ÍNDICE

Editorial El fracaso policial
Economía La economía durante el primer año de gobierno de Flores
Sociedad Los gobiernos municipales en el primer año de Flores
Opinión Pública Los Salvadoreños evalúan el primer año del gobierno de Francisco Flores
Derechos Humanos El caso “Katya” (II)
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    En un año, el gobierno actual habría puesto fin a las virtualidades, construidas con imágenes, música y consignas publicitarias, y habría enfatizado la gestión y los resultados como criterios administrativos, de acuerdo a declaraciones del mismo presidente Flores. En consecuencia, el gabinete habría sido evaluado conforme a dicho criterio. Pero éste no se aplica al director de la Policía Nacional Civil. En este caso, Flores sólo valora sus intenciones y esfuerzos, pero no sus resultados. Nadie pone en duda las buenas intenciones de los altos funcionarios, sino que lo que se reclaman son resultados. Si al director de la policía no se le exigen resultados —unos resultados que, por otro lado, no puede presentar—, entonces, permanece en el cargo por otras razones, lo cual muestra que la cosa pública se sigue administrando como siempre.

    El mismo día que el director de la policía publicitaba, tal como suele hacerlo, la captura de una banda de secuestradores, se produjeron dos secuestros más. Esta vez, las víctimas fueron dos conocidos empresarios. Entre compungido y sorprendido, el director declaró que parecía que las bandas no temían a la policía. La explicación la proporcionó él mismo al admitir que poseía “evidencias clarísimas” que indicaban que uno de los dos secuestros fue cometido por policías. Horas más tarde, al menos un policía asaltó un hotel, en la misma zona. Luego, ladrones disfrazados de policías —o policías haciendo de ladrones— asaltaron una empresa, sin que el director pudiera explicar cómo los delincuentes se habían agenciado uniformes auténticos de su institución.

    Si evaluamos a la policía por los resultados conseguidos en este primer año de Flores, encontraremos que lo hace bien en publicidad, pero en lo suyo, que es la seguridad de la población, los resultados son más bien muy deficientes. Al menos en lo que toca a los secuestros. Estos son bastantes más de los que la misma policía reconoce en público, de tal manera que se podría hablar de una industria del secuestro. Esta actividad crea tales inseguridades en la sociedad, que se ha convertido en una amenaza tan grave y destructiva como los escuadrones de la muerte. A quien hay que pedir cuenta de este fracaso policial es al director y a los mandos de la policía, y no a la población, ni a las leyes. Mucho menos desviar la atención hacia el FMLN. Si con algún grupo del pasado están vinculadas las bandas de secuestradores es con los escuadrones de la muerte.

    Los hechos de los últimos días han desenmascarado las campañas publicitarias de Sandoval: en la Policía Nacional Civil hay delincuentes y crimen organizado. El clamor que exige una depuración drástica e inmediata ha puesto al gobierno de Flores a la defensiva. Es cierto que los policías delincuentes o los delincuentes vestidos de policías son unos cuantos y que la mayoría estaría dispuesta a dar la vida por salvaguardar la seguridad de la ciudadanía; pero también es muy cierto que esos pocos tienen aterrorizada a la población, han desprestigiado a la institución y, lo que es peor, han conseguido que aquélla pierda la poca confianza que tenía en la policía —hasta el extremo que algunos se atreven a hacer llamados abiertos a la desobediencia civil. Este proceso de desprestigio y desconfianza no es nuevo, pero ni las autoridades pasadas ni las actuales han tomado cartas en el asunto, pues están más preocupadas por defender a la institución, contemporizando con sus actividades delictivas, que por garantizar la seguridad de la población.

    En lugar de aceptar los señalamientos y trabajar para superar las dificultades, las autoridades de la policía han optado por proteger la imagen de la institución, restando importancia a las denuncias y amparando a delincuentes. Esta política es la que ha llevado a que la dirección haya perdido el control de la policía. Es así como la institución que debiera ser fuente de seguridad se ha convertido en fuente de inseguridad y temor. Al negar los señalamientos y ocultar los hechos, debilitaron los controles internos hasta que la ola de secuestros puso en evidencia el fracaso policial y obligó a una depuración.

    Este fracaso se debe a que ni antes ni ahora se ha ejercido un control estricto sobre los policías y sus actividades y a la falta de tecnología, inteligencia y capacidad policial. Prueba palpable de ello son las causas a las cuales las autoridades gubernamentales atribuyen los secuestros. El presidente Flores habla de motivación política y económica, confundiendo causa con efecto. El director de la policía pide públicamente listas de comandos urbanos y casas de seguridad. Otros incluso se remontan a las cuotas que integraron la primera policía. En realidad, no existe fundamento alguno para estas aseveraciones, porque, si lo hubiera, ya habrían hecho señalamientos concretos. Las autoridades policiales están desbordadas por la ola de secuestros, no están preparadas para enfrentarla y no saben de lo que están hablando cuando tratan de explicarla. La impotencia y la desesperación hacen que algunos insinúen entregar la seguridad a uno de los cuerpos especializados de Estados Unidos, tal como intentan hacer con el narcotráfico, cuyo control el gobierno de Flores pretende traspasar al ejército estadounidense.

    ARENA y su gobierno se equivocan de nuevo en este tema. Insistir en la insuficiencia de la legislación es perder el tiempo. Pedir tribunales especiales es debilitar aún más un sistema judicial ya de por sí débil. Esperar la colaboración de una ciudadanía que no se siente protegida, sino amenazada por la policía, es inútil. Mantener una policía orientada hacia la publicidad es dejar el campo libre al crimen organizado, cuando lo que se requiere son resultados concretos.

    En respuesta al clamor social, el presidente Flores ha anunciado una comisión especial para depurar a la policía. Si bien esta comisión ofrece garantías de que hará bien su trabajo, no se puede decir lo mismo de su director. Este, conociendo el problema, en un año, no hizo mayor cosa para depurar el cuerpo y porque, además, se castiga a los policías que denuncian la corrupción interna, porque se tolera la mentira pública y judicial, porque cuando algunos investigadores honestos se aproximaban a algunos cabecillas del crimen organizado fueron hostigados de tal manera que tuvieron que abandonar la institución. En una palabra, porque en la Policía Nacional Civil ha sido tolerada la mentira, la corrupción y la impunidad.

