Año 20
Número 901
Mayo 10, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial                         Partidos políticos y democratización
Política                           ¿Crisis en ARENA?
Economía                       La política agropecuaria del gobierno
Sociedad                        La nueva Asamblea Legislativa: (in)augurando males
Derechos Humanos     ¿Tapar el sol con un dedo? ¡Imposible!
Documento                    Declaración trinacional
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    Pocos ponen en duda que en El Salvador los partidos no han estado a la altura de las exigencias del proceso de democratización; es decir, han sido incapaces de hacer de intermediarios entre las demandas de la sociedad y la respuesta estatal a las mismas. El fracaso de los partidos en esa función de “intermediación” tiene varias razones. La primera apunta a las estructuras partidarias mismas, cuyo formato organizativo permite a determinados miembros suyos —los dirigentes— concentrar cuotas de poder excesivas que, por lo general, son utilizadas en su provecho. La segunda tiene que ver con las capacidades y habilidades de los miembros de los partidos: la mayoría de ellos acusa notorias debilidades en su formación académica y profesional. La tercera apunta al estilo de hacer política que se ha incubado en el sistema político nacional: ese estilo se caracteriza por los pactos y los arreglos bajo la mesa, la compra de favores, el chantaje y la corrupción. Siendo así las cosas, no es extraño que los partidos se hayan convertido en espacio para la proliferación de intereses personales. No es extraño tampoco su descrédito social: lejos de generar confianza en la población, los partidos son vistos con sospecha y escasa simpatía por los ciudadanos. Por lo anterior, los partidos han sido incapaces de canalizar y expresar las demandas sociales más urgentes, las cuales han hallado su cauce y vehículo de expresión, en incontables ocasiones, a través de mecanismos ilegales y violentos.
 
    Se ha establecido, pues, un divorcio entre sociedad y política; entre partidos y ciudadanos. Esta es una de las causas del empantanamiento del proceso transición-consolidación democrática en El Salvador, cuya superación aún no se vislumbra en el horizonte.

    El sistema de partidos, tal como se ha configurado desde las leyes electorales vigentes, la competencia partidaria y las preferencias ciudadanas, se han traducido en la existencia de dos partidos fuertes —ARENA y el FMLN— y un tercer partido (el PCN) al que los resultados de las elecciones legislativas y municipales de 1997 y 2000 le han permitido posicionarse, a nivel legislativo, como tercera fuerza política (11 y 14 diputados, respectivamente). De este modo, desde ambas elecciones, se ha configurado un escenario legislativo proclive a la negociación permanente, pues ninguno de los dos partidos fuertes ha logrado, por sí mismo, imponer sus iniciativas de ley. Sin embargo, durante la legislatatura 1997-2000, esa negociación fue, en su conjunto, favorable al partido ARENA, en tanto que le resultó relativamente fácil sumar a su favor tanto los votos del PCN como los del PDC.

    En la legislatura entrante, todo apunta a que se va a configurar, quizás en las decisiones más graves y problemáticas para el país —privatización, seguridad pública, impuestos— un “bloque de derecha” que sume a su favor los votos de ARENA (29), el PCN (14) y el PDC (5); es decir, 48 votos de un total de 84. Esto, obviamente, va a suponer una negociación entre los tres partidos, pero ya en la legislatura saliente se tuvo bastante de ello. No sin dificultades, el FMLN va a poder sumar a sus iniciativas los votos restantes: sus 31 votos, más los del PAN (2) y el CDU (3), formando una especie de “bloque de centro izquierda”, respecto del cual no hay antecedentes en el país; contrariamente a los casos de ARENA, el PCN y el PDC, cuyas afinidades políticas se han puesto de manifiesto, en la década de los años 90, en múltiples oportunidades. En esta línea, la turbia elección de Ciro Cruz Zepeda como presidente de la Asamblea Legislativa vendría a ser un anticipo de lo que le espera al país en materia de decisiones legislativas.

    Desde otro punto de vista, la Asamblea Legislativa saliente favoreció un ejercicio del Poder Ejecutivo sin mayores conflictos o entrampamientos. Es decir, la Asamblea Legislativa favoreció la estabilidad del gobierno de ARENA en el periodo 1994-1999. No se trató de un parlamento sometido totalmente al Ejecutivo, pero sí de un parlamento con el cual el Ejecutivo se pudo entender con bastante facilidad. Y ello obedeció a la paulatina configuración de un sistema de partidos, en el cual entre dos de ellos se ha establecido un relativo equilibrio legislativo, que un tercero puede inclinar a favor de cualquiera de los dos. En la legislatura saliente, el relativo equilibrio entre ARENA y el FMLN fue roto por el PCN a favor del primero, que controlaba el Ejecutivo. Así, se logró por esta vía un importante sustento legislativo para el gobierno de Armando Calderón Sol. La dinámica de la Asamblea Legislativa entrante, si llega a consolidarse el bloque de derecha al que hemos aludido, favorecerá de nueva cuenta la estabilidad del gobierno, también de ARENA, encabezado por Francisco Flores. Se tendría así la confirmación de una tendencia hacia el equilibrio político —al interior de la Asamblea Legislativa— y hacia el fortalecimiento del presidencialismo —relaciones Asamblea Legislativo-Ejecutivo— iniciada con anterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz, pero que tras esos acuerdos se ha hecho más nítida, una vez que el FMLN dejó las armas y se integró a la vida política legal.

    Desde 1994, pues, la dinámica legislativa ha favorecido la estabilidad de los gobiernos de ARENA. No ha sido necesario, para ello, que el partido haya tenido el control de la mayoría de escaños legislativos. Ha bastado solamente que existiera un tercer partido (y en algunos momentos un cuarto partido) que sumara votos a su favor e inclinara la balanza según sus intereses. Este formato, en virtud de que exige el apoyo de un tercero para romper una situación de equilibrio, hasta ahora ha favorecido a los gobiernos de ARENA. Eso no quiere decir que en caso de operarse un relevo de ARENA en el gobierno —si llegara a ganar la presidencia el FMLN— el mismo no sería estable. Puede ser, pero ello no obedecería tanto al formato del sistema de partidos —que favorece la estabilidad gubernamental—, sino al hecho de que el partido (o los partidos) que tiene como función romper el equilibrio legislativo quizás estaría identificado totalmente con el otro partido predominante, sólo diferenciándose de éste por el nombre y los emblemas. Hasta ahora, ese ha sido el caso del PDC y no hay que suponer que sus inclinaciones políticas e ideológicas cambien de la noche a la mañana. Lo cual quiere decir que, de llegar el FMLN al gobierno, se haría necesaria la irrupción de un tercer partido que, aunque no esté identificado totalmente con su proyecto ideológico-político, esté dispuesto a tomar distancia de la oposición que, en esa situación, estaría encabezada por ARENA.

