Año 21
Número 905
Junio 7, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial El primer año de gobierno de Flores
Política Balance del primer año de gestión gubernamental
Economía Reactivación económica e inversión
Comentario El FMLN y la concertación
Derechos Humanos La PNC sin máscara (I)
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    La semana recién pasada fue prolija en noticias, reflexiones, evaluaciones y comentarios sobre el primer año de gobierno de Francisco Flores. Los principales medios de comunicación —particularmente la prensa escrita— no escatimaron espacios para rendir tributo a las virtudes intelectuales del mandatario, las cuales —si se toma más en serio de lo debido lo que dicen algunos medios— lo hacen un personaje fuera de serie, muy superior en talento y capacidades al resto de los mortales. Por contagio, su gabinete de gobierno —los jóvenes tecnócratas elegidos por Flores para sacar adelante sus políticas gubernamentales— compartiría algunos de sus atributos intelectuales, aunque obviamente no con el mismo talante que el Presidente de la República. Siendo así las cosas, ¿qué más se puede pedir? ¿Acaso no deberían estar contentos los salvadoreños por contar con un equipo de gobierno formado por intelectuales de primer nivel? ¿Acaso no son ellos los que saben qué es lo que más conviene al país?

    A la luz de lo anterior, sólo los desagradecidos, los que quieren "desestabilizar" al país o los que no saben —es decir, la mayoría de salvadoreños— pueden dudar de la buena marcha de El Salvador en materia económica, social y política. Obviamente, de entre quienes ponen en entredicho los éxitos del gobierno, los que más desaprobación merecen son los que, a los ojos del gobierno y sus propagandistas, lo hacen por "desestabilizar al país". ¿Quiénes son estos? ¿Qué es lo que hacen o dicen para ser considerados desestabilzadores? Pues bien, desde la óptica del gobierno y sus portavoces en el terreno de los medios de comunicación, quienes desestabilizan son aquellos —personas e instituciones— que, ante todo, han detectado aspectos claramente autoritarios en algunas líneas de acción gubernamental bajo la administración de Francisco Flores y los han puesto públicamente de manifiesto. Y es que, visto con una mínima dosis de objetividad, es indudable que desde los ministerios del interior, economía y seguridad pública han emanado actitudes, comportamientos y políticas de claro corte autoritario. Pero es de mal gusto decirlo; ello desentona con la imagen democrática que el gobierno de Flores se esfuerza por construirse.

    En segundo lugar, también desestabilizan aquellos que ven en el estilo de gobernar de Flores una continuidad con las líneas de conducción política seguidas por las administraciones anteriores de ARENA. Ciertamente, uno de los mayores esfuerzos publicitarios de Flores ha consistido en autopresentarse como el adalid de una "nueva forma de hacer política"; y para crearse esa imagen su gobierno y el partido han invertido recursos a manos llenas. El asunto es que por más esfuerzos que se hagan y por más buena voluntad que se tenga, la tan proclamada "nueva forma de hacer política" no logra verse por ninguna parte ni tampoco se alcanza ver a Flores como su gestor. En consecuencia, cuando algún aguafiestas insiste en lo poco que se diferencia la gestión de Flores de la de sus predecesores es natural que genere malestar en las esferas gubernamentales. Obviamente, el malestar es mayor cuando se formulan argumentos sólidos para poner de manifiesto la continuidad, durante el primer año del gobierno de Flores, del modelo económico cuyos cimientos fueron puestos bajo la administración Cristiani.

    En tercer lugar, en relación directa con lo anterior, son vistos como desestabilizadores quienes no están dispuestos a aceptar el discurso gubernamental sobre las presuntas bondades de las medidas económicas que el gobierno impulsa para apuntalar el modelo neoliberal diseñado para El Salvador. Para el presidente Flores y sus ministros —especialmente los de hacienda y economía— esas medidas no sólo se traducen en éxitos indiscutibles para el conjunto de la economía, sino que sus beneficios llegan sin tapujos al conjunto de la sociedad. Tanto repiten el tópico que todo parece indicar que sinceramente se lo creen. De allí que les suene fuera de lugar y hasta chocante el que se insista en la desarticulación del sistema económico a raíz del predominio y voracidad del sector financiero, del estancamiento del sector industrial y de la crisis sin visos de solución del sector agrícola. A la luz de esa desarticulación estructural de la economía, difícilmente puede hablarse de éxitos económicos contundentes. Desde otro punto de vista, no hay pruebas de que, por ejemplo, la privatización —de las pensiones, de las comunicaciones o de la electricidad— se haya traducido en mejores condiciones de vida para la mayor parte de la población, sino más bien lo contrario. O, para poner otro ejemplo, no está claro cómo gravar con IVA los granos básicos y las medicinas va a favorecer a los sectores pobres del país.

    Por último, desestabilizan los que cuestionan el liderazgo presidencial, sobre todo cuando el mismo, dada la envergadura de los problemas que tienen que ser enfrentados, brilla por su ausencia. Para nada son bien vistos aquellos que se atreven a decir que Flores es un presidente ausente, un presidente que no sólo rehuye los problemas —los del país y los de su partido—, sino que cuando decide hacerles frente lo hace mal, con confusión teñida de palabras rebuscadas y frases cuyo sentido pocos alcanzan a entender. Menos gratos son aquellos que ven en Flores un remedo de Calderón Sol, en donde la única diferencia entre ambos son los aires intelectuales del primero —que tan embelesados tienen a algunos medios de comunicación— y su mayor experiencia en las lides de la práctica política de derecha.

    Quienes han llamado críticamente la atención sobre los aspectos anteriores —el autoritarismo en el gobierno, su continuidad con las dos administraciones anteriores, las debilidades del modelo económico que se impulsa y la falta de liderazgo presidencial— no sólo han desentonado con el consenso progubernamental prevaleciente en algunos círculos mediáticos, sino que han sido condenados al silencio o han sido calificados como "enemigos" de la democracia, es decir, como desestabilizadores. Mientras éstos persistan en sus posturas, la concertación de la que habló el presidente Flores en su discurso de primer año de gestión no los incluye, porque la misma exige asumir y aceptar los lineamientos básicos del proyecto económico-político que, no sin contradicciones, se viene delineando por ARENA desde 1989. El presidente Flores ha hablado de tender puentes al FMLN: claro está, él, su partido y el proyecto que defienden están en uno de los lados del puente; los demás —el FMLN incluido— deben caminar hacia ese lado, esto es, deben dejar en su parte del puente aquello que más los distancia del proyecto de ARENA. Para Flores, de lo que se trata es de lograr una concertación, sí, pero una concertación hacia la derecha.

