Proceso 918

En el partido ARENA suceden cosas que pueden confundir incluso al observador más perspicaz. Desde las pasadas elecciones de marzo, leídas por muchos areneros como un rotundo fracaso político, se suscitaron al interior de ese partido de derecha una serie de reacomodos que, al parecer, pretendían superar aquellas fallas que habían conducido a la debacle electoral. Por los cambios que se gestaron al nivel del COENA, era claro que el diagnóstico pos-electoral en las filas de ARENA arrojaba, como dato insoslayable, que buena parte de las deficiencias del partido en materia electoral tenían su origen en una inadecuada conducción política. En otras palabras, en la dirección del COENA recayó la responsabilidad por el revés sufrido el 12 de marzo del año 2000. Hubo quienes abiertamente señalaron a Alfredo Cristiani —a la sazón presidente de ARENA— como el principal responsable por la derrota; hubo quienes, en voz baja, también apuntaron su dedo acusador sobre éste. Los primeros no sólo ganaron más prensa, sino que pronto comenzaron a conformar una oposición anti-Cristiani que presagiaba una ruptura partidaria de graves consecuencias. Los segundos, más cautos, se esforzaron por evitar la ruptura y hábilmente abanderaron una alternativa moderada que, teniéndolos a ellos como cabeza, permitiera un cambio sin ruptura en ARENA.

Tal como sucedieron las cosas, los moderados se abrieron paso en el partido de derecha. Cristiani fue relevado de la presidencia del COENA, siendo reemplazado por Walter Araujo, quien, junto con Gerardo Suvillaga y René Figueroa, ha emergido como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de dirigentes areneros. Obviamente, la alternativa moderada supuso, por un lado, la pervivencia de viejos privilegios en manos de Cristiani. Este, en efecto, dejaba la presidencia del COENA, pero no renunciaba a su influencia dentro del partido, siendo que le fue concedida la atribución de asesorar a Araujo. La contrapartida de esto, por otro lado, fue que quienes clamaban por un cambio drástico en ARENA no vieron satisfechas sus expectativas. Si lo que querían era ver a Cristiani sentado en el banquillo de los acusados, con todos sus honores y privilegios hechos a un lado, nada de eso estaba sucediendo ni parecía que sucedería en el futuro; si lo que querían era acceder a cuotas de poder en el partido, para iniciar una "refundación" del mismo, nada más lejos de la realidad una vez la solución moderada se impuso en los círculos de más peso en el partido.

Al menos en apariencia —en lo que se refiere a los cuestionamientos sobre la organización y conducción del partido que siguieron a las elecciones de marzo pasado— las aguas volvieron a su nivel en ARENA, una vez que quienes aspiraban a la refundación partidaria, después de unos últimos forcejeos, aceptaron jugar las reglas de juego prevalecientes al interior del partido. De aquí en adelante, otro va a ser el desafío en ARENA: la elección del nuevo presidente y nuevos miembros del COENA, al terminar los periodos de ejercicio de los actuales cuadros dirigentes. Será en ese marco —regulado por los tiempos y las reglas estatutarias— que se podrán abrir espacio posibles alternativas de cambio institucional. Entre tanto, quienes sueñan con darle a ARENA un perfil distinto al que tiene ahora —al igual que quienes se resisten a todo cambio— deberán resignarse a los movimientos estratégicos que les permitan, sin mayores fricciones, ganar posiciones en la ruta hacia el control del partido.

Cabe sospechar que esos movimientos ya han comenzado a gestarse en las filas areneras. Es a la luz de los mismos que adquiere sentido el homenaje que el partido ARENA ofreció a Alfredo Cristiani, el pasado sábado 9 de septiembre. Como siempre, se volvió a un tópico ya gastado y que amenaza con ideologizar aún más la historia del país; el tópico consiste en llamar a Cristiani el "presidente de la paz". A estas alturas, casi nadie acepta, sin más, esa caracterización del ex presidente. Cierto, firmó la paz con el FMLN —al que nadie ha dado en llamar la "izquierda de la paz"—, pero no sólo toleró y encubrió el terrorismo de la Fuerza Armada, sino que se enriqueció como pocos en la historia de El Salvador. Más que como presidente de la paz, muchos ven a Cristiani, no sin una dosis justificada de sarcasmo, como el presidente que mientras firmaba la paz con una mano, con la otra se llenaba los bolsillos de dinero. Rayando en la manipulación histórica, el homenajeado recibió la visita de una indígena de Panchimalco.