    Alguno pudiera pensar, entonces, que se necesita represión, con todo lo que ella implica de violación de la ley y de los derechos y las libertades de las personas. Lo que hace falta es mano dura contra el crimen organizado, pero para que ésta pueda golpear ahí donde es necesario, hace falta una inteligencia que la dirija y eso es precisamente lo que la Policía Nacional Civil de Mauricio Sandoval no posee.

ECONOMÍA

    Durante los tres primeros trimestres del gobierno encabezado por Francisco Flores el manejo de la política macroeconómica no experimentó mayores cambios y, a su vez, se mantuvieron las señales negativas con las que el gobierno recibió el mando de su predecesor, como el crecimiento del déficit fiscal y de balanza comercial, y la permanencia de un período de lento crecimiento iniciado hace ya casi cinco años.

    Los cambios vinieron en los últimos tres meses cuando se anunciaron e implementaron medidas más significativas que, en algunos casos, rompieron con las políticas tradicionales de los dos anteriores gobiernos de ARENA. Así, puede mencionarse que, en el plano de las finanzas públicas, se reformó la ley del IVA para reducir la evasión y eliminar las exenciones a los productos agropecuarios y medicinas; en lo referente a la política comercial, se lograron avances en acuerdos de libre comercio con Chile y México —con este último país se está pendiente de una ratificación legislativa para iniciar un Tratado de Libre Comercio (TLC) que ya fue negociado—; la política monetaria, por otra parte, muestra cierto relajamiento pues se ha experimentado una reducción de las tasas de encaje legal; y, además, se ha anunciado un programa sectorial destinado a la reactivación del sector agropecuario que incluye incrementos en los aranceles para algunos productos y líneas crediticias preferenciales para el cultivo del café.

    Frente a esta serie de medidas dispersas adoptadas por el gobierno, es importante hacer una revisión del comportamiento de las principales variables macroeconómicas, pero teniendo en cuenta que estas no reflejan los resultados del actual gobierno, sino más bien un agotamiento del modelo económico que se evidenció desde hace media década. En la actualidad, se mantienen los principales problemas macroeconómicos sin que se vislumbren medidas concretas para eliminarlos, como el insuficiente crecimiento de la producción exportable, la dependencia de las remesas familiares para mantener el crecimiento y estabilidad macroeconómica y el creciente déficit fiscal.

    El crecimiento económico obtenido durante 1999 fue de 2.6%, el cual resulta notablemente bajo y es producto de la evolución de un ciclo de lento crecimiento que se remonta hasta el último trimestre de 1995, coincidiendo con una drástica reducción en el crecimiento del crédito registrada por entonces. Para los años 1996, 1997 y 1998, las tasas de crecimiento ya eran bajas al alcanzar 2.7%, 4.3% y 3.5%, respectivamente, cuando durante la primera mitad de la década de 1990 se obtuvieron tasas de 6% y 7%. Para 1999, la tasa de crecimiento del PIB llegó al nivel más bajo observado durante este período de lento crecimiento, con lo cual la amenaza de entrar a una etapa de reducción de la producción y del empleo (recesión económica) se mantiene latente. Por si fuera poco, no se ha avanzando en la reactivación de las actividades productivas y buena parte del dinamismo de la producción proviene del sector terciario.

    El programa agropecuario anunciado por el gobierno pretende reactivar la producción agropecuaria, pero en realidad no aborda temas de fondo, como el ordenamiento en el uso del suelo, la transferencia tecnológica, la diversificación agropecuaria, el crédito para los pequeños productores y el mercadeo de productos en el exterior. Por otra parte, no existen esfuerzos en el plano de la reconversión industrial, la cual es un elemento indispensable que debe acompañar cualquier política comercial tendiente a establecer tratados de libre comercio con países de mayor grado de desarrollo industrial.

    Las finanzas públicas continuaron siendo uno de los puntos más débiles de la política macroeconómica, pues al cierre de 1999 se registró un incremento en el déficit fiscal que lo elevó hasta un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que, de acuerdo al programa monetario y financiero del Banco Central de Reserva (BCR), para 2000 se espera que el déficit represente un 2.6% del PIB, lo cual no es muy esperanzador. Este deterioro de las finanzas públicas se daría aún y cuando el gobierno planea emplear medidas para incrementar las recaudaciones tributarias como las mencionadas arriba (elevación de aranceles, combate de la evasión, eliminación de las exenciones al IVA) y la incorporación de la micro y pequeña empresa dentro del registro de contribuyentes al IVA.

    En lo tocante al sector externo tampoco hay cambios importantes en relación a los años precedentes: déficit de la balanza comercial, incremento de las transferencias unilaterales (constituidas en un 89% por remesas familiares), un leve superávit en la cuenta de capital y un incremento en las reservas internacionales netas que es posible solamente gracias a las transferencias unilaterales. Por otra parte, el tipo de cambio se ha mantenido estable desde hace casi siete años debido al dinamismo y elevado monto de las remesas familiares que, de no ser por la intervención del BCR, inclusive podrían provocar una reducción del tipo de cambio.

    Por el momento, debido a que no se están desarrollando políticas que fomenten las actividades productivas, no es posible esperar un incremento en las tasas de crecimiento de las exportaciones que permita compensar el aporte que hacen las remesas familiares y, por tanto, parece que seguiremos dependiendo de los salvadoreños en el extranjero y de las empresas estadounidenses para equilibrar la balanza de pagos, mantener el tipo de cambio y controlar la inflación.

    En lo tocante al sector monetario-financiero se ha observado un relativo relajamiento de la política monetaria por la reducción progresiva de las tasas de encaje legal que gradualmente se vinieron reduciendo hasta los niveles observados en 1998, cuando se inició un proceso progresivo de incrementos que elevó las tasas en tres puntos porcentuales. Sin embargo, el crédito se mantiene creciendo a tasas notablemente inferiores a las observadas en la época de alto crecimiento económico registradas entre 1991 y 1994, al punto que han pasado de niveles de 30% a niveles de 15% en 1997 y hasta niveles de tan sólo 5% a finales de 1999.

