Año 21
Número 912
Julio 26, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial Regresan los gringos
Sociedad Sobre la confianza hacia la empresa privada
Economía El "Manifiesto Salvadoreño" de la ANEP
Comentario Los obreros industriales, el género y la política laboral del Estado salvadoreño, 1944-1972
Derechos Humanos Katya exige justicia
Documento Sobre la ratificación del TLC México-Triángulo Norte
 
 
 

EDITORIAL

    El anuncio del gobierno de Flores de la llegada al país de un equipo de detectives estadounidenses —el cual será complementado con agentes israelitas y asesores financiados por la Unión Europea— apenas causó reacción, en parte, quizás porque, según la versión oficial, vienen para desarrollar una buena labor, a ayudar a una Policía Nacional Civil desbordada y desorganizada en su lucha contra la ola de secuestros y, en parte, porque tal vez la sociedad ya aceptó el regreso de los gringos a El Salvador, ya sea como detectives para perseguir el secuestro y otras variantes del crimen organizado, como militares para vigilar a narcotraficantes o como ejército para desarrollar campañas conjuntas con la Fuerza Armada salvadoreña. Este regreso no es fruto del azar, sino que parece responder a un plan que hace caso omiso de las experiencias del pasado reciente.

    El establecimiento de una base militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, sin embargo, no fue recibido con la misma actitud pasiva. En la Asamblea Legislativa, sólo el bloque de la derecha estuvo de acuerdo con la ratificación del tratado, firmado por los gobiernos estadounidense y salvadoreño. El tratado en cuestión entrega a tropas estadounidenses aeropuertos y puertos, el espacio aéreo y marítimo e instalaciones gubernamentales no especificadas que consideren pertinentes, con inmunidad diplomática del más alto nivel, durante diez años. Este tratado se complementa con otros dos convenios que la cancillería salvadoreña se sacó de la manga, además de la colaboración de los detectives antes mencionada. Uno de ellos tiene el engañoso nombre de “Juventud sana”, pero está destinado a entrenar a la Policía Nacional Civil en el combate contra el narcotráfico por parte de militares estadounidenses. El otro está relacionado con prácticas militares, dirigidas por el ejército de Estados Unidos. De esta manera, la base militar de Comalapa, a la cual no tendrán acceso las autoridades salvadoreñas, se complementa con asesorías a la policía y entrenamiento especializado al ejército salvadoreño.

    La embajadora de Estados Unidos presionó de una manera nunca antes vista desde la guerra para conseguir la aprobación de esta serie de acuerdos, y que se ha ido desvelando de forma gradual. La iniciativa estadounidense se encontró con la oposición del FMLN, el cual exigió consignar por escrito las condiciones bajo las cuales operaría dicha base militar; pero la embajada se opuso, arguyendo falta de tiempo. A raíz de la discusión, el FMLN observó con sobrada razón que lo que El Salvador necesita no es ayuda militar como la ofrecida por Estados Unidos, sino asistencia social y económica. Sin embargo, el bloque de la derecha, decidido a aprobar el tratado a toda costa, optó desconocer su categoría como tal y aprobarlo por mayoría simple. Ante los repetidos señalamientos de la inconstitucionalidad de la aprobación, algunos de estos diputados hicieron mofa de la Constitución, descargando su responsabilidad en la sala específica de la Corte Suprema de Justicia, e hicieron alarde de no haber cumplido y de no cumplir con las normas constitucionales. La embajada de Estados Unidos no se atrevió a pronunciarse sobre este procedimiento inconstitucional de sus aliados, lo cual no sólo resta credibilidad a su proyecto, sino que, con tal de sacarlo adelante, contribuye de manera activa a consolidar la inseguridad jurídica existente.

    La embajada estadounidense, el gobierno salvadoreño y el bloque legislativo de la derecha presentan estos acuerdos como la solución ideal para detener el narcotráfico, enfatizando al mismo tiempo la debilidad de las instituciones salvadoreñas. A ello contribuyó una curiosa fotografía de una lancha que se desplaza supuestamente por el río Lempa y que presuntamente transporta droga. El Fiscal General, por ejemplo, llega a esta conclusión por el color de la piel de sus ocupantes. En realidad, la lancha pudiera haber sido interceptada por el mismo helicóptero desde el cual se tomó la fotografía. En orden a restar importancia a la intervención del ejército de Estados Unidos, la embajada de este país y las autoridades salvadoreñas se resisten a llamar base militar a la instalación que establecerán en Comalapa; en lugar de ello, prefieren llamarla estación de monitoreo. A quienes se oponen argumentando la violación a la soberanía, el gobierno salvadoreño les responde que no está cediendo territorio, lo cual, en sentido literal, es cierto; pero está entregando algo tan importante como el territorio. Con estos tratados, asesorías y colaboraciones, el gobierno de Flores está entregando al ejército de Estados Unidos, un poder extranjero, algunas de las funciones esenciales del Estado salvadoreño: una parte importante de su seguridad y del uso legítimo de la fuerza, todo ello con el pretexto de que El Salvador es incapaz de velar por sí mismo.

    La experiencia demuestra que esta clase de intervenciones estadounidenses no produce resultados positivos. La debilidad y la corrupción de la Policía Nacional Civil están fuera de duda, pero no serán superadas con la intervención de militares estadounidenses; al contrario, ésta debilitará aún más a la institución policial. En América del Sur, las operaciones del ejército estadounidense no han disminuido el narcotráfico y, en cambio, han creado dificultades adicionales. El multimillonario plan Colombia es una opción militar destinada a intensificar la guerra, lo cual frenará aún más el desarrollo de ese país. El plan se propone reprimir a los pequeños productores, pero se olvida de las causas estructurales que favorecen el cultivo ilícito de la droga y hace caso omiso del conflicto colombiano. Aparte que el plan incluye una cláusula según la cual el presidente de Estados Unidos, “por motivos de interés nacional”, puede suspender el respeto de los derechos humanos, en Colombia. No es mera casualidad que el nuevo destino de la antigua embajadora de Estados Unidos en El Salvador sea Colombia. A comienzos del siglo pasado, Estados Unidos intervino en Nicaragua para poner orden en aquel país. Las tropas estadounidenses se apoderaron de la economía, dictaron la política y determinaron en buena medida la cultura nicaragüenses. Cuando decidieron abandonar Nicaragua, en lugar de dejar la democracia que creyeron estar construyendo, dejaron una dictadura de más de treinta años. En lugar de fortalecer las instituciones, las intervenciones estadounidenses las debilitan y dejan a los países en condiciones peores que en las que los encontraron.

