Año 20
Número 900
Mayo 3, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial                         Una transición agotada
Política                           El rol de la Asamblea Legislativa en la actual coyuntura
Economía                       Déficit fiscal, reformas tributarias y recuperación del agro
Región                            Guatemala: haciendo memoria de las víctimas
Comentario                   El debate actual sobre los derechos humanos
Derechos Humanos     ¡Qué Asamblea!
 
 
 

EDITORIAL

    La primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa fue un espectáculo lamentable, muy ajeno a lo que debiera haber sido su acto solemne de instalación. Después de más de siete horas de sesión, a duras penas pudo elegir al primero de tres presidentes anuales y rotativos. Ciro Zepeda, el primero de ellos, fue electo por un procedimiento que deja mucho que desear desde la perspectiva democrática y, en concreto, desde la ciudadanía a la cual los diputados dicen representar y servir. Es por ello que el FMLN se negó a votar pero sin abandonar el pleno. De esta manera, el primer acto de lo que se anunciaba como un periodo de concertación fue, en realidad, una imposición a partir de la cantidad. De hecho, la discusión en el plenario no tenía otro sentido que el de la protesta y el de dejar constancia pública que la decisión ya había sido tomada.

    Así, ARENA hizo posible la elección de un presidente de la Asamblea Legislativa que fue destituido de la presidencia de la Corte de Cuentas por la legislatura de 1989. El decreto de destitución, patrocinado por el mismo Roberto D’Aubuisson, declara como razón formal la incompetencia del funcionario. En la práctica, Zepeda no pudo dar cuenta de un fondo millonario entregado a la Corte de Cuentas por una agencia gubernamental estadounidense. A su sucesor le encargaron llenar los vacíos encontrados, pero el asunto se encuentra documentado en los archivos de la institución. No es simple casualidad que el jefe de la bancada demócrata cristiana reconociera, sin vergüenza alguna, que la integración de la junta directiva de la Asamblea Legislativa era el reparto de un pastel de poder y dinero. Situaciones como ésta no se darían si a los funcionarios corruptos les fueran instruidos juicios para exigirles responsabilidades civiles y penales.

    La elección de este curioso personaje de la política salvadoreña fue posible por la alianza de los partidos ARENA, Conciliación Nacional y Demócrata Cristiano. La razón de esta alianza es evitar que el FMLN ocupe la presidencia de la Asamblea Legislativa, tal como le correspondía por tener el mayor número de diputados, según lo establece la costumbre de la institución. Lo que hace tres años fue válido para ARENA, ahora no lo es para el FMLN. La propuesta que en aquel entonces hiciera el FMLN para que los partidos políticos grandes ocuparan de manera rotativa esa presidencia, que fue rechazada en términos tajantes por ARENA, ahora resulta ser una exigencia impostergable de la democracia salvadoreña. Es así como, casi al final de la legislatura pasada, la democracia cristiana introdujo una iniciativa de ley para reformar el reglamento interno, la cual fue aprobada de inmediato y con dispensa de trámite, violentando otro acuerdo legislativo.

    ARENA se ha salido con la suya, pero también ha puesto en evidencia hasta dónde llega su compromiso con la democracia, su poco respeto a la ley y, sobre todo, su incapacidad para reconocer el poder adquirido de manera legítima por la oposición. ARENA estaba tan decidido a impedir que el FMLN ocupara la presidencia de la Asamblea Legislativa que ha menospreciado el impacto que este atropello pueda tener en una opinión pública que, de por sí, ya tiene muy poco aprecio por esa institución y los partidos políticos. Tampoco ha tomado en cuenta lo que esto significa en términos de seguridad jurídica. ARENA y sus aliados han puesto en evidencia cómo uno de los focos de inseguridad jurídica se encuentra en la Asamblea Legislativa, precisamente, por su conducta antidemocrática y contraria al derecho establecido.

    Estos hechos confirman que el llamado proceso de transición democrática está agotado. La derecha que se expresa a través de ARENA y los otros dos partidos aliados acepta al FMLN como partido político y su participación en elecciones, que ocupe algunos cargos públicos secundarios e incluso que obtenga un número creciente de diputados y alcaldías, pero no la presidencia de un órgano del Estado. En este caso se trata de una presidencia con un poder relativo, puesto que quien la ocupa debe contar con la junta directiva, las comisiones, el pleno, los partidos y el veto presidencial. ¿Cuál sería la actitud de ARENA si se tratara de la presidencia de la república? Los hechos ocurridos el primero de mayo en la Asamblea Legislativa muestran que la transición ya no puede dar más de sí, que sus pretensiones democratizadoras no alcanzaron a madurar, reduciéndola a una simple transición de postguerra, y que cualquier cambio que se proponga la democratización real de El Salvador tiene que romper el monopolio del poder de la derecha así como también someterla a la ley.

    Paradójicamente, mientras en el Salón Azul los diputados de la derecha hablaban de mandato popular y servicio a la patria, en los medios de comunicación que abrieron espacios para que la opinión pública se expresase, ésta rechazaba de forma mayoritaria ese discurso. A través de estos canales se manifestó la frustración y la cólera de un sector social importante. Algunas voces incluso predijeron la inevitabilidad de un conflicto social, dado el irrespeto a la institucionalidad y la democracia por parte de la derecha, y el cansancio y el asco que producen los políticos que salen de sus filas. El pasado no está tan lejos del presente tal como aseguran los defensores del orden establecido.

    La derecha de ARENA y sus aliados ha puesto en grave peligro la concertación, la palabra de moda en el periodo postelectoral. Mientras los delegados de ARENA conversaban con los del FMLN, aquél impuso su voluntad. Es más que probable que para conseguir los votos necesarios haya tenido que recurrir a arreglos por ahora desconocidos y, o a la simple compra de votos. Esta derecha tiene muy poca paciencia y tolerancia para buscar coincidencias y ceder. En el fondo, ARENA no acepta el resultado electoral, ni, en consecuencia, la pérdida de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Así, sacó lo peor de sí misma, su poco aprecio a la legalidad y su naturaleza antidemocrática.

    El FMLN, por su lado, ha prometido no integrar la junta directiva hasta que no sea corregido el desaguisado de la derecha legislativa. Si acaso su fracción renovadora se sintió tentada por las ofertas de esta derecha, las desechó con presteza y proyectó, como pocas veces, la imagen de firmeza y unidad de una oposición verdadera. No estará en la directiva, pero ahora tiene mayor solvencia moral y tal vez más libertad para convertirse en la oposición que El Salvador está esperando y necesita.