    En general, puede notarse que la gestión del gobierno de Francisco Flores se ha distinguido por romper con políticas tradicionalmente adoptadas por los dos gobiernos precedente tales como la desgravación arancelaria y la no adopción de políticas económicas sectoriales. La continuidad ha sido más evidente en lo referente al enfoque para abordar el tema de las actividades productivas y el déficit de la balanza comercial: indiferencia casi total debido a la holgura y tranquilidad que genera el contar con un flujo de remesas familiares que superan el 11% del PIB.

    Al gobierno aún le resta abordar con mayor firmeza aspectos que han venido siendo eludidos pese a su carácter estratégico, tales como la diversificación agropecuaria, la reconversión industrial, el fomento de las exportaciones, la revisión de la reforma tributaria y la coordinación de la política monetario-financiera con los aspectos anteriores. Así como el gobierno ha recibido varios problemas (como el lento crecimiento y el déficit fiscal) también ha recibido un entorno favorable para mantener una relativa estabilidad macroeconómica (las remesas familiares); el verdadero reto es capitalizar esta oportunidad para emprender acciones que generen la producción, empleo, ingresos y exportaciones necesarias para garantizar la sostenibilidad, no solamente de la estabilidad macroeconómica, sino también de los procesos de desarrollo.

SOCIEDAD

    El presidente Francisco Flores acaba de cumplir un año a la cabeza del Estado. Durante este tiempo ha tenido que enfrentarse a las cada vez más acuciantes necesidades de diversos sectores de la población. Dos períodos de gobierno en manos del partido ARENA, una transición inacabada y un modelo económico incapaz de mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de la población le recibieron con grandes retos, derivados, a su vez, de grandes males estructurales. Por el momento, los incondicionales medios informativos nacionales hacen lo suyo para presentar a Flores como un presidente fuera de serie, merecedor de halagos por encima de las críticas y, sobre todo, digno de la confianza de la población; además, una Feria del Progreso se suma a las artimañas para levantar la imagen de un Estado eficiente, moderno y con mucha voluntad de trabajo.

    El mandatario se siente tranquilo con su primer año de gestión. Así lo ha dicho a todo el que se lo ha preguntado. Confiado en que todavía despierta esperanzas entre los que menos tienen, parece seguro de que la forma como está conduciendo al país es la mejor y que quienes le critican "se equivocan", porque no se han enterado bien de sus planes para el futuro de El Salvador. Entre estos críticos se puede incluir indistintamente a quienes protestan por la incorporación del IVA a los granos básicos y las verduras, a los empresarios del transporte, a la cúpula de la ANEP y a todos aquellos que exigen del Estado un trato más equitativo. Y, por supuesto, a los municipios que exigen un aumento en su asignación presupuestaria para promover, con mayor efectividad, su trabajo en el área social. Hace pocos días, al debate que se generó alrededor de la aprobación de un millonario desembolso para educación se incorporó un elemento que avivó los ánimos de los partidos ARENA y FMLN: condicionar la aprobación del crédito a la concesión del 12% del presupuesto nacional para todas las alcaldías y de un préstamo para la de San Salvador.

    La coincidencia de ambos debates —el del primer año de la presidencia y el de la negociación de los fondos para educación y los gobiernos municipales— arroja importantes luces acerca de uno de los puntos de la gestión de Flores en donde ha mostrado mayor debilidad: su relación con las municipalidades. Durante sus primeros meses de gestión, el mandatario se mantuvo prácticamente al margen de las actividades de las administraciones edilicias. Evidentemente, se trataba de no procurar ningún tipo de beneficio a quienes, en su mayoría, formaban parte de la oposición política. Lo único que alcanzó a anunciar fue la creación de una comisión que serviría de nexo entre la presidencia y las alcaldías y de la cual nadie ha tenido mayor conocimiento. Hasta la fecha, el gobierno de Flores ha tenido que entablar relaciones con los gobiernos municipales únicamente en lo relativo a proyectos muy particulares, y de lo cual se encargan los ministerios y las autónomas respectivos.

    Pasada la coyuntura electoral, Flores tuvo que dar la cara a los 262 alcaldes que trabajarían más cerca de la población —al menos más cerca de lo que él mismo lo hacía. Entonces no mostró mayores incomodidades en invitarlos a concertar, a trabajar unidos por el beneficio del país. Su gobierno, dijo, estaba abierto para dialogar con quien se lo pidiera. La ausente comisión no figuró en una sola línea de sus discursos. En adelante, el apoyo prometido al trabajo de las alcaldías no se ha visto materializado. Y, aunque el presidente no tiene la obligación de meter mano en todo cuanto una alcaldía pretenda hacer, la discusión a la que aquí se hace referencia —la de un posible incremento a la capacidad económica de los gobiernos locales— no se reduce a esta omnipresencia del máximo funcionario de la nación en los asuntos locales. El debate sobre los fondos municipales pretende, a la larga, despertar conciencia de la importancia del trabajo local como una forma de dar respuesta más efectiva a las necesidades de la población, y no simplemente a la institucionalización de unos trámites burocráticos entre las instituciones públicas.

    Así, a Flores no sólo se le achaca la distancia que ha pretendido establecer con unos alcaldes que no comulgan con sus principios ideológico-partidistas, sino que se le reclama, a un año de comprometerse a darle a El Salvador un "mejor futuro", que esté aplicando la indiferencia que le ha caracterizado frente a una posibilidad de desarrollo para el país. Una posibilidad, claro está, que si no es bien fiscalizada, puede fortalecer las prácticas corruptas en los municipios. Pero, por esta misma razón, lo que menos se debería esperar de él es el silencio. Como un calco de sus predecesores, Flores se ha dedicado a criticar la capacidad y la preparación técnica de los alcaldes para administrar esa cantidad de recursos. Su intención más inmediata ha sido demostrar que su gobierno está dispuesto a desglosar, por departamento, las obras que están pendientes de realizar. Pero jamás se ha atrevido siquiera a pensar en las alcaldías como un medio mínimamente calificado para impulsar un modelo real de descentralización de servicios, al menos en lo que a ejecución de obras se refiere.