    Es indudable que El Salvador es un lugar de paso de la droga y que la seguridad pública está atravesando por una de sus peores crisis. Pero la intervención estadounidense que se avecina no contribuirá a resolver ninguno de los dos problemas. En primer lugar, porque propone una solución militar para un problema que es eminentemente social y político. Un viejo error que ya fue cometido a finales de la década de los setenta y durante la de los ochenta. En segundo lugar porque mientras Estados Unidos aplica medidas militares fuera de sus fronteras, dentro de ellas es una de las naciones más permisivas respecto al tráfico, la comercialización y el consumo de droga. Al igual que durante la guerra, cuando El Salvador pierda interés para los militares del Pentágono y los políticos del Departamento de Estado, las tropas estadounidenses dejarán al país y a su gobierno abandonados a su propia suerte. Los gringos no sólo han regresado a El Salvador, sino que lo están haciendo cometiendo errores similares.

SOCIEDAD

    Los sectores más influyentes de la empresa privada de nuestro país hicieron un llamado para el trabajo conjunto…, pero a ese llamado no asistieron todos porque, simplemente, no todos fueron invitados. Pese a este detalle —que tanto funcionarios del gobierno como empresarios han olvidado en sus alocuciones sobre el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2000—, la confianza depositada en la expresa voluntad de quienes se presentan como los motores del desarrollo del país se mantiene incólume. Representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), organizadora del evento, lucieron su mejor sonrisa, animada como pocas veces ante la docilidad del presidente Flores y de la comitiva de funcionarios que le acompañó. Ahora, lo que sobra es optimismo: las propuestas del gobierno de Flores —encarnadas en La Nueva Alianza— parecen haber recibido el espaldarazo que necesitaban para su inminente puesta en marcha y, en ese proceso, la empresa privada tendrá un protagonismo sobresaliente.

    Sin embargo, este optimismo es rebosante sólo para aquellos sectores cuyos vínculos con el actual gobierno les aseguran un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Y, en el caso de la empresa privada representada por la ANEP, ese lugar les ha permitido susurrar al oído del presidente Francisco Flores lo que ellos quieren del país, lo que más les conviene para resultar menos dañados por el rumbo que la economía nacional está tomando. Independientemente de las implicaciones económicas de la Propuesta para la Reactivación de la Economía Nacional (convenientemente analizadas en este número), llama la atención la escandalosa incondicionalidad con la que el gobierno de Flores ha respondido al llamado de la empresa privada. La confianza depositada en los criterios que dieron forma a la propuesta de la ANEP parece no sólo salirse de los límites de lo sensato, sino que también reafirma la tendencia del presidente y de su equipo de ministros de atender únicamente a quienes consideran devotos de los ideales de su gobierno y de su partido.

    Al parecer, la naturaleza del documento presentado en el ENADE 2000 le imprime ciertas características bastante positivas en virtud de la necesaria —y casi ausente— democratización que el país requiere. Pero la supuesta capacidad para crear consensos que se está atribuyendo incesantemente la cúpula empresarial no responde del todo a esa capacidad de reflexionar en torno a objetivos comunes que alcancen a superar los intereses meramente sectoriales. Por el contrario, el esfuerzo que supuso la elaboración de la propuesta económica de la ANEP se reduce significativamente si se toma en cuenta que gran parte de sus contenidos provienen de una encuesta cuyos resultados suponían, fundamentalmente, una interpretación cuantitativa. Así, la verdadera capacidad para abrir espacios de consenso al interior de la gran empresa nacional no se demuestra únicamente lanzando propuestas engendradas en el seno de sus principios más inquebrantables. En su lugar, habría que evaluar de qué manera están dispuestos a incluir en su propuesta la visión de otros sectores, sin cuyos aportes el documento es, por demás, incompleto.

    No sólo es la excesiva confianza demostrada por el ejecutivo lo que despierta interrogantes en torno a la presentación de la propuesta de la gremial. Lo es también la apertura sin tapujos que Flores expresó para iniciar de inmediato un diálogo sobre temas de interés nacional a la luz, claro está, de la propuesta de un grupo ajeno a su equipo de trabajo en el Poder Ejecutivo. Y es que esta propuesta no es la primera que se le hace llegar al mandatario para que empiece a trabajar de una vez por todas a favor del progreso nacional. De hecho, las protestas que tuvo que enfrentar durante los primeros meses de su mandato tienen que ver con esa necesidad de encontrar soluciones definitivas a los problemas que sufren algunos sectores del país, y que Flores no ha sido capaz de materializar desde su trabajo en la presidencia. Además, la desautorización que hizo de las propuestas de la Comisión Nacional de Desarrollo para trabajar en función de un plan nacional no concuerdan con este nuevo talante de diálogo que le ha inspirado la ANEP. ¿Por qué responder ahora al llamado de un solo sector y no al resultado de una consulta en la que participó un abanico más amplio de actores sociales?

    Si lo que la empresa privada desea es coadyuvar a una mejora sustancial en la actividad económica desde una perspectiva más integral, también tendría que destacar con mayor precisión y firmeza los compromisos que se corresponderían con esa visión del desarrollo “mancomunado” a la que hizo referencia el presidente de la ANEP, Ricardo Simán. Pero, en su lugar, el máximo representante del sector expresó su compromiso en los términos más lógicos —casi obligatorios dirán algunos— que se le podría exigir. Puesto que los “salarios y las prestaciones justas” deben formar parte de las metas fundamentales e ineludibles de todo empresario, la promesa expresada en este sentido por Simán no deja de ser rayana en lo cínico. Lo mismo ocurre con el compromiso adquirido frente al Estado de pagar los impuestos y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Todo eso es lo que lógicamente se espera de un sector empresarial profesional, con verdadero ánimo competitivo y con una mínima visión estratégica de su papel en el desarrollo nacional.

