Año 20
Número 903
Mayo 24, 2000
ISSN 0259–9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial Participación socio-política
Política ¿Hacia dónde va el país?
Economía El problema del transporte público
Sociedad El paro al transporte público
Derechos Humanos El caso “Katya” (I)
Documento Plan de acción: Integración para el siglo XXI (II)
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    Una mirada de conjunto al proceso histórico salvadoreño en las últimas tres décadas deja entrever que una de las características más notables de los años 90 son los bajos niveles organizativos de la sociedad civil, sobre todo si compara esta década con la de los años 70, cuando se generó un intenso proceso de organización y participación popular. En esa década, surgieron las organizaciones Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) —que luego se aglutinaron en la Federación de Trabajadores del Campo (FTC)—, el Bloque Popular Revolucionario (BPR), el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) y el Movimiento de Liberación Popular (MLP). En su conjunto, esos frentes de masas alcanzaron a incorporar a sus filas aproximadamente unas 150 mil personas, dispuestas a participar en movilizaciones de calle, protestas, huelgas, paros laborales, tomas de edificios públicos y propiedades rurales.

    La historia reciente del país no ha conocido una fase más intensa de participación social masiva que la de esa década. A principios de 1980, la represión estatal hacia esas organizaciones populares se agudizó. Los asesinatos, las torturas, las desapariciones y la persecución sistemáticas estuvieron a la orden del día. Cuando se desata la guerra civil, con la “ofensiva general” de enero de 1981, los frentes de masas inician un proceso de desarticulación que llevó a su extinción. Quienes no fueron asesinados o desaparecidos salieron huyendo del país con rumbo a Honduras, México, Estados Unidos, Canadá y Australia. Otros, los que se quedaron en el país, se incorporaron al FMLN como combatientes o como base social de apoyo.

    Durante la primera fase de la guerra civil —1981-1983—, los movimientos sociales y la organización de la sociedad civil estuvieron apagados. El temor a la represión estatal era el principal impedimento para ello. A mediados de la década, afloraron dos organizaciones que apuntaban a un resurgimiento del movimiento social: la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y la Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC). Sin embargo, la polarización socio-política era tal que ambas organizaciones terminaron plegándose —con la subsiguiente pérdida de autonomía— a los dos bandos en pugna: la UNTS se vio influenciada por el FMLN y la UNOC por el gobierno demócrata cristiano. Asimismo, desde mediados de la década de 1980 comenzaron a proliferar una serie de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las cuales no pudieron sustraerse al clima de polarización político-militar prevaleciente; con ello, su autonomía se vio sensiblemente afectada y sus objetivos muchas veces fueron enturbiados por los intereses político-militares prevalecientes.

    De este modo, la situación de los movimientos sociales en el momento actual no puede entenderse sin el trasfondo de lo sucedido en las dos décadas precedentes. En la década de los años 90, han sido escasas las asociaciones voluntarias y los grupos de ciudadanos. De las primeras, una gran mayoría de las que existen —de escultismo, de salvamento, de lucha contra las drogas, deportivas— guarda una relación de afinidad con el gobierno. De las segundas, una gran mayoría de las que se forman —directivas comunales o directivas escolares, por ejemplo— o bien tiene una vida efímera o bien es puramente decorativa. Mientras tanto, en la presente década, los movimientos sociales que se han gestado no han logrado consolidarse, sostenerse en el tiempo o trascender a propósitos de lucha socialmente más amplios. Un buen ejemplo de ello son las protestas de los desmovilizados de la Fuerza Armada o el movimiento huelguístico impulsado por los médicos del sistema de salud pública.

    Por otra parte, también los niveles de participación en actividades públicas son sumamente bajos. Quizás las actividades religiosas son las que tienen mayor poder de convocatoria ciudadana —aunque no todas las actividades religiosas movilizan a igual número de ciudadanos. Así, en la década de los años 90, se han gestado dos celebraciones religiosas que involucran a un número significativo de salvadoreños en una actividad de carácter público: las celebraciones del aniversario del asesinato de Mons. Oscar Romero (24 de marzo) y las celebraciones del aniversario del asesinato de los jesuitas de la UCA (16 de noviembre). Luego, otro foco de participación pública, siempre con motivación religiosa, lo constituye las fiestas dedicadas a los santos y patronos de barrios, colonias y municipios. Y, en tercer lugar, están las actividades deportivas —torneos comunitarios, de barrio o intercoloniales—, los cuales cada vez más cuentan con menos participación de los habitantes urbanos del país.

    Otras formas de participación en actividades públicas que no sean religiosas o deportivas son algo esporádico y casi de carácter excepcional. Un buen ejemplo de ello lo constituyen las reuniones de vecinos en las zonas urbanas: por lo general, esas reuniones se realizan para responder a problemas específicos de los vecinos —vigilancia, recolección de basura, alumbrado público—, tras cuya solución no vuelven a repetirse.

    Lo anterior tiene que ver con una tendencia que viene imponiéndose en la dinámica de los comportamientos sociales en la presente década: la tendencia hacia la privatización de las actividades familiares y personales. Esto tiene como contrapartida no sólo una “retirada” del espacio público —compromisos colectivos, tareas comunitarias, desafíos comunitarios—, sino una privatización de actividades familiares y personales que solían tener un fuerte sentido social, como por ejemplo fiestas de cumpleaños, celebraciones de fin de año, parrilladas con los vecinos, etc. La violencia delincuencial —que obliga encerrarse tras las paredes del hogar—, la tecnología —que hace de ese encierro algo agradable— y la insatisfacción con la política y los políticos —que desalientan el compromiso ciudadano— refuerzan la tendencia hacia la privatización de las prácticas sociales, es decir, la renuncia ciudadana a participar en actividades públicas. Y, sin esa participación, el quehacer socio-político nacional seguirá en manos de una clase política cuyas credenciales democráticas dejan mucho que desear. La gran interrogante es cómo hacer comprender a los salvadoreños que la organización y participación ciudadanas son cruciales no sólo para hacer frente a la amenaza de una reversión autoritaria, sino también para potenciar el avance del proceso de democratización.

