Año 21
Número 915
Agosto 23, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial El Salvador de ARENA
Política ARENA: ¿al borde de una desintegración?
Economía Las tarifas de energía eléctrica
Región IV Cumbre de Tuxtla: un reto para el desarrollo
Derechos Humanos Derechos humanos: un cuarto de siglo
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    Una serie de hechos, ocurridos en los últimos días da una idea del estado actual de El Salvador. El ministro de Economía quiere bajar el precio de la gasolina y del diesel, pero no se atreve a hacerlo por decreto, porque eso sería ir en contra del dogma neoliberal que prohibe al Estado intervenir en el mercado, aun cuando se trate de un bien público —exceptuando la droga y algún otro caso raro. Como en El Salvador el consumidor paga el precio más alto de toda Centroamérica por el combustible, el ministro ha pedido a las compañías petroleras que ellas mismas renuncien a obtener una ganancia tan elevada por amor al país. Estas han respondido subiendo el precio aún más. De hecho, es la subida más drástica de los últimos tiempos. Lo mismo sucede con el precio de la energía eléctrica, que es uno de los más altos del continente, debido a las tasas de ganancia desproporcionadas de las generadoras y distribuidoras privadas. Pero en este asunto, aunque afecta negativamente a la economía nacional, al igual que los combustibles, el ministro de Economía no se atreve a entrar, porque de por medio hay intereses del gran capital salvadoreño.

    El afán por privatizar llevó a los gobiernos de ARENA a vender la propiedad estatal sin preocuparse por construir antes instituciones sólidas y fuertes que garantizasen los intereses nacionales. El capital no se mueve por amor a nadie, sino por la optimización de la inversión y la máxima ganancia. Sin embargo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) no puede desarrollar sus actividades si no es al amparo del gobierno. Y no le falta razón. El gobierno de Flores prometía ser tan dogmático como sus antecesores, pero al cabo de un año está discutiendo cómo distribuir los subsidios que iba a suprimir, cómo elaborar una política sectorial que consideraba innecesaria y cómo alcanzar el sueño del mercado libre sin afectar los intereses del capital que engorda a costa del Estado. De ahí que mientras la gremial de la gran empresa privada le exige dirección, el presidente Flores sostenga que la responsabilidad es de todos, es decir, de nadie.

    La última iniciativa que la Policía Nacional Civil (PNC) ha encontrado para combatir la delincuencia es su campaña contra los vehículos polarizados. Mientras tanto, el crimen organizado continua haciendo de las suyas. La semana pasada se dieron, al menos, otros tres secuestros, uno de ellos confirmado. Pero no sólo el crimen organizado trae de cabeza a la PNC. También lo hacen los jóvenes irresponsables que utilizan la vía pública para correr a alta velocidad, protagonizando accidentes de tránsito fatales. Al igual que el secuestro, esta última mala costumbre no es nueva; pero la policía es igualmente impotente ante las dos. Las autoridades gubernamentales ni siquiera se pueden poner de acuerdo en cuanto al alcance de la prohibición de circular con vidrios polarizados, creando confusión. Existe contradicción entre el Viceministerio de Transporte y la PNC; eso para no mencionar la falta de claridad en cuanto a las competencias de aquél y las de las alcaldías municipales. Por su lado, el Ministerio de Seguridad anuncia un plan para sensibilizar a la sociedad sobre la violencia y la necesidad de construir una paz social. A juzgar por el anuncio, el plan tiene mucho de propaganda gubernamental y poca sustancia. Un plan presentado de una manera tan informal no tiene la seriedad que el tema amerita. Pese a las promesas del presidente Flores, la depuración de la PNC avanza con lentitud y tropieza con el aparato jurídico legal; mientras tanto, siguen apareciendo policías acusados de diversos delitos. De todas maneras, el gobierno quiso aprovechar la oportunidad para dejar en manos del ya poderoso director de la institución la decisión de quién se queda y quién se va. No obstante la inclinación a resolver los problemas promulgando leyes, en El Salvador está vigente una obsoleta ley de policía de finales del siglo XIX, sin que al ejecutivo y al legislador les cause mayor dificultad.