    Así, lo que de verdad extraña es que la cúpula de la ANEP no hable con igual vehemencia de la necesidad de armonizar todos aquellos intereses que se vean afectados, en mayor o menor intensidad, en caso de que se llegara a avanzar en la ejecución de las propuestas del sector empresarial. Por ahora, sus declaraciones descansan sobre la certeza de que el Ejecutivo les ha dado el visto bueno y que, por lo tanto, nada ni nadie podrá interponer mayores obstáculos a su intervención en la definición de un Estado coherente con sus necesidades. Y, en efecto, entre estas necesidades se encuentra la de salir lo más solvente posible con las implicaciones del pretendido desarrollo nacional que anhelan. En la propuesta empresarial abundan las solicitudes de indulgencia y tolerancia hacia el sector, si de lo que se trata es de procurar su salvaguarda frente a las trampas que el comportamiento económico del país les pone. El que estas solicitudes afecten en alguna medida a otros sectores del país —como el laboral—, no es más que un sacrificio necesario en virtud del compromiso adquirido por la empresa privada en la tan ansiada conducción del país hacia un futuro mejor.

    En definitiva, la pretendida confianza que se le ha otorgado a la propuesta de la gran empresa privada nacional no se corresponde con la identificación de unos referentes objetivos que la sustenten. Queda mucha tela que cortar antes de agradecer de lleno a la ANEP la tarea que se tomó de sistematizar las aspiraciones de una muestra de los empresarios del país. En este sentido, el gobierno de Flores ha fallado al congratularse sin más frente a los contenidos de un documento, mucho antes de que los ministros designados para darle seguimiento lo hallan estudiado a fondo. En todo caso, si luego de su estudio la propuesta empresarial le siguiera pareciendo al presidente tan positiva para la marcha del país, el mandatario debería preocuparse, al menos, por ofrecer un espacio más claro y definido para la participación del sector público y laboral a la hora de discutir la aplicación de las medidas que contiene. En caso contrario, Flores y su equipo harán eco de un llamado que no alcanza a incorporar a buena parte de la población que, hoy por hoy, se debate el futuro entre arreglos del más alto nivel y para quienes no existen posibilidades para expresar sus opiniones con la misma capacidad de influencia que la empresa privada.

ECONOMÍA

    Hace más de cuatro años, se conoció una primera propuesta económica de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para superar las restricciones al crecimiento y al desarrollo en El Salvador que, a pesar de generar debate, no se tradujo en acciones significativas del gobierno. El "Manifiesto Salvadoreño" de la ANEP proponía medidas que incluían aspectos que tradicionalmente no se encontraban de forma explícita en las visiones empresariales: fortalecimiento de la política social del gobierno (aunque sin que ello suponga mayor déficit fiscal) y combate de la degradación ambiental.

    Cuatro años después, la ANEP vuelve a la carga con una nueva propuesta de reactivación económica que, sin una visión tan explícita de políticas sociales y ambientales como su precedente, propone objetivos diversos, que van desde la generación de mayor empleo hasta la reactivación de sectores específicos (comercio, agricultura, construcción, actividad industrial, pequeña empresa y turismo).

    El hecho de que sea el sector empresarial el que se manifiesta con mayor claridad ante la coyuntura actual llama la atención sobre una realidad que, aunque no es nueva, no deja de ser preocupante: la parálisis del sector laboral y su incapacidad de formulación de modelos económicos alternativos o, cuando menos, de formular propuestas puntuales que mejoren la situación de los trabajadores.

    En esta ocasión la ANEP plantea medidas que apuntan hacia la adopción de políticas sectoriales, a la reducción de la participación del Estado en actividades económicas y hacia la flexibilización del mercado laboral, para mencionar algunas de las más importantes. Ahora bien, las importantes temáticas-problemáticas del desarrollo social y el uso sostenible de los recursos naturales no aparecen tan claramente desarrollados y, a lo sumo, se señala la necesidad de construir "fundamentos económicos, sociales, ambientales y políticos" para enfrentar la globalización. A continuación, se revisan brevemente los contenidos en materia de modernización de la gestión pública, flexibilización del mercado laboral y reactivación de algunos sectores económicos.

    Dos de las medidas con más claras implicaciones sobre el sector público son, en primer lugar, las propuestas con las cuales se perseguiría reducir las presiones fiscales que el Estado experimenta para cubrir sus obligaciones con los pensionados y, en segundo lugar, las dirigidas a reducir el tamaño del Estado a través de las concesiones. Dentro de las primeras destacan las propuestas de incrementar en cinco años la edad de jubilación y de fusionar las dos instituciones remanentes del antiguo sistema de pensiones (ISSS e INPEP) para crear un solo fondo para empleados públicos y empleados de la empresa privada que todavía cotizan al sistema colectivo de pensiones. Por su parte, la concesión de servicios abarcaría, por ejemplo, el Puerto de Cutuco, el Aeropuerto de Comalapa, correos, imprenta nacional, radio nacional y Lotería Nacional de Beneficencia.

    Entonces, la propuesta de la gremial empresarial buscaría una reducción de los ingresos del Estado que en la práctica vendría a restar importancia a un tema fundamental: el ineludible incremento de los ingresos fiscales a partir de más impuestos a las empresas. Es preocupante además que se pretendan reducir las obligaciones fiscales a costa de un mayor sacrificio del sector asalariado, sin mencionar las posibles implicaciones de la propuesta para el mercado laboral, la cual se examina más adelante. Por otro lado, la propuesta de concesionar los servicios públicos parece partir del hecho de que éstos generan pérdidas para el Estado lo cual, aunque fuera cierto, no necesariamente quiere decir que este no pueda convertirlas en fuentes de ingresos fiscales.

    Las propuestas para reformar el mercado laboral, por otra parte, persiguen una mayor flexibilidad para contratar trabajadores y una mayor discrecionalidad a la hora de fijar los salarios mínimos (definición de jornadas laborales en base a horas semanales y no diarias, permitir contratos por tarea, revisar normas de salarios mínimos de jornada parcial). También se propone una "masificación" de los programas de capacitación técnica. Este tipo de medidas sugieren que podríamos enfrentarnos a mayores tasas de subempleo (que actualmente rondan cerca del 30%), pues una implicación inmediata sería la reducción del número de horas semanales laboradas (y de los salarios percibidos) por los trabajadores, lo cual obviamente sólo beneficia a los empresarios.