POLÍTICA

    Las opiniones son divergentes en torno a un balance del primer año de gestión del presidente Francisco Flores. El mandatario autocalifica su desempeño con una nota de ocho. Cree que, durante este año de gobierno, ha sacado al país de una recesión económica, ha puesto las bases para generar "más y mejores empleos", ha logrado el TLC con México y le ha apostado a la reactivación del agro. La población, en cambio, ve con cierto pesimismo la realidad nacional. Un sondeo de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la UCA, califica con 5.4 la gestión del presidente. La mayoría de los salvadoreños no sienten una mejora en su situación económica. En el mismo sentido se expresan algunos opositores al gobierno que califican de "espejismo" las medidas y decisiones en que se ampara el Presidente para hablar de logros en el año que lleva de su gestión. Entonces, como un primer balance, hay una clara diferencia entre, por una parte, la percepción general del desempeño gubernamental y, por otra, las evaluaciones hechas por el ejecutivo y sus ministros.

    Esa contradicción entre opinión pública y opinión oficial ha sido una constante del gobierno de Flores. El manejo oficial de la información siempre ha buscado mostrar una realidad diferente de la que vive la población en su mayoría. El "nuevo El Salvador" de Casa presidencial ha estado alejado de los salvadoreños. Por ello, no es casualidad que la mayoría de la población no vea cambios en la estrategia de combate a la delincuencia ni mucho menos que los niveles de criminalidad hayan descendido —contrariamente a lo que pregona el discurso oficial—, mientras que se reconoce en el presidente, como cualidad sobresaliente, el ser un buen orador. Así pues, como consecuencia de este divorcio entre la percepción que el gobierno tiene de sí mismo y la percepción que de él tiene la población, lo más seguro es que aumente el descontento popular, no se logre una pronta solución a la vieja denuncia de la no-representatividad de los políticos y no se rompa el círculo vicioso del abstencionismo electoral. Empero, las expectativas eran otras el 1 de junio de 1999.

    En el momento de su toma de posesión, el presidente Flores venía de recorrer todo el país. Pretendía construir su programa de gobierno después de "escuchar a todos los salvadoreños". En la campaña electoral, se había presentado como un joven intelectual —un moderado que había desempeñado un papel ejemplar como Presidente de la Asamblea Legislativa—, cuya presencia en la política significaría una nueva manera de hacer las cosas en El Salvador. Fue el manejo que hizo de la prensa lo que convenció a la mayoría de los salvadoreños que lo eligieron, a pesar de haberse negado —valiéndose de su cómoda ventaja en las preferencias ciudadanas— a debatir con los demás candidatos. Los electores, sin embargo, no interpretaron esa actitud como una señal de prepotencia e incapacidad de discutir del entonces aspirante a presidente.

    La prepotencia, la negación a todo diálogo y la poca capacidad de escucha no han estado ausentes durante este primer año del gobierno de Flores. Así lo evidencian las respuestas del mandatario a los diferentes hechos que han marcado la vida política nacional en este lapso. Frente a las huelgas, denuncias, demandas y protestas sociales la respuesta ha sido la misma: desestimar su validez aduciendo la existencia de un plan de desestabilización orquestado por la oposición. A Flores no se le ha podido pedir cuentas sobre su manera de conducir el país en este primer año de gobierno. No ha tenido otra actitud frente a sus detractores que la desautorización: "mis críticos —ha afirmado— se equivocan". En otras palabras, a juicio del Presidente, su primer año de gestión ha sido un año duro por la incomprensión de la oposición y del pueblo salvadoreño en general.

    Efectivamente, el ambiente político y económico nacional no ha sido lo más complaciente para Francisco Flores durante este período. Por una parte, al contrario de lo que su predecesor se esmeraba en negar y ocultar, tuvo que hacerle frente a una situación económica no bonancible. Los signos patentes de un estancamiento en el crecimiento económico eran más que evidentes. Por otra parte, poco después de haber asumido la presidencia, debían celebrarse en el país elecciones generales para diputados y alcaldes. La coyuntura pre-electoral creó en su momento una situación política particular, en la cual la búsqueda de protagonismo por parte de los diferentes actores políticos prevaleció sobre la cordura y el entendimiento mutuo. A su vez, las diferentes huelgas del sector público no propiciaron el mejor escenario de trabajo. De esta manera, tanto en el plano político como en el económico la nueva administración de ARENA tuvo que enfrentar, a veces sin solvencia, graves problemas.

    Sin embargo, una correcta evaluación del primer año de gobierno, si bien no debe ignorar la coyuntura que le ha tocado enfrentar al presidente, debe hacer énfasis en el estilo y la eficacia con la que se ha abordado los problemas económicos, sociales y políticos más urgentes. Y, en este sentido, una evaluación de la labor del presidente debe remitirse a sus propuestas de campaña. Es decir, hay que preguntarse hasta qué punto ha cumplido realmente su propuesta de romper con la vieja manera de hacer política en el país.

    Sobre este punto es pertinente hacer notar que el entusiasmo que había despertado la campaña de Francisco Flores se esfumó tan pronto éste dio inicio a su gestión. Su manejo de las huelgas en el sector salud, sus posiciones partidarias durante la campaña para las elecciones de diputados y alcaldes, entre otros ejemplos, alimentaron esa pérdida de entusiasmo. El Presidente no ha podido desmarcarse del atavismo característico de su partido. Su puesto como Jefe de Estado no lo ha alejado, como lo exige la Constitución, de los intereses políticos partidarios. Durante este primer año de mandato no ha ejercido ninguna influencia para el acercamiento entre los poderes ejecutivo y el legislativo. Al contrario, lleva un récord de vetos a leyes y decretos provenientes de la Asamblea Legislativa. A ello se suma una notable falta de liderazgo y de capacidad mínima de discusión acerca de las iniciativas de leyes que, se supone, buscan el bienestar del país.