POLÍTICA

    La coyuntura actual del país se caracteriza por una creciente preocupación de los salvadoreños respecto al aumento de los precios de la canasta básica, la fragilidad de la seguridad ciudadana —entiéndase el problema de los polvorines, la delincuencia común y organizada, los secuestros, las huelgas y paros repetitivos— el deterioro ambiental y la precariedad en las condiciones de vida. La sociedad, en buena medida, espera una respuesta a estos problemas desde el poder político. Por eso, los constantes reclamos, denuncias y llamadas a los políticos para que se empapen de realidad nacional y que actúen —gobernando o legislando— apegados a la búsqueda de soluciones a los males que aquejan a la sociedad.

    El discurso político reconoce la gravedad de los problemas. Se habla de trabajar para el país, asegurar la seguridad jurídica y social, proteger las instituciones, defender la gobernabilidad y concertar sobre los temas nacionales. Empero, en la práctica, la clase política se enfrasca en una retórica demagógica, defendiendo espacios conquistados, intereses de partido, que hace sospechar de su madurez política y su real voluntad de avanzar en beneficio de la consolidación del proceso de democratización.

    Los últimos acontecimientos nacionales revelan una contradicción notoria entre el discurso y las acciones concretas de los políticos. En la Asamblea Legislativa, por un lado, se pregona la concertación y, por el otro, se imponen medidas y decisiones a todas luces inconsultas, amparadas en una mayoría legislativa lograda a base de negociaciones turbias. El ejecutivo habla de ir al encuentro de todos los sectores nacionales, pero menosprecia el clamor de una gran mayoría —pequeños empresarios, trabajadores despedidos, etc.— evidenciando su clara parcialidad a favor de determinados sectores vinculados al gran capital. A ellos, los grandes empresarios, sí se les escucha, se negocia con ellos y se da seguimiento a sus demandas. La Policía Nacional Civil pretende combatir la delincuencia, pero no tiene ningún plan serio de investigación del crimen y de depuración de los policías delincuentes. Prefiere gastar los recursos de los contribuyentes, asignados a la institución policial, en propaganda y publicidad. En definitiva, hay una incongruencia entre los discursos y las acciones concretas. En esta situación, aumenta la incertidumbre, el desencanto ciudadano y el desprestigio de las instituciones del Estado.

    Al igual que El Salvador, varios países latinoamericanos son escenario de la violencia, la inseguridad ciudadana, el deterioro de las condiciones de vida de la población, el desprestigio de los políticos y el debilitamiento de las instituciones. Estos son los casos de Paraguay, Venezuela y Perú, por citar algunos ejemplos. Estos países han estado o están al borde del caos social y político. Algunos de ellos han experimentado intentos de abandono de las vías legales y democráticas para resolver los problemas de la sociedad; en otros, aparecen unos pretendidos "mesías", dispuestos a "salvar" a la sociedad de las garras de los políticos y de los partidos, pero emitiendo señales claras de autoritarismo y prepotencia. Estas situaciones serían los corolarios de una debilidad de las instituciones, una falta de voluntad e incapacidad para abordar los problemas concretos de los países. Ante este panorama latinoamericano, se impone aquí en El Salvador una pregunta ineludible: ¿hacia dónde va el país?

    La actitud de la derecha ante lo que considera una “derrota electoral” en las elecciones pasadas debe ser vista como una señal de alerta. Las convulsiones y sentimientos de haber sido abofeteados por la izquierda y las subsiguientes maniobras para gobernar la Asamblea Legislativa, sin contar con los que llama “enemigos del progreso”, deben invitar a la reflexión. Es cierto que inmediatamente después de conocer los resultados de las elecciones se han escuchado voces que reclaman cambio en el partido oficial, lo cual constituye una reacción nada inusual en un sistema democrático donde compiten los partidos políticos por el respaldo popular.

    Sin embargo, la contradicción ante la necesidad de cambio pregonado y la actitud política prepotente de cerrarle todos los espacios posibles al adversario no abonan en beneficio de la alternancia en el poder, requisito imprescindible para fortalecer la democracia. Por ello, ante este escenario, tiene toda legitimidad la preocupación por la capacidad de ARENA para asumir y aceptar, sin dramatismo, un posible veredicto popular en las urnas que decretara su reemplazo en el ejecutivo a favor del FMLN, en caso de que las reformas anunciadas en el partido de derecha no convencieran al electorado.

    Por otra parte, debe recibirse con sumo cuidado el discurso de los “independientes” que, ante el desprestigio de los partidos políticos, claman por la llegada de políticos “neutros”. Se presenta al independiente como un mesías que salvaría a la política en El Salvador. Asimismo, los que sostienen este discurso cuestionan la “partidocracia” y defienden la figura del empresario independiente. Pero, lo que no se cuestiona son los verdaderos motivos del “independiente neutro” para hacerse del poder. Erróneamente, se parte del supuesto de que su no vinculación con partidos políticos es condición necesaria y suficiente para garantizar su honorabilidad, competencia y capacidad para dotar a la política de una dimensión ética. Ante este discurso ciego a favor de los “independientes” y los problemas actuales de deterioro de las instituciones y las denuncias de no-representación de los políticos, hay que preguntarse  si no se está preparando el camino, en El Salvador, a un líder mesiánico al estilo Hugo Chávez o  Alberto Fujimori.

    Otra situación preocupante a la hora de preguntarse por el rumbo del país, es la poca participación política ciudadana. Los niveles de abstencionismo electoral van en aumento. Lo más grave aún es el desmembramiento de los sindicatos y la casi nula conciencia de necesidad de organización social para exigir a los políticos el cumplimiento de sus promesas de campaña. La participación ciudadana se reduce a manifestaciones antidelincuenciales y al uso de listones rojos o amarillos, según el caso. Y se trata de desprestigiar, cuando las hay, las demandas sociales organizadas que se canalizan por medio de los pocos sindicatos que tienen una presencia efectiva en el país. Toda manifestación pública antigubernamental y de presión a los políticos es censurable “porque daña la imagen del país y ahuyenta la inversión extranjera”. En este sentido, se desalienta todo esfuerzo de reclamos sociales a los políticos. Entonces, ¿de dónde es que pueden salir las soluciones a los problemas actuales?

