Proceso 908

La comisión ad hoc designada por el presidente Flores para depurar la Policía Nacional Civil elaboró una primera lista con más de doscientos agentes, quienes tienen expedientes abiertos por haber cometido faltas graves y muy graves. La recomendación de la comisión es que estos policías debieran ser expulsados de la institución de inmediato. A esta primera lista seguirá una segunda, en la cual, según lo adelantado, figurarían centenares de agentes a quienes se les atribuye la misma clase de faltas. La comisión también ha constatado que en algunas unidades de la Policía Nacional Civil —una de ellas la unidad de emergencia 121— existen organizaciones para delinquir. A todo esto hay que agregar la práctica de la tortura, en algunas delegaciones. En consecuencia, la comisión recomienda expulsar a los delincuentes de la institución y reformar las normas y prácticas vigentes, lo cual implica su reestructuración. Mostrando una sensatez poco común en los funcionarios del gobierno actual, la comisión sostiene que el problema principal de la seguridad pública no estriba en la legislación vigente, sino en la Policía Nacional Civil. Por consiguiente, los cambios deben comenzar por aquí, dejando para después la revisión de la ley y otras medidas complementarias.

La eficiencia y la firmeza con las que la comisión ad hoc ha actuado llevan a cuestionar los controles internos de la Policía Nacional Civil y a su dirección. La pregunta obvia es por qué ni los unos ni la otra pudieron hacer este trabajo depurador, ni tampoco pudieron identificar las deficiencias principales de la institución, sino que fue necesario establecer una comisión presidencial para ello. Es llamativo que esta comisión haya hecho en poco menos de un mes lo que la dirección de la institución y el mismo presidente Flores no pudieron hacer en un año. Durante todo este tiempo, ambos funcionarios han estado pregonando el buen funcionamiento de la policía y la seguridad, desconociendo los graves problemas internos de dirección y organización. Esta es una muestra inequívoca de que las autoridades actuales de la Policía Nacional Civil no son las más idóneas. A la objeción de que no podían actuar porque la legislación se los impedía, se puede responder que así como solicitan con insistencia su modificación en otros puntos, como el de las escuchas telefónicas, podrían haberlo hecho en este caso concreto y, probablemente, hubieran tenido más éxito. Ahora bien, si alegan ignorancia de lo que sucedía en la institución que dirigen, habría que destituirlas por incapaces.

Todavía no están claras las condiciones en las cuales los policías depurados dejarán la institución. Lo más probable es que aquéllas ya hayan sido pactadas. La depuración es un bien y una necesidad indudables para la Policía Nacional Civil, la cual, de esta manera, se deshace de elementos indeseables; sin embargo, plantea otro problema grave a la sociedad al dejar ir a delincuentes —al menos debiera seguir los pasos de los más peligrosos. Los ex policías están entrenados y cuentan con equipo, experiencia y conexiones, incluso dentro de la misma institución policial. La única diferencia es que, en su nueva situación, los delincuentes no podrán contar con las ventajas que les brindara el operar desde dentro de la institución. Lo normal es que se les abrieran expedientes judiciales, pero, ya se sabe, ni la policía ni la fiscalía cuentan, por descuido o por desinterés o por ambas cosas, con pruebas para acusarlos ante los tribunales. Las condiciones de la depuración son más importantes de lo que parece. Los ingresos ordinarios y “extraordinarios” de los depurados tenderán a disminuir, y con ellos, su nivel de vida, al cual ya se habían acostumbrado. Al carecer de una profesión o al no encontrar empleo, lo más probable es que sigan el camino de algunos de los depurados y desmovilizados al finalizar la guerra, quienes, en unas condiciones similares, encontraron en la delincuencia un medio de vida cómodo y seguro. Aquellos policías depurados que no viven del salario, no dudarán en continuar con las actividades delictivas.

Mientras la comisión presidencial se ocupa de depurar y reformar a la Policía Nacional Civil, su director se esfuerza por demostrar su eficiencia en combatir el delito, a través de operativos “espectaculares”. Una serie de acciones policiales corrobora esta duplicidad de propósitos. El director recibió en Comalapa una avioneta que transportaba droga, la cual, según las primeras versiones policiales, habría pedido permiso para aterrizar y cargar combustible; otra versión asegura que la nave ya era esperada, lo cual explicaría la presencia del primero en el aeropuerto. Sin embargo, la fiscalía asevera que su destino final era El Salvador. Así parece confirmarlo la documentación encontrada a los dos pilotos, en la cual aparece el nombre de un funcionario gubernamental que no ha sido identificado, pero que, de antemano, tanto la policía como la fiscalía descartan que esté relacionado con el incidente.

En la misma línea, la prensa ha reproducido una fotografía, cuya procedencia no ha sido explicada, en la cual aparece una lancha desplazándose a gran velocidad, presuntamente sobre el río Lempa, y transportando droga —la fiscalía deduce su cargamento por el color de la piel de sus ocupantes. El mensaje de las autoridades es que como ellas no cuentan con el equipo necesario para interceptar esta clase de naves, se impone entregar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo salvadoreño al ejército estadounidense. En realidad, la nave pudo haber sido interceptada por el mismo helicóptero desde el cual se tomó la fotografía. Sorprende la rapidez con la que la policía, encabezada por su director, capturó a los presuntos secuestradores de un empresario adinerado pocas horas después de su liberación.

En la gran mayoría de los casos, la policía no actúa con tal velocidad. Tal vez en este caso pudo hacerlo porque en el secuestro habrían participado policías, incluido un vehículo, y, por lo tanto, se podría presumir que los investigadores tenían conocimiento de la banda. Si es así, por qué no procedieron contra ellos antes del secuestro. Aunque el director no descarta la participación policial, sostiene que el radiopatrulla no es auténtico, aun cuando en las pesquisas no encontraron dicho vehículo, ni los uniformes de los policías. Tal vez porque sus usuarios los tienen en posesión. Caben, sin embargo, otras posibilidades. Podría ser que los capturados no estén relacionados con el secuestro en cuestión, aunque sí con otros delitos. La prueba que la fiscalía necesita para acusarlos podría ser fabricada —no sería ésta la primera vez que recurren a esta ilegalidad que, para ellos, estaría justificada. En cualquier caso, las personas capturadas no parecen ser las autoras intelectuales. Al paso de lo cual sale el director al presuponer que la banda capturada está relacionada con otra de Guatemala. Pero la prueba que tiene es muy circunstancial.