    En este sentido, el éxito de la gestión de Héctor Silva en la alcaldía de San Salvador se ha convertido en una presión difícil de superar para el mandatario. Reconocido por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo como un administrador modelo, Silva ha sido capaz de colocarse a la altura de otros funcionarios de mayor rango a la hora de solicitar ayuda financiera. Y hasta ha superado a muchos de ellos en cuanto a la credibilidad que posee entre la comunidad internacional. Un solo alcalde, con un plan de acciones concretas y con un equipo de trabajo que ha demostrado su eficiencia en la ejecución de tareas, ha sido capaz de negociar por su cuenta —y con mucho éxito— con instituciones financieras internacionales. Ese es un mal precedente para Flores: al menos en las áreas que le competen, un alcalde sí ha demostrado que posee la capacidad y la preparación técnica para administrar gran cantidad de recursos.

    Ya es tiempo de que el presidente abra los ojos ante la posibilidad de apoyar el trabajo de los gobiernos locales, al menos procurándoles esa preparación técnica —de la que tanto se jacta su equipo de gobierno— para saber administrar mejor los recursos de que disponen. La sociedad salvadoreña merece que las experiencias de modernización institucional impulsadas en San Salvador puedan extenderse hacia otros municipios. Mejor aún, necesita que alguien retome como suya la misión de procurar bienestar social a la población, área en la que el gobierno de Flores, al igual que sus predecesores, sólo hace lo absolutamente ineludible. Pero este es un anhelo que no se resuelve negando fondos a todas luces necesarios o justificando la existencia de estructuras obsoletas de recaudación de impuestos.

    La relación de Flores con las municipalidades durante su primer año de gobierno ha sido pobre. Y por ello esta relación se presenta como otro de los huecos de su gestión. El presidente no ha conseguido que los alcaldes, sobre todo los de la oposición, dejen de ser una aislada estructura pública, incapaz de proceder más allá de lo que sus tareas puramente administrativas les permiten. En este sentido, desde el endeble nexo que les une, ni el presidente logra trabajar como un verdadero rector del bienestar nacional, ni las alcaldías logran demostrar todo de lo que podrían ser capaces. Lejos de ello, se ha tenido un año de publicidad excesiva, de giras departamentales inútiles y de tolerancia hacia un mandatario que se desenvuelve únicamente a la altura de lo que le permite su adscripción política.

OPINIÓN PÚBLICA

    Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de 5.41 al gobierno de Francisco Flores por su desempeño en el primer año de gestión según revela la más reciente encuesta nacional del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado con el objetivo de conocer lo que piensan los ciudadanos salvadoreños sobre el trabajo que ha desarrollado la tercera administración de ARENA luego de un año de labores, se llevó a cabo entre el 20 y 25 de mayo del año en curso con una muestra nacional de 1,224 adultos entre 18 y 19 años de edad, en los catorce departamentos del país y con un error muestral de más o menos cuatro por ciento.

    Una comparación de los sondeos realizados por el IUDOP muestra que el gobierno de Flores ha mejorado con respecto a la última evaluación realizada en febrero del corriente año, pero que su promedio general sigue siendo bajo y que su actuación general sigue siendo reprobada por la mayoría de la población.

    Preguntados sobre la manera en que Francisco Flores está gobernando al país, los salvadoreños se dividieron en sus opiniones. Casi la mitad de los salvadoreños, el 49 por ciento de los consultados sostuvieron que Flores está gobernando mal al país; en tanto que un 37 por ciento afirmó que está gobernando bien. El resto de la población dijo que está gobernando de forma regular o no quiso ofrecer su opinión al respecto.

    Estas opiniones parecen estar vinculadas con la percepción de que el país no ha cambiado significativamente con la llegada de la nueva administración. Casi la mitad de los ciudadanos consideran que la situación del país sigue igual desde que entró la actual gobernatura; una tercera parte cree que ha empeorado y el 16.3 por ciento piensa que ha mejorado.

    Preguntados directamente sobre los cambios que se han operado en el país, dos de cada tres salvadoreños consideran que no han habido cambios positivos en la nación desde que entró el actual gobierno; mientras que uno de esos tres sí ha percibido cambios positivos. En el otro lado de la moneda, la mitad de la población ha percibido cambios negativos en la situación del país con la gestión gubernamental de Flores, mientras que la otra mitad dice que no han habido cambios negativos.

Los logros del gobierno
    A la gente se le pidió de forma abierta que identificara los logros de la administración Flores durante su primer año de gestión. Las respuestas fueron muy variadas, pero la mayoría de la gente tuvo dificultades para identificar logro alguno (el 42.2 por ciento sostuvo que no hay logro alguno y 17.2 por ciento no supo que responder). El 15.6 por ciento señaló las obras de infraestructura (carreteras, proyecto del puerto de Cutuco, etc.) como el principal logro de Francisco Flores y su gobierno; casi el 5 por ciento señaló los proyectos de desarrollo local que ha estado presentando el mandatario, el 4 por ciento dijo que la ayuda a los pobres y el 3.8 por ciento señaló la disminución de la criminalidad. Otras personas señalaron los esfuerzos para atraer inversión extranjera en el país y la mejora en la educación entre otras cosas.

Los fracasos del gobierno
    En cuanto a los fracasos atribuidos al gobierno, hubo menos incertidumbre pero muchas más opiniones diversas. Casi el 12 por ciento identificó al incremento del IVA como el principal fracaso del gobierno, el 8.6 por ciento dijo que hay un mal gobierno, el 7.5 por ciento de los consultados apuntó a las huelgas y a los conflictos laborales (entre ellos el del ISSS), el 6.1 por ciento mencionó al alza de precios en la canasta básica, el 5.3 por ciento señaló a la delincuencia y otras personas mencionaron la pobreza (4.3 por ciento) y al desempleo (4 por ciento) como los principales fracasos, entre otros.

Los problemas del país y la gestión del gobierno
    Ahora más que nunca los salvadoreños se dividieron a la ahora de identificar los problemas fundamentales del país. Mientras que un 43.4 por ciento de los ciudadanos señalaron a la delincuencia como el primer problema del país, el 43.7 por ciento señaló problemas de índole económica.