POLÍTICA

    Los resultados de las elecciones municipales y legislativas pasadas han caído como un balde de agua fría en ARENA. Los diversos grupos que conforman el partido oficial han reaccionado de manera diferente a la “derrota electoral”. Las bases responsabilizan a los dirigentes por su verticalismo: creen que no son escuchados ni tomados en cuenta en las decisiones en las que se juegan los intereses del partido. Algunos responsables del COENA quizás entienden que deben darse cambios importantes. Por una parte, Alfredo Cristiani anuncia su retiro como presidente del partido. Por otra parte, el presidente Francisco Flores multiplica visitas en el interior del país y promete dinero para diferentes proyectos en los departamentos, medidas para la reactivación del agro y su voluntad de concertar con los diferentes sectores de la vida nacional.

    Sin embargo, había que esperar los acontecimientos en torno a la instalación de la nueva Asamblea Legislativa para entender la verdadera dimensión de los problemas en ARENA. Un grupo de fundadores del partido anunció públicamente su desacuerdo con respecto a la conducción del mismo; incluso, abiertamente ha manifestado que las discusiones en torno a la presidencia de la Asamblea Legislativa no fueron manejadas de la manera más correcta. Dentro de ese grupo, hay quienes han expresado sus reservas acerca de las modalidades de la organización del próximo IV Congreso Nacional del instituto político pues, a su juicio, la credibilidad del evento “pone en peligro el futuro de [su] noble causa”. En una declaración escrita a la prensa han dicho: “es inaceptable la composición y estructuración de la comisión política constituida, ya que no sólo representa el continuismo del anterior COENA sino (que también) atenta contra la buena voluntad de los correligionarios, coartando las iniciativas del futuro COENA y va en contra de los estatutos del partido” (4 de mayo de 2000).

    En la cúpula arenera, las declaraciones del grupo de los fundadores —a pesar de que rompen con una tradición, celosamente guardada, de no ventilar a la luz pública las divergencias en el seno del partido y critica seriamente la credibilidad de los actuales responsables— no han tomado, hasta la fecha, proporciones inquietantes. Al contrario, hay un sospechoso interés de congraciarse con los señalamientos, desvirtuándolos y aludiendo a la falta de información de los fundadores. Entre tanto, el presidente Francisco Flores ve con optimismo los planteamientos y no descarta que “otros sectores de su partido se pronuncien públicamente a corto plazo”. Es más, cree que declaraciones de este tipo entran en la línea de lo que está buscando la dirección del partido. Quienes, sin embargo, no caen en esa retórica farisaica son los sectores de base de ARENA. En varias declaraciones en programas televisivos sobre los señalamientos de los fundadores, manifiestan su interés de que se llegue al fondo de los problemas y a una pronta solución de los mismos. En otras palabras, ven en los fundadores la posibilidad de recuperar la esperanza perdida en los dirigentes areneros.

    Ciertamente, hay una buena dosis de mesianismo en el pronunciamiento de los fundadores. Ante la posibilidad de una futura dabacle electoral, se presentan como “los guardianes de los principios y objetivos” con los que nació el partido. Son los que aportarán la salvación. De hecho, Ricardo Valdivieso, el portavoz de los fundadores, no descarta ser el próximo presidente del partido y promete, de darse esos “cambios profundos”, que “ARENA volverá a ser el partido con la fuerza de hace años, sólo en 90 días”. Entonces, ante tal afirmación, hay que preguntarse si no existe una desproporción en la valoración de la dimensión de los cambios y la dimensión de los problemas. ¿Se está proponiendo cambios profundos a problemas superficiales? ¿Cuáles son los verdaderos motivos y alcances del cambio que proponen los fundadores? ¿Podrán recomponer una estructura partidaria montada al servicio de un grupo de empresarios? ¿Cambios profundos significan también apostarle a la solución de los problemas económicos y sociales de la población? Una respuesta a estas dudas tendrá que esperar, evidentemente, el desenlace del movimiento de los fundadores. No obstante, para efecto de un análisis sobre la marcha, hay que preguntarse: ¿qué quieren decir los fundadores cuando hablan de volver a los principios y obedecer a las bases?

    La denuncia del autoritarismo en el seno de ARENA no constituye una novedad. En varias ocasiones, otros sectores del partido oficial han exigido que se les escuche y que se democraticen los procedimientos de elección de candidatos a cargos públicos. Especialmente, con respecto a los resultados de las elecciones pasadas, responsabilizan del fracaso en las urnas al mecanismo de designación antojadiza de la mayoría de los candidatos. Desde un sector de ARENA, fue ese mecanismo el que predispuso al fracaso en tanto los aspirantes no gozaban de ningún apoyo popular; mientras que los que sí tenían este respaldo se vieron relegados por los miembros del COENA. Así, si no sorprende la crítica al verticalismo y desconexión con las bases que se hace al partido de gobierno, lo que sí constituye una novedad es la recepción que se ha dado a las últimas críticas. La nueva actitud no se explica únicamente por el peso moral de los fundadores. Es que, en buena medida, la conciencia de la necesidad de un cambio en este sentido ha venido en aumento en ARENA. Por ello, no sería del todo extraño que, mal que bien, se iniciara un camino de democratización en el partido de gobierno. Todo dependería de la voluntad de los dirigentes de abandonar modos antiguos de funcionamiento y de sortear los obstáculos y miedos a la democratización. Un proceso de esta envergadura puede ser provechoso para el sistema de partidos en particular y para la sociedad salvadoreña en general.

    Otro elemento del que dependerá el proceso de democratización en ARENA es el hecho de cuán fuerte y real sientan los dirigentes areneros la “amenaza comunista”. Cuando los fundadores del partido hablan de volver a los principios, no hay que olvidar que los principios y objetivos de ARENA están relacionados con lo que llamaban “la amenaza comunista”. Bajo esta lógica, como la nueva coyuntura se caracteriza por un crecimiento del FMLN en simpatía popular, la derecha tendría que sentirse amenazada. Esto explicaría la intervención mesiánica de los fundadores; se trata de dar seguridad a la derecha, cuyos intereses pueden estar amenazados por el ascenso electoral de la izquierda. En este sentido, es muy probable que el cambio anunciado en ARENA obedezca más a la voluntad de la derecha de proteger sus intereses amenazados que de las bondades, nobleza y patriotismo del grupo de fundadores.

