia—, pero también ha tenido que encarar las críticas de quienes se oponen a instaurar en el país un estado de control social como única medida para combatir el crimen.

    Justamente, se ha criticado el que en la mentalidad de quienes ven en los altos niveles delincuenciales las acciones de un grupo de parásitos sociales, expresión de una detestable enfermedad social, no pueda caber otra solución más que la vigilancia excesiva de parte del Estado. En este sentido, el consenso que existe en torno a que la delincuencia es un problema de proporciones preocupantes para toda la población ni se visualiza en función de los intereses de todos los salvadoreños ni mucho menos pretende impulsar mecanismos idóneos —en tanto que persigan combatir las causas estructurales que lo producen— para su tratamiento. La propuesta de Sandoval, junto con los comentarios de aprobación que le ha merecido de parte de las autoridades de justicia y Seguridad Pública, encajan perfectamente dentro de esta percepción del fenómeno. De esta manera, se afianza cada vez más entre las autoridades como opción privilegiada la implementación de mecanismos de control coercitivo, en detrimento del fomento de la prevención. Y lo más preocupante es que este control fácilmente puede degenerar en represión.

    Estos "gendarmes" del sufrimiento ciudadano y sus aliados dentro del aparato estatal están tratando, acaso a expensas de la estabilidad social del país, de confundir una parte del problema de la criminalidad con todas sus dimensiones e implicaciones sociales. A la luz de lo que ellos consideran un incremento preocupante en el accionar de la industria del secuestro y de las extorsiones sistemáticas en contra de prominentes empresarios nacionales, pretenden movilizar los recursos de un país en defensa de sus propios intereses. Desde esta óptica, no es una prioridad beneficiar, con su algarabía y sus pronunciamientos, a otros que también sufren por el auge delincuencial. Si ello ocurre, bienvenido sea, pero el beneficio de otros afectados —otros que no pertenezcan al sector representado por la ANEP— no es un fin de alta prioridad para aquellos. En su lugar, la problemática de la delincuencia pretende ser encasillada en unos cuantos casos que se convierten en paradigmas de su gravedad, pero que no consiguen abarcar toda la complejidad que le caracteriza.

    La tarea de despertar la conciencia de la población frente a un fenómeno de esta naturaleza, pues, no se agota con los pronunciamientos desbocados, con las millonarias campañas de difusión en los grandes medios, ni con los conciertos y las manifestaciones públicas de repudio. Estas acciones, sin duda alguna, pueden multiplicar su valor y su efectividad en la medida en que, por un lado, no contribuyan a falsear la realidad de la delincuencia en nuestro país, inclinándola del lado de unos determinados intereses. Y, ante todo, pueden generar mayor impacto en tanto sirvan de vehículos para clarificar las verdaderas causas del problema y obliguen al Estado no sólo a actuar, sino a tomar en cuenta la realidad que está detrás de la delincuencia al momento de proponer soluciones.

REGIÓN

    Luego de dos gobiernos —presididos por José María Figueres y Miguel Angel Rodríguez—, cinco años de discusión y negociación, y cuatro días de arduo trabajo, la asamblea legislativa de Costa Rica aprobó el 20 de marzo pasado, la "Ley para el mejoramiento de servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones y de la participación del Estado", la cual recibió 45 votos a favor y 10 en contra. El proyecto fue apoyado por diputados del oficial Partido Unión Social Cristiana (PUSC) y del principal instituto político opositor, Partido Liberación Nacional (PLN). Todo ello refleja la existencia de un amplio debate nacional que significa para Costa Rica un importante hito en su historia reciente, particularmente en el trabajo por mantener a la llamada democracia más "vieja" de Centroamérica.

    La ley tiene como finalidad lograr una reforma integral del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pero la apreciación más generalizada es que, más que fortalecer al ICE, la pretensión del gobierno es impulsar la privatización, y de ahí la creciente agitación social en las calles de la capital, San José, y otros lugares del interior del país, sin precedente en las últimas dos décadas.