    El sondeo pregunto específicamente sobre los esfuerzos del gobierno para erradicar esos problemas. En el área económica, un poco más de la mitad de la población (56.7 por ciento) considera que la situación económica del país ha empeorado con el actual gobierno, mientras que un 28.5 por ciento opina que sigue igual y un 13.7 por ciento sostiene que ha mejorado. De hecho, dos de cada tres de los consultados se mostraron en desacuerdo con la política económica impulsada por la actual administración, en tanto que el resto se divide entre opiniones favorables hacia la iniciativa económica de la administración Flores y el desconocimiento.

    En el área de seguridad pública, las opiniones aparecen algo más divididas. El 53.1 por ciento de los salvadoreños están convencidos de que la delincuencia ha aumentado con el actual gobierno, en tanto que el resto de ciudadanos piensa que sigue igual (25.3 por ciento) o que ha disminuido (21.3 por ciento). En esta línea, casi el 55 por ciento considera que el nuevo plan de seguridad pública impulsado por la administración Flores ha dado poco o ningún resultado.

    Por otro lado, la encuesta de la UCA reveló que siete de cada diez salvadoreños piensan que el gobierno ha escuchado poco o nada las demandas de la población; en cambio, dos de esos diez consideran que ha atendido "algo" a esas peticiones y prácticamente uno de esos diez cree que el gobierno de Flores ha escuchado "mucho" las demandas de la población.

La imagen personal de Flores
    El sondeo del IUDOP exploró la percepción que tiene la gente sobre la persona del mandatario. Los resultados indican que el presidente genera un poco más de opiniones positivas personalmente que como jefe del Estado. El 42.5 por ciento evaluó su actuación personal como buena o muy buena; en tanto que el 31.5 por ciento la calificó de "regular" y el 24.2 por ciento señaló su trabajo como malo o muy malo.

    Un poco más de la mitad de los ciudadanos sostuvo que la imagen personal que tenía el presidente no se ha modificado en este año de gestión; sin embargo, para una cuarta parte, tal imagen ha empeorado y para otro porcentaje similar (el 21.7 por ciento), su imagen más bien ha mejorado.
 No obstante, cuando se trata de evaluar quién toma las decisiones dentro del gobierno, seis de cada diez ciudadanos eximen al presidente de su responsabilidad y piensan que no es él quien verdaderamente toma las decisiones dentro del gobierno; esto frente a una cuarta parte de los ciudadanos que sí le atribuyen el control de las decisiones gubernamentales. El resto de las personas prefieren no responder.

Los retos del gobierno
    De acuerdo a los salvadoreños, los principales retos que debe enfrentar la administración Flores tienen que ver con la solución de los problemas fundamentales de los salvadoreños: la economía y la criminalidad.

    Casi el 50 por ciento de la gente mencionó retos que tienen que ver con la economía: el 21.7 por ciento señaló la creación de empleos, el 16.6 por ciento mencionó el mejoramiento de la economía, el 12.7 por ciento dijo que el gobierno debería combatir la pobreza, entre otros retos. Por otro lado, el 21.5 por ciento señaló la urgencia de combatir la criminalidad como reto fundamental de la gestión. Otros retos mencionados fueron: atender las demandas de la población, cumplir las promesas, mejorar la situación del país, los servicios públicos, etc.

    En resumen, luego de un año de gestión, el gobierno de Francisco Flores ha logrado mejorar en su evaluación con respecto a la evaluación anterior realizada en el período electoral. Este mejoramiento parece estar más vinculado con los esfuerzos de comunicación que se han venido haciendo en las últimas semanas que con la identificación unánime de logros. La valoración de la mayoría de la gente sigue siendo baja y, en general, la gestión ejecutiva sigue estando en el área de reprobación popular.

    Las causas de esto tiene que ver esencialmente con la percepción de que el gobierno no ha sido capaz de lidiar efectivamente con los principales problemas del país, léase, economía y delincuencia. Más aún, en el primer caso, la mayoría de los ciudadano, sobre todo aquéllos más pobres, resienten la aprobación del IVA para los productos agrícolas y farmacéuticos, y piensan que esa medida no les beneficiará ni tampoco servirá para reactivar la economía nacional percibida como un problema. Por el lado de la seguridad pública, buena parte de los ciudadanos no comparten la visión del gobierno de que los niveles de criminalidad se han reducido y tampoco comparten una valoración positiva sobre la efectividad del nuevo plan de seguridad pública.

    De ahí se explica que los principales retos planteados al gobierno por la población tengan que ver con los problemas nacionales. La encuesta muestra que los salvadoreños hacen una diferencia a la hora de evaluar personalmente al mandatario, a quien suelen percibir más positivamente que a su gobierno en conjunto; sin embargo, la mayoría de la población no percibe el liderazgo del presidente a la hora de decidir sobre el rumbo del país.

San Salvador, 31 de mayo de 2000.

DERECHOS HUMANOS

    El Fiscal General de la República ofreció una conferencia de prensa el viernes 19 de mayo, para dar conocer su posición oficial sobre la actuación de la jueza de San Luis Talpa en el caso que ahora nos ocupa. Lo que en concreto quería difundir la institución, tal como aparece en el texto del boletín, era lo siguiente:

- Que la Fiscalía tiene la obligación de velar por el exacto cumplimiento de la Ley y en ese sentido le asiste todo el derecho para hacer uso de los mecanismos legales con el solo objeto de garantizar el debido proceso.

- Que el caso de la menor KATY MIRANDA se encuentra en la fase de instrucción y es deber de la Fiscalía agotar todos los recursos que sean necesarios para determinar quien o quienes son los responsables de dichos delitos. En tal sentido, se han investigado y se están investigando todas las posibles versiones de cómo ocurrieron los hechos, principalmente para fundamentar y sostener aún más la tesis de la acusación que hasta la fecha ha incoado la Fiscalía en contra de las personas que actualmente guardan detención.

- Que en los últimos días la Juez que conoce del caso ha desarrollado una serie de diligencias con los testigos de cargo de la Fiscalía recibiendo su testimonio bajo la figura de anticipo de prueba en abierta violación al espíritu y filosofía del Art.190 C.P.P., en vista de que dicha diligencia puede realizarse únicamente cuando exista temor fundado de que los testigos puedan ocultarse o ausentarse, circunstancia que definitivamente no se cumple en el presente caso, lo cual constituye una violación al debido proceso.