    En definitiva, hay que entender la coyuntura actual de ARENA como un esfuerzo de la derecha por recuperar espacios perdidos o amenazados. Es un movimiento de reacomodo interno. Se trata de demostrar a la sociedad que ARENA está en camino de renovación. De paso, se reacomoda un sector de empresarios, hasta ahora marginado: el sector agrícola. Por eso las medidas de reactivación del sector agrícola. Unas medidas destinadas a satisfacer los intereses de un grupo de areneros descontentos con su partido y que representan un problema para la estabilidad interna del partido.

ECONOMÍA

    El pasado 4 de mayo, el presidente Francisco Flores anunció la próxima implementación de la "Política agropecuaria y gestión agraria nacional 1999-2004", con la cual se pretendería concretar sus ofrecimientos —hechos en junio de 1999 en su discurso de toma de posesión— de buscar la reactivación el sector agropecuario. La mencionada política contempla medidas diversas que van desde la habilitación de 1,000 kilómetros de caminos hasta el incremento de los aranceles para los productos agropecuarios, lo cual, según  Flores, es necesario porque "todos los países del mundo protegen a su sector agropecuario y nosotros no vamos a ser distintos en ese sentido".
Queda claro, entonces, que la finalidad de su política agropecuaria es la protección del agro y las muestras más claras son el incremento de los aranceles y salvaguardas a los productos agropecuarios  y la asignación de 1,000 millones de colones para créditos al sector cafetalero. Por lo anterior, esta política muestra una clara ruptura con la seguida durante casi toda la década de 1990 por los dos primeros gobiernos de ARENA, especialmente porque en ese período se realizó un profundo proceso de desgravación arancelaria.

    El presidente Flores también anunció que dentro de su plan se contemplaban otras iniciativas tales como: adopción de medidas para crear una política macroeconómica "proagraria"; promoción de los principales productos de agroexportación; garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, habilitación de 1,000 kilómetros de caminos, eliminación de exenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) —que se conocía ya con anterioridad— (Proceso, 899) y reestructuración de la banca de fomento.

    Sin embargo, las medidas más significativas son las alzas en los aranceles y el fondo crediticio para el sector cafetalero, las cuales no sólo tienen implicaciones económicas sino también políticas. El proteccionismo arancelario rompe con la tendencia hacia la liberalización del comercio que el gobierno todavía sigue en algunas negociaciones internacionales, mientras que el fondo para el sector cafetalero refleja claras intenciones de favorecer a este grupo en particular, lo cual, aunque no es nada nuevo, es discutible de cara a la realidad del agro salvadoreño, donde se refugian los sectores más empobrecidos y que, por cierto, no son precisamente los cafetaleros.

    La desgravación arancelaria ha sido uno de los bastiones de la política económica de los dos primeros gobiernos de ARENA durante toda la década de 1990. Así se han venido reduciendo los aranceles desde niveles cercanos al 270% hasta un máximo de 20%, con el objetivo de incrementar la competitividad de los sectores productivos nacionales, mismos que deberían competir con productos importados incrementando su eficiencia en el uso de los recursos.

    A la base de esta política estaba el supuesto de que, paralelamente al incremento de las importaciones resultante de la desgravación arancelaria, se daría un incremento de mayor cuantía en las exportaciones, pero lo cierto es que esto no ha ocurrido y las importaciones han crecido mucho más que las exportaciones, incrementando peligrosamente el déficit de la balanza comercial. Más grave aún es que la reducción de aranceles ha provocado un agudo proceso de sustitución de la producción nacional por producción importada, lo cual ha afectado a diferentes sectores productivos relacionados tanto con el agro como con la industria.

    En este escenario, el reciente anuncio del presidente Francisco Flores de incrementar los aranceles aplicables a los productos agropecuarios es una buena noticia para los productores nacionales, ya que tendrán mejores posibilidades de competir debido a que los precios de la producción importada se incrementarán sensiblemente con el costo adicional de la subida de aranceles (se proyecta en algunos casos incrementos arancelarios desde una tasa de 15% a otra de 40% en el caso de carne y embutidos).

    Los consumidores, en cambio, deberán pagar mayores precios por todos los productos afectados por el alza arancelaria; entre éstos también se cuentan: maíz, arroz, sorgo, leche fluida, yogur, queso, frutas y verduras. Aun no se conoce con exactitud el impacto inflacionario de los nuevos aranceles, pero resulta claro que habrá una fuerte transferencia de ingresos desde los sectores urbanos hacia los sectores rurales, lo cual, aunque pueda ser beneficioso para los últimos, puede comprometer la satisfacción de las necesidades básicas de sectores urbanos que se encuentran cerca de la línea de pobreza. En algunos casos, se justifica la transferencia de ingresos de lo urbano a lo rural, pero en esta situación en particular nada garantiza que los pequeños productores —o pobres rurales— reciban los beneficios de esta política económica porque no se han desarrollado las capacidades técnico productivas que conviertan al sector campesino en ofertante de productos agropecuarios.

    El subsidio a los cafetaleros ofrecido por el presidente Flores no sería el primero que estos reciben, pues ya en 1992 el entonces presidente Alfredo Cristiani destinó un monto de 45 millones de dólares para subsisidiar los precios del café (Proceso, 527 y 528). Más de ocho años han transcurrido desde entonces, y lo cierto es que el sector cafetalero sigue debatiéndose entre fuertes reducciones y leves recuperaciones en los precios; y aunque lograra pagar los fondos que el gobierno le otorgue, ya no representa una opción viable para incrementar sustancialmente las agroexportaciones.

    Nadie puede negar que los cafetales de sombra contienen la mayor parte de los pocos remanentes de bosques de El Salvador y que, desde una perspectiva ecológica, se justifica su preservación; sin embargo, tampoco debe obviarse el hecho de que el café ha perdido importancia económica con la caída de sus precios internacionales, y además, aun en sus épocas de mayor esplendor, no significó una opción para superar las condiciones de pobreza estructural de la población campesina. Lo anterior se sustenta si consideramos que, de acuerdo a la matriz insumo producto de 1990, el sector cafetalero destina apenas un 29% del valor agregado para remuneraciones y hasta un 65% en concepto de excedente de explotación; además existen altos niveles de concentración en la producción, beneficiado y exportación del café.

    La política agropecuaria anunciada por el actual gobierno tiene dos matices diferentes: por una parte, rompe con la práctica desarrollada por las dos administraciones precedentes, evidenciando con ello que los resultados de la desgravación arancelaria no han sido satisfactorios; por otra, reitera su compromiso con los sectores que tradicionalmente han detentado el poder económico en El Salvador, en este caso los medianos y grandes agricultores.