Es lamentable que la precisión no sea el punto fuerte del director de la policía, pero ello no le preocupa, porque su objetivo es proyectar una imagen positiva de aquélla Así, mientras él hace propaganda, la comisión ad hoc depura e intenta reformar.

La última Convención nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional (FMLN) plantea para el observador del desempeño de los partidos políticos varias inquietudes. Una primera inquietud se refiere al clima de división interna que opone a "ortodoxos" y "renovadores". Ambos grupos no descansan en su enconada lucha por hacerse del control de las principales instancias partidarias. Las acusaciones mutuas de radicales antidemocráticos y traidores entregados al proyecto neoliberal están a la orden del día. Por tal motivo, el observador se ha de preguntar si la situación no acabará en una escisión en el seno del partido de izquierda. Por otro lado, se puede pensar en la necesidad de aprovechar este clima para generar una discusión interna que responda por la identidad del FMLN en la coyuntura actual.

En efecto, después de la firma de los Acuerdos de Paz, la incorporación a la vida civil de los efemelenistas no dio paso a una discusión interna sobre el cambio que suponía tal realidad. Al contrario, parece que se asumió el reto de la creación de un nuevo partido político como una mera estrategia que venía a reemplazar simplemente la lucha armada como medio para alcanzar el poder estatal. En este sentido, los diferentes movimientos armados que configuraron el FMLN se consagraron como tendencias más o menos semejantes a lo que eran las organizaciones de donde provenían. Así pues, en vez de generarse una discusión sobre el nuevo papel de la izquierda como partido político en el entorno nacional y mundial actual, se siguió con el esquema de lucha por el poder y por instaurar una sociedad socialista, sin todavía preguntarse por la viabilidad de dicho proyecto.

El momento para un debate interno sobre la identidad del FMLN como partido político de izquierda no se puede seguir postergando por mucho más tiempo. Los últimos acontecimientos en este instituto político así lo indican, y los dirigentes partidarios deberían embarcarse, sin demora, en este camino. Un debate interno amplio ayudaría no sólo a exorcizar el fantasma de una posible ruptura producto de la lucha por el control de las instancias partidarias entre las tendencias renovadora y revolucionaria socialista, sino que también ayudaría a responder a los deseos de buena parte de la población salvadoreña que ve en el FMLN una alternativa frente a la derecha mercantilista neoliberal.

El debate que se ha de dar al interior del FMLN no puede circunscribirse tan sólo a una negociación entre tendencias que se disputan el control del partido. No se puede obviar la existencia de las tendencias; sin embargo, hay que preguntarse a qué responde la divergencia entre ellas. Por lo que se ha visto hasta ahora, parecen responder más que a visiones de fondo sobre el papel de la izquierda en la realidad nacional actual —de conformidad con el entorno mundial de imposición del modelo neoliberal— a desacuerdos puntuales meramente coyunturales de democratización interna y estrategias de negociación con los demás partidos políticos.

Por otra parte, no cabe la menor duda de que la coyuntura mundial y nacional actual impone ciertas condiciones de funcionamiento a todo partido político. Y como tal, el FMLN debe, además de democratizarse, moverse con un cierto pragmatismo político que reconozca y tome en cuenta los límites impuestos por el actual sistema socio-económico y político imperante. Pero, aunque es un primer paso fortalecer el proceso democrático interno en el partido de izquierda y reconocer los márgenes impuestos por la realidad, ello no debe llevar a una pérdida de identidad ideológico-política. También se debe valorar e insistir en las diferencias entre izquierda y derecha; hay que subrayar que las diferencias importan y así lo ve y lo necesita la población.

Lo anterior conduce a otra posible lectura del necesario debate que la realidad actual exige del FMLN. Podría esforzarse por tomar en cuenta el contexto internacional y preguntarse por el papel de las izquierdas en general frente al capitalismo reinante. Una lectura de esta índole no sólo desautoriza a quien busca negar el pasado del FMLN —en tanto que proyecto alternativo para una liberación de las mayorías excluidas por el capitalismo—, sino que se pregunta también por la viabilidad del proyecto de izquierda en el mundo actual.

Desde la caída del muro de Berlín y el subsiguiente derrumbamiento de importantes países comunistas, se respira un aire de triunfalismo en los abanderados de la derecha. Se acusa de todos los males al comunismo que no sólo se mostró incapaz de solucionar los problemas económicos de los países donde se implantó, sino que también se caracterizó por la instauración de un despotismo repudiado por los diferentes pueblos. Por otro lado, en los antiguos abanderados de un proyecto de izquierda cunde el sentimiento de fracaso. En razón de ello, unos se convierten al capitalismo reinante y otros se quedan añorando el mundo perdido. El dominio mundial del sistema capitalista no deja lugar a dudas. Parece imposible pensar en alternativas al sistema imperante.

Sin embargo, a pesar de la imposición fáctica del proyecto capitalista, no se ha podido satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población mundial. Al contrario, sigue aumentando cada día más la brecha de desigualdad entre pobres y ricos. A pesar de que la humanidad cuenta con la posibilidad de resolver varios problemas de salud, analfabetismo y pobreza extrema, no se ha visto ninguna voluntad concreta de avanzar en este sentido. Frente a este panorama, si bien es cierto que desaparece el mundo comunista que se consideraba el proyecto de sociedad alternativo para responder a los males sociales, no se puede pensar que la causa para una lucha de izquierda no siga existiendo. Como dice Jorge Castañeda, "más allá de los titulares de hoy y los desencantos de ayer, subsiste la esencia de los debates y de los desacuerdos que durante años polarizaron a sociedades segregadas en lo social e irremediablemente atrasadas en lo económico. Lo único que ha cambiado —y no podía ser de otro modo— son los parámetros de esos debates" (La utopía desarmada. Barcelona, Ariel, 1995). Entonces cómo plantear el problema de la identidad de la izquierda?

Ya se ha visto que en un plano práctico, la izquierda debe moverse en los parámetros impuestos por el sistema imperante. Sin embargo, se puede pensar con valentía y creatividad cómo darle respuesta a los grandes desafíos éticos de la humanidad actual. Es decir, la izquierda, si bien no debe seguir añorando el mundo comunista y pensar en su restauración, puede perfectamente hacer propuestas concretas que lleguen a un cambio en el orden de las cosas.

Y en este punto entra el tema de la discusión que se debería dar al interior del FMLN acerca de su capacidad de captar estas dos realidades como partido de izquierda e inscribirse en el contexto mundial donde la izquierda sigue debatiendo acerca de su papel y de su contribución para el cambio de la situación de las mayorías. Frente a este panorama la solución a los problemas internos no se encuentra en tomar partido por renovadores en contra de ortodoxos o viceversa. No sería la manera correcta de plantear el problema. Se entrará en el camino correcto de solución al problema de la identidad, cuando se defina lo que se quiere en general como partido de izquierda y los mecanismos para lograrlo en el actual momento nacional y mundial.

La privatización de los servicios públicos levantó desde un principio serias dudas sobre sus supuestos beneficios para la economía familiar. De acuerdo con sus apologistas, con la privatización se introduciría mayor eficiencia en el funcionamiento de las empresas, se provocaría una reducción de los costos de producción y se abaratarían las tarifas.

Una vez privatizado el servicio telefónico y la distribución de la energía eléctrica, existen realidades objetivas que demuestran que la privatización no ha contribuido a reducir los tarifas y, además, ha provocado, en el caso de la energía eléctrica, un incremento de los subsidios. En la actual coyuntura interesa revisar rápidamente el comportamiento de las tarifas y subsidios de cara a dos hechos recientes: primero, las alzas en las tarifas eléctricas y, segundo, la propuesta del gobierno de eliminar el subsidio a las tarifas del servicio de agua potable.

En abril pasado, las tarifas de energía eléctrica se incrementaron en aproximadamente 52%, como resultado de un incremento en los costos de producción, el cual se atribuyó a la necesidad de generar una mayor proporción de energía eléctrica a través de medios térmicos, mismos que suponen costos de producción superiores a los correspondientes a los medios hidroeléctricos. Afortunadamente para los consumidores, el gobierno absorbió la totalidad de este incremento en el caso del sector residencial y la mayor parte en el caso de los sectores comercial e industrial. Estos dos últimos experimentaron incrementos de solo 15% en sus recibos de consumo de energía eléctrica. Aun así, es evidente que estos sectores procedieron a trasladar los costos al consumidor, algo perfectamente predecible cuando se trata de empresas privadas.

Según cálculos de funcionarios del Fondo de Inversión Nacional para Electricidad y Telecomunicaciones, el subsidio a las tarifas energéticas implica para el Estado erogaciones mensuales de cerca de 43 millones de colones, lo cual implica que, durante el segundo trimestre de 2000, se habrían erogado cerca de 129 millones de colones en concepto de subsidios, lo cual equivale a un 5.5% del déficit fiscal.

Esta situación levanta dudas acerca de la supuesta eficiencia de las nuevas empresas, pero, sobre todo, acerca de la conveniencia de los contratos y fórmulas de cálculos de tarifas, más cuando se considera que en países como Guatemala el costo del kilovatio es de 13 centavos de dólar, mientras que en El Salvador es de 26, es decir, el doble. Esta disparidad se explica fundamentalmente por la forma en que las empresas calculan las tarifas: utilizando fórmulas que —aunque pueden ser perfectamente legales— otorgan un margen de ganancia demasiado elevado, especialmente considerando el carácter estratégico de la energía eléctrica (representa cerca de un 10% de los costos de producción de un 48% de las empresas, cerca de un 3% del costo de la canasta básica y tiene influencia indirecta sobre la inflación cuando los empresarios trasladan sus costos al consumidor).

El problema parece ser que los acuerdos con las empresas distribuidoras de energía eléctrica fueron suscritos en condiciones extremadamente favorables para ellas, tal como lo evidencia en este momento la diferencia entre las tarifas cobradas en El Salvador y Guatemala y como lo evidenció en agosto de 1999 la disputa entre la empresa generadora Nejapa Power y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), y que se originó cuando las autoridades de CEL cayeron en la cuenta de que estaban pagando precios demasiado elevados por la energía eléctrica (Proceso, 865).

A la problemática de las excesivas tarifas de energía eléctrica se agrega la intención del gobierno de eliminar el subsidio al consumo de agua potable con el argumento de que este limita la inversión en obras de ampliación de la red de distribución. Actualmente, los consumidores con una lectura mensual menor a los 41 metros cúbicos reciben subsidio de 50% cuando su consumo es menor a los 20 metros cúbicos y de 35% cuando su consumo está entre los 21 y los 40 metros cúbicos. En total se estima que el subsidio significa para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) un ingreso no percibido de cerca de 220 millones de colones anuales, pero que para los pequeños consumidores significaría un incremento de entre 35% y 50%.

Esta dinámica no es en realidad nada nuevo, pues prácticamente desde la entrada del sector privado a la prestación de servicios públicos ha venido experimentándose una clara tendencia hacia las alzas en las tarifas y hacia el incremento del subsidio al consumo (Proceso, 863, 870). Esta situación plantea dos problemáticas que requieren de la adopción de medidas urgentes como la revisión de las fórmulas de cálculo de las tarifas y la evaluación de la pertinencia de continuar las privatizaciones de los servicios básicos (generación de energía eléctrica y distribución de agua potable).

Es difícil ocultar que las distribuidoras de energía eléctrica están empleando fórmulas que arrojan tarifas que les permiten obtener excesivos márgenes de ganancia, a costa del presupuesto de los consumidores y del Estado. Esta situación es inaceptable desde la perspectiva del beneficio colectivo, porque castiga a la gran mayoría de la población para beneficiar a un puñado de empresarios. Por si fuera poco, también tiene efectos sobre los costos de las empresas, los precios de los productos y el costo de la canasta básica. Aunque es difícil pensar en una reversión de la privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, es totalmente necesario revisar el proceso para evitar gastos innecesarios a los consumidores y al Estado.

En el caso del sector agua potable, el problema, a juicio del presidente del ANDA, parece ser la escasa disponibilidad de recursos para programas de inversión, lo cual mueve a pensar que no necesariamente la eliminación de subsidios es la única solución posible. También puede pensarse en incrementar la inversión pública en el sector agua, otorgar exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado en las nuevas obras o trasladar al gobierno central los 220 millones de colones que ANDA deja de percibir en concepto de subsidios. De hecho, a las empresas privadas de distribución de energía eléctrica se les reembolsa el subsidio, mientras que a ANDA, que es una empresa pública, queda fuera de esa ayuda.

Esta última situación revela con claridad meridiana la política del gobierno frente a las empresas públicas: hacerlas aparecer como entes ineficientes, imposibles de rescatar e incapaces de alcanzar la autosostenibilidad. Pocos se detienen a pensar que la situación sería totalmente diferente sí el Estado les brindara el mismo trato generoso que le dispensa a las empresas privadas. Inclusive en el peor de los casos —es decir, con la eliminación de los subsidios—, sería más ventajoso que el Estado estuviera en posesión de las empresas de servicios públicos, pues obtendría pingües ingresos fiscales.

La política de reforma del sistema de prestación de servicios básicos —en realidad reducida a la privatización— debe cambiar porque estos sectores son estratégicos en cuando menos dos sentidos: sus tarifas influyen directa e indirectamente sobre la formación de precios y, además, son un importante componente de los costos de las empresas que influye directamente sobre la competitividad de las empresas nacionales. Hasta ahora, el gobierno ha postergado la solución a la problemática, prorrogando la asignación de los subsidios y despreciando soluciones más permanentes, como la ya mencionada revisión de las fórmulas de cálculo de las tarifas y la modernización de las empresas públicas de servicios básicos (generación de energía eléctrica y la distribución de agua potable).

Desde que se supo que Walter Araujo, diputado del partido ARENA, había sido designado por las autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) como presidente de la máxima autoridad partidista, los ánimos de muchos areneros se apaciguaron. Su perfil, ya familiar en la defensa de los intereses del partido, pareció ser suficiente para contentar a los descontentos y acallar a los más críticos. Con él, la promesa de un mejor partido —más fuerte en la cancha electoral, más cercano con sus bases y más sólido en sus proclamados “principios”— brilló con toda su intensidad entre la hermandad arenera. Sobre sus habilidades políticas bastante se ha visto y en ellas no parece haber militante tricolor que no vea el espíritu de quien reconoce al enemigo con los mismos ojos del Mayor Roberto D’Aubuisson. Sobre sus intenciones, Araujo ha hecho gala de la tradicional palabrería que decoró sus intervenciones en la Asamblea Legislativa para anunciarlas a todo el que las ha querido escuchar. Sobre el verdadero poder que podría llegar a ostentar una vez colocado en la cumbre del partido… sobre eso queda todavía mucha tela que cortar.

Ciertamente, para emitir juicios definitivos acerca de las intenciones de Araujo habrá que observar el rumbo que le imprimirá a su trabajo al frente del partido de gobierno. Pero, si la ganancia del novel presidente del COENA todavía no sale al descubierto, su vertiginoso ascenso a la jefatura del instituto político sí pone en evidencia el rumbo que se ha venido siguiendo en la lucha por el control de sus estructuras directivas. Araujo es la última pieza de un juego que se viene desarrollando en ARENA desde hace un buen tiempo. El juego está animado no sólo por el estancamiento electoral que el partido ha experimentado durante los últimos comicios. También ha contribuido a ello la silente lucha interna que se desató desde que D’Aubuisson se vio inhabilitado para llevar las riendas del partido. En esta lucha, la meta era acumular el mayor apoyo posible de las bases para poder ocupar la vacante del Mayor. Aunque la estabilidad y la unidad ocupaban un lugar preponderante, el espacio para las luchas de poder quedaba abierto para quien tuviera la capacidad de poner las piezas en el lugar correcto y a la sombra del mejor árbol.

El regreso de Alfredo Cristiani a la dirección del partido, después del mal trabajo atribuido a Gloria Salguero Gross en 1997, estuvo profundamente marcado por la lógica de este juego. El ex presidente apareció como el confortador de todos los caídos; su juego particular quiso fraguarse desde la necesidad de recuperar los valores que le dieron vida al partido, esos que le ganaron el respeto de los sectores militares y económicos ansiosos por hacerse del poder a como diera lugar. Además, convenientemente retirado de las presiones políticas que le obligaban a decir lo correcto en las situaciones correctas, Cristiani pudo desligarse totalmente de su imagen de mandatario comprometido con un objetivo común (la paz) para dedicarse a hacer sus propias apuestas en el juego de poder que se le revelaba. Señalados los culpables de la mala actuación del partido en las urnas, rebajados sus perfiles a lo más oscuro de la escena pública, Cristiani se presentó como el político experimentado, comprometido con los principios ideológicos del partido y capacitado como ningún otro para darle la victoria en los comicios que estaban por venir.

Y aunque nadie puede dudar de la capacidad de mando del ex presidente, lo que tampoco se puede obviar es su tendencia a favorecerse —él y sus allegados en lo político y lo económico— con la conducción del partido en función de su permanencia en el poder y no del beneficio de todos los sectores de la derecha política. La presidencia de la república le sirvió para darle el espaldarazo que necesitaba a los sectores financiero y comercial del país; el manejo del partido, para afianzar sus trincheras y lealtades políticas. En ese preciso momento, el juego político de ARENA se consolidó y los que quedaron relegados no pudieron más que contener sus reclamos hasta que ocurriera algo que pusiera en aprietos el pretendido liderazgo del ex mandatario y su grupo. Eso ocurrió con la conmoción que siguió a los resultados electorales de marzo pasado.

Es en el contexto posterior a este fuerte cuestionamiento del dominio de Cristiani que aparece Araujo como opción de relevo en el COENA. De hecho, ante la opinión pública el partido no pudo actuar mejor al calificar el arribo de Araujo al juego político como un simple “relevo”, sobre todo porque ese arribo no implica en sí mismo la superación de la carrera por el control del partido. El ímpetu con el que Araujo escaló los escaños necesarios para alzarse victorioso en la jefatura del COENA se lo debió a su astucia para retomar los mecanismos de su predecesor. El apoyo fue solicitado de puerta en puerta, las promesas fueron la garantía de un arranque electoral anhelado para la vida política de ARENA. Pero a esta astucia también le acompañó una suerte de añoranza por el legado de la obra de D’Aubuisson en los tiempos del esplendor del partido. Araujo, uno de los consentidos del Mayor, pretende encarnar esos valores olvidados e irradiarlos con una dosis de obligado populismo hacia las bases.

En este sentido, Araujo supo colocarse como una pieza más dentro del juego de poderes que persiste en ARENA. Se aprovechó de la nostalgia que aún desata el carismático liderazgo de D’Aubuisson entre las bases y se vendió como el hijo de una generación de nacionalistas que en él podía ver un medio para colocarse a la altura de los tiempos. Esto no significa, en lo absoluto, la renuncia al juego de poderes… sólo es la confirmación de que en esta partida, Araujo —y quien le apoya desde la dirigencia saliente, si es que lo hay— supo ganarse las expectativas de los correligionarios atendiendo a las necesidades de la coyuntura. Cristiani, en su oportunidad, prometió a los areneros la presidencia de la república y un engrosado frente de diputados. Araujo promete, ahora, reconstruir el partido desde el apego a sus principios más fundamentales y la salvaguarda de la unidad que ha caracterizado al instituto político de derecha.

Si Araujo tiene en verdad la intención de devolverle a ARENA la conducción que sus bases tanto añoran, lo primero que deberá hacer es procurar una mayor apertura de la dirigencia hacia éstas y del partido hacia la sociedad en general. Y esto implica combatir el divisionismo interno, que cada vez se hace más evidente. Pero esto no se hará escapando de las críticas que surjan en el recorrido político que el partido de derecha penosamente está viviendo. Mucho menos amparándose en las palabras del Mayor en cuanto se le presente la oportunidad de hacerlo. De hecho, aunque la alusión a la unidad del partido y al trabajo comprometido por encima de las diferencias internas están presentes en el discurso del recién investido presidente del COENA, éste todavía usa guantes cuando hay que tocar los reclamos de los fundadores y de los llamados “paquistas”, puestos a un lado por atreverse a desafiar el verticalismo arenero. De persistir con esta práctica —afianzada y a la vez tolerada durante el mandato de Cristiani— no podrá rescatar al partido de la crisis que se asomó en los días previos a su elección.

Hasta ahora, la figura de Araujo es —a partir del anhelo expresado por los mismos areneros— el medio más idóneo para invocar un pasado que trajo gloria al partido y que, ahora, se ha velado tras los traspiés electorales que con tanto dolor se han venido sufriendo. Definitivamente, aceptar el reto de representar ese papel le ha sido efectivo y seguirá siendo así, si lo único que busca es asegurar su permanencia en el cargo después de la Asamblea General de septiembre. Pero para administrar con un mínimo de sensatez las fuerzas que sacuden a este instituto político no se necesitará únicamente de esa imagen. ¿Acaso esas añoranzas no están ligadas a una época donde las diferencias languidecían ante la amenaza y la intolerancia propias de los primeros nacionalistas? En definitiva, al nuevo presidente del COENA le falta todavía mucho trecho que andar y muchas partidas que jugar dentro de la complicada trama de poderes que se remueven bajo su mando.

En memoria de Ricardo Membreño,
colega comprometido con la causa de la justicia,
seguiremos trabajado por construir un país distinto,
donde la persona y sus derechos valgan de verdad.

La bomba de tiempo estalló. Desde hace unas semanas, lo que era un secreto a voces se confirmó; de esa manera, pasó a ser del dominio público algo que en nuestro país ha sido —desde hace décadas— una práctica ilegal pero bastante común, sobre todo en el marco de la situación política del país a partir de la década de los sesenta. Hablamos de la intervención telefónica. Sólo que ahora, quienes nunca se imaginaron que les podría suceder han visto aparecer sus nombres en el listado de víctimas. Así, además de algunos políticos espiados, también resultaron afectados funcionarios públicos, empresarios y periodistas; no se escaparon, tampoco, gremios profesionales y otro tipo de agrupaciones pertenecientes a la llamada “sociedad civil”. Mucho se ha dicho hasta ahora sobre el suceso, aunque en determinados momentos —con o sin intención— éste haya parecido diluirse entre otros hechos de violencia y mal funcionamiento institucional, de esos que tanto abundan en el país. No obstante, sigue dando de qué hablar y por eso vamos a tratar de abordarlo desde nuestro terreno: el de la construcción de un verdadero Estado de Derecho, fundado en el respeto a la legalidad y los derechos humanos de todas las personas.

Antes de entrar de lleno a las consideraciones valorativas, sepamos en qué consisten las famosas “escuchas telefónicas”. Según la empresa “Altha TeleSystems” —con instalaciones en las ciudades de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Caracas, México y Tel-Aviv— éstas pueden efectuarse de las siguientes formas: instalación de un emisor en cualquier parte del recorrido del cable (centralita, acometida de línea y caja de pares, entre otros); instalación de un emisor dentro de un aparato telefónico (aprovechando el micrófono del mismo); derivación de la línea mediante acoplamiento físico o por inducción a la misma y escucha directa (como un teléfono supletorio) y/o grabación o conexión a un emisor, para escucha remota; escucha oficial a nivel de centralita telefónica; e intercepción de telefonía móvil, mediante un simple scanner o bien un aparato especial de intercepción de telefonía celular.

Como se desprende de lo anterior, existen varias modalidades para realizar lo que —a final de cuentas— no es más que una operación de espionaje. Para lo que nos interesa, el meollo del problema no está en la forma cómo se lleva a cabo dicho espionaje sino en el hecho de que acá se escuchan llamadas y que eso es una práctica ilegal, sin importar la motivación. Pero debemos ubicarnos bien: estamos en El Salvador, país donde sigue siendo costumbre ignorar la legalidad ante hechos de este u otro calibre; así las cosas, ante situaciones como la que ahora comentamos, siempre surgen voces que de forma automática —incluso sin contar aún con todos los elementos para emitir un juicio objetivo— pretenden justificar lo injustificable.

Dentro de las declaraciones de ese tipo, la más notable y preocupante fue la del presidente Francisco Flores quien —a los pocos días de haber “reventado” el escándalo— afirmó: “Aquí lo que hay es un conflicto comercial entre SALTEL (empresa demandante) y TELECOM (empresa demandada)”. Según “El Diario de Hoy”, en su edición del pasado jueves 15 de junio, el primer mandatario considera que “hasta la misma Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) le ha dado demasiada relevancia al asunto de la intervención telefónica”. ¿Y eso qué? Sea por razones comerciales o políticas, fruto de ociosidades de algún funcionario, producto del interés por conocer intimidades para luego chantajear, resultado de ciertas desviaciones sicológicas o de otro tipo de alguien con poder, por deporte o cualquier otra afición propia de mentes enfermas o ambiciosas, la pregunta a responder es la siguiente: ¿se cometió un delito o no?

Quizás por las “múltiples” y “estratégicas” ocupaciones de quienes asesoran a los altos funcionarios de este país —enfrascados nada más en “trabajar por los más pobres de los pobres”, hacer de El Salvador “un país de oportunidades” y forjar las “alianzas” que nos lleven a disfrutar del “progreso” y la “seguridad”—, los primeros no hayan podido informar a los segundos que dentro de la Constitución hay un artículo que primero dice así: La correspondencia de toda clase es inviolable; interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. A sabiendas de que también la correspondencia ha sido controlada ilegalmente, lo que daría pie para otro sin fin de comentarios, veamos el final del que es el artículo 24 de nuestra Carta Magna: Se prohibe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas. Y punto.

Pero además, por si no les basta con el texto que han jurado cumplir y hacer cumplir ciertas personas cuando asumen sus cargos en el gobierno, veamos qué dice al respecto el Código Penal en su artículo 186, sobre el delito de captación de comunicaciones: El que con el fin de vulnerar la intimidad de otro, interceptare, impidiere o interrumpiere una comunicación telegráfica o telefónica o utilizare instrumentos o artificios técnicos de escucha, transmisión o grabación del sonido, la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será sancionado con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta a cien días multa.

Y agrega lo siguiente: Si difundiere o revelare a terceros los datos reservados que hubieren sido descubiertos, a que se refiere el inciso anterior, la sanción será de prisión de seis meses a un año y multa de cien a ciento cincuenta días multa. Esta disposición se aplica a particulares; por tanto, aun si se tratase sólo de un “conflicto comercial” —como afirmó el presidente Flores, con su proverbial ligereza, sobre el caso que nos ocupa— existe un delito que perseguir y, por tanto, el hecho tiene relevancia. ¿O es que las actuales autoridades piensan seguir rasgándose las vestiduras únicamente cuando se trate de delincuentes pobres?

Si, pese a la enorme publicidad con la que se anticipan determinadas diligencias de investigación a realizarse en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), se logra detectar el involucramiento de esa dependencia o de otro miembro de este gobierno — cosa que vemos muy difícil, por no decir imposible— deben saber que existe otro artículo en el Código Penal, el 302, que a la letra dice: El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que interceptare o interviniere las comunicaciones telefónicas o usare artificios técnicos de escucha o grabación de dichas comunicaciones o lo ordenare o permitiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo por igual tiempo. Además, dicho artículo determina que si la interferencia e intervención de la comunicación telefónica se utilizare durante el curso de la investigación policial o judicial, se aumentará la pena en una tercera parte de su máximo.

Con todo lo anterior, algo debería quedarnos claro: el hecho de que haya sido una acción aislada o una práctica sistemática, de tipo comercial o político, no le debe reducir en lo más mínimo a la discusión que —al menos mientras esté vigente lo establecido en la Constitución y el Código Penal— estamos hablando de acciones esencialmente ilegales. Y en eso, todas las personas en nuestro país que se encuentren dentro del gobierno o que están fuera de él deberíamos estar de acuerdo: ninguna ilegalidad debe quedar impune. Si no, seguiremos igual o peor que hasta la fecha.

Está del todo claro que escuchar las conversaciones telefónicas no es práctica exclusiva de un país. Un ejemplo: el 17 de marzo de 1997, la agencia de noticias ACAN-EFE publicó en el periódico guatemalteco “Prensa Libre” que diez diputados, tanto de oposición como del partido gobernante, denunciaron a la Fuerza Armada del vecino país por interferir sus llamadas. En ese marco, un empleado de la GUATEL —la empresa estatal de telecomunicaciones— informó que el Estado Mayor Presidencial (EMP), dependencia castrense, era la que ordenaba cuáles líneas debían ser intervenidas; éstas no sólo pertenecían a diputados sino también a militares, periodistas, abogados y otras personalidades.

En nuestro país, el ex empleado de la desaparecida empresa denominada Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y ahora diputado del FMLN, Humberto Centeno, ha dado a conocer el “audio” de conversaciones grabadas y escuchadas en el pasado por dicha institución del Estado para ser utilizadas por agentes gubernamentales, con fines políticos. El diputado en mención, además, hace unos días hizo pública la lista de dieciséis personas algunas de las cuales —según él y sus informantes— tuvieron y tienen que ver con el espionaje telefónico. Todas ellas, en los distintos niveles de un aparato organizado: jefes, supervisores y operadores directos del aparato operativo.

Pero la duda no sólo está en quién realiza el trabajo sucio o quién miente y quién dice la verdad. La mayor interrogante que debe ser resuelta tiene que ver con quién ordena y para qué. Además, resulta evidente que se está aprovechando la coyuntura de esta denuncia pública para insistir en la necesidad de legalizar en el país la intervención telefónica. Y eso es harina de otro costal. Poner de ejemplo —para justificar esa decisión— lo que ocurre en los Estados Unidos de América, país donde existe un sistema judicial y el resto de instituciones consolidadas que garantizan el buen uso de este tipo de herramientas, resulta bastante ridículo.

Sobre esto último, con humildad y sinceridad, debemos reconocer que por de pronto vivimos en un país donde no es novedad que existen funcionarios gubernamentales altos, medios y bajos de diversas instituciones —sobre todo aquellas relacionadas con la seguridad y la justicia— involucrados directa o indirectamente en hechos delictivos, sin que sean procesados por sus fechorías. Vivimos, pues, en un país donde éstos pueden violar la ley y los derechos humanos, confiando en que existen todas las condiciones para quedar impunes.