POLÍTICA

    Es comúnmente aceptado tanto a nivel internacional como nacional que el proceso de transición democrática de El Salvador ha arrrojado, pese a los obstáculos que ha tenido que sortear, resultados positivos. Pocas veces la ONU ha tenido tanto éxito en los resultados de un proceso que haya acompañado. Por ello, se suele presentar el caso de El Salvador como un ejemplo a seguir, como modelo de pacificación y de puesta en marcha de un proceso de transición democrática. A este respecto, El Salvador se diferenciaría radicalmente de países como Haití o Perú en los cuales el fraude y la violencia política están a la orden del día. Los eventos electorales celebrados en El Salvador luego de la firma de los Acuerdos de Paz se han caracterizado por un grado bastante aceptable de legalidad y transparencia; en todo caso, no se han registrado denuncias o indicios de manipulación de los comicios a favor de un determinado grupo o partido. Es importante subrayar la dimensión electoral del proceso de democratización salvadoreño, pues desde que se firmó la paz no ha habido ningún intento sistemático de volver a prácticas antidemocráticas del pasado, el cual precisamente se caracterizaba por la ausencia de todo decoro a la hora de violentar el veredicto popular de las urnas.

    Muchos se escudan en los logros arriba mencionados para alimentar el conformismo socio-político y proclamar la tesis de que en el país ya se hizo lo suficiente en materia de democratización. Con todo, y a despecho de lo que puedan pensar los conformistas, quedan aún muchas cosas por hacer: desde el cambio de ciertas actitudes que desencadenan pasiones incontrolables que llevan a la violencia —como sucedió en la coyuntura electoral recién finalizada—, pasando por el fortalecimiento de los órganos e instituciones del Estado, hasta cambios sustanciales en los mecanismos de participación política —como el voto residencial— y en el sistema de representación proporcional. Sin embargo, lo más esencial es el necesario paso de una democracia electoral a la consolidación de un régimen democrático y sus innegables corolarios como son la justicia económica, la paz social y la seguridad jurídica.

    Para nadie es un secreto que los aspectos de los Acuerdos de Paz relativos estos puntos no se han abordado ni con la seriedad, ni con la profundidad debidas. Queda aún pendiente la solución a los graves problemas sociales, económicos y culturales que afectan a la mayor parte de la población. Con este escenario de trasfondo, lo más grave es la evidente falta de voluntad del gobierno para abordar y resolver efectivamente esos problemas; es decir, el gobierno continúa empecinado en mantener un modelo económico que, lejos de resolverlos, los agudiza. Por ello, se habla de la necesidad de una concertación nacional sobre estos puntos pendientes, mientras algunos interpretan los resultados de las elecciones pasadas como un llamado de los salvadoreños a los actores políticos a trabajar en esa dirección. Entonces, ¿qué puede aportar, en un contexto como el descrito, la nueva Asamblea Legislativa?

    La función primordial otorgada a la Asamblea Legislativa por la Constitución es la de legislar (Art. 121). Esta delimitación de su función, sin embargo, no menoscaba su competencia en la discusión de los temas sociales, económicos, culturales y de seguridad ciudadana. La naturaleza misma de los tópicos sobre los que hay que legislar conducen a pensar lo contrario: facilitar el goce del “derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y posesión...” (Art. 2); obligan a la Asamblea Legislativa hacerse presente en la discusión de los temas más cruciales de la vida nacional.
Asimismo, en una coyuntura como la actual, caracterizada por la negativa del presidente Francisco Flores a reconocer que la oposición puede aportar a los temas que se discuten sobre el rumbo del país —y además en un clima de cada vez mayor reconocimiento de la necesidad de diálogo y concertación—, la Asamblea Legislativa está llamada a desempeñar a cabalidad no sólo su papel de fiscalizadora del poder ejecutivo, sino que también debe caracterizarse por ser un foco de discusión, crítica y propositiva, de los problemas y desafíos más graves que tiene El Salvador en la actualidad. Para responder efectivamente a esta necesidad, urge una Asamblea Legislativa con carácter y personalidad; capaz de plantear temas para una agenda nacional. Es decir, la nueva Asamblea Legislativa debería ser eco de las demandas ciudadanas más urgentes y no un mero receptáculo de las decisiones que emanan del Órgano Ejecutivo.

    En relación a este punto, los resultados de las negociaciones para la conformación de la junta directiva de la Asamblea no son muy alentadores. Los hechos que marcaron su instalación auguran tres años de combate y de discusiones estériles que, por los vientos que soplan, no aportarán mucho para el bien del país. Una muestra de lo difícil que será esta tarea, si se continúa con la misma dinámica, son las argucias aludidas para justificar la lucha en torno al control de la presidencia del primer Órgano del Estado. Parecía un hecho, conforme a la tradición, que el partido mayoritario presidiría durante el nuevo período legislativo. Sin embargo, en un acuerdo de última hora entre el PDC, PCN y ARENA se optó por una reforma del reglamento interno de la Asamblea  Legislativa que establece el carácter rotativo, por el periodo de un año, de su presidencia. Aunque la presidencia rotativa no es negativa por sí misma, hay que preguntarse cuáles son las razones de fondo que se tuvieron para llegar a esa decisión. Es preciso aclarar que de acuerdo al reglamento interno, el presidente de la Asamblea no tiene ningún privilegio que pudiera volver su puesto clave e imprescindible para las aspiraciones de un partido político: no tiene doble voto ni participa, como sucede en algunos países, en la formación del gobierno o el nombramiento de ministros. Entonces, ¿a qué responde la lucha —cuyos costos son el desgaste político y una imagen de intransigencia— por la presidencia del parlamento?