    Sin embargo, la mencionada política aun no toca el problema de fondo del sector agropecuario: la pobreza del sector campesino y su aislamiento de los canales formales de producción, comercialización, exportación, financiamiento, y hasta tributación. La eliminación de las exenciones al IVA, el crédito para la reactivación del sector cafetalero y el alza en los aranceles en poco benefician a un sector campesino que no está inscrito como contribuyente, no cultiva café y, sobre todo, que sólo genera producto para el autoconsumo. Con todo, no puede negarse que la política agropecuaria pretende abordar algunos de los problemas reales que enfrentan los medianos y grandes agricultores; falta por ver si se abordarán con el mismo interés y pragmatismo los temas de la reestructuración de la banca de fomento y la asistencia técnico productiva del sector rural.

SOCIEDAD

    Nadie niega que la amañada elección del presidente de la Asamblea Legislativa representa un retroceso en cuanto al comportamiento político deseado para nuestro país. Tenemos, después de muchos años, la posibilidad de que la alternabilidad de poderes dentro del Órgano Legislativo se convierta en una práctica política instituida; pero quienes se han adueñado hoy por hoy de los medios para procurar dicha alternabilidad la desnaturalizan al someterla a sus propios intereses, en un evidente intento por imposibilitar a la oposición el ejercicio pleno e igualitario de su cuota de poder en la directiva de la Asamblea. El concierto de votos que se logró para reformar el reglamento interno del Poder Legislativo le ha dejado al país el mismo sabor que cuando el PCN, luego de desafiar al partido gobernante en varias iniciativas de Ley, acabó por someterse al control ideológico de sus principales benefactores políticos. La derecha nuevamente solidifica sus lazos y se siente con el poder suficiente como para detener el paso de la oposición parlamentaria.

    Un poco más de una semana de trabajo ha bastado para que la nueva Asamblea Legislativa haya dado signos preocupantes acerca de su comportamiento político; suficientes como para esperar muy poco de los tres años de gestión legislativa que recién inician. Evidentemente, lo que menos despierta la presente Asamblea Legislativa es optimismo. Hoy más que nunca, este órgano del Estado se ha convertido en el escenario perfecto para la imposición. Atrás puede quedar la necesidad de concertar, el valor que se merece quien exige y ejerce su derecho a disentir, la posibilidad de darle vida a una agenda nacional. En su lugar, los salvadoreños pueden sentirse seguros de que tendrán muchas más componendas y arreglos de "alto nivel" —en tanto sean unos pocos, privilegiados políticamente, quienes participen en ellos— para largo. En las siguientes líneas se pasará lectura sobre algunos hechos que resultan fundamentales a la hora de trazar líneas sobre el comportamiento de las fracciones políticas en la Asamblea y en los movimientos que sus líderes puedan hacer en el futuro.

La elección de la directiva de la Asamblea

    La elección del presidente y de los demás miembros de la Junta Directiva del parlamento tuvo claros visos de conspiración. Primero, por haber colocado en la presidencia a un político muy cuestionado por su dudoso desempeño al frente de la Corte de Cuentas y, entre bastidores, por conducir al PCN de la mano de ARENA en todas y cada una de las mociones que presenta el bloque oficialista. Detrás de la urgencia de colocar a Ciro Cruz Zepeda —a quien los medios informativos se han empeñado en presentar como un oportunista, ansioso de protagonismo político desde su incorporación al PCN— estaba la evidente intención de negarle al FMLN su lugar dentro de la correlación de poderes en la Asamblea. El mensaje era claro: los votos que sumó el partido de izquierda en las elecciones pasadas no obligaban a la derecha a dar su brazo a torcer en la lucha por el predominio político. La voluntad del electorado, jamás inclinada hacia una única oferta política, vale muy poco en el juego de representaciones simbólicas que se desarrolló alrededor de las sillas directivas del parlamento.

    Los intereses políticos se juntaron en buen momento y, en consecuencia, los llamados a ocupar su lugar fueron pocos. Y, precisamente, ese es otro de los rasgos negativos del ejercicio político de la nueva Asamblea: inutilizar a todo cuanto suene a oposición. De las cuatro vicepresidencias del congreso, dos permanecerán vacías a lo largo de todo este año, como queriendo con ello recordarle al país la "caprichosa" negativa de los diputados del Frente. Mientras, los partidos pequeños quedaron deambulando, a la espera de que alguna de las fuerzas de derecha les invitara a formar parte del banquete legislativo. Así, la conformación de la nueva junta no sólo golpeó a los diputados del FMLN. En este caso, la conspiración fue más allá y alcanzó a los partidos minoritarios (el CDU, y el PAN), para quienes los términos de las negociaciones que emprendieron, primero, las dos principales fuerzas políticas y, después, las fracciones de la derecha, nunca casaron.

El nuevo "bloque político" de la derecha

    En este sentido, otro hecho preocupante lo constituye la conformación de un llamado "bloque político" entre ARENA, el PDC y el PCN, tradicionales aliados políticos dentro del Salón Azul durante la legislatura pasada. La motivación expresa de esta alianza ha sido trazada en términos bastante simples: contrarrestar las iniciativas y posturas del FMLN, ahora que cuenta con una relativa ventaja parlamentaria. Se dice que al partido de izquierda se le dará una lección por sus sistemática contraposición frente a "decisiones coyunturales", como en el caso de la aprobación de préstamos internacionales. Desde esta perspectiva, este "bloque político" no representa una novedad en sí mismo. Su existencia estaba casi asegurada desde que el trabajo de estas tres fracciones empezó a armonizarse en 1997 y, más aún, cuando ese trabajo empezó a traer beneficios a los aliados. El PCN podía sentirse seguro de que mantendría el control de la Corte de Cuentas mientras no osara levantarle la voz a sus padrinos políticos de ARENA. Y algunos dirigentes del PDC habrían preferido cambiar apoyo para el partido de gobierno por dinero, aunque la veracidad de este señalamiento queda aún por determinar.

    Lo que preocupa ahora es el abierto reconocimiento que se hace de una alianza cuya pretensión es consolidar el poder de la derecha en la Asamblea. Detrás de esta decisión, aparece con claridad la imposibilidad de reconocer el derecho de participación de cada uno de los diputados electos por los votantes en las cuestiones de interés nacional. Esa oposición se merece la marginación más absoluta por enfrentarse a proyectos de interés nacional, independientemente de la validez o aplicabilidad de sus argumentos. De esta manera, una de las más importantes implicaciones de esta alianza es su intención de fortalecer el criterio de aplanadora a la hora de dar paso a propuestas legislativas en el seno del parlamento.

