Año 20
Número 902
Mayo 17, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial La campaña publicitaria de la policía
Política La educación al servicio de los “políticos”
Economía Integración centroamericana y libre comercio
Sociedad Una necesaria deducción de responsabilidades
Derechos Humanos Muerto el niño, a tapar el pozo
Documento Plan de acción: integración para el siglo XXI (I)
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    La Policía Nacional Civil (PNC) parece estar dirigida más por campañas publicitarias —cuyo actor principal es su director— que por el rigor de una policía profesional. El propósito de estas campañas es proyectar la imagen de una policía eficiente y preocupada por la seguridad de la población, para así restaurar la confianza de ésta y conseguir su colaboración. Las dos últimas novedades de la dirección policial son la incorporación de unidades aéreas a sus operaciones terrestres —lo cual pretende dar la impresión de que se cuenta con mucho poder para perseguir el crimen— y el ofrecimiento de dinero a cambio de información útil para la investigación del delito. La primera novedad es juego de imágenes. La eficiencia que se pueda derivar de la incorporación de unidades aéreas es muy relativa, porque el problema fundamental de la policía no radica en el equipo. Ofrecer recompensa monetaria por información útil es admitir la desconfianza de la población y la inexistencia de un programa para proteger a los testigos. Elemento clave en una cultura donde el testigo es maltratado, amenazado y no pocas veces tratado como delincuente.

    Al mismo tiempo que el director de la PNC asegura que la delincuencia ha disminuido, reclama el respaldo de la población y ofrece proteger testigos y recompensas. El director fundamenta su afirmación acerca de la disminución del crimen en estadísticas obtenidas de sus propios registros, los cuales, al ser muy recientes, no permiten hacer comparaciones válidas, las cuales, además, son utilizadas como parte del esfuerzo publicitario. Según el director, los secuestros habrían disminuido en los primeros meses del año en comparación con los ocurridos el año pasado en el mismo periodo. Pero este dato lo único que muestra es que la cantidad de denuncias de secuestros es menor que la del año anterior y no que éstos hayan disminuido en realidad. A esto hay que añadir que el mismo director reconoce que sólo un poco más del 30 por ciento de los delitos son denunciados a la policía.

    La eficacia de los policías de Estados Unidos en la persecución del crimen cometido por salvadoreños en aquel país permite hacer una comparación iluminadora para quien quiera mesurar la diferencia entre un cuerpo policial profesional y otro, el salvadoreño, dirigido de una manera informal, privada y discriminatoria. Los policías estadounidenses tienen en su poder toda la información necesaria para identificar a los salvadoreños acusados de crímenes cometidos en su jurisdicción y saben dar cuenta de ella cuando es necesario. Pero no sólo eso, sino que les han seguido los pasos hasta El Salvador, donde aquéllos han buscado refugio. Los han localizado e incluso algunos investigadores han hablado con ellos. Si los investigadores estadounidenses pueden hacer estas cosas, por qué los salvadoreños no son capaces de hacer otro tanto, aquí mismo, sin necesidad de desplazarse a otro país, con costumbres e idioma distintos.

    La primera respuesta se le ocurre a cualquiera: porque los policías salvadoreños no tienen la preparación, ni la técnica, ni el equipo de los estadounidenses. Esto es cierto, pero es así no por falta de presupuesto, ni porque no cuenten con asistencia internacional. El mismo gobierno de Estados Unidos no sólo se ha ofrecido a prestar ayuda sino que la ha impuesto, desplazando incluso a la de los gobiernos europeos. Es más, hay quien asegura que los policías estadounidenses se han tomado la PNC. Cierto o no, es evidente la presencia de asesores estadounidenses en la policía salvadoreña, la vinculación de ésta con el Organismo de Inteligencia del Estado y, a través de ella o directamente, la influencia de dichos asesores en la inteligencia salvadoreña. Esta “penetración” disfrazada de ayuda se complementaría con la instalación de una base estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Comalapa y con la asesoría constante a la Fuerza Armada, lo cual ha sido presentado como una acción cívica y maniobras conjuntas.

    La deficiencia evidente de la PNC en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia común responde a otra realidad, que es la que su director trata de ocultar con sus campañas publicitarias. No hay que olvidar que dicho director es propietario de una agencia de publicidad y tiene larga experiencia en la propaganda gubernamental. Una de esas realidades es el tipo de policía que la Academia Nacional de Seguridad Pública forma y que la PNC retiene en sus filas. Los datos disponibles indican que no son las personas más idóneas para desempeñar la delicada función del policía en una situación como la de nuestro país, así de complicada y grave. Una buena cantidad de policías tiene expedientes abiertos por faltas graves y muy graves —las faltas simples ni siquiera son consideradas— y una buena cantidad se encuentra en la cárcel por orden judicial. Esto significa que quienes tendrían que combatir el crimen y la delincuencia son parte del problema. Aunque el individuo es responsable de sus actos, en este caso no se puede deslindar la responsabilidad de la institución que los formó y los admitió en sus filas.

    Otra explicación no menos importante es la forma cómo se dirige la investigación del crimen. En la práctica, el nivel de la investigación policial es muy primitivo, ya sea por incapacidad o porque no se desea investigar, ya que hay personas implicadas con poder como para asegurarse la impunidad. Una táctica típica es la contaminación de la escena del crimen, la desaparición de las pruebas y la presentación de testigos y evidencia falsos. La ley no se aplica de la misma manera a todos, sino sólo a quienes no tienen poder ni padrinos que los protejan. En cualquier caso, el resultado de la investigación policial es casi nulo. Por una o por otra razón, la impunidad sigue siendo una realidad cotidiana.

    La fuerte presencia estadounidense en la policía, el ejército y la inteligencia no ofrece garantía alguna, porque su interés en combatir el crimen es muy selectivo y porque está más interesada en cultivar contactos y establecer controles que puedan ser utilizarlos según su conveniencia, que en contribuir de forma positiva a la seguridad ciudadana. La experiencia no es muy alentadora. De la misma manera que el gobierno estadounidense protegió y protege a los violadores de los derechos humanos que han sido colaboradores suyos, protegerá a criminales y delincuentes que le sean incondicionales. Su interés priva sobre cualquier otro, aunque estén de por medio la verdad y la justicia.