- Que la señora Juez de la causa en reiteradas ocasiones y a través de diferentes medios de prensa ha externado públicamente, en forma anticipada y extrajudicialmente su criterio personal y de juzgadora sobre el procedimiento de que conoce y aún más, ha adelantado criterio sobre la manera en que resolvería el caso con la prueba que va conociendo.

- Que la anterior situación de acuerdo a la Ley en su Art.73 No.9 C.P. le impide seguir conociendo del caso y bajo esa circunstancia la Fiscalía en base al Art.78 C.P.P. y otros, en uso de sus facultades legales ha solicitado la recusación de la señora Juez y que se designe otro Funcionario en su sustitución para que continúe conociendo del caso.

- Que deseamos dejar muy claro, que somos una Institución sumamente respetuosa de la Ley y de los Funcionarios Judiciales; que no tenemos absolutamente nada personal con la señora Juez que ha conocido de la causa y quien lamentablemente ha externado públicamente su opinión anticipada sobre el procedimiento, razón por la cual se le recusa.

- Que seguiremos teniendo confianza en los administradores de justicia y esperamos que se resuelva lo más pronto posible el incidente planteado, se designe al Juez suplente para que continúe conociendo del caso y no se retrase de ninguna manera su investigación.

- La Fiscalía reitera que continuará con sus esfuerzos de que el presente caso no quede impune y demostrar que la prueba indiciaria puede ser suficiente para pasar el caso a la fase de vista pública.

    Ante este planteamiento y solicitud de recusación, el miércoles 18 de mayo la funcionaria resolvió en sentido negativo. ¿Por qué? Veamos, a continuación, los “argumentos” —también textuales, con todas sus deficiencias de forma y fondo— de la licenciada Ana Marina Guzmán Morales.

    En cuanto a la solicitud de la Representación Fiscal, en mi calidad de Juzgadora que ostento, es mi obligación respetar y que se respete el Art. 4 C.P.P., del principio de inocencia y no se puede declarar culpable a un imputado antes que sea oído y vencido en juicio lo establece a (sic) los Arts. 11 y 12 de la Constitución de la República, de esta manera considero que quién se ha adelantado a definir un criterio es la Representación Fiscal dando declaraciones de culpabilidad de los imputados, sin embargo no se ha respetado ninguna de estas disposiciones legales (sic) que se refiere al Juicio Previo.

    En cuanto a mis declaraciones ante la Prensa, en ningún momento me he referido a emitir juicios adelantados, dije que se me aclaraba (sic) algunas situaciones confusas y como es posible básen (sic) su petición en Artículos Periodísticos cuando ni siquiera mi nombre consta correctamente y como (sic) se puede asegurar que es la verdad.

    Al referirme al proceso como a ustedes les consta, existen infinidad de errores cometidos por parte de la Representación Fiscal, situaciones que da (sic) la pauta de concluir que quién (sic) irrespetó las disposiciones legales ha sido la Representación Fiscal, por lo tanto en mi calidad de Juzgadora es mi obligación ejercer control sobre los mismo (sic) y establecer circunstancias que favorezcan o desfavorezcan a los imputados, para tal efecto menciono algunos errores siguientes: Aparecen (sic) el proceso a fs. 238, 316, 318, 320 y 358 declaraciones de testigos cuyas edades oscilan entre los ocho años; Acta en los cuales se ha obligado a firmar a los menores ignorando el Art. 191 C.P.P. en su Inc. 1o.; habiendoles instruido de las penas de falso testimonio y sin la presencia de sus padres.

    Acta que se levantó asentando declaraciones de testigos, sin que los testigos firmaran dicho documento, no coincidiendo lo planteado por los mismos con las versiones asentadas con fechas diferentes, por lo cual también la Fiscalía ignoró el Art. 124 C.P.P.; Acta en donde los testigos JORGE ALBERTO MIRANDA, IRIS REBECA GARCIA DE MIRANDA, TITO LIVIO RECINOS ESCOBAR, ILIAN YANIRA MIRANDA SANTOS DE RECINOS, GODOFREDO ADALBERTO MIRANDA Y DORIS ELIZABETH RIOS DE MIRANDA, que la reunión fué (sic) el dieciocho de enero del corriente año y dicha Acta está fechada con día once del mes y año mencionado, según lo manifestado por ellos mismos y que no la firmarón (sic) tampoco, violentando el mismo Artículo.

    En cuanto a la violación de otras disposiciones legales, me refiero a que se violentó el Art. 172 Cn., cuando se refiere a la obligación y facultad que tengo como Juzgadora (sic) “JUZGAR Y HACER CUMPLIR LA LEY”.

    El Art. 3 C.P.P., y que no se ha respetado mis decisiones desde el inicio del proceso en Auto de Instrucción Formal que así se ordenó a la Fiscalía que realizara actos de investigación de conformidad con el Art. 268 C.P.P., que también ha ignorado.

    Además se le ha solicitado que ya que fue incorporado al proceso el Álbum Fotográfico de la mal llamada Reconstrucción, la cual no se ha realizado conforme al Art. 170 C.P.P.; el Acta cosa que tampoco a (sic) cumplido y que desde el inicio se ha querido que resuelva considerando a los imputados culpables, cuando no es el momento procesal oportuno para ser considerada esa posición.

    En cuanto al anticipo de prueba la Ley me faculta para que el Juez considere que (sic) el acto es ejecutable lo realizará citando a las partes Art. 270 C.P.P., (sic) consideré prudente y estando dentro de mis facultades legales hacer la diligencia en virtud de no estar planteados dentro del proceso, la objetividad en las investigaciones que la misma Fiscalía ha vilentado (sic) las disposiciones legales.