    Las más recientes encuestas de opinión revelan que buena parte de la población del país desconoce la ley de transformación del ICE, como lo demuestra un sondeo realizado a 408 personas en el área metropolitana y en el interior del país que, luego de la aprobación del proyecto, reveló que un 77.5 por ciento de los entrevistados estaban enterados de la medida; pero de ese porcentaje, un 74.7 por ciento sabe poco del tema. Más importante aun es el hecho que un 57.3 por ciento de los entrevistados está en desacuerdo por la aprobación de la citada ley.

    La implementación de las medidas tiene un largo historial, pues fue el gobierno del ex presidente Figueres el que inició el camino hacia la reforma del ICE, institución que ha mantenido el monopolio de las telecomunicaciones y de la producción de energía eléctrica desde 1949, cuando a escasos meses de la "Revolución del 48" fue emitida la "Ley de creación del Instituto Costarricense de Electricidad". La gestión de Figueres tuvo que enfrentar diferentes opiniones al respecto: por un lado, un influyente grupo de dirigentes sindicales del ICE se opuso decididamente a todo signo de cambio, amenazando con medidas como convocatorias a huelga y protestas; asimismo, se oponían a la medida dos influyentes diputados: Ottón Solís y Hernán Fournier. En cambio, el sector empresarial organizado advertía la necesidad de la modernización del aparato estatal y de una pronta reforma, dentro de la cual cabría la reestructuración del ICE; no obstante, señalaba la timidez y limitantes de los intentos gubernamentales de reforma de la ley de electricidad. Ciertamente, el aparato estatal costarricense ha alcanzado grandes logros en materia de desarrollo, pero, a juicio del sector empresarial, existe un problema: la condición de Estado benefactor de orientación paternalista deja pocos espacios a la participación del sector privado.

    Más tarde, el presidente Miguel Angel Rodríguez retomó la línea reformista de su antecesor y presentó en 1998 dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para modificar la Ley de creación del ICE. Mientras tanto, la prensa internacional informaba de la existencia de cinco transnacionales interesadas en la producción de electricidad en Costa Rica. Antes de terminar 1998 ya existía consenso entre las fracciones legislativas de los dos principales partidos políticos de Costa Rica (PUSC y PLN) sobre la necesidad de poner en marcha las reformas eléctricas programadas para el año 1999.

    El "combo eléctrico" estaba integrado entonces de cuatro iniciativas orientadas a cambiar la estructura del ICE para fortalecerlo. La principal iniciativa era introducir como punto de discusión en el congreso una reforma constitucional que permitiría al ICE transformarse en una empresa de servicios públicos. Siguiendo la lista de prioridades, se incluían la ley de fortalecimiento del ICE, la ley general de electricidad y la ley de telecomunicaciones. Amplias discusiones y negociaciones marcaron 1999, lo cual permitió un avance en el proceso de reforma que ha alcanzado su cenit en los sucesos ocurridos luego de la aprobación de las medidas en el congreso. Este proceso continuará gradualmente para abrir los mercados de telecomunicaciones y electricidad a la inversión privada, y dividir al ICE en dos empresas encargadas de los citados mercados.

    El ICE se dividirá en dos empresas: ICELEC, se encargará del área de electricidad, e ICETEL de la de telecomunicaciones. Adscrito al ICE, el Centro Nacional de Planificación y Operación de Electricidad (CENPO) trabajará con la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones (ARETEL), la cual se encargará de regular y normar la operación, comercialización y prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como de regular y concesionar bandas y frecuencias.

    A pesar de la aprobación de las medidas señaladas, las protestas de los detractores de la reforma han afectado las decisiones de los parlamentarios y del mismo presidente Rodríguez. Las presiones de sindicalistas, obreros, estudiantes universitarios, campesinos y hasta sectores de la Iglesia Católica para que la reforma no se ratificara definitivamente, produjeron en el país un tenso clima de agitación que lo puso en los titulares de la prensa internacional.