    La PNC es cada vez más una amenaza, en detrimento de su papel como institución garante de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, la cual, con sobrada razón, se mantiene alejada de ella. Ni siquiera denuncia los hechos de los cuales es víctima, porque sabe que es crearse problemas gratuitamente. La policía no recuperará la credibilidad ni la confianza de la población con propaganda publicitaria. La ciudadanía es más sabia que los publicistas.

POLÍTICA

    El debate en torno a la aprobación en la Asamblea Legislativa de un préstamo con el BID para el Ministerio de Educación se ha avivado en estos días. Después de que venciera el plazo, el 7 de mayo pasado, para la aprobación de los préstamos, la titular del Ministerio de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, tuvo que pedir una ampliación del plazo para el 31 de mayo. Mientras se espera la respuesta del organismo internacional sobre la solicitud de la ministra, varias figuras de derecha —empresarios y políticos— persisten en sus declaraciones a la prensa pidiendo “sensatez” a los parlamentarios, especialmente a los de izquierda, para que apoyen una ayuda que consideran de “beneficio para el pueblo”. Esta situación, además de reavivar un viejo problema de relación entre la izquierda y el gobierno —el Presidente Francisco Flores considera que la izquierda nunca ha dado los votos para iniciativas que necesiten mayoría calificada— ha llevado a tomas de posición por parte personas humildes, concretamente padres de familia, quienes piden al FMLN que ratifique el préstamo. Incluso se ha promovido visitas de aquéllos a la Asamblea Legislativa para que presionen al diputado Shafick Handal a que dé su visto bueno a la aprobación de la ayuda.

    El manejo noticioso de este tema no deja lugar a equívocos. Se acusa abiertamente al FMLN, con su negativa de aprobar los préstamos, de retrasar la contratación de docentes para las zonas más pobres del país, obstaculizar la reforma curricular e impedir la transferencia de tecnología a los institutos nacionales. Así, en El Diario de Hoy se ha podido leer afirmaciones de este talante: “la no ratificación de los préstamos escolares en la pasada legislatura frustró las esperanzas de muchas comunidades del interior del país que habían solicitado infraestructura escolar y un[a] mayor presencia de docentes” (El Diario de Hoy, miércoles 3 de mayo de 2000, p. 6). Por su parte, la ministra de educación ha señalado que, con la negativa de los diputados del FMLN, “ha quedado en el limbo la construcción de 18 institutos y la habilitación de otros 100”.

    En principio, es evidente que los proyectos mencionados significarían un avance en el fortalecimiento de la débil educación salvadoreña. Y, en este sentido, no puede ser más que repudiable cualquier decisión, deliberada, de privar al pueblo salvadoreño de tan precioso bien. Esa la opinión de los columnistas de los periódicos de mayor circulación en el país. También es la opinión de cualquier ciudadano medianamente informado acerca de los problemas del país.

    No obstante lo anterior, es preciso caer en la cuenta de que el tema de los préstamos para educación tiene implicaciones políticas que no se pueden soslayar. La izquierda trata de condicionar sus votos a cambio de ciertas concesiones de la derecha para otras iniciativas de ley. La derecha, en cambio, presenta a los efemelenistas como unos malvados que defienden su propia agenda, a espalda de las necesidades del pueblo. Se trata, para la izquierda, no sólo de forzar al gobierno a que escuche su voz, sino también de influenciar ciertas decisiones gubernamentales. Y ello a partir de una realidad: la alianza ARENA-PCN-PDC en la Asamblea Legislativa suprime todo debate y desvanece toda posibilidad de tomar en cuenta a los otros actores políticos en las decisiones legislativas. Esa alianza ya se había anticipado, al igual que se había anticipado que la misma llevaría al FMLN a una permanente medición de fuerzas con el bloque de derecha.

    Evidentemente, esas diferencias, el toma y daca entre los partidos y el esfuerzo por manejar la opinión pública a su favor, pueden considerarse como parte del juego de la política. Cada uno trata de demostrar que es el verdadero defensor de los intereses de las mayorías, para coquetear con su simpatía. Pero, más allá de la retórica de cada grupo político para justificar su postura acerca de la aprobación o no de los préstamos, hay un hecho insoslayable: todavía no hay una clara voluntad de concertar sobre los temas que atañen al conjunto de los salvadoreños.

    Nadie en su sano juicio puede negar los beneficios de una mejora en la educación para el bienestar de la nación; ni, mucho menos, se puede oponer al beneficio para los grupos sociales más necesitados en esta materia. Sin embargo, la urgencia de solución al problema no debe hacer olvidar la importancia de aportes en otros temas: plantear el tema del endeudamiento público o promover un análisis detenido para aportar posibles correcciones a un proyecto de préstamos para un área tan importante como lo es el área educativa. Entonces, uno de los problemas más graves en el debate sobre los préstamos para la educación radica no tanto en el análisis serio y posibles aportes concretos para beneficio de los afectados, sino en la negativa a aceptar toda revisión del proyecto. En este sentido, una vez más, se hace palpable la intransigencia del actual gobierno y su negativa al diálogo y a escuchar lo que puedan aportar los diversos sectores de la vida nacional.

    Por otra parte, la ministra del ramo insiste en la urgencia de la ratificación de los préstamos para hacer frente a algunos de los problemas educativos más urgentes. Empero, hay que preguntarse cuál es la verdadera disponibilidad del gobierno para poner recursos nacionales al servicio de la educación. Actualmente, el ministerio cuenta con el 3 por ciento del PIB del presupuesto, una cantidad por debajo de muchos países en desarrollo, los cuales destinan, en promedio 4.5 por ciento de su PIB a la educación. Ante ello, llama la atención que la funcionaria se muestre ansiosa por la aprobación de unos préstamos para un sector al que su gobierno no parece darle demasiada importancia pues, en caso contrario, ya se hubieran producido, por ejemplo, algunos recortes en el presupuesto de la Fuerza Armada en beneficio de la educación.

