Año 21
Número 909
Julio 5, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial Elecciones en México
Política A propósito de la soberanía nacional
Economía Situación del sistema financiero: mora bancaria y concentración
Derecho La independencia del Órgano Judicial
Región PARLACEN: funcionalidad en entredicho
Derechos Humanos Y en El Salvador, ¿cuándo?
Documento Declaración de La Antigua
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    El pasado domingo 2 de julio se celebraron elecciones generales en México. Tal como lo ha reportado la prensa, el candidato del Partido Auténtico Nacional (PAN), Vicente Fox, se alzó como virtual ganador, dejando atrás a Francisco Labastida, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Por muchas razones, lo sucedido en México reviste especial importancia no sólo para los mexicanos, sino para América Central y para el resto de América Latina.

    Visto desde el interior de ese país, la derrota electoral del PRI no es una cosa que deba tomarse a la ligera. Desde 1946 ese partido —que antes se había denominado Partido Nacional Revolucionario (PNR) y luego Partido de la Revolución Mexicana (PRM)—, tras convertirse en heredero de una de las corrientes de la revolución de 1910, ejerció un dominio ininterrumpido sobre el conjunto de la vida mexicana. El PRI llegó a simbolizar lo que el novelista peruano Mario Vargas Llosa llamó una "dictadura perfecta". La clave del poder priísta tuvo varios ejes: primero, la creación de una burocracia estatal incondicional al partido, que hizo del Estado un nicho de sus intereses y rivalidades. En este marco, surgió una partidocracia que permitió no sólo un ejercicio continuado del poder, sino también la articulación partido-Estado que ha caracterizado al modelo mexicano desde 1946. Segundo: el control estatal sobre el movimiento sindical, lo cual se logró tanto a partir de la identificación del Estado (y el PRI) con la revolución y de ésta con los intereses de los trabajadores, como de la creación de instancias sindicales subordinadas al Estado.

    Son impresionantes, por su amplitud y su eficacia, las redes de poder económico y político que entrelazaron, por subordinación, a los trabajadores mexicanos con el Estado. Los sindicatos más importantes —articulados en la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM)— dieron su respaldo al proyecto impulsado por el PRI, a cambio de protección y beneficios materiales. Tercero: el surgimiento, al amparo del Estado, de una élite intelectual comprometida con el mantenimiento del orden establecido en la etapa posrevolucionaria. A diferencia del resto de países latinoamericanos, en México los intelectuales que se decían más progresistas o incluso radicales —salvo contadas y notables excepciones— no lograron dar el paso del "arma de la crítica" a la "crítica de las armas". Incluso, el arma de la crítica siempre —por lo menos hasta la última década— tuvo sus límites: esos que se autoimpusieron muchos intelectuales deseosos de acceder a los beneficios que el régimen había establecido para quienes, siendo de la corriente intelectual y de la ideología que quisieran, no insistieran demasiado en los puntos sensibles del poder priista. La pertenencia al Consejo Nacional de Investigadores (CNI) es, entre otros, uno de los mecanismos que permiten a los intelectuales mexicanos recibir beneficios estatales a cambio de ser buenos intelectuales. Cuarto: la intervención estatal en la economía, lo cual permitió que importantes rubros económicos estuvieran bajo control del Estado. Asimismo, los empresarios mexicanos fueron amparados por el Estado, pero ello les restó capacidad de influencia y de iniciativa.

    Los cuatro aspectos señalados fueron los ejes en los que el PRI fundó su poder. Aparentemente, el modelo de dominación era perfecto, no tenía fisuras. Sin embargo, a finales de la década de 1960, con la masacre de Tlatelolco (1968), salió a la luz pública su rigidez. Pero no sólo eso: se hizo evidente para amplios sectores de la sociedad mexicana que el régimen no iba a titubear en usar la represión cuando se le cuestionara a fondo. En las dos décadas siguientes —las de los años 70 y 80—, con la crisis del petróleo, la crisis de la deuda y los cambios drásticos que se comenzaron a generar en la economía mundial, fue claro que las industrias mexicanas, nacidas al amparo del proteccionismo estatal, no eran competitivas y que, por tanto, era urgente un cambio en esa dirección, pues de lo contrario el país se abocaría a una grave situación de estancamiento y crisis económica. Los empresarios reclamaron un mayor protagonismo que el Estado (y el PRI) no estaba dispuesto a tolerar, puesto que iba a socavar uno de los ejes del modelo establecido. A estos reclamos empresariales se sumaron las demandas de los trabajadores que clamaban por subsidios y beneficios que un Estado en déficit no podía seguir otorgando como hasta entonces. En esas mismas décadas comenzó a ser más visible —hasta alcanzar niveles alarmantes en los años 80— el problema de la corrupción que atravesaba a casi todas las instancias estatales —desde los cuerpos policiales hasta la presidencia de la república. Finalmente, a principios de la década de los años 90, en el sur de México se hizo sentir uno los sectores sociales olvidados de la revolución: los campesinos. Entre otras cosas, los zapatistas terminaron por deslegitimar al PRI como heredero de la revolución de 1910, lo cual supuso para el partido un fuerte traspiés político.

    En la década de los años 90, como nunca antes, el poder del PRI estuvo en la mesa de discusión. Pero no sólo eso: también se comenzó a poner en cuestión de forma cada vez más progresiva el modelo estatal que echó raíces bajo el poder priista. Al tenor de los cambios económicos en el entorno mundial y de la puesta en boga de modelos neoliberales, en México se fueron identificando cada vez más las críticas al PRI con las críticas al Estado, la necesidad de deshacerse del PRI con la de desarticular el Estado. En la medida que este discurso fue permeando en la sociedad mexicana, en esa medida la alternativa al PRI tenía que ser lo opuesto a lo que éste ha representado. Así, fue perdiendo espacio la alternativa "estatal populista" representada por Cuauhtémoc Cárdenas, quien pretendía rescatar la herencia revolucionaria-democrática traicionada por el PRI, su antiguo partido. Se abrió espacio la alternativa que ofrece la desarticulación del partido-Estado, la restitución de los fueros del mercado y la profundización de la democracia. Esa es la oferta de Vicente Fox.
La consolidación democrática, el éxito económico y la superación del modelo estatal forjado por el PRI dependerán de hasta dónde logre consolidarse en el tiempo el proyecto impulsado por el PAN. De todos modos, los éxitos o fracasos de México en esa materia deberán servir a los centroamericanos —como en el pasado— de espejo en el cual verse y proyectarse. El camino de México es un camino que quizás los centroamericanos deberán transitar; hay que hacerse cargo de las lecciones que de esa experiencia se puedan extraer.