¿Cómo se puede esperar, entonces, que un país que comienza a tratar de construir un sistema democrático y que apenas puede aplicar con equidad las leyes vigentes, pueda mantenerse bajo control esa actividad de espionaje sin que se incurra en delitos? ¿Estamos seguros que esa herramienta no será usada contra personas inocentes o con fines comerciales, en el marco de una voraz y desleal competencia? ¿Cómo se piensa garantizar que al aprobar las escuchas telefónicas para combatir determinados delitos, no serán ocupadas éstas para favorecer al crimen organizado o a los delincuentes de “cuello blanco” que tienen sus apoyos dentro del mismo aparato estatal? ¿Quién puede afirmar con certeza que esta actividad no se convertirá en un boomerang que golpeará a quienes ahora la apoyan inocentemente e, incluso, hasta sus mismos promotores?

No estamos cerrados a buscar todos las formas racionales, civilizadas y legales para superar la difícil situación en la que hoy nos encontramos; pero toda decisión que se tome debe partir de algo fundamental: el bienestar de todas las personas, sin ningún tipo de distinción y sobre la base del respeto a las “reglas del juego”. Pero antes de que el presidente de la República asuma su papel de gobernante, la Fiscalía General de la República realice bien las pesquisas necesarias para llegar hasta los autores materiales del espionaje telefónico y se despejen muchas dudas, la población seguirá haciéndose la pregunta: ¿Con quién hablo y... quién me escucha?

Presentamos a continuación el texto de la resolución "La Organización de Estados Americanos y la sociedad civil", aprobada el 5 de junio del 2000.

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General "La Organización de los Estados Americanos y la sociedad civil", AG/RES. 1661 (XXIX-O/99), y Fortalecimiento de la cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil", AG/RES. 1668 (XXIX-O/99), contenido en el documento CP/doc.3318/00;

La creación, en 1999, dentro del ámbito del Consejo Permanente, de la Comisión sobre la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA;

y El mandato del Consejo Permanente establecido en la mencionada resolución con respecto a la preparación y aprobación, antes del 31 de diciembre de 1999, de las directrices para la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA;

TOMANDO NOTA con satisfacción de que el 15 de diciembre de 1999 el Consejo Permanente aprobó la resolución CP/RES. 759 (1217/99) que contiene las directrices para la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA; y

La creciente importancia del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos; y

La significativa contribución de las organizaciones de la sociedad civil a las actividades de la Organización de los Estados Americanos y de los órganos y organismos afines del sistema interamericano,

1. Endosar las Directrices para la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (las Directrices) aprobadas por el Consejo Permanente el 15 de diciembre de 1999, [CP/RES. 759 (1217/99)], tomando nota, en particular, de las funciones asignadas a la Comisión sobre la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (la Comisión) y la Secretaría General.

2. Tomar nota del registro de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de conformidad con los procedimientos establecidos en las Directrices.

3. Encomendar a la Secretaría General que siga adoptando las medidas necesarias que permitan la implementación y difusión de las Directrices.

4. Reiterar la importancia de la colaboración entre los gobiernos y las OSC y, en este contexto, alentarlos una vez más a establecer a seguir fortaleciendo mecanismos de cooperación a nivel nacional estatal, provincial y municipal.

5. Reiterar también los mandatos asignados a la Secretaría General, en la resolución AG/RES. 1668 (XXIX-O/99), y solicitarle informar, en su caso, al Consejo Permanente a través de la Comisión, sobre la aplicación de dicha resolución.

6. Encomendar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en el trigésimo primer período ordinario de sesiones, sobre la participación de las OSC en el contexto de las Directrices, y sobre la implementación de la presente resolución.

PARLACEN. El Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, afirmó, el 22.06, que en la Cumbre de Presidentes realizada en Panamá se logró un consenso entre tres mandatarios del Istmo para disolver el Parlamento Centroamericano, debido a que "no cumplió con los objetivos para los que fue creado". Según Portillo, la propuesta fue apoyada por los gobernantes de Panamá, Mireya Moscoso; de El Salvador, Francisco Flores; y de Nicaragua, Arnoldo Alemán. "Es un gran costo para Centroamérica, no ha ayudado a su integración y sus resoluciones no son vinculantes", comentó Portillo. Sin embargo, horas más tarde de estas declaraciones, voceros del gobierno salvadoreño insistieron de que en la cita de Panamá se discutió "la necesidad de volver el PARLACEN una institución más efectiva, más dinámica". El ex presidente de Honduras, Roberto Reyna, rechazó la iniciativa de desarticular el PARLACEN, argumentando que con ello se intenta "destruir el proceso de integración de Centroamérica". Por su parte, la panameña Elsie Mackay, vicepresidenta del foro, advirtió que "intereses ocultos no desean que el Istmo se integre". Además, los diputados salvadoreños en el PARLACEN criticaron la iniciativa de Portillo y en su lugar propusieron fortalecer a la entidad jurídicamente. El diputado Ricardo Acevedo Peralta se pronunció a favor de darle "iniciativa legislativa [o] normativas que nos permitan tener un papel más protagónico". El PARLACEN surgió en 1987, en el marco de los Acuerdos de Esquipulas II, y su costo anual es de $20 millones (LPG, 24.06.00, p.15; Prensa Libre Edición Electrónica, 23.06.00).

ELECCIÓN. La Asamblea Legislativa eligió la noche del 22.06, por unanimidad, al abogado Agustín García Calderón como el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el período 2000-2003. Asimismo, se designó a Julio Acosta, Mauricio Alfredo Clará, Mauricio Velasco y Victoria Marina de Avilés como los cuatro restantes magistrados propietarios. A partir del 01.07, los funcionarios iniciarán su trabajo en la Sala de lo Constitucional y permanecerán en sus cargos por nueve años, aunque el magistrado presidente desempeñará su cargo sólo por tres. La evaluación y elección de los candidatos se había atrasado debido a las negociaciones que realizaban los partidos políticos —especialmente el FMLN y ARENA— con el propósito de "despolitizar" la elección de los magistrados. Al final se llegó a un acuerdo: ARENA y el FMLN asumieron una política de "no veto" y propusieron dos candidatos respectivamente, más un quinto candidato concedido al PCN. Los partidos minoritarios sólo se limitaron a aprobar la negociación. "No fue difícil negociar el nombre del presidente, pues se depusieron los intereses partidarios", afirmó Walter Araujo, de ARENA. Por su parte, el jefe de la fracción del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, aseguró que García Calderón gozaba del apoyo de la mayoría. Uno de los retos que tendrá el nuevo presidente de la Corte Suprema será enfrentar la mora judicial en que se encuentra el máximo tribunal de justicia. Por su parte, García Calderón se mostró conforme en hacer cambios constitucionales a fin de desvincular paulatinamente a la CSJ de tareas administrativas (EDH, 23.06.00, p.2 y 3; LPG, 23.06.00, p.4 y 5).