    En la Asamblea Legislativa, la junta directiva tiene miedo a que los detalles de su administración interna salgan a la luz pública. La publicación de sus gastos en comidas, remodelaciones y asesores fue más de lo que podía tolerar. La censura impuesta sobre la información de carácter económico y administrativo del primer órgano del Estado, por quienes prometieron transparencia, es total. Sin embargo, ARENA insiste en que la información es pública, pero restringida. Algunos diputados de la derecha han debido recurrir a la mentira y al insulto, vicios a los cuales están acostumbrados, al ver que su oposición a cumplir con la obligación constitucional de auditar la Corte de Cuentas era puesta en evidencia. La misma fidelidad al dogma neoliberal del poder ejecutivo impidió que la Asamblea Legislativa decretara la suspensión provisional del embargo, en el sector agrícola. Mientras el ministro de Agricultura intentaba convencer que existen mecanismos para encarar la insolvencia de los agricultores, los diputados pidieron públicamente a los bancos encontrar la forma para refinanciar los préstamos morosos, pasando por alto que no tienen ni la autoridad, ni el prestigio para hacer semejante petición.

    El Ministerio de Salud al fin pidió ayuda a especialistas internacionales para combatir la epidemia de dengue hemorrágico. Pero cuando el ministro del ramo los presentó a la prensa corrigió sus declaraciones, basadas en sus conocimientos y sus primeras observaciones, ya que, sin duda, las consideró políticamente inapropiadas. Las declaraciones de los especialistas, ajenas a los intereses de la política salvadoreña, ponían en evidencia la incapacidad de ese ministerio para prevenir la epidemia. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por su lado, tan preocupado por defender los derechos de los asegurados frente a los sindicatos, se quedó sin medicamentos por no haber podido introducir a tiempo las modificaciones que la nueva Ley de licitaciones y adquisiciones le exige.

    Finalmente, la semana concluyó con una derrota más de la selección nacional de fútbol. El equipo salvadoreño cayó derrotado ante el equipo de una pequeña isla caribeña, con una economía mucho más pequeña que la salvadoreña, pero mucho más veloz, con una mejor idea de la estrategia y con una preparación de cinco años. La lección es clara. Hay que reconocer, sin embargo, que, en esta ocasión, la prensa deportiva fue más cautelosa. El deporte nacional no puede ir bien cuando el país anda mal.

    La reacción de la población salvadoreña a este El Salvador que el gobierno de Flores no se cansa de llamar “nuevo” es abandonarlo. La vida sigue siendo tan difícil en El Salvador que una buena parte de sus habitantes quisiera emigrar, así como ya lo han hecho unos tres millones aproximadamente. La transición les ofrece menos que los riesgos que comporta abandonar su tierra natal y buscar la prosperidad y el bienestar, que les son negados en su propio país, en otro lado. La población ha perdido la confianza en aquellos que debieran ayudarla a vivir. No cree que El Salvador sea un país nuevo como para permanecer en él. En esta actitud hay mucho de desencanto y escepticismo, surgidos ante la repetida comprobación de que la vida no es viable en El Salvador.

POLÍTICA

    El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) atraviesa una etapa de convulsiones que podrían devenir en la definición de un nuevo perfil político para su futuro. Las últimas noticias sugieren que el poder que dejó Alfredo Cristiani, luego de renunciar a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional, se ha convertido en la principal manzana de discordia para la dirigencia actual. Ricardo Valdivieso, Mario Acosta Oertel y Walter Araujo —este último actual presidente interino del organismo partidario— son los tres gladiadores de una lucha que apenas comienza y que acaso podría poner en apuros la actuación del instituto político más fuerte de la derecha en el escenario político de El Salvador.

ECONOMÍA

    Las más recientes revelaciones sobre el comportamiento de las tarifas de la energía eléctrica plantean un panorama contradictorio para la población salvadoreña. De esto dan cuenta la progresiva eliminación del subsidio para el consumo residencial, la supuesta reducción del 39% en las tarifas en todo el país y los acentuados incrementos experimentados hasta la fecha. Por ello, se vuelve necesaria una revisión concienzuda de la coyuntura por la que atraviesa el sector eléctrico en El Salvador para, desde ahí, proponer posibles medidas contingentes que disminuyan el impacto de las alzas de los costos de generación sobre los precios y el ingreso de la población.

