Año 21
Número 917
Septiembre 6, 2000
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial Las confusiones de la derecha
Política ¿Qué hay que celebrar en septiembre?
Sociedad El nunca consumado cierre de los casinos
Economía ¿Una pobreza superable?
Derechos Humanos Perú: intentos fallidos de reforma judicial
 
 
 

EDITORIAL

    El fariseísmo de la derecha es tan poco sofisticado que se hace evidente por sí mismo. El descubrimiento de las vinculaciones familiares de los propietarios de la empresa argentina a la cual el gobierno salvadoreño le ha concedido el registro de vehículos y la emisión de las licencias para conducir con los ex militares también argentinos, vinculados a la represión de la dictadura militar en aquel país, algunos de quienes ahora son perseguidos por la justicia internacional, ha levantado una densa polvareda en El Salvador. Uno de los propietarios de esta empresa ha sido capturado en México, donde ocultaba su verdadera identidad con un nombre falso, por requerimiento judicial de España, al cual luego se ha agregado otro de Francia. Los tribunales españoles y franceses requieren la presencia de este ex militar para que responda de la tortura y desaparición de varias personas, hechos ocurridos en un centro de detención del ejército argentino. La acusación es sólida, puesto que existen sobrevivientes de esa pesadilla, quienes ya lo han identificado sin ninguna duda. Asustada, la derecha salvadoreña pidió investigaciones, proclamó la pérdida de confianza política en la empresa y exigió la revisión de los contratos por medio de los cuales el gobierno salvadoreño hizo las concesiones antes mencionadas.

    El escándalo es inexplicable, puesto que los militares argentinos, al igual que los salvadoreños, se dieron una amnistía que impide investigar judicialmente las violaciones a los derechos humanos que cometieron durante la dictadura. Tanto en Argentina como en El Salvador, la ley de amnistía se aplica con rigor, excepto que en aquel país el robo de niños no fue incluido y algunos ex militares, quienes también son acusados de este delito, ya están siendo procesados por los tribunales y algunos de ellos ya han sido encontrados culpables y guardan prisión. La impunidad de la cual gozan los ex militares argentinos es lo que ha llevado a algunas de sus víctimas a buscar justicia en los tribunales españoles, de donde ha salido la orden de captura internacional para este ex militar, violador de los derechos humanos, convertido en empresario. La derecha salvadoreña, por lo tanto, debiera aplicar a los ex militares argentinos la misma tolerancia y condescendencia con la que permite que los ex militares salvadoreños circulen sin estorbo alguno, sean empresarios, ocupen cargos de elección popular, sean nombrados funcionarios públicos e incluso diplomáticos, dirijan asociaciones y sean analistas políticos. El olvido debiera valer tanto para unos como para otros. El principio es el mismo.

    La derecha salvadoreña olvida que, en un régimen de mercado libre como al que aspira, no es concebible retirar una concesión hecha de acuerdo a las leyes establecidas, si las cláusulas del contrato son respetadas. Otra cosa es que no haya investigado los antecedentes de los propietarios de las empresas que licitaron para adquirir los activos estatales y algunas de las funciones gubernamentales. El empresario, por el mero hecho de presentarse como tal, se hace acreedor a la confianza inmediata y total de un gobierno que está ansioso por atraer inversionistas. En El Salvador, por lo que toca al gobierno, los empresarios no despiertan ninguna sospecha, así como tampoco el origen del dinero que invierten. El lavado de dinero no es una de sus preocupaciones principales, sino la inversión privada. Por eso, hasta ahora las autoridades caen en la cuenta de que el capital de los ex militares argentinos convertidos en empresarios proviene, en una cantidad desconocida, del despojo que hicieron a sus víctimas. Estas no sólo fueron torturadas, desaparecidas y asesinadas, sino que, además, fueron despojadas de sus bienes materiales y no pocas veces también de sus hijos pequeños, quienes fueron objeto de un tráfico abominable. Asimismo, la derecha salvadoreña parece sorprendida de la voracidad de la empresa argentina, la cual, no satisfecha con el negocio que ya posee, también busca controlar las otras actividades relacionadas con la identidad de los salvadoreños. El capital tiende al monopolio por su propia naturaleza y entre menos controles haya, el monopolio se expande más. No debe olvidarse, sin embargo, que al lado del capital de los ex militares argentinos hay capital salvadoreño.

    La inquietud que experimenta la derecha salvadoreña ante el escándalo de este ex militar argentino, convertido en inversionista con el dinero de sus víctimas, quizás se deba a que ella misma se ve reflejada en él como en un espejo. En ese ex militar convertido en empresario internacional ve al violador de los derechos humanos con quien ella convive y a quien una ley de amnistía inconstitucional ha dejado impune, pero cuya respetabilidad y honorabilidad podría venirse al suelo en cualquier momento, por una orden de captura internacional, la cual puede conducirlo ante un tribunal extranjero. En este ex militar empresario encuentra a un inversionista cuyo capital tiene un origen nefando y a quien, siguiendo la lógica del capitalismo más ortodoxo, pero no la de la moral, ha confiado el registro de los vehículos y de las personas que los conducen y se apresta a entregarle además el de la identidad de la ciudadanía. Ante estas realidades, son preocupantes las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, quien asegura que todo está en orden en la empresa argentina. Y así lo siente la derecha que, de alguna manera, en la exposición de este ex militar argentino ante la comunidad internacional se ve ella misma expuesta y lo que ve no le gusta; aparte que no desconoce que sobre algunos de sus miembros pueden caer órdenes de captura internacional similares. En él encuentra a una parte de sí misma, aquella que violó los derechos humanos, la cual no puede olvidar, pero con la cual tiene que convivir.

    Si las violaciones de los derechos humanos cometidas por los ex militares y políticos salvadoreños son olvidadas, también debieran serlo las de los argentinos. Si a éstos no se les permite invertir el dinero mal habido, tampoco debieran permitírselo a los salvadoreños. Si los ex militares argentinos son repudiados e incluso algunas autoridades salvadoreñas aseguran estar dispuestas a dar cumplimiento a una hipotética orden de captura internacional, también lo debieran ser los salvadoreños y algunos otros terroristas extranjeros, quienes han usado el territorio nacional para sus operaciones, algunos de los cuales ya son buscados por la justicia. La derecha salvadoreña se escandaliza por lo que ve en el vecino, pero ella comulga con ruedas de molino sin inmutarse.

    Estas confusiones desaparecerían si la derecha salvadoreña enfrentara su pasado. Existen modos de hacerlo sin que se vuelva una cacería de brujas y sin violentar los derechos elementales de las personas, aparte de ser un deber de justicia para con las víctimas. Seguir resistiendo es aferrarse al pasado y negar el futuro. El pasado que se quiere olvidar es el que impide que prevalezca el imperio del derecho y la seguridad jurídica, porque es el que tolera la existencia de fuerzas que operan al margen o por encima de la ley. Romper con este pasado por medio de la verdad y la justicia es romper simultáneamente con el poder que atenaza el presente y obstaculiza el futuro.

POLÍTICA

    En este mes de septiembre, aparte de lidiar con los problemas del diario vivir, los salvadoreños tienen que prepararse para la celebración de un año más de vida independiente. La preparación a la celebración de la fiesta patria es el evento oficial de mayor importancia en estos días. Sin embargo, aparte de todo el contenido emotivo que los funcionarios gustan recalcar en estas circunstancias, es necesario preguntarse racionalmente por la necesidad de celebrar o no un mes cívico. El lema gubernamental de estas fiestas exhorta a que "llevemos con orgullo el azul y blanco de El Salvador". Pero, al echar un vistazo al contexto que rodea a la celebración de los 179 años de independencia nacional, ¿quién se podría sentir orgulloso de honrar los símbolos patrios y de hacer gala de un civismo inculcado desde nuestra infancia?

SOCIEDAD

    Desde que la Asamblea Legislativa decidió intervenir en la definición del estatus legal de los casinos en nuestro país, el destino de estos establecimientos se ha atascado en medio de la confusión. Pese a que sólo en la capital se ha procedido con relativa agilidad a ordenar su cierre, nuevos embrollos legales han detenido indefinidamente la tan esperada liquidación de los casinos. La pregunta que surge de este escenario gira en torno al verdadero plano desde el que se le debe dar respuesta a un problema tan polifacético como este. Si los argumentos jurídicos no tienen mayor peso frente a otras consideraciones accesorias —el orden moral, la seguridad nacional, etc.—, ¿cuál debe ser la postura del salvadoreño común frente a esta discusión?

ECONOMÍA

    El Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” también se preocupa por el comportamiento de la economía nacional. Por ello, presenta una breve pero profunda reflexión acerca de los elementos que podrían incidir en uno de los retos más importantes para gobernantes y gobernados en El Salvador: la superación de los galopantes índices de pobreza que definen cada día más un perfil desesperanzador para la gran mayoría de la población.

DERECHOS HUMANOS

    Durante varios años, en casi toda la región latinoamericana y del Caribe se han hecho esfuerzos tendientes a reforzar los sistemas judiciales y garantizar el acceso universal de las personas a la justicia; sin embargo, alcanzar tan importante y necesario objetivo no ha resultado nada fácil. Para lograrlo, además de los recursos económicos, se requiere de una alta dosis de voluntad política por parte de las autoridades gubernamentales y un alto nivel de participación de parte de la población. En ese marco, cabe destacar el caso peruano. Su cuestionado presidente, Alberto Fujimori, durante el segundo de los tres períodos que ha permanecido en el poder, al parecer antepuso intereses grupales y desperdició mucho del apoyo que desde el exterior se le brindó para iniciar una reforma judicial importante. En esta ocasión, vamos a comentar algo sobre estos aspectos, pensado que algunas experiencias de ese mal ejemplo pueden servirnos acá para sacar conclusiones propias y tomar medidas adecuadas.

    En un sistema político como el que predomina en la región, los tres órganos del aparato estatal son fundamentales para el adecuado funcionamiento y desarrollo de una sociedad que se precie de ser moderna y democrática. No obstante, por historia y características particulares, aquél encargado de  impartir  justicia adquiere —en la etapa actual— una trascendencia inusitada. Al Órgano judicial le corresponde garantizar, a través de sus mecanismos y leyes, el que todas las personas sin distinción disfruten de una verdadera justicia que propicie la seguridad jurídica para los habitantes de un país. De ahí la importancia de  propiciar un buen desempeño de las y los encargados de operar dicho sistema, así como de sus usuarias y usuarios, ya que esto puede influir en alguna medida para  que no exista impunidad  y se respete el Estado de Derecho en una nación.

    Considerando lo expuesto, algunos países aprovecharon el interés mostrado por los Bancos de Desarrollo Multilateral (MDB, por sus siglas en inglés) para elaborar proyectos de reforma judicial e impulsar programas que en teoría están encaminados a esa dirección. Sin embargo, en la práctica, parece ser que no se han alcanzado los frutos esperados de los proyectos de reforma. La falta de reglas claras y la poca o casi nula participación de los sectores sociales que históricamente han sido los principales afectados de un sistema judicial excluyente, han incidido en que algunos programas dentro de este ámbito hayan resultado incompletos y se esté, a estas alturas, frente a un virtual fracaso de los mismos.

    Concretamente con relación al caso peruano, en el informe elaborado por el Comité de Abogados para los Derechos Humanos, denominado “Construyendo en Arena Movediza: el derrumbamiento del proyecto de la reforma judicial del Banco Mundial en Perú“, aparecen evidenciadas las fallas cometidas por las autoridades encargadas de hacer realidad la reforma de ese sistema en el Perú. Y no sólo se refiere a las del gobierno de ese país, sino también hace señalamientos más amplios relativos a la agencia financiera internacional que contribuyó económicamente en el proyecto.

    Según el documento, los gobiernos latinoamericanos pretenden “modernizar sus sistemas de justicia, impulsados originalmente por el deseo de atraer y sostener inversión extranjera. Estos gobiernos buscan reforzar la protección de propiedad y derechos de contrato”. Llama la atención, entonces, el hecho de que la preocupación primordial tras los esfuerzos de modernización por parte de los estados, no tenga que ver en sus orígenes con asegurar la sanción a quienes realizan actos contrarios a la ley, en aras de favorecer a las víctimas de tales ilícitos, sino más bien a la necesidad de atraer a empresarios de otras naciones para que inviertan su capital en los países de Latinoamérica y el Caribe. Así de claras las cosas: el interés real, la verdadera motivación, es de carácter económico.

    En ese sentido, algunos gobiernos de la región han priorizado en el impulso de salidas emergentes a fin de remozar los registros de la propiedad, caracterizados por ser obsoletos y corruptos. Asimismo, han diseñado procedimientos judiciales y establecido sistemas alternativos de resolución de disputas, mejorado el entrenamiento judicial  y elaborado sistemas para volver atractiva la especialización en esta materia dentro de la carrera de Derecho, según señala el documento del Comité de Abogados. No obstante, cabe resaltar que para mejorar el funcionamiento del Órgano Judicial, a fin de garantizar el debido respeto a todos los preceptos constitucionales y demás documentos legales que normen el comportamiento, tanto de la sociedad civil como de los funcionarios, poco o nada se ha hecho, es más, las violaciones a los derechos humanos siguen ocupando el primer lugar en la lista de problemas de acceso a la justicia; no así los delitos cometidos contra el patrimonio de las grandes inversoras internacionales, que motivan en primer plano los procesos de reformas judiciales.

¿Cómo surgen los proyectos de reforma judicial?

    La Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID) emprendió, durante los años ochenta, programas para mejorar los sistemas de administración de justicia en Centroamérica. EN América Latina se dio ayuda de forma bilateral y multilateral para reformar estos sistemas. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) centraron su atención en estos proyectos en los años noventa, según expresa el informe del Comité de Abogados.

    Para julio de 1999, las instituciones interesadas en impulsar la modernización en el sector justicia habían admitido 30 propuestas de modificaciones en aspectos judiciales o legales para 17 países latinoamericanos y en el Caribe. Los préstamos aprobados por ambos bancos ascendían a más de 302 millones de dólares; sin embargo, las intenciones de USAID y las de las dos financieras, al parecer, distaban de centrarse meramente en la reforma judicial. La Agencia tiene como enfoque principal en materia de la administración de dicho sector, erogar fondos encaminados a mejorar la justicia criminal, con el objeto de propiciar con un sistema judicial penal fuerte que sirva de base para el desarrollo social; el Banco Mundial, por su parte,  está centrado en apoyar proyectos de carácter comercial y legal, pero con énfasis en el desarrollo económico. De ahí que los préstamos otorgados por el BM deban tener “directas y obvias” implicaciones en lo económico, según lo estipulado por el Consejo General del Banco en 1990. Por esta razón, resume el documento, las actividades de la financiera fueron orientadas desde un principio a generar una estructura legal más segura para los inversionistas privados, lo cual incluyó en algunos casos  bajar los costos de transacciones asociadas para asegurar la propiedad y los derechos adquiridos en el contrato  a través de la vía judicial.

    Los intereses del BM han estado encaminados, entonces, ha fortalecer a naciones en las que es clave la reforma en la administración de justicia para la inversión internacional, incluso han financiado la modernización de edificios como Cortes Supremas y Consejos Judiciales, han brindado refuerzos presupuestarios, han invertido en capacitación de jueces, entre otros, sin salirse de los aspectos que no están contemplados por el Consejo General del Banco. Es así como el Banco ha mostrado un interés menor para tratar aspectos como la independencia judicial y el respeto de los derechos humanos. No obstante, en 1996, la referida entidad bancaria realizó un estudio en el que identificó medidas para garantizar la independencia judicial: reforzar el acceso del público a la justicia, a la vez que  incorporó frases interesantes a considerar en las reformas, tales como: “los elementos principales necesarios para asegurar una magistratura justa y eficaz”, y “la independencia judicial fue juzgada como un rasgo indispensable de cualquier proyecto de reforma judicial”.

    Debido a los resultados obtenidos durante la investigación señalada en el párrafo anterior, el BM concluyó que sólo si un gobierno se compromete a reformar su régimen legal la ayuda técnica no será una pérdida.  Y como medida, la financiera ha contratado “el apoyo gubernamental” para garantizar la independencia judicial. Pero, para que funcione un proyecto tan importante como es la reforma en el sistema judicial, se debe contar, desde antes de firmar los convenios de rigor, con el compromiso de los gobiernos de participar en las modificaciones que se sugieran.

Perú y sus problemas ejecutivos

    En el caso concreto de Perú, el BM aprobó un préstamo por 22. 5 millones de dólares para el Proyecto de Reforma Judicial de ese país en 1997, pero fue exactamente un año después que el BM  canceló el programa debido a la interferencia negativa del presidente del país suramericano Alberto Fujimori en el proyecto, quien aduciendo varios argumentos infundados se opuso férreamente al desarrollo de los acuerdos pactados en el convenio entre el Banco y el Estado.

    Según el estudio “Construyendo en Arena Movediza”, lo que más influyó en la cancelación del proyecto del BM fueron los malos precedentes que existían con el autogolpe de Estado que hiciera Fujimori: “En un 5 de abril de 1992 el presidente de Perú, Alberto Fujimori, se dio un autogolpe y disolvió el Congreso. Suspendió la Constitución de 1979 y procedió a gobernar por decreto. Parte de la justificación de Fujimori fue de que poderes excepcionales fueron necesarios para reformar el poder judicial y ganar la batalla contra el terrorismo. El decreto de ley 25.418 del 5 de abril por lo tanto prometió la reorganización de la rama judicial. El decreto de Ley anuló el esquema puesto en la Constitución de 1979 designando, confirmando, quitando y promoviendo personal judicial, y en efecto, transfirió al Ejecutivo el ejercicio casi desenfrenado de estas prerrogativas. A través de una serie de decretos emitidos en las siguientes tres semanas, el gobierno de Fujimori se embarcó en una purga aplastante del poder judicial despidiendo a 13 jueces de la Corte Suprema, todos los miembros del Tribunal Constitucional, todos los miembros de los Concilios Nacionales y Distrito Judicial, y al Ministro de Justicia.

    El presidente Fujimori sostuvo que su autogolpe no tenía como objetivo eliminar la democracia sino fortalecerla. En ese esfuerzo la reforma y fortificación del poder judicial jugaba el papel principal. En respuesta a la debilidad percibida del poder judicial al administrar  la justicia en casos de terrorismo en 1992 Fujimori estableció un sistema de cortes anónimas (“sin fachada”) civiles y militares para procesar y probar crímenes relacionados con el terrorismo. Jueces militares, predominantemente oficiales, con carrera militar sin entrenamiento legal fueron autorizados para procesar a los civiles por algunos de estos crímenes.

    El proyecto fue asediado con controversias mucho antes de que fuera aprobado. La desconfianza pública del sistema de justicia no fue mitigada por las reformas judiciales del presidente Fujimori, ya que el sistema judicial en Perú parece ser más y no menos político. Varios movimientos polémicos de la administración de Fujimori atrajeron intensa crítica dentro de Perú por los derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, observadores eruditos, y los medios de comunicación. Estos movimientos y la conducta del congreso peruano crearon sospechas de que la reforma era originalmente encaminada a solidificar el mando ejecutivo del poder judicial en lugar de mejorar la administración de justicia. Las crecientes dudas sobre el programa de la reforma del gobierno estrechamente vinculadas al proyecto: a muchos les pareció impropio que el banco se hiciera socio con un gobierno cuya iniciativa de la reforma judicial le faltó credibilidad, e inútil para ello el intentar mejorar un poder judicial que estaba sujeto a tan penetrante interferencia política”. Este suceso sirvió para dejar en evidencia que no siempre lo pactado es lo ejecutado por las partes firmantes. Además, este hecho sentó los precedentes para que tanto los MDB y otros donantes, así como las naciones interesadas se volvieran más cautelosos: los primeros a la hora de conceder empréstitos y los segundos a la hora de cumplir con las cláusulas de los créditos. Según el informe “Construyendo en Arena Movediza”, de acuerdo a lo ocurrido en Perú, tres son los problemas fundamentales que deben tener en cuenta en relación con los donadores externos, para garantizar el éxito de las iniciativas de las reformas judiciales:

1. El grado de interferencia ejecutiva en materias judiciales. El análisis de este elemento ofrece un barómetro más exacto sobre el compromiso real del gobierno para reformar, que cualquier expresión de buenos deseos.

2. Los cómo y cuándo los donantes deben hacer la determinación sobre si el compromiso de un gobierno es suficiente para garantizar la inversión de tiempo y recursos en un proyecto de la reforma.

3. Qué tipo de acercamientos perfeccionan las oportunidades para el éxito y minimizan el potencial de desperdicio de tiempo y dinero”.

    Y es que los vicios del sistema judicial de Perú y su respectivo descrédito, según el documento, datan desde antes de los años noventa, aunque se han intensificado en la última década y son muy similares a los de países como el nuestro que se caracterizan por ser subdesarrollados y por tener sistemas judiciales altamente influenciados por el Órgano Ejecutivo y sus políticos de turno. Según el informe “durante décadas, había sido cada vez más caracterizado —el sistema judicial de Perú— como corrupto, incompetente, ineficaz, o simplemente inaplicable. Los intentos de reforma por el gobierno militar que llegó al poder en 1968 y algunos gobiernos civiles subsecuentes hicieron poco para restaurarlo aduciendo seguridad pública. No había ningún esfuerzo creíble por la magistratura para limpiar la categoría de jueces corruptos. Las cortes pobremente manejadas producían acumulación de casos enormes y de retrasos inmoderados. Los jueces eran insuficientemente educados y la infraestructura se estaba desmenuzando”. Es decir que la falta de una buena preparación profesional de los administradores de justicia y los vacíos legales, así como la mala investigación de los delitos y los malos procedimientos son los que han agudizado el constante irrespeto a las leyes generando la impunidad en los que infringen el orden establecido en las leyes. En suma al ver el caso peruano y los parámetros en que se desarrollan los proyectos de reforma judicial en Latinoamérica, uno puede sentirse familiarizado con algunos males del sistema judicial que vemos a diario en la situación salvadoreña.