    Mientras aumenta el protagonismo del ejército en tareas de seguridad ciudadana, ha surgido un nuevo grupo armado que dice “luchar contra el neoliberalismo y sus agentes mercenarios”, tal como se lee en una nota encontrada, hace pocos días, junto a una bomba desactivada por expertos antibombas de la PNC en el Ministerio de Trabajo. Queda por ver si tan sólo se trata de una cortina de humo, —como dicen algunos— o si es realmente un resurgimiento de actividades armadas propias del conflicto finalizado en 1992. Como sea que fuere, es claro que la sociedad salvadoreña debe estar vigilante para impedir todo intento de volver a esas prácticas. Por ello, se tiene que fomentar la participación política civil y pacífica. En este sentido, el llamado a la concertación, el fortalecimiento de las instituciones y la gobernabilidad debe tomarse en serio. Parece ser que las actuaciones de hoy, más que nunca, pueden contribuir a apuntalar un futuro fundado en el respeto a las leyes, la tolerancia y la justicia social. Pero ello no sucederá por inercia, sino a partir del compromiso social con la construcción de un orden democrático. En caso contrario, se abrirá una puerta a la posibilidad de la reversión autoritaria.

ECONOMÍA

    En El Salvador, la problemática del sector transporte ha desencadenado en diferentes momentos protestas de los empresarios de autobuses del transporte público, mismas que se han convertido en una fuente de inestabilidad social. En lo fundamental, la problemática se agrava cuando afloran las exigencias económicas que de forma sistemática plantean las gremiales de empresarios del transporte público. El pasado lunes 22 de mayo, una de estas gremiales convocó a un paro del transporte en el Gran San Salvador, provocando no solamente la suspensión del servicio, sino también la obstrucción de arterias viales estratégicas y la paralización del tráfico de vehículos particulares.

    Al igual que en ocasiones pasadas, las motivaciones de las protestas y desordenes callejeros de los transportistas son principalmente de índole económico: revisión de tarifas, creación de líneas especiales de crédito y, en general, exigencias de mayor protección gubernamental. Tradicionalmente, los gobiernos han enfrentado esta problemática con medidas aisladas, tales como el incremento del subsidio al diesel usado por unidades de transporte público y la creación de tarifas "preferenciales" —que al final sólo fueron un pretexto para incrementar el valor del pasaje. Estas medidas no han alterado sensiblemente las características estructurales del sector transporte público: subsidios al consumo de combustible, control de tarifas, pésimo servicio al usuario —incluyendo el elevado riesgo de accidentes—, altos niveles de rentabilidad y deficiencias en la  planeación del funcionamiento y desarrollo del sector.

    Aparentemente, el conflicto actual se desató por el anuncio del Viceministerio de Transporte sobre el traslado de las terminales interdepartamentales a las afueras de la ciudad y el retiro de los autobuses del centro de la capital. Sin embargo, la ocasión también ha sido propicia para que los empresarios presentaran exigencias más de fondo, como un programa de créditos a tasas preferenciales y trato preferencial en los precios de compra de sus insumos. Al final, el problema presenta implicaciones económicas de las cuales vale la pena revisar las relacionadas con los subsidios al diesel de las unidades de transporte y las necesidades de reformar el sistema.

    El sector "transporte, almacenamiento y comunicaciones" participa con un promedio del 7.5% del Producto Interno Bruto  (PIB) y, conjuntamente con las comunicaciones, representa un 2.53% del total de la canasta básica considerada para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque la participación del transporte en la formación del PIB y del IPC parece no ser significativa, lo cierto es que sí lo es para cerca de 500,000 usuarios del Gran San Salvador que deben desplazarse en el transporte público para llegar a sus lugares de destino.

    De hecho, los gobiernos lo han reconocido instaurando una política de regulación de tarifas y de subsidios al precio del diesel para el transporte público, de modo que las tarifas al público se mantengan relativamente bajas. El gobierno interviene fijando tarifas topes para el transporte público que deben ser respetadas por los empresarios a cambio del otorgamiento de un subsidio a los precios del combustible utilizado por sus unidades de transporte. Así, todo consumidor debe pagar dos colones por cada galón de gasolina (cerca de 10% del precio total) para abonar a un fondo con el cual se financia el subsidio para el sector del transporte público.

    Por lo visto, este trato preferencial no es suficiente para muchos empresarios del transporte, quienes ahora también exigen la creación de una línea crediticia preferencial, similar a la que recientemente fue ofrecida al sector cafetalero en el programa agropecuario del gobierno (Proceso 901). Adicionalmente, solicitan que se mantengan los irracionales y congestionados itinerarios de autobuses que convierten el centro y zonas periféricas de la ciudad en un permanente caos vial.

    La problemática que presenta el transporte público salvadoreño forma parte de los más comunes problemas urbanos de las megaciudades. La ciudad de México, considerada como la más populosa del mundo, ha mitigado la problemática del transporte público con la construcción del tren subterráneo o metro y la administración estatal y semi estatal de los servicios de autobuses. En la práctica, esta última ha permitido eliminar los elementos desestabilizantes que generan las acciones del sector, mientras que ha permitido generar beneficios para los usuarios en la medida que se optimiza el uso de los recursos y se mejora el servicio a los pasajeros de una ciudad de más de 20 millones de habitantes.

    Aunque no se trata de decir que se debe nacionalizar el transporte público o construir un metro en el Gran San Salvador, sí es importante tener en cuenta que no se han adoptado medidas que efectivamente promuevan mejoras en el servicio prestado a los usuarios, los cuales son la razón de ser de este sector económico. Contrariamente a ello, en reiteradas ocasiones los empresarios transportistas presentan sus necesidades como si estas fueran las verdaderas razones de existir de un sistema de transporte público.

    Conviene recordar que el transporte público busca facilitar el traslado de los usuarios a sus actividades productivas, sociales o de recreación, optimizar el uso de los recursos materiales y humanos, y facilitar la actividad económica. En El Salvador, las acciones de paralización del transporte público y de obstaculización de las vías desarrolladas por gremiales de transportistas han provocado en varias ocasiones los efectos contrarios: suspensión del servicio a los usuarios, derroche de recursos, obstaculización de la actividad productiva y hasta incrementos sustanciales en la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

    Frente a esta realidad se impone la adopción de medidas que cambien los principales aspectos que podrían estar impidiendo un adecuado servicio a los usuarios: el escaso mantenimiento las unidades transporte, la poca capacitación de los motoristas –que con harta frecuencia terminan en lamentables accidentes de tránsito—, la mala planificación de las rutas urbanas y el desajuste entre las tarifas efectivamente cobradas y las que los empresarios desearían cobrar. Así pues, el trasfondo económico de la problemática del transporte exigiría la adopción de medidas que van desde dos diferentes extremos: incrementar las tarifas aun a costa de mayores tasas de inflación y descontento social o incrementar los subsidios al sector, aceptando las demás prestaciones exigidas recientemente por los transportistas huelguistas.

    Aunque el Viceministerio de Transporte y las gremiales empresariales han desarrollado acciones de cabildeo para implementar una política de transporte que enfrente de lleno los problemas, parece que, en la práctica, persisten serias diferencias sobre el enfoque que debería adoptar. La realidad muestra que este sector necesita de una importante regulación de parte del Estado —debido a su carácter estratégico—, así como de un reordenamiento que en algún momento podría afectar fuertes intereses económicos que se han creado alrededor de las empresas de transporte.

    Sin caer en extremismos, el Estado debe definir de una vez las medidas con las que eliminará la crónica problemática del sector transporte público aún y cuando ellas puedan implicar una mayor participación del Estado en la prestación de este servicio –a través de un incremento en los subsidios, por ejemplo—, un endurecimiento de los requisitos exigidos al sector transporte o una combinación de ambas. Lo que debe evitarse es la inveterada práctica de los políticos de tomar decisiones con visiones de corto plazo, las cuales no dan soluciones de fondo a los problemas que pretenden enfrentar.

SOCIEDAD

    Nuevamente, San Salvador fue víctima de la prepotencia que caracteriza a los empresarios del transporte público. Motivados por lo que ellos llaman "la problemática" que sufre el sector, siete gremiales de autobuses, microbuses, taxis y vehículos de transporte pesado decidieron detener sus labores y, con ello, la de miles de capitalinos con un paro de transporte. Las unidades de transporte colectivo se mantuvieron inmóviles en vías tan importantes como el Bulevar del Ejército, la calle Bernal, la Alameda Juan Pablo II y la prolongación del Bulevar Tutunichapa. Las primeras horas de la mañana del lunes bastaron para convertir a San Salvador en un escenario en el que imperó el desorden y la desesperación. Sin duda alguna, con esta acción los empresarios del transporte público se suman un punto más en su empeño por hacer de la vida del ciudadano que se conduce en sus unidades un riesgo en todos los sentidos y del cual difícilmente se puede librar.

    No es la primera vez que este peculiar sector de la vida nacional se da a la tarea de promover acciones de esta naturaleza. Desde que el conflicto armado acabó, muchos de los empresarios del transporte que sufrieron los hostigamientos y las presiones de los grupos armados se sintieron con el derecho de solicitar toda la paciencia y la comprensión del mundo. El servicio que ofrecían —pésimo no sólo en cuanto al estado de las unidades de transporte, sino también en cuanto al trato que se le daba a los usuarios— carecía de las posibilidades para modernizarse y, mientras las condiciones para que esto se diera no fueran las más favorables, el Estado debería adoptar al sector como lo haría con un hijo pródigo. La protección que se les debía a los empresarios del transporte se definió con el nombre de subsidio: al pago por cada galón de combustible se le tendría que añadir una aportación obligatoria, destinada a reducir los gastos de los transportistas y a evitar las alzas excesivas en el cobro por el servicio.

    Desde entonces, estos empresarios se han convertido en una de las cargas más onerosas de los gobiernos que siguieron al conflicto armado. Sin tener ni una pizca de poder de convocatoria —y de sus intenciones al respecto mejor ni hablar—, han logrado doblegar a todo el que se les ha cruzado en el camino. Los poderes del Estado han tenido que inclinar la cabeza frente a sus argumentos, en su mayoría desprovistos de toda lógica y fundamentación. La justicia ha cerrado sus ojos y también su boca cuando los "buseros" denuncian el acoso del que son víctimas. Las autoridades encargadas de regular sus acciones viven a la expectativa de la aprobación o desaprobación emanada de estos señores de la prepotencia y la impunidad. En suma, sus jugadas le cuestan al Estado no sólo el deterioro de la calidad de vida de muchos salvadoreños —en ocasiones, también les cuesta la propia vida—, sino que también le resta credibilidad y respeto, que se esfuman cada vez que debe encarar las demandas de este sector.

    Los conflictos que se generan en torno a la estructura imperante en el transporte público nacional constituyen un caso típico de doble responsabilidad. Por una parte, el país entero debe lidiar con unos empresarios que, desde el canibalismo que también les caracteriza, nunca han sido capaces de asumir que son, a la vez, víctima y causa del problema que les afecta. El desorden en el funcionamiento de las líneas de transporte público, la mala utilización del recurso que les provee el Estado (el asediado diesel para sus vehículos), las denuncias que sobre ellos pesan... Todo ello obedece a la incapacidad y el desinterés de los empresarios de transporte hacia la elaboración de planes mínimos que les permitan organizar y aprovechar al máximo sus actividades y sus beneficios.

    Por otra parte, los diferentes gobiernos que se han enfrentado a los ataques del sector no han tenido la firmeza suficiente ni para enfrentar los problemas propios —hasta evidentes— que éste sufre ni, mucho menos, para evitar que las gremiales de transporte manipulen a sus anchas los mecanismos creados para controlar sus actividades. El más reciente intento por avanzar en la solución de esta problemática, un Foro Nacional del Transporte realizado en octubre del año pasado, tuvo tan poca efectividad que hasta se puede dudar de las razones de su realización. Primero, porque cualquier salvadoreño con dos dedos de frente es capaz de identificar con mediana precisión las dimensiones y consecuencias de la deteriorada estructura de transporte público nacional. ¿A qué venía, pues, invertir tiempo y dinero en la discusión de un problema que grita a los cuatro vientos su nombre y su apellido?

    Segundo, porque toda pretensión de concertación que se quiera atribuir el gobierno con la convocatoria al Foro no caía más que en la hipocresía y la desfachatez. Invitar a participar en un diálogo nacional a las gremiales de transporte público era darles la oportunidad de meter mano dentro de las políticas dirigidas hacia el sector, dilatar la aplicación de cualquier medida que les obligara a responder por los abusos que comenten a diario y reproducir los vencidos mecanismos de apoyo institucional en los que actualmente se amparan. El accionar público de los transportistas ha evidenciado en más de una ocasión su poca disposición a renunciar a los beneficios que pueden obtener de la manipulación del gobierno. Ahora, a más de seis meses de realizado ese Foro, ni las autoridades han hecho lo suyo para ordenar de una vez por todas la situación del transporte público, ni los empresarios del sector se han puesto a trabajar en función de un mejor servicio y de un mejor aprovechamiento de sus ganancias. Al final, el Foro no sirvió ni siquiera para "limpiar la mesa" e iniciar un nuevo camino en la búsqueda de soluciones a la problemática.