REGIÓN

    A pocos días de que se realice la cuarta Cumbre de Tuxtla en la vecina ciudad de Guatemala, en la que se reúne una comunidad de países identificados "con un pasado histórico, un presente común y un futuro compartido", la población del Istmo centroamericano no termina de sentir los beneficios de este tipo de cónclaves. Por ello, para orientar mejor este tipo de esfuerzos hacia la consolidación del desarrollo para las naciones de Centroamérica, se hace necesaria una reflexión detallada de cada aquellos puntos sensibles que los presidentes deberían tocar con mayor detalle durante su trabajo en esta nueva puerta para los acuerdos y la coorperación mutua.

DERECHOS HUMANOS

    Decirlo no cuesta nada; hacerlo, un poco o bastante. ¿Quién sabe? El caso es que en El Salvador —más que hablar— se hizo y se ha hecho durante veinticinco años, desde aquel agosto de 1975 unas cuantas personas fundaron el Socorro Jurídico Cristiano. Durante ese período se han defendido y promovido los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerados y vulnerables, en circunstancias difíciles y cambiantes; durante ese período, en tal afán, ha perdido la vida gente valiosa; durante ese período se ha logrado mucho, pese a que es mucho lo que aún queda por lograr. De esa experiencia es tanto lo que se debe recordar y aprender, para avanzar en la realización del sueño que inspiró a figuras conocidas internacionalmente y a numerosas personas anónimas; de esa experiencia se pueden sacar la fuerza necesaria para acompañar a las madres angustiadas que, amarradas con su blanco pañuelo a la esperanza, no dejan de luchar por encontrar con vida a sus seres queridos; de esa experiencia podemos recibir el impulso requerido para tratar de seguir contribuyendo a la erradicación de las causas que nos llevaron a la guerra y que continúan, ahí, amenazantes. Precisamente sobre todo eso, hace tres años escribimos algo que a continuación compartimos en algunas de sus partes.

    En nuestra tierra aún estaba fresca la sangre derramada en las calles de su capital el 30 de julio de 1975; muchas personas buscaban a sus familiares desaparecidos en ese lamentable episodio, cuando efectivos del régimen atacaron una pacífica manifestación de estudiantes universitarios... Antes, en el país ya habían tenido lugar otras violaciones graves a los derechos humanos y empezaban a perfilarse las acciones que, posteriormente, serían prácticas sistemáticas y generalizadas utilizadas para sembrar el terror en el suelo salvadoreño y asombrar al mundo entero.

    Chinamequita, La Cayetana y Tres Calles —caseríos de los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután, respectivamente— son nombres que siempre resuenan entre aquellas y aquellos que tercamente intentamos mantener viva la memoria histórica de nuestro pueblo. Ya para entonces, también estaban detenidas-desaparecidas al menos siete personas cuyo paradero, junto al de otras ocho mil o quizás más víctimas, sigue siendo hasta la fecha una incógnita. Todo ello, en el marco de una situación de violencia estructural económica y social que golpeaba a diversos y amplios sectores. En fin, el aire que entonces respirábamos se estaba enrareciendo de manera acelerada, creciente y muy peligrosa.

    Fue en medio de ese ambiente turbio que, en agosto del mismo año, Segundo Montes junto a un reducido grupo de abogados y estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, decidieron enfrentar el problema. Así se abrió uno de los primeros espacios en la llamada “sociedad civil” desde el cual se trabajaría —ferviente y profesionalmente, durante casi veinte años— por la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de las personas más pobres del país. Ello, a través de la asesoría y la gestión legal cuando era posible, combinadas o no con la denuncia pública nacional e internacional de los casos y las situaciones que atentaban contra la dignidad humana. En agosto de 1975, pues, nació esa institución pionera en la materia dentro de la región centroamericana: el Socorro Jurídico Cristiano (SJC).

    Exactamente una década más tarde, con el impulso que monseñor Óscar Arnulfo Romero le dio a esa lucha y tras el surgimiento de otros organismos comprometidos con la causa, el mismo padre Montes fundó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA), desde el cual —con sus características propias— se ha tratado de contribuir al desarrollo de esa difícil y arriesgada, pero siempre necesaria e importante labor.