    Por lo tocante a las políticas sectoriales, destacan dos aspectos reivindicativos, a saber: primero, el evidente afán de reactivar sectores económicos en base a medidas proteccionistas o asistencialistas (como en el caso de la agricultura y la construcción); y segundo, la permanente demanda de una reducción del Estado para dar entrada a la empresa privada en nuevas actividades lucrativas. Las propuestas de rescate financiero de empresas altamente endeudadas, los aumentos de aranceles a productos agropecuarios, la subvención en la compra de viviendas (lo cual puede verse como asistencialismo en dos vías: hacia los constructores y hacia las familias demandantes), la contratación y subvención de obras públicas, son ejemplos de medidas proteccionistas. Estas, que por cierto no son positivas o negativas en sí mismas, pretenden crear las condiciones para inducir el crecimiento de sectores que han venido experimentando una fuerte contracción en los últimos años, como la agricultura y la construcción, aunque también incluyen propuestas muy concretas sobre la asistencia de la micro y pequeña empresa (leyes banco de fomento), lo cual resulta rescatable. Se incluyen también medidas que persiguen la reactivación del agro y de la industria a través de mayores egresos fiscales para estimular la actividad de estos sectores (establecimiento de fondos para la reconversión industrial y para la creación de una banca de desarrollo rural) o bien a través de mayores cuotas de sacrificio fiscal (incentivos tributarios para la inversión en la industria)

    Además, las políticas sectoriales revelan de nueva cuenta el interés de la empresa privada de incursionar en actividades hasta ahora ejecutadas mayoritariamente por el Estado (como la construcción y el mantenimiento de las obras públicas). En esta línea, se encuentran también las concesiones de servicios públicos ya citadas arriba. Como eje transversal a las políticas sectoriales, se encuentran las propuestas tendientes a reducir tasas de interés e incrementar el crédito a las empresas.

    La connotación que adquiera la propuesta de la ANEP dependerá de que tanto la estrategia asumida logra trasladar a los beneficios del crecimiento a los sectores más desfavorecidos del país, es decir, a los sectores obreros y campesinos. En principio, la propuesta tiene una visión claramente definida a favor de la clase empresarial, lo cual es totalmente legítimo, pero pretende favorecer principalmente a aquellos que ya se beneficiaron ampliamente del crecimiento (grandes banqueros, grandes industriales, cafetaleros, cañeros, grandes comerciantes, etc.), pero que sienten preocupación por la reducción de las tasas de crecimiento, de sus ingresos y de sus ganancias. Es difícil pensar que dentro de esta propuesta exista un interés genuino por favorecer a los trabajadores, especialmente considerando que castiga a los sectores asalariados para favorecer a los empresariales.

    Aunque tampoco se trata de decir que ningún elemento de la propuesta sea rescatable, se perciben vacíos en lo tocante a la redistribución del valor agregado y el incremento de los ingresos y salarios de los sectores trabajadores; lo mismo que en lo tocante al uso sostenible de los recursos naturales, aspecto fundamental para garantizar altas tasas de crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Estas son dos áreas que deben fortalecerse, pues ya en el pasado ha quedado demostrado que bajo la estructura económica de El Salvador las altas tasas de crecimiento no necesariamente conducen al desarrollo.

COMENTARIO

    La tesis de esta presentación es que el Estado salvadoreño no sólo se relacionó con los obreros industriales a través de la violencia y represión legal durante el periodo 1944-1972, sino que el Estado respondió a algunas demandas del sector laboral y creó una estrategia más compleja que mezcló la represión con nuevas reformas laborales. Este es un fenómeno poco destacado en la historiografía de El Salvador, porque muchos estudios plantean que el Estado siempre reprimió al sector obrero durante este periodo.

    Esta presentación es una versión corta de un trabajo mas largo que escribí con Leslie Gates. El trabajo completo utiliza más de cuarenta entrevistas con industriales, funcionarios del gobierno salvadoreño, sindicalistas, obreros, agrupaciones de mujeres y los documentos históricos del Ministerio de Trabajo y los periódicos nacionales para mostrar: a) la presencia de las nociones de género dentro de la interacción entre el Estado y un grupo social importante —los obreros industriales— durante la primera etapa del proceso de la industrialización; y b) para mostrar la complejidad de la estrategia laboral del Estado salvadoreño durante una época poco estudiada.

    Primero, voy a describir la política laboral de género seguida por el Estado. Segundo, describiré el elemento reformista del Estado salvadoreño. Tercero, voy a ubicar la política laboral de género dentro del contexto más amplio de las relaciones entre el Estado y el sector laboral. Y, finalmente, voy a plantear algunas razones por las cuales es importante hacer un análisis de género y tomar en cuenta la política laboral de género.

1. Durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta los líderes militares del Estado salvadoreño promovieron y ejecutaron nuevas reformas laborales de género como legislación protectora para las obreras industriales e implementaron nuevos programas de capacitación industrial segregados por sexo.

    A. Vemos claramente un discurso de género en las leyes y comentarios del Estado salvadoreño durante este periodo. Por ejemplo, en 1947 la comisión legisladora en el código del trabajo dijo:
“El trabajo de los menores de edad y de las mujeres es el primero de los estatutos especiales que contiene el proyecto. Tiene por fin principal proteger la vida y desarrollo tanto físico como mental y moral del trabajador menor de edad y de las mujeres. Ya que todos ellos, por sus especiales condiciones, están en mayor peligro que los adultos al desarrollar actividades laborales. Por ello se les prohiben determinadas labores y se les sujeta a una situación especifica buscando su seguridad y garantía”

    Como dijo el Ministro de Trabajo, Doctor Mario Héctor Salazar, en 1954, el régimen del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) pensó que las leyes protectoras para mujeres y menores eran “unas de las más importantes” promulgadas durante esta época.

    B. Leyes especiales de protección que limitaron el acceso de la mujer al trabajo industrial eran incluidas en las Constituciones de 1950 y 1962, y los Códigos Laborales de 1963 y 1962 (y los demás hasta los noventa). Estas leyes limitaron el acceso de las mujeres a los trabajos con altos sueldos y de mayor destreza.