    Frente a este panorama desconcertante que ensombrece el horizonte democrático y el fortalecimiento de las instituciones nacionales, no faltará quien se pregunte por los logros, aunque mínimos, así como sobre las perspectivas de solución a los diferentes problemas que aquejan a El Salvador. Ciertamente, en un año no se puede resolver todos los problemas del país. Lo anterior, sin embargo, no impide — al contrario urge— que se inicie un proyecto nacional de trabajo concertado. Es decir, en vez de un año de confrontación y de propaganda para desprestigiar al "enemigo", el presidente hubiera enfocado sus esfuerzos hacia un diálogo constructivo con todos los sectores del país. De esta manera, incluso hubiera podido sortear mejor los obstáculos de argollas e intereses mezquinos que, como buena parte de la población piensa, obstaculizan una buena gestión gubernamental.

    Entonces, aunque se puede pensar que no todo está perdido, puesto que el presidente tan sólo acaba de cumplir un año de gestión y este período es muy corto para establecer logros y fracasos absolutos, las evaluaciones y percepciones ciudadanas indican que se debe enderezar el rumbo. Debe haber una apuesta real a la concertación y al diálogo. Los discursos tienen que transformarse en hechos concretos que reflejen inequívocamente una voluntad política constructora de democracia.

ECONOMÍA

    Uno de los principales problemas económicos de El Salvador es que durante las últimas décadas el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante no ha crecido lo suficiente como para mejorar las condiciones de vida de la población. En lo fundamental, esto ha sido efecto de un modesto crecimiento de la producción, pues las tasas de crecimiento demográfico inclusive se han reducido en las últimas décadas. El hecho de que durante los últimos cuatro años las tasas de crecimiento económico hayan decaído obliga a pensar en la necesidad de medidas de reactivación económica que necesariamente pasan por un incremento sustancial de la inversión.

    Durante los últimos ocho años la inversión ha crecido casi en un 100%, pero, pese a ello, sigue representando una proporción del PIB insuficiente (16%-17%) para garantizar un crecimiento vigoroso de la producción. Asimismo, entre 1992 y 1999, la inversión como porcentaje del PIB decayó de 17.2% a 16.3%; mientras que el consumo total continúa representando más del 95%.

    Evidentemente, sin un crecimiento sustancial en los montos de inversión no se incrementará el PIB por habitante y, más importante aún, tampoco se incrementará el nivel de empleo e ingresos. Al mismo tiempo, tampoco será posible generar las exportaciones necesarias para disminuir el déficit de la balanza comercial —cercano a un 10% del PIB—, ni crear las bases para reducir la dependencia de las remesas familiares para mantener el crecimiento con estabilidad macroeconómica (estabilidad del tipo de cambio, de precios, incremento de las reservas internacionales netas e incremento del consumo y del PIB).

    En este contexto, el tema del financiamiento y la orientación de la inversión adquieren especial importancia, ya que de ellos dependen, en lo fundamental, las tasas de crecimiento del PIB y la sostenibilidad del modelo económico. Sin embargo, las políticas económicas de los tres últimos gobiernos no han abordado con la profundidad que amerita el tema del fomento de la inversión y ni siquiera han asumido una posición realista tanto frente a las limitantes de la inversión como a la necesidad de estimular actividades productivas estratégicas. La asignación del crédito por parte del sistema financiero y la ausencia de una política de diversificación productiva así lo reflejan.

    El sistema financiero se ha erigido, quizás sin que nadie se lo propusiera expresamente, como uno de los principales obstáculos de la inversión productiva al concentrar la asignación del crédito en actividades con ciclos cortos de recuperación y al haber impuesto tasas de interés innecesariamente altas. El comercio, la construcción y los servicios recibieron un 38.3%, 13.2% y 6.3% del total del crédito en 1999, lo cual implica que entre las tres acapararon un 57.8% del mencionado total. Mientras tanto, el crédito para los sectores agropecuario e industrial representó un 8.1% y un 19.2% del mismo total, respectivamente, lo cual implica que ambos sectores recibieron en conjunto solo un 27.3% del total. La situación se agrava cuando consideramos que en cada sector también existe concentración del crédito: el 73.2% del crédito agropecuario fue para el café y azúcar y un 60% del crédito industrial para la producción de alimentos, textiles y químicos.

    A lo anterior se agregan tasas de interés que no reflejan las tasas inflacionarias de un solo dígito que se han obtenido en los últimos tres años. Mientras que en 1999 se aplicaron tasas de interés activas de 15% y 16%, la inflación fue inclusive negativa (-1%), por lo cual en la práctica se debió haber reducido substancialmente las tasas de interés. Sin embargo, las tasas de interés no se ajustan a las tasas inflacionarias provocando que, en la práctica, las políticas del sistema financiero obstaculicen la transmisión de los beneficios de la estabilidad económica hacia los usuarios del crédito y, con ello, hacia los inversionistas.

    Además de la concentración del crédito y las elevadas tasas de interés, el fomento de la inversión enfrenta límites relacionados con la ausencia de nuevos polos de crecimiento económico que permitan una orientación eficiente de la inversión. Las autoridades económicas no parecen enterarse de esta situación, siendo la muestra palmaria de ello el anuncio del gobierno de la próxima implementación de un plan crediticio especial para el sector cafetalero, aun y cuando este sector se encuentra en una profunda crisis, generada por la sobreproducción mundial del grano y el derrumbe de sus precios internacionales. Esta iniciativa puede traducirse en un desperdicio de tiempo y recursos que, en su lugar, podrían emplearse en el fomento de actividades no tradicionales con mejores posibilidades en el mercado internacional.

    En este punto, el papel del Estado es clave, pues éste necesariamente debe asumir un rol protagónico tanto en la definición de nuevos polos de crecimiento económico, como en el aseguramiento del financiamiento necesario para fomentar altas tasas de crecimiento sostenibles en el mediano y largo plazo. Por el momento, y a juzgar por su propuesta agropecuaria, parece que el actual gobierno está claro sobre la necesidad de asumir mayor protagonismo; de aquí que lo más importante sea definir cuáles serán sus criterios para orientar las inversiones.