    El trámite legislativo del "combo energético" fue postergado por 150 días ante las presiones populares, abriendo paso así a la negociación entre gobierno, diputados y el grupo de ciudadanos que se opone a la medida. Para facilitar el proceso se creó una comisión legislativa especial mixta que se encargará de revisar e introducir propuestas a la Ley de transformación del ICE en los próximos 5 meses.

    Los diputados que se oponen a las propuestas de reforma del ICE ya han hablado de un "entierro político del combo" o de su "congelación"; sin embargo, los defensores del proyecto han dado a entender que los trámites continuarán luego de transcurrir el período de consulta y sugerencias. Lo cierto es que las medidas de presión comenzaban a causar efectos nocivos en el ambiente social, político y económico costarricense. La paralización de algunas vías en el territorio nacional afectó el turismo, principal fuente de ingresos del país y las protestas en la provincia de Limón amenazaban la paralización del primer puerto en importancia.

    El tema de la "privatización" de los servicios públicos es una constante que genera un amplio debate no sólo en Costa Rica, sino también en Centroamérica. Tomando en cuenta el reducido alcance real de los beneficios de la "privatización" o "concesión de servicios" para las mayorías más vulnerables de la región, aquellas resultan altamente cuestionables y sugieren la necesidad de incorporar a la mayoría de la población en la toma de decisiones, especialmente si de ello depende el rumbo de una coyuntura tan fundamental como la actual.

    El fenómeno del "combo del ICE" es un signo más del rumbo que está tomando la mayoría de gobiernos de la región centroamericana en el campo de la modernización y, asimismo, un ejemplo de las posibles respuestas de las mayorías populares que pueden variar entre la aceptación de la modernización siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos humanos o, en el peor de los casos, el rechazo total a un proceso que a la postre va en detrimento del bienestar de los grupos sociales más vulnerables.

DERECHOS HUMANOS

    Ya transcurrieron casi dos semanas desde que las autoridades de la UCA decidieron presentar, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una solicitud concreta para investigar el llamado “Caso jesuitas”. Oficialmente, aún no se ha recibido respuesta por parte de esa institución del Ministerio Público y, de cierta forma, eso ha contribuido a elevar el nivel de las expectativas al respecto. Como mencionamos en este mismo espacio la semana recién pasada, son varias y en diversos sentidos las apreciaciones que ya se externaron sobre el asunto. Ahora comentaremos algunas de ellas, entre las cuales se encuentran variadas opiniones provenientes de espacios castrenses y gubernamentales, así como eclesiales y laicos.

    Desde que tuvieron conocimiento de la petición, la mayoría de los señalados en ella —con algún grado de participación en los hechos— reaccionaron. El general Juan Rafael Bustillo afirmó que la UCA estaba “en su derecho de pedir reabrir el caso”, pero agregó que también debían “abrirse todos aquellos casos del FMLN, incluso aquellos que están ocupando en este momento cargos políticos”. Su argumento inicial de descargo ante los medios, fue el siguiente: “Jamás pude ser partícipe. Si lo hubiera conocido, lo primero que habría hecho era recomendarles que no hicieran semejante crimen, porque eso iba a incriminar a la Fuerza Armada y todas aquellas cosas ganadas en la guerra se iban a perder”. Bustillo sentenció tajante e ilustrativo que se tenían que abrir todos los casos por ser necesario; “que nos lleven al banquillo de los acusados”, para “demostrar quiénes son los inocentes y culpables”.

    A diferencia de el anterior, quien fue el Comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el general René Emilio Ponce —que también negó su participación— se opuso rotundamente a la posibilidad de colocarse en ese sitio; se ve que Ponce no confía en la “nueva institucionalidad” del país, a fin de que sea ella la que establezca si tuvo o no que ver con los hechos. A propósito, Bustillo ha emitido juicios como el que sigue: “Yo no quiero comprometerme, en el sentido de decir que todos los señalados (en la petición de la UCA ante la FGR) son inocentes. Yo quiero decir que yo soy inocente, pero lo quiero demostrar”.