De pronto, como que se pretendió identificar a Cristiani con un mundo totalmente ajeno a él y a los suyos. Dejando de lado el significado del indegenismo en un país como El Salvador, predominantemente mestizo, es claro que ni la causa indígena es la causa de gente como Cristiani, ni el problema indígena es uno de los más graves del país. Por supuesto, a la hora de manipular la historia —sobre todo en esta época de celebraciones independencistas— todo se vale; hasta llevar a una pobre mujer indígena a un circo montado por quienes no tienen más interés que el propio poder y la propia riqueza. Menos mal que a los anfitriones del ex presidente no se les ocurrió llevarle a una obrera de la maquila o a un campesino del norte de Morazán o del norte de Chalatenango. Eso hubiera sido el colmo de los colmos.

Como quiera que sea, el caso es que a Cristiani le celebraron a lo grande. Puertas adentro del partido, el homenaje sirvió para hacerlo sentir como una de las piezas fundamentales del partido. Ahora bien, un agasajo como el brindado al ex presidente puede tener un doble significado: o bien podría significar una confirmación del poder de Cristiani en las filas areneras —del cual propios y extraños deberían darse cuenta—, o bien podría significar el principio del fin de su caída, suavizada con una celebración cuyo propósito sería hacer menos duro el golpe. Esta última lectura, aunque quizás menos probable que la primera, no debería dejarse de lado, sobre todo si se toma en cuenta el deterioro de la imagen del ex presidente. La primera lectura —de ser correcta— estaría apuntando a una entronización de Cristiani en el partido, con las subsiguientes dificultades para el cambio institucional, exigido de mil formas por importantes sectores del mismo. Una cosa es previsible: si Cristiani vuelve a concentrar el poder de ARENA en sus manos, las posibilidades de un cambio institucional en el partido, así como en las relaciones existentes entre éste, los empresarios y el Estado, se volverán más remotas.

Los jefes de Estado de todo el mundo se reunieron en la Cumbre del Milenio, realizada del 6 al 8 de septiembre en Nueva York, para reflexionar sobre los desafíos de la globalización. En su informe previo sobre el estado del mundo, el titular de las Naciones Unidas hace un llamado para una intervención política que asegure el disfrute de los beneficios de la mundialización a toda la humanidad. También, de alguna manera, atribuye cierta cuota de responsabilidad a los países más desarrollados en las hambrunas, guerras, genocidios, desigualdad y pobreza que padece buena parte de la población mundial. Sin embargo, en esta cita del milenio, el Presidente de la República de El Salvador, Francisco Flores, no estuvo en sintonía con el resto de los líderes mundiales. Su discurso, cargado de una visión ideologizada de la situación actual del Tercer Mundo, dejó mucho que desear en nuestro país.

A casi nadie escapa el efecto de las expectativas sobre el comportamiento de la producción: ante la posibilidad de un incremento en los precios o de la eliminación de regulaciones estatales de algún producto, los empresarios generalmente reaccionan incrementando su oferta. Este es precisamente el fenómeno que se comienza a gestar en los países beneficiarios de la extensión del plazo de vigencia de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), especialmente en el sector industrial dedicado a la maquila de ropa. En El Salvador se ha emprendido ya una agresiva campaña de ampliación del techo industrial, pero los supuestos beneficios de una medida de este tipo todavía no se hacen sentir entre los sectores mayoritarios del país, que son los que más acuden a él en espera de mejorar su situación.

"Ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable de acuerdo a las leyes" (art. 235 de la Constitución de la República). A simple vista, pareciera que la ley se impone sobre cualquier ánimo prepotente y autoritario de los funcionarios públicos en El Salvador, pero el caso del diputado Francisco Merino —y de muchos otros más— desmienten tal creencia. Su escudo es y ha sido siempre el fuero constitucional. En esta ocasión, Proceso se dedica a clarificar los alcances e implicaciones reales de esta figura jurídica que tanto daño puede provocarle a la representatividad del pueblo en el Estado.

Joaquín Aguilar, catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, nos ofrece su visión de eso que todos llamamos la “religiosidad del salvadoreño”. Explorando los comportamientos más típicos que se presentan en nuestro país, propone una tipología de dicha religiosidad en la que se pone de manifiesto un de los signos fundamentales de la historia de El Salvador: la desigualdad social.

“Lo equitativo y lo justo son una misma cosa; y siendo buenos ambos, la única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. La dificultad está en que lo equitativo, siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Lo propio de lo equitativo consiste precisamente en restablecer la ley en los puntos en que se ha engañado a causa de la fórmula general de que se ha servido.”
(Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libro V, Capítulo X).

En nuestras sociedades latinoamericanas, las anteriores décadas se han caracterizado por graves confrontaciones políticas y militares. Aún se recuerdan las imágenes de estudiantes y trabajadores protestando contra gobernantes militares, guerrillas urbanas y rurales en pleno combate, graves tensiones y convulsiones sociales que caracterizaban a casi cualquier país de la región. Semejantes hechos reflejaban la reacción de diversos sectores ante las grandes desigualdades sociales, la intolerancia política y las graves violaciones a los derechos humanos. Por fortuna, en la actualidad la regla general es que las naciones del continente —si bien no han logrado todavía erradicar las causas que provocaron la violencia política— hacen intentos por dirigir sus destinos hacia la consolidación de la democracia; en ese marco, se hace necesario colocar en un sitio privilegiado los métodos racionales y civilizados para solucionar los conflictos de cualquier índole.

Dentro de ese escenario diferente, el fortalecimiento de la institucionalidad dentro de cada país juega un papel de singular importancia, ya que se intenta salir de la arbitrariedad del poder oficial para construir en ellos verdaderos estados democráticos de derecho. En ese marco, conviene resaltar el trabajo que debe desempeñar el Órgano Judicial y su aporte al afianzamiento de la democracia, pues su debilidad y dependencia en el pasado hicieron propicio el ambiente dentro de cual se gestaron las aberraciones más grandes contra la dignidad humana.

En este orden de ideas, los gobiernos latinoamericanos contemporáneos están bajo el gran peligro de convertirse en “pseudo democracias” o “democracias insuficientes”, porque si bien se debe reconocer que la mayoría de ellos han sido electos mediante el funcionamiento de los distintos sistemas electorales, parece ser que tal formalismo en muy poco ha contribuido al desarrollo social y económico de los sectores más vulnerables y numerosos de la región. Unido a esto, los niveles de violencia, delincuencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos ensombrecen el panorama global y relativizan los logros obtenidos hasta ahora. Por ello, si de verdad se quiere transitar de la “democracia formal” a la democracia participativa fundada en la justicia social, se debe contar con un Órgano Judicial suficientemente fuerte, cuyos servicios se vuelvan accesible para toda la población, que sea independiente y actúe con firmeza sobre la base de la legalidad.

Es que no puede negarse que es en el campo de la administración de justicia donde se determinan la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales; ahí, también, se prueba y comprueba mediante hechos concretos si los principios y normas democráticas —que finamente escritas y formalmente declaradas, forman parte de nuestras constituciones políticas y tratados internacionales— son capaces de aplicarse al caso concreto o a la vida diaria de la población en general.