    En otro sentido, hay que cuestionar la verdadera voluntad del FMLN para discutir y revisar seriamente el proyecto de préstamos presentado por el Ejecutivo. Fue hasta el martes 16 de mayo que el instituto político de izquierda anunció el estudio de los préstamos, cuando ya las posiciones a favor y en contra se habían hecho públicas. Desde todo punto de vista, es una irresponsabilidad declararse en contra o a favor de algo que todavía no se conoce. Por ello, si el propósito era plantear una postura seria sobre el tema, lo primero que se tenía que hacer era estudiar el proyecto de préstamos para, desde allí, ventilar las críticas correspondientes. Es quizás la ausencia de ese estudio lo que explica por qué, hasta ahora, no ha habido un cuestionamiento bien fundamentado de parte de la izquierda sobre el tema en discusión.

    A partir de lo anterior es que se debe entender la verdadera dimensión del problema. Los partidos, haciendo caso omiso de las demandas sociales, anteponen su agenda propia a la discusión, reflexión y debate de los temas nacionales. Mientras el bloque de derecha hace gala de su intransigencia y su clara voluntad de prescindir de la izquierda en el debate y en la contribución a la solución de los problemas del país, ésta sigue evidenciando una incoherencia que traiciona los principios que dice defender y da pie para que la derecha la siga acusando y la presente ante la opinión pública como contraria a las iniciativas que favorecen a la ciudadanía. Al final, la población continúa desamparada, manifestando su rechazo a los políticos y la política y poniendo serios reparos a su representatividad. En el actual debate sobre los préstamos educativos ha sucedido algo grave: se ha puesto la educación al servicio de los “políticos” y de la agenda de los partidos.

ECONOMÍA

    Durante la década de 1990, el tema de la integración y la liberalización del comercio adquirió nuevamente un lugar importante dentro de las agendas de los gobiernos centroamericanos. Entre 1991 y 1999, se han realizado más de 17 cumbres presidenciales y se han suscrito diferentes tratados sobre temas diversos, entre los que destacan la Alianza para el Desarrollo Sostenible y los tratados de liberalización del comercio suscritos entre El Salvador, Guatemala y Honduras.

    Además de los movimientos hacia la integración regional también han existido negociaciones para liberalizar el comercio con México y, en el caso de El Salvador, existen tratados de libre comercio con República Dominicana, Chile y, más recientemente, con México. De estos tratados el que más dificultades ha implicado ha sido sin lugar a dudas el suscrito con este último país, pues implicó largas negociaciones que se prolongaron por ocho años y que finalmente se resolvieron excluyendo del Tratado de Libre Comercio (TLC) productos considerados "sensibles" y adoptando una política asimétrica que dispensara de todo trato preferencial a los países de menor desarrollo relativo. En cambio, los tratados con la República Dominicana y Chile se firmaron sin que mediara un proceso sistemático de negociaciones. Evidentemente, ello obedece a que las implicaciones son muy distintas por razones geográficas y de estructuración del aparato productivo, pero en la práctica la filosofía es la misma: la eliminación de las restricciones al comercio.

    Los TLCs son los elementos más destacables de la política comercial del gobierno, los cuales, sin duda, contribuirán a definir el tipo de inserción económica internacional que tendrá no sólo El Salvador, sino también los países centroamericanos. Existen otros elementos que inciden sobre el comercio exterior, tales como los tratados de alcance parcial o las preferencias arancelarias de las que gozan algunos productos del área centroamericana; dentro de ellas, destacan las contempladas en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) del gobierno de los Estados Unidos, las cuales fueron prorrogadas recientemente por el Congreso de ese país.

    Los acuerdos de libre comercio y las preferencias arancelarias son elementos que inciden directamente sobre el sector externo, producción y empleo; e, indirectamente, sobre los salarios y otras variables monetarias y fiscales. Por lo anterior, se vuelve pertinente hacer una breve reseña de la situación de la integración centroamericana, del TLC con México y de la ICC.

La dimensión centroamericana de la integración

    Desde la ruptura del Mercado Común Centroamericano a finales de la década de 1960, el tema de la integración centroamericana cayó en un relativo letargo que se prolongó en la medida que cada país enfrentaba sus propias crisis políticas, económicas, sociales y militares. Las décadas de 1970 y 1980 no arrojaron ninguna acción rescatable para retomar la política de integración; fue hasta inicios de la década de 1990 que se inició un programa de cumbres presidenciales centroamericanas que fueron paulatinamente incorporando temas diversos como la liberación del comercio regional, la armonización de la política arancelaria y de la política comercial, la protección ambiental y la prevención de desastres.

    El proceso, empero, no ha estado exento de dificultades, especialmente por las diferencias entre el enfoque de la política comercial de Costa Rica y Nicaragua, las cuales han provocado que, al final, el TLC con México fuera negociado solamente por El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica ya había negociado previamente su propio tratado con México mientras que Nicaragua ha decidido no negociar todavía el suyo.

El TLC con México y la ICC

    Las negociaciones con México se iniciaron en 1992, pero se prolongaron por más de ocho años debido a los entrampamientos surgidos al momento de definir los productos que se incluirían en el tratado. Al final las discrepancias fueron reduciéndose hasta limitarse a algunos productos específicos como la cerveza, el acero y los automóviles.

    El pasado 11 de mayo, los representantes de los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron suscribir un TLC que, aunque no superó completamente las discrepancias sobre los productos sensibles, allanó el camino para la aprobación inicial de los gobiernos. La adopción del TLC dependerá de su ratificación por parte de los congresos de cada uno de los países.

    Entre los principales contenidos del TLC figuran el establecimiento de un período máximo de apertura del mercado centroamericano a los productos mexicanos, el cual abarcará 11 años para los productos industriales y 12 años para los agropecuarios. En cambio, México se ha fijado un plazo de sólo 4 años para la apertura de su mercado y ha aceptado reducciones y eliminación de aranceles para un amplio listado de productos manufacturados. Sin embargo, han quedado excluidos del TLC productos agropecuarios como los cítricos, verduras, carnes y maíz blanco; mientras que se acordó el acceso parcial para productos sensibles como la cerveza y el acero.