    En este sentido, el gobierno ha ocupado un lugar determinante en la agudización de los problemas del transporte nacional. La paciencia con la que asume los reclamos de los transportistas no puede causar otra cosa que desconcierto. Cuando se esperaría un mínimo de firmeza ante este tipo de protestas —torcidas por el sectarismo más reacio—, el Estado recurre a los llamados más ingenuos a la comprensión, al respeto y al diálogo. Extraña, sin duda, que reaccione de esta manera frente a un sector que goza del repudio popular y cuya organización se debe casi exclusivamente a su permanente rebeldía y a su consabida pretensión de impunidad incuestionable. Muy por el contrario, frente a otros sectores más organizados y con mucha mayor capacidad de propuesta —como es el caso del gremio médico— su actitud ha sido absolutamente opuesta: el rechazo, la cerrazón y, no en pocos casos, la violencia han dictado la pauta de la actitud gubernamental, sin que al respecto se antepongan mayores impedimentos.

    Las gremiales de transporte público que participaron en el paro del lunes tenían plena conciencia de que con ello provocarían un daño a la población que demanda su malogrado servicio. Eligieron las últimas páginas de los periódicos nacionales para explicar los motivos de su acción, como queriendo adelantarse a las críticas que saldrían de todos lados en su contra. Pero más allá del supuesto simbolismo que rodea a su disculpa está la clara intención de exigir para sí la condescendencia de toda la población y del Estado. Sin embargo, en las condiciones en que se encuentra el país, ningún sector de la vida productiva nacional debería sentirse con el derecho de ser tratado con especial consideración frente a todos los demás. Y menos uno que pone en riesgo día y noche a buena parte de la población económicamente activa del país y que le supone al Estado tantos costos, políticos y materiales. Hace falta, en definitiva, una justa resistencia de parte de las autoridades relacionadas al problema frente a las presiones de un sector que no abandonará la extorsión —encubierta en sus reclamos— como recurso para exigir un amparo que no se merece.

DERECHOS HUMANOS

    El pasado martes 4 de abril, se cumplió el primer aniversario de la tragedia. Hace ya más de un año, la pequeña Katya Natalia fue brutalmente violada y asesinada en una playa del país, en medio de casi veinte parientes que se encontraban ahí en ocasión de celebrarse la Semana Santa. Asegurar que toda la población salvadoreña está enterada en detalle sobre este abominable hecho sería, quizás, atrevido; pero afirmar que el mismo no ha producido significativa alarma e indignación en la sociedad, sería quedarse corto. Alrededor del caso, sobre todo durante los últimos días, se ha dicho y hecho mucho del lado de la Fiscalía General de la República y más desde la defensa de los imputados. Por el impacto de las declaraciones y acciones impulsadas por esta última, así como por la reacción del Ministerio Público y la víctima —Hilda María Jiménez Molina, madre de Katya— vale la pena ofrecer algunos elementos que pueden ubicar mejor el sentir y el pensar de una población indignada ante la violencia, la inseguridad y la impunidad.

    Así las cosas, en primer lugar es necesario que las y los lectores conozcan la solicitud que recientemente hizo Hilda María al máximo tribunal del país. Sobre esa base, se pueden hacer algunos comentarios adicionales. A continuación, ofrecemos dicha solicitud.

Señor Jefe del Departamento de Investigación Judicial
Corte  Suprema de Justicia.