Desde esta perspectiva nos encontramos que —pese a los esfuerzos realizados— quienes poblamos la región latinoamericana todavía no encontramos en nuestros sistemas la justicia que queremos y necesitamos, para garantizar así el salto de calidad hacia la democracia real. En El Salvador, como la referencia más inmediata que tenemos para abordar la problemática, basta con mencionar los nombres de los casos más conocidos para darnos cuenta que la justicia no llega ni siquiera tarde: “Jesuitas”, “Katya”, “García Prieto”, “Guth Zapata”, “Lorena Saravia”, “Fraude en el Seguro Social” e “intervenciones telefónicas”, por citar algunos ejemplos, son claros indicadores y referencias que, subrayados en la carátula de un expediente de las oficinas judiciales, no dejan de ser —por el momento—una mala carta de presentación para las autoridades encargadas de la investigación de los delitos y la aplicación de la justicia. De ahí que haya surgido con fuerza, la necesidad de reformar el sistema judicial, y para tales efectos diversos sectores de la sociedad, han efectuado diagnósticos que identifican los problemas en el Órgano Judicial y las causas de los mismos, así como se han llevado a cabo algunas evaluaciones y propuestas de solución sobre la problemática. Dentro de estos esfuerzos ha adquirido capital importancia el tema del acceso a la justicia, como uno de los aspectos esenciales a considerar para que el poder encargado de impartir la justicia mejore y consolide sus funciones.

Recientemente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos organizó su decimoctavo curso interdisciplinario, precisamente con el tema “acceso a la justicia”, en el que además del enriquecimiento teórico sobre este fondo, se discutieron las dificultades del acceso a la justicia en el continente americano y cómo las distintas expresiones de la sociedad civil están realizando esfuerzos para propiciar esta posibilidad de que todas las personas puedan acudir al sistema judicial, cuando se quebrantan las leyes y normas vigentes en cada Estado. Esto demuestra que el tema seleccionado por el Instituto Interamericano forma parte ya de la agenda cotidiana de las instancias que trabajan en la búsqueda de la democracia participativa y del respeto a los derechos humanos.

Pero vale la pena preguntarse ¿a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a la justicia?. Sobre este punto algunos plantean que el concepto se refiere a “la posibilidad de toda persona –-independientemente de su condición económica o de otra naturaleza— de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos de acuerdo con el ordenamiento de cada país, y de obtener atención a sus necesidades de determinación externa de situaciones jurídicas”, otros en cambio dimensionan el término desde una óptica más comprometida con las víctimas de situaciones injustas y dicen que, cuando se habla de acceso a la justicia se hace referencia a “un conjunto de derechos relacionados con garantías recogidos y reconocidos”, tanto por las constituciones de los estados como por los tratados internacionales. En esta última concepción, se vinculan el acceso a ciertos recursos judiciales efectivos idóneos y pertinentes con la pretensión de los interesados, así como también el acceso de los individuos a las garantías judiciales de un proceso justo.

El problema que se plantea con estas afirmaciones, es que si el acceso a la justicia no se entiende como un derecho, sino simplemente como una organización de un sistema o de un servicio, puede caerse en la tentación de considerar a la administración de justicia únicamente como un “servicio” y a los usuarios del sistema como “clientes”, olvidándose que los que acuden ante el Órgano Jurisdiccional como usuarios son en definitiva titulares de ciertos derechos —entre ellos— el derecho de avocarse al sistema de justicia. Por tanto, la primera aproximación al concepto de “acceso a la justicia” mencionado es —por decirlo de alguna manera— influenciada por tendencias un tanto comerciales o mercantilistas, en cuyo caso podría admitir incluso —en extremo— el que la administración de justicia deje de ser gratuita y se convierta en un “servicio” remunerado por el que lo utiliza.

Encaminada la idea de que debe entenderse que el acceso a la justicia por encima de todo es un derecho, se plantea la discusión obligada sobre los principales problemas que impiden que, cualquier miembro de la sociedad de cualquier Estado, pueda exigir la reposición o la reparación justa cuando se le vulnera un derecho consagrado en las leyes nacionales o en los tratados internacionales. Dentro de esta problemática, debemos distinguir —al menos— tres tipos de problemas para el acceso a la justicia, a saber: problemas de carácter estructural, problemas relacionados directamente con los actores del sistema de justicia y problemas relacionados directamente con los sectores usuarios del sistema de justicia.

Los problemas de carácter estructural, más relacionados con la organización, ordenamiento y funcionamiento del sistema judicial constituyen en sí mismos los mayores obstáculos que enfrenta la población al momento de intentar reivindicar sus derechos. Entre ellos tenemos expresiones claras como la impunidad, vinculada no solamente a la falta de investigación o al encubrimiento de los hechos violatorios de los derechos humanos, sino también al hecho de que muchas veces se aparenta una investigación, pero no se investiga hasta el fondo del asunto, sino que solamente se cumplen ciertos requisitos legales superficiales para justificar la existencia de un caso o de un expediente de investigación en marcha, aunque no marche. No menos importante resulta el problema de la existencia de legislaciones especiales que sirven para escapar del control jurisdiccional, léanse leyes de amnistía y fueros especiales, ambas expresiones de actual vigencia en El Salvador, la primera de ellas que sirve de pretexto formal y que impide el justo esclarecimiento y juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que se cometieron en nuestro país durante la guerra civil; y la segunda que ha adquirido particular importancia a raíz de los últimos acontecimientos en que se vio involucrado un reconocido diputado de la Asamblea Legislativa. Sin duda que existe mucha relación entre las legislaciones especiales que impiden el actuar inmediato del sistema judicial y la impunidad, con la salvedad que en el caso de las leyes especiales, éstas introducen por la vía formal la no reparación ni reivindicación de los derechos de muchas personas que se han visto vulneradas por diversos actos violatorios de los mismos.

Otro problema estructural de particular importancia en nuestro país lo constituye la legendaria “corrupción”, secreto a gritos en los distintos niveles judiciales, la cual todavía no ha sido debidamente afrontada por las autoridades, quienes hasta la fecha, solo han efectuado algunos intentos tímidos para enfrentarla. Debemos tomar en cuenta que al referirnos al problema de la corrupción, no nos referimos estrictamente al acto físico del soborno o el cohecho, sino también a otro tipo de acontecimientos que han incidido en nuestro sistema de justicia, como por ejemplo, el hecho de que las plazas y despidos de jueces sean asignados por la Corte Suprema de Justicia; que se permita —por omisión— que jueces y litigantes, fiscales y procuradoras entren en conflictos de intereses o en incompatibilidades por motivos de parentescos, matrimonios o relaciones sentimentales entre ellos, siendo que estos hechos menoscaban las posibilidades de que los usuarios del sistema reciban de éste una adecuada atención, y este último mal también es parte de una corrupción estructural quizás vinculado a características culturales como el compadrazgo. A estos problemas de estructura que impiden el acceso a la justicia, puede agregarse la existencia de débiles controles disciplinarios internos para los actores del sistema de justicia: policías, jueces, fiscales, defensores, procuradores, empleados, etc.

En el segundo tipo de problemas sobre el acceso a la justicia, más relacionados con los actores que forman el sistema de administración de justicia, podemos mencionar la deficiencia de las técnicas de investigación policial y del Ministerio Público y la lucha de poder que se suscita entre ambos, sobre todo cuando en las nuevas tendencias del Derecho Procesal Penal se subordina a la policía bajo el control de los fiscales. Deben resaltarse por otro lado los graves problemas que se generan cuando no se cuenta con una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o “Defensoría del Pueblo” a la altura de los problemas de violaciones a los derechos humanos de un país. Todos hemos sido testigos como en El Salvador se destruyó esta moderna institución con el nombramiento como titular de la misma al funcionario menos indicado, lo que propició dispersar, reducir y neutralizar las funciones propias de esta necesaria vía de control legal moral de los abusos del resto de componentes del Estado. A estos obstáculos hay que agregar las faltas de capacitaciones de agentes estatales, la desigualdad de remuneraciones entre ellos y la falta de un código de ética de funcionarios y litigantes que permita también cierto grado de cultura ética entre los actores del sistema y que en suma permitan que éstos desempeñen sus puestos y roles con mejor rigor y eficiencia.

Finalmente, pero no menos importante, tenemos los problemas que tienen que ver con los afectados en sus derechos o usuarios del sistema; más que todo cuando éstos son sometidos de alguna manera a exclusión social por diversas maneras, como sus situaciones particulares que pueden estigmatizarlos negativamente como: la pobreza, homosexualidad, género, edad. Además, en nuestro país se ha notado que últimamente se están dando prácticas diferentes de discriminación en contra de las personas que acuden al sistema, tales como la negación oficial sobre los hechos que se reclaman y la descalificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en contra de quienes se tejen los más dispares y ofensivos comentarios con el afán de persuadirlos a desistir de sus legítimas pretensiones.

Sin duda que el problema del acceso a la justicia y sus causas tiene un amplio panorama para su análisis y discusión, más aún si tomamos en cuenta que deben también proponerse alternativas de solución, por lo que necesariamente este tema deberá ser retomado con posterioridad para su complemento.

ANTEJUICIO. "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", sentenció Dagoberto Marroquín, diputado del PCN, en el momento en que surgió el debate sobre un posible antejuicio en contra de su compañero de fracción, Francisco Merino. Como resultado del debate, la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa emitió, el 04.09, un dictamen favorable que permite abrir un antejuicio en contra del diputado Merino, que ha sido acusado de tres delitos por la Fiscalía General de la República (FGR). Los parlamentarios de la referida comisión determinaron, por unanimidad, que la petición de antejuicio presentada por la FGR cumple con los requisitos de ley, por lo cual será creada una comisión que decidirá si quita el fuero constitucional que protege al diputado Merino. Si el legislador pierde el fuero, su caso pasará a una Cámara de lo Penal. Sin embargo, el diputado de ARENA, Gerardo Suvillaga, defendió la actuación de Merino: "cada quien agarra el camino que quiere para bien o para mal", comentó. La FGR acusa a Merino por los delitos de lesiones graves en perjuicio de una agente de la PNC, por apuntar con un arma a un vigilante privado y por daños a un vehículo policial. Estos delitos suman una pena de hasta 14 años de cárcel. El jefe de fracción del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, incluso fijó un plazo para desarrollar el proceso en contra de Merino. "No debe haber impunidad; y si hay pruebas contundentes, el antejuicio no debe pasar de 15 días", puntualizó (LPG, 31.08.00, p.16; 01.09.00, p.14 y 15; 05.09.00, p.14).

TARIFAS. El Ministro de Economía, Miguel Lacayo, anunció, el 30.08, un aumento en las tarifas de la energía eléctrica, efectivo a partir del mes de septiembre. Lacayo dijo que el incremento se debe al poco nivel de agua que registran las presas hidroeléctricas que deben utilizar energía térmica, lo cual incrementa los costos. "Estamos teniendo un invierno extremadamente seco y hay posibilidades de que las presas no tengan demasiada agua al acabar el año", dijo Lacayo para justificar el incremento. Como consecuencia de la escasez de lluvias, los precios de la energía sufrieron un alza en el Mercado Regulador del Sistema (MRS) y los consumidores deberán pagar aproximadamente un 10% más en sus recibos. A esto se suma que, a partir de septiembre, el gobierno eliminará el subsidio de energía a los consumidores residenciales que utilicen más de 100 kilovatios/hora. Sin embargo, los pequeños consumidores, es decir, quienes utilizan entre 0 y 99 kilovatios/hora, sufrirán un recorte del 25% en el subsidio hasta que desaparezca definitivamente, en diciembre próximo. Fuentes gubernamentales aseguraron que el subsidio ya no es viable para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), debido a los problemas financieros por los que atraviesa. En ese orden, el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Ernesto Lima, confirmó los bajos niveles en las presas y adelantó que "la variación de precios será mensual (...) abandonándose el esquema de análisis trimestral" (EDH, 01.09.00 p.48; 02.09.00, p.27; LPG, 31.08.00, p.36).