    Por ejemplo, el Código de 1962 prohibió a la mujer “cualquier trabajo en que se empleen sierras automáticas, circulares o de cinta; cizallas, cuchillos, cortantes, martinetes y demás aparatos mecánicos cuyo manejo requiera precauciones y conocimientos especiales, excepto los utensilios y herramientas de cocina, de carnicería o de otras faenas semejantes”

    C. Los programas de capacitación industrial segregados por sexo son otra evidencia que muestra la existencia de una política de género que estaba presente en la relación entre el Estado y el sector obrero. Hay mucho más detalle en mi trabajo sobre esto, pero lo importante es que los programas de capacitación promulgados por el Estado dirigieron a las mujeres hacia trabajos “femeninos” y a los hombres hacia trabajos mejor remunerados que requerían más destreza. Además, mi resumen de los programas de capacitación de los años sesenta muestra que la mayoría de los programas capacitaron a los hombres; hubo muy pocos programas para las mujeres.

2. Debido al alto número de estudios enfocados en los sindicatos salvadoreños de la izquierda, el Estado salvadoreño es considerado simplemente como un régimen autoritario que siempre reprimió al sector obrero. Algunos preguntarían si realmente existió un momento en el que el Estado salvadoreño respondió a las demandas del sector obrero.

    Este trabajo sostiene que la existencia de las políticas laborales reformistas de género ilumina que el Estado respondió a la movilización y a las demandas del sector obrero con más que la represión durante el periodo inicial de industrialización en los años cuarenta y cincuenta. El Estado respondió a algunos reclamos del sector obrero con la creación de derechos y leyes laborales. Asimismo, también trató de conseguir apoyo del sector obrero más moderado.

    Dos elementos ilustran este punto.

    A. Los beneficios sociales que brindó el Estado durante los años cincuenta (como un sistema de seguro social, el establecimiento de un salario mínimo para los obreros urbanos, los derechos de vacaciones, los subsidios para la educación y vivienda para los obreros industriales, etcétera).

    B. El Estado también trató de crear una Confederación de obreros que aumentaría la influencia estatal en el movimiento obrero. En 1958, se formó la Confederación General de Sindicatos (CGS). El Estado otorgó beneficios a algunos miembros de la CGS, dándoles acceso a decisiones políticas, puestos gubernamentales y otros beneficios.

3. Es importante tomar en cuenta que la formación de esta política laboral se generó dentro de una relación dialéctica entre el Estado y el sector obrero. Esto, en un contexto caracterizado por obreros movilizados y un Estado represivo que también trataba de incorporar algunas demandas del sector obrero para inducir su apoyo.

    Después de la caída del régimen represivo del General Hernández Martínez, en abril de 1944, artesanos y obreros industriales movilizaron y reclamaron las reformas laborales, inclusive algunas reformas que diferenciaron los obreros masculinos de las obreras femeninas. Mis investigaciones mantienen que sus demandas de género influyeron a la política laboral del Estado. No es sólo una coincidencia que la política laboral de género del Estado en los años cincuenta y sesenta tenga mucho en común con los reclamos de las organizaciones laborales.

    Podemos ver su paralelismo con las demandas del sector obrero:

    A. Por ejemplo, en los años cuarenta un portavoz del sector obrero afirmó que: “Otra base de grandísimo interés sería el estudio a fin de llevar a la práctica la organización de casas de trabajo para mujeres, única manera de sacar a éstas de toda clase de oficinas públicas y reconstruir el hogar (tan necesario) para el desarrollo de la familia dentro de las buenas costumbres”

    En 1952, el líder laboral Carlos Salinas comentó que “la primera fase de la protección que debe darse al elemento trabajador debe principiar por la parte más débil: la mujer que lucha y trabaja a la par del hombre, sufriendo más en su organismo las consecuencias de una labor prolongada y agotadora”.

    Organizaciones laborales reclamaban protecciones de salud y seguridad para todos los obreros y protecciones especiales para las obreras. El sector laboral también expresó su interés en el ofrecimiento de programas de capacitación segregados por sexo. Por ejemplo, en los años cincuenta los sindicatos de San Salvador pedían varias veces al Ministerio de Trabajo que creara un Centro de Capacitación para la formación domestica de las mujeres.

    B. Mi resumen de más de cuarenta meses de revisión de periódicos muestra que la mayoría de las mujeres trabajadoras no priorizaban estas protecciones especiales para ellas. En su mayoría, las mujeres priorizaban el mejoramiento de los salarios por todos los obreros industriales.

    De hecho, en 1956, mujeres obreras protestaron contra una propuesta de los sindicatos que hubiera prohibido a las mujeres trabajar en los turnos nocturnos. Las protecciones especiales para la trabajadora no eran una prioridad ni siquiera para las organizaciones femeninas por los derechos de la mujer.

    Además, mi resumen de las juntas directivas de sindicatos y congresos laborales que salieron en los periódicos muestra que las mujeres casi nunca se representaron en los sindicatos ni en el liderazgo de las conferencias. Por ejemplo, en un periodo de dos años, entre 1944 y 1946, 175 de un total de 180 representantes laborales eran hombres.

    Además, la Memoria del Primer Congreso Nacional de Trabajo y Previsión Social, en 1954, muestra que los empresarios tampoco querían la legislación protectora para las mujeres.

    C. Sin embargo, aunque las organizaciones de mujeres y las asociaciones de empresarios no querían la legislación protectora para las mujeres, el Estado la incluyó en las constituciones, códigos laborales y los programas de capacitación laboral.

    El Estado promulgó nuevas políticas laborales reformistas, en parte, para tratar de ganar apoyo de alguna parte del sector obrero y para bajar el nivel de movilización en su contra.

    De hecho, el Estado respondió a la petición del sector obrero que le solicitaba implementar las leyes laborales protectoras para la mujer. En 1951, el Estado extendió el Ministerio de Trabajo y creó la división dedicada al trabajo de los menores y las mujeres. La División implementó las leyes laborales a través de las inspecciones de las fábricas. Aunque no siempre cumplía, los datos del Ministerio muestran que el departamento aumentó el número de inspecciones hechas cada año a través de los años cincuenta y sesenta, y llegó a más de 5 mil por año en 1967.

Conclusión

    Esta política protectora del Estado pudo haber facilitado el trabajo masculino y pudo haber limitado el trabajo femenino durante este periodo. Esta es una razón por la cual el enfoque de género es importante. La historia de las leyes y prácticas laborales que dieron un trato diferente a hombres y mujeres nos puede brindar quizá una guía para entender mejor el descenso de la participación masculina en la industria en los años noventa y el incremento significativo de la participación de la mujer.