    En cuanto a las declaraciones por la Prensa, considero que nunca he dicho que sean ni culpables ni inocentes, dije que las declaraciones eran favorables para mi persona, en virtud de considerar que se habián (sic) aclarado situaciones referidas a los sucesos específicamente sobre la posible reconstrucción; además que (sic) más contaminación puede alegarse si desde el momento del reconocimiento del cadáver, la señora Fiscal permitió que la escena del crimen se destruyera, no recogió evidencia, ya no se diga las diligencias agregadas al proceso, pues me refiero directamente al Lit. “D”, del documento presentado por la Representación Fiscal, existe una resolución de mi persona agregada a fs. 572; donde ésta fué notificado a la Representación Fiscal con fecha once del presente mes, y que se considera que era el momento oportuno para oponerse a tal diligencia, sin embargo la Representación Fiscal Licenciado OSCAR ANTONIO CASTRO RAMÍREZ, estuvo presente en cinco declaraciones de los testigos, las cuales fueron grabadas y asentadas en Actas por parte del personal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, del Departamento de Sistemas Administrativos, los cuales pueden dar fé (sic) de los mismos.

    En lo referente a las causales de impedimento según el Art. 79 C.P.P., considero que mi conducta no se adecua a tal disposición, pues ciertamente he dado alguna información a los medios en consideración a que el proceso es público, y que la Representación Fiscal se encargó que los medios estuvieran interviniendo; me vi en la obligación de dar a conocer a la Sociedad generalidades de lo que estaba pasando y no de emitir juicios anticipados como lo ha hecho la Fiscalía, declarando culpable a los imputados, no siendo ustedes los funcionarios idóneos para tal efecto irrespetaron el Art. (sic) 3 y 4 C.P.P., en vista de haber desobedecido ordenes judiciales y habiendo ofendido y amenazado mi investidura como Juzgadora incurriendo en DESACATO, Art. 339 C.Pn.

    POR TANTO: De conformidad con los Arts. 75, 78, 80 C.P.P., decláro (sic) sin lugar la petición de la Representación Fiscal en cuanto a la recusación por ende, remitase las diligencias a la Honorable Cámara de la Tercera Sección del Centro de la ciudad de San Vicente, para que le dé trámite legal en vista de haber solicítado (sic) la suspención (sic) de la Reconstrucción de Hechos, señalada para éste día, por parte de la Representación Fiscal, por lo cual considero que por sanidad y seguridad es necesario suspender dicha diligencia hasta nueva fecha.

    Al momento de escribir estas líneas, había finalizado la audiencia oral en el tribunal de segunda instancia encargado de valorar las posiciones de la Fiscalía y la jueza al respecto. La decisión de sus magistrados será conocida públicamente hasta el viernes 2 de junio y, dependiendo de ella, la licenciada Guzmán Morales continuará instruyendo el proceso o será sustituida. Tanto la Fiscalia como la madre de Katya, esperan que un nuevo funcionario judicial se encargue de las siguientes diligencias, dentro de las cuales se encuentran dos consideradas claves para lograr esclarecer los hechos, conocer quiénes son todos los responsables e impartir justicia. Nos referimos a la reconstrucción judicial y a la audiencia preliminar; en esta última, se decidirá si se pasa o no a la siguiente etapa procesal: la vista pública.

    La madre de la niña violada y asesinada manifiesta su preocupación, si en este momento continúa dirigiendo el proceso la licenciada Guzmán Morales. Además de las razones que Hilda María Jiménez Molina expuso en su solicitud a la Sección de Investigación Judicial, cuya resolución aún está pendiente, ese sentimiento se ha incrementado después de que dicha licenciada declaró sin lugar la última petición de la representación fiscal. Ello, debido a que la jueza fundamenta su postura mediante diversas aseveraciones que —de nuevo— revelan una marcada actitud contra la parte acusadora. Sin embargo, el país entero está observando los detalles del caso que a estas alturas se ha convertido en un buen ejemplo de la difícil realidad salvadoreña: el conflicto entre las víctimas desamparadas y la impunidad.

NOTICIAS

FLORES. "Los señalamientos hechos por los salvadoreños respecto a que en mi primer año de gobierno no he satisfecho las expectativas del país, son puras percepciones", manifestó el Presidente de la República Francisco Flores. La mejor noticia que el presidente puede dar al salvadoreño medio es que está sacando a la economía "de su comportamiento recesivo, con la creación de nuevos empleos que generará la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)". En lo que concierne a los conflictos del sector salud, el mandatario considera difícil realizar una reforma a corto plazo. "Lo que complicó y retrasó la reforma fue la altísima politización del sector durante la campaña" y ahora que ésta terminó, los que se resisten a la reforma son "los que perciben que van a perder el control que tienen en el sistema antiguo", añadió. Por otro lado, para el Presidente Flores, la confrontación en la Asamblea Legislativa es aparente. "La conflictividad, que fue sumamente severa el año pasado, ha ido cediendo a un entendimiento mayor. Y no únicamente con las fuerzas conservadoras o de derecha". Flores se manifestó optimista respecto a las negociaciones del sector educación. Y es que para el presidente el hecho que el Frente diga "estamos dispuestos a conversar el tema bajo estas condiciones" cambia el panorama. El Presidente de la República reconoció que los salvadoreños esperan de su gobierno más y mejores empleos, salir de la pobreza, combatir la delincuencia y que el desarrollo no hipoteque la seguridad de sus hijos (EDH, 26.05.00, p. 20 y 21; 28.05.00, p. 10 y 11; LPG, 29.05.00, p. 12 y 13).

IMPOTENCIA. Las autoridades se muestran impotentes para enfrentar la ola criminal que abate a Centroamérica y que genera un clima de inseguridad entre la población de la región. En efecto, pese a la solución negociada de los conflictos armados, el incremento de la delincuencia está afianzando la llamada "industria del secuestro", la cual, de conformidad con lo manifestado por las autoridades ataca principalmente a empresarios. En Guatemala, donde existe pena de muerte para los secuestradores, se ha reportado el plagio de por lo menos 16 personas en los primeros cinco meses del año. En Nicaragua, se sospecha que una de las bandas de secuestradores que opera en el país se encuentra vinculada con el narcotráfico, mientras que otras están integradas por ex miembros del Ejército y ex guerrilleros. En Honduras, se han registrado al menos ocho plagios, en su mayoría de empresarios, según datos de la Fiscalía General. En Costa Rica, considerado el país con mayor estabilidad política y menor violencia en Centroamérica, en los últimos seis meses se han perpetrado seis secuestros. En El Salvador, la PNC tiene registrados 34 secuestros en lo que va del año. El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, ordenó la creación de un Comando Antisecuestros con 40 agentes policiales. Mientras que el presidente de El Salvador, Francisco Flores libra una batalla contra la delincuencia dentro de la misma policía (EM, 26.05.00, P.29).