    Volver los ojos de nuevo hacia el café no es apropiado, primero por las desfavorables condiciones del mercado internacional; segundo, porque es el subsector que recibe la mayor proporción del crédito agropecuario y, tercero, porque ni en sus épocas de gran bonanza ha podido convertirse en una actividad económica que contribuya al combate de la pobreza rural. Por el contrario, el subsector café ofrece bajos salarios y empleo estacional que mantienen a los trabajadores agrícolas en condiciones paupérrimas.

    Falta, pues, mucho por hacer para inducir un proceso de crecimiento sostenido de la inversión, la producción, los ingresos y el empleo; sin embargo, cada vez es más claro que existen tres elementos que deben ser tomados en cuenta: el financiamiento, la orientación de las inversiones e, íntimamente ligado con lo anterior, la construcción de una nueva visión estratégica del desarrollo sobre la cual el Estado debe fundamentar sus políticas públicas.

    Mientras el Estado no asuma una postura frente a los cuellos de botella impuestos por el sector financiero y no defina un plan estratégico de fomento de las inversiones, difícilmente podrá revertir la actual etapa de lento crecimiento que, lejos de mostrar señales de estar finalizando, parece que está profundizándose. El sector financiero, y concretamente la banca privada, no asumirán por sí mismas una política de fomento de inversiones estratégicas, ya que están más interesadas en la eficiencia microeconómica que en la macroeconómica. Será el Estado el que deberá definir y pactar con la banca la creación de líneas crediticias especiales (con plazos amplios y tasas de interés adecuadas a la realidad inflacionaria del país), tal como ha sucedido recientemente en el caso del café. El problema mayor parece ser que no existe ningún plan estratégico de fomento de inversiones, ni esperanzas de que éste sea elaborado en el corto plazo.

    La elección de los sectores que podrían convertirse eventualmente en polos de crecimiento debe hacerse tomando en cuenta, como mínimo, su efecto multiplicador sobre los restantes sectores económicos, su aporte a las exportaciones y su demanda de importaciones, pues ello permitirá conocer el posible efecto de la inversión sobre la economía en general y sobre la balanza comercial, lo cual es vital en el actual contexto de lento crecimiento económico y elevado déficit de la balanza comercial. En el mediano y largo plazo, la definición de polos de crecimiento también es elemental, ya que permitirá articular planes de desarrollo que faciliten una inserción favorable en la economía internacional y un crecimiento más vigoroso y sostenido del PIB por habitante.

POLÍTICA

    Las últimas décadas del siglo recién pasado, dejaron una serie de cambios sociales y políticos cuya máxima expresión a nivel mundial fue la caída del muro de Berlín ocurrida en octubre de 1989, y a nivel nacional los acuerdos de paz que dieron fin al conflicto armado. Estos acontecimientos además de dejar la idea para muchos de que asistíamos a una nueva realidad, también dejo en evidencia que era necesario adoptar nuevas formas de ver e interpretar la realidad, nuevas formas de ver y pensar las organizaciones humanas y las interrelaciones existentes entre ellas y nuevas formas de buscar soluciones a los problemas que aquejaban a cada país en particular y al mundo entero en general; necesariamente estas formas pasaban por establecer acuerdos concertados entre los diferentes actores sociales — sobre todo los actores políticos— que coexisten en una situación determinada para afrontar de una manera diferente los cada vez más diversos y complejos problemas sociales.

    Concertar se vuelve un vocablo y una idea muy pregonada por muchos, aunque quizá más como alternativa a las consecuencias padecidas de la confrontación originada por la imposición del más fuerte sobre el más débil, que por convicción de estar dispuesto a su practica, ya que la misma implica ceder posiciones ante las posiciones del otro motivados por un fin compartido entre las partes —el cual desearíamos fuese el bien común. Este quizá es el deseo que muchos teníamos una vez conocidos los resultados electorales que dieron —al menos en apariencia— una conformación balanceada de fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa producto de las cuales la concertación sería su consecuencia lógica. Sin embargo las realidades se imponen a los deseos y, aunque muchos de nuestros políticos expresaron su disponibilidad a concertar, a la hora de concretizarla se demostró que el discurso es una cosa y los hechos otra.

    La conformación de la Directiva de la Asamblea Legislativa demostró que a buena parte de nuestros políticos les cuesta ceder sus intereses en función de la estabilidad del país, pues cambiar el acuerdo de la asamblea saliente —en el sentido de que al partido con mayor número de diputados le corresponde presidir el primer órgano de El Estado— denota además de una falta de madurez política y de una falta de visión de país, una posición del bloque conformado por ARENA, PCN y PDC de cerrar filas en torno a su hegemonía por sobre cualquier aspecto político y  —según dicen los entendidos en el Derecho—  una falta grave jurídicamente hablando.

    El panorama resultante después del primero de mayo podría plantear para el FMLN una situación muy difícil como primera fuerza legislativa si ellos no toman en cuenta que su accionar será constantemente abordado por el bloque ARENA, PCN, PDC con la misma lógica con que se eligió la directiva del  primer órgano del Estado, por tanto el FMLN debe de plantearse una serie de desafíos para impulsar una concertación que pasan por el hecho de asimilar los siguientes aspectos :

a) Asimilar que aunque relativamente —según la cantidad de diputados por partido— son mayoría a la hora de sumar los votos del bloque conformado por ARENA, PCN y PDC su fuerza queda relegada en una segunda posición —no necesaria para alcanzar la mayoría relativa que requieren muchas decisiones— que, aunque no sea el reflejo de lo expresado en las urnas el doce de marzo, es la realidad concreta practicada en la Asamblea Legislativa.

b) Asimilar que la concertación se va a tener que realizar con un bloque de partidos que cambian a su antojo las reglas del juego según les convenga.

c) Asimilar que la concertación implicará para el FMLN tener el pragmatismo de estar en una posición desventajosa no sólo porque sus diputados sean menos que el total de la sumatoria de los de ARENA, PCN y PDC, sino porque hay una línea de cerrarle todos los espacios para minarle su fuerza de cara a las elecciones del dos mil tres y sobre todo de cara a las del dos mil cuatro.