Yo, HILDA MARÍA JIMÉNEZ, mayor de edad, del domicilio de Nueva San Salvador, identificándome con mi licencia de conducir número doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos, a Usted con todo respeto LE EXPONGO:
Que vengo por este medio a denunciar a la licenciada Ana Marina Guzmán Morales, quien se desempeña como jueza de instrucción del distrito judicial de San Luis Talpa, por los hechos que a continuación relato.
En la actualidad tengo la calidad de VÍCTIMA (Art. 12, Código Procesal Penal) en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, contra los imputados Carlos Antonio Miranda por los delitos de Homicidio Agravado y Violación Agravada en perjuicio de mi menor hija KATYA NATALIA MIRANDA JIMÉNEZ;  Edwin Antonio Miranda, por el delito de Abandono y Desamparo de Persona; Luis Alonso López Rodríguez, por el delito de Encubrimiento y  Juan Francisco Ramos Rosales, por el delito de Encubrimiento.
Por esta razón y por mi interés en que este caso no quede en la impunidad he estado pendiente del desarrollo del proceso penal, siendo que he notado serias anomalías en la depuración de la causa por parte de la jueza instructora. Considero que dichas anomalías deben ser investigadas, para determinar si la citada funcionaria ha incurrido en faltas graves a sus obligaciones como aplicadora de justicia. Mis inconformidades con el proceder de la licenciada Guzmán Morales son las siguientes:
Con fecha veintiuno de febrero del corriente año, la Fiscalía General de la República solicitó a la referida funcionaria la comparecencia como prueba anticipada de los testigos Nicolás Martínez Roque y Ricardo Soriano, por considerarse que los mencionados testigos tenían elementos importantes que aportar a la investigación y, además, que se reunían los requisitos del Art. 270 del Código Procesal Penal.
Para el desarrollo de la citada diligencia, se tuvo que soportar la lentitud del tribunal ahora cuestionado para señalar día y hora para recibir la declaración, pese a que el escrito fiscal justificaba el peligro que corrían los testigos y la urgencia de conocer su testimonio. Con ello se desnaturalizó el objeto del anticipo de prueba y se puso en peligro a los testigos; además, es posible que el estar expuestos innecesariamente durante tanto tiempo haya influido en su ánimo para la declaración que brindaron  o que durante ese período hayan sido presionados por los que no quieren que se haga justicia en el asesinato de mi hija.
En todo caso, no se le dio la premura que estas declaraciones ameritaban, incumpliendo con sus obligaciones como jueza; además, las declaraciones se suspendieron en más de una ocasión por negligencia del tribunal.
Que pese a las prohibiciones legales, la licenciada Guzmán Morales ha adelantado criterios en torno al caso, en una posición descaradamente favorable a la parte defensora. Incluso, a mi persona me ha dicho que “no hay pruebas contra los acusados” y que yo debo entender tal situación. Este comentario es aberrante cuando he encontrado innumerables valladares en el camino de justicia para mi hija, ya que han habido interferencias, alteración de la escena del crimen, amenazas a testigos, irregularidades en el reconocimiento del cadáver y el traslado del mismo a la autopsia, y destrucción de elementos probatorios. En suma, un grotesco escenario de impunidad que no encuentra alivio en ninguna parte y en donde esta jueza trata de desbaratar lo poco que se ha logrado avanzar —con sacrificio— en la investigación.
Que he notado una mayor parcialización de la citada funcionaria a favor de los acusados del crimen, tras el aparecimiento de los defensores Armando Serrano, José David Campos Ventura y Floritchica Valladares, ya que a éstos —según mi percepción—  no se les niega ninguna petición, por más ilegal que sea.
En este punto quiero resaltar que los citados defensores presentaron escrito pidiendo que se recibiera en anticipo de prueba la declaración de varios testigos de descargo, los cuales son familiares de los imputados, uno de ellos militar y otro un alto jefe policial; sin embargo, para ellos no había por qué aplicar los requisitos del anticipo de prueba ya que no existe ningún obstáculo real que nos lleve a pensar que es “difícil de superar, que se presuma no será posible incorporar en la vista pública”. Pese a ello, la licenciada Guzmán Morales ordenó recibir dichos testimonios usurpando funciones de los jueces de sentencia, violando el debido proceso legal y tomando atribuciones que no le corresponden, ya que a un juez de instrucción no le corresponde recibir pruebas; sólo de manera excepcional puede hacerlo, bajo condiciones que de ninguna manera se dan en este caso.
Además, con esta actitud se están violentando los principios de concentración e inmediatez de la prueba, que deben regir la actuación de un juez de sentencia, dado que no se le permitirá al tribunal de sentencia respectivo conocer directamente lo relatado por dichos testigos.
No omito señalar, que los testigos citados, han alterado u ocultado información que en su oportunidad comunicaron a la Fiscalía y a mi persona, lo que hace más degradante la situación denunciada.
Por todo lo anterior, considero que la licenciada Guzmán Morales no está actuando objetivamente en el mencionado proceso penal y que, incluso, está alterando el debido proceso a favor de los imputados y en mi detrimento como víctima. Considero, además, que tengo derecho a pedir que se haga un juicio imparcial, justo y legal para esclarecer la violación y asesinato de mi hija.
Con base a los planteamientos señalados es que le PIDO:
1. Me admita el presente escrito.
2. Investigue la actuación de la jueza de instrucción de San Luis Talpa, licenciada Ana Marina Guzmán Morales, en la causa aludida, ya que como víctima creo que no se está actuando justamente ni apegada a derecho.
Señalo para oír notificaciones el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), ubicado en el final del Bulevar “Los Próceres”, dentro de la UCA.
San Salvador, dieciocho de mayo de dos mil.

    En ese marco, llama mucho la atención que la defensa de los imputados haya solicitado la reconstrucción judicial programada para el viernes 5 de mayo, argumentando que dicha actividad debía realizarse en las condiciones más parecidas —en lo posible— a las del día de la tragedia. Dicha solicitud de la defensa no es ilegal y, por tanto, no existe razón para cuestionarla en sí misma. El problema es que después de que la jueza resolvió posponiendo la reconstrucción, la defensa de los imputados solicitó —días antes de la nueva fecha fijada— que el subcomisionado Godofredo Miranda junto a su esposa, hermano, cuñada y otro matrimonio más, también parientes, declararan de manera anticipada.

    Eso lo señala Hilda María en su escrito solicitando la investigación de la jueza. Lo que no se dice ahí y que es bueno que sea conocido por la gente no versada en leyes, además de las irregularidades ya señaladas, es que la reconstrucción judicial reprogramada para el viernes 29 de mayo —que también se suspendió— se haría sobre la base de esas declaraciones, tal como lo establece el Código Procesal Penal. Y son precisamente esas declaraciones, incorporadas de manera inadecuada al juicio en la misma semana de la reconstrucción, las que Hilda María cuestiona en su escrito argumentando que contradicen otras entrevistas de las mismas personas en sede fiscal y policial. A esas declaraciones se refirió la jueza ante cámaras y micrófonos, adelantando su criterio al sostener que favorecían a la defensa de los imputados.

    De la solicitud hecha por Hilda María a la Sección de Investigación Judicial, se le envió copia al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y quizás en la cúpula del Órgano es de donde se generan los malos ejemplos que impactan negativamente hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque precisamente el doctor Eduardo Tenorio, en el marco de una situación tan delicada, también adelantó una opinión a favor de la cuestionada jueza, a raíz de la petición hecha por la víctima. Las palabras del doctor Tenorio ante los medios de difusión masiva, fueron las siguientes: “Yo no creo que la jueza haya cometido ningún hecho de esa naturaleza que ella señala y sobre todo no creo que se haya parcializado... Bueno, este es un país con libertad de expresión. Yo creo que a la jueza hay que dejarla actuar, respetar sus fallos y tener fe en ella que va a actuar conforme a su conciencia, conforme a su criterio y en aplicación estricta de la ley, dentro de los márgenes de la sana critica”.

    Semejantes declaraciones, tal vez, son resultado de un reflejo condicionado ante los recurrentes ataques que —desde diversos sectores y desde hace mucho tiempo— se lanzan tanto contra la actuación de la Corte en general y de algunos de sus miembros en particular, como contra los tribunales y sus funcionarios. Eso puede tener una explicación lógica: simple mecanismo de defensa. Sin embargo, en este caso se trata de una denuncia presentada formalmente por una víctima no sólo del brutal hecho que trastornó y transformó completamente su vida, sino también de todos los obstáculos que ha encontrado en su valiente y digna lucha por recibir justicia. Que el presidente del Órgano se exprese como lo hizo el doctor Tenorio ante la solicitud de Hilda María, podría condicionar la actividad y las decisiones de cualquiera de sus subordinados. ¿O no es posible que pueda suceder eso en El Salvador y, especialmente, en muchos de los rincones de su administración pública en detrimento de las personas particulares?