    Si en mayo de 1997 se pensó que la correlación de fuerzas de la Asamblea aseguraría una discusión más enriquecedora para el orden democrático nacional, con la alianza de los partidos de derecha se confirma que la variedad política que ha caracterizado las dos últimas gestiones legislativas no se corresponde con la calidad del ejercicio político. Esto es así porque, a casi 9 años de que se firmaron los Acuerdos de Paz, aún es evidente que no se ha podido superar la diferencia entre derecha e izquierda, entre oficialismo y oposición. El arreglo al que llegaron ARENA, el PDC y el PCN obedece a esa lógica: entre más adeptos se sumen a una de esas dos tendencias —en este caso, la de la derecha— crece la posibilidad de castigar al oponente dándole la espalda a sus propuestas y argumentos.

    De la misma manera, crece la posibilidad de que las reglas del juego democrático se manejen al antojo de los partidos políticos. No se puede negar que las tres fracciones que han decidido formar el bloque tienen suficiente poder como para avanzar en propuestas que requieran de la mayoría simple. Ese poder de manipulación de decisiones políticas "coyunturales", como se les ha dado en llamar, deja abierta la puerta para que la dinámica parlamentaria siga siendo el medio para pasar facturas a quienes jugaron mal este juego de poder, para defender el enquistamiento de funcionarios y/o partidos en cargos públicos y, sobre todo, para obligar al país a retroceder en la consolidación de un Estado de derecho. Así, cada voto que se gane a favor del bloque alimenta la efectividad de ese criterio de imposición y, en consecuencia, debilita la necesaria concertación entre fuerzas políticas que se viene pidiendo a gritos desde que el FMLN se incorporó a la lucha política en las elecciones de 1994.

La elección de las jefaturas de fracción

    La derecha parlamentaria hace lo suyo para consolidar su línea de trabajo en la Asamblea. De ello dan fe los recientes nombramientos de René Figueroa y Francisco Merino como jefes de las fracciones de ARENA y el PCN, respectivamente. En ambos casos, el criterio que priva para la selección de la persona idónea para canalizar las ideas de los diputados y darles forma en virtud de unos compromisos legislativos no es precisamente el de la apertura política. Por el contrario, se ha colocado a la cabeza de estas fracciones a figuras que ni se han caracterizado por ceñir su labor parlamentaria a análisis objetivos de la realidad nacional ni mucho menos por su capacidad de convocatoria frente a las demás fuerzas políticas. En ellos, los diputados de esos partidos pueden sentir la seguridad de ver representados sus principios ideológicos más inveterados.

    Con la colocación de René Figueroa a la cabeza de la fracción se lee la misma estrategia implementada con la elección de Francisco Flores en ese puesto al inicio de la legislatura anterior, y que fue sustituido por Walter Araujo al ocupar la presidencia del congreso. Se trata de alejar de ese estratégico cargo a quienes podrían identificarse más fácilmente con la ortodoxia arenera, a quienes permanecen en el partido desde hace mucho tiempo, desde que sus errores empezaron a incubarse. Pero nada de la trayectoria política de Figueroa hace pensar que sabrá jugar su papel como coordinador no sólo del trabajo del grupo de los areneros, sino del trabajo en conjunto que se requiere de la Asamblea. Lejos de ello, su labor parlamentaria se ha distinguido por adoptar con extrema facilidad el talante autoritario de sus sucesores, por mantener a la burla y la ridiculización del otro como arma recurrente en las discusiones parlamentarias y por enarbolar la bandera del ataque sin tregua frente a los rivales políticos del partido.

    De Francisco Merino tampoco se pueden decir muchas bondades. A parte de cargar sobre sus hombros con una escandalosa destitución de la presidencia de la Corte de Cuentas, sus orígenes areneros lo colocan como un político recalcitrante más, insuflado de repulsión hacia todo lo que se equipare —dentro de su perturbada percepción— al comunismo. Por ello, ARENA puede estar complacido con esta elección. El matrimonio político de estos dos partidos está asegurado para largo. A este panorama se podría sumar al jefe de fracción del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, cuyo lugar en la fracción no rompe el viejo criterio de que quienes tienen más mérito para comandar el partido son aquellos que jugaron un rol histórico en la lucha armada. La creencia de que quienes tuvieron la capacidad de confrontar con las armas a los mecanismos del poder poseen iguales capacidades en el plano político se impone de nuevo entre las filas efemelenistas. Los líderes del partido no pierden terreno en la lucha por "apropiarse" de sus estructuras políticas.

Lo que se espera de la oposición

    Pero no sólo del comportamiento político de la derecha parlamentaria se puede extraer conclusiones a futuro. Falta por ver de lo que es capaz el FMLN, junto a los demás partidos por ahora relegados al grupo de los opositores, al poner en práctica su posición dentro del congreso. Y es que lo peor que podría ocurrir durante los próximos tres años es que esa oposición se prestara al juego de la manipulación amañada de las dinámicas legislativas. Definitivamente, después de la demostración de fuerza política que acaban de sufrir a manos de la derecha, el FMLN y los partidos pequeños tienen mucho que reclamar. Pero ello no implica que deban renunciar a los compromisos adquiridos frente a los votantes, durante la campaña electoral, y frente al país, mediante su mandato constitucional. El innegable poder que posee el FMLN no tendría que servirle para buscar la imposición frente al bloque de derecha. Si eso pasara, es un hecho que todavía quedan muchas historias de entrampamientos y estériles pulsos de fuerza por ver en el seno de la Asamblea Legislativa.

    En su lugar, lo que cabe esperar es que esa oposición demuestre que la presión política no necesariamente implica juego sucio; que el FMLN y sus potenciales aliados son capaces de empujar a las demás fracciones hacia un análisis serio de la realidad nacional. Y esto implica necesariamente renunciar a las transgresiones antojadizas del orden institucional y al manejo político de las instituciones estatales. En definitiva, la voluntad concertadora de la que tanto hablaron los legisladores en los días previos a asumir sus cargos ha quedado esfumada en medio de la maniobra para nombrar al presidente y la directiva de este Órgano del Estado. Lo que queda es dejar que el bloque de la derecha sea señalado por su comportamiento como falto de principios democráticos, ajeno, en última instancia, a las necesidades que todavía persisten de la transición nacional. De eso se tendría que librar la oposición, si es que en verdad está interesada en hacer de la práctica política nacional un juego renovado de búsquedas de soluciones —no las que más convengan a determinados grupos, sino las que aporten mayores beneficios al país— y de puntos de encuentro entre todas las fuerzas políticas.