1. La razón de ser de nuestro trabajo

    Al meditar sobre los veintidós años transcurridos entre 1975 y 1997, caracterizados en su mayoría por la violencia sin límites padecida a lo largo y ancho del territorio nacional, acuden a la memoria tantas y tan buenas personas que —como Romero y Montes— entregaron su vida en la trinchera de la defensa necia e inclaudicable de la dignidad humana, desde donde lucharon para impedir que la muerte y su encubrimiento destruyeran a este pueblo.

    Marianella García Villas y Herbert Anaya Sanabria de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), son dos de las personas asesinadas que hoy están más vivas en las aspiraciones contenidas dentro de los acuerdos de paz y la nueva institucionalidad del país... Patricia Cuéllar y Pedro Posada del SJC son dos de las personas físicamente desaparecidas que hoy, pese a todo, aparecen con mayor fuerza para advertirnos sobre la fragilidad de un proceso mediante el cual —no obstante los innumerables obstáculos— se intenta democratizar una sociedad que ahora es, quizás, más excluyente que antes y todavía muy violenta.

    Por todos esos seres conocidos o anónimos que asumieron tercamente el compromiso de edificar un país diferente, quienes ahora nos encontramos aquí reunidos seguimos trabajando en defensa de la vida, la justicia y los derechos humanos. En defensa de la vida: porque todavía está pendiente establecer el paradero de las miles y miles de personas que desaparecieron de manera forzada e involuntaria en nuestro país. Y es que, como dijo Cortázar en aquel Coloquio de París en 1981: "Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso no lo están, pero que tenemos la obligación de reclamar, uno por uno, hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear".

    En defensa de la justicia: porque hay que demandar la reparación moral y material de las numerosas víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante esos largos y dolorosos años. Pero también porque es mucho lo que falta en la actualidad para que la población mayoritaria de nuestro país tenga, por primera vez, la alternativa de usar el Derecho para superar la impunidad, mediante la aplicación correcta de la ley.

    Y, finalmente, en defensa de los derechos humanos: porque siguen siendo irrespetados en nuestro territorio pues, además de lo anterior, son miles y miles las personas que —al igual que en la “guerra fría”— mueren en forma lenta y violenta dentro de esta “paz caliente”. Mueren en medio de la inseguridad personal fruto de una brutalidad que se mantiene en El Salvador de hoy, con o sin motivación política; en medio del “exitoso proceso de paz”, la Fiscalía General de la República informa que entre 1994 y 1996 el promedio anual de homicidios dolosos supera los 8 mil 300: ¡más de 22 crímenes diarios!, en su mayoría con arma de fuego y sobre todo de guerra. Mueren, también, por la negación cotidiana y estructural de las condiciones básicas para que mucha gente pueda existir con dignidad.

    Además, nuestra lucha es parte del esfuerzo de aquellas y aquellos que hoy quieren llamar la atención sobre el rumbo de esta Nación, pues dentro y fuera de ella hay personas que dicen haber instaurado la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la reconciliación. Es, pues, una lucha por el conocimiento real de lo que está sucediendo; una lucha por la verdad.

    El compromiso con esta causa, entonces, nos obliga a seguir del lado de las víctimas de la injusticia legal, el temor y la desesperación; del lado de las personas que, sumidas en la desconfianza, permanecen bajo los efectos de una impunidad que propicia la realización de acciones brutales por diversos motivos: políticos, de "limpieza social", por venganzas personales derivadas de hechos pasados y presentes, así como por la delincuencia común y las acciones del crimen organizado.

    Ese compromiso también nos obliga a estar con la población mayoritaria, que es víctima histórica de la injusticia social; esa que antes vio cómo se iba agravando su situación con la guerra y ahora la ve deteriorarse todavía más con los efectos de las medidas económicas gubernamentales que están incrementando su pobreza y —lo más peligroso— propiciando que se activen los detonantes que conspiran contra el futuro nacional.

2. De 1975 a Chapultepec

    En 1985, Roberto Cuéllar —fundador del SJC— reflexionó sobre los entonces diez años de existencia del organismo y sostuvo que éste había nacido en aquel momento histórico como respuesta a la doble realidad de nuestro país. Una: las dificultades que siempre han existido en El Salvador para que las personas más pobres tengan acceso a la justicia; sobre eso dijo: “La mayor parte de los aproximadamente mil abogados que ejercían profesionalmente se dedicaban, casi con exclusividad, a la atención de ciudadanos que tenían posibilidad de remunerar sus servicios jurídicos". La otra cara de esa realidad: los factores económicos, sociales y políticos de la época, cuyo deterioro acelerado era evidente y ocasionaba “el agravamiento de la situación de los derechos humanos".

    La primera etapa de la institución humanitaria de inspiración cristiana transcurrió entre 1975 y 1977. Su nacimiento se difundió rápida y ampliamente entre los diversos sectores de la población a los cuales dirigía principalmente sus servicios: trabajadores de las fábricas necesitados de asistencia en materia laboral, personas detenidas injustamente, campesinos pobres que reclamaban tierra para trabajar, personas con problemas de identificación y de reconocimiento familiar. Esta etapa plena de esfuerzos novedosos, grandes y laboriosos en la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas de la gente menos favorecida —según el entonces director del SJC— "debe ser considerada como el fundamento que determinó la confianza y credibilidad del servicio entre este sector mayoritario de la población salvadoreña".

    Posteriormente, entre 1977 y 1980, sin dejar de lado el trabajo de auxilio jurídico-social, el SJC dio inicio a su trabajo de investigación escrupulosa de las violaciones a los derechos humanos a fin de contar con el material básico para apoyar la denuncia profética que —domingo a domingo— realizaba monseñor Romero en sus tradicionales homilías. Por la misma realidad del país durante esos años, los casos asumidos con mayor frecuencia por la institución fueron las ejecuciones arbitrarias individuales o colectivas, la tortura y otros tratos crueles, así como las desapariciones forzadas.

    Todo lo anterior, mediante una rigurosa metodología que buscaba documentar elementos probatorios verificados suficientemente —en la medida de lo posible— vía inspecciones judiciales, reconocimientos médicos de las víctimas, exhumación legal de cadáveres, recopilación de impresiones fotográficas, recepción de declaraciones y examen de expedientes.

    Esta segunda etapa —afirmó Cuéllar en 1985— "tuvo un valor indescriptible, tanto para el Socorro Jurídico como para aquellos abogados salvadoreños vinculados activamente a la protección jurídica nacional de los derechos humanos... Una etapa en la historia de Socorro Jurídico, llena de dinamismo y esperanza entre tanta destrucción y muerte. Realmente fue un privilegio trabajar con el arzobispo don Óscar Romero, quien hasta el final, 24 de marzo de 1980, entregó su propia vida por defender el derecho a la vida de los salvadoreños".

    Durante el período 1982-1985, el SJC sufrió innumerables ataques dentro de un país donde la impunidad pretendía colocarse encima de la ley, la mentira quería callar la verdad y la violencia se imponía sobre la posibilidad de solucionar, pacífica y racionalmente, los conflictos. Sus instalaciones y algunos de sus miembros dejaron de ser acompañamiento solidario y técnico para convertirse en víctimas reales, tal como sucedió con otras organizaciones y organismos sociales que compartían la misma causa: cateos, allanamientos, amenazas y atentados contra la vida y la seguridad de las personas que se dedicaban desde esos espacios a defender los derechos y las libertades de la población mayoritaria.

    Durante esos años, monseñor Arturo Rivera y Damas —quien sustituyó a Romero, primero como administrador apostólico de la arquidiócesis de San Salvador y luego en calidad de arzobispo metropolitano— decidió crear la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (OTLA), lo que constituyó un impulso importante al esfuerzo por garantizar la protección de los derechos humanos en El Salvador.

    Ya para entonces existían la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador —que en algún momento tuvo que autocalificarse como "no gubernamental", pues el régimen había creado una instancia de igual nombre pero de una actuación diametralmente opuesta— junto al Comité de Madres y Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos. Posteriormente fueron apareciendo otras organizaciones que también —con su trabajo valiente y valioso, metidas en el ojo de una tormentosa violencia política y bélica— contribuyeron a instalar el caso salvadoreño en diversos espacios de discusión internacional. Así, las organizaciones sociales de derechos humanos fueron parte fundamental de la lucha que logró hacer frente y derrotar una política gubernamental de violación masiva y sistemática de los derechos humanos.