CONGRESO. Muchos creyeron que los resultados del IV Congreso de ARENA, celebrado el pasado domingo 28 serían otros. Sin embargo, al conocer esos resultados, los políticos sólo reforzaron la tesis de que la cúpula arenera no está dispuesta a cambiar. Para José Almendariz, diputado del PCN, se debería comenzar por cambiar a los miembros del partido y es que "tal vez los que fueron al congreso no eran las bases que quería el pueblo", manifestó. Para la oposición de izquierda, el problema se encuentra en la falta de voluntad para cambiar, pues el partido ARENA "tiene una crisis interna y no ha tocado fondo. La cúpula no quiere cambiar". A cuatro "grandes" conclusiones llegaron los areneros en su IV Congreso. Primero, consideran que no es necesario cambiar sus estatutos para salir de la crisis interna; segundo, que no van a realizar elecciones primarias; tercero, que las bases necesitan ser escuchadas; y cuarta, que aún no han encontrado al sustituto de Alfredo Cristiani como presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA). Para los fundadores del partido de derecha, la cúpula arenera les ha ocultado información. Así, Ricardo Roberto Avila, uno de los fundadores, advirtió que van a pedir a la Fundación Empresarial para la Educación y Desarrollo (FEPADE) los documentos para corroborar que "trasladaron incompletos los resultados" (EDH, 28.05.00, p. 2 y 3; LPG, 28.05.00, p. 4 y 5).

COMURES. El alcalde de Nueva San Salvador por el FMLN, Oscar Ortiz, resultó la noche del 26.05 electo presidente de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) para los próximos tres años. Ortíz venció a Milagro Navas, presidenta del consejo anterior y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, y a Marcos Funes, alcalde de Olocuilta, en segunda votación. Según los estatutos internos de COMURES, se necesitan 15 votos para elegir al presidente de la junta directiva, es decir, la mitad de los 28 directores más uno. En la primera votación, Ortiz obtuvo 14 de los 28 votos, mientras que Navas obtuvo 11 y Funes se agenció 3. ARENA había propuesto que la elección se hiciera nominal y pública; sin embargo, el FMLN propuso que fuera en secreto. Después de una votación, la propuesta del FMLN fue la que prevaleció, con lo cual se logró una independencia del PCN y el PDC en relación a ARENA. Luego de la segunda elección, Ortiz alcanzó los 15 votos necesarios y Navas perdió uno; con este resultado se definió el nuevo presidente de COMURES y sólo quedó por elegir a dos vicepresidentes, dos secretarios y cinco directores. Con los resultados, ARENA consiguió 10 directores, el FMLN otros 10 , el PCN tres, el PDC dos, mientras que el PAN, CDU y USC obtuvieron un director, cada uno; además, como primer vicepresidente resultó electo Valentín Castro, de ARENA, y como segundo vicepresidente Gabriel Murillo, del PDC (LPG, 27.05.00, p.18; EDH, 27.05.00, p.14; DL, 27.05.00, p.3).

AGRO. "No es conveniente tener políticas sectoriales, sino que mantener una neutralidad entre los sectores", sostuvo el empresario Roberto Murray Meza, el 26.05, al comentar las medidas anunciadas recientemente por el presidente Francisco Flores en materia de política macroeconómica. Asimismo, Murray Meza añadió que "hay sectores que necesitan de un tratamiento especial, fundamentalmente el agro". El empresario confía en que el plan de reactivación del agro presentado por el presidente Flores y el ministro de agricultura y ganadería, Salvador Urrutia, dará prioridad a este sector; pero dejó claro que no comparte la idea de impulsar políticas sectoriales; además concordó con la opinión del economista mexicano Luis Pazos, para quien alrededor de estas medidas existen "compromisos políticos, privilegios, beneficios a unos y perjuicios a otros". Pazos señaló que los financiamientos dirigidos a los cafetaleros no solucionarán el problema de los precios del café, porque se trata de una sobreproducción de grano que lleva a una caída de los precios; recomendó, en su lugar, la adopción de cultivos alternativos. Por otra parte, el ministro de hacienda, José Luis Trigueros, manifestó no compartir la opinión de Pazos acerca de la aplicación del IVA a las verduras. Nosotros, dijo Trigueros "tenemos ya una carga tributaria sumamente baja, mientras que la carga tributaria de México anda alrededor del 20 por ciento, la nuestra alrededor del 10 por ciento" (LPG, 25.05.00, p.28; 27.05.00, p.32 y 33).

DEPURACION. El presidente Francisco Flores informó, el 29.05, de la creación, como medida de emergencia, de una Comisión de Depuración, cuya finalidad primordial será presentar a la Asamblea Legislativa, el jueves 01.06, un paquete de reformas a las leyes que norman la seguridad pública. El mandatario no descartó reformar la Ley de la Carrera Policial y la Ley Orgánica de la Policía. "Le he pedido al director de la policía y a nuestro secretario de Asuntos Jurídicos, que presentemos las reformas que nos permitan agarrar el reglamento disciplinario y darle cuerpo de ley, para que nos permita depurar la PNC", dijo Flores. La comisión está integrada por los asesores del presidente en materia de seguridad pública, Salvador Samayoa y David Escobar Galindo; el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval; el secretario de Asuntos Jurídicos, Rolando Alvarenga; y el inspector de la policía, Romeo Melara Granillo. "No se permitirá que una manzana podrida corrompa al resto de manzanas buenas", advirtió Melara Granillo. "Se tiene que investigar la procedencia de los aspirantes que ingresan a la Academia Nacional de Seguridad Pública", dijo en su momento el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernado Sáenz Lacalle. Por otra parte, el diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad Pública, Manuel Melgar, manifestó que la depuración de la PNC debe empezar desde la cabeza (DL, 29.05.00, p.2 y 4; 30.05.00, p.4 y 6; LPG, 30.05.00, p.8 y 10).