DERECHOS HUMANOS

    Entre los principales titulares de “El País” en su edición del pasado miércoles 10 de mayo, hubo uno a todas luces contundente e inapelable: Un ex agente de la DINA admite ser el autor de la muerte del jefe del Ejército con Allende. Pinochet está también imputado en el asesinato del general Prats y su esposa en Argentina. La nota del periódico español enviada por Manuel Délano desde Santiago, Chile, daba cuenta de la confesión rendida ante una jueza argentina por el autor material de ese brutal hecho ocurrido en la capital de Argentina, el 30 de septiembre de 1974. Dos días antes, un vespertino de nuestro país publicaba una entrevista con el general retirado Juan Rafael Bustillo, quien —desde que la UCA solicitó en marzo del año en curso investigar la autoría intelectual en el “Caso jesuitas”— es el más interesado y dispuesto entre los siete acusados para que se realicen las diligencias pertinentes y se establezca la verdad; a su modo, ya son varias veces las que el ex jefe de la aviación salvadoreña se ha manifestado en tal sentido.

    No obstante estar muy distantes el tiempo y en el lugar, ambos actos terroristas son en esencia iguales: fueron realizados por los militares de sus respectivos países contra personas indefensas, en el marco de la fatídica “guerra contrainsurgente” impulsada durante más de dos décadas en América Latina.  Asimismo, en ambos hechos se intentó proteger a sus responsables e impedir a las víctimas, por todos los medios, tanto el conocimiento de la verdad como la obtención de justicia. De ahí que, por igual, de ambas tragedias se puedan extraer algunas lecciones aplicables en el difícil trayecto que debemos recorres hasta lograr —de una vez por todas— la democratización y el respeto a los derechos humanos para nuestros pueblos.

    Con relación al “Caso jesuitas”, ya hemos abundado en este y otros espacios; pero sobre la muerte del general Carlos Prats y la de Sofía Cuthbert, su esposa, quizás no se manejen tantos elementos. Para situarnos un poco, mencionaremos alguna de la información brindada por el estadounidense Michael Townley; este asesino, agente activo de la policía política secreta durante el régimen de Augusto Pinochet, reconoció hace unos meses que fue él quien colocó y activó la bomba que acabó con la vida de los esposos chilenos. Pero Townley agregó que la orden para realizar ese atentado la recibió del jefe de ese organismo, general retirado Manuel Contreras, quien dependía en línea directa de Pinochet; según confesó, en los actos preparatorios para llevarlo a cabo participaron otros dos miembros de la DINA: el general Raúl Iturriaga y su hermano Jorge.

    Quienes ordenan y ejecutan actos de ese calibre, no pueden ni deben ser improvisados en la materia. Eso es imposible; prueba de ello son las trayectorias de Pinochet, Contreras y Townley. Según la nota de “El País”, este último era “un fervoroso anticomunista residente en Chile”, con “un siniestro currículo como autor de crímenes de la dictadura”. Dentro de su residencia en Santiago, en 1976 fue torturado y asesinado Carmelo Soria, funcionario español de las Naciones Unidas. De igual manera se le vincula, entre otros, con los siguientes hechos criminales: las muertes de Orlando Lettelier, canciller del gobierno socialista derrocado por Pinochet, y su asistente, Ronni Moffitt, también mediante la activación de una bomba bajo su coche en la ciudad de Washington; el atentado contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton y su esposa, en Roma; el intento fallido de asesinato contra Carlos Altamirano, ex secretario general del Partido Socialista chileno, así como las frustradas ejecuciones de Volodia Teitelboim y Gabriel Valdés, dirigentes comunista y democristiano respectivamente.

    Poco le duró la alegría a Pinochet y sus partidarios tras la patética “salida” que le facilitaron y que le ayudó a escapar de la justicia internacional, cuando en Londres sus defensores alegaron razones de salud y humanitarias para obtener su libertad y lograr el retorno a Chile. Después de ese efímero y magro “triunfo”, en su mismo país se están impulsando acciones para que pague por las graves violaciones a los derechos humanos cuya responsabilidad se le adjudica. Por el “Caso Prats”, en Argentina, el ex dictador y otros de sus subalternos ya fueron notificados que deben nombrar abogados para que los representen judicialmente en su calidad de imputados. En su defensa, se ha alegado la prescripción del delito; sin embargo, la jueza a cargo del proceso lo ha declarado un crimen de lesa humanidad y así ha cerrado esa puerta en favor de los acusados.

    Mientras tanto, el actual presidente de Chile —Ricardo Lagos— afirmó lo siguiente: "Yo espero, por el bien de Chile, que el asesinato de un ex comandante en jefe del Ejército pueda ser dilucidado"; también pidió, a la sociedad, meditar profundamente sobre las condiciones que propiciaron esa tragedia colectiva y pensar cómo hacer “para que nunca más vuelva a ocurrir".

    Conocida esa y otras partes de la reciente y dolorosa historia chilena, que en conjunto constituyen el quiebre más lamentable de la institucionalidad en ese país del Cono Sur, a quienes vivimos en El Salvador y pretendemos tener un mínimo de sentido común nos surgen varias y serias interrogantes. La más importante quizás, es la que tiene que ver con lo siguiente: si en Chile, por encima de eso que llaman el “milagro” en lo económico, la estabilidad real de esa sociedad tras la dictadura sólo ha comenzado a instalarse con la detención y el enjuiciamiento —dentro y fuera del país— de quien hasta hace poco se consideraba “intocable”, ¿cuán frágil será la actual “estabilidad” salvadoreña mientras no se encare el pasado, siendo el nuestro un país que no cuenta con una larga tradición institucional como la de aquél?

    Desde nuestra óptica, resulta demasiado ligero y más irresponsable utilizar el fantasma del “regreso al pasado” como el principal argumento para evitar que las víctimas recuperen lo que —injustamente, sin duda— hasta ahora les ha sido negado por sus mismos victimarios: verdad, justicia y reparación del daño causado. De ahí lo rescatable de las recientes declaraciones del general Bustillo, en el sentido de enfrentar los hechos por encima de una amnistía a todas luces cuestionable. Pero, además, existen otros fundamentos de derecho internacional que apoyan este legítimo reclamo.

    Algunos de ellos, los ha desarrollado el Equipo NIZKOR a raíz de la denuncia impulsada por la UCA sobre el “Caso Jesuitas”. Desde España, este Equipo nació con el propósito de difundir a través de Internet “los documentos sobre derechos humanos que elaboran los organismos que, con gran esfuerzo, trabajan en cada país.” El espacio surgió “con la voluntad de acercar y democratizar la información que la prensa normalmente no trata y que, debido a la escasez de medios, es muy difícil que se difunda más allá del círculo de los iniciados”. El nombre del Equipo nombre tiene una “significación moral, ética e histórica” en el sentido de “mantener la memoria, reflejar claramente la tolerancia, el antirracismo y conectar en el imaginario colectivo fenómenos que los gobiernos afectados no desean conectar, como fueron la estrategia nazi de utilización de medios de represión masivos y los fenómenos derivados de la doctrina de la seguridad nacional y sus horrores”.
Ante nuestra iniciativa y la respuesta a la misma por parte del Ministerio Público, el Equipo NIZKOR considera “necesario que la Fiscalía reabra el caso del asesinato de los jesuitas y dé cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Para ello, se basan en lo que a continuación resumimos:

    “El asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, la empleada doméstica y su hija constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra conforme al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos vigentes, tanto convencional como consuetudinario... La Ley de Amnistía resulta pues irrelevante a estos efectos, al margen de que sea contraria al derecho internacional y a las obligaciones contraídas por el Estado salvadoreño en el orden doméstico como consecuencia de la ratificación, por parte de este Estado, de los diversos tratados internacionales que protegen la vida y a la población civil... Puesto que esta Ley de Amnistía no cubre ni crímenes de guerra ni crímenes contra la humanidad, todos los autores de estas ejecuciones extrajudiciales han de ser investigados, procesados y castigados, sin perjuicio de que esta Ley es nula de pleno derecho y ha de ser anulada”.