POLÍTICA

    El pasado 31 de marzo los gobiernos de El Salvador y EEUU suscribieron un tratado que permite la instalación de un centro de monitoreo antinarcóticos estadounidense en territorio salvadoreño. La aprobación del convenio de cooperación entre los dos gobiernos es el motivo del nuevo enfrentamiento entre las dos tendencias políticas más importantes que conforman la Asamblea Legislativa en el país. Las posturas son diferentes. Los defensores incondicionales de la instalación del centro de monitoreo —PCN, PDC y ARENA— creen que es indispensable la ayuda estadounidense para combatir el narcotráfico, dada la falta de equipo y la poca preparación de la policía local en materia de tráfico de estupefacientes. En cambio, a juicio de los dirigentes del FMLN, si bien hay que combatir el narcotráfico y que la Policía Nacional Civil (PNC) no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes, esa es una responsabilidad que no se puede delegar a otras naciones. Se debe apostar al fortalecimiento de la institución policial en esta materia.

    En tal sentido, la solución al problema de la poca efectividad en el combate al narcotráfico —para los diputados de izquierda— no consiste en la instalación de una base, disfrazada de centro de monitoreo, que permita a los Estados Unidos instalarse en la región después de perder el control del Canal de Panamá. Entonces, el FMLN se presenta como el defensor de la "soberanía nacional", mientras que los defensores del tratado suscrito acusan a sus detractores de "tener nexos con los traficantes de droga".

    Si bien ambos bandos reconocen que es imperioso combatir la narcoactividad y al mismo tiempo subrayan las limitaciones de la PNC para hacer frente a este flagelo, no hay acuerdo acerca de los términos en los que se debe permitir la intervención directa de la armada de los Estados Unidos en el territorio nacional. Por un lado, con una llamativa desenvoltura, ex militares y defensores acérrimos de las fuerzas armadas —como guardianes del territorio nacional— dicen contentarse con las explicaciones que les han proporcionado las autoridades estadounidenses. Esta postura no sólo contradice su tradicional defensa de la necesidad de la fuerza armada salvadoreña, sino que demuestra su despreocupación en materia jurídica. No representa mayor dificultad —para los defensores del tratado— el hecho de que el mismo riña con la letra de la Constitución de la República.

    El FMLN, al contrario, pugna por resolver las dudas dejando por escrito la cantidad de personal norteamericano que llegará al país, no dar al personal de apoyo la calidad de diplomáticos y limitar su radio de acción, contrariamente a lo pactado entre los gobiernos y que quedó plasmado en el documento que debe ratificar la Asamblea. Los voceros del partido de izquierda subrayan la inconformidad del documento con las leyes nacionales, que reconocen a la PNC como única instancia autorizada para operar en materias de seguridad ciudadana. Además, destacan que los términos del tratado violan la soberanía nacional.

    Pero, ¿se puede seguir hablando de la soberanía nacional en los mismos términos de hace unas décadas? La actual estructuración mundial de los vínculos humanos pone en seria dificultad a los defensores de un estado soberano, limitado en el espacio por sus fronteras terrestres y marítimas. Los estados actuales, bajo el influjo de la globalización, son un poco más que estructuras locales para controlar a los ciudadanos, pero impotentes ante las estructuras globales de economía y la información. La complicada red internacional y la sofisticada organización de los grandes cárteles de la droga son un ejemplo claro de esta nueva realidad. De tal modo que los diferentes estados no pueden controlar solos la narcoactividad. De ahí que se hagan necesarios los programas de apoyo mutuo.

    Sin embargo, la solución no pasa por poner centros de monitoreo estadounidense en todos los países del mundo. Además de fortalecer las instituciones locales en el combate del narcotráfico, es imperioso contar con la colaboración y el intercambio de información entre los países involucrados. Así, no es tan acertado leer la cooperación mutua entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos bajo el esquema de la guerra fría. Ya no cabe una lectura de esta índole. Es cierto que las izquierdas latinoamericanas tienen una natural desconfianza hacia todo lo que signifique presencia de los Estados Unidos; empero, hasta qué punto se puede seguir hablando de soberanía nacional cuando la dependencia hacia esa potencia norteamericana va en aumento.

    Por otra parte, el necesario apoyo externo para el combate al narcotráfico no soslaya la responsabilidad de las autoridades locales. Por ello se puede leer con una cierta hipocresía la defensa a ultranza que hacen los sectores oficiales de la necesidad de instalar el mencionado centro de monitoreo en territorio nacional, cuando en el fondo no hay señal de un compromiso inequívoco de fortalecimiento de las estructuras internas de combate al narcotráfico. Un ejemplo de ello es la noticia del involucramiento de un alto funcionario del gobierno en el caso de una avioneta cargada con droga interceptada en el aeropuerto internacional de El Salvador. No sólo se ha ocultado la noticia, sino que las autoridades han desmentido la existencia de cualquier vínculo entre algún funcionario gubernamental y el hallazgo de la narco avioneta.

    En el mismo sentido, no deja de ser curioso que durante la lucha local contra el trafico de drogas —como lo reconoce el mismo Fiscal General de la República— nunca se haya atrapado a ninguno de los un “peces gordos” del narcotráfico. La efectividad de los policías locales en materia de droga no pasa de la exhibición pública de unos delincuentes que en ningún momento representan las esferas más altas de los cárteles de la droga. Al contrario, el mismo director de la PNC no cree que El Salvador sea un centro importante de operación de estupefacientes, contradiciendo asimismo su tenacidad en que se instale en el país el centro de operación antidroga de los norteamericanos. La necesidad de atacar las más altas esferas de la narcoactividad en el país revela no sólo la urgencia de dotar a la policía de capacidad de investigación y de reacción en esa dirección, sino que exige más que todo el compromiso inequívoco de las autoridades locales para perseguir a los delincuentes sin importar su rango o categoría social.

    Tan sólo después de asumir un compromiso de esta naturaleza se puede hablar de promover el apoyo internacional o discutir el establecimiento de un centro de operación internacional antidroga en el país. Entonces, no debería causar mayor problema la instalación en territorio nacional de una entidad de este tipo —claro, después de dirimir los problemas legales. El argumento de la defensa de la soberanía nacional tiene peso relativo. Pero, a la par de ello, las autoridades correspondientes deben suscribir un pacto para fortalecer las instancias locales encargadas de esta tarea. Y, además, deben dar muestra de firme resolución a combatir a los traficantes de estupefacientes sin importar su procedencia.