    Si el FMLN acepta todos estos aspectos con la madurez política que requiere el momento, estará no solo aportando a la gobernabilidad sino también proyectándose como una fuerza política de oposición constructiva, aspecto que, dicho sea de paso, le explota como debilidad la propaganda oficial. ¿Qué aspectos entonces tendría que contemplar el FMLN para poder concertar logrando con ello ganar como partido posicionado en la primera fuerza legislativa y a su vez logrando aportar a la estabilidad institucional del país?

    En primer lugar tendría que comenzar por reconocer que la alianza ARENA, PCN y PDC no es infalible pues al adentrarse un poco en sus fuentes de sustentación podemos encontrar entre ellos puntos que no son del todo coincidentes y que a lo mejor sí podrían serlo con algunas posturas del FMLN.

    En segundo lugar podría resultar interesante tratar de ubicar a aquellas personas o sectores que al interior de los partidos muestren descontento por la forma en que son conducidos cada uno de sus partidos en general —el caso de los fundadores en ARENA, las corrientes en el PDC y la vacilante postura del Diputado Almendaris en el PCN— y por la forma en que establecieron la alianza para la presidencia de la Asamblea Legislativa, con miras a deslegitimar las acciones asumidas por las cúpulas

    En tercer lugar iniciar un paulatino y estratégico abandono de la postura de “dignidad” asumida al interior de la Asamblea Legislativa en el sentido de no aceptar negociaciones que tengan como interlocutores a partidos que modificaron el protocolo legislativo sobre la asignación de la presidencia en el primer órgano del Estado, pues quizá esto sea un punto de honor para la dirigencia y para el partido mismo, pero no a los ojos de sus votantes y todavía más del grueso de la población, que no necesariamente la mira como punto de honor, o como beneficioso para sí, por lo que podría ser contraproducente asumirlo sin más.

    En cuarto lugar procurar desde las diferentes comisiones legislativas —ya sea desde aquellas que presidan o no— proyectar su plataforma electoral presentada en la reciente campaña electoral, pues es desde ahí donde podrán incidir más significativamente de cara a la población, y desde las cuales poder responder las demandas que los distintos sectores sociales vayan presentando.

    En quinto lugar debe dar muestras de trascender la denuncia sin más, asumiendo posturas concertantes buscando, como producto de ello, que la población en general y sus votantes perciban beneficios directos.

    En sexto lugar asumir como una realidad la existencia de las dos corrientes al interior del partido —ya que a veces tienden a negarse por no coincidir con el nombre con que se les conoce—, con miras a poder superar sus diferencias y que las mismas no provoquen fisuras en la fracción legislativa y sobre todo de cara a la opinión pública.

    En séptimo lugar el FMLN debe darse cuenta que existen otras “batallas más a librar” en el terreno legislativo como es el caso de la elección de los cinco magistrados propietarios e igual número de suplentes para la Corte Suprema de Justicia para los cuales también habrá que pactar; la elección del nuevo Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, donde dicho sea de paso no se cometan los error de la última vez donde al parecer por cansancio y por presión se eligió al menos indicado —como lo demostró su posterior destitución por los mismos legisladores que lo habían elegido—; finalmente, habrá que pactar también para el caso de las instancias colegiadas de las municipalidades como es el caso de COMURES en el cual sobre todo podría correrse la misma suerte a la hora de buscar la presidencia de no pactar a tiempo y con realismo.

    En octavo lugar es importante para el FMLN descubrir en cual de los aspectos en que tradicionalmente se enfocan los acuerdos legislativos —es decir, el campo económico, el campo político, el campo social— puede encontrar afinidad. Por lo que se observa del trabajo y acuerdos legislativos celebrados desde el año noventa y cuatro hasta la fecha parece haber una coincidencia en el campo de los acuerdos económicos entre ARENA y el PCN (políticas de modernización, presupuesto general de la Nación etc. ), en el campo de los acuerdos sociales la coincidencia se da entre El PCN y el FMLN (políticas de apoyo a la descentralización como el 6% para los municipios, los incentivos para políticas sociales en el agro) y en el campo político la coincidencia se da más que todo entre el FMLN y ARENA (reformas y conformación del Tribunal Supremo electoral por mencionar alguno).

    En noveno lugar la concertación debe de llegarse a concretar sobre todo con los diversos sectores sociales que conforman la vida nacional, los cuales además de las organizaciones síndicales y campesinas contemplaría a los gremios profesionales, los gremios empresariales —de la grande, mediana, pequeña y micro empresa—, las universidades, las distintas organizaciones no-gubernamentales y las diferentes denominaciones religiosas, si es que se quiere reducir el creciente abstencionismo que llegó a su máxima expresión en estas pasadas elecciones.

    En décimo lugar no deben descuidar las concertaciones locales que hay que realizar en los ochenta municipios donde el FMLN gobierna a partir del primero de mayo de esta año lo cual es importantísimo si recordamos que en dichos municipios se concentra la mayor densidad de población y lo que ahí se demuestre como efectivo tendrá un efecto reproductor de cara al 2003 y sobre todo de cara al 2004.

    Poder llevar a feliz término estos desafíos le traerá al FMLN —y porque no decirlo también en buena forma al país— beneficios en la gobernabilidad, pero para ello será necesario por sobre todas las cosas consensuar sobre realidades, para potenciarse como partido, para al menos no retroceder en la institucionalidad democrática del país y sobre todo para hacer valer los mensajes enviados por la población el doce de marzo a través de las urnas.
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Colaboración de Joaquín Aguilar, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.

DERECHOS HUMANOS

    La Policía Nacional Civil (PNC) no sólo se mueve en el terreno que le corresponde, según los propósitos que le dieron origen tras la firma de los acuerdos de paz, la reforma constitucional y la aprobación de su ley orgánica.  Al aterrizar se observa que, además de velar y garantizar la seguridad de la población salvadoreña, la corporación desarrolla una doble o hasta triple función y que los resultados de su actuación no siempre benefician a la colectividad. Por el contrario, en demasiadas ocasiones su cuestionada labor apunta más a favorecer intereses particulares, abusivos y mezquinos. El problema fundamental radica en que, a pocos años de su inicio y a final de cuentas, la PNC no ha contribuido eficazmente a proteger a la ciudadanía y reducir la situación de inseguridad, que —para algunos analistas— en lugar de disminuir aumenta con el paso de los años. Lejos de eso, se ha convertido en un factor de preocupación e inestabilidad para el país; eso la tiene, ahora, en el “ojo del huracán”.