    Es decir, sólo con un entendimiento profundo de la historia de esta diferenciación podremos entender la preferencia por la contratación de mujeres que existe ahora. Si podemos mostrar que las políticas laborales del Estado afectaron el género de la fuerza laboral industrial, quizás pudiéramos explicar los cambios en el género de la fuerza laboral industrial con un mejor entendimiento de los cambios en la política laboral del Estado. Ahora mismo estoy avanzando un proyecto que estudia las diferencias entre estos dos momentos históricos y cómo afectaron la proporción de mano de obra masculina/femenina en la industria salvadoreña.

    Un análisis de género también nos ayuda a entender las relaciones de poder entre los líderes del Estado y el sector laboral durante el periodo desde 1944 hasta 1972. Este trabajo documenta como los funcionarios del Estado y los líderes laborales utilizaban las nociones de género durante sus negociaciones. El análisis muestra que las reformas laborales de género eran parte de una estrategia más amplia del Estado salvadoreño que mezclaba la represión con las reformas. El análisis, por lo tanto, nos muestra que hay variación en cómo el Estado salvadoreño trató al sector obrero. Las explicaciones tradicionales que representa al Estado como monolíticamente represivo necesitan redefinir su retrato. Este trabajo sugiere que los líderes militares implementaron las protecciones especiales para las mujeres y los programas de capacitación segregados por sexo como parte de un esfuerzo para terminar con la militancia del sector obrero y asegurar la legitimidad del régimen.

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Kati Griffith, Investigadora visitante, El Colegio de México. Texto de la ponencia al Quinto Congreso Centroamericano de Historia.

DERECHOS HUMANOS

    Todo apunta a que en la violación y el asesinato de Katya Natalia Miranda Jiménez, existe algún tipo de responsabilidad que pueda atribuirse a algunas de las personas que —en su momento— se encontraban en el sitio donde ocurrió la tragedia. Alrededor de la pequeña, cuando fue víctima de tan horrible experiencia que culminó con su muerte brutal, sólo había parientes paternos cercanos y dos empleados de su abuelo. De esa forma, el círculo se reduce a catorce sospechosos, de los cuales cuatro guardan prisión; sin embargo, como en casi todos los asesinatos que se suscitan en este país, nadie vio o escuchó nada. Pareciera que éste es otro de los tantos “asesinatos perfectos”, típicos de un El Salvador viviendo en guerra o sufriendo esta "paz".

    Vale la pena mencionar que ese monstruo de dos patas —la violencia y la impunidad— vestido antes de “verde olivo” o ahora de “azul y blanco”, nunca ha dejado de atacar y mantener aterrorizada a la mayor parte de nuestra población. De sobra es conocido que la historia nacional reciente revela, en la mayoría de crímenes realizados con lujo de barbarie, la acechante sombra de algún uniforme; ya sea por omisión o por complicidad, por autoría material o intelectual. La huella de alguna bota casi siempre ha estado tras ellos. Y hoy, independientemente del color de la tela, parece que las cosas siguen igual.

    Lo clásico de todos estos casos es que los señalados pocas veces son atrapados o, en su defecto, siempre resultan absueltos por los delitos que se les atribuyen. O faltan pruebas "científicas" o, con sobrada razón, le falta valor a los testigos. O lo que sea; la cosa es proteger a quien tiene poder o sabe algo. A ciertos crímenes aberrantes del pasado tan próximo como los casos de los jesuitas y sus colaboradoras, de monseñor Romero, de Madeleine Lagadec y las religiosas Mariknoll, se suman otros del presente —igualmente condenables— como los casos García Prieto, Saravia, Vilanova y Katya donde se han puesto de manifiesto dos "denominadores comunes": la participación de miembros de los antiguos cuerpos de seguridad, de la ya no tan nueva Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), por un lado, el mal desempeño del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

    El poder real en nuestro país, lamentablemente, sigue centralizado. El Estado protege a unos, ya sea porque sirven a los intereses del grupo dominante o porque le hicieron algunos "favores". Así funciona el aparato: "Sabes algo de mí y yo te garantizo la impunidad para tus delitos"; "te ayudo y resuelvo tus problemas, pero me quedas debiendo y más adelante me pagas con creces". No obstante, algunas víctimas de la violencia y la falta de castigo no aceptan eso y exigen que semejantes atrocidades no queden impunes. Para que exista perdón, lo cual no significa olvido, primero debe haber justicia.

    En medio de esa situación y tras casi dieciséis meses de la muerte de Katya Natalia sin que aún se haya esclarecido quién o quiénes cometieron el hecho, Hilda María Jiménez Molina continúa brindándonos una enorme lección a las autoridades gubernamentales y a la población entera. La ausencia de justicia y el poco interés por investigar la violación y posterior asesinato de su pequeña hija de nueve años, la movió a denunciar ante los medios de difusión masiva la incapacidad del sistema judicial. Y es que como ella, muchas de las víctimas de la violencia cotidiana y de la delincuencia común u organizada están cansadas de la impunidad que impera en el país y empiezan a luchar por hacer valer sus derechos.

    A nadie debería extrañar lo meritorio del esfuerzo realizado por Hilda María, sabiendo que muchos casos no se resuelven por algún tipo de interés de alguien con poder que mueve a proteger autores materiales e intelectuales. Si la demanda urgente lanzada desde octubre por la madre de Katya Natalia realmente es escuchada y se hace justicia, en nuestro país quedará sentado un importante precedente. Sin embargo, dentro de ese marco general —caracterizado por la falta de voluntad del Estado para hacer las cosas como es debido, al estar enredado en una maraña de "lealtades" mal entendidas— la sociedad salvadoreña acaba de sufrir otro golpe bajo.

    "Nos hemos enfrentado al mismo monstruo, a los mismos monstruos... a los intocables", expresó la señora Jiménez el pasado viernes 21 de julio, al momento de frustrarse la reconstrucción de lo sucedido aquella terrible noche del tres y la madrugada del cuatro de abril de 1999. El motivo para que dicha diligencia se suspendiera: no existían las condiciones mínimas necesarias para realizarla. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el clima no era el más apto debido a que una fuerte y prolongada tormenta se anunciaba y terminó azotando el lugar; asimismo, no había luna llena tal como ocurrió esa noche –- el Instituto Meteorológico recomendó que se llevará a cabo el 16 de julio y no el 21— y ni siquiera se contó con la tienda campaña en la que durmieron Katya Natalia y su hermana Gina Marcela la noche del crimen.