    El FMLN, en la defensa de su “derecho político” de hacerse con la presidencia del primer órgano del Estado, se refiere a la tradición y el protocolo anterior. Para los efemelenistas, el partido mayoritario debe presidir la Asamblea Legislativa. En caso contrario, si no se les reconoce su derecho a la presidencia por los tres años que dura el período legislativo, no participarán en su junta directiva. Es más, adelantan que con esta postura la derecha les está predisponiendo a tres años de confrontación. ¿Cómo explicar esta posición del FMLN? Más allá de la defensa de estos principios, sin duda legítimos, está en juego un cálculo político: al hacerse de la presidencia de la Asamblea —y con ella, de la posibilidad de aparecer en los actos oficiales al lado de los presidentes de los otros órganos del Estado— el FMLN estaría proyectándose no sólo como oposición, sino también como partido en el “gobierno”. Y ello, a nivel de imagen pública, es muy positivo para sus intereses políticos. Tener la presidencia del primer órgano del Estado no sólo da a entender que el FMLN está en un camino ascendente hacia el poder ejecutivo, sino que también hace olvidar la vieja idea de que a la izquierda la falta "roce" para gobernar. Es por ello que la cúpula arenera se empeña en obstaculizar la promoción  política del FMLN. Esta cúpula, que cree tanto en la imagen y la superficialidad de unos cambios cosméticos, no está dispuesta a cederle en bandeja de plata esta oportunidad al partido de izquierda.

    Por otra parte, ¿qué ha sucedido con la muy pregonada concertación? ¿Es que el mostrar una voluntad real de diálogo, la imagen política de buenos perdedores, no compensa el hecho de no gobernar la Asamblea Legislativa? ¿No convenía a ARENA que el FMLN se desgastara gobernando la Asamblea por medio de Shafik Hándal, a quien los areneros califican de intolerante y muy dado a la ira y a la pérdida de control? Lo que sucede es que, más allá de los discursos, hay una realidad innegable: ARENA no está dispuesto a aceptar ningún dialogo que ponga en la cuerda floja los intereses de sus dirigentes. Que el FMLN presidiera era propicio para que se promoviera desde la Asamblea Legislativa la discusión de temas de envergadura nacional que pondrían en apuros los intereses económicos de la cúpula arenera. Y, desde la perspectiva de ésta, no se puede permitir una discusión profunda que cuestione los fundamentos del gobierno actual. Lo que menos se quiere es una Asamblea Legislativa con carácter y personalidad que pueda enfrentarse al Ejecutivo. La oposición a que el FMLN llegara a la presidencia del órgano legislativo —sobre todo si era Schafik Handal el elegido para el cargo— ha obedecido al miedo por parte del partido de gobierno a tener frente a sí un interlocutor serio, claro en sus principios y dispuesto a formular propuestas alternativas en materia económica y social.

    De esta manera, es claro que los partidos que consumaron el "madrugón" en la Asamblea Legislativa no apuesten a ninguna concertación ni mucho menos una discusión seria sobre lo más conveniente para el país en la fase actual del proceso de democratización. Demuestran que, cuando tienen los votos suficientes, son capaces de amañar a su antojo y para sus intereses las reglas del juego empujando a los otros partidos a la confrontación y a una actitud beligerante.
Además, y lo que es más grave, con el cambio brusco y sospechoso de las reglas de la elección de la presidencia del primer órgano legislativo, los actores políticos, especialmente la derecha política, no da muestra de madurez suficiente para aceptar el fin de la transición. Al negarle al FMLN la presidencia de la Asamblea legislativa, evidencian su falta de capacidad para aceptar que la izquierda es una fuerza política que no se puede obviar. Y en este sentido los que se preguntan, perplejos, sobre una posible reacción de la derecha en caso de que el FMLN ganara las elecciones presidenciales del 2004 tienen toda la razón. Con esta nueva actitud de la derecha, hay que preguntarse hasta qué punto podrían aceptar una derrota en las próximas elecciones. Estas actitudes despiertan viejos fantasmas. ¿Habrá un retorno a la cultura del fraude electoral? ¿Se volverá a utilizar la fuerza armada para defender intereses económicos y políticos mezquinos? Estas preguntas merecen una reflexión seria y un proceso de concientización ciudadana. De lo contrario, se podría estar preparando al país para un retorno a los caminos del pasado, supuestamente ya superados.

ECONOMÍA

    Desde su toma de posesión el 1º de junio de 1999 el presidente de la república, Francisco Flores, anunció la adopción de una serie de medidas para la reactivación del sector agropecuario y el incremento de las recaudaciones tributarias. Como parte de esas medidas, destacaba la eliminación de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos agropecuarios, lo cual venía siendo solicitado desde hace mucho tiempo por varias gremiales empresariales agropecuarias.

    Para beneplácito de estas, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente la eliminación de dicha exención y, de paso, hizo lo mismo con los productos farmacéuticos. Sin embargo, esa medida se inscribe más dentro de una estrategia de combate del déficit fiscal que de una de reactivación del agro, porque los problemas de este son mucho más complejos que los generados por la exención del mencionado impuesto. A continuación se desarrolla este planteamiento, reseñando la situación de las finanzas públicas, las características de las propuestas de reforma del IVA conocidas recientemente y sus posibles implicaciones socio-económicas.

El escenario de las finanzas públicas

    Durante los últimos años, las finanzas públicas se han convertido en una de las debilidades más evidentes de la política macroeconómica. Mientras se estabilizan los precios, se reduce el déficit de la balanza de pagos y se mantienen moderadas, pero apreciables, tasas de crecimiento de la producción, las finanzas públicas continúan representando el talón de Aquiles de la macroeconomía: en 1999 el déficit fiscal pasó a niveles cercanos al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), después de que en 1995 se logrará reducir a tan sólo 0.1%.

    Lo más cuestionable es que la profundización del déficit fiscal se ha dado después de importantes reformas al sistema tributario salvadoreño con las que se pretendía eliminar este fenómeno, captar recursos para las arcas públicas y financiar programas de desarrollo. La reforma tributaria incluyó medidas como la eliminación del impuesto al patrimonio y las exportaciones, la reforma de la ley del impuesto sobre la renta, la reducción de los aranceles y la sustitución del impuesto de timbres por el IVA. Con estas reformas se esperaba que el sistema tributario se volviera más eficiente y equitativo; sin embargo, en la práctica, sus implicaciones fueron otras, al grado que en algunos casos las reformas provocaron ineficiencia y regresividad tributaria. El problema del déficit fiscal no se solucionó porque, mientras se introducían nuevos impuestos, se eliminaban los ya existentes y, con ello, se restaba efectividad a las reformas.