    Quién sabe cuánto habrá de cierto en ella, pero la percepción de mucha gente es que dentro de la institución se encuentran elementos que —con la mayor impunidad— utilizan sus instrumentos y capacidades para enriquecerse ilícitamente o realizar otros actos ilegales. Así pues, en la actualidad, la población no sólo debe protegerse de los delincuentes comunes sino también de este tipo de crimen organizado: el que realizan hampones uniformados de policías y que causa mayores daños.
Pese a los esfuerzos que al parecer realiza la corporación sobre todo en el combate al crimen común, puestos los pies en la tierra los resultados son bastante precarios o —en el mejor de los casos— la población no los ve ni aprecia lo suficiente; eso se refleja en los sondeos de opinión. En ese marco, resulta bastante preocupante que después de haber transcurrido ya un año desde que asumió la dirección general de la PNC el diplomado Mauricio Sandoval, aún no ha presentado su informe de labores; incluso, todavía no es posible obtener el consolidado estadístico del trabajo realizado por la corporación durante ese período.

    Pero lo cierto es que las cifras que a veces presenta el cuerpo policial no siempre coinciden con las que difunden por el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. Es más, en pocas ocasiones se ha podido observar que exista un acuerdo entre estas tres instituciones estatales cuando se trata de encontrar el camino para disminuir —de una vez por todas— el elevado índice delincuencial en nuestro país. Aunque sí coinciden en algo que la gente, independientemente de que sea cierto o falso, no cree: que la labor de la PNC ha reducido la criminalidad y que dentro de ella hay elementos "buenos y malos", aclarando que son “más los buenos que los malos".

    Sin embargo, en los delitos más graves o aquellos actos repudiables producto del crimen organizado —como los secuestros, el contrabando y el comercio de drogas, robo y hurto de vehículos, así como los horrendos asesinatos que aun después de la guerra siguen conmovido a la sociedad— son bastantes los agentes de la PNC que se roban el papel estelar. Además, la corporación es reconocida en los reportes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como la “institución que más viola los derechos humanos”. Según el procurador en funciones, Marcos Valladares, a diario la institución a su cargo emite una resolución en su contra. Valladares acaba de informar que entre el 1 de junio de 1999 y el 31 de mayo del año en curso, la PDDH recibió 1,349; también recordó que entre el 1 de junio de 1998 y el 31 de mayo de 1999, la PDDH emitió 365 resoluciones en las cuales se comprobó responsabilidad de la Policía en 227 ocasiones.

    Por todo lo anterior, hoy la moda es hablar de la depuración al interior del cuerpo la institución así como de modificar su ley orgánica, el reglamento y cualquier otra normativa que según los políticos —desde el presidente de la República hasta el último diputado del partido oficial o de sus aliados— “favorece” a los delincuentes vestidos de azul. Hasta una comisión especial ha sido creada por el primer mandatario para llevar a cabo dicha “limpieza”. Sin embargo,  aunque uno de los eternos miembros de este tipo de comisiones —junto con David Escobar Galindo— afirmó que la depuración se llevará a cabo en todos los niveles e iniciará desde los jefes, la opinión generalizada que incluye algunas voces del gobierno apunta hacia otro esfuerzo frustrado y frustrante.

    Como están las cosas, independientemente de lo que diga el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Salvador Samayoa, la mayoría de la gente piensa que esta comisión no podrá valorar e investigar la gestión de la cabeza principal de la corporación, pues eso es potestad única y exclusiva de Francisco Flores quien —hasta el momento— parece confiar plenamente en el diplomado Sandoval.

    Samayoa a dicho: “Vamos a limpiar y sanear, caiga quien caiga, a la institución. A ese acuerdo hemos llegado con el presidente para garantizar la transparencia del proceso. Efectivamente, la depuración debe topar todos los niveles, no puede ser que estemos sólo en las escalas básicas”. No obstante el discurso, insistimos: esa comisión de hecho no está facultada para investigar y evaluar la labor del jefe de la institución policial. Viendo tanta anomalía en la PNC, desde hace algún tiempo el IDHUCA ha venido señalando por años hechos y situaciones concretas que revelan tanto la inoperancia e ineficiencia de la PNC como los abusos que se cometen desde su interior, debido a que no existe un organismo independiente que monitoree su conducción y trabajo.

    Por citar un ejemplo de los males que aquejan al cuerpo desde su cabeza, tenemos que el caso de su actual director general. El presidente de la República es quien lo nombra; no obstante, existen algunos requisitos que la persona que ocupa el cargo debe cumplir, los cuales están contemplados en la ley orgánica de la Policía Nacional Civil. El artículo 5 de la normativa policial determina que para ello se necesita —entre otras cosas— tener un título universitario y ser de moralidad y competencia notoria, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los diez años anteriores a su nombramiento. Además, estando en ese puesto no es permitido que la misma persona desempeñe otro cargo público o ejerza su profesión, “excepto las actividades de carácter docente y cultural”.

    Al parecer, Sandoval no ha reunido todos los requisitos. Es más: en su ficha del correo electrónico de Casa Presidencial, todavía aparece como su título universitario el diploma honorífico extendido por la Universidad Central de la Policía de la República de China. Fue hasta después de tomar posesión del cargo y luego de muchos cuestionamientos, que el funcionario presentó una sorpresiva “licenciatura” de, a Universidad Nueva San Salvador (UNSSA). Por otro lado, se afirma que los anuncios en los medios de la institución policial han sido asignados a sus empresas publicitarias, sin conocerse a la fecha si existió alguna licitación pública para otorgárselos.

    Entonces, no basta con asegurar que los “malos elementos” serán eliminados de la Policía Nacional Civil pues los problemas deben resolverse aplicando medidas radicales. Y, como dijo Marcuse, ser radical es ir a la raíz de los problemas. Hablemos, pues, sus máximas autoridades que deben comenzar por dar el ejemplo. Es cuestionable la labor de un funcionario que fue director fundador del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), del Centro de Estudios de Inteligencia del Estado (CINTEL) y de la Comunidad de Inteligencia Salvadoreña (CIS), así como coordinador del Consejo de Seguridad Pública  durante las gestiones presidenciales de Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, cuando no lograr “topar” —como dice Samayoa— a los “peces gordos” y autores intelectuales de secuestros, narcotráfico y homicidios, entre otros. ¿De qué sirve su “trayectoria”?