    La definición de crímenes contra la humanidad se comenzó a desarrollar tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. François de Menthon, fiscal francés en ese juicio estableció que se trataba de “aquellos crímenes contra la condición humana, contra la conciencia que el ser humano tiene hoy de su propia condición”. El Estatuto de Nuremberg estableció como tales los siguientes actos: “asesinatos, exterminio, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de, o durante la guerra; o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de/o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados”.

    Para abundar en la definición y aplicación legal de los crímenes contra la humanidad, el Equipo NIZKOR cita —además de algunos instrumentos del sistema de Naciones Unidas— los siguientes: artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia; artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda; y artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

    De igual forma, se citan decisiones emitidas por: el Tribunal del Distrito de Jerusalén y el Tribunal Supremo de Israel, en el caso Eichmann (1961); los tribunales de Bangladesh en el caso de la solicitud de extradición a la India de oficiales de Pakistán "por actos de genocidio y crímenes contra la Humanidad" (1971); el Tribunal Supremo de los Países Bajos, en el caso Menten (1981); el Tribunal Supremo de Francia en el caso Barbie (1983); la Corte del Distrito Norte de California en el caso Suárez Mason (1988); el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Canadá, en el caso Finta (1989); y la Corte Militar canadiense que juzgó al General de Brigada Kurt Meyer, en el caso Abbaye Ardenne.

    Contrario al “deber ser”, muchas veces la verdad tarda en salir a la luz y la justicia en ser impartida tal cual, cuando se trata de actos que ofenden la dignidad humana en cualquier sentido y —sobre todo— cuando sus responsables ostentan algún grado de poder. Pero eso, conocido como impunidad, no es eterno; no obstante el tiempo transcurrido, las víctimas llegan a obtener lo que tercamente les niegan aquellos que pretenden ir contra la historia. Del lado de la gente que sufrió en El Salvador por la violencia política y la guerra, están las experiencias en otras partes del mundo y la legislación moderna, nacional e internacional. No sigamos, pues, colocándo más obstáculos para que se cumplan las legítimas aspiraciones de nuestras víctimas; evitemos de esa manera, además, que la violencia y la impunidad continúen siendo los principales impedimentos para que nuestro país avance hacia su verdadera estabilidad.

DOCUMENTO

Transcribimos a continuación el texto de la "Declaración trinacional", suscrita por los presidentes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el 2 de mayo del 2000.
 

Los Presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, han decidido suscribir el día 2 de mayo de 2000 la presente Declaración en las ciudades de San Salvador, Guatemala y Managua:

Convencidos de la necesidad de desarrollar nuevas iniciativas y de dar un nuevo impulso al proceso de integración regional para enfrentar con éxito los desafíos que impone la globalización.

Conscientes de que es necesaria la ejecución de acciones coordinadas y concretas, adecuadas a las distintas velocidades de desarrollo de cada país, que permitan avanzar efectivamente en cumplimiento de los objetivos y principios de la integración centroamericana.

Consecuentes con los principios fundamentales de la integración centroamericana, contenidos en el Protocolo de Tegucigalpa, en la Alianza para el Desarrollo Sostenible, en el Tratado Marco de Seguridad Democrática y demás instrumentos de la integración regional.

Guiados por el objetivo fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana, de consolidar a Centroamérica como región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Considerando que la última década del siglo pasado se caracterizó por fijar las bases de un nuevo modelo de integración centroamericana, fundada en principios y objetivos comunes, que recogen la voluntad de los pueblos y gobiernos de nuestros países.

Conscientes de la importancia de respetar los principios de gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica, lo cual significa que todos o algunos Estados podrán avanzar con la celeridad que acuerden dentro de ese proceso y tomando en consideración el precedente de la unión aduanera entre Guatemala y El Salvador.

Considerando los resultados positivos que ha tenido en la región la aplicación del Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana, principalmente por la trascendencia práctica del concepto de seguridad vertido en un modelo único, integral e indivisible, y que es necesario continuar fortaleciendo la cooperación en este ámbito.

Conscientes de que los desafíos enfrentados requieren del esfuerzo común para alcanzar la plena vigencia de los objetivos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible.

Animados por la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad del proceso de desarrollo económico y social y de mejorar las condiciones de vida de los pueblos centroamericanos.

ACORDAMOS:

1. Adoptar medidas concretas para avanzar en la conformación de un sistema regional de bienestar y justicia económica y social; alcanzar la unión económica; fortalecer el sistema financiero centroamericano; robustecer la región como bloque económica para insertarla exitosamente en la economía internacional; y promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenible.

2. Aplicar prioritariamente medidas para la reducción de los desequilibrios intrarregionales que afectan al desarrollo sostenible; elevar las tasas de crecimiento económico que permitan reducir los niveles de pobreza; garantizar las sostenibilidad social y política de los procesos de apertura económica y democratización de los países de la región; armonizar las políticas macroeconómicas y sectoriales; formular políticas que racionalicen e incentiven las actividades agropecuarias; procurar la seguridad alimentaria, incrementar y diversificar las exportaciones, consolidando la articulación de las cadenas productivas, comerciales y de servicios; impulsar la reconstrucción, rehabilitación y modernización de la infraestructura regional, especialmente en materia de transporte, telecomunicaciones y energía, para elevar los niveles de eficiencia y competitividad de los sectores productivos, a nivel nacional, regional e internacional.

3. Asumir el compromiso de desarrollar iniciativas nuevas, complementarias y graduales, en el marco de la integración, que constituyan elementos sustantivos, que permitan alcanzar avances concretos en las áreas que se detallan a continuación: relaciones internacionales, política macroeconómica, política económica sectorial, infraestructura, política migratoria y política de seguridad.