    El coronel Inocente Orlando Montano, por su parte, manifestó que era “cosa juzgada” y no desestimó una posible demanda contra los solicitantes “por daños a su persona”. Este militar en situación de retiro, desde su cargo de Viceministro de Seguridad Pública acusó a la UCA —en julio de 1989— de valerse de espacios pagados "para tratar de desprestigiar a la Seguridad Pública y a la Fuerza Armada"; días después, siete bombas fueron colocadas en la imprenta de la Universidad y causaron cuantiosos daños materiales. A los tres anteriores oficiales se sumaron las declaraciones del coronel Francisco Elena Fuentes, quien en su defensa sostuvo que no había participado en la reunión donde —según el informe de la Comisión de la Verdad— se decidió asesinar al padre Ignacio Ellacuría; en esa época, aseguró, él “no tenía jurisdicción ni mando al sur, sólo al norte de la ciudad”.
Alfredo Félix Cristiani Burkard —quien pocos días después renunció, sorpresiva y anticipadamente, al máximo cargo en la cúpula “arenera”— se “lavó las manos” en este y cualquier otro caso. El ex presidente de El Salvador y de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dijo: “Me siento con la conciencia completamente tranquila; ni por acción ni por omisión tuve que ver en ese ni en otro hecho sangriento... No tuve conocimiento ni previo, ni durante ni después”. Sobre la iniciativa de la UCA, a diferencia de Montano, la posición de Cristiani fue ésta:“Uno no puede oponerse a que traten de hacer lo que deseen y allá ellos el tratamiento que le quieran dar”.

    Las máximas autoridades de la Iglesia católica arquidiocesana, también opinaron. Monseñor Gregorio Rosa Chávez fue el primero y lo hizo, claro y directo, de la siguiente manera: “Que haya luz y justicia”. “Una señora que perdió un familiar en la guerra —añadió el prelado— dijo que ella quiere perdonar a los culpables, pero para perdonarlos necesita conocerlos”. Por último, monseñor Rosa Chávez consideró que el padre Tojeira —al presentar la denuncia— estaba mostrando una actitud que no es de rencor, sino de perdón. Monseñor Fernando Sáenz Lacalle se pronunció a favor del cumplimiento de la ley; en ese sentido, el arzobispo metropolitano sostuvo: “Si las leyes dicen que ya no se puede (reabrir el caso), hay que respetarlas... Hay unas leyes nacionales que están hechas para todos... para hacer justicia debe haber equidad”. Planteada la posibilidad de que se busque justicia fuera del territorio nacional, reaccionó manifestando que si existe la “capacidad de hacer las gestiones a otro nivel, se pueden hacer; que convenga o no al país, es otro análisis”.

    De los políticos, fueron pocas las voces. A raíz de la denuncia del viernes 27 de marzo, Marta Valladares se pronunció por la derogatoria o la reforma de la “Ley de Amnistía”; su compañero de partido, Orlando Quinteros, también cuestionó dicha ley. Ambos “efemelenistas” no desaprovecharon la oportunidad —pese a no venir al caso— para sostener que la mayor carga de responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos del pasado le corresponde al gobierno, según el informe de la Comisión de la Verdad. René Figueroa, de ARENA, hizo afirmaciones como las siguientes: “No podemos seguir viendo al pasado. Está cerrado; fue juzgado y es una prueba para el pueblo salvadoreño”; “Ya hay una ley de amnistía y estar revolviendo más a este pueblo convulsionado, no vale la pena”; y “Los pastores y sacerdotes son los más llamados a propiciar una reconciliación”.