    El mismo Sandoval informa con orgullo que durante su primer año de labores han disminuido los índices delincuenciales en un 15 por ciento; y asegura que el apoyo de la población al trabajo que desempeña la PNC es evidente, al afirmar que casi el 76 por ciento de la gente entrevistada opina que existe mayor presencia policial. Sin embargo, aunque la presencia policial se haya incrementado en algunas zonas identificadas como altamente peligrosas —tal es el caso de Mejicanos, Zacamil y Apopa— ha servido para reducir algunos hechos de delincuencia común, los delitos de cuello blanco y el crimen organizado siguen en la impunidad.

    En ese marco, aunque debe reconocerse que la institución ha efectuado la captura y desmantelamiento de algunas bandas delictivas, hasta el mismo Fiscal General de la República —Belisario Amadeo Artiga Artiga— ha expresado que sólo los “gatos” caen, mientras que los cabecillas siguen en el anonimato. Lo más cuestionable es que una persona con tanta experiencia en investigaciones y que estuvo al frente del OIE por tanto tiempo, no tenga información o no sepa quién o quiénes dirigen las bandas más organizadas en nuestro país.

    Muchas son las dudas y los cuestionamientos que surgen alrededor  de la idoneidad de Sandoval para ocupar el cargo de director de la corporación. Entre ellas se encuentran las siguientes.¿Por qué el presidente de la república lo defendió a capa y espada cuando hizo pública su designación, ante los múltiples señalamientos de periodistas y políticos debido a que su nombre apareció mencionado en un informe confidencial de la Comisión de la Verdad sobre la estructura y el funcionamiento de los “escuadrones de la muerte”? ¿Sobre qué base plantea el primer mandatario que es Sandoval el funcionario mejor evaluado de su equipo? ¿Quién, cómo y cuándo lo evaluó? Es conocido que en los sondeos de opinión, la ministra de Educación —por citar un solo ejemplo— ha salido mejor calificada. La inquietud del millón es si Francisco Flores y su partido pretenden construir una imagen de Sandoval, pensando convertirlo en un fuerte  candidato a la presidencia para el período 2004-2009 como el director de la corporación policial capaz de reducir —según su auto publicidad— la violencia e inseguridad.

    Pero hay otras interrogantes: ¿qué pretendían Flores y Sandoval al presentar el documento de la “Alianza por la Seguridad y el Nuevo Modelo de Seguridad Pública”, quitándole potestades que por ley le corresponden al Ministerio de Seguridad Pública y a la Inspectoría General de la PNC? ¿Tratan de darle al actual director de la institución todo el mando de la seguridad pública,  para luego explotar su supuesta capacidad?

    Es cierto que son demasiados los policías involucrados en delitos y que muchos de ellos son aceptados nuevamente por la institución, debido a que el reglamento interior no faculta a los jefes y al mismo director a sacar a los malos elementos a menos que el delito cometido sea tipificado como grave; es decir, contra la vida, la libertad individual y el bien privado y patrimonial, por mencionar algunos casos.  Sin embargo, ¿de qué sirven las reformas a la normativa si éstas no se ponen en práctica para todos por igual? Porque, como se escucha al interior de la corporación, en la PNC se sanciona de sargento para abajo. No sabemos si es exacta o no esta última afirmación, pero algo hay de ello.

NOTICIAS

MASACRE. Cinco militares y dos mujeres civiles fueron asesinados, el 02.06, en el cantón El Tablón, en Pasaquina, La Unión. El principal sospechoso del múltiple crimen es un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que dirigía un Grupo de Tarea Conjunta (GTC). Según la versión oficial del Ministerio de Defensa, el crimen ocurrió a las 7:30 de la mañana, cuando el agente Luis Alonso Navarrete, de 28 años, aprovechó que sus compañeros se encontraban desarmados en el interior del puesto militar en el que estaban destacados para dispararles a corta distancia. Navarrete, quien tenía tres años de pertenecer a la PNC, fue capturado cinco horas después del hecho. El director de la policía, Mauricio Sandoval, dijo que se trató de problemas personales entre los miembros del GTC, quienes se dedican a patrullar las zonas rurales. De acuerdo a fuentes de la PNC, en 1997, Navarrete fue detenido por agresión cuando se encontraba en estado de ebriedad; en 1998 reincidió y, pese a las faltas, siguió dentro de la institución. A esto se suma que Navarrete es considerado una persona inestable, de acuerdo al perfil psicológico realizado antes de su ingreso a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Por su parte, la Fiscalía pidió instrucción formal con detención provisional por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y tenencia, portación y conducción de armas de guerra, contra el imputado. El vicepresidente de la república, Carlos Quintanilla expresó que aunque es "un hecho aislado", no deja de ser preocupante (LPG, 03.06.00, p.4 y 5; 04.06.00, p.4 y 5; EDH, 06.06.00, p.10).

INFLACIÓN. De acuerdo a las cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía, la inflación en mayo fue de 0.6%, porcentaje que altera los promedios oficiales manejados, a corto y a mediano plazo. La inflación acumulada en los cinco meses del año aumentó a 1.9% y el promedio anual se elevó a 0.3%. El director general de la Dirección de Protección al Consumidor (DPC), Antonio Méndez Llort, expresó, el 05.06, que el subgrupo de los Vegetales y las Legumbres fue el que tuvo mayor aumento de precios en mayo, con un 11.8%. Además, los Cereales y Derivados aumentaron 1.5%. Estas cifras oficiales revelan que la causa del aumento de los precios fue la aplicación del 13% del IVA a las verduras. "Podemos decir que lo que ha ocasionado mayor incremento en los precios de los vegetales y legumbres es el mal manejo que los comercializadores mayoristas están haciendo, provocando el desabastecimiento en el mercado, para que el precio suba", dijo Méndez Llort. El desabastecimiento de los productos que fueron gravados con el IVA desde mediados de mayo continúa; por esta razón, muchos productos han aumentado su precio en las últimas dos semanas en más del 200%. Asimismo, la determinación que los productores tomaron de suspender el ingreso de producto importado como medida de presión al gobierno ha afectado directamente al consumidor final (LPG, 06.06.00, p.28; EDH, 06.06.00, p.27; DL, 06.06.00, p.3)