OPOSICIÓN. Las reformas constitucionales para lograr un acuerdo sobre narcoactividad y la extradición de salvadoreños son tema de prioridad para el gobierno de Estado Unidos; sin embargo, la ratificación de las reformas —que requiere 56 votos— ha encontrado un gran obstáculo: el FMLN. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Anne Patterson, visitó la Asamblea Legislativa y explicó a los diputados los alcances del acuerdo firmado en marzo por los gobiernos de ambos países. Dicho pacto tiene como finalidad intensificar la cooperación estadounidense en la detección aérea, monitoreo, localización y control de la narcoactividad. La posición del FMLN es clara: se dejan muchos cabos sueltos en el documento. En ese sentido, el partido de izquierda quiere que se especifique cuáles instalaciones usarían los estadounidenses, la cantidad de personal y las armas que traerán. "Estaríamos en condiciones [de apoyar] siempre y cuando haya una modificación", dijo el subjefe de fracción, Manuel Melgar. No obstante, Patterson aseguró que "es demasiado tarde para rehacer el acuerdo". Por otro lado, el Frente no dio sus votos y logró postergar, el 22.06, la ratificación constitucional sobre la extradición. El diputado Walter Durán dijo que su partido pretende entablar una "negociación integral" que involucre al Congreso de Estados Unidos para lograr la extensión de la aplicación de la Ley NACARA a los salvadoreños. La embajadora estadounidense calificó de error que el FMLN utilice la reforma de la Ley NACARA como condición para apoyar la extradición (EDH, 23.06.00, p.10; LPG, 23.06.00, p.6; 27.06.00, p.15; EM, 26.06.00, p.6).

ALZAS. Desde abril, las tarifas de energía eléctrica aumentaron en promedio 52.4%; sin embargo, el gobierno ha subsidiado completamente esta alza para el sector residencial y la mayor parte del sector comercial e industrial, a fin de evitar un incremento mayor al 15%. A pesar del subsidio, algunas empresas del sector comercial e industrial no han podido absorber el incremento, por lo que han trasladado los costos de producción a los consumidores, según reveló el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Napoleón Guerrero. A esto se suma el alza de los precios de la gasolina que por séptima semana consecutiva ha afectado a los consumidores. La Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía informó, el 27.06, que los costos de importación de los combustibles experimentaron un nuevo incremento como resultado del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional. Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidores de Productos Derivados del Petróleo, Julio Villagrán, expresó, el 21.06, que el aumento de producción de 708,000 barriles diarios de crudo anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no era la cantidad que se esperaba. A juicio de Villagrán, la medida tomada por la OPEP no se traducirá en una baja, en el corto plazo, para los precios de los combustibles en el país. El Salvador, al no ser país productor de petróleo, debe importar todo lo que consume y someterse a las variaciones de precio en el mercado internacional (LPG, 22.06.00, p.31; 24.06.00, p.23; 28.06.00, p.32; EDH, 28.06.00, p.30).

PENSIONES. Una nueva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) empezará a funcionar a partir del 01.09, como resultado de la fusión de las AFPs Máxima, Porvenir y Previsión. La nueva AFP dominará el 60% del mercado nacional de pensiones, con un capital social de 275 millones de colones y tendrá cerca de 500,000 afiliados, de un total de 780.000 que conforman todo el Sistema de Ahorro de Pensiones. La AFP resultante de la fusión tendrá como único competidor a Confía, que actualmente tiene un capital de 87.5 millones de colones. El gerente general de la AFP Previsión y encargado de la fusión, Enrique Arranz, dijo que la nueva AFP tendrá como socio principal al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, que posee el 51% de las acciones. Arranz destacó los principales beneficios que la nueva empresa previsional ofrecerá a sus afiliados: éstos obtendrán la mayor rentabilidad del mercado debido al fuerte respaldo financiero; además, los afiliados pagarán una comisión de 2.95% por la administración de sus fondos. Finalmente, se tendrá mayor número de agentes previsionales y mayor número de agencias. "Tendremos la comisión más baja del mercado, lo que lo hace más atractivo para las personas", dijo el director comercial de Porvenir, Salvador Salazar. Mientras tanto, la Superintendencia de Pensiones anunció que la rentabilidad, es decir, el porcentaje en que crecen mensualmente los ahorros de los cotizantes en cada una de las AFPs aumentó desde mayo de 1999 a mayo del presente año (LPG, 25.06.00, p.18; 28.06.00, p.25; EM, 27.06.00, p.12).

ANDA. "He sugerido que la ANDA quede exenta del pago del IVA para hacer más inversión", declaró el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Augusto Perla, quien se presentó a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa para hacer tres peticiones concretas. La primera busca eliminar el subsidio que la institución brinda a la ciudadanía por la prestación del servicio. Perla justificó esta petición explicando que los 97.8 millones de colones que ANDA gasta al año en subsidios podrían utilizarse en obras de infraestructura. "Lo mejor sería quitar el subsidio bajo el concepto de solidaridad; es decir, que en lugar de regalar el subsidio a quienes tienen agua, ese dinero se ocupe para llevar agua a quienes no tienen", enfatizó. Asimismo, Perla sugirió que se estudie la posibilidad de dejar a la institución exenta del pago del IVA, por la construcción de las obras. ANDA paga al año un promedio de 37.9 millones de colones en impuestos. Finalmente, el presidente de la Administración solicitó a los diputados la ratificación de un préstamo de 60 millones de colones que otorgará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro préstamo de 524 millones de colones. El diputado David Rodríguez, del FMLN, dijo que su partido podría apoyar la eliminación del subsidio, pero que "la medida no debe ser generalizada", es decir, se debe excluir a los sectores más necesitados. Ante todo, Perla afirmó que decidir sobre la eliminación del subsidio involucra a todas las fuerzas políticas del país (EDH, 20.06.00, p.4; LPG, 20.06.00, p.10; 21.06.00, p.10).