DOCUMENTO

Presentamos a continuación la segunda parte del "Plan de acción" suscrito por los presidentes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el 2 de mayo de 2000, en el marco del encuentro "Integración para el siglo XXI".

A. Concretar el Modelo de Seguridad Regional establecido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana:
1. Establecer mecanismos de ejecución de las disposiciones establecidas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana.
2. Dar continuidad y fortalecer los trabajos que realiza la Comisión de Seguridad Centroamericana.
3. Elaborar nuevas propuestas que conduzcan al fortalecimiento de la seguridad de los Estados signatarios.

B. Promover y garantizar la seguridad regional de los diferentes ámbitos a través de:

1. Intercambio de Información y Estadísticas:

? Mantener comunicación permanente entre los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad.
? Establecer un sistema de comunicación, información y estadísticas de lucha contra la delincuencia y crimen organizado.
? Fortalecer el intercambio de información dirigido a mejorar los niveles de supervisión en los puestos fronterizos.
? Facilitar el intercambio de información entre autoridades responsables de investigación y procesamiento criminal.

2. Estandarización y coordinación de procedimientos:

? Actualizar y fortalecer los instrumentos y organismos regionales de seguridad en la lucha contra el crimen y la delincuencia: (CCP-Tratado de Devolución y Recuperación de Vehículos Robados y el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales).
? Armonizar leyes que tipifiquen y sancionen las diferentes modalidades del crimen organizado.
? Promover la gestión conjunta de cooperación internacional en la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada.
? Coordinar posiciones en los foros internacionales que se relacionan a temas de seguridad.

3. Capacitación y Especialización:
? Intercambios de experiencias y procedimientos mediante visitas recíprocas entre las autoridades competentes.
? Desarrollo de seminarios y talleres en áreas específicas militares, de seguridad, aduanas,
? Migración y jurídicas relacionadas a las materias de seguridad.

C. Promover mecanismos especiales contra el Crimen Organizado.
1. Crear un mecanismo conjunto de los Organismos de Seguridad y Defensa en la persecución del narcotráfico, terrorismo, tráfico ilegal de armas y personas, secuestros, extorsiones y contrabando.
2. Ejecución de planes de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.
3. Incentivar organizaciones técnicas de cooperación y coordinación para combatir las diferentes modalidades del crimen organizado.

Para la ejecución del presente Plan, los Presidentes establecerán entre ellos mecanismos de comunicación permanente e instruyen a los Ministros de Relaciones Exteriores la integración y coordinación de las Comisiones y la preparación de las reuniones.

NOTICIAS

IVA. El pasado 16.05, miembros de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Frutas y Verduras del mercado "La Tiendona", en San Salvador, presentaron a la Asamblea Legislativa una carta en la cual manifestaban su inconformidad por los elevados cobros que se realizan en la frontera sobre mercadería procedente de Guatemala. Estos cobros se hicieron efectivos tras la entrada en vigencia, el 12.05, del 13 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los granos básicos y demás productos agropecuarios. Los comerciantes sostuvieron que el pago de impuestos en las fronteras era un invento y que no tenía ningún tipo de fundamento técnico. En ese marco, los transportistas guatemaltecos que proveen de verduras y frutas a los mayoristas de "La Tiendona" iniciaron, el 17.05, un paro en protesta por el impuesto. Además, en la medida que no llegue al país producto proveniente de Guatemala y Honduras, los mayoristas de verduras y frutas del mercado hicieron ver que cerrarían el principal centro de abastecimiento del país. Y es que, para Manuel Sandoval, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de "La Tiendona", la implementación del IVA a los granos básicos no ayudará a la reactivación de la agricultura salvadoreña, tal y como lo manifestó el Ministro de Economía, Miguel Lacayo. "Nosotros a parte de comerciantes somos agricultores y sabemos que la medida no ayuda, debido a que antes sembrábamos, vendíamos, y se terminaba todo; y ahora después de vendernos tenemos que inscribirnos al IVA y hay mucho agricultor que a penas sabe leer", argumentó Sandoval. (LPG, 17.05.00, p. 24 y 25).

FMLN. El 27.04, los partidos políticos ARENA, PCN y la coalición PDC-UCD, aprobaron, a espaldas del FMLN, la presidencia rotativa para la nueva Asamblea Legislativa. Debido a esta medida, el 01.05, el Frente declinó participar en la Junta Directiva del parlamento. De este modo, todas las propuestas para poner en marcha el trabajo legislativo se han hecho fuera de la vista del partido de izquierda, a pesar de poseer la fracción más grande de diputados (31) en el Congreso. Y es que la fórmula de derecha (ARENA, PCN y PDC) suma los votos suficientes para imponer sus decisiones, por lo que el FMLN no sólo se ha quedado sin participación en la mesa que organiza el área administrativa, financiera y de modernización del parlamento, sino que también corre el riesgo de perder las presidencias de todas las comisiones legislativas a las que tiene derecho. Para el Frente nada en la Asamblea es incidental. Para el subjefe de fracción, Manuel Melgar, "lo que pasa es que estos tres partidos están buscando desesperarnos, pero no lo lograrán". Para la coordinadora adjunta del partido de izquierda, Irma Amaya, estos conflictos podrían restarle efectividad al trabajo Legislativo del FMLN. "Quieren meternos en una dinámica de permanente desgaste, el Frente ya lo percibió y el pueblo también" aseguró Amaya. La coordinadora adjunta añadió que existe la necesidad de armar una estrategia que le permita al partido hacerle frente a la coyuntura que se les presenta. "Por el momento lo único que tenemos es la denuncia pública de lo que está pasando", admitió. Y es que, al no participar en la directiva legislativa, al FMLN sólo le queda esperar lo que decidan los partidos de derecha desde la conducción de la Asamblea (LPG, 18.05.00, p.14).