    La eliminación del impuesto al patrimonio, a las exportaciones y la reducción del impuesto de la renta de personas jurídicas se tradujeron en una reducción importante de los ingresos tributarios y de la carga tributaria de los sectores de mayores ingresos. Para 1990, el impuesto al patrimonio y a las exportaciones representaban un 12% del total de los ingresos fiscales y, en lo fundamental, eran pagados por personas ubicadas en los sectores de más altos ingresos (agroexportadores, industriales, terratenientes, empresas inmobiliarias, etc.). El caso que evidencia con mayor claridad los objetivos de la reforma tributaria es el de la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, la cual contempló reducir a la mitad la tasa aplicada a las personas jurídicas o empresas, de forma que el impuesto pasó de 50% a 25% para las empresas, mientras que sectores ubicados en los tramos más bajos del ingreso debieron experimentar incrementos en sus retenciones de impuesto e, inclusive, someterse a una tabla impositiva con notables fallas de diseño (Proceso, 502) que provocan que empleados con menores ingresos paguen montos de impuesto mayores que otros con más ingresos.

    La introducción del IVA fue lo único que salvó del fracaso total a la reforma tributaria pues, afortunadamente, compensó con creces la reducción de las recaudaciones provocada por medidas como las señaladas arriba. De hecho, en la actualidad el IVA se ha convertido en el impuesto más importante, ya que representa cerca de un 65% del total de ingresos tributarios. Con su introducción se colocó la mayor carga tributaria sobre los consumidores y se crearon oportunidades para que los empresarios —abusando del crédito fiscal— evitaran el pago del IVA de su propio consumo. En efecto, durante los primeros siete años de la vigencia del IVA, éste se convirtió en una ventana de oportunidad para que los contribuyentes inscritos en el registro (mayoritariamente empresas) evadieran el pago del impuesto aplicable a sus propios gastos de consumo. De esta forma, los empresarios estuvieron en la capacidad de solicitar crédito fiscal por su consumo personal y familiar, con lo cual evadieron sus responsabilidades con la hacienda pública.

    Esta situación fue remediada apenas en 1999 con la introducción de una reforma a la ley del IVA que limitó la extensión del crédito fiscal para aquellas compras relacionadas exclusivamente con el giro o actividad económica de las empresas. Sin embargo, ello no obsta para que en la actualidad nos encontremos frente a un sistema tributario que pretende dar trato igualitario a todos los contribuyentes, cuando la realidad es que existe una distribución del ingreso muy desigual. La tendencia de concentrar en el IVA casi toda la recaudación tributaria parece continuar siendo la principal estrategia de las autoridades económicas, a juzgar por las reformas a la ley del IVA propuestas en los últimos meses y de las cuales una ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

Las reformas a la ley del IVA

    El pasado 13 de abril la Asamblea Legislativa aprobó la eliminación de las exenciones al IVA para los productos agropecuarios y farmacéuticos, con lo cual se pretendería favorecer la "reactivación del sector agropecuario". Lógicamente, la medida ha sido recibida con beneplácito por representantes de gremiales agropecuarias, las cuales incluso se han apresurado a asegurar que la medida provocará un incremento poco significativo en el valor de la canasta básica y que, en cambio, la producción y el empleo del sector agropecuario se incrementarán apreciablemente. De acuerdo a estudios atribuidos a instancias gubernamentales, el costo de la canasta básica se incrementaría solamente en un 1.23% como resultado de la aplicación del 13% del IVA a los productos mencionados; mientras que, de acuerdo a representantes de la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO), la eliminación de las exenciones al IVA protegerá a los productos nacionales, debido a que por los bienes importados se deberá pagar IVA, con lo cual aumentarán sus precios.

    Además de la aprobación de la mencionada reforma, en la actualidad está por entrar a discusión en la Asamblea Legislativa otra reforma más, pero de mayores implicaciones. La propuesta del presidente Flores, titulada "Régimen simplificado para pequeños contribuyentes", persigue convertir a los pequeños y micro empresarios con ganancias entre 5,000 y 200,000 colones trimestrales en "contribuyentes" fiscales. Para ello se fijaría una tarifa fija y un impuesto adicional de 10% sobre la tarifa fija que, en conjunto, corresponderían a una especie de IVA "simplificado". No queda claro si los pequeño y micro empresarios tendrán derecho a crédito fiscal, pero en todo caso resulta cuestionable que se pretenda extraer impuestos de sectores con tan baja capacidad adquisitiva.

    De implementarse, esta medida vendría a gravar a contribuyentes ubicados en el sector informal con ganancias mensuales de 1,666.7 colones (o 5,000 trimestrales) en adelante, lo cual tiene dos variaciones notables en relación a las características del IVA y el impuesto sobre la renta: incorpora a empresarios del sector informal y, además, a contribuyentes con ingresos menores al limite exento para el impuesto sobre la renta (aproximadamente 2,770 colones).

Implicaciones

    En este momento parece que el principal objetivo del gobierno con las reformas fiscales no es tanto la promoción de la producción y empleo agropecuarios, sino más bien la implementación de cambios al sistema tributario que permitan incrementar significativamente los ingresos públicos, especialmente a través de mayores recaudaciones de IVA, y de esa manera combatir el problema del creciente déficit fiscal. Es difícil anticipar cuál será el impacto inflacionario de la eliminación de las exenciones al IVA, especialmente considerando la inveterada práctica del sector empresarial de especular con los precios y, además, el hecho de que la lógica empresarial supone trasladar al consumidor cualquier incremento en los costos o impuestos.

    Aparte de incrementar los ingresos fiscales y la tasa de inflación, la eliminación de las exenciones al IVA incrementarán la participación de ese impuesto dentro del total de los ingresos tributarios, volviéndolos aún más dependientes de aquél. Los efectos positivos que esta medida pueda tener sobre el sector agropecuario no beneficiarán a los sectores campesinos que autoconsumen su producción y no necesariamente cambiarán significativamente el sesgo antiagrícola de las políticas macroeconómicas pues, como se mencionó, la problemática del agro abarca temas que no han sido abordados y que se relacionan con la política arancelaria, crediticia y cambiaria, la asistencia técnica, el ordenamiento territorial, el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección ambiental, por ejemplo.

    Por otra parte, la propuesta de "simplificar" el IVA para los micro y pequeño empresarios también tendrá su impacto inflacionario, en este caso sobre los productos generados por este sector y que son generalmente consumidos por los grupos sociales de más bajos ingresos. Sin embargo, lo más importante es tener en cuenta que esta reforma podría sentar un precedente de creación de impuestos para los sectores de ingresos más bajos. Pretender gravar a un microempresario con ingresos (o ganancias) mensuales de 1,666.7 colones implica ignorar las más mínimas normas de equidad y progresividad tributaria.

    Preocupa el hecho de que, pese a que la realidad muestra que la reforma tributaria ha fracasado, se insiste tanto en preservar la estructura que la sostiene como en profundizar la dependencia de la hacienda pública del IVA. Hace falta pensar en soluciones novedosas, las cuales necesariamente pasan por la aceptación de la necesidad de promover la progresividad en el sistema tributario y de promover reformas de naturaleza distinta a la del IVA, como el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, los aranceles e, incluso, la creación de otros impuestos.

REGIÓN

    La querella interpuesta por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, ante la Audiencia Nacional Española en la que acusa a seis militares y dos civiles — entre ellos el actual presidente del congreso guatemalteco, Efraín Ríos Montt — de violar los derechos humanos, es un signo más de la débil estructura jurídica de los países latinoamericanos ante crímenes de lesa humanidad. Instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente la Audiencia Nacional Española, han sido llamadas a tomar cartas en el asunto para señalar e iniciar procesos en contra de los responsables de las transgresiones tanto a la dignidad humana como al Estado de derecho. Los procesos abiertos contra el general Pinochet y en contra de varios ex militares argentinos crearon un precedente jurídico que ha movido a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y a personas particulares a denunciar todo tipo de violación a los derechos fundamentales, sobre todo en lo referente a genocidios, torturas y actos de terrorismo.

    A la luz de lo anterior es pertinente decir unas palabras sobre la situación jurídica guatemalteca después de los Acuerdos de Paz de 1996; asimismo, sobre las acusaciones presentadas por Menchú y las motivaciones que la movieron a hacerlo. A cuatro años de finalizada la guerra civil en Guatemala, cabe hacerse las siguientes preguntas. ¿Existe un sistema judicial independiente del congreso y su presidente? ¿O, más bien, hay una subordinación del Poder Judicial al Legislativo y Ejecutivo para aplicar justicia cuando son señalados como responsables altos funcionarios gubernamentales? La respuesta parece encontrarse en las mismas palabras de Menchú: más que subordinación del poder judicial, la justicia guatemalteca es "cómplice de la impunidad y corresponsable de la violencia".

    La cruel guerra civil que sufrió Guatemala durante treinta y cuatro años dejó unas 300,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos; el período de guerra estuvo marcado por graves violaciones a los derechos de los habitantes del país, en su mayoría indígenas, sector que constituye la mayor parte de población. En estos claros actos de terrorismo se vieron involucrados los cuerpos de seguridad y el ejército; éste desplegó por el territorio guatemalteco a los temidos kaibiles, una fuerza de elite entrenada para reprimir, asesinar y aterrorizar. Una vez firmada la paz en 1996, se desmilitarizó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y se creó la Comisión de la Verdad, encargada de investigar los crímenes cometidos durante la guerra. Otro logro fue la creación de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, treinta y cuatro años de guerra fueron suficientes para dividir a los guatemaltecos y dejar profundas heridas en toda la sociedad. Una de esas heridas es el miedo a denunciar las injusticias y la desconfianza hacia un sistema judicial maniatado en su proceder por la injerencia de intereses políticos.

    Superando el miedo y con todo el peso de la historia sobre su espalda, Rigoberta Menchú acusa de violar los derechos humanos de los guatemaltecos a Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores y Romeo Lucas García; además, señala a otros cinco funcionarios militares y civiles que fungieron durante el gobierno de Lucas García. Los abogados defensores de los militares, encabezados por Julio Cintrón, han revertido la denuncia de Menchú, haciéndola ver como una traición y una violación a la Constitución. Con ello se ha hecho patente, una vez más, lo difícil y hasta imposible que es iniciar un proceso judicial en contra de personas de la talla del presidente del congreso, por ejemplo.

    Otro factor decisivo es el amplio dominio político que ha alcanzado el partido fundado por Ríos Montt en 1990, Frente Republicano Guatemalteco (FRG), con la Presidencia de la República y del Congreso en sus manos. La figura ambivalente, pero a la vez carismática y atrayente del General Ríos Montt es un gran punto a su favor en la acusación presentada en su contra. Ríos Montt se ha convertido en uno de los políticos más controversiales y a la vez poderosos de Guatemala en los últimos años. A sus 74 años, el presidente del congreso tiene un largo historial político en su país.

     En este contexto, surge otra cuestión. ¿Qué motivos movieron a Rigoberta Menchú para romper el silencio y el miedo y acusar a tan emblemáticas figuras? Hay dos motivos que privan en la decisión de la líder indígena. En primer lugar, el coraje por la no aplicación de la justicia, no sólo por la violación a los derechos de su familia, sino, y sobre todo, por el clamor de justicia de miles de guatemaltecos —principalmente indígenas— ante el constante pisoteo de sus derechos humanos fundamentales. Es de todos conocida la marginación política, social y económica que incluso ahora sufren las poblaciones mayas en el vecino país y la constante persecución a que se vieron expuestas durante el conflicto armado; prueba de ello son las masacres y estrategias de tierra arrasada que se sucedieron en pueblos como el de Dos Erres, en el Petén: como se ha revelado recientemente, este pueblo presenció el brutal  asesinato, a manos de elementos de las fuerzas armadas, de unas 300 personas en 1982.

    En segundo lugar, movió a la galardonada con el Nobel de la Paz la historia de su propia familia. En enero de 1980 el Ejército asaltó la Embajada de España, hecho en el que murieron 37 personas, entre ellas, el padre de Rigoberta Menchú, Vicente Menchú, y tres ciudadanos españoles. Seguidamente fueron asesinados su madre y dos hermanos. Desde ese momento, ella empezaría un largo camino a favor de la aplicación de justicia en su caso, para lo cual esperó veinte años en su país de origen y, ante la negativa de las autoridades gubernamentales, se vio obligada a recurrir a un tribunal internacional. Lo cierto es que Menchú no descansará hasta que se aplique justicia a los presuntos responsables de violación a los derechos de su familia.

    La querella presentada el 2 de diciembre pasado se fundamenta en tres casos específicos. El primero de ellos es el asalto militar a la Embajada española. El segundo es el asesinato de cuatro sacerdotes españoles perpetrados durante la guerra civil. Finalmente, la tortura y asesinato de la madre y hermanos de Menchú, ocurridos durante los regímenes de dictadura militar. Si bien es cierto que algunos sectores de la sociedad guatemalteca no están de acuerdo con la denuncia presentada en España, diversas organizaciones pro derechos humanos sí la apoyan; entre ellas se encuentran la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala, Familiares y Amigos de Desaparecidos de Guatemala y la Fundación Myrna Mack.