ECONOMÍA

    En su discurso de primer año de gobierno el presidente Francisco Flores reconoció como primer obstáculo para el crecimiento económico "las consecuencias del endeudamiento en que caímos durante el año de 1996 y 1997, tanto por el uso excesivo del crédito como por inversiones… basadas en proyecciones poco realistas". Según Flores, este endeudamiento habría provocado mayor fragilidad del sector financiero e insolvencia de las empresas inversionistas.

    Esta valoración llama la atención, nuevamente, sobre el papel que el sistema financiero está desempeñando en el fomento del crecimiento económico pues, al parecer, en lugar de estar fomentándolo estaría obstaculizándolo, y esto lo reconoce el mismo Presidente de la República al mencionar que se ha orientado el crédito hacia inversiones "poco realistas".

    Debido al crecimiento de la cartera morosa, el sector financiero se ha sumido en una serie de incrementos de reservas, quiebras de bancos, fusiones y reestructuraciones de créditos que están modificando sensiblemente la estructura de la propiedad del sistema financiero, lo cual está dando lugar a una concentración aun mayor que la previamente existente y, a la vez, está generando restricciones para el otorgamiento de nuevos créditos. Esto último es peligroso porque estrangula el financiamiento de nuevas inversiones que podrían contribuir a superar la actual etapa de lento crecimiento económico.

    El crecimiento de la mora bancaria es un problema que se volvió más evidente desde principios de 1999, cuando comenzaron a registrarse tendencias hacia la reducción de las ganancias y al incremento de los créditos vencidos. Para finales de 1999, los datos disponibles daban cuenta de que, entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999, la cartera vencida habría pasado de 2,154 a 3,466 millones de colones, mientras que la rentabilidad del sistema bancario habría pasado de niveles positivos cercanos al 6% a niveles negativos de -3.69% en el mismo período. Esto implica que el sistema en su conjunto estaba experimentado pérdidas; sin embargo, cabe aclarar que en la práctica la mayoría de bancos todavía obtenían ganancias y solamente algunos bancos como CREDISA —ya liquidado— y el Banco de Fomento Agropecuario eran los que experimentaban tasas de rentabilidad negativas. Lo mismo cabe decir para la cartera vencida: buena parte de ella pertenecía a los bancos mencionados, a juzgar por las valoraciones oficiales.

    Para el primer trimestre de 2000, las cifras parecen sugerir que se ha registrado una mejoría en la situación del sector financiero: reducción de los saldos de cartera vencida e incremento de las tasas de rendimiento de la banca. La cartera vencida pasó de un índice de 7.3% a 5.95%, entre los meses de diciembre de 1999 y marzo de 2000, con lo cual volvió prácticamente al nivel de marzo de 1999, cuando el índice de cartera en mora fue de 5.86%. Mientras, la tasa de rendimiento también se elevó pasando de —3.69% en diciembre de 1999 a 6.58% en marzo de 2000.

    De acuerdo al Superintendente del Sistema Financiero, Guillermo Argumedo, la influencia del banco CREDISA explicaría el comportamiento de las variables citadas, ya que las últimas estadísticas no lo incluyen debido a que se encuentra en proceso de liquidación y ya no otorga nuevos créditos. Por lo anterior, Argumedo reconoce que el índice de 5.9% de mora, aunque refleje una reducción, no permite ver "una tendencia a que se revierta el tema de la cartera vencida".

    Es decir que los bancos que aún permanecen en el sistema siguen enfrentando una grave problemática de incremento de mora bancaria, que obliga a aumentar las reservas o a reestructurar los créditos. Además, es en este contexto que desde finales de 1998 se viene registrando una fuerte tendencia hacia la fusión de bancos: a finales de 1998 se realizó la fusión del Bancorp y el Banco Promérica, luego del Banco Atlacatl con el Banco de Comercio, posteriormente del Banco Agrícola Comercial con el Banco Desarrollo y, en los últimos días, del Banco Salvadoreño con Bancasa. Para finales de 1999, el Departamento de Economía de la UCA señalaba que, de concretarse la fusión del Banco Agrícola Comercial con el Banco Desarrollo, los índices de concentración se incrementarían fuertemente, como lo ejemplifica un aumento de la tasa de participación de los cuatro bancos más grandes que la elevaría de 66% a 74.3%. Lo anterior implicaría que cuatro bancos del sistema concentrarían las tres cuartas partes del mercado bancario, siendo estos: Banco Cuscatlán, Banco Agrícola, Banco de Comercio y Banco Salvadoreño.

    A lo anterior habría que agregar ahora la fusión del Banco Salvadoreño y Bancasa que inevitablemente provocará otro sensible incremento en la tasa de participación —misma que llegaría hasta niveles cercanos al 79%.

    Al hacer un recuento de los indicadores revisados tendríamos entonces que señalar la permanencia de una elevada mora bancaria y la profundización de las tendencias hacia la concentración en el sistema bancario. Esos indicadores se han conjugado con una reducción de dos puntos porcentuales en las tasas de interés activo que, sin embargo, no compensan los fuertes incrementos que han experimentado las tasas de interés activo real. Llama la atención que, pese a la mayor concentración en el sistema bancario, las tasas de interés estén tendiendo hacia la baja; ello sugeriría que los banqueros parecen estar cayendo en la cuenta de que sus políticas de fijación de tasas de interés se han constituido en un obstáculo para incrementar las tasas de crecimiento de la producción.

    En el futuro cercano no se vislumbra una solución rápida al problema de la mora bancaria, principalmente porque aún se mantienen las bajas tasas de crecimiento económico y, además, porque las políticas anunciadas por el presidente Flores para el sector agropecuario podrían venir a colocar mayores presiones sobre la cartera de la banca. En relación con esto último vale la pena recordar que el anunciado programa crediticio para el sector cafetalero se da en un momento en que este sector ya se encuentra con problemas de insolvencia y de reducción de los precios internacionales del café.

    En buena medida, el incremento de la mora bancaria y la reducción de la rentabilidad bancaria han sido provocados por la misma tendencia de la banca de financiar inversiones "poco realistas", para usar los términos del presidente Flores. CREDISA, al igual que otros bancos, se dedicó a financiar proyectos de construcción de viviendas sin demanda efectiva, que al final llevaron a la institución a caer en una situación de iliquidez que provocó su liquidación. Esta práctica llevó a la banca a promover un "boom" del sector construcción que, conjuntamente con el comercio y los servicios, se convirtieron en los principales destinatarios del crédito.