    A lo anterior, se debe agregar algo mucho más grave: la jueza no permitió que Hilda María y Gina Marcela ingresaran al escenario donde tuvo lugar el terrible acontecimiento —el rancho de playa de Carlos Miranda, abuelo de la víctima—, aunque sí dejó que lo hicieran el hermano y el cuñado de Edwin Miranda, padre de Katya Natalia. Aquí cabe destacar que tanto Carlos como su hijo Edwin, junto a dos empleados del primero, se encuentran detenidos por el crimen en calidad de imputados. Además, a las siete de la noche aún no se había iniciado la reconstrucción. Estas y otras irregularidades se presentaron el pasado viernes 21. La falta de organización, el deseo de no hacer las cosas bien o ejecutarlas por salir del compromiso, quedaron en evidencia.

    Indignada con toda la razón del mundo, en esas circunstancias Hilda María declaró lo siguiente: "Esto es una burla para todo el esfuerzo que hemos hecho Marcela como hermana, yo como madre de Katy y mi familia. Y que conste que pedí autorización para que ellos pudieran ingresar. Como ven, nos están separando dos cercos de alambre de púas —no uno— para poder ingresar al lote donde esa noche dormía Katya junto a Marcela y —como dice él mismo— junto al papá. Entonces, las condiciones creo que ustedes las pueden admirar mejor que yo, porque desde aquí no alcanzo a ver que está pasando hasta allí".

    Y agregó: "Yo desde la primera vez solicité que sí se iba a dar la reconstrucción, se diera en las mismas condiciones que las que habían habido esa noche. Sí hubo luna llena entonces, tenía que haber luna llena hoy. Porque ahora, en lo oscuro, cómo se van a ver los pies de Edwin que aquella noche alcanzaba a ver uno de los mozos porque le salían de la tienda de campaña; imposible, verdad. Ya comenzó a llover y hasta ahora acaban de poner la ramada donde durmieron los mozos. No se están dando las condiciones que existieron esa noche. Para mí, si hubo luna llena el 16 de julio se tenía que haber hecho (la reconstrucción) a más tardar el lunes 17. Se me llamó y se me impidió poder ingresar con mi hija; mi hija fue testigo. Ahora Marcela está aquí conmigo (en un lote contiguo a la propiedad de Carlos Miranda) y no ha podido ingresar. Sólo se me dijo que me iban a mandar a llamar".

    Al final, la señora Jiménez sentenció: "No estoy conforme. Desde aquí, desde lo lejos que estoy no estoy conforme con las condiciones. Yo considero que es una burla, para nosotros como víctimas, el estar pendientes de la reconstrucción porque a nosotros nos conviene, verdad, nos conviene a todos averiguar quién mató a Katya, quién me la violó y me la asesinó esa noche. Entonces, es una burla para nosotros y para el pueblo salvadoreño que necesita justicia. Es una burla de parte de las autoridades que tienen que hacer una reconstrucción eficaz".

    Pese a ese sentido reclamo, la jueza de instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán de Morales, insistió en que existían condiciones para realizar la reconstrucción. Además, la funcionaria quiso dejar bien claro que esa diligencia se había programado a petición de la Fiscalía General de la República, como argumento principal para justificar su insistencia en realizar pese a todos los impedimentos evidentes. Minutos después comenzó la tormenta...

    Como están las cosas hasta la fecha, el caso de Katya Natalia continúa evidenciando los grandes obstáculos que enfrentan las víctimas cuando reclaman justicia. Aunque aún no se saben con exactitud qué hilos se están moviendo para que este atroz hecho también quede impune, los rumores son muchos. Pero lo más grave e importante es que mientras no se esclarezca, otras "Katyas" —la mayoría de ellas, indefensas y anónimas— continuarán siendo víctimas de abusos sexuales, violencia y muerte, ejecutadas más que por desconocidos por sus mismos familiares y otras personas cercanas. Inmersos en esta situación, sin vacilación alguna, la sociedad entera debería emprender todas las acciones posibles y necesarias para hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

    Lo absurdo en el caso de Katya Natalia es que en el lugar, al momento de ocurrir los hechos, estaban presentes tres profesionales en seguridad y milicia. Pero, casi por arte de magia, se quedaron dormidos ellos y las demás personas que ahí se encontraban; tanto así que, según sus declaraciones, no se percataron del crimen. Destaca en el numeroso grupo "durmiente" — además del padre de Katya Natalya, quien pertenecía a la "guardia personal" del presidente de la República— el tío de la niña, Godofredo Miranda, quien en ese entonces se desempeñaba como segundo jefe de la División de Investigación Criminal (DIC). Entre el palmarés policial de este último se encuentra, tal como se ufana él mismo, la captura del considerado más peligroso secuestrador que se ha paseado por estas tierras: "El Negociador". Entonces ¿Cómo no se dieron cuenta estos dos personajes de lo sucedido? Si pudieron burlar a estos importantes funcionarios de seguridad, no hay duda que la sociedad entera y el presidente Flores nos encontramos en grave peligro.

    Muchas son las interrogantes en este caso y pocas las respuestas, aunque son más obvias las últimas. Por elemental sentido común: si el padre —ese padre tan destacado que hasta cuidaba al primer mandatario— durmió en medio de sus dos hijas, tuvo que sentir la irrupción de alguien que hubiera intentado sacar a Katya Natalia de una tienda de campaña que, por cierto, era muy pequeña. Y en el intento, quizás, el intruso hubiese fallecido. Todos los familiares aceptan que la niña era tímida y temerosa, por lo cual resulta ilógico e imposible que saliera sola de la mencionada tienda de campaña. A un lado estaban acostados sus abuelos paternos, pero tampoco sintieron nada. El rancho de Carlos Miranda, además de ser rústico, tenía un portón que daba salida a la playa y que difícilmente pudo ser abierto por alguien de noventa libras de peso y una altura menor al metro y medio, como era Katya.