    El partido de Figueroa se pronunció, de manera pública y oficial, con sendo comunicado en dos medios escritos de circulación nacional. Al igual que su diputado, sin base para corroborarlo, ARENA afirmó: “La justicia salvadoreña juzgó, condenó y en aras del encuentro de la reconciliación por la tragedia que le tocó vivir al pueblo, perdonó” (Ojo: las negritas son del comunicado). Después de respaldar tanto a su entonces todavía presidente —el señor Cristiani— y a los oficiales Larios, Ponce, Bustillo, Montano, Elena y Zepeda, hace unos días el instituto político señaló: “Es hora de ver para adelante, enfrentar los verdaderos problemas del pueblo salvadoreño, como son la pobreza, la marginación, la inseguridad, el desempleo, etc. El mundo ha cambiado, las ideologías, las confrontaciones, han quedado atrás, nuestro pueblo lo que espera son realidades, soluciones y ver en la clase política y en la sociedad salvadoreña una verdadera y genuina voluntad de concertación y entendimiento para encontrarle solución a sus graves problemas”.

    De los llamados “generadores de opinión pública” en los medios, que abundan aunque muy pocos merezcan ser denominados así, las siguientes son algunas muestras. Marvin Galeas, ex comunicador de la guerrilla y ahora escribiendo en El Diario de Hoy, piensa y dice que en la denuncia hecha por el padre Tojeira “subyace la injusta premisa de que hay muertos más importantes que otros”; completamente equivocado el juicio de Galeas, quien —quizás por desconocerlas o con dolo— no toma en cuenta las declaraciones del Rector de la UCA en una entrevista reciente por televisión, cuando afirmó todo lo contrario. Galeas y cualquier otro “columnista” deben saber que las puertas del Instituto de Derechos Humanos de la UCA están abiertas para aquellas personas que, con elementos probatorios como los que sustentan el ”Caso jesuitas”, deseen hacer uso de la institucionalidad del país a fin de exigir el conocimiento de la verdad en casos de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en su esfuerzo por lograr justicia y —si así lo deciden— perdonar; ello, sin ninguna consideración política previa.

    Otro escritor de nombre Manuel J. Aguilar Trujillo —el mismo día y en la misma página que Galeas— afirmó estar “completamente de acuerdo, que los señores que remueven los casos de monseñor Romero y los de los señores de la UCA, piden, entre otras cosas se anule la Ley de Amnistía, ya que al hacerlo, permiten revisar otros casos que han sido totalmente olvidados, incluso por familiares muy cercanos de las víctimas. El nombre de estas personas, que merecen, al igual que monseñor Romero y los señores de la UCA, justicia, es conocido de todos nosotros, encontrándose entre ellos, personajes emparentados con importantes miembros del actual gobierno”. Esta opinión, más equilibrada, reclama investigación y resarcimiento para las víctimas de violaciones atribuidas a la ex guerrilla; en este punto, no importan los porcentajes sino la calidad de los hechos.

    Julio Villarán, en su columna titulada “La vida según...” que le publica los domingos también El Diario de Hoy, se refirió al tema sosteniendo que la “no aceptación de los desaciertos nos lleva a una reconciliación a medias, lo cual no permite que nos acoplemos al resto de la civilización. No se trata de reclamar venganza, sino más bien de proponernos a dejar de ser un país cuya sociedad esté fundada en el desconocimiento de la verdad. El olvido me preocupa porque tengo hijos pequeños y me niego a que pertenezcan a la generación de los desmemoriados, junto a otros de miles de ciudadanos. ¿Qué responderé cuándo pregunten sobre el pasado?”.

    Y continua Villarán: “Nuestra modernidad no podrá establecerse hasta que no se investiguen a fondo y de manera responsable los crímenes cometidos aquí, que ya son del dominio mundial, y que se pretende que queden impunes (ambos bandos tienen las manos sucias)... Una de las señales para reconocer nuestra madurez democrática será la capacidad de superar el déficit histórico que arrastramos desde hace ya bastantes años y que nos permite ser una sociedad racionalizada. Estoy seguro de que sólo la verdad podrá ‘estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional’, como reza el documento de los acuerdos de paz. Miles de salvadoreños no pudieron morir en vano”.