En memoria...

    Sin que se le notara una mínima señal de cansancio o enfermedad, la noche del pasado viernes 18 de agosto nos despedimos de un buen hombre. No imaginamos entonces que, para nuestra mala fortuna y la del país, nunca más volveríamos a verlo físicamente para comentar sobre los problemas de nuestra gente y ser testigos de su ánimo por hacer de El Salvador un mejor lugar para vivir. Queda el recuerdo intacto y aleccionador del ser humano recto, valiente e inclaudicable, necio como el que más en su afán por hacer de valer la justicia como algo natural.

    Lo recordamos derrochando energía y lucidez en la Asamblea Legislativa, contagiando fortaleza a sus otros compañeros en la Comisión ad hoc para la depuración de la Fuerza Armada, invitándonos y recibiéndonos como el mejor y más entusiasta anfitrión en “La Tertulia” y el Centro Cívico Democrático, siendo nombrado por sectores sociales —no por los políticos— como un verdadero procurador de los derechos humanos, tratando de hacer realidad su eterna tendencia a las salidas inteligentes y civilizadas dentro de la Comisión Pro Diálogo Nacional... Siempre comprometido, trabajando por las mejores causas humanistas.

    Era de los imprescindibles porque no luchó sólo un día o un año. Luchó toda su vida por hacer de El Salvador un país donde —en palabras de Hubert Lanssiers— “las estructuras, eficientes y compasivas, reconozcan al individuo, lo protejan y lo promuevan;... donde cada ciudadano se dé cuenta de que la solidaridad, expresada concretamente en el quehacer de la vida cotidiana, facilita la vida de los otros y la suya propia... un país donde pueda vivir sin temor a ser engañado; donde no nos crezcan, por mutación genética, una multitud de antenas para detectar los peligros; un país donde la ley y aquellos que la aplican estén al servicio de los débiles; donde no necesitemos padrinos para obtener justicia ni plata para comprarla... donde no sea necesario recurrir al diccionario para aprender el significado de la palabra dignidad... donde el verdugo no sea considerado como el único garante de la civilización; donde la esperanza nos venga, de vez en cuando, con algo de mermelada... en resumidas cuentas, un país normal”.

    Permanente amigo del IDHUCA, no regateó nada para brindarnos su consejo y aliento; para defender nuestro trabajo en cualquier lugar y frente a cualquiera; para hacer suyo nuestro esfuerzo y exigirnos multiplicarlo. Por eso, seguirá siempre presente entre nosotras y nosotros; por eso, eternamente agradecidos, trataremos de cumplirle. Deja pendiente en su agenda el rescate de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; también nos deja la tarea de contribuir a que, en las miradas de cada persona buena, siempre existan verdaderas razones para tener esperanza. Su vida ejemplar, don Eduardo Molina Olivares, es una de las mejores razones para seguir adelante.

NOTICIAS

ADUANA. "El expansionismo no es más que un retroceso histórico", afirmó el presidente Francisco Flores, después de la creación de una Comisión Binacional entre El Salvador y Guatemala que será el mecanismo de negociación y concertación de interés mutuo. Ambos países decidieron integrar sus puestos fronterizos y aduanas en un solo edificio. Del lado salvadoreño quedarán los puestos de La Hachadura y Anguiatú, mientras que Las Chinamas y San Cristobal del lado guatemalteco. La simplificación administrativa de las aduanas es uno de los objetivos de la Comisión. Alfonso Portillo, presidente de Guatemala, mencionó la importancia de la Comisión Binacional: "debemos acelerar la integración porque tenemos el tiempo en contra". Sin embargo, algunos ciudadanos guatemaltecos protestaron porque con la unificación de la aduana en La Hachadura se quedarían sin empleo. Consecuentemente, los mandatarios acordaron construir un centro comercial que albergue a los negocios informales que se alojan en los recintos de ambos puestos fronterizos y así los edificios que quedarán vacíos serán utilizados para que los comerciantes de las zonas no pierdan sus fuentes de ingreso. Además, en el campo educativo, los presidentes coincidieron en que debe trabajarse en la armonización de los planes de estudio, comprometiéndose a intercambiar experiencias en esa área. Portillo dijo que actualmente están entregando a 50 mil escolares, de primero a cuarto grado, una cuota mensual de 150 quetzales (aproximadamente 200 colones) para estimular su rendimiento (EDH, 20.08.00, p.2 y 3; LPG, 20.08.00,p.4 y 5; La Nación Digital, 20.08.00).

LUCHA. El diputado Walter Araujo no está dispuesto a ceder la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA). "Algunos sectarios pusieron en duda mi ascenso a la presidencia del partido por ser joven, por mi actitud al frente de la fracción, por ser diputado, pero he convertido al COENA en un ente colegiado" agregó el político. Ricardo Valdivieso, uno de los fundadores de ARENA, manifestó su descontento con Araujo, a quien acusó de ser influenciado por ciertos grupos: "El proselitismo para mí —dijo Valdivieso— es impostergable. No cuento con una maquinaria y lo haré con mis propios medios. Quiero dirigentes con vocación democrática, que no respondan a ordenes de grupos". Otro de los candidatos a la presidencia del partido es Mario Acosta, Ministro del Interior. "El COENA se declaró en transición de una manera voluntaria, no estatutaria. Creo que fue parte del problema que se tuvo en el partido de autoestima, porque el mandato es llegar hasta el 2001", comentó Acosta. Para el ministro, la elección de Walter Araujo como presidente del COENA se debió al desfavorable resultado electoral de marzo pasado, cuando el FMLN los superó en número de diputados. Por otro lado, Gloria Salguero Gross, ex presidenta de la Asamblea Legislativa, aseguró que el partido es cerrado, margina al sector femenino e impone candidatos. En alusión a Araujo y Acosta, pidió a las bases "revisar quiénes forman parte de la dirigencia y que permitieron ese tipo de atropellos". El problema radica en que los estatutos de ARENA no contemplan candidatos para disputar la presidencia del partido, siendo su designación una atribución del Consejo Ejecutivo del partido (LPG, 17.08.00, p. 20 y 21).

EMBARGOS. "Suspéndase por el plazo de seis meses el cobro judicial y extrajudicial a las personas naturales y jurídicas del sector agropecuario que tienen deudas en mora por créditos o refinanciamientos adquiridos con el sistema financiero", reza el Art.1 del proyecto de decreto que no fue aprobado por la Asamblea Legislativa en la plenaria del pasado 17.08. El proyecto, que antes de la plenaria contaba con el apoyo de los partidos de oposición, no contó con el suficiente respaldo de las fracciones legislativas en la Asamblea a la hora de su aprobación, por lo que la suspensión de los embargos no se hizo efectiva. En su lugar se redactó un simple acuerdo en el que se recomienda al sistema financiero privado detener los embargos en contra del sector agropecuario. El decreto habría detenido al menos 515 embargos que alcanzan un monto de 201.3 millones de colones. El director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Claudio De Rosa, mostró su rechazo al proyecto y consideró que detener los embargos pondría en aprietos el sistema de pagos del país; asimismo, de Rosa aseguró que el problema del agro no es financiero, sino la poca rentabilidad del sector a causa del carácter obsoleto de su aparato productivo y de comercialización. Una similar postura defendió el ministro de Agricultura, Salvador Urrutia: "no estamos de acuerdo con una ley que suspenda embargos porque nos interesa preservar el Estado de Derecho". dijo. Una comisión creada en la Asamblea deberá discutir con el Ejecutivo las posibles propuestas para solventar la mora y la crisis del agro (LPG, 17.08.00, p.31; 18.08.00, p.37; EDH, 18.08.00, p.27; 19.08.00, p.18).

ENERGÍA. La energía eléctrica se volverá más cara desde que el gobierno decidió comenzar a eliminar, a partir de septiembre, el subsidio a quienes consumen más de 100 kilovatios/hora (Kwh), y sólo protegerá a los que consuman menos de esa cantidad. Sin embargo, algunos críticos creen que no es el mejor momento para eliminar el subsidio porque el mercado aún muestra fuertes distorsiones. La estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) todavía tiene características monopólicas y sus precios tienden a dominar el Mercado Regulador del Sistema (MRS). El problema radica en que ahora CEL ya no tiene restricción legal para de incluir en el precio de la energía todos sus costos, que, por cierto, nadie conoce, ni siquiera la Superintendencia de Electricidad (SIGET). De modo que se ha eliminado un freno antimonopolio a CEL; la autónoma, asimismo, sigue ejerciendo en la práctica una fuerte influencia en los precios del mercado. En ese caso, la ley estaría siendo evadida fácilmente. Según Ana Ela Gómez, investigadora del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), "es un mercado distorsionado, eso lo sabemos todos". No obstante, la Dirección de Protección al Consumidor (DPC), del Ministerio de Economía, afirma que es el mejor momento para eliminar los subsidios y permitir que los precios de la electricidad resulten de la oferta y la demanda, pues el nivel de agua en los embalses asegura precios bajos. "La peor distorsión de un mercado son los subsidios", asegura Antonio Méndez, director de la DPC. El funcionario descarta que se desproteja a los consumidores que, sin subsidio, deban estar a expensas de un mercado imperfecto (LPG, 22.08.00, p.1b y 2b).

VETOS. "Lo que han tratado de hacer es una interpretación auténtica para conseguir un caso específico, en el caso del Coronel Munguía Payés". Así reaccionó el presidente de la República, Francisco Flores, después de vetar la interpretación auténtica de la Ley de la Carrera Militar, la cual obligaba ascender a general al coronel David Munguía Payés. Al mismo tiempo, un decreto legislativo creó una comisión transitoria para enmendar las fallas administrativas, académicas y financieras. de la estatal Universidad Militar. Nuevamente Flores vetó el decreto. "Estos vetos míos no son en contra de la Fuerza Armada. Son vetos en contra de malas leyes", explicó el mandatario. Según Flores, la interpretación auténtica de tres artículos de la Ley de la Carrera Militar, aprobada el 27 de julio de este año, va en contra de los Acuerdos de Paz. "En el fondo, lo que están haciendo es supeditando el poder civil al poder militar", indicó el presidente. Para Flores, este cambio de prioridades va en contra de la institucionalidad del país y del proceso democrático. En su opinión, como comandante general de la Fuerza Armada y a nombre de la ciudadanía, no puede estar supeditado a un "tribunal de segundo o tercer nivel", como lo es el tribunal evaluador de ascensos. En cuanto a la Universidad Militar, su criterio sigue siendo firme; debe ser cerrada porque no cumplió con los requisitos que rigen a las casas de estudios superiores. "La Fuerza Armada está de acuerdo con que se cierre ese centro de estudios, porque contemplan la oportunidad de replantear ese proyecto", finalizó (EDH, 19.08.00. p.6).

EX PATRULLEROS. Los acuerdos que fueron sellados el pasado lunes en la sala de sesiones de la fracción legislativa de ARENA, permitirían a los ex patrulleros tener acceso a servicios de salud y a vivienda. Sin embargo, el presidente Francisco Flores manifestó desconocer el acuerdo alcanzado el 21.08., entre los diputados areneros y ocho organizaciones de ex patrulleros. "Esas peticiones (las que estaban en las comisiones) fueron de lo que me han informado a mí", aseguró el mandatario. Reveló que ese informe contenía una clasificación de peticiones en legítimas e ilegítimas. Es decir, "algunas tenían que ver con capacitaciones, y es legítimo, y otras tenían que ver con montos de dinero y sino procederían a acciones violentas". Para el mandatario se trata de una novedad: "Si han anunciado que están a punto de firmar una acuerdo, es para mí de mucho agrado, pero lo estoy conociendo hasta este momento". El acuerdo incluye, según el diputado de ARENA, Roberto Villatoro, la extensión de un carné de identificación a estas personas para que puedan tener acceso a los beneficios acordados. "Se trata del primer paso que está dando el Gobierno Central para resolver la problemática", declaró el diputado. Al mismo tiempo, informó que los compromisos incluyen dar microcréditos, accesos de servicios de salud y vivienda. Nelson Argueta, en representación de los ex patrulleros, manifestó que los beneficios prometidos los reclamaron en una reunión el 06.03 pasado. El gobierno, según él, hizo un censo de ex patrulleros en abril (LPG, 23.08.00, p.10).