4. Adoptar la siguiente Agenda de Trabajo:

A. Relaciones Internacionales
a) Negociación conjunta frente a terceros
b) Sedes conjuntas de representaciones diplomáticas y consulares

B. Política Macroeconómica
a) Compromiso con estabilidad de precios
b) Compromiso con estabilidad cambiaria
c) Integración de sistemas financieros
d) Protección de ahorro bancario
e) Compatibilidad monetaria

C. Política Económica Sectorial
a) Armonizar las políticas arancelarias
b) Armonizar las políticas que regulas los servicios y las inversiones
c) Armonizar las disposiciones sobre registros sanitarios
d) Armonizar la política tributaria
e) Armonizar la política agropecuaria
f) Unificar la política aduanera
g) Promover el turismo intra y extrarregional

D. Infraestructura
a) Modernizar la red vial y los puertos marítimos y aéreos
b) Adoptar estrategias comunes en materia de política energética
c) Promoción de políticas de comunicaciones

E. Migración
a) Actualizar los compromisos contraídos en el CA-4

F. Política de Seguridad
a) Implementar acciones coordinadas contra el crimen organizado
b) Apegarse a lo establecido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y a los mecanismos que provee el Derecho Internacional para garantizar la independencia, soberanía, seguridad e integridad territorial de los Estados signatarios.

5. Para garantizar el cumplimiento de la Agenda de Trabajo, se crea como mecanismo de aplicación y seguimiento las siguientes comisiones de trabajo:
1) Comisión Política. (Relaciones internacionales, seguridad, migración, aduanas y medio ambiente).
2) Comisión Económica (Comercial y Financiera)
3) Comisión de Infraestructura

Cada Comisión queda facultada para crear los grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de las tareas asignadas.

6. Fijar un plazo máximo de noventa días para que las comisiones de trabajo presenten los estudios y proyectos realizados con base en el correspondiente Plan de Acción que es parte integrante de esta Declaración.

7. Invitar a los Gobiernos de los demás Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana a incorporarse a este esfuerzo común para impulsar la integración centroamericana.

Francisco Guillermo Flores Pérez
Presidente de la República de El Salvador
Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
Arnoldo Alemán Lacayo
Presidente de la República de Nicaragua

NOTICIAS

CRÍTICAS. El pasado 27 de abril se aprobó el Decreto Legislativo 889 que permitió al PCN y ARENA elegir a Ciro Cruz Zepeda como presidente de la Asamblea Legislativa a espaldas del FMLN. Las objeciones del partido de izquierda no se hicieron esperar y las mismas apuntaron al modo cómo se había reformado el reglamento interno de la Asamblea. Para Fabio Castillo, coordinador del FMLN, "la elección no tiene fundamento jurídico, ante una ley que no existe". A partir de ello, los diputados efemelenistas renunciaron a integrar los cuatro lugares que les corresponderían en la Directiva de la Asamblea Legislativa, hasta que no sea derogado el decreto y se nombre al presidente del parlamento sin violentar la Constitución. El Centro de Estudios Jurídicos Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) advirtió que los diputados cometieron falsedad material por la forma en que se aprobaron las reformas al reglamento de la Asamblea, según lo expresado por Roberto Vidales, abogado de la institución. Pero esa no ha sido la única violación a la Carta Magna, ya que, por otro lado, no se cumplió con los ocho días exigidos por la ley para que, después de publicado un decreto, éste entre en vigencia. "Lo que pasa es que están acostumbrados a romper la Constitución en este aspecto... no están acostumbrados a que se les sancione por ese tipo de acciones", manifestó Vidales. Asimismo, para Ricardo Membreño, otro abogado de FESPAD, la certificación del Decreto Legislativo violentó la Seguridad Jurídica, ya que dicho documento no tenía la firma del director del Diario Oficial, sino de un empleado (LPG, 05.09.p6).

COMURES. Se avecina la elección de directiva de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), a una semana de haber tomado posesión de sus cargos los nuevos alcaldes. Tanto ARENA como el FMLN insisten en su derecho a ocupar la presidencia de la corporación, la cual es conducida en la actualidad por Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán por el partido ARENA. Héctor Silva, alcalde de San Salvador por la coalición FMLN-USC, tiene la convicción de que es el FMLN el que debe dirigir COMURES pues, aunque sólo gobierna 58 de los 262 municipios, ejerce su control sobre los más poblados. Para Silva, "el partido trabaja arduamente para lograr hacer sentir sus derechos como primera fuerza política del país". Por su parte, Elizardo González Lovo del PCN, reclama para su partido la Dirección de la Comisión de Asuntos Políticos de la institución. Mientras tanto, los partidos han acordado repartirse las veintiséis direcciones de COMURES, correspondiéndole a los dos partidos más fuertes, con base en los resultados electorales, la mayoría de los cargos; es decir, diez a cada uno de ellos. Los restantes, se han repartido entre PCN (3), el PDC (2) y PAN (1). Por otro lado, ARENA propone por mantener una asignación del 6% del presupuesto nacional a las alcaldías, mientras que el FMLN ha pedido el 12% y, al mismo tiempo, una descentralización rápida que garantice la autonomía de los gobiernos municipales (LPG, 05.09.p10).

FALTANTE. La Corte de Cuentas ha señalado una serie de anomalías en la administración de los fondos de la Policía Nacional Civil (PNC) en el año de 1997, según informe enviado a Mauricio Sandoval, director de la institución. Entre las anomalías, están las de realizar gastos dispendiosos y la de acumular un faltante de 61 mil colones por la pérdida de los cupones de combustible, según auditoría realizada en seis unidades policiales. En este punto, la Corte de Cuentas propuso a la PNC descontar el dinero al personal involucrado en el extravío, específicamente en la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la delegación de San Miguel. De igual forma, se hace notar que, en el mismo año, se desviaron más de 47 mil colones en concepto de fianzas de policías que eran procesados por diferentes delitos y se perdieron más de 700 mil colones por el deterioro de bienes de la institución. Asimismo, se constata la ausencia de sanciones en el robo de vehículos que suma un valor de 170 mil colones, así como por el robo de seis motocicletas con un valor de 132 mil 908 colones. Por último, se cuestiona la autorización de más de 75 mil colones para personal que viajó al exterior, lo cual le compete únicamente al Presidente de la República. Las anomalías detectadas por la Corte de Cuentas aún no han tenido respuesta por parte de la PNC. Sin embargo, Rodrigo Avila, director de la institución cuando sucedieron los hechos, afirmó que dichas anomalías no se evacuaron a tiempo porque no se siguió el proceso administrativo en el momento oportuno, y que las erogaciones de dinero para que los policías puedan salir al exterior a una misión oficial eran autorizadas por el Presidente de la República, aunque algunas veces no era posible esperar la autorización del mandatario (EDH, 05.09.p16).