    A menos de diez metros de esa salida del lote a la playa, frente al cual se encontró el cadáver de la menor, estaban dos mozos cuidando el rancho; tampoco vieron o escucharon algo. Los otros familiares de la menor durmieron muy cerca de la tienda campaña y en algún momento mencionaron ciertas cosas que, después, negaron. ¿A quién defienden y qué esconden? Y para que la situación de la justicia en este caso sea sumamente difícil, también ha contribuido la actitud de algunos testigos que —por temor fundado— se niegan a declarar.

    Las hipótesis presentadas por los imputados y demás personas que estaban en el lugar esa noche, sólo convencen a alguien que lea cuentos o vea novelas. Ahora, todos afirman que alguien esparció algo para dormirlos; sólo así explican la sustracción de Katya Natalia sin que se hayan dado cuenta. Sin embargo, declaraciones rendidas en sede policial y fiscal contradicen eso. Si todos fueron dormidos con el mismo químico, cómo es posible que se despertaran a diferentes horas para ir a hacer sus necesidades o a fumar un cigarro; si la dosis fue la misma, lo lógico sería que todos despertaran a la misma hora. Además, una de las familiares aseguró que vio a un hombre caminar sobre el muro del lote; sin embargo, no alertó a nadie.

    Para la Fiscalía General de la República, todo está claro. Ni fueron miembros de pandillas, ni hubo sustancias mágicas para dormir. La institución del Ministerio Público considera que alguien de los presentes, esa noche y en ese lugar, sacó a la niña de la tienda de campaña y la llevó hasta la playa, la violó y después la asfixió. Y que algunos, sino todos, son cómplices o encubridores. La jueza de San Luis Talpa cuenta con menos de dos meses más para realizar la reconstrucción del crimen y aclarar sus dudas al respecto. Los testigos tienen hasta el diez de octubre, fecha en que se celebrará la audiencia preliminar, para hablar. Mientras tanto, Gina Marcela y su madre —junto a la mayoría del pueblo salvadoreño— continuarán exigiendo justicia para Katya Natalia.

DOCUMENTO

Transcribimos a continuación el texto de la pieza de correspondencia presentado por los sindicatos salvadoreños a la Asamblea Legislativa, el día 11 de julio del año 2000, con relación a la aprobación del TLC México-Triángulo del Norte.

Señores secretarios
Honorable Asamblea Legislativa de la República de El Salvador,
Presente.
Nosotros(as) los abajo firmantes, representantes de diversas organizaciones sindicales, con mucho respeto queremos exponer:

Que el comercio no es un tema aislado. Cada artículo transable, es fruto de un proceso humano y social, por tanto detrás del comercio hay, hombres, mujeres, niños y niñas que se interrelacionan con su medio ambiente.

1. Que en días recientes hemos sido testigos en los medios de comunicación, de la firma del tratado de libre comercio México - Triángulo Norte, después de 6 años de negociaciones manejadas en una forma hermética, antidemocrática y excluyente por los gobiernos de los países y las cúpulas empresariales.

2. Que la Organización Internacional del Trabajo, OIT de la cual El Salvador es integrante, así como la OMC han planteado la insoslayable necesidad de que TODO ACUERDO DE CARÁCTER COMERCIAL DEBE CONTAR CON CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES, las cuales garanticen que las mayores aperturas en materia comercial no traigan efectos negativos a los pueblos de los países que los suscriben.

3. Que en la rápida lectura que nos ha permitido el poco tiempo con que fue difundido el voluminoso acuerdo comercial, hemos podido detectar la ausencia de la Cláusula Social (laboral y migratoria) y de la Cláusula Ambiental, así como otras graves fallas que dejan en desprotección a trabajadores, trabajadoras, productores, pequeños, medianos y grandes empresarios del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

4. Que como trabajadores y trabajadoras, tenemos ya casos concretos que presentar dado que somos del conocimiento que varias empresas radicadas en nuestro país están en situación de incertidumbre debido a la apertura comercial con México, y que han empezado a tomar medidas de reestructuración que implicarían el cierre de fuentes de empleo a mediana y gran escala.

5. Que la Comisión de Economía y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa han iniciado un proceso de consulta con los diversos sectores sociales del país sobre dicho tratado.

Tomando en cuenta todo la anterior, ante Ustedes, queremos de la forma más atenta solicitar:

1. Que se evite una aprobación apresurada del TLC con México.

2. Que en el espacio que ha sido determinado por ambas Comisiones Legislativas para la consulta del TLC, sean tomadas en cuenta nuestras organizaciones laborales, ya que tenemos importantes opiniones que verter.

3. Que este proceso no se limite a una mera consulta previa a su ratificación. La ausencia de la CLÁUSULA SOCIAL Y AMBIENTAL amerita de nuevos esfuerzos de negociación que no menoscaban los aspectos positivos que el TLC pueda tener. Nuestras organizaciones están dispuestas a brindar todos sus esfuerzos para contribuir con propuestas concretas a la formulación de dichas cláusulas.

4. Que para la participación democrática de todos los sectores de la sociedad salvadoreña, de cara a tan importante acuerdo, es necesario que las Comisiones Legislativas soliciten al Ministerio de Economía, los estudios de impacto que este desarrolló, de cara a la negociación del TLC y toda la información necesaria que orientó las decisiones del gobierno a lo largo de seis años de negociaciones.

5. Que se tomen todas las medidas necesarias para facilitar la participación democrática de todos los sectores de la sociedad salvadoreña en este tema.

Para fines de comunicarse con nuestras organizaciones solicitamos enviar cualquier notificación al telefax 225-2315 o al Boulevar Universitario, N° 2226, Colonia San José, San Salvador.

San Salvador, 11 de julio del año dos mil.

SETUES (Universidad de El Salvador)
SETAELCA (Ingenio El Carmen)
SELSA (Pan Lido)
STSEL (Sector Eléctrico)
SETNESSA (Nestlé El Salvador)
FESTSA (Federación del Sector Alimentos)
SETA (Empresa Estatal Autónoma de Agua y Alcantarillados, ANDA)
ASEPRODH (Procuraduría de Derechos Humanos)
SIPES (Empresa Estatal Autónoma CEPA)
SITEAIES (Aeropuerto Internacional de El Salvador)
SUTTEL (Sindicato de las Telecomunicaciones)
SIGESAL (Hospital Rosales)
ATRAMEC (Ministerio de Educación)
SNTITSC (Sector Transporte Terrestre)
CNTS (Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños)