Año 21
Número 916
Agosto 30, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial A propósito del “caso Merino”
Política Acerca de la Corte de Cuentas de la República
Economía El Estado ante las compañías petroleras
Sociedad La herencia del dengue en el sistema de salud
Derechos Humanos Violación a los derechos laborales en la PNC
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    La madrugada del pasado sábado, el diputado Francisco Merino protagonizó un penoso incidente, en el cual resultó herida de bala una agente de la Policía Nacional Civil. Brevemente y hasta donde se sabe, Merino, en un estado de inocultable ebriedad, amenazó con su arma a un vigilante privado de una zona residencial; el incidente fue reportado por una vecina al sistema de emergencias 1-2-1. Miembros de esta dependencia policial, a bordo de un vehículo, se reportaron al lugar de los hechos, donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego, uno de los cuales provocó una herida a la agente Flor de María Meléndez. Los disparos fueron efectuados por el diputado Merino.

    El incidente relatado da pie para realizar unas reflexiones que vayan más allá de la simple condena al ex vice presidente de la república y quien ahora se desempeña como diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Lo primero que sale a relucir con el “caso Merino” es la calidad moral de los diputados salvadoreños. Obviamente, no se trata de tener a unos representantes que sean modelo de virtudes morales, pero sí de personas que cumplan unas normas mínimas de decencia pública. No tiene sentido condenar que los diputados, en el ámbito privado, se emborrachen o se comporten como mejor les parezca, pero sí es una obligación de ellos cuidarse de no emborracharse públicamente y ser protagonistas de escándalos callejeros que perturben la tranquilidad ciudadana. Es claro que pueden hacerlo —Merino es un ejemplo de ello—, pero no deberían; y si lo hacen tendrían que pagar caro el precio de su irresponsabilidad pública. No es un buen aliciente para la cultura política democrática que los diputados —o políticos de renombre— sean protagonistas de escándalos callejeros y no paguen factura alguna; en esta última situación se estaría dando luz verde para que cualquiera pueda perturbar la tranquilidad de los demás sin ningún cargo de conciencia y con la seguridad de que no tiene que rendir cuentas a nadie.

    En segundo lugar, existe un elemento que añade mayor gravedad al “caso Merino”: el diputado portaba un arma de fuego con la cual no sólo amenazó a un vigilante privado, sino que también disparó a la policía. El resultado pudo ser trágico, pues bien pudo haber muerto la mujer policía —u otro compañero suyo— o bien el propio Merino pudo haber resultado herido o, en la peor de las situaciones, muerto. En menudo aprieto estarían los policías que participaron en el incidente si Merino hubiera resultado herido o muerto; es seguro las autoridades judiciales y la misma Asamblea Legislativa se emplearían a fondo para hundir a los policías. Porque no hay que engañarse: en El Salvador todavía sigue vigente el esquema que divide a los ciudadanos en dos clases: los de primera y los de segunda. Bajo ese esquema, un policía herido por un diputado no es equivalente a un diputado herido por un policía. Para caer en la cuenta de eso basta detenerse en las reacciones de algunos políticos y funcionarios públicos ante los hechos: en casi todas ellas, se ha minimizado la gravedad de la lesión sufrida por la agente policial. Como contrapartida, sólo unas pocas voces se han manifestado a favor de una pronta investigación, así como de la deducción inmediata de responsabilidades. Ahora bien, ni siquiera al interior de estas voces se ha escuchado la frase “intento de homicidio”, como si disparar un arma en contra de alguien no constituyera un delito de esa naturaleza. Pareciera que incluso entre los críticos del comportamiento de Merino no se ve como un delito grave disparar contra la policía y herir a uno de sus miembros. ¿Será que creen que una persona que dispara un arma contra otra no pone en riesgo la vida del agredido? ¿Será que creen que Merino —forjado en lo mejor del militarismo de la derecha— disparó al parabrisas del vehículo policial sin saber lo que hacía, inocentemente, dominado por los efectos del alcohol?

    En tercer lugar, las reacciones ante el “caso Merino” no se han caracterizado sólo por su pretensión de restarle gravedad al estado de la policía herida, sino también por los absurdos de lo que han hecho gala. Una de los más socorridas ha sido la del diputado Gerardo Suvillaga quien, sin ruborizarse, ha dicho que “un error cualquiera lo comete”, como si el comportamiento de Merino se tratara de una nimiedad de esas a las que ni siquiera se les debe prestar atención. De ahora en adelante, contrabandistas, secuestradores, violadores, traficantes y asaltabancos podrán hacerse cargo de la frase proferida por ese padre de la patria: “un error cualquiera lo comete”. Como si no bastara con este desatino, el mismo diputado comparó a Merino con Bill Clinton, como si soltar balas contra la policía —y herir a una agente policial— fuera equiparable a tener una aventura amorosa fuera de matrimonio. Por lo demás, si el diputado de marras fuera un poco más lúcido caería en la cuenta de que las dificultades que enfrentó Clinton por un amorío serían un juego de niños comparadas con el que tendría que enfrentar si en estado de ebriedad disparara a la policía.

    Una reacción que no deja de ser preocupante es la del Ministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand Galindo. En efecto, Bertrand Galindo introdujo una expresión que se ha convertido en la preferida en el mundillo de abogados, fiscales y jueces: “el arreglo por conciliación”, es decir, el acuerdo privado entre las partes para evadir los procedimientos y consecuencias de un proceso judicial. Para nadie son secreto las trampas propias de este procedimiento: víctimas de atropellos variados aceptan, algunas veces por temor a represalias y otras para no someterse a procedimientos burocráticos interminables, un acuerdo rápido que no repara los daños causados ni satisface los requisitos de justicia que exige el imperio del Estado de derecho. Quizás esté bien como mecanismo subsidiario, pero no como recurso privilegiado para resolver conflictos con implicaciones jurídicas, pues al cederle este lugar el sistema judicial renuncia a una de sus obligaciones fundamentales, como es la de impartir justicia. Así pues, no deja de sentar un mal precedente el que el Ministro de Seguridad tenga como primera solución a los daños provocados por el diputado Merino el recurso a la “conciliación”, alentando aun más la irresponsabilidad prevaleciente en el sistema de justicia.

    Finalmente, el “caso Merino” obliga a que se preste la debida atención al tema de la portación de armas. Las armas están hechas para matar; en manos de personas irresponsables —que pueden ser diputados borrachos, vecinos enfurecidos o delincuentes— se convierten en una amenaza para la seguridad ciudadana. Su portación legal no es garantía de nada. Allí está el diputado Merino para atestiguarlo.

POLÍTICA

    A la Corte de Cuentas de la República le queda grande la función para la cual fue creada. De esto da fe la ya tradicional asignación de su control a un solo partido político desde hace casi una década. Pero los más recientes escándalos administrativos en la Federación Nacional de Fútbol (FEDEFUT) y otro buen número de actos arbitrarios cometidos por funcionarios de gobierno lo confirman. Frente a un panorama tan desolador para los contribuyentes que ayudan a mantener al Estado operando —prácticamente, el país no cuenta con una institución veraz y eficiente para controlar el gasto de los fondos públicos—, se vuelve imperativo evaluar el funcionamiento de esta institución en aras de promover un debate productivo sobre su urgente reestructuración.

ECONOMÍA

    Durante los últimos meses la coyuntura económica ha estado marcada por un condicionante económico exógeno: el incremento en los precios internacionales del petróleo. Esto ha avivado la discusión sobre los mecanismos idóneos para controlar las variaciones de este importante producto en el mercado local. El Presidente Francisco Flores, la Asamblea Legislativa y las compañías distribuidoras de derivados del petróleo han entrado en un debate que no parece acertar en el punto más importante: salvaguardar la estabilidad económica de los salvadoreños. Pero dentro de este conflicto resalta un elemento que no debe perderse de vista: la discrecionalidad con que los gobiernos de ARENA han negociado las condiciones de funcionamiento y fijación de precios y tarifas de actividades clave como la generación/distribución de energía eléctrica, la telefonía, el sistema de pensiones y, por supuesto, la distribución de los productos derivados del petróleo.

SOCIEDAD

    Las lágrimas no sirven para lavar males de alcance nacional. Hace pocos días, ante el avance del brote epidémico de dengue clásico y hemorrágico en nuestro país, el Viceministro de Salud, Herbert Betancourt, lloró frente a la prensa para demostrar la conmoción que le provocaba la cantidad de niños muertos a causa de la mortal enfermedad. Sin ánimo de menospreciar el sentimentalismo del señor viceministro, su amargura exige una reflexión más sensata sobre el verdadero estado del Sistema Nacional de Salud que él y sus colegas administran. Frente a una epidemia como la del dengue, que no se cansa de cobrar vidas en todos los rincones del país, ¿qué áreas deben constituirse en la prioridad de las autoridades? ¿Qué tanto se ha hecho para combatir en serio el avance de la enfermedad? ¿Qué cabe esperar —además de lágrimas— de esas autoridades?

DERECHOS HUMANOS

    Por todos los medios posibles, nos hemos enterado de un “proceso de depuración” al interior de la Policía Nacional Civil (PNC). En realidad fueron muchas las expectativas que se generaron entre algunos funcionarios y en buena parte de la población, alrededor de esas medidas; ello debido a los constantes e innumerables reclamos sobre la actuación de dicho cuerpo. No cabe duda que era algo urgente a realizar. Sin temor a equivocarnos, tanto la legalidad como la transparencia del saneamiento anunciado y en marcha debían ser —desde su inicio— las garantías elementales para esperar resultados positivos del mismo, a fin de lograr que la institución cumpliese de una vez por todas con la misión para la cual fue creada: brindar protección a la ciudadanía, combatir la delincuencia eficazmente y transmitirle al país la sensación de confianza que tanto necesita, sobre la base de un irrestricto respeto a los derechos humanos. Pero parece que no está avanzando de la mejor manera; más que una verdadera “depuración”, se comenzaron a tomar decisiones y a aplicar medidas con una gran dosis “de apuración” para hacernos creer que, ahora sí, las cosas iban en serio.

    Sin embargo, hay ciertos aspectos que nos llaman la atención y nos obligan a tener bastantes recelos. Veamos dos básicos e íntimamente relacionados. En primer lugar, la práctica observada muestra que la publicitada “depuración” se ha impulsado sin verdaderos controles externos; en realidad, se está haciendo “en familia”. En segundo término, resulta evidente que no basta con procesar y destituir algunos agentes y mandos medios; para lograr resultados concretos y positivos, el proceso debe alcanzar a todos los niveles incluyendo su conducción. Si los problemas de la PNC no se enfrentan desde la raíz, el cáncer que la carcome seguirá propagándose.

    De ese marco general, dentro del cual destacan las irregularidades, ahora traemos a cuenta un ejemplo: el problema que afecta la estabilidad laboral de las y los agentes que aún integran la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI), mejor conocidos como “super numerarios”. Aunque se pretenda deslindar el cambio de su situación contractual del “proceso de depuración”, la realidad apunta a que el director de la corporación está aprovechando la coyuntura para destituir a una buena cantidad de gente, pero no precisamente por su mal desempeño sino por aspectos económicos institucionales. Una vez más, observamos el clásico estilo del señor Mauricio Sandoval en el ejercicio de la autoridad.

    Las pretensiones de Sandoval en el sentido de modificar la relación laboral entre la institución y los miembros del PPI que no son policías graduados de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) —es decir, pasar de Ley de Salarios a contratos— deja en evidencia la falta de idoneidad del funcionario y el mal papel del Estado al no garantizar su trabajo a los empleados públicos.

    El artículo siete de la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial establecía que mientras no se hubiese creado la División de Protección de Personalidades Importantes, quien estuviese interesado en obtener seguridad personal debía solicitarla al director de la PNC, en el entendido que tales agentes serían remunerados por el Estado. Pero en julio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo número treinta y tres que reforma la normativa antes citada. De ahí que ahora, con dicha modificación, ha quedado establecido que el personal de seguridad especial o “super numerario” tendrá que ser remunerado sobre la base de contrato; en consecuencia, “se suprimen de la Ley de Salarios las plazas correspondientes al personal que presta servicio de seguridad especial".

    De lo anterior se derivan varias consecuencias importantes. Primero, significa que la situación del agente supernumerario está siendo desmejorada ya que la Ley de Salarios asegura la estabilidad laboral e impide ser destituido sin un procedimiento previo y por causas establecidas en la ley. En la actualidad, con el régimen de contrato, el agente puede ser despedido en cualquier momento y sin ningún trámite para determinar si son legales las causas de esa determinación. Esto constituye una flagrante violación a los derechos laborales reconocidos por nuestra Constitución. El artículo cincuenta y dos de la misma establece que “los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables"; y en su inciso segundo, el mismo consigna lo siguiente: “la enumeración de los derechos y beneficios que este capítulo se refiere, no excluye otros que se deriven de los principios de justicia social".

    En tal sentido, las preguntas que surgen son varias y elementales. Dos de las más básicas: ¿Se está actuando teniendo como guía la justicia social? ¿Se está pensando en el bienestar de las y los agentes como trabajadores que son o la intención es perjudicarlos? Pues es claro que se ha actuado sin importar el daño que se está causando y por encima del texto de nuestra Carta Magna, de los convenios internacionales y las leyes secundarias vigentes en el país. Cabe señalar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo siete, establece: "Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor... y condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto". Sin duda, se está cometiendo una injusticia contra un sector de la sociedad: el trabajador.

    En segundo lugar, a estas personas las están obligando a aceptar un contrato cuyas cláusulas desconocen hasta antes de firmarlo. Y lo están haciendo bajo la amenaza de que, si no lo hacen, no se le cancelará el salario del mes de agosto; en otras palabras, se le ha chantajeado con retenerles un salario que ya fue devengado con su trabajo. Cabe citar de nuevo la Constitución, cuando establece que "nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley". Entonces no es posible, desde ningún punto de vista que se usen este tipo de artimañas y coacciones para obligar a firmar un contrato. Esto perjudica no solo a los agentes de la División sino a sus familias, las cuales dependen directamente de dicha remuneración.

    El Código de Trabajo, en su artículo trece, establece las excepciones en las cuales se puede realizar una labor sin que por ella se tenga que retribuir económicamente a quien la realiza. Tales excepciones son las que a continuación se detallan: cuando el trabajo que se realiza "se exija en virtud de la Leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar"; cuando el "trabajo o servicio formen parte de las obligaciones cívicas normales"; que "el trabajo o servicio que se exija en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que la persona que lo preste no sea cedida o puesto a disposición de particular, compañía o personas jurídicas de carácter privado"; que el "trabajo o servicio que se exija sea en casos de fuerza mayor, es decir guerra, siniestros o amenaza de siniestro…”; y, finalmente, aquellos “pequeños trabajos comunales, realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, a condición de que los miembros de la comunidad tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de los mismos”.

    Como vemos, la situación de las y los agentes “super numerarios” del PPI no está comprendido en ninguna de éstas excepciones. Por tanto, retener sus salarios es totalmente inconstitucional; es, además, una flagrante violación a los derechos humanos, que atenta contra el Estado de Derecho y que resulta inconcebible desde cualquier punto de vista que se contemple, sobre todo desde el de las personas afectadas.

    De manera más precisa, el contrato que se les ha obligado a firmar contiene violaciones no sólo al Código de Trabajo sino a otros documentos legales. Pero veamos lo relativo a aquél. En primer lugar, establece un período de contratación del cinco de agosto al treinta y uno de diciembre del presente año, lo cual está prohibido por el citado Código. En el artículo veinticinco del mismo, inciso segundo, se establece que la estipulación de plazo sólo tendrá validez por alguna de las siguientes causas: cuando por as circunstancias que motivaron el contrato, las labores que se desarrollarán pueden calificarse de ser temporales o eventuales; y cuando para contratar se hayan tomado en cuenta circunstancias que traigan como consecuencia la terminación del contrato, ya sea de manera parcial o total. El inciso final de este último artículo establece que, a falta de estipulación de la causa por la cual se establece un plazo, siendo la causa una de las que el mismo Código establece, se entenderá que es por tiempo indefinido.

    En el contrato que se les ha obligado a firmar a las y los “super numerarios” no se establece ninguna causa legal que justifique determinar un plazo para el mismo; por tanto, de acuerdo al artículo antes citado, debe interpretarse que el contrato es por tiempo indefinido. Asimismo, el artículo catorce del Código de Trabajo establece que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo, siempre prevalecerá la más favorable al trabajador. Este principio se llama "pro operario" y establece una analogía con el principio de in dubio pro reo, que en materia penal significa que ante cualquier duda se decidirá lo más favorable al imputado.

    La cláusula cuarta del cuestionado documento señala en su parte final, que para el personal que se desempeña en la protección de las y los diputados el contrato puede darse por finalizado cuando éstos cesen en el cargo. Así se deja sumido en un limbo jurídico al agente. Se pretende que estas personas, cuya labor es proteger a personalidades importantes y arriesgar incluso su vida cuando la situación así lo demande, realicen su labor en una inseguridad enorme para ellos y sus familias que dependen de dicho empleo. La cláusula quinta dice: “La PNC se obliga a brindar al contratado, la seguridad social, sistema provisional de pensiones, seguro de vida opcional, para lo cual se harán los descuentos de Ley”. Al leer todo eso, queda la impresión de que se está contratando a personas sin derechos a las que se les está haciendo es un favor al contratarlas.

    En la cláusula octava se establecen las causales de terminación del contrato, las cuales —a simple vista— restringen los derechos más elementales de todo ser humano. Un ejemplo de ello es que se puede dar por finalizada la relación laboral cuando se hagan “hacer reclamaciones o peticiones a través de medios públicos". De esa manera, quieren intimidar a las y los agentes para que no denuncien hechos que suceden al interior de la institución y para que no reclamen públicamente el respeto a sus derechos, los mismos que son inalienables e irrenunciables como lo establece el artículo cincuenta y dos de la Constitución.

    El Estado de Derecho es aquél en el cual se respeten las leyes. Pero también es aquél donde el quehacer de todos sus componentes está centrado en la dignificación de la persona, del ser humano. El artículo uno de nuestra Constitución nos indica claramente el fin que debe perseguir un verdadero Estado de Derecho, al señalar que “se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común...” Ese debe ser, cada día, el horizonte que nos guíe en cada una de nuestra actividades. Así, cualquier medida de sus autoridades hacia esa dirección atenta contra la Constitución en su finalidad más alta. Y, a propósito, ¿el señor Sandoval es o no “super numerario” pues —a menos que no estemos enterados— nunca salió graduado de la ANSP?

NOTICIAS

DECRETO. Con 58 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, el 23.08, un decreto que regula los márgenes de intermediación de las compañías petroleras. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Economía, tras el fracaso de las negociaciones entre esta cartera del Estado y las compañías petroleras que operan en el país. Dichas negociaciones se instalaron a principios del presente año debido a la preocupación del gobierno por el incremento de los precios internacionales del petróleo. El decreto, que deberá ser revisado por el Presidente Francisco Flores antes de entrar en vigencia, hizo reaccionar enérgicamente a las compañías, cuyos voceros argumentaron que con el decreto se violan las leyes de libre mercado; al mismo tiempo, las compañías hicieron un llamado a Flores para que lo vete, al tiempo que amenazaron con retirar sus inversiones en el país por un período indefinido. El Ministro de Economía, Miguel Lacayo, apoyó el decreto legislativo y manifestó que no se permitirá que ningún sector "nos tuerza el brazo". Asimismo, Lacayo dijo que no le teme a la renuncia de la inversión extranjera en el país, pues hay muchas compañías interesadas en invertir. El Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla, mantuvo igual postura: "me parece que no debemos pensar que esto puede afectar el esfuerzo de inversión extranjera que estamos teniendo". Sin embargo, más tarde Quintanilla dudó de la efectividad del decreto. "No estoy del todo convencido de que sea en una ley donde se establezcan los diferenciales máximos de fijación de precios", comentó (LPG, 24.08.00, p.34 y 35; 26.08.00, p.23; 28.08.00, p.28).

SALUD. Los hospitales nacionales Zacamil y Benjamín Bloom registraron un significativo aumento de pacientes con dengue durante la semana del 21 al 25.08. Las autoridades de los hospitales han tenido que habilitar otras salas para ampliar su capacidad. No obstante la situación, el director del Hospital Bloom, Sergio Parada, negó que haya saturación en dicho centro y aseguró que se trata de una medida adoptada por el Ministerio de Salud "para atender mejor a los pacientes". Lo cierto es que los casos de dengue hemorrágico y clásico han aumentado en dicho hospital, según el infectólogo Benjamín Pleytez. Por su parte, el jefe de la unidad de vectores del Ministerio de Salud, Hugo Francia, manifestó su preocupación por el desarrollo de la epidemia de dengue y aseguró que dicha institución no oculta ninguna información a la población. En ese orden, el Ministro de Salud, José López Beltrán, confirmó, para este año, 1,784 casos de dengue, de los cuales 176 son hemorrágicos. Las autoridades de salud están tomando algunas medidas para enfrentar la epidemia; así, se ha llevado a cabo una capacitación de 180 médicos de los hospitales nacionales para atender los casos de dengue hemorrágico. "Es de suma importancia que la población acate las recomendaciones", comentó una fuente de Salud. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud ha lanzado una campaña de concientización en todo el país. Hasta la fecha, las autoridades han confirmado catorce muertes a causa de la enfermedad, de las cuales 13 han sido niños (LPG, 24.08.00, p.24; 28.08.00, p.6; EDH, 25.08.00, p.2; DL, 26.08.00, p.6; 28.08.00, p.3).

TIROTEO. "Aquí yo soy la víctima", dijo el diputado Francisco Merino, ex Vicepresidente de la República y actual jefe de fracción del Partido de Conciliación Nacional (PCN), quien protagonizó un tiroteo en la Colonia Escalón, la madrugada del pasado 26.08 en el que resultó herida una agente de la Policía Nacional Civil (PNC). Merino, en estado de ebriedad, habría amenazado con un arma a un vigilante privado que alertó al sistema de emergencias. Al presentarse un vehículo policial, el diputado comenzó a disparar hiriendo a la agente Flor de María Alfaro. Luego, Merino fue detenido y puesto a disposición de la Asamblea Legislativa, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 238 de la Constitución de la República. El diputado enfrenta ahora dos demandas. La primera fue presentada por los apoderados legales de la PNC, por los daños ocasionados al vehículo. "La Fiscalía tiene que proceder a solicitar el antejuicio", dijo Joel Torres, encargado de recibir la demanda. La agente de la PNC que resultó herida presentó una segunda demanda en contra de Merino por homicidio agravado en grado de tentativa. Por su parte, la Asamblea Legislativa espera que la Fiscalía le envíe el requerimiento en contra del diputado para iniciar el proceso de antejuicio. El presidente de la Asamblea y Secretario General del PCN, Ciro Cruz Zepeda, cuestionó el proceder de la PNC. "Para mí, los informes policiales, hay muchas veces que se han equivocado", comentó Zepeda. Según algunos sondeos realizados por diferentes medios de comunicación, la ciudadanía desaprobó la conducta de Merino (LPG, 27.08.00, p.4 y 5; 28.08.00, p.4 y 5; 30.08.00, p.8; EDH, 27.08.00, p.4 y 5).

NEGOCIACION. "Voy a buscar a las petroleras para hablar", expresó el Ministro de Economía, Miguel Lacayo, luego de la suspensión de las negociaciones con las compañías petroleras que operan en el país, el pasado 15.08, lo que llevó a la aprobación de un decreto legislativo que regula los márgenes de intermediación de aquéllas. Lacayo reiteró que el avance o estancamiento de las negociaciones depende, en gran parte, de la voluntad y la actitud de las petroleras. Un sector que se ha involucrado en las negociaciones es la empresa privada. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Mario Rodríguez, reveló que la gremial sostuvo una reunión con las petroleras e incluso ha ofrecido sus instalaciones para que el gobierno negocie con las compañías. "Al sector privado le urge que se defina la baja de los precios de los combustibles, pero no estamos de acuerdo con una intervención de la Asamblea", aclaró Rodríguez. La tarde del 29.08, los representantes de las compañías Esso El Salvador, Texaco Inversiones y Shell El Salvador, junto a la Refinería Acajutla, se reunieron con el Ministerio de Economía. La reunión dejó en claro la necesidad y la disposición de alcanzar un acuerdo entre ambas partes. "Fue un diálogo optimista entre las dos partes y el inicio de un acercamiento, de una nueva fase exploratoria" acotó un vocero de las compañías. El Presidente Francisco Flores, quien deberá sancionar o vetar el decreto legislativo, rechazó la invitación de reunirse con las petroleras y dejó el asunto en manos del Ministro Lacayo, de quien dijo "no le daré la espalda" (EDH, 28.08.00, p.24; 29.08.00, p.26; 30.08.00, p.28; LPG, 30.08.00, p.12).

CONTRALORIA. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, se reunirá en Washington, el próximo 04.09, con el contralor general de Estados Unidos, David M. Walker, para solicitarle ayuda en la auditoría de la Corte de Cuentas de la República. Zepeda, quien será acompañado por otros cinco diputados, pedirá la auditoría a la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO). De no conseguir la cooperación, la Asamblea Legislativa tendría que destinar para la auditoría unos 20 millones de colones, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Zepeda reiteró su compromiso de hacer cumplir la Constitución de la República, la cual obliga al Congreso auditar la Corte de Cuentas. "Yo como presidente de la Asamblea Legislativa me he comprometido públicamente de que lo voy a hacer", puntualizó. Otra opción para la junta directiva de la Asamblea es negociar con el Ejecutivo para que les facilite la cantidad de dinero requerida. Asimismo, la Asamblea ha solicitado al Ministerio de Hacienda un refuerzo de 11 millones 400 mil colones del Presupuesto General de la Nación del año 2001, para solventar el pago de salarios y otros gastos administrativos, pero sin contemplar los gastos de la auditoría. Desde que se creó la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en 1995, el ente contralor no ha sido auditado. El diputado demócrata cristiano, Arístides Alvarenga, aseguró que el Partido de Conciliación Nacional (PCN) es el que más trabas ha puesto al proceso de licitación para concretizar la auditoría (EDH, 28.08.00, p.10; 29.08.00, p.8; LPG, 29.08.00, p.6).

TUXTLA. Los presidentes y jefes de Estado de México y Centroamérica se reunieron en Guatemala, el pasado 25.08, en el marco de la IV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Participaron en la reunión los presidentes Ernesto Zedillo, de México; Alfonso Portillo, de Guatemala; Carlos Flores, de Honduras; Francisco Flores, de El Salvador; Arnoldo Alemán, de Nicaragua; Miguel Angel Rodríguez, de Costa Rica; el Vicepresidente de Panamá, Arturo Vallarino; y el primer ministro de Belice, Said Musa. El resultado fue una Declaración Conjunta, que consta de 30 puntos. Los presidentes se comprometieron a profundizar, consolidar y acelerar el proceso de integración del área y así avanzar en materia política, económica, comercial y financiera. Además, plantearon su interés sobre la lucha común contra el crimen organizado, el tráfico de armas y de personas, el narcotráfico y delitos conexos. Se trató también el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica. En materia de migración se consiguió que el presidente Zedillo firmara un acuerdo que contempla el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos que cruzan las fronteras mexicanas, sin importar su condición de legalidad. Finalmente, los mandatarios externaron su preocupación por la crisis internacional de los precios del café y el banano, al mismo tiempo que acordaron enviar una carta a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, para exhortarle a que considere la preocupación en el área por el incremento en los precios del petróleo (LPG, 26.08.00, p.4 y 5; EDH, 26.08.00, p.16; La Prensa On the Web, 25.08.00; Centro Presidencial de Información, 25.08.00).