ESCASEZ. El mercado La Tiendona, principal centro de abastecimiento de frutas y verduras del país, se encuentra desabastecido de esos productos en un 75% y el resto de productos se encuentra en mal estado, informaron mayoristas de ese mercado, el 05.06. Esto se da como consecuencia de la suspensión del ingreso de productos importados desde el 01.06, medida de presión y rechazo, tomada por los comerciantes, a la aplicación del 13% del IVA a productos agropecuarios. Los mayoristas y minoristas de La Tiendona amenazaron con intensificar las medidas de protesta si no se deroga el decreto 877 en el que se contempla la aplicación del 13% de IVA a los productos importados. "Hemos llegado a un acuerdo, que transportistas y comerciantes [que] no quieren acatar el paro, se les van a quemar sus unidades", aseguró Fermín Avalos, de la cooperativa de vendedores. Para hacer efectiva la amenaza, los importadores han desplazado representantes de la gremial a las fronteras y puntos ciegos, así como a los alrededores de mercados y supermercados, con órdenes claras de incendiar los furgones. Al respecto, Mauricio Sandoval, director de la Policía Nacional Civil (PNC) explicó que se cuenta con un plan para darle seguridad a los camiones que ingresen con cargamento de verduras para abastecer los mercados locales. El gobierno ya está tomando medidas alternativas para aumentar la producción de verduras y frutas, entre las cuales figuran la creación de un agromercado en San Martín, alternativo a La Tiendona (LPG, 06.06.00, p.24 y 25; 07.06.00, p.24; EM, 06.06.00, p.3)

ESTRATEGIA. La transferencia de fondos para las alcaldías y la exigencia del FMLN para votar por el crédito de educación son parte de la estrategia parlamentaria del partido de izquierda. Los requisitos del FMLN para ceder sus votos al préstamo educativo tienen que ver con el fortalecimiento presupuestario de las alcaldías. Es a través de éstas que el FMLN quiere decir a la gente que "su partido les llevará por el mejor rumbo", como asegura Medardo González, diputado del FMLN. El primer requisito fue exigir al gobierno avalar un préstamo por 10 millones de dólares para la alcaldía de San Salvador. Además, el Frente quiere la entrega de 453 millones de colones a las municipalidades, retenidos del 6% de los presupuestos de 1998 y 1999. Asimismo, los efemelenistas esperan que la transferencia de esos fondos sea directamente a las alcaldías, sin la intervención del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal (ISDEM). En este marco, Schafik Handal, diputado del FMLN, pidió al pleno legislativo reformar la ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) para obviar los intermediarios a la hora de entregar dinero a las alcaldías. Francisco Merino, jefe de fracción del PCN, consideró que, en el fondo, el FMLN "busca la desaparición del ISDEM y FISDL. El PCN, en cambio quiere armonizar a las alcaldías con el resto del aparato estatal", añadió (EDH, 02.06.00, p.8).

CSJ. La Asamblea Legislativa dio inicio a la evaluación de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A diferencia de otras elecciones, en el proceso no se permitirá la presencia de ningún periodista. El diputado Jorge Villacorta manifestó que "la razón del hermetismo es que los abogados se puedan expresar con libertad". La inquietud que surge es por qué se oculta una elección pública que debería estar abierta a cualquier ciudadano. Por otro lado, magistrados latinoamericanos inauguraron en El Salvador el VII Encuentro de Magistrados de Tribunales Constitucionales de América Latina, en el cual se abordarán temas como: "el rol de la jurisdicción constitucional en el sistema político" y "Estado de derecho y el buen gobierno: problemas y desafíos para América Latina". El presidente de la CSJ, Eduardo Tenorio, reiteró el compromiso de los tribunales y las salas constitucionales de continuar con su rol de "controladores de la constitucionalidad" y garantes de los procesos de modernización jurídico-política que experimentan la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, la independencia de la Sala de lo Constitucional respecto a la CSJ ha generado controversia entre juristas salvadoreños. Para Eduardo Tenorio no es necesario romper "la unidad jurisdiccional del país", ya que en El Salvador, en su opinión, el Tribunal Constitucional concentrado en la CSJ funciona como es debido, es más económico y fortalece el poder judicial. Beatrice de Carrillo, Presidenta de la Federación de Abogados de El Salvador, fue de la opinión de que es necesario crear la Corte Constitucional, para garantizar "el juzgamiento de los juzgadores" (EDH, 03.06.00, p.6; 06.06.00, p.6; Nación Digital, 06.06.00).

INFORME. "El presidente hizo de tripas corazón: en una situación tan calamitosa del país encontró la forma de hablar más de proyectos que de obras realizadas. Saludar con sombrero ajeno es fácil". Así reaccionó el diputado del FMLN Schafik Handal, después de que el presidente Francisco Flores cumpliera con el mandato constitucional de rendir su informe ante la Asamblea Legislativa sobre las gestiones realizadas en su primer año de gobierno. Para el mandatario, la economía del país está cada día mejor; señaló como logros de su administración la firma del Acuerdo de Libre Comercio con México, la inclusión de El Salvador en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, el Acuerdo del Triángulo del Pacífico con Guatemala y Nicaragua, la reactivación del Puerto de Cutuco y la instalación del ferry. A pesar de lo anterior, reconoció que el desempleo y la pobreza persisten en un alto índice: "sabemos que queremos seguridad, empleo y combatir la pobreza, pero no queremos que los esfuerzos del desarrollo hipotequen el futuro de nuestros hijos", señaló. En cuanto a los servicios básicos, informó que ya se ha comenzado a ampliar su cobertura y eficiencia, pues se ha "invertido en la rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y generación de energía". Para el alcalde de San Salvador, Héctor Silva, el presidente Flores hizo bien en cambiar el rumbo de su gestión en favor del agro. Sin embargo, "el principal logro del presidente es en las relaciones exteriores, lo demás son intenciones", dijo Silva (EDH, 02.06.00, p. 2 y 3; LPG, 02.06.00, p. 3 , 4, 52 y 53).