    En el documento Guatemala, Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se lee lo siguiente: "los miles de muertos, desaparecidos, torturados y desarraigados, y los cientos de comunidades borradas del mapa han dejado huellas indelebles en los guatemaltecos". Cambiar esta realidad no es tarea fácil y requiere de mucha voluntad y esfuerzo de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Es urgente escuchar lo que tengan que decir las comunidades indígenas, ya que estas fueron las más golpeadas por la violencia militar y paramilitar. Es necesario que el Presidente de la República reconozca los hechos oscuros del pasado y pida perdón en nombre del Estado. Finalmente, es urgente que la administración de justicia sea efectiva y que se tomen en serio y se investiguen cuidadosamente las denuncias de las pocas víctimas que se arman de valor para romper el silencio y exigir justicia.

COMENTARIO

    La práctica de los derechos humanos se ha entendido tradicionalmente como la defensa contra las agresiones y sistemáticas violaciones por parte de los Estados de los llamados derechos civiles y políticos. Aquella práctica se fundamenta en la definición de los derechos como derechos individuales, tal como fue formulada por autores del siglo XVII como John Locke. Por otro lado, en El Salvador, durante las décadas de los años 70 y 80, diversas organizaciones sociales asumieron la tarea, ante la creciente ola de represión estatal, de proteger los derechos civiles y políticos de los salvadoreños, como lo son la libertad de expresión, de asociación y de movilización. A estos derechos individuales se les llama derechos negativos, porque su cumplimiento requiere de “un no hacer”, de una actitud de abstención por parte del Estado. Y su ejercicio se realiza a partir de la no agresión de los mismos por aquél.

    Pero, junto con los derechos civiles y políticos, están los derechos económicos, sociales y culturales, como son, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la educación. Son derechos colectivos, denominados positivos, porque es necesaria la intervención estatal para su cumplimiento. Son facultades que requieren promoción y desarrollo para su aplicación y vigencia. Aquí ya no se habla de una confrontación individuo-Estado, de una práctica entendida como una respuesta frente a una agresión estatal o de la protección del ejercicio de un derecho por intromisión del Estado. Se trata de la conformación del desarrollo de un país, a través de la promoción y participación activa del Estado y la sociedad, de hacer viable y compatible el desarrollo íntegro de El Salvador, con la práctica de los derechos humanos en su totalidad. Es decir, se trata de la efectiva realización de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales.

    A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha generado una gran producción de textos legales referidos a los derechos humanos. La formalización de los mismos ha sido acompañada de un debate teórico sobre ellos, en el cual el foco central de discusión es el de su universalidad. Antes de exponer las distintas posturas teóricas frente a esta problemática, es necesario previamente definir qué se entiende por universalismo y particularismo.

    Pues bien, por universalismo se entiende el ideal de los derechos humanos que todos los países aceptan en principio. En cambio, el particularismo es la proclamación del enraizamiento de los humanos y sus producciones culturales en una memoria, la apelación a la historia colectiva particular que debe afirmarse como condición decisiva de identidad. Entre las distintas perspectivas sobre la tensión de la universalidad con la particularidad, se puede decir que son de gran relevancia y repercusión teórica la posición del multiculturalismo y la posición de la ética del discurso. El primero expresa una crítica a un universalismo abstracto en la forma y uniformador en su efecto. Por su parte, la ética del discurso intenta ofrecer un marco de construcción racional de los valores y principios de validez universal. Junto con estos dos planteamientos, que vamos a exponer a continuación, cabe destacar el planteamiento ellacuriano ante los derechos humanos, y su comparación con éstos.

    Dentro del particularismo se encuentran diversas posiciones teóricas, pero todas parten del hecho de la multiculturalidad existente, de la pluralidad de culturas, para reivindicar una relativización de los derechos humanos desde las diferentes tradiciones culturales. Ante la dimensión cultural y su diversidad en el mundo, ponen en duda la idea universal de los derechos humanos pues, en su perspectiva, ésta ha sido creada desde el punto de vista occidental, esto es, desde una sola cultura. Bajo una concepción abstracta, en todo tiempo y lugar, de los derechos humanos, se estaría imponiendo un modelo ideal europeo-occidental. Además del uso ideologizado de la universalidad, el multiculturalismo también se plantea la universalidad en cuanto tal, o sea, la universalidad como abstracta y a-histórica. Para sus teóricos, el universalismo no es más que un etnocentrismo occidental, por lo que la impugnación se traducirá en la necesidad de una contextualización interpretativa de los derechos.

    La ética discursiva plantea que hay que dotar a los derechos humanos de un marco racional en el que puedan ser construidos, a través del consenso de éstos como valores universales, por parte de la diversidad cultural y social del mundo actual. Por tanto, esta postura parte de una vocación universalista a la hora de abordar los problemas éticos de las sociedades contemporáneas. Jürgen Habermas, por ejemplo, hace una lectura de los derechos humanos desde las propias instituciones sociopolíticas de los países desarrollados. Los derechos humanos adquieren validez desde el postulado de la comunicación y del consenso. Esta validez demandaría procedimientos consensuales de racionalidad comunicativa a través de los que se articula la participación democrática.

    Ambas posturas teóricas son susceptibles de ser criticadas, tanto por el etnocentrismo que supone la ética discursiva, al universalizar las instituciones democráticas conforme al modelo democrático, como por la propuesta hermenéutica del multiculturalismo, ya que el problema real de los derechos humanos va más allá del diálogo o interpretación de éstos.