    Otro acuerdo comercial de gran alcance obtenido recientemente es la prolongación de la ICC, la cual permite que las exportaciones de todos los países ubicados en la cuenca del mar Caribe y El Salvador reciban trato arancelario preferencial y reducción de restricciones. Este acuerdo se inició en 1984 y ha tenido un impacto significativo en los países beneficiados, especialmente porque a través de él se crearon las condiciones para el surgimiento y proliferación de las controversiales maquilas textiles.

Apertura comercial y desarrollo

    Las perspectivas abiertas por el TLC y por la prórroga de la ICC son alentadoras, aunque los resultados finales dependen del grado en que la política económica interna del país se adapte a las oportunidades existentes. Como se mencionó arriba, la ICC existe desde 1984, pero ello no se ha traducido automáticamente en un incremento sustancial de la producción exportable y de las exportaciones. Por otra parte, los casos de TLC entre países con desiguales niveles de desarrollo demuestran que puede darse un acelerado proceso de sustitución de la producción nacional por la importada y de reducción del empleo en los países menos desarrollados.

    Lamentablemente, muchas veces los funcionarios gubernamentales pueden llegar a absolutizar los tratados comerciales asignándoles atributos que no tienen. Por ejemplo, el Ministro de Economía de El Salvador, Miguel Lacayo, es de la idea que el TLC con México y la ICC producirán, por sí mismos, un incremento en el empleo equivalente a 20 mil puestos de trabajo y provocarán que "el sector textil y confección [sea] más importante que las remesas del exterior".

    El éxito de los esfuerzos de integración centroamericana y de apertura comercial depende de la adopción de una política macroeconómica coherente que promueva la actividad de los sectores productivos y la diversificación de las exportaciones. En este sentido, es imperativo que el gobierno salvadoreño acelere la adopción de políticas tendientes a promover la reconversión industrial, la modernización del sector agropecuario y la innovación científica y tecnológica; al mismo tiempo, debe adoptar una política comercial más conservadora que no desproteja de golpe a los empresarios nacionales. De lo contrario, podría suceder que el TLC con México se convierta en una amenaza para los productores nacionales una vez se vayan cumpliendo los plazos para abrir totalmente los mercados centroamericanos.

SOCIEDAD

    El pasado 10 de mayo, en un abrir y cerrar de ojos, decenas de personas estuvieron a punto de perder la vida cuando un arsenal de la Policía Militar envuelto en llamas provocó una explosión de grandes proporciones en los suburbios del centro de San Salvador. La onda expansiva que produjo no sólo dejó a su paso la destrucción de estructuras menores en casi 750 viviendas, negocios y demás construcciones del lugar; también sembró un número considerable de explosivos que fueron esparcidos en un radio aproximado de 400 metros a la redonda. Los heridos se contaban por decenas: personas que dentro de sus casas fueron sacudidas por el estallido y miembros de los equipos de socorro y militares que se encontraban en los alrededores del arsenal. Las calles aledañas se cerraron, miembros de la PNC hacían labor de hormiga para detectar posibles explosivos activados, la gente era evacuada de sus casas y la prensa metía mano en todo cuanto encontraba a su paso para construir la flamante nota que adornaría sus páginas al día siguiente.

    Sin duda alguna, este es un cuadro impactante. Pero lo más difícil de asimilar es que haya ocurrido en una zona densamente poblada de la ciudad capital. Muy a pesar de la seguridad ciudadana y habiendo acabado la guerra civil —de eso hace ya casi una década—, los salvadoreños siguen estando a merced de las armas. Por una parte, delincuentes comunes y organizados acechan cotidianamente a la población con equipos que suelen superar a los de las instituciones de seguridad pública; por otra, policías, agentes privados de seguridad y militares hacen de la seguridad a la que los compromete su misión, la inseguridad de todos los días de la población civil. Es así como, sin proponérselo expresamente, el Estado puede llegar a convertirse en una amenaza más para la población.

    Otras ciudades en el mundo viven muestras similares de esa inseguridad, aunque con diferentes rostros: hay quienes viajan a sus trabajos o acompañan a sus hijos a la escuela viendo como los aviones despegan a pocos metros de distancia de sus casas; por lo general, existen fábricas que arrojan productos químicos inseguros a su alrededor; radiaciones de todo tipo nos asedian, rebotan por todas partes y nos atraviesan sin que nos demos cuenta... En todos esos casos se somete a la población a determinados grados de inseguridad cuya persistencia puede devenir en calamidades como la que se produjo el 10 de mayo. Afortunadamente —y más tarde que temprano— en este caso las autoridades gubernamentales han tomado cartas en el asunto y han procurado diversas acciones para el bienestar de las víctimas. El Ministerio de la Defensa ha empezado a colaborar en la reconstrucción de las viviendas afectadas y otras instituciones, como la Alcaldía de San Salvador, también han puesto de su parte. Mientras tanto, el presidente Francisco Flores se justificó al asegurar que había ordenado hace tiempo el traslado de los arsenales de guerra hacia zonas no urbanas.

    Pero en casos como este cabe adelantar un par de criterios y hacerse una necesaria pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad institucional que supone este tipo de hechos? Evidentemente, la actitud del gobierno y del ramo de Defensa ha querido responder en alguna medida a esta interrogante, sobre todo inspirados por la conmoción social que siguió a la explosión del arsenal. Pero la mera movilización excesiva de funcionarios públicos, junto a la cobertura que los medios han hecho de esas visitas —a las cuales no se ha sumado el mandatario—, sirven más para construir una imagen que para responder efectiva e integralmente a los problemas generados por la explosión del arsenal.