    Finalmente, también hablaron funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. El Presidente de la Corte Suprema, Eduardo Tenorio afirmó que “la verdad debe estar por encima de todo”; “posiblemente —añadió— el país o las partes que se sientan dañadas estarían más tranquilas si se conociera la verdad”. Tenorio opinó que la FGR tendría que reabrir el “Caso jesuitas” y que el mecanismo utilizado por la UCA era el correcto. Su compañero de Sala en la Corte, René Hernández Valiente se pronunció en sentido contrario.

    Del Ministerio Público también se escuchó la opinión de sus titulares. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones, Marcos Valladares, afirmó públicamente la legalidad y la pertinencia de procesar a los sospechosos de ser autores mediatos y por omisión de la masacre de la UCA. Miguel Ángel Cardoza titular de la Procuraduría General de la República, opinó que “siempre ha sido conveniente que la verdad se conozca y ese fue el sentir de los acuerdos de paz, a través de la Comisión de la Verdad”. Cardoza agregó lo siguiente: “Es necesario que El Salvador pueda dar la vuelta a la hoja, después que se haya conocido toda la información y entonces poder cerrar la página”.

    Es obvio que la opinión más importante en esta discusión debía surgir de la Fiscalía General de la República, por ser ésta la institución de la cual depende el destino de la solicitud hecha por el padre Tojeira. Lástima grande que uno de sus funcionarios —no el titular ni su adjunto— habló antes de tiempo y de manera irresponsable, expresando criterios sin fundamento que pudieron haber confundido a más de una persona. Pero, para bien, Belisario Artiga —máximo responsable de la FGR— aclaró al regresar al país, tras un viaje oficial, que su decisión la haría pública hasta el viernes 14 de abril. Al momento de escribir estas líneas, estamos esperando esa comunicación.

COMENTARIO

    Una brisa fresca sopla en el jardín de la casa blanqueada en el Barrio Miramonte de San Salvador. Entre flores y coludos está la casita donde permanecen guardadas las reliquias de monseñor Oscar Arnulfo Romero; una camisa llena de sangre, su carnet de identidad, su cama, diferentes utensilios, así como un maletín ejecutivo que no parece pertenecer a un clérigo.
El chofer del taxi que nos trajo y que se colgó detrás de nosotros dice de repente muy conmovido: "Tardé 20 años para poder ver esto", y se pone las manos en el pecho. Son pocos los que llegan a esta capilla en el hospitalito Divina Providencia, donde asesinaron al arzobispo Romero el 24 de marzo de 1980, mientras leía la misa.

    En su tumba en la catedral que es visitada por miles. Allí, durante su funeral mataron e hirieron a cientos de personas, una de las chispas que incendió la guerra civil en El Salvador la cual duró casi 12 años. Hoy, 20 años más tarde, los afiches con el rostro del Arzobispo y la mirada seria a través de los anteojos de conchas se ven en todas partes en este país centroamericano: en las cooperativas de Chalatenango en el norte del país y entre las prostitutas en el centro de la capital, San Salvador.
El intercesor de los pobres de su país se ha convertido hoy en la figura simbólica de la Teología de la Liberación en América Latina. El padre John Cortina, de la Universidad Centroamericana (UCA), incluso cree que "para el pueblo salvadoreño monseñor Romero ya es un santo".

    Veinte años después de su muerte, este pueblo salvadoreño aún se pregunta: ¿Cómo fue posible que en la América Latina tan profundamente católica se haya asesinado a un arzobispo?. Ningún otro dignatario de este rango enfrentó suerte similar desde el siglo XII, cuando asesinaron a Thomas Becket, Arzobispo de Canterbury en el altar. "Lo mataron porque decía la verdad", opina Cortina, ¿Cuál fue esa verdad en El Salvador de 1980?.

    Opresión y explotación por parte del régimen salvadoreño fueron los temas que monseñor Romero mencionaba una y otra vez en sus misas. El Salvador vivía entonces un clima de represión política contra obreros, campesinos y el clero, por parte de un gobierno de derecha que se acababa de recuperar del susto provocado por una reforma agraria fracasada.