    Tras este breve replanteamiento de la práctica y la teoría de los derechos humanos, se puede observar que la pregunta sobre qué son los derechos humanos sigue siendo una cuestión de suma importancia para la reflexión socio-política y filosófica. Y es que la realización de los derechos humanos pasa por el debate teórico y práctico. El defensor de estos derechos debe participar activamente en la definición de éstos, teniendo en cuenta la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

    En la postura ellacuriana en cuanto a los derechos humanos, éstos pueden y deben alcanzar una perspectiva de validez universal. La contextualización necesaria de los mismos, se realiza a partir de las preguntas: ¿desde dónde?, ¿para quién? y ¿para qué? A estas cuestiones, Ignacio Ellacuría responde: desde las mayorías populares y los pueblos oprimidos, es decir, desde la mayor parte de la humanidad para o en busca de su liberación, para liberarse de la condición de desposeídas que se les impone por ordenamientos sociales históricos injustos. Su análisis de los derechos humanos requiere de una perspectiva de la totalidad real; por lo tanto, la universalización que se propone exige plantearla desde las mayorías populares oprimidas y marginadas y no desde las instituciones del primer mundo. Como fundamento de lo humano —y frente a la postura de la ética discursiva anteriormente comentada— no parte de la acción lingüístico-comunicativa, como acto primero de la actividad humana, sino que entiende la acción humana como acto intelectivo primario, en el que se actualiza el carácter de realidad de las cosas aprehendidas, más allá del sentido que ulteriormente se dé a la realidad. La comunicación, por tanto, está integrada, pero no es la única forma de realizar un acto intelectivo ni, por consiguiente, de realizar humanamente a los hombres.
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Colaboración de Elisa Martín Peré, profesora visitante del Departamento de Filosofía de la UCA

DERECHOS HUMANOS

    Hace poco más de dos años, la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés finalizó su mandato como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Para ese entonces —tan cercano en el tiempo y tan lejano en ciertas circunstancias— la figura del Ombudsman iba en ascenso; de manera evidente y a pesar de los pesares, la población confiaba en ella después de seis años de existencia y la comunidad internacional la observaba, esperanzada, como uno de los apoyos más sólidos para la construcción del tan ansiado Estado de Derecho en El Salvador. Ambas partes, población y comunidad internacional, eran los referentes más importantes al momento de evaluar la labor desarrollada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Pero, por razones de sobra conocidas, a partir de entonces se inició una debacle en la que ocupa un lugar destacado el nombramiento de Eduardo Peñate como sustituto de la anterior titular; la gestión de este fatal personaje tiene ahora a la institución en una situación lamentable y su futuro es bastante muy incierto.

    Pero, ¿por qué volver al tema de la PDDH ahora, cuando existen otros que  podríamos y deberíamos comentar en este espacio? Han habido, por citar sólo algunos ejemplos, importantes reacciones en el exterior sobre la iniciativa de la UCA y la posición de la Fiscalía General de la República (FGR) alrededor del “Caso jesuita”; está por realizarse la reconstrucción judicial en el “Caso Katya” y desde el lado de los imputados, con el apoyo de ciertos medios de difusión masiva, se ha cuestionado la labor del Ministerio Público y atacado a la parte ofendida; la situación de las personas despedidas a raíz del conflicto en el Instituto del Seguro Social (ISSS) es cada vez más difícil. Al observar lo anterior, cualquiera puede concluir diciendo que hay mucho de qué hablar y  no vale la pena perder el tiempo en una institución que no da importantes señales de vida.

    Pues precisamente por la falta que hace ante a lo anterior y más, es que insistimos en abordar el tema de la PDDH desde —al menos— dos perspectivas formuladas como interrogantes: ¿a quién se debe reclamar por la situación tan deplorable en que se encuentra hoy la institución? y ¿cuáles son las tareas a impulsar para lograr su urgente recuperación y posterior consolidación? Según nuestra óptica, las respuestas a ambas preguntas surgen desde los siguientes niveles: el de los grupos políticos al interior de la Asamblea Legislativa, el del resto de la administración pública, el de la comunidad internacional y el de la población. Veamos, en seguida, a qué nos estamos refiriendo.

    Sobre la primera, existe responsabilidad de otras instituciones estatales —más las relacionadas con la seguridad pública— por haber atacado injustamente la gestión de la doctora de Avilés; también el Órgano Ejecutivo debe responder por los daños que le ha causado, al haber utilizado su presupuesto como herramienta para mediatizarla. La comunidad internacional, por su parte, no ha sido tan inteligente como para hacer un buen uso de sus fondos, tanto al momento de decidir las prioridades estratégicas de inversión como en lo relativo a garantizar resultados positivos de la misma; también se debe mencionar esa especie de “desentendimiento” o relativa “tolerancia” ante lo que algunos consideraron un “hecho consumado”: Peñate en la PDDH, al menos por tres años. De la población se debe decir que le ha faltado apropiarse más de la institución, pese a que las causas de eso —desconocimiento, temor y frustración, por citar algunas— deban achacarse a otros y no a la misma gente; en ese marco, no obstante estar a la expectativa, fue poca su participación directa en la lucha por rescatarla, librada durante casi veinte meses.

    Sin embargo, la principal carga de responsabilidad por las condiciones deplorables en que se encuentra hoy la PDDH debe atribuirse, sin duda, a los partidos políticos que en el Parlamento han hecho todo lo posible por bajarle el perfil y meterla en la ya tradicional dinámica del reparto de cargos al interior del Estado. Unos más y otros menos, pero ninguno puede presentar “limpias” sus manos en lo que al deterioro de esta figura se refiere. El punto culminante de tan corta —a la fecha, de apenas ocho años— pero accidentada historia se ubica en el ya citado nombramiento de Peñate, el 2 de julio de 1998. Durante esa tristemente célebre plenaria, se escucharon cosas como las que a continuación recordamos.

    El jefe de la bancada “arenera” durante la legislatura anterior, Walter Araujo, se refirió a dicha decisión como el resultado de una “reflexión profunda” y una muestra del “pluralismo político” prevaleciente en el seno de ese Órgano estatal. Otro juicio de Araujo apuntó hacia la necesidad de superar los “caprichos” y la “falta de visión de algunos sectores políticos”; también destacó la importancia del “consenso” logrado para instalar en el despacho del procurador a —según él— “una persona que goza de un elemento indispensable: no-militancia partidista”. Por último, el dirigente de ARENA dijo que con los titulares anteriores “no nos sentíamos protegidos”, pero que la “capacidad, conocimiento y trayectoria” de Peñate como juez, hacían de él una persona conocedora de la ley que no protegería “al delincuente” y que actuaría con  “virilidad en la defensa de la víctima”.