EXPLOSIÓN. Una nueva explosión se registró por accidente, el 17.05, en la Hacienda el Ángel, departamento de La Paz, cuando elementos del Ejército y técnicos en explosivos de la PNC se disponían a preparar los desechos de la tragedia ocurrida el pasado 10.05 para hacerlos explosionar. En el hecho murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas, entre militares, policías y dos periodistas de un noticiero televisivo nacional presentes en el lugar del accidente. El material provenía de los restos del polvorín que ocho días antes había estallado en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM), en San Salvador. En vista de la cantidad de explosivos, la detonación se realizaría en tres partes. En las dos primeras no hubo ningún problema; sin embargo, la última detonación se produjo —según la versión de un soldado presente en el lugar— cuando una piedra se desprendió y rodó hasta caer sobre una granada que se activó en el momento en que los explosivistas José Manuel Flores, del Ejército, y Jorge Menéndez, de la PNC, preparaban el material. Ambos murieron debido a la gravedad de las lesiones. El presidente Francisco Flores reaccionó alabando la actitud del Ejército y la Policía cuando se trata de proteger a la población civil. "Creo que es un momento en que nuestro Ejército y nuestra PNC deben asumir los riegos para proteger a la ciudadanía", señaló. Asimismo, el mandatario aclaró que no hubo negligencia en el manejo de la munición. Por su parte, el fiscal David Acosta, quien estuvo presente en el lugar de la tragedia, manifestó que "toda muerte violenta se somete a una investigación por parte de la Fiscalía". Las investigaciones determinarán si hubo negligencia, imprudencia al manejar los artefactos o violación a las medidas de seguridad (EM, 17.05.00 p.5; DL, 17.05.00 p.5; LPG, 18.05.00 p.4 y 5).

CONGRESO. El pasado 20.05 se celebró el IV Congreso Nacionalista de ARENA, con el fin de mejorar las comunicaciones internas, relaciones públicas, participación y capacitación de la militancia, ideología y organización del partido en el gobierno. Sin embargo, algunos políticos adversarios de ARENA no ocultaron su desconfianza acerca de los intentos renovadores del instituto político de derecha. Hubo quienes insistieron en que se trató de un acto cosmético pues, en realidad, el partido en el gobierno sigue utilizando métodos viejos para hacer política. Tal es el caso de Salvador Sánchez Cerén, jefe de fracción del FMLN, quien dijo tener "serias dudas que se hagan transformaciones de fondo". "Son medidas cosméticas para responder al nerviosismo", añadió el efemelenista. Y es que para Sánchez Cerén las tácticas negociadoras de ARENA siguen siendo las mismas; el político de izquierda tomó como base de su argumento la alianza existente entre ARENA, PCN y PDC para hacer rotativa la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Por su parte, Antonio Almendáriz, diputado del PCN, hizo ver que el mayor defecto de ARENA era la prepotencia al tratar con sus interlocutores. Para él, "los areneros han perdido el sentido de pertenencia sobre el instituto político en el que militan"; y, al mismo tiempo, no se ha logrado hacer que ARENA regrese a los ideales con que la fundó el mayor Roberto d'Aubuisson. "Si toman en cuenta a los fundadores, será una señal de que quieren cambiar", manifestó Almendáriz. El mismo criterio es compartido por René Aguiluz, jefe de fracción del PDC. Para Aguiluz, "en ARENA no existe amplia participación de las bases", por lo que no habrá en el IV Congreso suficiente espacio para debatir, aseguró. (EDH, 20.05.00, p.6 y 7; 21.05.00, p.2).

DISCURSO. Durante su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 1999, el Presidente de la República, Francisco Flores, se comprometió a generar más y mejores empleos, definir una estrategia contra la pobreza, garantizar un futuro mejor a las nuevas generaciones, y trabajar por la seguridad del país. Sin embargo, a un año de gestión, el Presidente Flores se abstuvo de afirmar si se siente satisfecho de los logros alcanzados. "Es algo que deben decirlo los ciudadanos", comentó. No obstante, reconoció que lo más difícil es crear más y mejores empleos. Al respecto, subrayó los beneficios de las preferencias arancelarias con Estados Unidos, que pueden generarle al país en el primer año 40 mil nuevos empleos, y el Tratado de Libre Comercio con México. Por otro lado, afirmó que "se ha entregado una política económica que está sacando al país de la recesión". Como prueba de lo anterior sostuvo que el sector externo está creciendo por primera vez en cinco años, las tasas de interés tienden a bajar y la recaudación de impuestos sube. Sin embargo, de conformidad a la encuesta realizada por CID Gallup, el 62 por ciento de la población cree que el costo de la vida aumentó considerablemente en los últimos cuatro meses; casi la mitad de la población estima que la situación familiar es mala; y el 46 por ciento cree que las condiciones empeorarán. Frente a todos estos problemas, la mitad de los salvadoreños sostiene que es responsabilidad del Presidente Francisco Flores resolver los problemas nacionales (LPG, 24.05.00, p.4; EDH, 24.05.00, p.2).

PRESTAMOS. La ratificación de los préstamos educativos pendientes en la Asamblea Legislativa —que ascienden a 170 millones de dólares— se ha convertido en un tema de negociación dentro del Congreso. A partir de esta semana se hará un nuevo intento para lograr que los diputados del FMLN avalen dichos compromisos, ya que el plazo que tiene el gobierno para aceptar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vence a finales de este mes. La ministra de educación, Evelyn Yacir de Lovo, dijo estar a la espera de que está vez no haya problemas y que el FMLN tenga observaciones que puedan ser integradas para solventar y decidir rápido. "El día de la primera sesión de la nueva Asamblea se nos dijo, por parte del Frente, que sí estaban dispuestos a apoyar los préstamos", afirmó la ministra. Añadió además que una nueva negativa en torno a la ratificación de los fondos dañaría la imagen que El Salvador ha logrado, luego de la firma de los Acuerdos de Paz. "Quedaría marcado como un país que no ha alcanzado la madurez política y donde la educación está subordinada a otro tipo de intereses". "Esto no afectará al gobierno, sino al país", agregó. Por otro lado, el FMLN declaró que accedería a la aprobación de los préstamos para educación toda vez que el Organo Ejecutivo respalde los préstamos para las municipalidades, incluida la de San Salvador. Los renovadores del FMLN manifestaron estar dispuestos a endeudar a El Salvador si es por una buena causa, como lo es la educación de medio millón de niños. Por su parte, Héctor Silva, Alcalde de San Salvador espera que el Gobierno Central lo apoye para obtener 10 millones de dólares que el BID le entregará a la comuna. "Ambos casos son de beneficio para la población salvadoreña", señaló el edil capitalino (EDH, 21.05.00, p. 14; 24.05.00, p.6).