    En 1977 Romero fue nombrado Arzobispo, porque se creía que su actitud más bien conservadora podría garantizar relaciones buenas entre el gobierno y la iglesia. Su contrincante (y luego su sucesor) Arturo Rivera y Damas fue rechazado por ser considerado muy liberal y dispuesto a reformas.
Fue después de la masacre de los manifestantes que en 1978 habían llegado a Aguilares para protestar en la "Plaza Libertad" contra el fraude electoral de las elecciones presidenciales y donde fue asesinado su amigo el padre jesuita Rutilio Grande, que Romero comenzó a tomar más y más partido por los pobres y las personas sin derecho en su país.

    El pregonaba la resistencia pasiva y siempre se opuso a la violencia para poder lograr metas políticas. Así lo hizo el 23 de marzo de 1980 en su homilía de domingo, que fue transmitida por la radio. "Paren la matanza", pidió a policías y guardias nacionales. Un día después, él mismo fue víctima de las balas del régimen.

    Su muerte y la de muchos de los 80 mil salvadoreños que dieron su vida en la guerra civil, nunca fueron esclarecidas. Sólo en el caso del asesinato de los seis padres jesuitas y su empleada doméstica, se ha acusado formalmente a ciertos militares.

    En el caso de Romero, una y otra vez aparece el nombre del ex jefe militar derechista Roberto D'Aubuisson como uno de los que planificaron y ejecutaron el asesinato. Nadie, sin embargo, ha sido jamás arrestado. Esta impunidad es vista como una de las causas de la violencia que se vive hoy en El Salvador.

    Aunque los dos partidos contrincantes —FMLN y la gubernamental ARENA— firmaron un pacto de paz en 1992 en México, y ahora se pelean en el parlamento y en manifestaciones pacíficas, como las elecciones municipales y parlamentarias de este mes, la violencia en El Salvador es cotidiana. Bandas criminales atacan a buses, las "Maras" (bandas juveniles) llevan a cabo peleas callejeras y la mayoría de las casas en San Salvador están siendo aseguradas con muros altos, verjas de hierro y policías privados.

    Graciela Colunga es sobreviviente de una masacre ocurrida contra campesinos en 1984 en la cual fueron asesinados 64 niños y mujeres. Ella es hoy la directora de "CORDES", una ONG de desarrollo rural. Dice que el gobierno está exigiendo perdón y olvido.
"No podemos sin embargo, estar encima de Dios", dice Colunga. "El demanda que para perdonar hay que reconocer primero su error. Por eso sólo podemos perdonar si ha habido un reconocimiento de la culpa y esto no ha pasado".

    Además de la impunidad, Colunga cree que las siempre injustas estructuras económicas de El Salvador fomentan la violencia. La pobreza está tan actual cómo hace 20 años. Miles de puestos de trabajo se han creado en las maquiladoras, los salarios sin embargo están muy bajos para poder competir con la producción en masas en Taiwan e Indonesia.

    Uno de cada seis salvadoreños vive en el extranjero y envía remesas a sus familiares en El Salvador. Se calcula que son unos US$1.500 millones de dólares al año.

    ¿Cuál sería la verdad que hoy estaría predicando monseñor Romero?. Preguntamos al padre Jon Cortina de la UCA.

    "El insistiría en que se mantengan los acuerdos de paz en que las víctimas de la guerra tuviesen el derecho a una compensación, y quizás también estaría en contra de la privatización del sistema de salud", dice Cortina.

    El taxista que se impresionó tanto en el lugar del asesinato de Romero tiene su propia opinión sobre la palabra verdad. "Bueno, ahora tenemos libertad de prensa en El Salvador, pero, ¿quién me dice que los periódicos están diciendo la verdad?" declara con una sonrisa, mientras se mete entre el tráfico pesado del "Bulevar de los Héroes" de San Salvador.
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Colaboración de Elsbeth Horbaty, periodista suiza radicada en Nicaragua