    Para el ahora ex diputado Rubén Zamora, esa elección planteaba “una nueva etapa para la Procuraduría. El retraso superior a los tres meses para llegar a esta situación, tenía una explicación para éste: la mala relación entre la PDDH y los partidos políticos. Pero la decisión del 2 de julio de 1998 significaba, según su atrevida opinión, un “gran avance en el desarrollo de la institución”; era una prueba de que se había logrado “comunicación con los partidos políticos e independencia en el cargo”. Ronald Umaña —“padrino” de Peñate y artífice de tan malograda experiencia— se atrevió a comparar esta situación con la ocurrida veintiún años atrás, cuando se escucharon críticas por el nombramiento de monseñor Óscar Arnulfo Romero como arzobispo de San Salvador.

    Cuidó más sus palabras durante esa plenaria el también ex diputado Kirio Waldo Salgado, quien —tras calificar la decisión de ese día como la “culminación de un ejercicio democrático”— dijo conocer poco sobre el protagonismo de Peñate en la judicatura. Pese a otorgarle el “beneficio de la confianza”, Salgado advirtió que su posición sería “crítica”, ya que “todo funcionario electo por la Asamblea Legislativa se somete al escrutinio de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales”. Por último,  felicitó a “todos los diputados por haber llegado, después de cuatro meses, a un consenso”.

    Juan Ramón Medrano, quien hoy sigue siendo diputado, también felicitó a la Asamblea por lo que llamó un “buen uso del voto calificado”. Según él, había “más de treinta candidatos que reunían los requisitos legales y de idoneidad, quizás mejores que Peñate, pero por política” se tomó una decisión que reflejaba “pluralismo, independencia, valentía y sabiduría”. Desde la óptica de Medrano, con semejante elección  la Asamblea había demostrado “no ser caja de resonancia de posiciones irresponsables”. Estas son algunas de las declaraciones más emblemáticas de una euforia demagógica que, con asombrosa rapidez, la realidad desmintió. Sólo dos diputados cuestionaron el procedimiento utilizado; aunque no hubo intervenciones destacadas del lado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), su inmensa mayoría de miembros apoyó a Peñate. Así, 77 manos lo favorecieron y seis se abstuvieron; hubo una ausencia.

    Un mes después, con la completa oposición del FMLN y una que otra postura similar, la Asamblea ratificó a Peñate en el cargo; superada la amenaza de su rápida salida, éste se dedicó a realizar arbitrariedades de todo tipo que fueron ampliamente conocidas, tanto en el marco de las denuncias lanzadas por la sociedad organizada y la cooperación sueca, como por la difusión que se le dio a la labor del grupo legislativo que lo investigó a principios de este año. Con Peñate fuera de la institución desde febrero del 2000, la Asamblea adoptó una cuestionable actitud por irresponsable y propiciadora de la impunidad: “no hacer leña del árbol caído”; ello, pese a que en la práctica fue él quien casi destruyó —“hizo leña”, dice la vox populi— institución tan valiosa y fundamental para el avance democrático de nuestro país. Tras el fin de esa “administración” y en palabras del actual procurador en funciones, Marcos Valladares, las arcas de la PDDH quedaron sin fondos para su funcionamiento y —si aún no se ha resuelto el problema— sólo cuenta con recursos para salarios hasta junio.

    Sobre nuestra segunda interrogante, relativa a la recuperación y consolidación institucional, las cuatro partes citadas tienen ante sí importantes retos. La administración pública debe hacer un esfuerzo serio  —con intervención activa de la misma PDDH— para entender el papel del Ombudsman y estar, así, en capacidad y disposición de colaborar con su gestión. Y es que dicho papel no tiene que ver sólo con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos por parte de las y los funcionarios; también supone educar en la materia y tender puentes entre el Estado y la población, así como promover iniciativas para mejorar los mecanismos de protección y transformar la realidad.    La comunidad internacional tiene que asumir de nuevo un rol protagónico en el apoyo a la Procuraduría, aprendiendo de los errores y adoptando las medidas para no incurrir de nuevo en ellos o cometer otros. Superado el trance que representó la “administración” de Peñate, debe volcarse sin reservas y con gran creatividad al apoyo de un real proceso de fortalecimiento institucional, que sólo puede garantizarse con el impulso de una fórmula “tripartita”: destinar recursos económicos y técnicos (una “parte”), para fomentar la participación organizada y consciente de la población (otra “parte”) en la activación positiva de los mecanismos de promoción y defensa de la PDDH (otra “parte”).

    La población debe volver a creer y tener confianza en la institución, como ocurría al finalizar su mandato la doctora de Avilés. Es necesario que conozca las posibilidades que  le ofrece la PDDH en su beneficio y las situaciones en que ésta le puede servir, así como los sitios donde debe acudir para ello. Además, es importante que la sienta suya y haga todo lo posible por evitar que otros intereses particulares —muy distantes de sus necesidades y aspiraciones— la sigan destruyendo. Por último, es fundamental que comience a “cobrarle la factura” a quienes, por sus ambiciones personales o de grupo, la han dañado o la puedan  dañar.

    En lo que lo que toca a los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa, su responsabilidad es enorme; quizás, pensamos, mayor que su culpa por haber colocado a la institución en el triste sitio donde ahora se encuentra. Porque de nada sirve que hayan formado una “sub comisión” para investigar a Peñate y que éste haya “renunciado”, hasta que sintió la soga en el cuello; de nada sirve, tampoco, que otras instituciones estatales y la población conozcan las funciones de la Procuraduría, si al frente de ella colocan de nuevo un personaje que no le inspire ningún respeto a nadie por su desprecio a la legalidad, su inmoralidad notoria o su falta de conocimiento y experiencia en la materia. De eso tiene que sacar las lecciones por aprender pues, aunque sea de manera incipiente, la defensa de la PDDH logró articular una fuerte y casi permanente denuncia social, la cual se sostuvo hasta alcanzar lo que —en la práctica— sólo representa el primer gran paso en el trayecto por rescatarla.

    No sabemos si mucho o poco, pero ese esfuerzo debe haber tenido algún impacto para hacer más grande la distancia entre la gente y los partidos políticos; el resultado se vio en las elecciones del pasado domingo 12 de marzo. Sin embargo, no parece que entiendan esos  grupos cada vez menos representativos; así lo demostraron el primer día de mayo, cuando se instaló la actual legislatura. Con toda seguridad, entonces, la población y la comunidad internacional —con el valioso aporte de quienes al interior de la PDDH se arriesgan apoyando— deberán continuar luchando por hacer de esa institución algo valioso. Por eso murió y sufrió mucha gente; ese sacrificio tan grande, no merece ser desperdiciado por políticos tan pequeños.