    En este sentido, aún falta por determinar bajo qué términos pretende responder el gobierno ante esta desgracia. Aún no se posee una posición firme con respecto al tipo de resarcimiento que se aplicará a los afectados por la explosión. La movilización de recursos que han impulsado las autoridades civiles y militares involucradas se ha quedado corta al orientarse únicamente a la reparación material de los daños. "Ya veremos" es la respuesta que se ha recibido ante la posibilidad de asumir otro tipo de daños sufridos por los vecinos del lugar. De esta manera, de llegar a asumirse parcialmente la responsabilidad de la destrucción, el gobierno se confirmaría en su actitud frente a eventos de esta naturaleza. La respuesta del gobierno no puede reducirse únicamente a lo material, puesto que la presencia de personas en el lugar no fue accidental, sino que era del conocimiento absoluto de quien ordenó la instalación de un arsenal de guerra en la zona, y más aún de quien dio largas a su reubicación en tiempos de paz —inclúyase aquí al presidente mismo.

    Además, hasta el momento donde más flaquea el gobierno es, precisamente, en la deducción de esas responsabilidades institucionales de las que se hablaba arriba. La Fiscalía General de la República ya tiene en marcha una investigación de oficio sobre el caso. Sin embargo, de lo único que se ha hablado es de la determinación de una posible responsabilidad penal, para la cual la justicia debe identificar a una o más personas en particular. La responsabilidad civil que se podría deducir ha permanecido oculta tras la sombra del proceso mismo de investigación. Esto, más que tranquilizar los ánimos, debería ser motivo de preocupación en tanto que el Estado salvadoreño se ha caracterizado por esquivar, a como dé lugar, toda posibilidad de ocupar el banquillo de los acusados, aún en caso de merecer ese lugar. Y es que no es posible ignorar que la falta de interés depositada en la necesaria movilización del armamento pesado —legado del abultado ejército con que nos dejó el conflicto armado— fue uno de los motivos que potenció la ocurrencia del desastre.

    Este, al igual que muchos otros en el mundo, es un Estado que no siempre opera en nombre de la previsión. Lo hemos visto destruir y reconstruir millonarios proyectos viales, modificar sospechosamente los presupuestos asignados a importantes tareas gubernamentales, aplicar en nombre de intereses ajenos a los de la población medidas que trastocan peligrosamente su estabilidad económica y proponer un sin fin de medidas que coartarían, a la larga, derechos fundamentales de los salvadoreños. Ahora, le encontramos reparando algo que se quiere presentar como una "contingencia" que, a todas luces, supera sus efectos materiales para reproducir esquemas que simbolizan el proceder habitual de las autoridades. Y en esto precisamente es donde radica la gravedad de este caso: nuevamente estamos frente a un estado que no pide perdón por su incapacidad para actuar en función de "males futuros". ¿De qué manera, pues, podemos esperar la solución idónea a este y otros problemas, si no hay quien haga lo primordial del caso: asumir responsabilidades?

    De eso ya tuvimos bastante al ver como se escudó al presidente del Banco Central de Reserva cuando se revelaron los escandalosos fraudes financieros de FINSEPRO e INSEPRO. Este, obviamente, fue un caso extremo en el que ni siquiera se ha podido reparar económicamente a los afectados. Pero a éste le siguió la intervención de un presidente en asensos militares y el trato discriminatorio de un ministro hacia cierto "tipo" de extranjeros. El rasgo común en estos casos es la actuación a espaldas del escrutinio público, de la crítica orientada a una mejor convivencia en medio de las diferencias. Ya viene siendo hora de que quienes ocupan altos cargos empiecen a priorizar la justa y necesaria rendición de cuentas, aún cuando esto sólo implique optar por la disculpa pública. En definitiva, el Estado salvadoreño no procederá con la justicia debida si se empeña en perseguir responsabilidades individuales para calmar los ánimos de la opinión pública. Eso sería reconocer, de alguna manera, que las autoridades involucradas nunca se equivocaron al consentir la presencia de explosivos de guerra a la vuelta de la esquina de una zona residencial.

DERECHOS HUMANOS

    El pasado miércoles 10 de mayo, las madres de las zonas aledañas al cuartel central de la ex Guardia Nacional finalizaron su día de la peor manera: alrededor de las ocho de la noche explotó el arsenal de su siempre incómoda vecina, antes materializada en la figura de la “Benemérita” —como se conocía popularmente— y ahora en la de la Brigada Especial de Seguridad Militar. ¡Bien “segura” resultó ser esta unidad castrense! Por suerte, tras el incendio previo dentro de la guarnición, algunas de las homenajeadas ese día junto a sus familias se enteraron con cierta anticipación del suceso y lograron alejarse un poco del peligro. Así, se minimizaron la pérdida de vidas humanas y las personas lesionadas, aunque no los daños materiales. Pero, como sea, cualquier nivel de reducción de impacto que se pueda conseguir en este tipo de casos no le quita a los mismos su esencia de desgracia, la que se agrava al pasar revista a los hechos posteriores.

    A manera de resumen, se habla de una onda expansiva cuyo radio de impacto abarcó alrededor de tres kilómetros a la redonda. Según cifras oficiales publicadas en distintos medios, los resultados inmediatos de la mayúscula detonación en lo relativo a las viviendas dañadas —en un sector bastante populoso— fueron los siguientes: 184 en la Colonia Atlacatl, 16 en la Urbanización Final 5 de Noviembre, 86 entre la Comunidad La Isla I y la Comunidad La Isla II, 56 en la Comunidad Grecia, 51 en la Colonia Toscana, 21 en la Colonia Cisneros y 31 entre la Calle 5 de Noviembre (sector sur) y la Calle Concepción. La suma de las cifras hace un total de  445 viviendas que sufrieron daños de diverso tipo por el lamentable acontecimiento. En lo concerniente a las personas, oficialmente se habla de cincuenta heridas y  una señora muerta; es muy difícil calcular otro tipo de efectos en los seres humanos, sobre todo el impacto psicológico en niñas y niños.

    No obstante la magnitud del suceso y la responsabilidad de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en lo acontecido, a ocho días de ocurrido el siniestro aún no se cuenta con una versión exacta del origen de los hechos; asimismo, la respuesta gubernamental ante éstos y la reparación de los daños no han sido las mejores. Veamos por qué se afirma lo anterior.