    Lo anterior lleva a pensar que el relativo fracaso de las inversiones y la reducción de las tasas de crecimiento se deben en parte a que no se han definido polos estratégicos de crecimiento ni, mucho menos, se han implementado las políticas económicas para estimular su crecimiento. La banca ha utilizado sus propios criterios para la asignación del crédito, puesto que no existe una política económica que oriente la política crediticia debido a la concepción ultra liberal asumida por las administraciones de ARENA. En este marco, es imperativo que el gobierno diseñe su política económica de forma que oriente las inversiones hacia los sectores con mayor potencial de crecimiento económico; de lo contrario, difícilmente se logrará superar el circulo vicioso de incremento de la mora bancaria-restricción del crédito y reducción de las tasas de crecimiento.

DERECHO

    En el marco de la pasada elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resultó notorio que los esfuerzos por modernizar el trabajo del Órgano Judicial en El Salvador no se agotan únicamente en una correcta elección de los funcionarios que lo integran, sino también en el eficaz desempeño de las funciones que le corresponden. No cabe duda de que dicho órgano es uno de los ejes alrededor del cual gira el ordenamiento democrático de toda nación.

    En este sentido, es importante hacer notar que la potestad de la Asamblea Legislativa de elegir a los Magistrados que componen la CSJ es otorgada por el Art. 173 de la Constitución. Es ahí donde surge la polémica sobre si el hecho que los magistrados sean elegidos por los legisladores significa que el Órgano Judicial es dependiente del Poder Legislativo. Ahora bien ¿en qué consiste la independencia del Órgano Judicial?.

    Es de todos conocida la teoría de Montesquieu referente a la "división de los poderes". Según esta teoría, los tres órganos componentes del Estado poseen independencia uno del otro en tanto no se ven influenciados en el cumplimiento de sus objetivos por ninguno de los otros dos. Al mismo tiempo, se encuentran sometidos a un único soberano: el pueblo. El pueblo ejerce la soberanía por medio de los funcionarios del gobierno que son sus delegados y se encuentran limitados por la Constitución. Por lo tanto, el Órgano Judicial no puede ser totalmente independiente de los demás órganos. A continuación se plantean tres aspectos que son básicos para entender el problema de la independencia del Organo Judicial.

    En primer lugar, probablemente el postulado de la despolitización no forme parte de la práctica cotidiana de la Asamblea Legislativa. De hecho, la mayoría de sus decisiones se ven determinadas por una mayor o menor carga ideológica. Pero el hecho que la Asamblea Legislativa sea el único órgano de elección popular, cuya conformación permite la representación de diferentes sectores de la colectividad, da lugar a que la elección de los magistrados de la CSJ se revista de un mayor grado de legitimidad.

    En segundo lugar, la pasada elección de los magistrados no fue hecha exclusivamente por los diputados, sino que los funcionarios eligieron a 15 de 30 propuestas hechas a la Asamblea Legislativa por el Consejo Nacional de la Judicatura y por el resultado de un proceso electoral en segundo grado, convocado por la Federación de Asociaciones de Abogados, en el cual el derecho al sufragio les correspondió a los seis mil abogados de la República y aproximadamente a 25 periodistas que cubren el acontecer noticioso del Órgano Judicial. Esto significa que el trabajo de los legisladores —sin olvidar que ha sido otorgado por la constitución— consistió en entrevistar a los candidatos propuestos, para desde ahí elegir —con dos tercios de votos— a los nuevos funcionarios. Y es que, si fueran los mismos abogados quienes nombraran —con exclusividad— a los magistrados de la Corte, el poder quedaría concentrado en un sólo gremio, es decir, en un porcentaje sumamente bajo de la población, lo cual le restaría representatividad.

    En tercer lugar, no se puede exigir a los magistrados que no tengan inclinaciones partidarias. Esto sería olvidar que ellos también son ciudadanos que ejercen el sufragio, y que en un momento determinado optan por una línea política particular —derecho innegable en una democracia. Lo que sería incoherente es que dichas inclinaciones partidarias interfirieran con la independencia del Órgano Judicial, lo cual sí sería una politización que tendría como consecuencia la cuasi total dependencia respecto de la Asamblea Legislativa.

    Esto no significa que las futuras elecciones para magistrados no se puedan mejorar, sin la necesidad de reformar la Constitución. Una de las cosas que puede modificarse es la de dar libertad a los periodistas para acceder a todas las Comisiones del Parlamento. El Art. 86 de la Constitución indica que los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley manda y no existe ley que prohiba el derecho a expresar su pensamiento; esto incluye la investigación e indagación. Los diputados podrán tener razones políticas o personales para hacer públicas sus prácticas, pero si el gobierno hace alarde de asentarse en un Estado de Derecho no se puede violentar del derecho popular a informarse de lo que hacen o dejen de hacer los políticos.

    En fin, si bien la Asamblea Legislativa, por su mismo carácter de "órgano político" no puede verse exenta de la politización al momento de elegir a los funcionarios de la CSJ, existe un elemento a favor de la misma que la ubica como la instancia más idónea para realizar dicha elección, pues el pluralismo del cual está investida le da mayor legitimidad a las personas que resultan electas para ocupar un cargo como el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

REGIÓN

    El trabajo realizado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) quedó en entredicho, luego de que el Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, criticara a la instancia regional por su inoperancia, alto costo para los estados miembros y falta de incidencia jurídica. La crítica de Portillo desató una "tormenta política" en toda la región. En efecto, el costo elevado de su funcionamiento y la falta de fuerza jurídica son los principales argumentos —fuertes, por cierto— que utilizan sus detractores para cuestionar la existencia del PARLACEN. Pero, previo a las declaraciones del mandatario guatemalteco, ya se había cuestionado el funcionamiento del foro regional. Dicho cuestionamiento ha incidido en que no todos los países del área tengan representación en el PARLACEN.

    En Guatemala, sede del PARLACEN, se originó un gran debate que luego se propagó por toda la región. En El Salvador, el presidente Flores desmintió a su colega guatemalteco y aclaró que se había hablado con los mandatarios del Istmo sobre una "reforma" de la institución para convertirla en una instancia "más efectiva". Asimismo, los diputados salvadoreños en el PARLACEN expresaron que el foro no puede continuar su trabajo tomando como base sólo recomendaciones. Otros diputados en Honduras, Nicaragua y Panamá criticaron la iniciativa de Portillo por considerarla contraria a la integración.

    El PARLACEN surgió en el marco de los Acuerdos de Esquipulas II, en la década de los años 80, como un esfuerzo para pacificar la región y conformar una entidad que, desde la elaboración de análisis y recomendaciones, contribuyera al proceso de integración en un momento particularmente muy difícil para Centroamérica. En este contexto es fácil entender la necesidad de un foro que brindara el apoyo a los gobiernos del área, mientras el interés primordial de éstos era precisamente hacer frente a los conflictos internos que los desgastaban económica, social, política y culturalmente. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas fue suscrito, en 1987, por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Dicho Tratado enuncia la naturaleza del foro: “el Parlamento Centroamericano es un órgano regional de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social".

    Cada Estado miembro del Parlamento asigna 20 diputados titulares y 20 suplentes electos en votaciones populares según la legislación de los respectivos países. Desde que el foro quedó oficialmente instalado, en octubre de 1991, se adhirieron Guatemala, El Salvador y Honduras; en enero de 1997 se integraron los diputados de Nicaragua y en septiembre de 1999 lo hicieron los parlamentarios panameños. República Dominicana asignó otros 20 diputados en calidad de observadores y la República de China desea acercarse; sin embargo, la postura de Costa Rica siempre ha sido renuente y se ha negado a elegir diputados. El argumento costarricense es prácticamente el mismo que utilizó el Presidente Portillo: la inoperancia, el alto costo para los países pobres de la región y, además, el hecho de que el PARLACEN se ha convertido en un "refugio" para políticos con cuentas pendientes con la justicia, los cuales tienen asegurado un puesto en el mismo al terminar sus mandatos, así como la respectiva inmunidad. En palabras de un analista costarricense, dicho privilegio es "una invitación a la corrupción, un estímulo a la impunidad y una falta de respeto a los países centroamericanos".

    Dada la naturaleza misma del PARLACEN, es comprensible una de las mayores críticas que hacen los círculos académicos y políticos centroamericanos: a lo sumo, puede recomendar y plantear soluciones a los gobiernos. Carece, pues, de una fuerza jurídica para que sus resoluciones sean acatadas por los gobiernos. Entonces surge, lógicamente, una pregunta: ¿de qué sirve un foro de 120 diputados que se reúnen 10 días al mes con un costo de $20 millones anuales —según la prensa— si sus resoluciones no tienen incidencia real y concreta en las decisiones que toman los gobiernos centroamericanos? Entendido así, es razonable la postura de Costa Rica en el sentido de que la institución representa un gasto muy elevado para las débiles economías centroamericanas y su situación real de desarrollo. Sólo para hacerse una idea de la situación centroamericana, el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubica en los niveles de desarrollo humano —para poner los extremos— a Costa Rica en la posición 48 y a Guatemala en la 120. La alarmante suma de $20 millones fue desmentida por el PARLACEN pues, de acuerdo a un comunicado, cada estado miembro aporta $1.700.000.00 anuales para que el foro funcione.

    No obstante lo dicho arriba, la iniciativa de Portillo tiene sus riesgos, ya que el PARLACEN fue instalado sobre la base de decisiones democráticas a iniciativa de los mandatarios y ha respondido a las necesidades que en su momento tenían los países de la región. En este sentido, uno de los logros que se le atribuye al foro es su contribución a la pacificación de la región. En estos momentos, el PARLACEN debe responder a los cambios que se han gestado en el istmo, con nuevos desafíos y problemas quizás más complejos que la coyuntura en la que se instaló. Ciertamente, la reforma debe ser prioridad de los mandatarios, quienes han centrado su atención más en una integración económica —que no por ello deja de ser urgente— que en una integración política y jurídica. Cabe mencionar también la necesidad de evaluar la funcionalidad de la Corte Centroamericana de Justicia a fin de fortalecerla y brindarle herramientas que le permitan tener más incidencia en los problemas centroamericanos.

    Habría que evaluar las propuestas de los sectores involucrados para lograr un verdadero consenso sobre el futuro de una entidad que puede ser el principio de una integración no sólo económica sino política; véase como ejemplo la génesis y desarrollo del Parlamento Europeo que surgió como un órgano igualmente cuestionado, pero que fue jugando progresivamente un papel más protagónico en el continente. De desaparecer el PARLACEN, la región se privaría de la oportunidad de poseer un órgano que apuntale el proceso de integración. Con todo, no deja de ser positiva la llamada de atención que hizo el presidente Portillo, la cual ha creado un ambiente propicio de análisis y debate que brinde las soluciones que demanda la región en la presente coyuntura.

    La "tormenta política" del PARLACEN evidencia, además, la poca incidencia social de sus funciones; en otras palabras, un ciudadano promedio centroamericano conoce poco o nada del foro en comparación con el trabajo de su asamblea nacional. Parece que hacía falta una declaración tan categórica como la de Portillo para que los políticos, la sociedad, la prensa y los mismos diputados centroamericanos tomaran en serio la urgencia de reformar no sólo el PARLACEN, sino todo el sistema de integración centroamericana a fin de hacer más efectivo el trabajo que se está realizando. En ese orden, la propuesta que hace Costa Rica apunta a la sustitución del Parlamento por una coordinación parlamentaria integrada por diputados de las asambleas legislativas de los países miembros. Dicha coordinación sería la encargada de promulgar leyes tomadas en conjunto y aplicables por igual a los estados. Empero, tal medida requiere de una buena dosis de madurez política, misma que Centroamérica no ha demostrado poseer, o al menos no lo suficientemente como para una proceder con una equiparación de leyes.

    Consta que en 1997 los presidentes del istmo acordaron reformar el PARLACEN y revisar su presupuesto, pero una vez más se impusieron las dificultades propias de una región aún inmadura en materia de integración, sumergida en diferendos limítrofes, mientras los retos que presenta la dinámica mundial exigen una región cada vez más unida. El término "inmaduro" denota que el proceso ya tiene sus cimientos; es decir, hay toda una institucionalidad forjada al calor de intensos conflictos internos; lo que hace falta es una reforma que le dé vigor. La presente coyuntura afortunadamente ya no está marcada por conflictos armados, pero los problemas como la delincuencia, el narcotráfico, los secuestros y el bajo nivel de desarrollo humano, entre otros, no sólo involucran a todos los países del área sin excepción, sino que hacen necesario fortalecer la institucionalidad de la integración. Esa es una tarea en la que los presidentes deben poner mucha voluntad política y dejar de lado la apatía que los ha caracterizado.

DERECHOS HUMANOS

    Con fecha 28 de junio del 2000, el Servicio de Noticias de Amnistía Internacional (AI) circuló el comunicado de prensa que ahora reproducimos, sobre una reciente resolución del máximo tribunal hondureño declarando inconstitucionales las amnistías a favor de los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos. De igual forma, la organización humanitaria —mundialmente conocida por su larga y valiosa labor— emitió días antes otro comunicado sobre el caso chileno. Acá en nuestro país, pese a los esfuerzos que en ese sentido se han hecho, brillan por su ausencia el esclarecimiento y la justicia que ameritan los condenables acontecimientos ocurridos hace unos años; esas necesarias medidas para avanzar en aspectos tales como la viabilidad de un verdadero Estado de Derecho, siguen siendo partes de una deuda mayor para con el pueblo salvadoreño.

    Para AI, la “decisión de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucionales los decretos de amnistía que se usaban para favorecer a militares acusados de violaciones de derechos humanos, es un paso de suma importancia hacia el fin de la impunidad en Honduras”. En función de ubicar a las personas interesadas en el caso, el comunicado explica lo siguiente: “El fallo, emitido ayer 27 de junio, se refiere al caso de seis estudiantes universitarios, tres mujeres y tres hombres, detenidos el 27 de abril de 1982 por hombres armados vestidos de civil, sin una orden judicial de detención. Los seis fueron llevados a una comisaría de policía y después a un sitio no identificado donde estuvieron «desaparecidos» por cuatro días y sufrieron torturas y malos tratos. Cuatro de ellos fueron puestos en libertad al cuarto día, y se hicieron cargos formales contra los otros dos. Después de un año y medio el juzgado correspondiente desestimó esas acusaciones”.

    Y la historia de este esfuerzo continúa así: “El primer procedimiento judicial en contra de miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones de derechos humanos en Honduras se inició en 1995, cuando diez oficiales del ejército fueron acusados de intento de asesinato y detención ilegal. Los acusados argumentaron que las leyes de amnistía (de 1987, 1990 y sobre todo de 1991) que concedían «amplia e incondicional amnistía» los beneficiaba. Cuando se dictaron órdenes de detención en su contra, los oficiales se escondieron y algunos de ellos aún permanecen en la clandestinidad. En 1997, el Ministerio Público inició un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema en el caso de los seis estudiantes diciendo que las amnistías no se pueden aplicar porque se trata de delitos de tipo común y no políticos, que serían los cubiertos por dichas leyes”.

    A estas alturas, la Corte Suprema del país vecino ha resuelto a favor del planteamiento formulado por el Ministerio Público, en consonancia con la reiterada posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; esta última ha determinado que “las leyes de amnistía eliminan la medida más efectiva para la vigencia de los derechos humanos, vale decir, el enjuiciamiento y castigo de los responsables de violaciones de tales derechos”. De igual forma, el organismo interamericano sostiene “que la aplicación de las leyes de amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado”.

    Como se puede observar y tal como lo señala AI en su comunicado de prensa, en Honduras se está avanzando. Hay resistencias enormes; de eso no cabe duda. Sin embargo, existen sectores dentro y fuera del aparato estatal empeñados en construir una sociedad fundada en el respeto a la legalidad y el desarrollo institucional. Y eso no sólo constituye una valiosa ganancia para el pueblo hondureño, sino también para otros como el nuestro. Sobre todo para el nuestro, que debe aprovechar —al menos— dos lecciones positivas que se derivan de lo que está ocurriendo allá.

    En primer lugar, se debe considerar y valorar en su justa dimensión el esfuerzo conjunto entre grupos de la sociedad y entidades gubernamentales para alcanzar un logro de esta envergadura. A eso se refiere AI cuando afirma que la decisión referida “es la culminación de los esfuerzos de las víctimas, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos”. En segundo término, es necesario destacar el funcionamiento normal —sin desgarraduras, traumas, consideraciones políticas u otro tipo de alteraciones a los procedimientos legalmente establecidos— de las instituciones encargadas de impartir justicia. Eso puede permitir el paso siguiente, al cual se refiere Amnistía Internacional: “la agilización del proceso en este caso y el inicio de investigaciones serias y exhaustivas sobre los 184 casos pendientes de desapariciones en Honduras, con miras a llevar a los culpables ante la justicia y poner fin a la impunidad”.

    “Las víctimas y sus familiares —sostiene la organización humanitaria— tienen el derecho de que se haga justicia para así poner fin a un periodo tan traumático y prolongado. Sólo en la medida en que se tenga acceso a la verdad y se resuelvan los abusos del pasado, la sociedad hondureña podrá enfrentar el futuro en un espíritu de reconciliación. Esta decisión puede ser un primer paso para Honduras y un ejemplo para otros países con situaciones similares aún pendientes”.

    Pese a ser en la región centroamericana fue uno de los países menos golpeados por los conflictos armados que se produjeron en ella hace unos años, parece que Honduras ha madurado más que El Salvador en estos aspectos. Puede ser que en eso tenga mucho que ver la sentencia condenatoria que, en julio de 1988, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el "Caso Velásquez Rodríguez". Para ubicar a las y los lectores, es bueno recordar lo que dice la Corte en los primeros párrafos de su sentencia. Este caso fue sometido a su jurisdicción por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de abril de 1986. “Según la denuncia presentada ante la Comisión —afirma el tribunal regional— y la información complementaria recibida en los días inmediatamente siguientes, Manfredo Velásquez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue apresado en forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, por elementos de la Dirección Nacional de Investigación y del G-2 (Inteligencia) de las Fuerzas Armadas de Honduras”.

    La captura ocurrió en Tegucigalpa, el 12 de setiembre de 1981. Testigos presenciales afirmaron, en su declaración, que los agentes estatales lo llevaron con otras personas detenidas a un local de la Fuerza de Seguridad Pública, donde fue víctima de interrogatorios “bajo crueles torturas, acusado de supuestos delitos políticos". El 17 de setiembre de 1981, Velásquez Rodríguez “fue trasladado al 1° Batallón de Infantería donde prosiguieron los interrogatorios”. Pese a toda la información anterior y las gestiones que en su momento realizaron sus familiares, las autoridades siempre negaron dicha detención. Tras lo anterior, vale la pena recordar lo esencial de la sentencia mencionada.

    De forma unánime, la Corte desestimó "la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos opuesta por el gobierno de Honduras". Además, declaró que dicho Estado había "violado en perjuicio de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención (léase Convención Americana sobre Derechos Humanos), en conexión con el artículo 1.1 de la misma". También declaró que había "violado en perjuicio de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma", así como "el deber de garantía del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma".

    Por otro lado, la Corte Interamericana estableció de manera clara la obligación del Estado hondureño "a pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima", determinando en ese mismo instante lo siguiente: "que la forma y la cuantía de esta indemnización serán fijadas por la Corte en caso de que el Estado de Honduras y la Comisión no se pongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses contados a partir de la fecha de esta sentencia, y deja abierto, para ese efecto, el procedimiento”.

    El otro comunicado de Amnistía Internacional que mencionamos al principio habla de la verdad y la justicia en Chile, definiéndolas como “partes integrales e inseparables de cualquier solución”. En ese sentido, de entrada se plantea lo siguiente: “La solución de la grave violación de derechos humanos que constituye la desaparición forzada requiere tres elementos: la búsqueda y localización de las victimas, la búsqueda y la obtención de la justicia y la reparación por las violaciones sufridas”. Esta es la reacción de AI ante la reciente “Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos”.

    La citada “Mesa de Diálogo” fue creada el 21 de agosto de 1999, a iniciativa del ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, con el objeto de “discutir salidas a la herencia de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar”. Como afirma AI en su comunicado, esta “iniciativa ha recibido críticas por parte de algunos grupos de derechos humanos, entre ellos los de los familiares de los «desaparecidos» que han dudado de sus resultados. Amnistía Internacional ha tomado nota de su desarrollo, subrayando que la adopción de medidas cuyo resultado no sea la verdad y la justicia plena son insuficientes y tardías”.

    “Toda medida que se adopte respecto a las desapariciones forzadas —afirma la citada organización, basada en su solvencia y autoridad ganada a pulso durante décadas— debe gozar de una transparencia total y contar con términos específicos de referencia que garanticen la credibilidad de la información recopilada y la debida veeduría sobre las investigaciones que se deben llevar a cabo. Un importante paso para llegar a la solución de las violaciones de derechos humanos del período militar, es el desmantelamiento de las medidas que han permitido la impunidad y obstaculizado el camino de la justicia en Chile por más de dos décadas," En ese marco, AI exige “la anulación de la Ley de Amnistía de 1978."

    Además de lo que ahora ocurre en Honduras y Chile, son muchos los otros lugares donde se les sigue “moviendo el piso” a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en América Latina. Pese a que las mismas ocurrieron en el pasado reciente, no podemos considerarlos hechos del pasado. En nuestro país, su actualidad —entre otras cosas— tiene que ver con dos asuntos importantes que aún están pendientes de resolución. Nos referimos tanto al recurso de inconstitucionalidad sobre la llamada "Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz", que desde hace años se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, como a la impugnación que la UCA presentó tras la respuesta que el Fiscal General de la República dio a su demanda sobre el "Caso Jesuitas".

    Ojalá, pronto tengamos noticias positivas al respecto para poder asegurar con certidumbre que —no obstante los obstáculos— El Salvador avanza. ¿Habrá que esperar, para ello, alguna sentencia condenatoria de la Corte Interamericana o la captura en el exterior del algún “intocable”, como sucedió en los casos de Honduras y Chile?

DOCUMENTO

Presentamos a continuación el texto de la "Declaración de La Antigua sobre la proliferación de armas livianas en la región centroamericana", dado a conocer el 29 de junio del 2000

Nosotros, ciudadanas y ciudadanos de América Central, así como invitadas e invitados internacionales, nos hemos convocado en La Antigua, Guatemala, del 27 al 29 de junio, para analizar e iniciar la búsqueda de soluciones conjuntas al problema de la violencia, en su relación con la proliferación y abuso de armas ligeras en la región.

Centroamérica demostró el valor y la determinación para terminar la guerra y para tratar de silenciar las armas. A 13 años de los históricos Acuerdos de Esquipulas, el ideal de la paz justa y duradera continúa siendo una aspiración que requiere el concurso de todos los sectores de la sociedad centroamericana.

Estamos conscientes de que el abuso de las armas ligeras o pequeñas causa muertes violentas, lesiones, migraciones forzosas y traumas psicológicos, lo cual es un factor que afecta la calidad integral de vida. Además de miles de víctimas, la guerra dejó la herencia de las armas, la cual, al igual que el legado de minas antipersonales y artefactos explosivos de guerra, sigue cobrando vidas.

Reconocemos la importancia de crear y modernizar normas jurídicas en el ámbito nacional, regional e internacional. En este sentido, trabajamos en la elaboración de propuestas para la conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas en todos sus aspectos, a realizarse en el año 2001 y las iniciativas en este campo de la Organización de Estados Americanos.

Insistimos, sin embargo, en que la problemática de las armas livianas es un fenómeno con múltiples causas que no se reducen únicamente al tráfico ilícito y el crimen organizado. Esta visión errónea puede llevar a soluciones simplistas, incluyendo el armamentismo de la sociedad, el regreso de los ejércitos a las calles y la criminalización de la pobreza.

En este sentido, controlar la proliferación de armas significa también cambiar mentalidades, actitudes y comportamientos cotidianos que alimentan el uso criminal en todos los ámbitos. La lucha contra el abuso y la proliferación de armas de fuego en nuestras sociedades está íntimamente vinculada a los retos de asegurar el fortalecimiento de la gobernabilidad y de la justicia social y económica, que incluyen la desmilitarización de nuestras sociedades y la promoción de una cultura de paz.

La estrategia integral —intersectorial, interinstitucional, multicultural y multidisciplinaria— requerida para combatir la proliferación de las armas, se construye tanto en el ámbito local como nacional, regional y global, exigiendo coherencia en las políticas de desarrollo y de seguridad.

Expresamos nuestra profunda preocupación con respecto a la falta de ética, transparencia y coherencia en las políticas de exportación, importación y tenencia de armas.

Consideramos que esta situación tiene orígenes de carácter estructural como la exclusión social, la ignorancia y patrones culturales de violencia, los cuales son agravados por el flujo de armas a la región. Por lo tanto, es importante entender la problemática de las armas como un asunto de derechos humanos y salud pública, y las soluciones que se propongan deberán ser orientadas a disminuir estas causas.

Por todo ello, nos comprometemos a impulsar las siguientes acciones:

• Coordinar acciones entre las sociedades y los gobiernos de la región para formular políticas conjuntas e integrales contra la proliferación y tráfico de armas, así como crear e impulsar los marcos normativos regionales necesarios para su control. Para ello se sugiere la designación de un punto focal por país que sirva de enlace con las iniciativas nacionales, regionales e internacionales.
• Incidir para que todos los estados centroamericanos ratifiquen e implementen la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de la Organización de Estados Americanos, la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencias de Minas Antipersonales y Sobre su Destrucción (Tratado de Ottawa), el Protocolo de Tegucigalpa, el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica y las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas sobre el tema de la proliferación de armas y municiones.
• Fortalecer el rol que los organismos regionales, como la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana, deben tener en el abordaje al problema del armamentismo y seguridad ciudadana, con énfasis en la adopción de compromisos regionales en el ámbito de la legislación y promoción de políticas.
• Exhortar al Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de Derechos Humanos para que incluya en su agenda de trabajo el tema de la proliferación de armas y municiones en la región, apoyen y den seguimiento a las conclusiones de este Foro, al cumplimiento de los instrumentos regionales y a las acciones de las instancias existentes.
• Instar al Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de Derechos Humanos para que apoyen la labor del grupo regional de seguimiento, promoviendo el acercamiento entre la sociedad civil y los gobiernos.
• Instar a los órganos competentes de cada país para que se homogenicen las legislaciones nacionales relativas al control, registro, tráfico, comercialización, tenencia y portación de armas y municiones en el nivel más restrictivo posible, y que sean coherentes con las normas existentes.
• Impulsar la incorporación del control al tráfico legal de armas y municiones en el accionar de los organismos nacionales, regionales e internacionales, los cuales únicamente consideran el control sobre el tráfico ilícito de armas.
• Invitamos a la comunidad internacional a establecer controles armónicos para el tráfico de armas conforme a estándares internacionales sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario y apoyar la iniciativa de La Comisión de los Laureados con el Premio Nobel de la Paz para establecer un Código de Conducta Internacional sobre las Transferencias de Armas.
• Considerar la implementación de una moratoria sobre la exportación e importación de todo armamento hacia y desde la región centroamericana, como la que existe entre los países de África Occidental.
• Revisar las políticas macroeconómicas impulsadas por los organismos financieros internacionales, donantes y gobiernos, las que generan inaceptables costos sociales, entre ellos la exclusión social y la criminalización.
• Promover políticas integrales por parte de la comunidad de donantes que contribuyen a la capacidad del Estado de desarrollar la institucionalidad democrática necesaria para canalizar y resolver los conflictos en la sociedad.
• Exigir que los estados centroamericanos no deleguen su responsabilidad de proveer seguridad a los ciudadanos en empresas privadas y demandar controles más estrictos a los que ya existen.
• Asegurar la atención física y psicológica para la reintegración social y económica, tanto de los excombatientes como de otras víctimas de la violencia, y reconocer su papel en la construcción de la paz.
• Realizar esfuerzos conjuntos con diversos sectores de la sociedad para la implementación de programas integrales y permanentes de entrega voluntaria de armas y otras modalidades tendientes a minimizar la portación y tenencia de armas.
• Asegurar que las autoridades prevengan la recirculación de las armas decomisadas mediante controles estrictos de almacenamiento y, cuando sea posible, su destrucción.
• Fortalecer la investigación tanto en el ámbito nacional como regional con base a indicadores de seguimiento y de diagnóstico homogéneos.
• Promover el intercambio de experiencias locales y nacionales referentes al tema de la lucha contra la proliferación de armas.
• Diseñar estrategias que involucren e incentiven la participación de los medios de comunicación en la difusión de la problemática de las armas ligeras y en la promoción de una cultura de no-violencia.
• Fomentar programas educativos fundamentados en valores de respeto a la vida y a los derechos de las personas y la solidaridad mediante la incorporación de esta temática en las iniciativas educativas nacionales formales e informales, y de la UNESCO.
• Promover el intercambio de los legisladores encargados de las comisiones de seguridad, defensa o derechos humanos, tanto en el ámbito regional como internacional, con el objetivo de intercambiar información, experiencias y prácticas con relación al control de armas entre ellos y con la sociedad civil.
• Promover la participación en, y el intercambio de información con la Red de Acción Internacional Sobre Armas Ligeras (IANSA).

En La Antigua, Guatemala
29 de junio de 2000

NOTICIAS

RATIFICACION. "Ellos negocian herméticamente en secreto y después dan sorpresas, ya con el tamal hecho", declaró el diputado Schafik Hándal, del FMLN, refiriéndose a la desconfianza de su partido una vez que se ratifique el tratado de extradición, entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos. Inicialmente, la postura del Frente era no aprobar la ratificación, que exige dos tercios de los 84 votos posibles. Sin embargo, tras varios meses de renuencia y de acercamiento entre el partido y autoridades diplomáticas estadounidenses, se logró llegar a un acuerdo y el FMLN decidió apoyar la reforma constitucional que permita la extradición. Según informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Manuel Melgar, los diputados están listos para ratificar la enmienda constitucional en la plenaria del 06.07. "En las conversaciones se va llegando a los acercamientos", comentó Melgar. No obstante, el apoyo del FMLN va acompañado de ciertas condiciones que deberán cumplirse, entre ellas: no se contempla la retroactividad, quedan fuera los delitos políticos o comunes conexos con políticos y debe considerarse la reinserción productiva de la población deportada. De ratificarse el tratado, al menos 200 salvadoreños podrían ser extraditados, según la justicia estadounidense. Por otra parte, la ratificación del tratado sobre narcoactividad que permita el establecimiento de un centro de monitoreo en el país podría ser apoyado sólo por los partidos ARENA y PCN. El PDC, CDU, PAN y FMLN demandaron una revisión del tratado a fin de evitar alguna inconstitucionalidad (LPG, 04.07.00, p.6; 05.07.00, p.12; 06.07.00, p.6).

CSJ. "La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha caracterizado por ser un mosaico de intereses políticos", afirmó el ex diputado Kirio Waldo Salgado. El político fundamentó su crítica específicamente en los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional. Y es que, para Salgado, dichos intereses políticos hicieron que la Sala llegara al extremo de "legislar" por medio de sus sentencias en demandas de amparo o de inconstitucionalidad. "Hay evidencias de que la Corte, en sus fallos ha modificado leyes, ha interpretado leyes y lo peor es que la Asamblea Legislativa ni cuenta se ha dado", aseveró el político. Por otro lado, el nuevo presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, reconoció que los problemas que enfrenta el sistema judicial son de todos conocidos. "Conocemos las afecciones y debilidades de nuestras estructuras judiciales. No las hemos escondido ni justificado", aseguró el funcionario. Entre los problemas que enumeró están las normativas inadecuadas para manejar la ruda realidad salvadoreña, morosidad judicial y sobre la población de funcionarios y empleados. Sin embargo, según lo publicado en El Diario de Hoy, el pasado 04.07, "cada tres años las promesas se repiten cuando toma posesión un nuevo presidente de la CSJ. Todos dicen que combatirán lo mismo". La misma publicación recordó las promesas hechas el día 26.06.97 por el entonces nuevo presidente de la CSJ, Eduardo Tenorio, quien prometió luchar por "recobrar la confianza" en la institución, al igual que lo está haciendo ahora su sustituto, Agustín García Calderón (DH, 02.07.00, p.2; 04.07.00, p.18; LPG, 02.04.00, p.4).