    En un primer momento, el director de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que el incendio había sido provocado por un “accidente”; Como consecuencia del mismo, afirmó Mauricio Sandoval, explotó “una bomba de 500 libras”. Igual planteamiento hizo, al inicio, el ex director  del cuerpo y ahora flamante presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa. Rodrigo Ávila, en una entrevista, manifestó que el estallido pudo haberse debido a “una bomba de 500 libras guardada en custodia judicial”; recordemos a qué bomba se refería: a aquella que fue parte, hace unos años, de un sonado negocio entre traficantes de droga colombianos y algunos militares salvadoreños, cuando se pretendía rescatar de la prisión a uno de los “capos” más importantes de aquél país. Como ha sido la costumbre, tanto en la guerra como en la paz, la impunidad favoreció a quienes participaron en este ilícito y sólo quedó la bomba decomisada, guardada en el lugar donde se supone estalló hace unos días.

    Por su parte, el Ministro de la Defensa Nacional —general Juan Antonio Martínez Varela— sostuvo que no se podía adelantar nada sobre la causa que originó la deflagración; en ese sentido, agregó que se iniciaría una investigación al respecto. Además de este general, el comandante de la Brigada Especial de Seguridad Militar —general Gustavo Adolfo Perdomo Hernández, quien ha sido cuestionado en Francia por el asesinato de una enfermera durante la guerra— descartó de entrada, a “ojo de buen cubero”, que en el incidente haya habido mano criminal.

    En los días siguientes a la tragedia, las declaraciones antes reseñadas han sufrido cambios sustanciales. Tanto el director como el ex director de la PNC se retractaron de lo dicho con asombrosas velocidad, al sostener que no había tal bomba de 500 libras; que nadie se extrañe de algo que, en estos dos personajes públicos, no es novedad. Quien parece más prudente, es el Ministro de la Defensa Nacional; éste afirmó, tras sostener antes que no había que adelantar juicios, que “ese tipo de bombas (las de 500 libras) son de uso estricto de la aviación y ellos tienen sus propios almacenes de guerra”. Con eso, no queda total y contundentemente establecido que la tal bomba no estaba en las instalaciones de la ex Guardia.

    Con respecto al origen del incendio y —por lógica— de la explosión, también hay versiones y contradicciones para darse gusto. Pero, independientemente de sus causas reales —que siempre deben ser investigadas para establecer responsabilidades legales, si las hay— y de cuál sea la verdad total alrededor de este desastre, lo grave de la situación es el estado de desprotección en que se encuentra la población salvadoreña que en este caso se manifiesta en muchos sentidos.

    Pero veamos primero lo relativo al campo penal. Nadie puede desconocer las cuantiosas pérdidas que han sufrido las víctimas de la explosión, pues los medios periodísticos se han encargado de publicitarlas; sin embargo, poco o nada  se ha dicho con respecto a  la sanción correspondiente en los casos de delitos relativos a la seguridad colectiva en lo que refiere a la infracción de reglas de seguridad. El artículo 264 del Código Penal vigente a la letra dice: “El que liberare cualquier clase de energía que pusiere en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produjere explosión, será sancionado con prisión de tres a seis años”; y agrega lo siguiente: “El que sin estar comprendido en el inciso anterior, perturbare  el funcionamiento de instalaciones o alterare el desarrollo de las actividades en que se utilizaren materiales o equipos productores de energía, creando una situación de grave riesgo, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

    El artículo 267 del mismo Código se refiere a las infracciones de reglas de seguridad, de la siguiente manera: “El que en la fabricación, manipulación, transporte o tenencia de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes o de cualquier otra materia, aparatos o artificios que puedan ocasionar estragos, contraviene las reglas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad o la salud de las personas, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de treinta a cincuenta días multa. Además, el siguiente artículo sostiene: “La pena de prisión será de cuatro a ocho años cuando en cualquiera de los delitos de este Capítulo, la conducta recayere: 1) En edificio, local, depósito o medio de transporte y contuviere material inflamable o explosivo; y, 2) En edificio, local, público o medio de transporte colectivo, cuando en los mismos hubiere una concurrencia numerosa de personas”.

    Buen trabajo tiene la Fiscalía por delante; sabemos que ya inició la investigación correspondiente y esperamos que aparezca alguna persona cuya conducta pueda adecuarse a alguno de los tipos delictivos mencionados antes, independientemente de que ésta use o no uniforme verde olivo. Ojalá la persona muerta y las muchas que resultaron heridas, reciban justicia; ojalá no suceda como en el caso de la “Zona Rosa”, en el cual —según los resultados de la acción judicial—nadie iba manejando el vehículo que le quitó la vida a dos personas.

    Se ha hablado del peligro que representa el almacenar arsenales bélicos en zonas densamente pobladas, pero no se ha dicho el por qué después de 8 años de haber finalizado el conflicto armado y de haberse firmado la paz, la Fuerza Armada mantiene en sus arsenales tanto material bélico. Tampoco hay una explicación lógica al hecho de que éstos se encuentren precisamente en lugares donde existen altas  concentraciones de vivienda. Para nuestro “consuelo”, un militar retirado —de quien ya deberíamos estar acostumbrados a los juicios que emite— sostuvo en una radio que los arsenales o polvorines que se encuentran en otros cuarteles ubicados en el occidente y el oriente del país, son superiores al que explotó en San Salvador. No extraña estas afirmaciones para tratar de minimizar el efecto de la reciente explosión, viniendo de quien vienen.

    Casi en el mismo tono se expresó el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, al sostener que una guarnición militar debe tener un arsenal necesario para enfrentar cualquier acción militar. Las dos opiniones merecen una seria reflexión. ¿Por qué tanto armamento y para cuáles acciones militares se prepara la Fuerza Armada?

    Por otro lado, tampoco  el Ministerio de la Defensa Nacional  ha asumido  con seriedad el resarcimiento de los daños sufridos por las víctimas, según lo han expresado muchas de las familias afectadas. Eso no es algo que nos sorprende, pues bien sabemos que no primera vez que funcionarios del Estado incumplen con sus obligaciones. Lo grave de esta situación, es que no existe forma ágil y eficaz para concretar el cumplimiento de la obligación estatal de proteger la vida y la seguridad de los habitantes de la República. Hasta este momento, no sabemos de un caso donde el Estado realmente haya cumplido a plenitud su deber en materia de desastres, cuando la responsabilidad es de una institución pública. Lo único que hacen es limpiar y remover escombros.

DOCUMENTO

Presentamos a continuación el "Plan de acción" suscrito por los presidentes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el 2 de mayo de 2000, en el marco del encuentro "Integración para el siglo XXI".

Por la conveniencia de ampliar la presencia centroamericana en la Comunidad Internacional se fortalecerán los esquemas de negociación conjunta frente a terceros y se impulsará el establecimiento de sedes diplomáticas, consulares y de agregadurías comerciales conjuntas, iniciando con la sede en Berlín, República Federal de Alemania y continuando con otras representaciones que se identifiquen en el futuro como apropiadas para alcanzar los objetivos planteados.
Encomendar a la Comisión Política creada en la Declaración Trinacional El Salvador, Guatemala y Nicaragua: Integración para el Siglo XXI, la formulación de propuestas para el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Promover en el ámbito macroeconómico, armonizando la legislación interna en materias financiera y comercial. A ese efecto, los Ministros de Economía y de Hacienda y Bancos Centrales o sus equivalentes, aunarán esfuerzos para:
1. Identificar los campos concretos de cooperación macroeconómica, con el objeto de procurar la estabilidad de precios y valores y la compatibilidad monetaria, así como, el crecimiento y protección del ahorro y la inversión.
2. Lograr la integración de los sistemas financieros mediante la disminución de barreras en los ámbitos de la banca, seguros, pensiones y bolsa de valores.

A. Política arancelaria y barreras no arancelarias:
Impulsar la formación de un arancel externo común, mediante las acciones siguientes:
1. La consolidación inmediata de los aranceles actualmente aplicados de manera uniforme por Nicaragua, El Salvador y Guatemala (Ratcheting o Acuerdo Cremallera).
2. La participación de Nicaragua en conjunto con El Salvador y Guatemala en la armonización de las tarifas cuyos aranceles sean diferentes, inclusive los correspondientes a aquellos productos arancelizados ante la Organización Mundial del Comercio (31 de diciembre de 2001). Se pondrá especial énfasis en la armonización de los aranceles de productos agropecuarios, con el objeto de lograr la reactivación de dicho sector.
3. La aplicación conjunta de la Cláusula de Salvaguardia a que se refiere el Artículo veintiséis del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, en aquellos rubros cuyos aranceles se hubieren consolidado o armonizado.
4. La pronta identificación y eliminación de las barreras no arancelarias.

B. Política de servicios e inversiones:
1. Instruir a los Señores Viceministros de Economía para que, en un plazo de treinta días, presenten los trabajos tendientes a la suscripción de un tratado de servicios, el cual deberá tener como base el que fue suscrito recientemente por las Repúblicas de El Salvador y Guatemala, todo ello con el fin de suscribir el referido instrumento a más tardar el día treinta de junio próximo.
2. Adoptar medidas para el fomento y protección de las inversiones recíprocas que constituyan una prioridad en las relaciones económicas, para lo cual se impulsará la suscripción de Acuerdos que establezcan la normativa jurídica que regule esta materia.
3. Fijar los ámbitos de las inversiones prioritarias que deben ser objeto de fomento y protección recíproca y realizar una labor de coordinación de esfuerzos tendientes a la atracción de inversiones.
4. Adoptar un mecanismo de procedimientos administrativos de solución de controversias.

C. Política sobre registros sanitarios:
1. Implementar las medidas necesarias a fin de que cada Estado reconozca la validez de los registros sanitarios emitidos por las autoridades competentes de los otros Estados, bajo procedimientos eficaces y transparentes, de manera que no constituyan obstáculos al comercio.
2. Instruir a los señores Viceministros de Economía para que, a más tardar del treinta de junio presenten un informe de avances en los trabajos sobre registros sanitarios de especialidades farmacéuticas, y al treinta y uno de diciembre un informe relativo a los registros sanitarios de fertilizantes y agroquímicos.
3. Uniformar las normas de etiquetado con el fin de incrementar la protección al consumidor y facilitar el combate al contrabando.

D. Política Tributaria:
1. Realizar los esfuerzos necesarios a fin de lograr la compatibilización de los impuestos internos específicos, con el objeto de lograr la armonización de los sistemas tributarios de los Estados de modo que sean neutros para la realización de las transacciones comerciales de bienes y servicios y para la atracción de inversiones.
2. Impulsar la coordinación de las instituciones de administración tributaria, a efecto de, intercambiar conocimientos y compartir la experiencia adquirida en cada país, en cuanto a procedimientos, sistemas administrativos y de información y tecnologías, a fin de hacer más eficiente la recaudación fiscal y la administración de los tributos.
3. Encomendar la política tributaria a la Comisión Económica creada en la Declaración Trinacional El Salvador, Guatemala y Nicaragua: Integración para el Siglo XXI.

E. Política Agropecuaria:
1. Desarrollar políticas conjuntas que potencien los sectores agropecuarios.
2. Armonizar las medidas de normalización fito y zoosanitarias.
3. Armonizar la administración de contingentes arancelarios de conformidad con los compromisos adquiridos por El Salvador, Guatemala y Nicaragua ante la Organización Mundial del Comercio, así como de los contingentes de desabastecimiento, a efecto de cubrir el déficit de producción en los diferentes rubros.
4.Proteger adecuadamente la producción agropecuaria.
5.Adoptar un mecanismo común para la administración de donaciones, con el objeto de evitar las distorsiones que la importación de productos donados pueda crear en los mercados internos.

F. Política Aduanera:
1. Formular las bases jurídicas para el establecimiento de una Unión Aduanera.
2. Propiciar esfuerzos conjuntos para el control del contrabando de mercancías, mediante la coordinación de procedimientos administrativos y legales.
3. Instruir la apertura de las aduanas terrestres a fin de que brinden servicios veinticuatro horas al día.
4. Coordinar los horarios de servicios tanto diurnos como nocturnos, para las operaciones aduaneras marítimas.
5. Poner en funcionamiento aduanas yuxtapuestas, así como organizar estructuras aduanales de carácter binacional.
6. Implementar aduanas pilotos estableciendo servicios comunes, aplicando procedimientos, sistemas administrativos y pautas uniformes para la movilización del comercio intra y extrarregional.
7. Nicaragua apoyará la solicitud que han hecho las Repúblicas de El Salvador y Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio de la no aplicación del Código de Valoración Aduanero por un plazo de dos años.

G. Turismo:
1. Dar un renovador impulso a la ejecución del Programa de Acción Regional para el Desarrollo del Turismo contenido en la Declaración de Montelimar II.
2. Promover la industria turística de los tres países, para lo cual se adquiere el compromiso de aunar esfuerzos para ese fin.

Modernización de red vial y puertos marítimos:
1.Impulsar el corredor logístico centroamericano.
2. Instruir a los Ministros del Ramo para ubicar los recursos necesarios para la implementación del corredor.
3. Rehabilitar y modernizar los puertos marítimos que faciliten el transporte de personas y mercancías.

Estrategias comunes en materia de política energética:
1. Impulsar la armonización de normas, impuestos específicos y aranceles en esta área, con el fin de facilitar el libre comercio y promover la sana competencia en el sector.
2. Coordinar esfuerzos en políticas energéticas regionales.
3. Procurar la adopción de la válvula única, y la creación de fondos de reposición y mantenimiento de tanques y válvulas de gas propano o butano.

1. Crear mecanismos para la coordinación regional de las telecomunicaciones.
2. Facilitar a los medios de comunicación toda clase de información sobre las actividades de los países centroamericanos.
3. Promover programas de difusión masiva de la información en materia de medio ambiente, aduanera arancelaria, migración, turismo y otros.

Actualizar los compromisos contraídos en el CA-4

NOTICIAS

ICC. El pasado 04.05, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó, con 309 votos a favor y 110 en contra, la propuesta de Ley sobre la Ampliación del los Beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Dicha legislación concederá libre acceso al mercado de EEUU a 250 millones de metros cuadrados de confecciones elaboradas en los países de Centroamérica. Sin embargo, la ley no establece qué cantidad de tela le corresponde a cada uno de los países beneficiados. Ahora, los principales exportadores de ropa de la Cuenca del Caribe tendrán que competir entre sí para obtener la mejor porción de la cuota asignada para introducir a EEUU la ropa libre de aranceles. René León, embajador de El Salvador en Washington, aseguró que el siguiente paso de nuestro país será "la asignación del 35 por ciento de la producción de 250 millones de metros cuadrados de tela". Así, la asignación de cuotas evitará la triangulación e impedirá que otros se beneficien de la ampliación, asegurando que haya acuerdos mínimos entre los países de la región para decidirse por las cuotas. Por otro lado, el funcionario manifestó que la ampliación de la ICC podría generar 150 mil nuevos empleos en El Salvador. "Es la mejor política migratoria que existe", sostuvo León. Y añadió que si los salvadoreños tienen en su tierra un empleo asegurado y bien remunerado, no tendrán muchos deseos de emigrar ilegalmente a EEUU (EDH, 05.05.00, p.38; 06.05.00, p.36; 15.05.00, p.10).

TLC. Después de seis años de negociación, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron, el pasado 10.05, la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México. Ahora, un 76 por ciento de las 6,000 posiciones arancelarias centroamericanas en el mercado mexicano serán introducidas sin el pago arancelario. Por su parte, México logró introducir el 60 por ciento de sus 12,000 posiciones en nuestro país, sin pagar impuestos. Se prevé que el Tratado entrará en vigencia en ese país en septiembre de este año, cuando el congreso lo ratifique; en cambio, en El Salvador aún no existe fecha de ratificación. Los países centroamericanos lograron excluir del libre comercio los productos de los sectores de más peso en cada una de sus economías, tales como el cemento y la mayor parte de su producción agrícola. Sin embargo, México no aceptó la exclusión de la cerveza, hierro y acero, por ser rubros en que esa nación tienen importantes niveles de producción. Además, El Salvador no cobrará aranceles a México por productos como el petróleo y sus derivados, materias primas para medicamentos y vehículos pesados, los cuales ya circulan en el mercado local. Por otro lado, el TLC traerá al país la generación de unos 10 mil empleos directos en un período de tres a cuatro años, según cálculos del Ministerio de Economía. Sin embargo, para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), "la proliferación de TLCs puede tener efectos contraproducentes, desviando recursos escasos de los sectores público y privado y fomentando en el Gobierno una burocracia autogeneradora de TLCs" (EDH, 02.05.00, p.40; 12.05.00, p.42 y 43; 16.05.00, p.24).

POLVORÍN. El pasado 10.05, un incendio de grandes proporciones en el interior de la bodega de explosivos (polvorín) de la ex Guardia Nacional provocó el estallido de la munición ahí almacenada. Se reportaron aproximadamente 44 lesionados y la onda expansiva de la detonación alcanzó a dañar total y/o parcialmente unas 747 viviendas. El ministro de Defensa, Juan Antonio Martínez Varela, reveló que un nueve por ciento de las viviendas —las que presentaban daños menores— ya ha sido reparado; sin embargo, el restante 91 por ciento estará listo en un lapso de dos meses, muy a pesar de la situación climatológica del país, que ha incrementado las pérdidas materiales de las víctimas. Asimismo, la población afectada también sufrió daños materiales en bienes muebles, por lo que reclaman el pago de éstos y una indemnización por daños y perjuicios, sin que hasta la fecha se tenga respuesta a esa demanda. Según el ministro Martínez Varela, la petición "será evaluada para tomar la decisión", aunque aclaró que no hay dinero para ello. Por otro lado, surgió la polémica relativa al peligro de mantener los arsenales en lugares poblados. Para el director del Comité de Emergencia Nacional (COEN), Mauricio Ferrer, "es necesario prestar más atención a las medidas de seguridad. Falta una regulación". Por su parte, Martínez Varela informó que desde el año pasado se inició el proceso de retiro de los explosivos, pero que se había tenido problemas para reubicarlos (LPG, 11.05.00, p.4-6; 16.05.00, p.4; EDH, 16.05.00, p.3-4).